El alcalde Alberto López Rosas anticipó que el municipio pedirá en una próxima reunión con la SCT al menos poder opinar sobre el estado en que navegan las embarcaciones del puerto, sobre todo las relacionadas con el turismo.

Entrevistado la mañana de ayer en la sala de cabildos del Palacio Municipal, López Rosas pidió a la federación primero determinar “si hubo negligencia, irresponsabilidad, o si hubo omisión” en el caso del naufragio del Aca Tiki la madrugada del domingo pasado.

Informó que en 24 horas podría conocer los resultados del peritaje al barco, para conocer las causas del accidente, pues el capitán de Puerto, Antonio Pizá Vela, así lo anunció el lunes pasado, cuando dio un plazo de 72 horas para tal efecto.

Reiteró que el ayuntamiento va a garantizar que la empresa Embarcaderos Turísticos de Acapulco SA de CV cumpla con indemnizar conforme a derecho a los turistas afectados que han reclamado la pérdida de pertenencias durante el percance.

Sobre la liberación, por parte de la PGR, del capitán del catamarán, Felipe Castro de la Paz, y los empleados Saúl Canales Malpa y Enrique Campos Celestino, López Rosas respondió que está bien si fue conforme a derecho o tiene un sustento legal.

Anticipó que en lo inmediato se tomarán las acciones correspondientes para revisar las embarcaciones de paseo turístico, pues es necesario extremar las medidas de seguridad, como se ha comenzado a hacer.

Informó que ayer por la tarde recibiría al abogado externo que contrató el ayuntamiento Erick Zenteno Bautista para coadyuvar con el MP a fin de tener pleno conocimiento de lo sucedido la madrugada del domingo y para que los afectados sean indemnizados, para conocer un resumen del desarrollo de las investigaciones. (Ossiel Pacheco).

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Unos 70 trabajadores afiliados a la Sección 99 de la CTM, disidentes del liderazgo de Córporo Cruz Rodríguez, se manifestaron y lanzaron huevos al edificio que alberga la notaría 3, de Saulo Cabrera Barrientos, en repudio a la participación parcial del fedatario en el proceso de reelección del 17 de marzo pasado.

El grupo disidente encabezado por Cipriano Sánchez Pérez reclamó que esta fracción de trabajadores pagó la intervención del notario para que diera fe imparcial del proceso de elección en el que se reeligió a quien por 14 años ha encabezado la Sección 99 de la CTM, Rodríguez Cruz.

En sus consignas acusaron que en el desarrollo del proceso, el notario asumió la defensa de Rodríguez Cruz y omitió mencionar las impugnaciones en el acta que levantó del día de la elección, tomando en cuenta además una convocatoria paralela a la que originalmente se difundió en los centros de trabajo para la elección.

El notario hizo constar en el acta la realización de una sesión que se rompió por las impugnaciones de los manifestantes que ayer lanzaron huevos contra el edificio que alberga su notaria y reclamaban que “ni siquiera hubo toma de protesta”.

Con consignas acusaron al notario de “prestarse” al fraude para reelegir a Rodríguez Cruz quien ya lleva 14 años dirigiendo la organización.

Jorge Nava * El encargado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Raúl Lozano Villarreal, dijo que el resultado de la inspección a la embarcación Aca Tiki por presunto derrame de hidrocarburos está supeditada al desglose que haga el personal del organismo en la terminal marítima.

Entrevistado por vía telefónica cuando se hallaba en Zihuatanejo, el funcionario en turno de esa dependencia informó que con base en la inspección se comprobará si hubo vertimiento de sustancias peligrosas durante el naufragio.

Lozano Villarreal aclaró que aún “no inicia un procedimiento legal por el posible derrame de sustancias peligrosas”, pues dijo que está por concluir el acta de la inspección para emitir el dictamen, deslindar responsabilidades y aplicar la posible sanción administrativa a los dueños de la embarcación.

Por el momento “no hay nada” sobre el asunto, sostuvo Lozano Villarreal, quien además agregó que la inspección durará de cuatro a cinco días.

