* Alfredo Adolfo Gutiérrez Argudín, de 60 años, era suegro de la hermana de Ernesto Rodríguez Escalona y sobrino del ex alcalde Alfonso Argudín * Salió de su domicilio el lunes y llamó a sus familiares para que le llevaran 10 mil pesos al hotel Calinda porque había tenido un problema, según un reporte de la PGJE

 Alfredo Mondragón * Tirado a la orilla de la carretera Acapulco-San Marcos, en el poblado Tres Palos, boca abajo, vendado de los ojos con cinta canela, con un balazo en la frente y otro en la nuca, fue encontrado el cuerpo de Alfredo Adolfo Gutiérrez Argudín, de 60 años de edad, quien presuntamente fue secuestrado.

El ejecutado era suegro de Cecila Rodríguez Escalona, hermana del dos veces candidato del PRI a alcalde de Acapulco, Ernesto Rodríguez Escalona, y sobrino del ex alcalde Alfonso Argudín Alcaraz –del periodo 1983-1986–, comentaron fuentes cercanas a la familia.

Un reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado indica que la víctima salió de su domicilio el pasado lunes por la tarde a bordo de su vehículo marca Honda, y que llamó a sus familiares para que le llevaran 10 mil pesos al hotel Calinda porque había tenido un problema, pero no da más detalles.

A las 8 de la mañana, el comandante de la Policía Judicial del Estado del sector El Coloso, Francisco Javier Cortés Osorio, recibió una llamada telefónica de Mateo López Castillo, propietario del restaurante Las Palmeras, ubicado en la carretera federal Acapulco-San Marcos, para informar que había un cadáver tirado a la orilla del asfalto.

Agentes de la PJE acudieron al lugar de los hechos acompañados del agente del Ministerio Público del fuero común Gabriela Alvarez Torres y del perito del Servicio Médico Forense, David Rodríguez Méndez, quienes encontraron a la víctima tirada en la orilla de la carretera, boca abajo, vendada de los ojos con cinta canela y con dos balazos en la cabeza, al parecer calibre 9 milímetros.

La MP Gabriela Alvarez hizo una revisión al occiso y encontró entre sus pertenencias una credencial del IFE que lo acredita con el nombre de Alfredo Adolfo Gutiérrez Argudín, con domicilio en calle Horacio Nelson número 95, del fraccionamiento Costa Azul, y junto con los agentes de la PJE comenzaron las indagatorias entre los pobladores.

Fue un campesino que salió a pastar su caballo quien encontró el cuerpo tirado en la carretera y se lo comentó a una vecina –cuyos nombres omitimos debido a que se encuentran declarando ante el MP en calidad de testigos–, la cual dijo a las autoridades haber escuchado, como a la 1 de la madrugada, varias detonaciones, pero no salió ver qué sucedía por temor a que le hicieran algo. 

La Procuraduría General de Justicia empezó la averiguación previa Tab/COL/M2/256/03 y encontró en el lugar del crimen un cartucho, un cascajo y una ojiva de pistola calibre .9 milímetros.

Las primeras indagatorias indican que los homicidas ejecutaron a la víctima sobre la carretera, y huyeron a bordo de un vehículo hacia el poblado de San Marcos.

Aproximadamente a las 2 de la tarde llegó a las instalaciones del Servicio Médico Forense Carlos Hernández Albarrán, ex integrante del comité de campaña de Ernesto Rodríguez Escalona, y algunos de los integrantes de la escolta del ex candidato.

Carlos Hernández Albarrán, actual asistente del director de Comunicación Social del gobierno del estado, César Bajos Valverde, sólo se limitó a confirmar que la víctima era “pariente” del ex alcalde Argudín Alcaraz, y que efectuaba los trámites para que la agencia Manzanares llevara el servicio funeral.

El resultado de la necropsia practicada a Gutiérrez Argudín indica que recibió dos disparos de arma de fuego en la región occipital penetrantes con salida frontal, lo que le provocó hemorragia externa e interna con desgarre cerebral, reportó el  Semefo.

La víctima había pedido dinero a su familia

Por otra parte, trascendió que el director de la PJE, Ricardo Leonel Coronel; el comandante regional Alfredo Camacho Millán y el comandante Francisco Cortés Osorio efectuaban ayer recorridos en las inmediaciones del poblado de Tres Palos presuntamente porque están identificados los homicidas, de los cuales se habla que eran dos hombres morenos.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que el empresario salió la noche del lunes a bordo de su vehículo e hizo una llamada telefónica a sus familiares para que entregaran 10 mil pesos a unas personas en la Costera, cerca del hotel Calinda, el martes por la mañana.

