La secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Pilar Vadillo Ruiz, confirmó que su partido ya registró y certificó la pinta de bardas que hay en el estado y se procederá a presentar la queja ante el INE, porque se trata de actos de precampaña anticipados.
“Nosotros ya tenemos un registro, ya está certificado, ya está en el CEN y vamos a actuar en consecuencia también en el estado, por las pintas que hay”.
Explicó que el CEN tiene toda la información sobre las pintas que hay en el estado, certificadas ante notario, y el CEN será el primero que presente la denuncia, que después lo hará el PRI local.
Ironizó sobre las excusas que dan los aspirantes de Morena, de que son manifestaciones populares, “son tan carismáticos que dicen que son pintas del pueblo”.
Vadillo Ruiz dijo que en las bardas y muros “están los nombres de quienes se andan anunciando de manera anticipada y el desorden de andar destapando candidatos, con tantísima antelación, es de ellos y que no lo desconozcan. Claro que estamos actuando en consecuencia, pues están cometiendo un delito ¿por qué tanta anticipación?”.
Sobre la demora del INE en actuar contra las pintas, Vadillo dijo que ese organismo “está al servicio del partido en el poder, los tienen del pescuezo con el recurso, las institu-ciones rasuradas, como nunca”.
La también presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, dijo que el gobierno estatal no le entrega cifras oficiales sobre el trabajo en seguridad pública, por lo que ella establece su postura a partir de la percepción ciudadana que dice que “todos los días hay muertos en Acapulco”.
Vadillo Ruiz criticó que la austeridad en Morena se volvió simulación y defienden los gastos que hacen morenistas en lujos, “les fascina el dinero y te dicen ‘mientras sea con su dinero’. Ah, entonces vamos disculpando a todos mientras sea con el dinero de los que paseaban antes del PRI, pues también”.
“En el PRI, al que chambea y le va bien puede comprar algunas cosas, dependiendo de como le vaya”.
En la conferencia acompañaron a Vadillo, la secretaria general adjunta Sheila Soto Manzano, la dirigente de Ompri en Acapulco, Azucena Escalera Amaya, y Juan José Balboa, de la Red Jóvenes por México.
El ex gobernador interino, Rogelio Salvador Ortega Martínez, durante la presentación en Zihuatanejo de su libro Guerrero en llamas; le escucha el luchador social y columnista de El Sur, Silvestre Pacheco León Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El ex gobernador interino de Guerrero, Rogelio Salvador Ortega Martínez, rechazó las versiones que sugieren que la ex consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta, llegó con la “bendición” de la presidenta Claudia Sheinbaum al proceso interno de Morena para definir la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero para 2027.
Ortega Martínez estuvo la tarde de este jueves en Zihuatanejo, para la presentación de su libro Guerrero en llamas, la cual se llevó a cabo en el auditorio de la casa ejidal del núcleo agrario de Zihuatanejo, a la que acudieron unas 30 personas.
Durante el acto, Ortega Martínez abordó las versiones que circulan entre la militancia, respecto a presuntos favoritismos o imposiciones respaldadas desde la dirigencia nacional o el Poder Ejecutivo federal, calificándolas como meras estrategias de presión psicológica y de percepción, en clara alusión a la ex consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta.
“No se la crean, ¿eh? Que hay una que ya viene con la bendición de la doctora (Claudia Sheinbaum Pardo). Eso no es cierto, incluso públicamente lo dijo, cuando Esthela le dijo que se iba a Guerrero, le dijo que, ‘¿estás segura? ¿estás segura? Por tu cuenta y riesgo’. Pero nos quieren venir a hacernos creer de que ella ya trae la bendición de la doctora y que es una imposición, no es real. No, no, no es real”, enfatizó de manera tajante.
Aseguró conocer el criterio de la presidenta respecto a la selección de las candidaturas para las gubernaturas en los estados, afirmando que existen lineamientos muy claros, que excluyen las prácticas de nepotismo, “yo conozco perfectamente a la presidenta y ella va a influir. Va a influir”.
“Ella dice: ‘Lo importante es que quien vaya a gobernar como candidato, que vayan como candidatos o candidatas de Morena en los 17 estados, sea gente conocida, reconocida y sin tachas’. Y con eso no al nepotismo, entonces, ahí tienes, esa no se la no se la acaban, no se la crean”.