Karina Contreras * Los ejidatarios de Plan de los Amates presentaron demanda penal contra el inversionista regiomontano y socio de la empresa Tres Vidas Mauro García; el representante legal, Carlos Altamirano Pineda; el también empresario Gerardo Montemayor, y el responsable de la empresa Canina, Raúl Galindo Martínez, por daño y robo, a dos días del intento de desalojo de 35 hectáreas en disputa desde 1993 en la zona Diamante.

El abogado de ejidos Humberto Sevilla García, vía telefónica, informó que el encargado de presentarla fue el presidente del comisariado ejidal, Gabriel Campos, quien acudió acompañado del secretario, Jaime Colón, y el tesorero del ejido al Ministerio Público de Puerto Marqués.

Allí, la agente del MP Adriana Sánchez dio curso a la averiguación previa número Tab/IV/072/2003-1 por daños y robo contra los antes mencionados.

El abogado Humberto Sevilla –quien acompañó a los representantes de los ejidatarios– dijo que espera que con esto se actúe conforme a derecho, y así como los pobres van a la cárcel espera que también a los ricos se aplique la ley.

La denuncia de los ejidatarios ocurrió luego de que el lunes unos cincuenta agentes de seguridad privada –y policías judiciales, según los quejosos– intentaron con perros desalojarlos por órdenes de los inversionistas e incluso llegaron a los golpes y prendieron fuego a una extensión del terreno.

Esto, agregaron en su momento los ejidatarios, fue una agresión de la empresa Tres Vidas, que está “desesperada” por los resultados adversos que ha obtenido en el Tribunal Unitario Agrario, instancia que ordenó la restitución de 35 de 49 hectáreas al ejido de Plan de los Amates el año pasado.

Aun con la demanda, los ejidatarios regresarán a las mesas de diálogo que el gobernador promoverá con los representantes de los inversionistas para buscar un arreglo a la disputa del valioso predio.

* Amarillos siguen cobrando 10 pesos * Continúan las operaciones, asegura Gildardo Gutiérrez, pero cuando se le piden datos específicos de taxistas sancionados indica que “están en el Departamento de Infracciones”

El delegado de Transportes en la periferia, Gildardo Gutiérrez Ramírez, dijo que en esa zona hay unos 20 casos de taxis con números económicos dobles que podrían ser legales, y previó que tendrá que ser la Contraloría del estado la que determine.

Los vehículos exhiben pagos hechos a la Secretaría de Finanzas, por lo que la oficina a su cargo no ha procedido contra sus conductores, explicó.

El funcionario no ha precisado los datos sobre los amarillos multados por cobrar diez pesos, a pesar de que El Sur y al menos otro diario se los han solicitado.

Pero mientras “continúan los operativos” los taxistas, en su mayoría, siguen cobrando los 10 pesos.

En entrevista, el delegado Gildardo Gutiérrez Ramírez reiteró que continúan las operaciones contra los taxis que alzaron la tarifa de 8 a 10 pesos, y también contra los piratas.

Manifestó que desde el lunes ha sancionado a unos 12 taxistas, con multas que van de 10 a 15 salarios mínimos.

Pero aunque el delegado ha mencionado en entrevistas estas sanciones no ha mostrado una lista del número del taxi ni la ruta.

Según el funcionario, las operaciones se están haciendo en varios horarios, y que la de ayer fue a las 5 de la mañana cerca de la central de abasto, donde se aplicaron “multas normales”, pero de 31 sólo cuatro fueron por alteración de tarifas.

Al delegado se le pidieron los números bajo sanción, a lo que respondió: “están en el Departamento de Infracciones”.

Pidió a los usuarios poner sus quejas en la delegación de Transportes o al teléfono 4426998.

Sobre las acusaciones que hizo en conferencia de prensa el líder de la Federación de transportistas de la periferia, Esteban Rodríguez Flores, de no actuar contra los números dobles, señaló que no los puede detener porque exhiben pagos en Finanzas, que aparentemente son dobles. (Karina Contreras).

Ossiel Pacheco * El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Jorge Juárez Soto, informó que el ayuntamiento está en negociaciones con dos familias más para que desocupen igual número de viviendas a fin de concluir la vía rápida.