Los presuntos responsables llegaron a cobrar el posible rescate a bordo de un taxi, pero encapuchados, y recogieron le dinero y se retiraron. Señalan que también el hoy occiso retiró dinero de un cajero automático, por lo que fuentes judiciales deducen un secuestro express.

El subprocurador de Justicia, Antonio Nogueda Carvajal, al ser entrevistado por el noticiero Al Tanto, que conducen Amado Ramírez y Anituy Rebolledo, rechazó que Gutiérrez Argudín haya sido secuestrado porque “no hubo una privación ilegal de la libertad ni solicitud de rescate, todo indica que fue una ejecución”.

Nogueda Carvajal informó que por instrucciones del procurador Jesús Ramírez Guerrero enviaron a dos agentes del Ministerio Público de Chilpancingo a reforzar las investigaciones que realizará el MP del sector El Coloso, y que el director de la PJE encabezaba las investigaciones.

 Alfredo Mondragón * Un teniente y un subteniente del Ejército Mexicano, uno de ellos proveniente del Toluca, estado de México, fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial del Estado, presuntamente tras haber asesinado de siete balazos ayer por la madrugada a un guía de turistas de playa Pie de la Cuesta; sin embargo, los soldados niegan el crimen.

Los detenidos son el teniente Arturo Palacios, perteneciente al 22 Batallón de Infantería con sede en Toluca estado de México, y el subteniente, Roberto Xochihua, destacamentado en el 18 Batallón con sede en la novena Región Militar, quienes exigen a la Procuraduría la prueba de radisonato de sodio para demostrar que no dispararon.

El guía Víctor Hugo Sarabia Ríos, de 23 años de edad, fue asesinado en el patio de la casa propiedad de Fernanda Irra Venavidez, ubicado frente al Restaurante Chuy de Pie de la Cuesta y los autores habían huido a bordo de un vehículo marca Nissan tipo Tsuru, dijo a la Policía Preventiva, María de Jesús Ríos Irra, tía de la víctima.

Más tarde, Humberto Adaly Ríos Torres, primo del occiso, solicitó el auxilio de la PJE destacamentada en la colonia Jardín Azteca, debido a que los autores del crimen de su familiar estaban injiriendo bebidas alcohólicas en el restaurante Papantla, por ello la judicial acudió y detuvo a los militares.

La PJE tras una revisión corporal decomisó a los militares una pistola calibre .380, con un cargador y cuatro cartuchos útiles; y dos pistolas calibre .9 milímetros y el vehículo marca Tsuru modelo 99 color gris, placas PVE2434 del estado de Morelos.

Sin embargo, el teniente Arturo Palacios negó haber cometido el crimen debido a que hace 8 días llegó al puerto a visitar a su colega y dijo no saber por qué la judicial los detuvo y exigió a la Procuraduría, le practiquen la prueba de radisonato de sodio, para demostrar que no disparó.

 Alfredo Mondragón * El incendio de una camioneta en el interior del estacionamiento del banco Banamex, ubicado a un costado de bodega Aurrera, sobre la Costera, provocó ayer una movilización de policías.

La conflagración propició que agentes de seguridad privada del banco evacuaran al personal y que policías preventivos acordonaran el área, pero sólo se quemó en su totalidad el motor de la camioneta.

El incidente sucedió ayer aproximadamente a las 15:30 horas, en el interior del estacionamiento, cuando el motor de la camioneta Ford, tipo Expedition, color verde, modelo 2002, placas de circulación GZY8237, comenzó a incendiarse.

El conductor Alfredo Barbosa Rendón, propietario del hotel Playa Suave, ubicado a un costado del mercado de artesanías Noa–Noa, al salir de la institución bancaria pretendió apagar el fuego, e incluso se desmayó debido a que inhaló bióxido de carbono.

Paramédicos del cuerpo de Bomberos, quienes arribaron al lugar a sofocar el siniestro a los tres minutos de la llamada, otorgaron los primeros auxilios al conductor pero no requirió atención hospitalaria.

 Ossiel Pacheco * El alcalde Alberto López Rosas dijo que los comerciantes establecidos en la Costera desautorizaron a la comisión de Turismo del Congreso del Estado para aplicar la encuesta que harían junto con el ayuntamiento pasando la Semana Santa para evaluar la permanencia de la restricción de estacionarse en esa vía.

