Jorge Nava * Las playas consideradas como de riesgo sanitarios Caletilla y Tlacopanocha lucieron llenas de turistas de autobús, en ellas los vendedores ambulantes no se daban abasto en atender a los bañistas, mientras que los restauranteros de igual manera se apresuraban a conminarlos a consumir en sus puestos.

El anuncio dado a conocer por dependencias federales como la Secretaría de Turismo, la Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud, no afectó la visita de bañistas a esas dos playas.

En el recorrido de ayer se observó que ambas playas no estaban atiborradas como al inicio de la temporada del puente vacacional de Semana Santa, pero sí con la suficiente cantidad de bañistas que ocupaban las sombrillas ubicadas en ambas playas, mientras otros, en el caso de playa Tlacopanocha, descansaban tendidos en la arena.

Se notó que la mayoría de los bañistas era turismo de autobús, provenientes del Distrito Federal, algunos de Guadalajara, Jalisco; esto porque a lo largo de algunas calles aledañas a la plaza de toros, se encontraban estacionados, mientras otros se ubicaron en la Costera, frente al edificio de la CROM.

En 64.1 por ciento la ocupación hotelera

Por otro lado, tanto la dirección de Turismo municipal y la Secretaría de Fomento Turístico estimaron ayer que el índice de ocupación hotelera en la ciudad alcanzó el 64.1 por ciento.

De acuerdo con el comparativo de ocupación hotelera de Turismo Municipal, el año pasado en esta misma fecha el porcentaje era de 26.7 puntos.

La variación que da esa dependencia es de 35.8 por ciento.

En tanto que el oficial Villamil de la Policía Federal Preventiva, división caminos informó que hasta las 21 horas de ayer por la Autopista del Sol entraban por minuto siete vehículos y con dirección a México cuatro.

En tanto que por la libre, el oficial señaló que entraba ocho y salían cinco con dirección a México.

La Dirección del Registro Civil ha entregado 37 mil 200 claves unicas de Registro de Población (CURP) en lo que va de la administración de Alberto López Rosas, informó la titular de esa dependencia, María del Carmen Martínez Aguilar.

La funcionaria fue entrevistada al finalizar el acto por el cual la secretaria del ayuntamiento, María de la Luz Núñez Ramos, inauguró un módulo para tramitar la CURP en La Gran Plaza, en compañía del síndico Fernando Donoso Pérez, la diputada local perredista Adela Román Ocampo y el director de Turismo, Roger Bergeret, entre otros.

Martínez Aguilar dijo que ese módulo fue abierto simultáneamente con uno que se ubicó en las oficinas de esa dependencia. La funcionaria municipal dijo que desde el 1 de diciembre hasta el 23 de abril fueron entregadas 37 mil 200 CURP.

Agregó que la instalación del módulo en La Gran Plaza es por la preocupación del alcalde Alberto López Rosas de acercar los servicios a la población.

Invitó a todos los ciudadanos a solicitar la CURP. Explicó que el trámite no es difícil, pues si los datos del solicitante están en el Registro Nacional de Población, la Clave será entregada en ese momento, y, de no ser así, tardará unos cuatro días.

Las primeras personas que recibieron su CURP en ese módulo fueron la mamá del alcalde, Filadelfa Rosas, y María de la Luz Núñez Ramos. (Karina Contreras).

 * Se efectúa en 12 playas, tres menos que en el monitoreo anterior de la Semarnat * Excluyen la desembocadura del canal de La Boquita, única declarada en riesgo sanitario, porque no se considera zona recreativa

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Representantes del gobierno federal y estatal y hasta una empresa privada contratada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ), levantaron ayer un nuevo monitoreo en las playas de Ixtapa-Zihuatanejo con el apoyo de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, excluyendo del muestreo la desembocadura del canal de La Boquita donde aún permanece la certificación de riesgo sanitario colocada por la Semarnat.

Este nuevo levantamiento de muestras se realizó en 12 playas de Ixtapa y Zihuatanejo pero esta ocasión se homogenizaron los criterios del estudio con las autoridades sanitarias del estado, las federales y del mismo municipio a través de la CAPAZ, con el fin de ajustar el muestreo a zonas recreativas y no a los sitios donde hay drenes de aguas residuales, como se hizo en el primer muestreo que hizo Semarnat por su cuenta.

