* En 2001 degolló a cuatro personas de Zihuatanejo y Ayutla * Será puesto a disposición de la PGJE porque sus delitos son del orden común  

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El multihomicida Ramón Bailón Maya, detenido en Estados Unidos por la policía de Miami Florida, fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de Matamoros, Tamaulipas.

La noche del jueves 24 de abril la AFI de Matamoros puso a disposición de la PGR en Guerrero, al multihomicida Ramón Bailón Maya quien en tan sólo dos meses del 2001 degolló en la entidad a cuatro de personas, dos de ellas originarias de Zihuatanejo y dos más de Ayutla de los Libres de donde es originario..

Bailón Maya quien utiliza también el nombre de Ramón Morales Hernández se encontraba prófugo de la justicia desde hace más de dos años pero ya fue entregado a los agentes de la PGR de Guerrero, Ricardo Camacho Mondragón, Amasio de la Cruz Castro y José Manuel Vázquez –con placas 18373,  30812 y 21033 respectivamente– quienes lo trasladan bajo custodia vía terrestre hacia la entidad donde es buscado por la justicia por su presunta participación en los homicidios de los azuetenses Fortunato Azuara Gómez de 35 años y Obed Alejandro  Padilla Gordillo de 17 años, ambos ocurridos la noche del 26 de enero del 2001. Se estima que llegará al puerto el lunes próximo.

El 14 de abril, Bailón Maya fue detenido en Estados Unidos por la Policía de Miami Florida luego de investigaciones efectuadas por el departamento de Asuntos Internacionales de la PGR. Por su calidad de ilegal se notificó de la aprehensión a la AFI en Matamoros Tamaulipas y esta a su vez turnó el caso a la PGR de Guerrero, que estaría poniendo el caso a disposición de la Policía Judicial del Estado (PJE) porque los delitos que se le imputan son del fuero común.

Ramón Bailón Maya está indiciado, junto con María Navarrete Avelino y Carmelo Hernández, García como probable responsable del delito de homicido en agravio de Fortunato Azuara Gómez de 35 años y Obed Alejandro Padilla Gordillo de 17 años quienes fueron degollados presuntamente por el detenido con un cuchillo, según se desprende de hechos ocurridos en la colonia El Hujal de Zihuatanejo el 26 de enero del 2001 asentados en la averiguación AZUE/03/0051/2001. Por esta indagatoria ya fueron aprehendidos y sentenciados María Navarrete y Carmelo Hernández, quienes además están indiciados junto con Bailón Maya por tentativa de homicido en contra de Anabella Gordillo Romero quien fue la única sobreviviente del incidente donde privaron de la vida a su hijo y su pareja.

En Ayutla de los Libres, Bailón Maya es señalado como presunto responsable del homicidio de Félix García Zambrano de 75 años de edad, ocurrido el 27 de febrero del 2001 según la averiguación ALLE/SC/01/045/2001, así como por el homicido de Ramón Rodríguez Navarrete de 33 años de edad cometido el 17 de marzo del mismo año en la comunidad de Colotepec, es decir 18 días después según la causa penal 30/2001. Todos los homicidios en los que se le involucra fueron cometidos con armas punzocortantes y las víctimas fueron degolladas.

 El senador Héctor Astudillo Flores presentó en tribuna este jueves una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el objetivo de establecer la obligatoriedad de que las tareas de difusión de la institución se realicen en lenguas indígenas consideradas dentro de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

En un comunicado de prensa, se informa que el senador planteó que de esta manera los indígenas podrán estar mejor informados acerca de los programas y actividades de la dependencia, así como de sus derechos.

Asimismo, propuso la creación de la Unidad Especializada en Asuntos Indígenas, con el propósito de que sea la instancia que provea de todo lo necesario y vigile el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo constitucional.

El priísta Astudillo Flores expresó su preocupación por “la grave problemática actual” que enfrentan los pueblos indígenas en materia de impartición de justicia, situación derivada no sólo de la marginación y pobreza que padecen, “sino principalmente por causas lingüísticas”, lo que a todas luces los margina de recibir una asesoría especializada que los oriente y les permita entender, en su lengua original, la defensa que reciben.

Por ello, se manifestó por generar las condiciones legales, institucionales, administrativas y de comportamiento de la autoridad para hacer respetar y hacer valer la debida protección física y patrimonial de los indígenas mexicanos.