En entrevista confirmó la suspensión de la encuesta acordada pues los inconformes acudieron después con el presidente de la Coparmex, Jorge Bajos Valverde, con quien abordó el tema y hubo la coincidencia para la suspensión de la encuesta, “se lo comenté y me expresó razón en el planteamiento que les exponía”.

Agregó que “decidimos agotar este acuerdo, una vez que los mismos inconformes desautorizaron a la comisión de Turismo del Congreso”, dijo.

El alcalde había acordado con los diputados locales que sería aplicada una encuesta para determinar la vigencia de esta disposición pasando la temporada de Semana Santa. Sin embargo, no hubo “comunicación para conocer los términos y la metodología para aplicar la encuesta”, precisó el edil.

“No hubo la disposición de algunos elementos que encabezan a los inconformes, pues habiendo acordado levantar una encuesta pasando la Semana Santa continuaron con los movimientos de desafío, rebeldía, ubicándose en la Costera, e incitando a los turistas para que se estacionaran”, precisó.

El alcalde aseguró que los comerciantes que se oponen a la restricción no enviaron un buen mensaje para la aceptación del resultado de la encuesta y se habría hecho un gasto que finalmente hubiera resultado inútil.

Finalmente sentenció que “si… el resultado no hubiera salido favorable a los comerciantes inconformes, al no haber garantías, decidí no hacer el gasto”.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Ejidatarios de Zihuatanejo exigieron al Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi) el pago del 20 por ciento de las utilidades generadas por los terrenos que ha vendido el organismo, así como la entrega de 186 hectáreas que se “tomó de más” sobre la expropiación original.

En un documento enviado al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda; al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y al gobernador René Juárez Cisneros, ejidatarios de Zihuatanejo encabezados por Gabriel Torres Avila reclamaron el pago de 20 por ciento de utilidades por las ventas que pretende hacer el Fibazi por arriba de la cota 70, específicamente por el desarrollo turístico del Cerro del Vigía (ubicado en la cota 150), el cual fue vendido en 29 millones 233 mil 248 pesos al grupo Construcciones Industriales Omega.

En el pliego los ejidatarios recuerdan que han promovido dos demandas ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 41en contra del Fibazi: una de ellas reclamando el 20 por ciento de las utilidades generadas por los terrenos que ya ha vendido el Fibazi desde su fundación, y la segunda es para exigir que se les restituyan las 186 hectáreas “que Fibazi tomó de más” al exceder los terrenos pactados en el decreto de expropiación .

Aseguran que el mismo gobierno del estado acordó entregar las 186 hectáreas para concluir el reclamo, pero a la fecha no ha resuelto el conflicto, por lo cual los ejidatarios advierten que se ven “obligados a buscar otras vías de comunicación que nos asegure que el gobierno del estado debe cumplir con su compromiso en un tiempo razonablemente breve”, además de garantizar que reciban automáticamente los beneficios de las ventas que hace el organismo por arriba de la cota 70.

 Nelly Bello * A casi un año del desalojo de más de diez marisquerías en la playa Hermosa, los socios de la Cooperativa La Poza insisten en acusar a la administración de Zeferino Torreblanca Galindo por la participación ilegal de la policía municipal en la movilización.

En conferencia de prensa en el café Astoria, pidieron a la Profepa derribar una barda que  quien se ostenta como dueño construyó luego del desalojo.

Ayer por la mañana, los cooperativistas llegaron acompañados por algunos vecinos de La Poza, El Podrido, Bonfil y otros poblados. El presidente de la Sociedad Cooperativa La Poza, Martín Zavaleta Aguilar, acusó a Torreblanca Galindo de otorgar el permiso ilegal para que los apoderados legales Prometeo Hernández Serna y Reinol Gómez Escalera comenzaran la construcción de una barda perimetral para cercar el predio en conflicto.

Zavaleta Aguilar aseguró que la barda, además de representar contaminación visual porque no permite ver el mar, provoca contaminación real a la playa porque en su momento el escombro o desechos de su construcción fueron colocados en el litoral.