El ex gobernador llamó a las bases de simpatizantes a mantener la calma y a no dejarse llevar por los rumores de designaciones anticipadas, “hay que confiar. Hay que confiar que va a ser un proceso limpio, transparente”, acotó.
Las encuestas no sólo miden la popularidad sino también “negativos”, resalta
Ortega enfrió las expectativas de quienes apuestan sólo a la popularidad para la obtención de candidaturas en Morena, al advertir que el método de encuestas no se limita a medir quién es el más conocido, sino que incluye valoraciones cualitativas, donde los “negativos” de los aspirantes juegan un papel crucial.
Al término de su disertación, cuando uno de los asistentes le cuestionó sobre la confiabilidad del proceso interno para seleccionar a los coordinadores de los trabajos de la Cuarta Transformación en Guerrero, Ortega Martínez desmenuzó el funcionamiento de las herramientas demoscópicas y recurrió a una analogía, para explicar que ser conocido no equivale a estar calificado para gobernar.
“La encuesta es una medición cuantitativa con tres preguntas: De estos ¿a quién conoces? Si en esas, todas las casas encuestadoras, lo hacen incorporando el nombre del senador, nos gana a todos en conocimiento por razones obvias. Félix es el político más conocido. Si ese fuera el único criterio, pues es Félix. Él a eso le apuesta, en ser el más popular”.
Luego, comparó la situación con el ámbito escolar para ilustrar las limitaciones de basar una postulación en la fama pública, “hay un muchacho que puede ser el más popular, el más conocido, pero también el más, decía mi abuela, relajiento. Pero a la hora de que nos vaya a representar, no vamos a mandar a ese, sobre todo si se trata de un concurso de calidad. Es el más popular, es el más conocido, pero no el más calificado”.
Ortega Martínez precisó ante los asistentes que el diseño de las encuestas partidistas incluye candados específicos, para evaluar el rechazo que generan las figuras públicas, un terreno donde, según sus afirmaciones, el actual senador Salgado Macedonio también encabeza los registros.
“Por eso hay dos preguntas más: De todos estos, ¿cuál es el único por el que no votarías? Y ahí también nos gana a todos, y luego está la otra, ahí aparecen tus negativos. Y está la otra, donde aparecen los positivos: De todos estos ¿por quién sí votas? Y entonces, ahí viene la ponderación cualitativa”, detalló.
Ortega Martínez contrastó estos escenarios con aquellos aspirantes que, a pesar de no registrar un alto nivel de conocimiento masivo, en un primer momento, poseen mejores condiciones para garantizar el ejercicio de un buen gobierno, debido a su perfil técnico y profesional.
“Alguien puede ser poco conocido, en la medianía, pero sin muchos negativos y con buenos positivos; entonces se gana la parte de su trayectoria, el currículum. El que va a garantizar hacer un buen gobierno y esa es una ponderación cualitativa. Eso ya queda en manos de las y los tomadores de decisiones”, sostuvo.
A Rogelio Salvador lo acompañaron en este acto la enfermera Natalia Hernández Pinzón, amiga del ex gobernador; la ex perredista Emperatriz Basilio Goytia, el médico veterinario Enrique Rodríguez Krebs y el columnista de El Sur, Silvestre Pacheco León, quien habló de la lucha de la izquierda en esta región de la entidad desde los años de 1970 a la fecha.
Presenta su proyecto de gobierno
Más que hablar a detalle sobre su libro, el ex gobernador aprovechó para exponer su proyecto de gobierno denominado Guerrero con Desarrollo, con el cual busca ganar la encuesta interna de Morena para la gubernatura.
Durante su exposición soltó un dato sobre seguridad, donde afirmó que cuando fue gobernador interino, a través de la mediación de ministros de culto de la Iglesia católica y cristiana, obtuvo una tregua de un año por parte de grupos de la delincuencia organizada.
Ante los asistentes, Ortega Martínez defendió la viabilidad de construir acuerdos de paz en la entidad y argumentó que su experiencia al frente del Ejecutivo estatal, en uno de los periodos más críticos de la historia reciente, le permite hablar con conocimiento de causa.
Detalló que las condiciones planteadas a estos grupos se centraron en detener delitos que afectan de forma directa a la población civil y los sectores vulnerables.