De acuerdo con información de la página de Internet del Senado de la República, esta iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, de Asuntos Indígenas, y de Estudios Legislativos.

   * Afirma el delegado Jorge Mario Rosas que esos trámites son ilegales * Están vendiendo a campesinos paquetes hasta en 6 mil pesos, denuncia 

Jorge Nava * El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jorge Mario Rosas Pineda informó que han descubierto a dos organizaciones campesinas que promueven la gestión de visas y pasaportes, lo cual muchas veces  ocasiona que a los campesinos los engañen porque esos trámites son personales.

En entrevista de ayer, a raíz de que en las oficinas de enlace de la SRE de Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Iguala, Chilpancingo y aquí en la delegación, se pegó un aviso donde se les hace de su conocimiento a la población que la única instancia para tramitar visa a Estados Unidos, es la propia embajada de ese país en México y para el trámite de pasaporte, son las oficinas de la SRE.

En el aviso mismo, les piden a la población que no se deje sorprender por asociaciones que ofrecen tramitar visa y pasaporte por cierta cantidad de dinero.

Ante ello, Rosas Pineda admitió que tienen identificadas a la Asociación Nacional Campesina AC y Fomento Agrícola de La Montaña, como las organizaciones que por medio de trípticos o anuncios les ofrecen a la población, previo el pago de cierta cantidad, el trámite tanto de la visa como el pasaporte.

Aunque Rosas Pineda aclaró que no tienen identificadas a personas que hallan hecho el trámite de pasaporte ante esa instancia, no negó que algunas personas hallan logrado por medio de esas organizaciones el requerimiento de ese documento.

Criticó que esos trámites son ilegales, pues expuso que en la SRE a la población se les dá la información gratuita a excepción del pago de derechos por ese documento.

Hizo énfasis en que esos trámites los tiene que hacer la persona que solicita ese derecho ante esa dependencia o en el caso de la visa, señaló que también tiene que acudir directamente la persona a la embajada de Estado Unidos en el país para solicitarla.

Aseguró que las personas de esas agrupaciones les están vendiendo a gente, principalmente campesinos, paquetes hasta en 6 mil pesos e incluso afirmó que existe la promesa por parte de esa gente de llevarlos a trabajar en el país vecino.

Por ello el funcionario insistió en que la gente tiene que “poner ojo” y no aceptar la gestoría de dichas asociaciones.

Incluso Rosas Pineda manifestó que ya hay un caso de que a la encargada de la oficina de enlace de la SRE en Zihuatanejo, en una llamada telefónica la amenazaron con tomar las oficinas de no quitar el aviso donde se les pide a la población de que se deje sorprender por asociaciones que ofrecen tramitar visa y pasaporte.

Añadió que esta advertencia fue hecha por una persona que dijo ser de la Asociación Nacional Campesina.

Rosas Pineda también abundó que en el caso de la agrupación Frente Agrícola de La Montaña llegó información acerca de que esa organización tiene sus oficinas en carretera México-Chilpancingo, kilómetro 269.5 del bulevar Lázaro Cárdenas, en Chilpancingo, y teléfono 017474947525.

Agregó que presuntamente dicha organización es dirigida por Jesús Montalvo, a quien ya le llamó y le dejó un recado con su secretaria, con el fin de entrevistarse con él y hablar de dicha actividad.

Sin embargo, Rosas Pineda asentó que hasta el momento no le llamado Jesús Montalvo.

Acerca de la posibilidad de demandar a dichas organizaciones, el delegado de la SRE aseguró que la dependencia no tiene esa posibilidad.

Recordó que en el caso de Acapulco, recibieron la llamada de una mujer de quien se reservó el derecho a dar su nombre para no ocasionarle algún problema, donde preguntó si le recomendaban el servicio de una organización para que tramitara ambos documentos, sin embargo aseguró que le aclararon que la SRE no avalaba ese tipo de situaciones.

Rosas Pineda criticó que se abuse de las personas que no tienen estudios y que por medio de esas organizaciones hacen esos trámites que no les genera perdida de su dinero de pago por los derechos, pues cuestionó que pasará con el dinero que pagó alguien a alguna de las asociaciones y que no le hallan logrado tramitar dichos documentos.