“Estamos llevando a las personas para que escojan sus futuras viviendas, en unos dos días estaremos terminando estas dos negociaciones”, explicó.

Sobre los avances obtenidos, Juárez Soto dijo que a la fecha sólo ha demolido una casa cuyos dueños accedieron el pago del ayuntamiento, que hizo el pasado lunes 17 el alcalde Alberto López Rosas en su oficina, donde entregó los cheques a Laura Hernández Martínez y Noé Suástegui Arellano.

Entrevistado ayer en el Palacio Municipal del parque Papagayo, explicó que una vez concretadas estas dos negociaciones sólo faltaría la adquisición del predio propiedad del ingeniero Olguín, pues para la obra se ocuparían 100 metros cuadrados de esa propiedad.

Sin embargo, advirtió que hay resistencia para la adquisición de la propiedad, pues está renuente y quiere que se adquiera todo el predio. “De no aceptar porque quiere todo o nada, tendrá que adecuarse el proyecto y liberar esta propiedad”.

Explicó que en el caso de las dos casas que están por ser adquiridas, el ayuntamiento está tratando buscarles una vivienda en la colonia Progreso, donde “ellos escojan, estamos dándoles esa opción, para luego comprarla y se trasladen a vivir allá. No hemos tenido ningún problema en las negociaciones porque estamos accediendo a lo que ellos quieren”.

El funcionario municipal detalló que el proyecto consiste en unir la Vía Rápida que da a la Costera con la Calzada Pie de la Cuesta, y se trata de un proyecto vial de hace 7 años que quedó inconcluso y que el alcalde López Rosas ha querido retomar.

Sobre el monto de la obra que consiste en un puente vial recordó que hace 7 años contaba 3 millones 500 mil pesos, y que tratarán que tenga ese mismo valor para la administración lopezrosista, en tanto que por las afectaciones a propiedad privada significaría una erogación de los 3 millones de pesos por las cuatro viviendas que se requieren demoler.

Dijo que una vez que terminen las negociaciones con los propietarios y sean demolidas las viviendas, la obra será concursada y sometida a licitación pública, tal como lo establece la ley.

Entre los datos técnicos que proporcionó, Juárez Soto indicó que pretenden con esta obra vial evitar los congestionamientos que se realizan en la Vía Rápida en el cruce con la avenida Constituyentes, pues se cuenta con semáforos en cinco tiempos y con la obra serán de tres tiempos máximos.

Adelantó que la obra comenzará en cuanto reubiquen a las personas, para esto el proyecto está definido y sería sometido a licitación, pero la obra está planeada para ser terminada en tres meses. Y que los pasos a desnivel en las avenidas Constituyentes y Cuauhtémoc serán planeados para el próximo año, pues sería “la obra magna de este gobierno”.

Karina Contreras * Tras mantener un plantón durante cinco días en el asta bandera, taxistas de la Coordinadora de Transportistas Independientes, se retiraron luego de que el alcalde Alberto López Rosas se comprometiera a “no realizar actos de molestia que perturben la libre explotación de las concesiones del servicio público”.

En un documento entregado en las oficinas de El Sur, Juan Mendoza Tapia indicó que se retiraron a las 8:30 de la noche, luego de haber tenido bloqueada la avenida Cuauhtémoc.

Dijo que sus agremiados interpusieron un juicio de amparo, y han presentado la concesión para el servicio público en modalidad de taxi azul.

Los inconformes se habían instalado en plantón desde el viernes y exigían entre otras demandas la cancelación de las 941 concesiones entregadas por la administración del gobernador, René Juárez Cisneros, porque han sido dadas a “hijos, queridas, compadres y amigos de líderes y funcionarios”. Se buscó al líder pero se informó que se encontraba en Chilpancingo en una reunión con el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.

El alcalde Alberto López Rosas autorizó hace tres semanas préstamos de 104 mil pesos para los ediles, que deberán pagar al ayuntamiento en el transcurso del año, según trascendió.

De acuerdo con la fuente, que pidió el anonimato, este crédito es parte de las prestaciones a las que tienen derecho los regidores del ayuntamiento, como gastos de salud y seguro de vida.