“Me dieron una tregua de un año, los ministros de culto de la Iglesia católica y las iglesias cristianas (están) encantados de ayudar para construir acuerdos de paz. Nada más con que no metan drogas en las escuelas, no nos contaminen a los niños, que no se estén robando las muchachas para venderlas, que no hagan cobro de piso, que no secuestren”, expresó el ex gobernador, tras señalar que los ingresos de estas organizaciones provenientes del mercado estadunidense deberían ser suficientes para que dejen de asfixiar a la ciudadanía local.
En el terreno económico, Ortega Martínez lamentó la actual dependencia estatal hacia las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos, una situación que calificó de “triste” y que atribuyó al colapso de sectores tradicionales, como el turismo, la minería, la agricultura y la ganadería, debido a administraciones pasadas marcadas por la corrupción y el cobro de moches.
Como parte de sus ejes estratégicos, planteó una revolución en las vías de comunicación, para retener a la población con empleos dignos.
Criticó que, a diferencia de estados vecinos, como Michoacán, Puebla u Oaxaca, Guerrero carezca de un sistema ferroviario desde que el Tren del Istmo, que llegaba hasta el pueblo de Las Balsas, fue cancelado durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Asimismo, adelantó que existe el compromiso de la presidenta del país para modernizar y ampliar ejes viales existentes, pero deteriorados e inseguros, mencionando los trayectos de Salina Cruz a Zihuatanejo, de Toluca a Zihuatanejo y la ruta Puebla-Tlapa-Marquelia, además de proyectar nuevas conexiones hacia la Tierra Caliente y Costa Grande.
Otro de los ejes abordados fue el rezago en la comercialización de la producción guerrerense. Ortega ejemplificó la urgencia de soberanía económica al señalar que, aunque Guerrero ocupa el primer lugar nacional en producción de mango, los productores deben acudir a Sinaloa para obtener la certificación de exportación.
Una situación similar ocurre con el aguacate y con el mezcal, que debe ser certificado en Oaxaca para su venta internacional, lo que atribuyó a la “mediocridad y dejadez” de los gobernantes históricos.
Hacia el cierre de su intervención, el aspirante respaldó las posturas que exigen frenar la infiltración de la delincuencia en las estructuras del poder, un factor que, advirtió, arriesga la gobernabilidad nacional ante las presiones políticas de los Estados Unidos.
En ese sentido, aplaudió la postura de la dirigencia de Morena de vetar a perfiles con nexos delictivos o historial de corrupción, sin importar el resultado de las encuestas internas, así como las prácticas de nepotismo.
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), ratificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE) por la que el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla validó la remoción anticipada de mandato de una integrante de su órgano de gobierno comunitario.
Se trata de la representante de la localidad El Valle, Dulce Adilene Ortiz Garibay, removida de su cargo en la asamblea del 13 de febrero pasado, acción que impugnó la afectada.
Su cargo de representación es parte de la Asamblea Municipal Comunitaria de Ayutla de los Libres, que se elige por sistemas normativos propios.
La ex representante de su comunidad cuestionó la decisión del TEE, que confirmó la validez de una asamblea comunitaria en la que se decidió removerla del cargo.
Al revisar el caso, la Sala Regional Ciudad de México consideró que la convocatoria para realizar la asamblea fue válida y que la ciudadana supo de ella antes de su realización, por lo que tuvo oportunidad de asistir y expresar su postura.
Asimismo, determinó que la decisión fue tomada de forma libre y unánime por la asamblea comunitaria, respetando las reglas.
Por ello, la Sala confirmó la decisión del TEE, órgano que el mes pasado resolvió el juicio electoral ciudadano contra la asamblea comunitaria que promovió Ortiz Garibay tras su destitución y declaró los agravios infundados, porque del cúmulo de pruebas aportadas, advirtió que la verdadera voluntad de la comunidad en el proceso de terminación anticipada del mandato y la decisión sobre la destitución del cargo.
Señaló que la decisión de la asamblea comunitaria fue tomada en libertad y mediante el procedimiento establecido por la propia localidad, cumpliendo con las formalidades de su sistema normativo.
Calificó infundada la vulneración del derecho político-electoral de ejercer el cargo, que reclamó la ex representante, al considerar que los derechos individuales no pueden prevalecer sobre la voluntad de la colectividad, en especial cuando están sujetos a las decisiones de la asamblea general en el ejercicio de sus atribuciones.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, y el coordinador estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, coincidieron en que la propuesta para reformar la Ley Electoral y crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas es buena si se le da certeza a los ciudadanos de quienes serán los candidatos.
