El coordinador del megaproyecto de la presa de La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Carlos Pérez Aguirre, se reunió este viernes con la dirigencia estatal del PAN con el propósito de informar los pormenores del mismo, se informó en un comunicado de prensa de ese partido.

Los integrantes de la Delegación Estatal panista manifestaron su respaldo al proyecto, “siempre y cuando se le dé prioridad al sentir de los afectados y su pago correspondiente por las tierras que tengan, así como de la normatividad adecuada para los asentamientos urbanos que después se instalen cerca de la hidroeléctrica”.

Durante su explicación, Pérez Aguirre reiteró que no se permitirán intermediarios entre la CFE y los afectados, así como la importancia del proyecto para el desarrollo del estado.

El funcionario de la paraestatal fue cuestionado sobre la fecha en que se les pagaría a los afectados, porque “los pobladores no van a querer salirse del municipio si no les pagan, sobre todo con el antecedente de un adeudo que se tiene con ellos desde hace 40 años”.

El presidente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero, señaló que el proyecto de La Parota le parece viable, sobre todo porque ayudará a proporcionar servicios no sólo a la población guerrerense sino de otros estados.

Mencionó la importancia de vigilar el proyecto de La Parota, su costo y la forma de entrega de los recursos a los ciudadanos, sin intermediarios, para que no suceda lo mismo de siempre “cuando no se les entrega el dinero a las personas afectadas”.

Por su parte, el coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local, Max Tejeda Martínez, dijo que el proyecto le parece bueno, pero pidió que no se politizara porque “siempre un proyecto económico se vuelve político y luego se afecta a las personas más humildes”.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El gerente de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ), José Luis Alvarez Salgado, informó que la paramunicipal registra pérdidas del orden de los 8 millones de pesos porque recibió un padrón de 6 mil usuarios que arrastran adeudos de entre uno y diez años.

Asimismo dio a conocer que se ha encontrado que muchos medidores de la zona turística de Ixtapa están “parados” y que se han tenido que corregir facturaciones en esta área aunque a la fecha no se han localizado ahí tomas clandestinas ni mayores irregularidades que ameriten la presentación de demandas penales.

Señaló que se pretende recuperar los costos de producción para resolver los problemas de operación y de infraestructura de la paramunicipal.

Asimismo el panista señaló que se ha encontrado que el 20 por ciento de la producción de agua de CAPAZ se pierde por el clandestinaje por lo que señaló que en dos meses se realizará una macromedición para tratar de resolver estos problemas así como las pérdidas de agua por el subsuelo.

Dijo que no han encontrado empresas robando el líquido pero sí medidores parados en la zona turística de Ixtapa que se han tenido que cambiar demás de que tuvieron que hacer ajustes a las facturaciones.

Bajó en 250 mil pesos el presupuesto federal para fertilizante

El presupuesto para fertilizante en Zihuatanejo disminuyó este año debido a que el gobierno federal destinó 250 mil pesos menos que el año anterior.

El director de Desarrollo Rural, José Isabel Carrillo Infante, consideró que esta reducción de los recursos etiquetados para el fertilizante por medio del ramo 33 es preocupante porque el fertilizante no mantendrá un precio fijo para este año debido a que algunos productos de la fórmula son de Estados Unidos y por la posible guerra se espera que fluctúen en detrimento de los productores.

Señaló que las aportaciones para el fertilizante de parte del gobierno estatal se mantienen fijas para la actual administración de Zihuatanejo.

Dijo que la fluctuación que se prevé en el precio del fertilizante ha creado ya de antemano dificultades para hacer convenios con los proveedores que no podrían garantizar precios pese a que cuatro empresas se han acercado ya para ofrecer sus productos.

Ante la situación, dijo que entre los efectos se prevé que baje la cantidad de apoyo a los casi 200 productores del municipio, aunque se están buscando acuerdos para que se respeten los precios del año anterior.

* El retraso solamente de ese año es de 87 por ciento, y de 62 en el 2002

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El pasado 14 de enero la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado recibió, en secreto, el informe sobre la entrega-recepción de la extinta Contaduría Mayor de Hacienda y la actual Auditoría General del Estado, donde se reconocen rezagos de las cuentas públicas mensuales de la mayoría de ayuntamientos, de un 87 por ciento en el ejercicio fiscal de 2001 y de un 62 por ciento en el de 2002.