Llamó a la población no dejarse sorprender, pues acentuó que en el caso de la SRE, en el caso de no lograr obtener el pasaporte, se les regresa el dinero.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Colonos del residencial El Hujal de Zihuatanejo demandaron la intervención de la Secretaría de la Función Pública (antes de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Secodam), para que se analice la labor de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en torno a la deforestación de una reserva ecológica conocida como Cerro Viejo.

La intervención de la Secodam fue solicitada para buscar el freno legal al ecocidio que ocurre en la reserva ecológica.

Y es que con fecha 2 de abril del 2001 y mediante el dictamen 2001/04/49/38 la Profepa dictaminó sanción pecunaria en contra del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo y el ejidatario de Agua de Correa Félix Valdovinos Valdés, por ser responsables del cambio de uso de suelo y la deforestación del cerro del Fovisste, Cerro Viejo y áreas de reserva del punto conocido como Vaso de Miraflores. Los vecinos señalan que no se ha detenido la deforestación y por el contrario, se han construido 20 casas de material y bajareque dentro de la reserva ecológica.

La señora Patricia Rodríguez Torres denunció el pasado 3 de abril ante el  Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Fibazi, la Profepa y otras dependencias por negligencia y omisión y sobre todo, porque señalan que en el caso del fideicomiso se han promovido asentamientos irregulares en Cerro Viejo en tiempos electorales para obtener votos a favor del PRI. Esto se desprende de hechos anteriores, y de la actual proliferación de viviendas precaristas en la zona justo ahora que inicia el proceso electoral de diputados.

De denuncias que datan desde el año 2001, se desprende que debido a problemas entre el ejido de Agua de Correa y el Fibazi por la expropiación de 34 hectáreas de más a las autorizadas en el decreto correspondiente de fecha primero de febrero 1973. Esto ha sido aprovechado por los ex representantes ejidales Félix Valdovinos Galeana y Salvador Olea Ruiz quienes han promovido la deforestación de una reserva ecológica ante la tolerancia del Fibazi con quien disputan legalmente las áreas y quien se atribuye la propiedad sin cumplir con el resguardo que le compete para evitar estos problemas.

En el lugar ya se apersonó gente de Desarrollo Urbano Municipal que constató la existencia de unas 15 casas dentro de la reserva ecológica, tres de las cuáles son de material según información proporcionada por personal de la dependencia.

Los precaristas dicen tener sustento legal en sus ocupaciones debido a que la tierra está en disputa ante el Tribunal Unitario Agrario y que la razón asiste a los ejidatarios.

Sin embargo, ejidatarios que promueven la venta como Félix Valdovinos, fue destituido como tal según documentos oficiales de la asamblea que fueron presentados por el actual comisario ejidal Jesús Solís Solano.

 Karina Contreras Habitantes de Yerbasantita, comunidad de la sierra de Coyuca de Benítez, exigen la liberación del dirigente de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), Bulmaro Estévez Morales, detenido el 16 de marzo acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y aseguran que es un delito fabricado por el gobierno del estado.

Más de 40 habitantes de esa comunidad de la sierra acudieron a la redacción de El Sur acompañados por su abogado José Sánchez Sánchez, luego de que hubo un careo con los testigos de cargo.

El abogado dijo que la detención de Bulmaro Estévez fue ilegal y que en el careo se le dijo al juez Esteban González Chávez, que los habitantes de Yerbasantita presumen que la detención del campesino es un acto de venganza del gobierno, esto, porque el pueblo tiene una tradición de lucha por las injusticias que se remontan a la época del guerrillero Lucio Cabañas.

Sánchez señaló que hay preocupación entre los pobladores, ya que el clima de detenciones arbitrarias puede ampliarse, porque cuando fue detenido Bulmaro Estévez Morales fueron amenazados por el comandante Efraín Saldaña Maldonado, advirtiendo que seguía la líder de la OCSS, Virgilia Galeana, ya que Bulmaro es el segundo dirigente en Yerbasantita.

Dijo que están seguros que el arma se le sembró al campesino, por lo que exigen que se esclarezcan los hechos. Recordó que de esa comunidad ha habido muchos desaparecidos y que ahora el gobierno está fabricando delincuentes en las comunidades.