Este jueves, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó esta propuesta, que tiene el objetivo de identificar posibles nexos de aspirantes a cargos de elección popular con la delincuencia organizada.
Por teléfono, el dirigente estatal de Morena opinó que ese procedimiento, que se propone incluirlo en la ley electoral, “va a ser muy útil”, pero es importante que los ciudadanos contribuyan con la denuncia, “mientras los ciudadanos no señalen ¿que podemos hacer? Yo creo que los ciudadanos y los militantes de cada partido tienen que señalarlos”.
Agregó que las denuncias van a dar más valor a las observaciones que haga la comisión que se propone crear. “Es valiosísima e importantísima la participación ciudadana”.
Consideró “magnifico” que instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional de Inteligencia y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puedan intervenir en la revisión de los perfiles de quienes aspiran a cargos de elección popular, porque hay quienes “llegan pobrecitos (a un cargo), digamos, y terminan millonarios, con negocios onerosos valuados en millones superiores a los ingresos que tuvieron en los tres años de alcalde”.
Sobre el riesgo de que se convierta en un trámite burocrático, indicó que no, porque con los datos personales de los aspirantes se podían conocer el historial de los interesados.
Consultado sobre si esa comisión va a inhibir que personajes del crimen organizado se interesen en ser representantes populares, Gonzalez Varona respondió que lo importante es darle certeza a los ciudadanos.
Por su parte, el coordinador estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán dijo que está de acuerdo con la propuesta, pero consideró que le falta efectividad y confió en que pueda perfeccionarse.
Vía telefónica dijo que debe cuidarse que no sea sólo un trámite burocrático, “para mi gusto como que le dan muchas vueltas y cuidan demasiado, porque hablan de que todo va a ser en secreto, y aunque aun viendo cierto nivel de riesgo, el partido postulante será el que tome la decisión de postularlo o no. Creo que debería ser más contundente, con más fuerza, pero algo es algo”.
Opinó que hay muchas dependencias involucradas en esa comisión, que debería ser más ágil, efectiva y con más certeza.
Celestino Cesareo recordó que en 2015, como dirigente estatal del PRD, llevó a la Fiscalía General de la República una lista de nombres de posibles candidatos para su investigación, “y no pasó a mayores. Incluso, mostraron poco interés en el tema, espero que con esta iniciativa tengan más elementos y se les dé certeza a los ciudadanos de quiénes son los candidatos de los partidos”.
Sobre si esta comisión logrará que disminuya el interés de los personajes vinculados con grupos delictivos a participar en la búsqueda de cargos de representación popular, Celestino Cesáreo insistió en que se debe dar certeza a los ciudadanos, para que voten con confianza, e insistió en que la comisión debería ser más efectiva y menos burocrática.
También se buscó a los dirigentes del PRI, Alejandro Bravo Abarca; del PAN, Rocío Morales Morales, y Movimiento Ciudadano, Gabriela Bernal Reséndiz, pero no atendieron las llamadas telefónicas.
La secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, ayer en la conferencia de prensa que se realizó en el edificio del magisterio disidente en la capital Foto: El Sur
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) llamó al magisterio a sumarse a la huelga nacional que iniciará el próximo 1 de junio, para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE y la reforma educativa, como prometió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su campaña y respondió a ésta que no son pocos sino muchos los maestros descontentos y que viven con salarios precarios.
En conferencia de prensa previa a la inauguración del 3 Congreso Político Estatal de los Pueblos Originarios, en el edificio de la CETEG en la capital, la secretaria general Elvira Veleces Morales, acompañada de integrantes de la Comisión Política y el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán (CETEY), Jesús Chablé Hau, desmintió que el salario de los maestros sea de 20 mil 475 pesos mensuales, con el reciente incremento, como informó el gobierno federal.
Puntualizó que “es una total mentira esa narrativa” sólo real “en el mundo paralelo de la Cuarta Transformación”, debido a que el incremento del 9 por ciento que se anunció como un hecho histórico, no impacta en la realidad de los trabajadores del sector.