Dijo que el alcalde López Rosas informó de este préstamo por separado a cada una de las fracciones representadas en el Cabildo, y fue autorizado para la adquisición de un vehículo, pero que podrían aplicarlo a su libre albedrío, pues de cualquier modo tendrán que pagarlo.

Según trascendió, todos los regidores hicieron uso del crédito autorizado por el alcalde porteño, y ascendió a 2 millones 912 mil pesos lo que habría utilizado el ayuntamiento para hacer el préstamo. (Ossiel Pacheco).

* En la isla subió la eficiencia de 27 a 78 por ciento, bajaron las tarifas y disminuyeron las pérdidas por fugas, asegura * Lo escuchan el alcalde, los síndicos, regidores, funcionarios y dirigentes partidistas

Ante ediles, dirigentes partidistas y funcionarios municipales, el ministro presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, Jorge Luis Aspiolea Poig, expuso que en ese país socialista se logró llevar agua potable a las más de 7 mil comunidades a partir de 1998, cuando comenzó a operar en Varadero un organismo operador del agua con un esquema mixto de inversión de la empresa Aguas de Barcelona y del Estado.

Aspiolea Poig, acompañado del director de Aguas de La Habana, Julio Ratia Romero, en la sala de cabildos relató que antes de ese año, el organismo de agua potable en manos del Estado tenía 27 por ciento de eficiencia, pero que a partir de que se otorgó la concesión de 50 por ciento a la empresa Aguas de Barcelona ascendió a 78 por ciento su nivel de eficiencia, el puerto pasó de 5 mil cuartos de hotel a 15 mil habitaciones y la producción de agua disminuyó en 2 millones de metros cúbicos, pues había enorme pérdidas en fugas.

Destacó que las tarifas disminuyeron y cada usuario por mes paga “la simbólica” cantidad de 27 centavos de dólar, en tanto que de 3 dólares que costaba para los hoteles disminuyó a un dólar con 50 centavos. Entonces destacó que a mayor eficiencia menor costo de producción.

Recordó que en Varadero, donde se aplicó por primera vez el esquema mixto de inversión, se aprobó otorgar la concesión por 7 años, y la decisión se tomó ante la imposibilidad de Cuba de obtener un crédito por el bloqueo de Estados Unidos.

Sin embargo, ante los resultados obtenidos con el esquema de participación mixta, la concesión se amplió a 25 años, igual que en otros organismos operadores de agua, pues a la fecha operan 23 empresas mixtas, con 50 por ciento de acciones de capital privado y 50 por ciento del Estado.

No obstante, el ministro Aspiolea Poig precisó que el Estado mantiene la rectoría de las empresas mixtas, es decir determina la política en las tarifas que se van a aplicar para usuarios, comercios y hoteles, así como las inversiones que se van a realizar.

Citó que 90 por ciento de las redes de agua potable y alcantarillado son nuevas, pues el sistema era obsoleto y en muchos casos el liquido circulaba ya sin tubería, y ahora los organismos ya no son operados por españoles, sino por cubanos, que ocupan puestos directivos.

Recomendó al Cabildo porteño no tener miedo para abrir la CAPAMA a la inversión privada, pues en Cuba el esquema mixto ha permitido que las poco más de 7 mil comunidades tengan todas servicio de agua potable.

Aspiolea amplió en su exposición que antes de que operaran las empresas mixtas en su país había 3 mil 200 poblados que no contaban con agua potable.

Dijo que en Cuba se les corta el servicio de agua a quienes incumplen con el pago, si una inspección descubre que tienen recursos para hacerlo.

De esta medida se exceptúan los hospitales y las escuelas, lo que ha permitido tener condiciones favorables de salubridad en la isla y la menor tasa de mortalidad infantil de América latina.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde Alberto López Rosas, los síndicos Marcial Rodríguez Saldaña –quien organizó la exposición e invitó a los funcionarios cubanos– y Fernando Donoso Pérez, y los regidores Mario Ramos del Carmen, María de los Angeles González, Oscar Meza Celis, de CD; Mateo López Castillo e Hipólita Olmedo Melo, del PRI, y Alejandro Carabias Icaza, del PVEM.

