Alfredo Mondragón * El agente de la Policía Preventiva Justino Hernández Carmen murió ayer en un hospital en el que permaneció cuatro días debido a que fue atropellado por un camión de Saneamiento Básico cuando perseguía a dos personas durante una riña entre estudiantes.

Hernández Carmen falleció ayer a las 1 y media de la tarde en el Hospital Regional del IMSS y este martes sus colegas le harán homenaje en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) debido a que murió en el cumplimiento del deber.

El policía municipal fue atropellado el 27 de marzo en la avenida Ruiz Cortines, cerca de la Escuela Secundaria de Trabajadores, por el camión de Saneamiento Básico, número T002, el cual transitaba con exceso de velocidad y cuyo conductor huyó.

El agente Hernández Carmen, quien cumpliría años el 4 de abril, fue atropellado debido a que perseguía a dos personas que habían participado en una batalla campal entre bandas juveniles de estudiantes de secundaria y preparatorias de la UAG.

El occiso estuvo bajo el mando del comandante Vianey Carranza Vega y anoche era velado en el poblado de La Venta en casa de sus padres, a quienes sus colegas esperan que el ayuntamiento pague los 240 mil pesos del seguro de vida por riesgo de trabajo.

Sergio Ocampo Arista, corresponsa, Chilpancingo * El rector de la UAG, Nelson Valle López presidió ayer la presentación del Plan de Previsión Social (PPS) en el auditorio del edificio de Rectoría, que propuso el Bufete Altamirano S.C. de Acapulco, para garantizar que el impuesto que pagan los trabajadores con relación a sus prestaciones disminuya.

Nelson Valle dijo que la UAG tiene contratos colectivos basados en conceptos muy antiguos, y advirtió que al no querer revisar los contratos colectivos de trabajo provoca que los trabajadores paguen más impuestos de lo que debiera cubrir.

Expuso que “con este Plan de Previsión Social, al menos 26 de las prestaciones que tenemos como trabajadores podrán ser desligadas del salario y con ello quedar exentas del pago del impuesto, lo cual sería muy favorable para los trabajadores”.

Indicó que de aceptarse la propuesta del PPS no se evadiría la responsabilidad de pagar impuestos, sino “simplemente estaríamos delimitando lo que es impuesto para la Secretaría de Hacienda y devolverlo por la vía correspondiente, y la otra opción sería continuar pagándole a la SHCP lo que no le tenemos que devolver, y afectamos al trabajador”.

Mencionó que la propuesta del PPS está siendo certificada por el contador Juan Carlos Rueda López: “Nos contactó con esta empresa para que nos presentara un Plan de Previsión Social, y el importe que le pagamos es muy bajo, y no es ni siquiera considerable la cantidad que se le está pagando por esa propuesta”.

Valle López dijo que la última palabra la tienen los sindicatos universitarios, STAUAG, y STTAISUAG para que se autorice esta propuesta: “Lo único que tenemos que hacer es ir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), y depositar las modificaciones a los contratos colectivos de trabajo sólo en términos de concepto, no hay que modificar ninguna cláusula, lo que se tiene que modificar son los conceptos”.

Aseguró que con el PPS estarán garantizadas las prestaciones a los trabajadores “y lo más importante, es que el impuesto que pagan se vea disminuido, y que en lugar que se vayan los recursos para la SHCP, quede de preferencia al trabajador; esto es un proyecto interno, no es una propuesta que se nos haya hecho por parte de los gobiernos estatal y federal”.

Menos optimista fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Martín Barragán Solís, quien manifestó que la propuesta del PPS, aunque es interesante, se debe analizar por parte de los trabajadores y de los expertos en este asunto, porque puede ser que “algo que los trabajadores no pudiéramos ver vaya oculto, y esto en lugar de traernos un beneficio nos traiga un perjuicio en los salarios”.

Agregó que si se analiza el caso de las pensiones y jubilaciones que se abordó en el PPS “pudiera ser entonces que lo que no se grava no es salario, y que por lo tanto las pensiones no van a estar basadas en ello, por ejemplo, en lo que se refiere a la clave 34 de “prima de antigüedad” no se ha analizado cuánto implica e impacta gravar esta prestación, y que si se grava entonces estaríamos diciendo que es parte del salario, y si esa así probablemente a la hora de pensionarnos podría beneficiarnos a los trabajadores, pero si no es así estaríamos en desventaja”.