Veleces recordó que las demandas centrales son la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa, justicia social, reinstalación de maestros cesados como represalia por las protestas y la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
“La movilización en las calles es la única vía que nos puede dar certeza de que este gobierno federal nos pueda dar una solución y no solamente, demagógicamente, darle una narrativa a la población de que tenemos mejores ingresos. Están minimizando la lucha, cuando dice la presidenta (Claudia Sheinbaum) que ‘son pocos’ los que estamos descontentos”, expresó.
Manifestó que “no somos pocos, somos muchísimos compañeros a lo largo y ancho del país que vivimos esta situación precaria”.
Reclamó que el gobierno catalogara al magisterio disidente como “parte de la ultraderecha” y dijo que es una estrategia para descalificar su movilización.
Llamó a continuar con la organización de la huelga nacional e informar a los padres de familia que las protestas se harán en las sedes del Mundial de Futbol: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
El dirigente de la CETEY resaltó que “el gobierno, de cualquier color, su tendencia va a ser despojarnos de nuestro derecho”, por lo que el magisterio disidente también respalda las demandas de otros sectores, como los campesinos y los trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes son “muy afectados con esta Ley del ISSSTE”.
Señaló que el incremento del 9 por ciento representa sólo 20 pesos diarios, “una burla” y reiteró el llamado a sumarse a la huelga nacional el próximo 1 de junio y reconoció el ejemplo de la CETEG por su capacidad de organización del magisterio guerrerense.
Veleces añadió que en el congreso se discutirá el proceso de educación en los pueblos originarios, la disputa con las autoridades por la infraestructura para este sector en particular; también se analizará la propuesta del gobierno estatal de elevar la Dirección de Educación Indígena a dirección general, “sin renunciar a una subsecretaría”.
Productos que entregó la diócesis Chilpancingo-Chilapa para las familias desplazadas por la violencia de comunidades de Chilapa Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La diócesis Chilpancingo-Chilapa informó que hasta el miércoles había entregado aproximadamente 5 toneladas de víveres, artículos de limpieza, medicamentos “y apoyos de primera necesidad”, para las familias desplazadas por la violencia de comunidades de Chilapa.
En un comunicado de prensa, la diócesis informó que la ayuda representa no solamente apoyo material, sino también “el testimonio de una Iglesia que quiere permanecer cercana al sufrimiento de su pueblo”.
Agradeció la solidaridad de la agrupación Cáritas de las parroquias, comunidades, bienhechores y a personas “de buena voluntad”, que se solidarizaron con el acopio de la ayuda.
El 13 de mayo, el obispo de la diócesis, José de Jesús González Hernández hizo un exhorto a párrocos, rectores de templos, vicarios parroquiales, religiosas, religiosos “y a todo el pueblo de Dios”, para realizar un acopio de ayuda humanitaria en alimentos y ropa para las comunidades filiales de la parroquia de la Candelaria en Atzacoaloya, a la que pertenecen las comunidades que fueron atacadas por el grupo delictivo de Los Ardillos del 6 al 11 de mayo.
El lunes pasado se realizó un recorrido por la catedral de la Asunción de María, ubicada en el Zócalo de la capital, así como en las parroquias de San Mateo, San Antonio y San Francisco y no se encontraron centros de acopio de víveres.
En su comunicado del miércoles, la diócesis indicó que la Iglesia que peregrina en la diócesis Chilpancingo-Chilapa, “lleva en el corazón el sufrimiento de cada familia que ha tenido que abandonar su hogar, separarse de su comunidad o vivir en medio del miedo y la preocupación”.
Agregó: “Sabemos que ninguna ayuda material puede borrar completamente el dolor de dejar atrás la tierra, la casa, los recuerdos y la tranquilidad de la vida cotidiana; sin embargo, deseamos que cada gesto solidario sea también un signo de cercanía, fraternidad y esperanza”.
Añadió que como Iglesia, “reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando pastoral y humanitariamente a las familias afectadas, por eso hoy queremos acercarnos humildemente a ustedes para decirles que cuentan con nuestra oración, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento”.
La diócesis destacó que las necesidades continúan siendo grandes y muchas familias siguen requiriendo de alimentos de la canasta básica, productos de higiene personal, medicamentos diversos y artículos esenciales para enfrentar esta difícil situación, por lo que llamó a seguir sumando esfuerzos en favor de quienes más lo necesitan y pidió que cualquier apoyo pueden entregarlo directamente a las parroquias de la diócesis.