En el documento en poder de El Sur, la Dirección de Auditoría de la extinta Contaduría Mayor de Hacienda reconoce, al 30 de noviembre del 2002, un rezago de 87 por ciento de cuentas públicas por revisar del ejercicio del 2001 y hasta el 8 de enero un total de 63 cuentas públicas mensuales pendientes de recibir de diferentes ayuntamientos.

Mientras que del ejercicio del 2002, también se reconoce que no se habían revisado 374 cuentas públicas mensuales y que no se habían recibido 418 cuentas públicas mensuales de diferentes ayuntamientos.

Todos estos rezagos aparecen en el informe de entrega-recepción de la Contaduría Mayor de Hacienda que hasta el 31 de diciembre dirigió el contador Cuauhtémoc Tabarez Juárez y que dejó al titular de la recientemente creada Auditoría General del Estado, Ignacio Rendón Romero.

El informe se maneja con mucho hermetismo, y la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda que preside la ex directora de Recursos Humanos del gobierno del estado, Alicia Zamora Villalba, no ha dicho nada al respecto.

El informe reconoce el rezago señalado y aduce que al momento –14 de enero–, se encuentran en proceso de programación para su revisión y se están preparando los oficios de requerimiento dirigidos a las administraciones anteriores.

Y se da a conocer que el presupuesto para la auditoría general en el 2003 es de 30 millones 14 mil 673 pesos, unos 8 millones de pesos más que en el 2002, que fue de 22.13 millones de pesos.

Los pendientes

Sobre el ejercicio 2001 se da a conocer que al 8 de enero pasado se tenían pendientes de auditar 127 cuentas públicas mensuales, que se encuentran en proceso de programación para su revisión.

También a esa fecha, seguía pendiente de notificar el resultado de las auditorías relacionadas con el Programa de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) en el rubro de Seguridad Pública.

Además, que falta dar a conocer los resultados derivados de la práctica de nueve auditorías a ese programa a igual número de ayuntamientos, con la finalidad de iniciar el proceso de “confronta y solventación”, y que se estaba por enviar los pliegos de observaciones.

Otro pendiente es la entrega a los ayuntamientos de 17 pliegos de observación de obra del ejercicio 2001, “de los cuales nueve corresponden a ayuntamientos que enfrentaron el proceso de desafuero, los ocho restantes no han sido entregados”.

Y se encuentra pendiente el inicio de la auditoría a la construcción del Hospital de Taxco solicitada por la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la Unión.

Se informa que actualmente se encuentran en proceso de auditoría integral el programa de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Gasto Corriente, por el periodo de diciembre de 1999 a noviembre del 2002 en 12 ayuntamientos (no se dice cuáles).

Al respecto, al 8 de enero de 2003 se tiene pendiente de auditar 50 cuentas públicas del ejercicio del 2002, todavía en proceso de programación.

De la cuenta pública anual del ejercicio 2000 al corte del 14 de enero de este año, la Contaduría Mayor de Hacienda reporta a la Auditoría Superior del Estado que le fueron entregadas 75 y sólo tiene pendiente la del municipio de Copalillo.

Del ejercicio del 2001 le fueron entregadas 47 y están pendientes 29 cuentas públicas.

Las contradicciones del nuevo ejercicio de transparencia

Nada explica y nadie dice algo sobre el informe de entrega-recepción de la Contaduría Mayor de Hacienda a la Auditoria General del Estado a pesar de que desde la sesión extraordinaria realizada a las 3 de la mañana del miércoles 30 de agosto       del año pasado, la mayoría priísta en la 56 Legislatura aprobó la Ley de Fiscalización Superior del Estado con la que se comprometió a       vigilar que los recursos públicos se apliquen con “honestidad y transparencia” (en esa ocasión los diputados del PRD y del PAN votaron en contra y el del PRS no participó).

Pero desde la sesión del domingo 10 de noviembre pasado (a cinco días de culminar su periodo la 56 Legislatura), no se cumplió con la “honestidad y transparencia” pregonada.

Y es que ese domingo 10 de noviembre, a puerta cerrada y en un lugar alterno al recinto oficial de sesiones del Congreso del Estado, la fracción parlamentaria del PRI y el representante del PAN, Angel Pasta Muñúzuri nombraron fast track al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, Ignacio Rendón Romero, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos.