El dirigente de los trabajadores académicos señaló que aunque no se fijó un plazo para la entrada en vigor del PPS, de todos modos la propuesta se llevará a un foro estatal en el que participen en grueso de los trabajadores universitarios y eso no puede pasar de dos meses porque no se puede jugar con el futuro del STAUAG.

Al término de esta presentación, el rector se refirió al préstamo que el gobierno del estado hizo a la UAG por 20 millones con el cual se cubrieron los salarios de la quincena próxima pasada y dijo que el subsidio no ha llegado a tiempo a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado por un retraso de la federación, pero aseguró que se pagará al Ejecutivo en un lapso de 24 a 48 horas, una vez que se esta Secretaría haga el deposito a favor de la universidad.

Por último, aseguró que el aumento salarial está por llegar esta semana, según las indicaciones del director de subsidios de la SEP y que en cuanto esto ocurra, inmediatamente se pagará a los trabajadores el retroactivo correspondiente yse procederá a actualizar la quincena próxima con el aumento debido.

* Se suman al paro y plantón trabajadoras de las áreas de lactantes y maternal

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Medio centenar de trabajadoras de 11 Cendis-DIF, y de la SEG de Iguala, Chilpancingo, y Acapulco, comenzaron un paro de labores por tiempo indefinido para exigir al secretario de Educación de Guerrero, Daniel Pano Cruz, su ingreso al Programa de Carrera Magisterial.

La profesora del Cendi, Soledad Orozco, Josefina Silva Rodríguez explicó en entrevista afuera de las oficinas de Carrera Magisterial, que son educadoras federales que se vieron obligadas a tomar esas oficinas porque desde 1998 han venido demandando su ingreso a ese programa.

Dijo que al paro y plantón se sumaron trabajadoras de las áreas de lactantes y maternal, y señaló que las autoridades educativas están poniendo muchas trababas para su ingreso a Carrera Magisterial “nos dijeron que solamente podrán participar en este programa el personal de preescolar, pero no se quiere incluir a las de lactante y de maternal”.

Dijo que antes participaban todos los trabajadores de los Cendis, pero ahora ese sector quedó fuera del Programa, tanto en lo económico como en otros aspectos: “La mayoría de las trabajadoras resultaron afectadas, cada plantel tiene más de 60 trabajadores, y cada una atiende de 35 a 40 niños en sus salas”.

La educadora afirmó que en algunos Cendis, el paro comenzó desde el 18 de marzo, pero no han logrado ninguna respuesta: “Hemos tenido acercamiento a nivel del responsable de Carrera Magisterial, pero hay una cerrazón de las autoridades, por eso nos fuimos al paro indefinido de labores hasta que no se tenga una respuesta por parte del gobierno estatal y federal”.

Silva Rodríguez dijo que “afortunadamente estamos recibiendo el apoyo de los padres porque han visto que son justas nuestras demandas, por eso esperamos que haya voluntad política para resolver el conflicto lo antes posible; esperamos que nuevamente nos impartan los cursos para ingresar a Carrera Magisterial”.

Insistió que cuentan con categorías de educadoras federales, incluido nombramientos y claves, y que por lo tanto era necesario que la SEG interviniera para que se autorice el ingreso al Programa.

* Opina Tita Radilla que la Fiscalía Especial debería exigir que se respete su competencia en las investigaciones

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), Tita Radilla Martínez, manifestó que continúa el “trabajo sucio del Ejército”, ahora con apoyo de civiles que llevan con engaños a familiares de desaparecidos a declarar ante el Ministerio Público Militar en las instalaciones del cuartel de la 27 Zona Militar, en El Ticuí en este municipio.

La defensora de los derechos humanos, explicó que personas ajenas al fuero militar se han prestado para entregar los citatorios y a llevarlos basándose en mentiras a los familiares de los desaparecidos, entre las cuales los agraviados señalan a una mujer de nombre Eleazar Peralta, quien se ha dedicado a buscarlos y trasladarlos personalmente a las instalaciones militares.

Dicen que les asegura que si acuden a declarar, el asunto de su pariente va a tener mayor respuesta.