Concluyó que su deseo es “caminar junto a ustedes, escuchar sus necesidades, compartir sus preocupaciones y sostener la esperanza de que tiempos mejores pueden llegar para nuestras comunidades”.
Los dos hombres asesinados a balazos la tarde del miércoles en el lienzo charro Darío Arrieta de Chilpancingo eran hermanos provenientes del estado de Morelos, informaron autoridades.
Se trata de Fernando y Eduardo Meza Victoria de 40 y 35 años, quienes eran originarios de la comunidad de Tres Marías, del vecino estado de Morelos.
Mientras que el tercer hombre que resultó con lesiones de gravedad en el abdomen por disparos de arma de fuego fue identificado como Juan Carlos N, de 42 años, de la comunidad de Amojileca, municipio de Chilpancingo.
Las víctimas se dedicaban a la venta de alimento balanceado para caballos de trabajo y competencia.
El miércoles a las 3:20 de la tarde en el acceso del lienzo charro en el carril de sur a norte del encauzamiento del río Huacapa, frente al hospital de la Mujer y el Niño Guerrerense, junto al estacionamiento de la tienda departamental Wallmart, tres hombres fueron atacados a balazos.
Reportes policiales indicaron que sicarios armados a bordo de una motocicleta atacaron a las víctimas que cargaban una camioneta tipo pick up marca GMC tipo Sierra, color blanco, con alimento para caballo.
Dos hombres quedaron en la batea de la camioneta y otro más afuera de otro vehículo, cerca del portón de entrada.
La masacre se da en un contexto de una confrontación entre los grupos criminales Los Tlacos o el Cártel de la Sierra y los Ardillos, con presencia en Chilpancingo, comunidades de Acapulco y municipios de la región Centro y Montaña.
El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros (de lentes y camisa) con pobladores de Alcozacán en la feria de Servicios Foto: Gobierno del estado
Redacción
Chilpancingo
Funcionarios del gobierno estatal y federal llevaron servicios públicos y apoyos para las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, municipio de Chilapa de Álvarez, cumpliendo con los compromisos que hicieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, después de que la primera denunció ataques a balazos y con explosivos lanzados desde drones a cuatro comunidades, del 6 al 11 de mayo, de los que acusó al grupo del crimen organizado Los Ardillos.
Ayer el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, el director general para el Fomento y Preservación de la Paz Zona 2, Carlos Rodrigo Cortés Chávez, quien acudió en representación del Gobierno de México, y el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, la titular de la Secretaría de Salud Estatal, Alondra García Carbajal, entre otros, estuvieron en la Feria de los Servicios que se instaló en las dos comunidades.
En un video transmitido en las redes sociales del gobierno del estado, Francisco Rodríguez dijo que “estamos cumpliendo el compromiso y la palabra empeñada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda”.
Ricardo Castillo entregó un paquete para la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la primaria de Alcozacán, similar al que la SEG llevó el martes pasado para las escuelas de la zona, que consiste en una computadora, escritorio, silla ejecutiva, material de oficina y de limpieza.
El maestro que coordina la USAER resaltó que atienden a unos 90 niños con diversas discapacidades y dificultades de aprendizaje.
Durante un recorrido, Francisco Rodríguez mostró los módulos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), del Centro de Capacitación 8 del DIF con sede en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, cuyo personal realizó cortes de cabello; del IMSS Bienestar, donde se contó con revisión odontológica, y otros.
Alondra García informó que, al momento en que se grabó el video, llevaban 80 consultas médicas, “vamos a seguir hasta que terminemos de atender a la última persona”.
La Guardia Nacional también instaló un módulo de reclutamiento, donde también se hicieron actividades lúdicas con unos 120 menores de edad; el encargado resaltó la importancia de “recuperar ese vínculo con la sociedad, ese puente, esa confianza, somos el número uno en seguridad pública y estamos para atender a toda la ciudadanía”.
También personal de la Defensa ofreció consultas médicas, atención psicológica y valoración dental; en tanto que la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con una encargada, “estamos hablando con los jóvenes, las niñas, los niños, sobre los valores fundamentales para el bienestar social”.