Los puntos de monitoreo fueron cambiados con relación al primer muestreo realizado por la Semarnat que analizó aguas de 15 sitios de la bahía para determinar la calidad bacterológica de las playas, por lo que en la próxima publicación del Sistema Nacional de Información sobre la calidad de Aguas en Playas Mexicanas aparecerán tres sitios menos al monitoreo original que presentó la Semarnat, el cual incluía lugares que son drenes naturales o de drenajes sanitarios pero que no precisamente eran zonas de bañistas según explicaron los involucrados en el muestreo.

Dentro de este programa emergente de muestreo de aguas recreativas de Zihuatanejo, la propia jurisdicción sanitaria tuvo que ajustar sus puntos de monitoreo habitual que ha mantenido con registros diarios desde que señalizaron el riesgo sanitario, puesto que antes tomaban muestras desde lanchas en 14 sitios de la bahía incluyendo incluso áreas rocosas que no son balnearios, pues se presumía la existencia de drenes de agua que podrían originar contaminación.

Tras una reunión previa de organización realizada a las 21:30 horas del jueves 24 de abril el director de la CAPAZ, José Luis Alvarez Salgado convino la realización de un monitoreo con muestras simultáneas específicamente en playas tradicionales con tomas hechas a la altura de la cintura y a unos cinco metros dentro del agua, mismas que serán analizadas en forma independiente por las distintas autoridades para presentar resultados comparativos y evitar que hubiera verticalidad en el próximo informe sobre la calidad de aguas en playas mexicanas.

El recorrido de recolección del muestreo inició ayer a las 8:30 de la mañana y terminó al filo de las 14:30 horas y en la comisión del monitoreo estuvo el jefe de ecosistemas y ambientes costeros de la Semarnat en Guerrero, Roberto Velasco Delgado, la coordinadora de la ruta agua, aire y tierra de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) Alejandra Martínez García, el jefe de control sanitario de la Secretaría de Salud estatal, Tiburcio Noriega Luna y la encargada del departamento de microbiología de la Jurisdicción Sanitiaria 05 Aracely Santos Hernández además del supervisor de la empresa Ingeniería en los Sistemas de Tratamiento de Agua, Manuel Ocampo Salgado, quien explicó que esta empresa independiente fue contratada por la CAPAZ para hacer este monitoreo especial con dos tipos de métodos para determinar el número probable de coliformes fecales y las unidades formadoras de colonias de coliformes fecales.

En la playa principal, que fue el primer punto monitoreado, se recogió sólo una muestra de agua a la mitad de la playa frente a la cancha municipal, cuando en el primer monitoreo se recogió muestra frente al sector naval y otra en la desembocadura del canal de La Boquita.

En Zihuatanejo las muestras se recogieron en seis sitios: playa Las Gatas frente al restaurante La Marinera, frente a Casa Elvira y la entrada principal de playa La Ropa, en la zona de playa más cercana al acceso a playa La Madera y a playa El Almacen, así como frente a la cancha municipal de la playa Principal.

En Ixtapa tomaron las muestras en playa Varadero de la Isla de Ixtapa frente al restaurante Lilí Cipriani, playa Linda, playa Quieta así como en tres puntos de la playa El Palmar frente a los hoteles Barceló, Marina Ixtapa y Carlos and Charles. Los resultados del muestreo serán publicados en el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo (JLCA), Yolanda Carbajal Bernabé aseguró que el resolutivo que dio a conocer el juzgado primero de distrito en la entidad por el que desechó el recurso de amparo presentado por el secretario del comité paralelo del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), Fidencio Pérez López, demostró que el dictamen que emitió a favor de Pedro Salazar Trinidad como dirigente de ese gremio, estuvo apegado a derecho.

El pasado 21 de enero, la JLCA dio a conocer la toma de nota en el que ratificó como nuevo secretario general a Pedro Salazar Trinidad, por haber cubierto todos los requisitos que marca la convocatoria para el cambio de comité ejecutivo central del STTAISUAG.

Aunque la titular de la Junta consideró que los quejosos, en este caso Fidencio Pérez López y sus seguidores, pueden acudir a otro recurso de impugnación, que finalmente hicieron, y entonces todo dependería de la respuesta que la autoridad federal que les pudiera dar.