Uno de los que fue llevado con ese argumento, Ascensión Rosas Mesino, narro que él fue llevado por Eleazar Peralta quien lo buscó y le dijo que conocía que él tenía un familiar desaparecido; le respondió que él no tiene a qué ir con los militares, y la mujer aseguró que le convenía declarar ante las instancias militares y que de esa manera su caso tendría mayor agilización.

Confirmó Rosas Mesino que Eleazar lo llevó a declarar y en el cuartel ya tenían el expediente del caso de su hijo, Lino Rosas Pérez, quien era maestro municipal y fue desaparecido por militares cuando daba clases en una ranchería que se llama El Salto Chiquito.

Expuso que él sólo declaró lo mismo que ha declarado ante la Fiscalía Especial; no agregó más ni dijo menos.

Ante esta situación, la vicepresidenta de la Afadem dijo que es preocupante la manera en que se está utilizando a los familiares y que se les haga creer que su caso tendría mayor análisis si declaran ante ellos cuando son los militares los que se han negado a que la justicia civil los enjuicie y que las investigaciones sean de manera imparcial, y “ellos nunca se van a enjuiciar así mismo”

Señala que Eleazar Peralta firma la declaración como representante lo cual no es explicable.

Señala que la Fiscalía Especial no ha dicho nada sobre la dualidad de la Procuraduría Militar, y opinó que “la Fiscalía Especial es la que debería de apelar porque se les respete la jurisdicción de las investigaciones debe de hacer algo” indicó.

Cuestiona que los familiares que han declarado ante la Fiscalía Especial, ahora están recibiendo un documento de la Secretaria de Gobernación federal, en la que les especifican que su caso ya se envió ante la Fiscalía Especial, cuando desde el principio declararon ante esa instancia.

Tita Radilla regunta qué tiene que ver la Secretaría de Gobernación, de qué se trata, y plantea que tienen mucha desconfianza.

Dijo que la Afadem exige transparencia y que investiguen los casos de persona por persona sin que se dé preferencia a alguno en particular y que esto sea con personal capacitado, que no sólo se envíe a personas a sacar información.

Señaló que el informe del fiscal Ignacio Carrillo Prieto consistió en una bitácora de con quienes se reunió, no se ha dado a conocer ningún caso que tenga avances.

Afirma que los agentes del Ministerio Público que han atendido últimamente a los familiares de los desaparecidos les han dado un trato despótico e irregular.

Reitera que más que castigo a los responsables de las desapariciones, piden que les digan dónde están sus familiares y que se los entreguen.

* No se ha determinado si los dos helicópteros que se desplomaron el 10 de marzo fueron derribados por narcotraficantes en Xitpontla, dice el delegado saliente, Raúl Izábal * El de Petatlán cayó por una falla humana, señala

De la corresponsalía, Chilpancingo * Durante la toma de posesión del nuevo delegado estatal de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón, el subprocurador A de Procedimientos Penales de esta dependencia, Gilberto Higuera Bernal, dijo que el caso del asesinato del contralor del estado, José Luis Armenta Villegas, sigue en investigación a casi tres años, y que en esta misma fase se encuentra lo de los tres helicópteros antinarcóticos que se desplomaron recientemente en la entidad.

En su discurso para dar la bienvenida a José Alberto Rodríguez Calderón, Higuera Bernal señaló que el trabajo del nuevo delegado está precedido por éxitos en el combate a delitos federales principalmente del narcotráfico en el estado de Durango donde hasta el pasado viernes se desempeñó.

El delegado que se va, Raúl Jesús Izábal Montoya, en los 16 meses que estuvo aquí en Guerrero –llegó el 16 de octubre del 2001– tuvo varios casos que no pudo resolver, entre ellos, el asesinato del contralor del estado, José Luis Armenta Villegas, el desplome de una avioneta Cessna en el aereopuerto de Chilpancingo donde murieron tres policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y los tres helicópteros antinarcóticos que se desplomaron el 10 y 13 de marzo en la entidad, dos de ellos en el municipio de Ahuacuotzingo y uno en Petatlán.

En un acto de despedida a Raúl Jesús Izábal Montoya como delegado estatal de la PGR, quien se va con el mismo cargo al estado de Veracruz, estuvieron el procurador de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, la delegada estatal de la Profeco, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, el delegado de la SCT, Pedro Chavelas Cortés y autoridades municipales y del Ejército.