Además, informaron sobre los servicios de la Fiscalía, la prevención del delito y atención a mujeres en caso de violencia; la encargada precisó que se atendieron más de cien menores.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social también atendió a unas 50 personas que pidieron informes sobre empleo; la Secretaría de Seguridad Pública Estatal contó con actividades lúdicas, zona de reclutamiento e información sobre las funciones de la dependencia, como prevención social del delito, el encargado informó que atendieron a unos 150 menores de edad.
El secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros, declaró que, en el módulo de la dependencia, se atendieron a unas 150 personas, se repartieron folletos de los distintos programas; destacó que hay 300 beneficiarias de la tarjeta Violeta en Chilapa.
Manifestó que hay acciones emergentes como la construcción de pisos, techos, “y vamos a seguir atendiendo a la gente para dar atención integral”.
Otras dependencias que participaron fueron la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud y la Niñez.
En su mensaje, Carlos Rodrigo Cortés dijo que la iniciativa de las ferias “no es una novedad”, sino una acción del gobierno del estado; reconoció que la administración de Evelyn Salgado “trae una política social consolidada que busca atender las causas que generan la violencia” y los funcionarios representan “una luz de esperanza”.
Recordó que el gobierno federal continúa con el Tianguis del Bienestar para entregar a las comunidades todo lo incautado, en diversos hechos; felicitó a Francisco Rodríguez, “la gente te reconoce y eso es muy importante porque tenemos un gobierno de la gente, no cercano, un gobierno de la gente que camina de la mano con la gente, que va construyendo un mejor porvenir”.
Francisco Rodríguez agradeció el apoyo del gobierno federal y manifestó que “no tiene que pasar algo extraordinario para que nos reunamos, para hacer las cosas bien, hemos hecho muchas otras cosas, vamos a seguir caminando y mi propósito es devolver a la ciudadanía los espacios que son de ellos”.
En un comunicado, el gobierno del estado detalló que en la feria participaron “31 dependencias del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Guerrero, cuyas acciones se realizan con el acompañamiento y observación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para dar seguimiento institucional a la atención brindada a las familias de la región”.
Según el comunicado, Carlos Rodrigo Cortés dijo que “la violencia también se combate generando oportunidades, esperanza y condiciones de bienestar, eso es lo que ha venido haciendo la gobernadora Evelyn Salgado y la presidenta Claudia Sheinbaum”.
Añadió que Francisco Rodríguez “informó que se instalará una mesa de diálogo para la construcción de la paz, con la participación del Gobierno de México, el Gobierno del Estado, autoridades comunitarias, municipales, instituciones de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de construir acuerdos que permitan a las familias realizar sus actividades de manera normal y en tranquilidad”.
El colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado, acompañado por 39 organizaciones de una docena de estados exigió garantías de seguridad e integridad física permanentes en Chilapa, para “detener las incursiones armadas y el hostigamiento criminal de manera definitiva”, así como atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad, ante la crisis humanitaria por desplazamiento forzado.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano ante los graves ataques de la delincuencia organizada. Hechos que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades nahuas en la región de la Montaña Baja”, señaló, en referencia a los ataques del grupo delictivo de Los Ardillos contra comunidades nahuas ocurridos del 6 al 11 de mayo, que causaron la salida de más de mil pobladores, tres muertos, seis heridos y 15 desaparecidos.
En un pronunciamiento, expuso que el uso de armamento de alta capacidad de fuego y drones con artefactos explosivos evidencia una escalada de violencia en la zona que vulnera la vida comunitaria de los pueblos originarios y profundiza un contexto de violencia; que no es la primera vez que ocurre desplazamiento forzado, ataques armados y despojo territorial sin que exista una sola estrategia integral y sostenida para la pacificación mediante reconstrucción del tejido social, prevención de las violencias y condiciones reales de seguridad.
Añadió que la respuesta oficial con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal ha sido insuficiente, se ha limitado a despliegues que no atienden las causas estructurales ni garantizan soluciones duraderas, que eventualmente los uniformados se retiran, pero permanece el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas.
También criticó que no existen planes integrales de retorno seguro, reconstrucción comunitaria ni garantías efectivas de no repetición, y predominan acciones tardías, asistencialistas y fragmentadas que no permiten recuperar los proyectos de vida ni restablecer condiciones básicas de dignidad y seguridad.
Demandó a los tres órdenes de gobierno atención a personas y comunidades desplazadas sin condicionamiento de denuncia penal, una mesa de trabajo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Gobernación, un protocolo especializado en salud mental y apoyo psicosocial para resarcir el daño acumulado, y criterios de evaluación y registro confidencial para un retorno seguro.