La realización de la sesión a puerta cerrada fue en la ex sede del Congreso local –ahora sala de juntas del Poder Judicial– y la expliación que se dio entonces en que los diputados del PRD tenían tomada la tribuna del Congreso del Estado para evitar que la fracción parlamentaria del PRI “impusiera”       al titular de la Auditoría Superior del Estado, y que por eso fue obligada la búsqueda de otro recinto legislativo.

Los riesgos de no cumplir con la fiscalización

El hermetismo en torno al informe de entrega-recepción de la Auditoría General del Estado, es también otro incumplimiento de los objetivos de la misma Ley de Fiscalización Superior del Estado aprobada aquella madrugada del 30 de agosto pasado.

Y es que en la fundamentación que hizo el diputado priísta miembro de la Comisión de Justicia de la pasada 56 Legislatura, Enrique Camarillo Balcázar se explica que la nueva ley de fiscalización tiene por objeto “fijar las bases y términos para la competencia, organización, funcionamiento y procedimiento de la Auditoría General del Estado; normar la fiscalización superior que realice, así como la rendición de cuentas de los poderes del estado, ayuntamiento y entes públicos estatales y municipales”.

Además “establece el procedimiento para la determinación de daños y perjuicios causados a las entidades fiscalizadas en su hacienda o patrimonio así como la promoción o fincamiento de responsabilidades, indemnizaciones y sanciones pecuniarias, precisando los medios de defensa correspondientes”.

Dentro de las innovaciones de esta ley, se encuentra que la Comisión de Vigilancia y Evaluación tiene competencia para “vigilar el funcionamiento y los procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la fiscalización de las cuentas públicas de la Auditoría General del Estado”.

Se sustenta que “los servidores públicos de la auditoría se conduzcan conforme a lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones aplicables; además de iniciar el procedimiento correspondiente por las quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte de estos servidores, entre otras”.

Destaca que “cuando algún ciudadano presente denuncias en contra de servidores públicos o particulares sobre presuntas irregularidades cometidas con motivo del ejercicio y aplicación de recursos federales, estatales o municipales, la Auditoría General del Estado en el caso de que la ratifique y si se considera procedente, iniciará las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la denuncia, cumpliendo así con el objeto de esta ley”.

Cabe destacar un título       especial que regula “la determinación de daños y perjuicios y del fincamiento de responsabilidad resarcitoria a los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a las haciendas públicas estatal o municipales, al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales”.

Es decir que la Auditoría General del Estado podrá establecer la presunción de responsabilidades, el señalamiento de los presuntos responsables, la determinación del monto de los daños y perjuicios y fincar directamente o previo el establecimiento de la responsabilidad, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas.

Se destaca que la Auditoría General del Estado “es resultado de       una modernización legislativa en el estado” y que dicho órgano gozará de autonomía técnica y financiera y amplias facultades para poder llevar a cabo con eficiencia y probidad la supervisión, control y evaluación del ejercicio de las finanzas públicas, fincando la responsabilidad resarcitoria a que haya lugar, a aquellos servidores públicos que cometan irregularidades en el manejo de los recursos públicos que les sean confiados con motivo del cargo que desempeñen”.

El presupuesto de 2002 de la Contaduría Mayor de Hacienda fue de 22.13 millones de pesos de los cuales 67 por ciento de destinó a servicios personales; 21 por ciento a servicios generales; 8 por ciento a materiales y suministros, y 4 por ciento a adquisición de bienes muebles.

Para el 2003, la Auditoría Superior del Estado manejará un presupuesto de 30 millones 14 mil 673 pesos, que se distribuirán en el mismo porcentaje que en 2002.

Agrega el informe que al finalizar ese año se tuvo un remanente financiero de 372 mil pesos como consecuencia de ahorros presupuestales, contando así con un fondo inicial para la operación del nuevo órgano de fiscalización.

Indica que no hay adeudos a proveedores ni compromisos financieros pendientes, sólo el gasto fijo de servicios como telefonía, agua potable, energía eléctrica y arrendamientos.

En la entrega-recepción se informa que al 6 de enero la plantilla laboral era de 148 trabajadores a los cuales se les pagó puntualmente sus sueldos, prima vacacional y aguinaldos.