En su informe, Raúl Izábal Montoya dijo que durante el 2001 y el 2002 se decomisaron 34 mil 960 kilogramos de mariguana, 11 kilogramos de cocaína, seis kilogramos de heroína y 280 anfetaminas.

Izábal Montoya, desde el jueves 27 se despidió de sus principales colaboradores de la Delegación durante una pozolada con mezcal que les ofreció en un restaurante de esta ciudad, y hoy martes será nombrado en forma oficial como delegado estatal de la PGR en Veracruz.

En su presentación como delegado, José Alberto Rodríguez Calderón dijo que se compromete a que junto con las autoridades federales, estatales y municipales combatiá la prepotencia y la corrupción de nuestros servidores públicos y a actuar con estricto apego a derecho y a los derechos humanos.

Indicó que con base en los convenios que se han establecido entre la PGR y los gobiernos estatales, “nos apoyaremos mutuamente para contribuir a hacer cada día más eficiente la procuración de justicia”.

Advirtió que no va a dudar en tomar medidas necesarias para asegurar la buena marcha de la Delegación de la PGR.

Por su parte, el procurador A de Procedimientos Penales de la PGR, señaló que la rotación de delegados y subdelegados es una estrategia más en la que se busca profesionalizar la función y a los funcionarios que la desempeñan.

Dijo que el trabajo del nuevo delegado está precedido de numerosas acciones e importantes resultados en el combate a los delitos federales en Durango.

Al término del acto se ofreció una conferencia de prensa en la que Izábal Montoya repitió lo que ha dicho luego del asesinato del contralor del estado, José Luis Armenta Villegas, de que “las investigaciones sobre este caso siguen su curso y que existe un avance del 85 por ciento pero que no se ha determinado a los responsables”.

“Nosotros desde un principio pedimos la colaboración de las autoridades del estado de Puebla que fue allí donde se cometió el delito, y estamos en esa fase”, aseveró.

Y sobre los dos helicópteros antinarcóticos que se desplomaron en las cercanías de la comunidad de Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, dijo que todavía no se ha determinado si fueron derribados o no por presuntos narcotraficantes como lo señaló la versión oficial se dio a conocer ese mismo día de los hechos.

Del helicóptero de Petatlán, Izábal Montoya dijo que existen evidentes pruebas de que el desplome de esta aeronave se debió a una falla humana.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Trabajadores de la Secretaría de Salud de la región Montaña exigieron ayer la destitución del jefe de la jurisdicción sanitaria, Genaro Juárez Silva, a quien acusan de hechos de corrupción.

Una comisión de 20 trabajadores de la dependencia en esa región acudieron ayer a las instalaciones de la Secretaría de Salud y exigieron entrevistarse con la titular, Verónica Muñoz Parra, para pedirle la destitución del funcionario, sin embargo únicamente los recibió el secretario particular de la secretaria de salud, Diego Díaz.

Uno de los trabajadores, Marco Antonio Carreón Gómez, informó que en la reunión que sostuvieron con Diego Díaz en la sala de juntas de las oficinas centrales, presentaron las pruebas de los hechos de corrupción de Juárez Silva.

Dijo que por ejemplo presentaron copias y talonarios de cheques que fueron entregados a personas que no laboran para la dependencia, “se trata de aviadores que, algunos de ellos, están relacionados con el ayuntamiento”.

Sin embargo dijo que desconocen a cuánto asciende el desvío de recursos a través del pago de salarios a personas que no trabajan en la dependencia, pero que en la reunión de ayer, el secretario particular de Verónica Muñoz Parra les informó que ya se está realizando una auditoría y que en 15 días les darán a conocer los resultados.

En la reunión algunos de los trabajadores también denunciaron que consecuencia de que han protestado por estas irregularidades han sido amenazados por Juárez Silva. “A algunos les ha dicho que serán cambiados de adscripción y a otros incluso les ha dicho que podrían rescindirles su contrato”, denunció Carreón Gómez.

Los trabajadores dieron de plazo 15 días a las autoridades de la dependencia para que atiendan su petición, de lo contrario advirtieron que realizarán otras medidas de presión tanto para exigir la solución a su demanda como para protestar por las amenazas que están recibiendo de parte del jefe de la jurisdicción sanitaria de esa región.