También estuvieron Rubén Padilla Fierro, Francisco Ramírez, Wulfrano Salgado Romero, María de Lourdes Ramírez Terán, Juana Esteban Arroyo, Alejandrina Javier Santiago y Norberto Refugio Chamú, todos postulados por el PRD, y el panista Guido Rentería Rojas.

Acudieron además el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Jorge Juárez Soto; el director de la CAPAMA, Gerardo Sierra Ulloa: el presidente de la Coparmex local, Jorge Bajos Valverde; la dirigente municipal del PRD, Beatriz González Hurtado; del PAN, Andrés Castrejón Mendoza, y de Convergencia, Juan Larequi Radilla.

No asistió el dirigente del PRI, Oscar Hernández, pese a que fue invitado.

Sobre la propuesta del ministro presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, López Rosas, entrevistado al término de la conferencia, opinó que se tienen que tomar medidas y asumir la responsabilidad para poder llevar agua potable a todas las comunidades del municipio.

Dijo que una vez conocida esta propuesta de Cuba se tiene que informarla a la comunidad, y después pedir opiniones.

Consideró que las condiciones jurídicas están dadas, pues las reformas hechas por la anterior legislatura a la Ley de Aguas del estado permiten la participación privada en el manejo, la operación y el suministro de este servicio, y corresponderá al Cabildo y a la sociedad determinar si es lo más procedente.

“En el caso de Cuba hemos conocido inclusive que han abatido el costo por litro de agua; esto nos llama mucho la atención, sobre todo que por tratarse de un país socialista haya optado por permitir la participación privada en este renglón tan importante como es el agua”, dijo.

Insistió en que en este momento se están conociendo experiencias, pero que hay coincidencias en el sentido que el problema del agua es universal, y que los avances científicos y tecnológicos que se logren en este renglón serán en beneficio de todo el mundo.

Por su parte, el director de la CAPAMA, Gerardo Sierra Ulloa, calificó de interesante la propuesta del ministro cubano Aspiolea Poig, pues se trata de un esquema en que el Estado continúa teniendo la rectoría sobre la prestación del servicio.

Consideró que con un esquema de este tipo se podrían obtener recursos frescos.

Sobre si hay otras opciones para allegar recursos para sanear y abatir el rezago que en infraestructura tiene el organismo operador del agua, precisó que existe un plan B, que consiste en que la federación aporte recursos extraordinarios o se busquen créditos viables.

Informó que en el puerto el costo del metro cúbico de agua, según estudios efectuados el año pasado, se ubica entre 5 y 6 pesos. (Ossiel Pacheco).

Ossiel Pacheco * Se instaló ayer la recién creada Comisión de Transportes del Cabildo, con la prioridad de solicitar al Congreso local las adecuaciones a las reformas efectuadas en 1999 al artículo 115 que fortalece a los municipios.

La tarde de ayer se dieron cita en la sala de cabildos del Palacio Municipal los ediles integrantes de la comisión de Transportes, que será presidida por el panista Guido Rentería Rojas.

Se reunieron los regidores Juan Calixto López, quien funge como secretario técnico; María de los Angeles González, Alejandro Carabias Icaza, Rogelio Villanueva, Oscar Mesa Celis, María de Lourdes Ramírez Terán y Alfredo Campos Tabares.

Solo faltó el edil Nicasio Prudencio Elacio, quien pidió permiso para ausentarse.

Entre las prioridades establecidas por la comisión está proponer la adecuación de reforma a la Constitución del Estado del 115 que a nivel federal se dieron 1999, solicitud que harán al Congreso local.

Otra tarea será la revisión del convenio entre el gobierno del estado y municipio para coordinar acciones en materia de transportes, así como la propuesta para crear el Consejo Consultivo Municipal del Transporte, en el que participarían autoridades municipales, estatales y federales, representantes de los concesionarios, transportistas y la sociedad civil. Se dio además un plazo de siete días para que los ediles hagan las aportaciones y elaboren por consenso el plan de trabajo.