En entrevista, dijo ayer que con el dictamen dado a conocer por el juzgado primero, suman ya dos determinaciones a favor de Pedro Salazar Trinidad, por lo que recordó que en su momento la Junta analizó las pruebas que ambas fracciones presentaron en las que se reclamaron como legítimos representantes del STTAISUAG.

Carbajal Bernabé señaló que ahora también, según los medios de comunicación, la autoridad federal determinó el mismo criterio que adoptó la JLCA para reconocer a Pedro Salazar Trinidad como secretario general de ese sindicato.

Manifestó que cualquiera de las dos partes está en libertad de crear un nuevo sindicato paralelo –como sucedió en el caso del STAUAG durante el rectorado de Gabino Olea Campos– pero que eso ya dependería de la decisión de la mayoría de los trabajadores afiliados al STTAISUAG.

Indicó que la Junta sólo reconoce al sindicato que cumpla los requisitos que señala la ley y los propios estatutos del gremio, entre ellos la titularidad del contrato colectivo de trabajo “y en ese sentido siempre nos apegaremos a la ley, como ha sido hasta ahora”, concluyó.

Teníamos la razón, dice Salazar

Por su parte, el secretario general del STTAISUAG, Pedro Salazar Trinidad, entrevistado por teléfono dijo que el resolutivo del juzgado primero “vino a ratificar que nosotros teníamos razón y que nos hemos apegado a lo que señalan nuestros estatutos, no fue de gratis”.

Asimismo, hizo un llamado fraterno tanto al rector de la UAG, Nelson Valle López, como a los dirigentes de los dos comités ejecutivos paralelos que encabezan Fidencio Pérez, y el de Isauro Cerón Silverio, para que reconozcan el resolutivo del juzgado: “Ya es justo que después de casi siete meses haya estabilidad en el STTAISUAG”.

El líder sindical indicó que esperan que el próximo lunes el rector cumpla su palabra y reconozca oficialmente al comité ejecutivo central que encabeza. “Nosotros hemos sido pacientes, y hemos actuado apegados a los estatutos y a las leyes universitarias, por lo tanto esperamos que ahora sí se respete el resolutivo del juzgado”.

También hizo un llamado a los trabajadores administrativos y de intendencia a estar atentos y continuar la lucha por el respeto a la decisión que se tomó en las elecciones para el cambio del comité ejecutivo central del STTAISUAG, en el que resultó electo, concluyó.

 El que fuera secretario de Administración y Finanzas al final de la administración de Zeferino Torreblanca, Enrique Pasta Muñúzuri asumirá el cargo de rector de la Universidad Loyola del Pacífico en sustitución de Mariano I. Alonso Marcos.

En boletín de prensa de esa institución educativa, se informa que Pasta Muñúzuri estará en ese cargo del 30 de mayo próximo al 31 de mayo del 2007.

Se detalla que la toma de protesta será el 30 de mayo, día en que Alonso Marcos rinda su último informe de actividades.

Pasta Muñúzuri es ingeniero civil egresado del Tecnológico de Monterrey, y maestro en ingeniería con especialidad en ingeniería sísmica por la Universidad de California, en Berkeley.

Dentro de su experiencia laboral, Pasta Muñúzuri desempeñó su última actividad como servidor público como secretario de Administración y Finanzas del ayuntamiento en la administración anterior.

El boletín indica que fue presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero AC, y agrega que desde 1997 Pasta Muñúzuri ha apoyado a esa institución desde el Patronato Enseñanza e Investigación Superior de Acapulco AC.

 * La ley sólo considera como posibles beneficiarios a presos que hayan cometido delitos como sedición y rebelión, señalan magistrados * Ratifican a Calvo Sánchez como presidente del TSJ

 De la corresponsalía Chilpancingo * En una sesión donde se ratificó por segundo año consecutivo al magistrado Raúl Calvo Sánchez como presidente del Tribunal Superior de Justicia, el pleno rechazó por unanimidad de votos el exhorto que les envió el Congreso local en el sentido de que nombre una comisión de magistrados que revise cada uno de los expedientes de las personas que podrían ser consideradas como beneficiarias de la Ley de Amnistía.

En el acuerdo aprobado por el pleno del TSJ, le contesta al Poder Legislativo que el servicio de administrar e impartir justicia no es conforme a las disposiciones para la creación de una comisión de magistrados, para que se avoque a la revisión exhaustiva de cada uno de los expedientes de aquellas personas que las organizaciones sociales consideran presos por motivos políticos, ya que la regulación de los procesos penales está plenamente determinada por las leyes procesales y sustantivas previamente establecidas.