Sánchez señaló que al parecer el secretario de Gobierno, Luis León Aponte, está empezando una persecución, esto aunque ya no es secretario de Seguridad Pública, ya que está empecinado en fabricar delincuentes.

Sobre el careo, dijo Sánchez que aunque los testigos ratificaron los cargos, éstos se mostraron nerviosos. La causa penal  que se le sigue es la 22/2003/II-1.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Ante la alerta sanitaria lanzada para evitar que entre a México la neumonía atípica, autoridades migratorias, sanitarias y del sector turístico reforzaron desde ayer la vigilancia y coordinación en el muelle principal y el aeropuerto internacional de Zihuatanejo.

El director del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), Angel Peñaloza Moctezuma informó que en todo el país se han establecido programas para evitar que entre a México la neumonía atípica y ante hoteleros y empresarios locales involucrados con la atención al turista, dio a conocer los lineamientos del cerco sanitario que se deben aplicar para evitar la propagación de Síndrome Agudo Respiratorio (SAR), mejor conocido como neumonía atípica.

En el encuentro participaron representantes de Migración, Aduana, Sectur, Sefotur, Ssa, médicos y empresarios del sector turístico local, a quienes por su labor tienen contacto con extranjeros, se les dieron indicaciones para hacer revisiones en las aduanas y estrechar la vigilancia sobre todo con personas que hayan viajado a Asia.

Peñaloza Moctezuma y el director de los Servicios Municipales de Salud, Esmir Balanzar Sagrero explicaron que la neumonía atípica es un padecimiento contagioso que afecta las vías respiratorias en forma progresiva que puede incluso causar la muerte debido a que a la fecha no existen tratamientos ni vacunas para contrarrestar sus efectos por lo que se ha puesto a nivel nacional especial atención para evitar que la enfermedad se propague de un país a otro, especialmente de quienes han viajado a países asiáticos.

Se dio a conocer la creación de un área de aislamiento para “casos sospechosos” en el hospital general Bernardo Sepúlveda a fin de turnar a cualquier enfermo que presente los síntomas de la neumonía atípica y que haya viajado a Asia, con el fin de evitar  de antemano la propagación del contagio.

 * En conferencia de prensa, el alcalde insiste en que el gobierno de René Juárez da un uso electoral a la ayuda a los adultos mayores

 Ossiel Pacheco * El alcalde Alberto López Rosas acusó al gobierno del estado de reaccionar de manera “violenta e irrespetuosa” con la publicación de desplegados contra el ayuntamiento donde responsabiliza a éste de pretender suspender el programa Pensión Guerrero, e insistió en que la administración de René Juárez Cisneros pretende darle un uso electoral a la ayuda a los adultos mayores.

Ante la magnitud de la respuesta a la controversia constitucional que puso el municipio, el alcalde convocó a una conferencia de prensa en su oficina y reiteró que no se pretende la suspensión del programa y que lo único que siempre ha exigido el ayuntamiento es que haya coordinación entre los dos niveles de gobierno para su aplicación en cumplimiento de lo establecido en el decreto del presupuesto de egresos del gobierno del estado, el artículo 115 constitucional y la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Recordó que en enero pasado la secretaria municipal de Desarrollo Social, Rossana Mora Patiño, asistió a reuniones con la Sedesol estatal, en las que se habló de lanzar una convocatoria para la inscripción de adultos mayores de 65 años en los cinco principales municipios del estado, y de establecer acuerdos para la coordinación del programa. Posteriormente, al 6 de enero “no hubo comunicación ni volvieron a convocar a las dependencias municipales y días después se lanzó una convocatoria sin tomar en cuenta al municipio”.

Después, siguió el alcalde, de Chilpancingo “nos indicaron que el estado manejaría de forma exclusiva el programa y que no había motivo para coordinarse con el gobierno municipal”.

Ante esto, explicó López Rosas, fue que se decidió acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer una controversia constitucional, que fue  admitida el jueves pasado y notificada el mismo día al gobierno del estado.

Calificó que los desplegados publicados en algunos diarios locales para dar cuenta de esta notificación constituyen una “reacción violenta” del gobierno del estado, pues “se trata de desplegados irrespetuosos, desbordados en cuanto a conceptos y que se apartan de todo razonamiento jurídico para pretender confundir a la sociedad”.