Y se aconseja la necesidad de invertir en la capacitación de los recursos humanos disponibles para mejorar el nivel de atención a las nuevas atribuciones que marca la Ley de Fiscalización Superior.

Que “se requiere la contratación de por lo menos 50 analistas auditores e incrementar el salario a aproximadamente 50 analistas auditores que ya laboran en la institución para homologarlos con otros órganos de fiscalización superior del país”.

Estiman que para el caso de los salarios el máximo sea de 7 mil pesos mensuales para analista auditor “A”, que actualmente es de 4 mil 200 pesos mensuales.

De los recursos materiales y servicios generales se dio a conocer que el parque vehicular actual es de once unidades de las cuales tres están en buen estado, cinco en regular y tres en mal estado.

Señalan que el edificio “es actualmente insuficiente y saturado, no resiste incremento de personal ni a los nuevos auditores especiales, mucho menos para las nuevas atribuciones que la ley marca”, y que el mobiliario y equipo presenta un estado aceptable.

Luego precisa el informe que las tres bodegas donde se almacena la documentación de los ayuntamientos son insuficientes y una se renta a un particular. Y que las instalaciones requieren mantenimiento preventivo como impermeabilización y pintura como mínimo.

Asimismo requieren nuevo equipo de cómputo, más vehículos, sillones, archiveros, estantes para archivo, calculadoras y equipo de oficina en general, para lo cual el presupuesto es insuficiente considerando el incremento salarial necesario y las nuevas contrataciones. (Hugo Pacheco León).

* Pretenden instalar mil 355 casillas en los diez distritos y 38 especiales

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * En sesión del Consejo Local del Instituto Federal Electoral (IFE) se dio a conocer ayer que el costo mínimo de la campaña para diputados para el ejercicio del 2003 es de 339 mil 699.42 pesos y el costo máximo es de 849 mil 248.55 pesos.

También se dio a conocer la designación de ciudadanos que fungirán como capacitadores y supervisores electorales y el informe sobre el avance de la detención de los lugares donde se van a instalar las casillas.

En la sesión realizada por la mañana también se le tomó protesta como consejero electoral al periodista de El Sur y de XEUAG-radio Universidad, Sergio Ocampo Arista, en lugar del extinto Alfredo Arcos Castro.

Luego se dio a conocer que han solicitado ser observadores electorales cuatro personas en los distritos 05 con sede en Tlapa, en el 06 con sede en Chilapa y en el 10 con sede en Acapulco.

Se dio a conocer que se registraron para participar como capacitadores-asistentes y supervisores electorales 2 mil 569 personas.

También se dio a conocer que se visitaron los lugares donde se ubican las casillas, concluyendo que reúnen las condiciones para su funcionamiento y se cuenta con la anuencia de los responsables de los inmuebles para su utilización el día de la jornada electoral, el 6 de julio.

En esos recorridos detectaron que en el distrito 03 con sede en Zihuatanejo la sección 601 se pretende suprimir por falta de población y que los “escasos” electores voten en la sección 600 y en la 2313.

En el distrito 04 con sede en Iguala, la sección 1400 se “presume” que no alcanzará en rango; las secciones 1501 y 1525 se estimaron por el Consejo Distrital sin problemas para su integración y en cambio se propone que se incorporen al “catálogo” las secciones 863 y 1399 por conflictos en las comunidades.

En el distrito 05 con sede en Tlapa, se acordó incluir 68 secciones más. En el distrito 09 con sede en Acapulco se solicita la inclusión de la sección 302 por extrema movilidad en el distrito 10 con sede en Acapulco urbano, y se propone incluir las secciones 98 y 256 por extrema movilidad y manipulación de un líder (no se precisa).

Posteriormente se presentó un informe en el que se da a conocer la pretensión de instalar mil 355 casillas en los diez distritos: en el 01, 89; en el 02, 83; en el 03, 130; en el 04, 132; en el 05, 80; en el 06, 87; en el 07, 179; en el 08, 115; en el 09, 244; y en el 10, 216.

Además se instalarán 38 casillas especiales; en 194 secciones electorales se requiere instalar una segunda casilla o más casillas contiguas porque rebasan el rango de mil 500 electores.