Alfredo Mondragón * Tras conocer que el Comité de Presos Políticos y de Conciencia del penal de Las Cruces dio a conocer que el profesor Rafael Aréstegui Ruiz, sólo es representante de los seis presos que se instalaron en huelga y no de todos, David Molina Francisco, dijo que tienen razón debido a que los huelguistas pertenecen al Comité de Presos Perredistas.

Molina Francisco habló por teléfono a esta redacción para precisar detalles. “Desde un principio nosotros expresamos públicamente que no somos miembros del auto denominado Comité de Presos Políticos y de Conciencia, somos de distintas expresiones políticas pero todos somos del PRD y por eso dijimos claramente que somos Comité de Presos Perredistas”.

Indicó: “nos aglutinamos porque nos conocemos de afuera en la lucha social, no me iba a aglutinar con gente que no conozco, por eso nosotros no nos integramos a su Comité, y nuestra lucha se encaminó a tener objetivos claros: la reforma a la Ley de Amnistía y la libertad de todos los presos políticos en Guerrero”.

“Designamos una comisión plural en donde estuvo Bertoldo Martínez, Pedro Nava (dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, FODEG), porque reconocemos que han venido insistiendo en la lucha por la libertad de los presos y reforma a la ley, por eso los propusimos. Sin embargo vimos desde un principio que ellos no movieron un dedo para impulsar el movimiento de huelga ni adentro ni afuera”.

Sin embargo, reveló “a la hora de las negociaciones ahí estuvieron presentes participando con todo. Más que un conflicto hay celos de Bertoldo Martínez porque está acostumbrado a dar órdenes, ellos no se mueven si Bertoldo no se los dice, lo entendemos”.

Y soltó: “Lo que sucede es que no les gustó nuestra huelga porque ellos pelean otras expectativas, la lucha por la Ley de Amnistía no es propiedad de nadie. Nosotros desautorizamos al FODEG de Bertoldo Martínez para negociar nuestra lucha porque no estamos dispuestos a que sigan priorizando sus proyectos productivos de pedir dinero al gobierno, todavía tienen el cinismo de ir al tianguis (Turístico) llevando nuestra bandera. Que sean serios, lo repruebo, han pedido camionetas, dinero, láminas”, dijo molesto. Molina Francisco agregó: “A los únicos que les damos facultades para representarnos son Rafael Aréstegui, Omar Garibay y al senador Armando Chavarría”.

* Tuvo una “conducta pública inadecuada… que se aparta de las normas jurídicas y morales, aceptadas como adecuadas por la sociedad”, dice el dictamen

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) del PRI, declaró inelegible al triunfador de la consulta interna del distrito 02 con sede en Taxco, Manuel Saidi Pratt, por no tener una “conducta pública adecuada” luego de que fue procesado penalmente por homicidio, incumplimiento de asistencia familiar y por fraude.

El dictamen contra el ex delegado de Turismo en la Zona Norte del gobierno de René Juárez Cisneros fue resultado de la impugnación interpuesta por el precandiadto Enrique Martiní Castillo el pasado 28 de marzo.

La misma CNPI dictaminó como improcedentes los escritos de protesta de los precandidatos por el distrito 01 con sede en Coyuca de Catalán, Moisés Carbajal Millán, Ernesto González Hernández, Hipólito Hernández Millán y Aristeo Roque Jaimes Núñez quienes acusaron que Abel Echeverría Pineda fue favorecido por la promoción del voto que hicieron los cinco alcaldes priístas de la Tierra Caliente.

Lo mismo ocurrió con la impugnación que hizo el aspirante a diputado federal, el profesor Moisés Solano en el distrito 05 con sede en Tlapa, quien acusó al aspirante cenecista, Javier Jiménez de acarrear gente a votar. Fue desechado su recurso.

A las 24 horas del sábado 29 el Organo Auxiliar       Estatal de la CNPI fue notificado del dictamen respecto al recurso de queja presentado por Martiní Castillo contra los resultados de la elección de diputado en el distrito 02 con sede en Taxco e instruía publicarlo en el estrado.