Precisó que en el Plan de Desarrollo Municipal que dio a conocer en su toma de protesta adelantó que su gobierno impulsaría un programa de apoyo a adultos mayores. Sin embargo, de manera súbita el gobierno del estado retoma ese programa y el Congreso del estado dispone de 120 millones de pesos para los municipios de Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Taxco y Chilpancingo, pero “el estado está encaminado más a propósitos electorales, tal como lo demostramos”.

Durante la conferencia de prensa el alcalde porteño mostró fotografías de sitios donde se levantaron inscripciones del programa Pensión Guerrero, en los que resalta el logotipo del PRI y además el formato que utilizó este partido para afiliar a los beneficiarios.

Denunció que el gobierno del estado utiliza oficinas del PRI para ganarse voluntades a través de este programa, todo lo cual “dejamos acreditado por lo que tuvimos que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La controversia constitucional, precisó López Rosas, reclama la inaplicación u omisión del artículo 5 del decreto del presupuesto de egresos de 2003 del estado de Guerrero aprobado por el Congreso el pasado 27 de diciembre que establece que el gobierno del estado establecerá relaciones de coordinación para la ejecución de los programas sociales, entre ellos, Pensión Guerrero al que se destinarían 120 millones de pesos.

Entre los argumentos se alega que en materia de asistencia social los ayuntamientos tienen la facultad de promover los diversos programas en coordinación con las autoridades estatales.

También se reclama la omisión por parte del órgano ejecutivo estatal del gobierno del estado “al no proveer en lo conducente dentro de la esfera administrativa todo lo relativo a la aplicación y distribución de los dineros destinado al programa piloto de Pensión Guerrero”.

 Nelly Bello * Mientras que la senadora panista María Luisa Calderón Hinojosa criticó el manejo político que tienen los gobiernos con programas de asistencia social, como Pensión Guerrero, el presidente de la delegación del PAN en el estado, Francisco Rodríguez Otero, reprochó al alcalde Alberto López Rosas que no permita trabajar al gobernador priísta René Juárez Cisneros.

Entrevistada luego de tomar protesta a los candidatos del PAN como coordinadora de la quinta circunscripción, Calderón Hinojosa, dijo que el trasfondo del conflicto entre el municipio y el estado por el programa de asistencia social para adultos mayores Pensión Guerrero –que devino en una controversia constitucional– es por los beneficios y parcela política que éste crea. Incluso desestimó el sentido de la controversia pues dijo que los programas sociales son de concurrencia de los tres órdenes de gobierno.

Recordó que los gobiernos del PRD fueron los primeros en trabajar este tipo de programas de asistencia social para adultos mayores. Y aunque primero dijo no tener información suficiente para hacer un juicio porque desconocía el origen de los recursos, luego opinó que al PRD le ha funcionado mucho: “primero porque es una bandera muy popular y en segundo porque tiene control sobre el padrón de beneficiados y son los que por ejemplo en el DF participan en las encuestas”.

Consideró que los ciudadanos mayores de 60 “y aún los de 45” son grupos vulnerables porque México se convierte “en un país de viejos” que cada 15 años duplica la población mayor de 60 años. Aunado al incremento en el número de adultos mayores, señaló que los gobiernos federales del PRI no prepararon al país, con infraestructura y recursos, para un programa de pensiones universales por lo que “cada que se toca el tema, sale alguien que quiere ser el papá de la criatura y el que no es el iniciador no quiere que se haga para no perder el punto de popularidad”.

–¿Con esto quiere decir que en Guerrero están tratando de formar parcela política y que es envidia entre partidos?

–Sí, si se trata de recursos del estado y que esta autoridad es la única que utilizará su propia infraestructura burocrática para levantar el padrón pues solo el estado podrá tener derechos.

“El asunto del desarrollo social es de competencias compartidas, es decir no compete solo a la federación, estados o municipios sino que es una tarea concurrente donde cada uno puede hacer su parte, en ese sentido es probable que la controversia no tenga sentido porque es una tarea de concurrencia”.

Adelantó que la cámara baja trabaja en una Ley de Asistencia y Desarrollo Social para definir legalmente que los programas de este tipo son concurrencia y responsabilidad del estado mexicano. “En este caso (Guerrero) se están tratando de jalar banderas políticas, que es lamentable porque si hay sector vulnerable son los adultos mayores”.