Y detectaron que en 20 secciones de los distritos 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 08, los electores no llegan a 50, por lo que deberán cambiarse a otras secciones.

Mientras que en el distrito 06 con sede en Chilapa existen cuatro secciones que no cuentan con empadronados.

Respecto a las casillas extraordinarias se requiere instalar 88 en nueve distritos excepto en el 10 de Acapulco.

Y pedirán autorización en las zonas navales y militares para la instalación de las casillas.

Por su parte la Vocalía del Registro Federal de Electores informó de la entrega de 34 mil 781 credenciales de elector y se repusieron 10 mil 851.

Igual se informó que existen el padrón electoral, un millón 929 mil 481 electores y en la lista nominal 1 millón 868 mil 61 personas con edad para votar.

Otro informe que se dio fue el referente al acuerdo del pasado 23 de diciembre en el que se determinó el tope de gastos campaña para la elección de diputados federales.

Así el costo mínimo de la campaña para diputados para el ejercicio del 2003 es de 339 mil 699.42 pesos y el costo máximo es de 849 mil 248.55 pesos.

* Pregunta de qué partida sacará René Juárez los 17 millones que prometió a los diputados del PRD para gestoría

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El coordinador parlamentario del PAN, Max Tejeda Martínez dijo este viernes que no ha recibido dinero del gobernador, anunció que cuando eso ocurra “será siempre de manera transparente”, y preguntó de qué partida sacará René Juárez Cisneros los 17 millones de pesos que se comprometió a entregar a los diputados del PRD, según reveló la coordinadora de éstos Adela Román Ocampo.

Dijo también que desde diciembre no se reúne con el gobernador, desmintiendo así la fotografía publicada el jueves en el periódico Novedades por la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, en la que el diputado panista aparece al lado de René Juárez en una sala de Casa Guerrero, y en la que se alcanza a ver el rostro sonriente del coordinador de los diputados del PRI, Carlos Sánchez Barrios.

El pie de fotografía dice lo siguiente: “El gobernador René Juárez Cisneros recibió al coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local, diputado Máx Tejeda Martínez, con quien conversó sobre temas de la actualidad política estatal en un ambiente cordial y de respeto”.

Ese mismo jueves, pero en El Sol de Acapulco, aparece la coordinadora de los diputados perredistas, Adela Román Ocampo, quien asimismo aclaró que la última vez que se reunió con el gobernador fue en los primeros días de febrero, y no el miércoles pasado como desinformó la oficina de comunicación de René Juárez Cisneros, que encabeza el empresario César Bajos Valverde.

Interrogada por los reporteros al respecto el jueves, Román Ocampo reveló que en aquella reunión –de la que no precisó fecha pero que fue poco antes del 15 de febrero– acordó con el gobernador recursos por 17 millones de pesos para obras gestionadas por los 17 diputados perredistas, y que lo mismo han conseguido con diferentes montos los diputados del PRI, PAN, PT, PRS, PVEM y Convergencia.

Por eso el viernes en un boletín de prensa, Max Tejeda dijo que no ha recibido dinero del gobernador. “Si algún día solicitara realizar alguna gestión al gobierno del estado o a cualquier otra instancia gubernamental, será siempre de manera transparente, pensando siempre en el beneficio de los guerrerenses, ya que la función de los diputados es legislar y velar por el pueblo de Guerrero”, dice el boletín de prensa.

Explicó que en las ocasiones en que se ha reunido con el gobernador, “ha sido para platicar y analizar los asuntos relacionados con el desarrollo económico y social del estado de Guerrero y a su función como coordinador de la fracción parlamentaria panista, lo cual sucedió en los meses de noviembre y diciembre”.

Indicó que en la aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos del 2003 en diciembre pasado, están especificados los rubros y asignación de recursos, por lo que no entiende “de dónde el gobernador sacó los 17 millones de pesos para dárselos a los diputados del PRD para la realización de obras”.(Hugo Pacheco / Chilpancingo).

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Dirigentes de las organizaciones que integran la Coordinadora Organizaciones Campesinas e Indígenas de Guerrero (Cocigro) hicieron ayer un nuevo llamado al gobernador, René Juárez Cisneros, para que asista al foro estatal que realizarán el próximo lunes en esta capital en donde se analizarán los problemas del campo.