En el dictamen se hace referencia al expediente penal que el figueroísta Martiní entregó a la CNPI en el que se acusa al aguirrista Manuel Saidi de asesinar a su padre, Manuel Saidi González, además de haber incumplido con la entrega de la asistencia familiar (pensión a sus hijos) y habérsele instruido tres averiguaciones previas por el delito de fraude.

Pero la CNPI hace notar que en el mismo expediente penal se expone que el juez ordenó la prescripción de los delitos en 1983, sin embargo ordenó que se internara a Saidi en un hospital psiquiátrico “de donde se escapó un mes después”.

En este sentido la CNPI expone: “De lo anterior es de concluirse que, a juicio de esta CNPI, el señor Juan Manuel Saidi Pratt realizó una conducta que si bien no ameritó responsabilidad penal, sí se constituye en una conducta pública inadecuada, en razón de que se aparta de las normas jurídicas y morales, aceptadas como adecuadas por la sociedad”.

“Asimismo, se concluye que la trascendencia pública de los hechos es evidente y, por tanto se colman los supuestos de conducta pública inadecuada, con lo que se incumple con lo previsto por el artículo 166, fracción octava de los Estatutos del PRI”.

Por eso se resuelve que son “fundados” los argumentos presentados por Enrique Martiní y se declara “inelegible al militante Juan Manuel Saidi Pratt para ocupar el cargo de diputado federal propietario”.

Y establece que “en razón de que no existe candidato en el distrito electoral federal uninominal 02 del estado de Guerrero, se notifique al CEN para que proceda conforme a sus facultades”.

Esas facultades, según el artículo 191 de los Estatutos del PRI, permiten al CEN designar al candidato y tiene como fecha límite para ello el 15 de abril.

En tanto, Saidi tiene derecho de presentar hasta este martes su recurso de apelación al dictamen de la CNPI.

Mientras que en el Organo Auxiliar Estatal, su presidente el diputado federal Héctor Pineda Velázquez y su secretario técnico y secretario de Elecciones del CDE, Ernesto Sandoval Cervantes, hacían guardia para estar atentos a la eventual apelación de Saidi, que también podrá presentarla en la ciudad de México ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

Sí hay pruebas del fraude en el distrito 01, dice Aristeo Jaimes

El ex diputado federal y aspirante a la candidatura por el distrito 01, de la Tierra Caliente, Aristeo Jaimes Núñez respondió a las declaraciones de la secretaria general del PRI, Silvia Romero, y dijo que los cuatro aspirantes a la diputación que están impugnando la elección sí tienen pruebas del fraude. “Hay fotografías del acarreo, de que se manipuló el proceso y estamos haciendo lo nuestro para que se respete nuestra impugnación”, señaló.

Dijo que no han tenido ninguna respuesta “del partido para reorientar y recuperar esa confianza, hay inconformidad, no nada más de nosotros sino de los simpatizantes, porque la Tierra Caliente necesita más respeto tanto al elector como a los principios básicos del partido, que no haya simulación”.

Entrevistado en este puerto, el político calentano consideró que en estas condiciones, Abel Echeverría no garantiza el triunfo porque, además, recordó que en los tres municipios que él representaba como diputado local el PRI perdió ante el PRD las elecciones de alcalde en Zirándaro y Ajuchitlán, lo que demuestra que no tiene un trabajo reconocido en ese distrito. El priísta dijo que Echeverría tampoco busca la conciliación y el diálogo con los que aspiraron a la candidatura “y el PRI tampoco da ninguna señal de acercamiento y conciliación”. (Kenia Guzmán).

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Ayer en junta preparatoria –luego de la clausura de la Comisión Permanente– los diputados eligieron como presidente de la Mesa Directiva por el mes de abril al coordinador parlamentario del PAN, Max Tejeda Martínez, que tendrá que coordinar los trabajos de la glosa del cuarto informe de gobierno de René Juárez Cisneros, que no se sabe si solamente lo entregará por escrito como lo ha acostumbrado o acudirá a la tribuna a exponerlo.

En la sesión de este lunes no hubo asuntos políticos o legislativos que tratar y sólo se dio trámite a la clausura de los trabajos de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio constitucional, de parte del presidente, el diputado de Convergencia, Félix Bautista Matías.