En el mismo sentido, el presidente de la delegación panista en Guerrero, Francisco Rodríguez Otero calificó de injusta e intolerante la actitud del alcalde Alberto López Rosas porque consideró que la partida presupuestal para el programa fue aprobada por el Congreso del Estado, “por los diputados de las distintas fuerzas, incluidos los del PRD”.

Acusó a López Rosas de atentar contra los adultos mayores como beneficiarios porque “lejos de criticar debería sumarse en los esfuerzos para dar una buena respuesta y ayudar a los adultos en plenitud” y “no querer solo capitalizar políticamente” pues dijo que el alcalde “siente que algún otro aspirante de su partido ya le lleva ventaja o camino avanzado hacia Casa Guerrero”.

Señaló que la queja de López Rosas es porque sabe que el programa puede redituar políticamente al PRD en Guerrero pues cuenta con la experiencia del jefe de gobierno del DF Andrés Manuel López Obrador. “Lo maquinaron para ganar adeptos, eso es un error político pero deben dejar que trabajen todas las fuerzas de gobierno”.

El presidente del PAN en Acapulco Andrés Castrejón Mendoza dijo que Pensión Guerrero puede tener muy buenas intenciones pero “es bastante incompleto” porque debió destinarse a las ciudades con mayor pobreza, como los municipios de la Montaña; el monto es demasiado bajo, “sirve pero no es gran ayuda”; y esta dentro de un marco inestable de ilegalidad.

Rodríguez Otero habla de lo que llama “el veto de Beto”

Por otra parte, el presidente de la delegación panista en Guerrero, Francisco Rodríguez Otero, reprochó la cerrazón del alcalde Alberto López Rosas para para discutir en sesión de Cabildo la reasignación de recursos aprobados en el presupuesto de egresos.

Entrevistado luego de presenciar la toma de protesta de los candidatos panistas a diputados federales, Rodríguez Otero llamó insistentemente “el veto de Beto” a la actitud del alcalde para evitar discutir en sesión ordinaria o extraordinaria de Cabildo, la propuesta de un grupo de ediles para reasignar recursos y hacer un llamado público a algunos funcionarios que no permiten opiniones a los ediles.

“Aplicó su derecho en la Ley Orgánica para vetar las propuestas”, dijo.

Explicó que la intención de la representación panista en el Cabildo era reducir el presupuesto que asignó López Rosas a Comunicación Social y reasignar el recorte a la Dirección de Salud porque consideró que los recursos son utilizados para promover la imagen del primer edil “sale mucho en los periódicos”.

Asimismo apoyaría la petición para que algunos funcionarios atiendan a los regidores porque “hay soberbia de ellos que les impide a los ediles opinar o ver la administración municipal. El presidente no quiere que le quiten el dinero para fortalecer su imagen a costa del presupuesto público”.

 * El ayuntamiento de Acapulco persigue fines electorales, dice el secretario Huicochea y anuncia que continuará la entrega de los 400 pesos mensuales a los adultos mayores

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos, Gustavo Morlett Berdejo dijo que Pensión Guerrero es un programa estatal, con recursos del gobierno del estado y que no invade la autonomía municipal, por lo que no ve ninguna posibilidad de que proceda la controversia constitucional presentada por el ayuntamiento de Acapulco.

En tanto, el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Huicochea Vázquez advirtió que pese a la controversia continuará la entrega de los 400 pesos mensuales a los adultos mayores de 65 años inscritos.

En una conferencia de prensa vespertina el viernes con el subsecretario de Sedesol Jesús Vargas Vargas, Huicochea y Morlett insistieron en que el programa está sustentado legalmente y que no invade ninguna área del gobierno municipal o federal.

Tampoco tiene tintes políticos o partidistas, “pues se entrega sin distingos de posturas partidistas o ideologías”, insistió Huicochea y dijo que en cambio el ayuntamiento de Acapulco sí busca fines electorales al pretender ser incluido como ejecutor del programa.

Asimismo, aseguró que la controversia constitucional presentada por el ayuntamiento de Acapulco ante la Suprema Corte de Justicia busca cancelar el programa al pedir que se declare la invalidez del mismo “a pesar de que se trata de una conquista social”.