En conferencia de prensa los dirigentes del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig) informaron que actualmente la Cocigro ya realizó los foros regionales de Atoyac de Alvarez, San Luis Acatlán, Chilapa, el del Filo Mayor y que ayer se realizaban los de Ciudad Altamirano y de Tlapa.

El dirigente del Cresig, Pedro Quiroz Basurto, informó que en esos foros están participando realmente los campesinos y que se está recogiendo sus puntos de vista con respecto a los problemas y necesidades.

Dijo que el próximo lunes 3 de marzo presentarán los acuerdos en un foro estatal en esta capital en el salón Cuicalli en donde se harán también las propuestas para reorientar la política del campo guerrerense.

“Invitamos abiertamente al ciudadano gobernador para que esté presente en las conclusiones de este evento porque creemos que es importante consolidar estas propuestas con el gobierno estatal”.

Informó que las conclusiones de los foros los llevarán a las mesas sobre los mismos temas en la ciudad de México.

El dirigente del Cresig dijo que es importante la presencia del gobernador René Juárez porque es quien debe ejecutar las propuestas que han hecho los campesinos durante estos foros.

Aurelio Peláez * Precandidatos del PRD del distrito 09 demandaron a la dirigencia nacional de su partido apoyar el plebiscito para definir al candidato a diputado federal.

En conferencia de prensa, Pablo Avalos Castro, Eloy Cisneros Guillén, Leonel Olea Olea, Abel Salgado Valdez y Apolinar Segueda Dorantes, insistieron en que la dirigencia nacional de su partido no debe incurrir en la violación de sus estatutos, y optar por la encuesta en lugar de la consulta como forma de definir a sus candidatos.

A la conferencia no llegó otro aspirante que ha respaldado la consulta como método de elección, Baltasar Avila, de Tres Palos. Los otros tres aspirantes, Florentino Cruz Ramírez, Regino Díaz López y Rosario Herrera Ascencio han manifestado ante representantes del comité estatal perredista que respaldan la encuesta como método para elegir al candidato en ese distrito.

Abel Salgado señaló que el PRD debe mantener su sentido democrático, y respetar lo que mandan sus estatutos, que es definir a sus candidatos mediante consultas internas.

Apolinar Segueda, ex presidente del Consejo estatal perredista, manifestó incluso que los perredistas del distrito 09 podrían firmar un escrito de protesta contra el Consejo Nacional de su partido, que decidió cancelar la consulta como forma de designar a sus candidatos, y en cambio privilegiar la encuesta o las candidaturas de unidad mediante el acuerdo político entre los aspirantes.

El ex presidente estatal del PRD, Eloy Cisneros Guillén, sostuvo que el Comité Ejecutivo Nacional debe respetar la decisión de la mayoría de los candidatos en Acapulco, que es la de decidir las candidaturas en un plebiscito.

En la conferencia también se pidió al CEN del PRD fiscalizar las precampañas perredistas, en particular la del ex rector de la UAG, Florentino Cruz Ramírez, a quien señalan que ha derrochado recursos económicos en esta precampaña.

* Dicen que sin elecciones destituyen a los del PRI

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Autoridades rurales del municipio de Azueta denunciaron que el regidor perredista de Agricultura y Ganadería, Antonio Véjar Espinoza, en contubernio con el director municipal de Gobernación, Carlos Gutiérrez Farías, cambian de delegados y comisarios municipales imponiéndolos en nombre del alcalde Amador Campos Aburto.

El señor Juan Ruiz Hernández, subdelegado de la comunidad de Los Varillos, denunció que el regidor Véjar Espinoza “anda imponiendo y cambiando a los delegados y comisarios diciendo que son órdenes del presidente municipal, Amador Campos Aburto”. Dijo que hace un mes, Véjar Espinoza asignó arbitrariamente a Nicolás Montúfar Hernández “nomás porque es perredista y le ayudó en la campaña al presidente Amador Campos y lo mismo acaba de hacer en Las Huipilillas acomodando a Andrés Ramírez Sánchez”.

Por su parte, el ex delegado de la localidad de Mesas de Bravo, Homero Bravo, dijo que el regidor en contubernio con el director de Gobernación municipal, Carlos Gutiérrez Farías, pretenden destituir al actual delegado José Rocha Rivera, “y Antonio Véjar sube a la sierra a decir que es por órdenes del presidente municipal”.