La madrugada del 28 de abril de 2002, un centenar de policías antimotines llegaron al terreno ubicado en el Kilómetro 15 de la carretera a Barra Vieja –cerca de la casa de Luis Miguel–, para derruir con marros y morosierras una decena de precarios restaurantes que ocupaban mil 200 metros de la playa. (El Sur 1843)

Los afectados fueron reubicados en 1997 del fraccionamiento Copacabana, previo acuerdo verbal con el entonces delegado de Semarnat, Pablo González Villalva, con el compromiso de tramitar un permiso. Pero desde que llegaron al predio fueron hostigados por Luis Alcantara Morfin, quien ostenta la propiedad de un predio vecino y aduce la del predio que ocupaban.

En la conferencia, Zavaleta Aguilar aseguró que el entonces alcalde Zeferino Torreblanca envió policías privados y preventivos, quienes “con lujo de violencia” y “abuso de autoridad” desalojaron el predio por orden de los abogados Hernández Zamora y Gómez Escalera, “sin previo juicio ni mandamiento escrito de alguna autoridad administrativa”.

Recordó que luego de destruir las palapas de los restaurantes cavaron una zanja “de más de cien metros” para enterrar los escombros y enseres de los restaurantes, “sin importar la contaminación” y permanecen allí “como mudos testigos de la impunidad municipal”.

Reprochó que luego del desalojo el ex alcalde autorizó la construcción de la barda perimetral, que llamó “muro de la ignominia” porque bloquea el libre paso, con lo que permitieron el arranque de vegetación, mojoneras y dunas naturales, y la contaminación al mar por escombro.

Un mes después de construida la barda Profepa ordenó la demolición, sin embargo la construcción sigue en pie “sin razón” legal.

Pidió a nombre de sus agremiados que Profepa y el ayuntamiento contribuyan a tirar la barda y evitar la entrega de permisos a “unidades habitacionales” en el margen de la playa, para evitar la contaminación de la playa con materia fecal.

 Jorge Nava * El vocero de Prensa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Guerrero, Juan Salas Domínguez informó que diario se efectúan hasta 40 exámenes toxicológicos a conductores del Servicio Público Federal.

Entrevistado por teléfono, Salas Domínguez abundó que hasta la fecha sólo tienen registrado el caso de un conductor de la empresa Estrella Blanca, que no se le permitió conducir porque estaba cansado.

Señaló que diariamente se practican cuatro exámenes toxicológicos, e igual número de alcoholímetro sensor, además del examen médico en operación.

Aseguró que de los casos atendidos hasta el momento no se ha registrado ninguno que halla salido positivo por droga o alcoholizado.

Indicó que tampoco se ha registrado algún accidente de autobús de pasajeros.

Celebró que el dispositivo 30 Delta, que lleva a cabo esa dependencia con apoyo de la Policía Federal Preventiva, división caminos, les está dando buenos resultados.

Informó que será el próximo viernes cuando el módulo de la SCT, instalado en la Autopista del Sol, sea retirado, mientras que los módulos instalados en la terminal de Estrella de Oro y Estrella Blanca, Ejido, son permanentes.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El alcalde Amador Campos Aburto alertó sobre la existencia de una “guerra” contra este balneario, como parte de la cual se colocaron en Morelia, Michoacán, mantas que conminan a no visitar Ixtapa-Zihuatanejo.

En una conferencia de prensa previa a la inauguración de las primeras dos obras de pavimentación de su administración, Campos Aburto aseguró que “siguen los ataques” contra Ixtapa-Zihuatanejo, y los atribuyó a intereses de gobernadores y hoteleros de otros sitios turísticos para restarle afluencia a estas playas, que ha tenido durante dos años repuntes en su ocupación hotelera.

Reconoció que existe el problema de contaminación y que se trabaja por resolverlo, pero insistió en que no existe “riesgo sanitario”, como se lee en el letrero colocado por la Semarnat a la salida del canal de La Boquita, pues las brigadas médicas de la Dirección de Salud municipal no reportaron infecciones o enfermedades derivadas de contaminación entre los turistas atendidos durante la Semana Santa. El alcalde cuestionó el papel que ha desarrollado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Zihuatanejo. “Profepa no ha hecho la tarea. ¿Por cuánto tiempo no nos dejó en el abandono? Ahora sí se suelta con todo”, se quejó.

A la defensa de la playa principal del puerto se unió el síndico Joaquín González Ramírez, quien destacó la afluencia turística que hubo en Semana Santa.