De inmediato se citó a la junta preparatoria para elegir a la Mesa Directiva por el mes de abril, del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional que comienza hoy y culmina el próximo 30 de junio.

Según el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las Mesas Directivas a consideración de la Comisión de Gobierno deberán ser rotativas para ser ocupadas por cada una de las fracciones parlamentarias. En esta ocasión recayó la responsabilidad en el PAN, a cuyo coordinador Max Tejada Martínez corresponderá recibir el cuarto informe de gobierno y dirigir los trabajos de la comparecencia de los funcionarios para explicar alcances y limitaciones de su trabajo.

En la sesión sólo se tomó protesta a cada uno de los miembros de la Mesa Directiva que tiene como primer vicepresidente al diputado del PRI Raúl Salgado Leyva y en la segunda, al del PRD, José Jacobo Valle.

En las secretarías quedaron, el diputado del PVEM, Marco Antonio de la Mora y como su suplente, el diputado del PRI, Orbelín Pineda; el segundo secretario es el diputado de Convergencia, Cuauhtémoc García Amor; y su suplente, el diputado del PT, Fredy García Guevara.

Momentos antes de la sesión, los coordinadores parlamentarios del PRD, Adela Román Ocampo y del PAN, Max Tejada; y los representantes del PRS, Heriberto Noriega Cantú; y de PT, Fredy García, dijeron no saber nada sobre la entrega del informe del gobernador.

Mientras que el coordinador parlamentario del PRI y presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Sánchez Nava dio a conocer que todo indica que el gobernador, “fiel” a su costumbre desde 1999, se presentará a entregar su informe por escrito, para lo cual de acuerdo con la Constitución local tiene hasta el 15 de abril para utilizar este mecanismo.

Si lo hace después del 15 de abril, entonces tendrá que acudir al pleno del Congreso para que en tribuna rinda su informe y dé un mensaje político a los guerrerenses, teniendo como fecha límite para ello el 30 de abril.

Sánchez Barrios indicó que a la fecha no ha tenido notificación alguna del gobernador, sobre la entrega de su informe, pero que estará pendiente de lo que decida Juárez Cisneros.

La primera sesión de este periodo ordinario será hoy, y allí el presidente de la Comisión Permanente, Félix Bautista Matías, rendirá su informe de trabajo.

Ossiel Pacheco * El gobierno de René Juárez Cisneros ha carecido de un proyecto político que eleve los niveles de la contienda partidista, pues en cada proceso electoral se mantuvieron las mismas conductas y actitudes de defraudación, dijo el alcalde Alberto López Rosas al opinar sobre el comienzo del quinto año de la administración renejuarista.

“Me parece que en eso no hubo avance, que en los cuatro años no hubo una reforma política a profundidad, y creo que eso empaña cualquier propósito de gobierno”, dijo ayer al ser entrevistado una vez finalizado al acto de colocación de la primera piedra del conjunto residencial Torres Miramar Diamante.

–¿Cómo calificaría su gobierno?

–Yo no califico, simple y llanamente opino que creo que los mejores rieles para que transite un vagón de progreso y de desarrollo es precisamente la confiabilidad en los procesos electorales, porque esto legitima la autoridad y creo que en el terreno político no hubo un avance serio.

–¿Ha faltado profundizar en los grandes temas del estado?

–Creo que ha faltado voluntad, quizá no del gobernador, sino de los grupos políticos que se mueven en su entorno, esos grupos oficialistas que forman parte de un partido y que se niegan a ir acorde al avance de un país.

“Creo que estos grupos impidieron, frenaron todo intento de desarrollo político, de desarrollo democrático, ciertamente el PRD ganó diputaciones, presidencias municipales, pero se ganaron pese a los viejos vicios, venciendo intentos de fraude, venciendo resistencias que nos anclan al pasado”, opinó.

El alcalde porteño dijo que estas prácticas “demeritan cualquier intento de progreso, pues en una sociedad donde no hay democracia, simplemente no se puede garantizar el desarrollo pleno”.

–¿Faltó democracia por parte de René Juárez?

–Sí, ha faltado democracia, tenemos que seguir trabajando, el hecho de haber ganado alcaldías, diputaciones, no significa de ninguna manera que hayamos logrado los niveles de democracia que requieren los guerrerenses.