En entrevista con el presidente del TSJ, Raúl Calvo Sánchez, señaló que los jueces que hayan dictado una sentencia contra personas que las organizaciones sociales estén pidiendo que se les beneficie con la Ley de Amnistía, “ejercieron sus atribuciones y actúan con imparcialidad e independencia”.

Y es que en la mayoría de los casos de presos que las organizaciones sociales piden que sean beneficiados con la Ley de Amnistía ya fueron sentenciados o bien enfrentan procesos por delitos graves como el homicidio, secuestro o bien tienen delitos del orden federal como portación de armas para uso exclusivo del Ejército y la Armada de México.

La Ley de Amnistía solamente considera como posibles beneficiarios de esta legislación a presos que, dijo Calvo, han cometido delitos considerados como de “índole político” como sedición y rebelión.

Señaló que ahora le corresponde al Congreso local si modifica o no la Ley de Amnistía en la que se contemple que los beneficiarios por esta legislación puedan estar los que cometieron delitos graves como el homicidio y el secuestro.

En la misma sesión del pleno del TSJ, los magistrados aprobaron por unanimidad la ratificación de Raúl Calvo Sánchez como presidente del Poder Judicial quien en entrevista con los representantes de los medios de comunicación agradeció el apoyo de sus compañeros, y se pronunció porque haya una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que establezca que el presidente de este órgano dure dos o tres años.

En ese sentido, el pleno del TSJ, aprobó el nombramiento de Rufino Miranda Añorve –hermano del ex secretario General de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve- como consejero del Consejo de la Judicatura.

En la lista de aspirantes para ocupar este cargo también se apuntó el magistrado Vicente Rodríguez, quien al ver que la votación para la elección del nuevo consejero de la Judicatura se dividió, declinó en favor del hermano del ex secretario general de Gobierno.

Finalmente, con una abstención del magistrado Edilberto Calderón, el resto de los funcionarios del Poder Judicial votaron por Rufino quien hace tres semanas junto con sus homólogo, Edilberto Calderón Brito y José Luis Bello Muñoz, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra por el delito de ejercicio indebido de la función pública.

Los demás puntos de la sesión del pleno del TSJ fueron de puro trámite e incluso luego de que Raúl Calvo Sánchez fue ratificado en el  cargo como presidente por otro año como presidente del Poder Judicial, hubo un momento de relax.

Desde su sillón, Calvo Sánchez bromeaba con sus homólogos, sin embargo su estado de ánimo contrastaba con la seriedad del presidente de la Sala Penal, Luis Camacho Castañón, uno de los más veteranos en el Poder Judicial y que ha protagonizado varios escándalos en las mismas sesiones del pleno.

 Zacarías Cervantes Corresponsal, Chilpancingo * El asesor de los comuneros de Acatepec, Raymundo Castro Aparicio, responsabilizó ayer al alcalde de Zapotitlán , Silvino Mosso Porfirio, de la violencia que llegue a registrarse entre pobladores de ambos municipios porque él es quien está azuzando a sus representados y “revivió un conflicto que ya se había resuelto”.

El abogado señaló que el alcalde panista revivió el conflicto “para legitimarse con los habitantes de la región en conflicto porque no lo apoyaron en las elecciones, pues ellos respaldaban al dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Marcial Dircio Ortega, quien actualmente se encuentra preso.

El asesor de los comuneros dijo además que el conflicto por las mil 700 hectáreas de tierras entre comuneros de Acatepec y Zapotitlán Tablas ya se había resuelto con la firma de un convenio entre las autoridades comunales de los dos municipios desde el año 2000.

Informó que el acuerdo fue que a los comuneros de Acatepec correspondían el 40 por ciento de las mil 700 hectáreas y el 60 por ciento a los de Zapotitlán Tablas; explicó que en la reunión estuvieron las autoridades comunales y comuneros de ambas partes, autoridades municipales de Zapotitlán Tablas y Acatepec, autoridades estatales y federales quienes atestiguaron la firma del documento.

Indicó que lo que quedó pendiente por resolver fue la reubicación de dos familias de Zapotitlán Tablas que al realizarse la delimitación quedaron del lado de Acatepec.