Como parte de las medidas para el saneamiento de la bahía, el alcalde volvió a manifestarse porque el ayuntamiento tenga injerencia en el manejo de los recursos que capte el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo por la regularización de las 38 colonias irregulares, para evitar efectos negativos en la bahía.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Los restauranteros de la playa principal de Zihuatanejo que tiene contacto con la desembocadura del canal La Boquita tienen posiciones divididas acerca de la afectación a sus negocios como resultado del aviso sobre el “riesgo sanitario” que colocó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la desembocadura del canal de La Boquita.

Mientras algunos se dicen afectados severamente en sus ventas, otros manifestaron que la bandera roja provocó “inquietud” en algunos turistas pero no afectó su preferencia por consumir en sus negocios o nadar en la playa señalizada.

El dueño del restaurante El Marinero, Cristian Steve, dijo que la señalización le provocó pérdidas de servicios a su negocio aunque no las cuantifica todavía. Del miércoles al sábado estima que perdió una veintena de servicios puesto que su restaurante es el más cercano al sitio donde está la bandera roja y considera que sus ventas fueron a la baja en relación con la Semana Santa del año pasado.

El propietario del restaurante El Arbolito, Pedro Acosta Ayvar, indicó que sus ventas disminuyeron en un 50 por ciento y hasta tuvo que recortar su personal, sin embargo no atribuyó esto a la señalización de riesgo sanitario que pesa sobre la playa donde está su negocio, sino a “una recesión internacional, provocada tal vez por la guerra en Medio Oriente, y que se notó mucho en la temporada de turismo extranjero porque fue cuando estábamos totalmente vacíos cuando este es uno de los restaurantes tradicionales”.

El ex director de turismo municipal y encargado del restaurante Garrobos que se ubica en una calle paralela a la playa señalizada, Gregorio Lara Guzmán, reportó que sus ventas cayeron 45 por ciento en relación con el año pasado y sí atribuyó esto a la contaminación “porque mucha gente nos preguntaba si el marisco era fresco y de dónde era”.

Dijo que debido al “juicio sesgado” sobre la contaminación la gente llegó “escéptica” por lo que pidió a las autoridades estatales y municipales “dejar el populismo” y actuar  en consecuencia porque si bien hay contaminación no se puede dejar de lado que en este puerto hay una industria que genera ingresos y a la vez permite una relativa calma social que debe de conservarse.

En su caso informó que debido a la caída de las ventas tuvo que recortar su plantilla de personal de 17 a 10 trabajadores.

Dijo que hay un intento de desalojar a los pescadores y restauranteros de la playa principal, que revela un afán de “golpearlos” y de “sacarlos para que se mueran solitos”, porque les ponen la bandera de riesgo sanitario y la gente que llega ahí se asombra y opta por empezar a retirarse. Y luego viene la petición de desalojo contra el restaurante Tata’s y el rumor de que pretenden desalojar a todos los demás, que habla de una intención de “ahogarlos”.

El propietario del restaurante bar Tata’s, Ezequiel Bravo Vargas, dijo que el anuncio no afectó sus ventas en relación con la Semana Santa del año pasado “pero lo que se observa es que la gente viene y ya está bajando el número de gente que se mete a bañar, pero en lo que se refiere a las ventas creo que hasta nos fue mejor porque sí se quedaron a comer y nos preguntaron qué pasa con el canal por lo que optamos por aclararle que es de aguas pluviales”.

Bravo Vargas reveló que la única autoridad que se acercó en esta temporada fue la Profepa para pedirles que se desaloje toda la zona federal que ocupa a pesar de que tienen concesiones “porque alegan que es parte de la contaminación porque se desequilibra el medio ambiente con las palapas por eso ahora estamos hasta en juicio ahora”, similar al caso de que enfrentan los pescadores.

 * Preocupación de autoridades indígenas porque Arturo Lima y Luis León Aponte siguen calificando a la Policía Comunitaria de “ilegal” * Invitarán al gobierno a que se incorpore al foro del 18 de mayo en La Montaña

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La Asamblea Permanente de Pueblos, Organizaciones y Autoridades Indígenas de Guerrero (APOAIG), acordó ayer con el presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Sánchez Barrios y la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del estado, reactivar los trabajos para concretar la Ley de Cultura y Derechos Indígenas e invitar al gobierno estatal a que se incorpore en un encuentro a efectuarse el próximo 18 de mayo –todavía por confirmarse si será en Cualac o en Alcozauca–.

También les expusieron a los diputados su preocupación porque el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima y el secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, siguieran calificando a la Policía  Comunitaria como ilegal.