Sostuvo que las organizaciones seguirán señalando la falta en que incurre el Estado Mexicano al no promulgar una Ley general contra el Desplazamiento Forzado Interno en México, que lo tipifique como delito, conforme un registro nacional de personas desplazadas internas y establezca las competencias institucionales para la prevención, atención y restitución de derechos violentados.
“El desplazamiento forzado interno es una grave violación a los derechos humanos que lleva lustros desarrollándose: el poder destructivo que hoy describimos en Guerrero ha azotado a comunidades campesinas de Michoacán al menos desde enero de 2021, y desde allí se han implementado estas tecnologías de guerra en otras entidades”, enfatizó y que “el Estado no puede continuar soslayando esta realidad sin poner en riesgo la gobernabilidad territorial, la vigencia del Estado de Derecho y con ello, la soberanía nacional”.
Recordó que la población se vio obligada a abandonar sus casas que han sufrido saqueos, destrucción, que el patrimonio de las familias se ha perdido por completo, incluyendo las cosechas, las reservas de granos básicos y animales de corral o ganado.
Agregó que el desplazamiento forzado genera un daño cultural y un etnocidio silencioso junto a su patrimonio biocultural ancestral, que esta pérdida de bienes e infraestructura no representa un simple daño colateral, sino un despojo intencionado, sistemático de los medios de vida de las comunidades porque anula cualquier posibilidad de autosuficiencia alimentaria y las hunde en una incertidumbre desde el primer día del éxodo.
Firman el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Servicios y Asesoría para la Paz, la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Foro para el Desarrollo Sustentable, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, así como asociaciones de desplazados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Michoacán, Quintana Roo, así como de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala.
La camioneta en la que viajaba la enfermera de 24 años (y una foto de ella) que falleció en un accidente entre Corral Falso y Villa Nicolás, en la carretera de Ajuchitlán del Progreso Foto: El Sur
En un choque entre dos vehículos en la carretera Tlapa-Huamuxtitlán murió un hombre calcinado y dos mujeres y otro varón quedaron heridos, mientras que en Ajuchitlán murió una enfermera en otro percance debido a las malas condiciones de la carretera.
El accidente se suscitó la noche del miércoles cerca del lugar conocido como Los Amates, cuando al impactarse dos vehículos se incendiaron.
En uno de los carros las tres personas que iban, dos mujeres y un hombre, resultaron con heridas.
En la otra unidad se encontró el cuerpo de un hombre calcinado al quedar atrapado.
Se desconoce su identidad y origen de los involucrados. (Carmen González Benicio / Tlapa).
En Corral Falso, Ajuchitlán
Una enfermera de Corral Falso, municipio de Ajuchitlán del Progreso, falleció la noche de este miércoles en un accidente cuando al salir de su turno y regresar a su casa intentó evadir un bache en la camioneta que conducía, y terminó volcándose.
El accidente ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche sobre la carretera que va de Ajuchitlán del Progreso a Coyuca de Catalán, entre Corral Falso y Villa Nicolás.
Se trata de la Enfermera Marta Ventura Andrés de 24 años, quien salió de su turno de labores y se dirigía hacia Villa Nicolás, de donde es originaria, conducía una camioneta blanca tipo pickup de la marca Toyota.
El accidente ocurrió cerca de una zona habitada, y según testigos de los hechos, la conductora intentó evadir un bache grande en esa zona, se salió de la carretera y dio varias vueltas. En una de esas vueltas la conductora salió disparada fuera del vehículo.
La mujer falleció de forma instantánea, según reportes de paramédicos, una vez que llegó la ambulancia y se reportó que ya no tenía signos vitales.
Aún así familiares la llevaron a una clínica particular para recibir atención médica pero sólo confirmaron que ya había muerto.
Se informó que iba acompañada de una compañera de trabajo, la cual fue trasladada con diversas lesiones en el cuerpo, pero su estado de salud es estable.
En el lugar la gente confirmó que no es la primera vez que hay accidentes en esa zona, porque los vehículos invaden la carretera hacia un costado o se salen al intentar evadir un bache.
El estado de la carretera estatal que va de Coyuca de Catalán a Ajuchitlan se encuentra en malas condiciones y no recibe mantenimiento desde el 2015. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