Informó que el gobierno estatal se comprometió a reubicar las dos familias e indemnizarlas por los daños que se les ocasionara, indicó que al principio las dos familias estaban de acuerdo y que sólo pidieron que los esperaran a reparar la cosecha de la temporada, pero que después, asesorados por el dirigente de la LARSEZ, Dircio Ortega empezaron a negarse a la reubicación.

Añadió que el conflicto vino a agravarse más al llegar el actual alcalde panista, Mosso Porfirio, quien aprovechándose de la negativa de las dos familias que se negaban a reubicarse pidió que se reabriera el caso ya sancionado por el Tribunal Agrario conforme al convenio firmado en el 2000.

Indicó que el edil está azuzando a los habitantes de Zapotitlán Tablas para que exijan la anulación de los acuerdos que distribuyen en un 60 por ciento de las mil 700 hectáreas para los de Zapotitlán y el 40 por ciento para los de Acatepec y recuperen todas las mil 700 hectáreas de tierras comunales para ellos.

Castro Aparicio agregó que la tensión aumentó a partir del 17 de abril pasado cuando unos 500 ciudadanos de Zapotitlán armados y encabezados por el alcalde, tiraron la cerca que habían levantado los de Acatepec para proteger su 40 por ciento de las mil 700 hectáreas debido a que los de Zapotitlán “no respetaban el acuerdo del 200 y estaban saqueando la madera y quemando los bosques del área ubicada dentro del 40 por ciento que corresponde a los de Acatepec.

Dijo que no sólo tiraron la cerca sino que destruyeron las mojoneras que ya estaban reconocidas por las autoridades comunales para delimitar los terrenos que corresponden a los comuneros de uno y otro municipio.

Dijo que ese mismo día (el 17 de abril) los habitantes de Acatepec ya se estaban organizando para ir a enfrentarse con los de Zapotitlán Tablas, pero que él y las autoridades municipales les convencieron de que esperaran que la solución se resolviera mediante el dialogo y con la intervención de las autoridades estatales.

Indicó que el lunes de la semana pasada subieron el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia, el director de Regularización de la Tenencia de la Tierra del gobierno estatal, José Luis Peralta Flores, un representante de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Asuntos Indígenas, quienes propusieron a los comuneros de Zapotitlán Tablas indemnizar a las familias que serían reubicadas para que se resolviera el conflicto y se respetaran los acuerdos del 2000, pero comuneros y autoridades municipales de Zapotitlán rechazaron la oferta.

Indicó que ahora los de Acatepec, han advertido que en caso de que los de Zapotitlán Tablas desconozcan los acuerdos del 2000 recuperarán “por la vía que sea las mil 700 hectáreas que están en conflicto y no sólo su 40 por ciento”. Señaló que actualmente el ambiente es tenso.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * El corresponsal de El Financiero y reportero del periódico El Sol de Chilpancingo, Alejandro Mendoza Pastrana, acudió ante el responsable del Programa de Agravios a Periodistas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos  de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije, para interponer una queja contra la Procuraduría de Justicia que lo citó a comparecer para que revele nombres de sus fuentes de información sobre las irregularidades de la obra del encauzamiento del río Huacapa.

Mendoza Pastrana quien es también conductor del noticiero Este Día que trasmite la estación de radio La Explosiva en esta ciudad, pidió a este organisno el apoyo a fin de que se hagan respetar los derechos que le otorga la Constitución General de la República para el desempeño de su actividad periodística.

Pidió a este organismo un pronunciamiento público respecto a la necesidad y el derecho de que el periodista no revele los nombres de sus fuentes informativas en Guerrero.

En el documento, Pastrana dice que el asunto que se aborda en la publicación periodística a la que hace alusión el citatorio de la Procuraduría de Justicia que envió la agente del Ministerio Público del Fuero Común, Elizabeth López Peña, se relaciona con supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias en la construcción de la obra pública que el realiza el gobierno del estado.

De manera directa se menciona a la Constructora Torreblanca, al ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Juan Farill Herrera, y a la hija del ex gobernador Raymundo Abarca Alarcón, Yolanda Abarca.

 Cuatro presos políticos recluidos en el penal de Acapulco afirman que en Guerrero sí se da la fabricación de delitos, en respuesta a una declaración del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Calvo Sánchez, quien negó que en las cárceles del estado se encuentren personas inocentes purgando penas por delitos fabricados.