El funcionario insistió en que el programa no tiene tintes electorales

En tanto, el subsecretario Morlett indicó que la controversia “no es por la ilegalidad del programa, sino porque ellos (las autoridades de Acapulco) buscan participar en la ejecución del programa”.

–¿Cual es la objeción del gobierno estatal para que participe el ayuntamiento de Acapulco en la ejecución del programa?  ¿Por qué se dejó llegar el caso hasta la controversia constitucional? El síndico de Acapulco Marcial Rodríguez declaró que antes de la presentación del recurso buscaron llegar a acuerdos con el gobierno estatal.

–Si, ese es el objetivo (participar en la ejecución del programa), pero se trata de un programa estatal, con recursos del gobierno del estado y no estamos invadiendo la autonomía municipal. El representante legal del Ayuntamiento es el síndico y él no nos envió ningún documento solicitando algún acto de coordinación –contestó Morlett.

Al final de la conferencia, los funcionarios reconocieron sin embargo que funcionarios del Ayuntamiento de Acapulco enviaron una propuesta de convenio de coordinación para la operación del programa. El documento fue firmado por la secretaria municipal de Desarrollo Social, Rossana Mora Patiño y propone que para la ejecución del programa el gobierno del estado se compromete a incluir en los documentos de Pensión Guerrero, como anuncios o convocatorias el escudo del ayuntamiento de Acapulco.

Sin embargo, los funcionarios descalificaron la propuesta de convenio con el argumento de que la funcionaria que firma el documento no tiene la acreditación legal, pero que además el citado documento va dirigido al secretario de Desarrollo Social Heriberto Huicochea Domínguez y no a Heriberto Huicochea Vázquez. “A Huicochea Domínguez no lo conocemos”, dijo Jesús Vargas.

Huicochea Vázquez advirtió en otro momento del encuentro con la prensa que el gobierno estatal no va a permitir “que nos descalifiquen el programa porque no es ilegal otorgar apoyo económico a más de 10 mil ancianos”, en referencia a los inscritos en los municipios de Acapulco, Uguala, Chilpancingo, Taxco yZihuatanejo comprendidos en Pensión Guerrero.

 * El Congreso aprobó el presupuesto, pero no que se margine a los municipios, responde Beatriz González

 El presidente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre, dijo que Pensión Guerrero busca la captación de votos para el PRI y que por ello con la controversia el ayuntamiento de Acapulco busca, no que se cancele el programa, sino que los recursos se entreguen con la participación de los ayuntamientos.

Mora anunció que la dirigencia estatal otorgará todo el apoyo al alcalde Alberto López Rosas contra la actitud “deshonesta” del gobierno del estado”.

Y es que, dijo, “el dinero del programa es de todos y resulta que nada más el gobierno del estado o Rene Juárez es el único benefactor de los ancianos”.

El dirigente estatal del PRD informó que este sábado se reunirían con el alcalde López Rosas para buscar mecanismos de coordinación e impulsar el apoyo al ayuntamiento que preside y dar seguimiento a la controversia constitucional.

Por su parte, la presidenta del PRD en Acapulco Beatriz González Hurtado aclaró que si en su momento el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la partida presupuestal para el programa Pensión Guerrero, “no aprobó el método” de los funcionarios estatales que desplazan a los municipios.

Entrevistada vía telefónica, González Hurtado dijo que “el ayuntamiento hizo lo propio” ante la intención del gobernador René Juárez Cisneros de manejar programas de forma clientelar “como es su costumbre, donde se brinca la autonomía de los municipios”.

Criticó que el gobierno estatal publicó un desplegado en algunos medios locales donde acusan al gobierno de López Rosas de pretender un culto a la personalidad, que ella llamó “protagonismo” porque dijo que el Congreso local aprobó el presupuesto “pero no el método”.

Dijo que los municipios deben coadyuvar con la instancia estatal, pero el gobierno del estado debe también actuar con respeto a los municipios.

Ejemplificó con los convenios de seguridad que marcan la concurrencia de los tres órdenes de gobierno. Recordó que aunque Juárez Cisneros llamó Pensión Guerrero al programa, se trata de un sistema que nació en los gobiernos del PRD “y hoy que se logra se lo quieren adjudicar para ellos solos, debe respetar a los municipios, sólo pedimos congruencia”. (Zacarías Cervantes en Chilpancingo y Nelly Bello en Acapulco).