Los dirigentes indígenas presentes fueron Bruno Plácido Valerio, Aniceto Cárdenas Aguilar, Sidronio Aburto, Ciriaco Rojas Calixto y Erasto Cano; por los alcaldes de los municipios indígenas de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís; de Tecoanapa, Ignacio Luna; y de Copala, Oscar Bonilla.

Por los diputados del PRI, Carlos Sánchez Barrios, Enrique Ramírez, Gustavo González y Alicia Zamora. Del PRD los diputados indígenas Fidel Solano y Alfredo Jerónimo Cristino y Mauro García Medina; y de Convergencia, Félix Bautista Matías. Y el delegado del INI, Pedro de Jesús Alejandro.

Ante ellos el alcalde de San Luis Acatlán pidió “revivir” los trabajos de la Reforma Política para analizar la ley indígena para dotar de facultades a los pueblos y comunidades indígenas para que se le reconozcan sus usos y costumbres.

Les recordó a los diputados que el debate indígena no solo es de recursos sino de dignidad, que es el respeto a la forma de vivir, resolver y enfrentar sus problemas, “porque los indios no son mejores o peores sino diferentes”.

Agradeció que el Congreso local haya determinado dar facultades a los municipios para manejar sus recursos, pero ahora sigue dotar de esos mismos derechos a los pueblos y comunidades, “porque los diputados tiene el machete para abrir el camino a la reconciliación social en Guerrero”.

Les recordó que el gobernador en su programa de gobierno de 100 días concluyó “fortalecer a la Policía Comunitaria”.

Mientras que Erasto Cano les recordó que desde 1993 comenzaron el debate en Guerrero sobre los derechos indios y se fundó la Policía Comunitaria que empezó a detener a los delincuentes pero el Ministerio Público los soltaba convirtiéndose en uno de sus negocios.

Entonces fue que le dieron un giro a la función de la Policía Comunitaria y se creó el Consejo de Seguridad Comunitaria integrado por los comisarios municipales quienes dictaban el tipo de educación y rehabilitación que deberían dar a los delincuentes, y posteriormente dieron paso a conformar la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas que se encargó de la administración e impartición de justicia.

Entonces reclamó que el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez se haya referido a la Policía Comunitaria como un “grupo de ilegales”.

Dijo que eso les duele porque no son extranjeros sino pueblos originarios que han habitados estos lugares, pidió entonces instalar una mesa de trabajo para analizar la concretización de la ley indígena.

Por su parte Bruno Plácido Valerio señaló que el gobierno los reprime y luego busca el diálogo, por eso pidió respeto para buscar establecer la ley indígena.

También indicó que se sienten lastimados por haber sido señalados por el funcionario Arturo Lima como “ilegales”, porque en todo caso, reviró “los ilegales son ellos (los funcionarios) que roban y engañan” y demandó instruir a los cuerpos policíacos del estado a respetar a la Policía Comunitaria, propuso organizar un encuentro con los diputados en una próxima asamblea indígena y luego establecer un grupo de trabajo para crear la ley indígena.

Intervino el diputado del PRD, Alfredo Jerónimo para recordar que las organizaciones indígenas han definido que ya no quieren más foros o reuniones sino concretar ya los acuerdos establecidos en la pasada mesa central para la Reforma Política en el estado del año pasado.

Mientras que el diputado perredista Mauro García Medina propuso citar a una reunión con diputados e indígenas y calendarizarlo.

Por su parte el delegado del INI,  Pedro de Jesús Alejandro propuso retomar las experiencias y acuerdos establecidos anteriormente, además de que el Congreso local dote de los material bibliográfico a los pueblos indígenas para analizar sus propuestas y tomar una decisión.

Entonces el diputado Carlos Sánchez Barrios les dijo que existe la voluntad del Legislativo para entrar al estudio de la ley indígena, pero les recomendó no comenzar un nuevo debate porque ya se había avanzado y existían memorias de reuniones y foros y esos deberían utilizarse.

Propuso que la Comisión de Asuntos Indígenas participe en la reunión de la APOAIG y que de allí emanen los acuerdos y consensos para definir una iniciativa de ley indígena.

En este sentido se acordó que la APOAIG les confirmará si su próxima reunión será en Cualac el próximo 18 de mayo o en Alcozauca. Además se acordó hacer una invitación pública al gobierno del estado para que se integre.