En una carta enviada a esta redacción, los presos Salomé Aguirre Bahena, Angel Guillermo Martínez González, Bulmaro Estévez Morales y José Morales García reseñan cómo fueron detenidos y acusados ellos mismos, que son pruebas de la fabicación de delitos.

Afirman que el Tribunal Superior de Justicia “coadyuva a sostener las falacias y perversidades urdidas por los policías judiciales y agentes del Ministerio Público”, que avalan los métodos que utilizan los cuerpos represivos del gobierno, como la tortura y la privación ilegal de la libertad y la incomunicación, que muchas veces se ejecutan con el apoyo de miembros del Ejército mexicano.

Del caso de Salomé Aguirre Bahena, miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, señala que está sentenciado a 15 años de prisión, acusado de secuestro y portación de armas prohibidas, a pesar de que el presunto agraviado nunca hizo un señalamiento contra él.

Afirman que esos delitos que le fueron fabricados cuando fue incomunicado, y torturado física y psicológicamente durante más de 14 días, hasta arrancarle por medio de la coacción y la tortura la confesión que deseaban los policías judiciales.

Del caso de Angel Guillermo Martínez, quien estuvo en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, de noviembre de 1999 hasta el mes pasado, en la carta se plantea que fue secuestrado por agentes de la Policía Judicial y elementos del Ejército mexicano, sacado del interior de su domicilio, sin orden de aprehensión, llevado a la zona militar de Chilpancingo, traído después a la zona militar de Acapulco, torturado física y psicológicamente, incomunicado y vendado de los ojos, atado de pies y manos por más de 15 días. Con esto, fue obligado a firmar supuestas declaraciones ministeriales que no tuvo oportunidad de leer.

Finalmente, se refieren al caso más reciente, de Bulmaro Estévez Morales, campesino originario de Yerbasantita, sierra de Coyuca de Benítez, a quien un comandante de la PJE, José Efraín Maldonado Saldaña, lo arrestó sin orden de aprehensión, lo torturó más de seis días, y la fabricó el delito de portación de un arma prohibida, que el detenido nunca antes había visto.

   * Hay un total descontento de todos las organizaciones regionales con el contenido del documento, asegura

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Rogelio Alquisiras Burgos, dijo ayer que aún no hay una postura definida de la Coordinadora de Organizaciones Sociales e Indígenas de Guerrero (Cosigro) en cuanto a la firma del Acuerdo Nacional por el Campo que será el próximo lunes.

Sin embargo señaló que cuando menos en cuanto respecta a las organizaciones que pertenecen a la UNORCA, hay un total descontento con el contenido del acuerdo y que lo más probable es que no avalen la firma del documento.

Dijo que las organizaciones de la Cosigro no se han reunido para acordar una postura “lo más probable es que cada organización decida de manera independiente”, indicó.

Por ejemplo señaló que los dirigentes de la UNORCA están siendo convocados hasta hoy sábado en la ciudad de México para definir una posición al respecto, pero adelantó que “los dirigentes regionales, todos me han manifestado que están insatisfechos con el Acuerdo Nacional por el Campo”.

Por ejemplo, señaló que en el caso del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) “hay señales contradictorias; el presidente dice que sí se va a poder renegociar pero luego sale su vocero y dice que no es cierto”.

También citó como ejemplo el caso de la reforma al artículo 27 constitucional, “en donde no hay nada de avances, no se llegó a ningún acuerdo para que se pudiera garantizar que la propiedad social no fuera mercantilizada”, como se contempla en la reforma del ex presidente, Carlos Salinas de Gortari”.

Indicó que no hubo avances en el asunto de los pueblos indígenas “no se retomó nada de lo que estaban pidiendo las organizaciones para reformar la Ley de derechos y cultura indígena”, dijo Alquisiras Burgos.

Pero además dijo que el fondo de los mil 800 millones que se plantean como inversión al campo, “es una inversión pírrica; todo mundo dice que eso es la inversión de un día y que no va a resolver de fondo los problemas estructurales de falta de inversión de capitalización del campo mexicano”.

Así pues señaló que las demandas principales de los campesinos no se están atendiendo.

Por ello insistió que es posible que la mayoría de las organizaciones no avalen la firma del documento el próximo lunes y que se sostenga la propuesta de que el Acuerdo Nacional sea sólo “un impass” y que “no haya plazos fatales o finales y que se pueda volver a negociar”.