En la colonia Arboledas II, de la comunidad de San José Ixtapa, Gutiérrez Farías pretende destituir a la líder de ese núcleo poblacional, la señora Dioselina Véjar, “pero sin convocar a votaciones y sin tomar en cuenta a todos los habitantes de la colonia”.

El señor Homero Bravo dijo que “todo esto que viene haciendo el regidor Antonio Véjar es revanchismo político, porque todos los delegados y comisarios que quiere quitar son priístas y los que quiere poner son perredistas que le ayudaron en la campaña para que ganara el presidente municipal y eso no se vale porque no lo están haciendo conforme a derecho”.

Por su parte, el campesino Juan Ruiz señaló que “lo que nosotros pedimos es que se conduzcan conforme a la ley, no queremos que se utilice el abuso de autoridad, ahora, que si quieren cambiar de autoridades, que lo hagan pero que pongan convocatorias y le avisen a la gente para que esté enterada y la gente decida”.

Ambos campesinos manifestaron ya haber acudido al ayuntamiento de Zihuatanejo “para que don Amador Campos nos diga personalmente si es cierto que él dio la orden para que Toño Véjar ande por toda la sierra cambiando y poniendo autoridades a su antojo nomás porque son del PRD, pero no estaba”.

Los campesinos inconformes adelantaron que en el transcurso de la próxima semana acudirán de nueva cuenta al Palacio Municipal “ojalá y tengamos suerte porque queremos hablar personalmente con él y decirle lo que andan haciendo sus colaboradores”.

* Presenta su renuncia Jesús Bernal ante Apreza, Astudillo, Vicario, Añorve, Leyva Acevedo y De la O * El auditorio José Francisco Ruiz Massieu se llama ahora Antonio Pizá Soberanis

Aurelio Peláez * El priísmo guerrerense se dio una tregua en Acapulco. El presidente estatal del partido, Héctor Apreza Patrón, tomó protesta a Oscar Hernández Salgado como presidente interino del Comité Directivo Municipal, dejando en la orilla al notario Manio Favio Pano, quien era la carta de la dirigencia estatal, y del gobernador René Juárez.

Tras dos semanas de jaloneos y movimientos del priísmo local, Jesús Bernal Román finalmente presentó ayer su renuncia a la presidencia del PRI municipal, decisión que según fuentes de la dirigencia estatal, éste había tomado desde el martes de la semana pasada.

El acto, que pareció una victoria del priísmo local, fue avalado por los senadores Héctor Astudillo Flores y Héctor Vicario Castrejón; por el diputado federal, Manuel Añorve Baños, y por el ex alcalde de Acapulco, Rogelio de la O Almazán. Estuvo el ex gobernador Israel Nogueda Otero, y los diputados federales Efrén Leyva Acevedo y Juan José Nogueda.

Apenas este martes, grupos del priísmo local habían demandado que la dirigencia estatal nombrara a Oscar Hernández, director del parque Papagayo, como presidente del comité municipal, luego de que desde la dirigencia estatal se filtró que el nuevo líder sería el notario Pano, quien ya parecía descartado.

Los priístas, entre ellos quien fuera secretario particular del ex gobernador Angel Aguirre, Gustavo Torres Blanco, habían señalado que Manlio Favio Pano carecía de méritos partidarios para ocupar la dirigencia.

Luego de estas expresiones, Jesús Bernal, en un acto en el que estuvo el delegado del CEN del PRI para Guerrero, José Ascensión Orihuela, designó a Oscar Hernández secretario de Organización, posición desde la cual estaría en posibilidad de ocupar la presidencia del partido, en caso de que renunciara el presidente, como aconteció ayer.

En sesión extraordinaria, presidida por el secretario técnico del Consejo Municipal, precisamente el notario Manlio Favio Pano, Bernal hizo pública su renuncia, y por estatutos fue relevado por Oscar Hernández. En la secretaría general se designó a la ex titular de la Secretaría de la Mujer en el gobierno de Aguirre, Alma Clarisa Rico.

En la sesión, a petición del diputado federal Efrén Leyva Acevedo, se cambió el nombre del auditorio del edificio del PRI en Acapulco, que se llamaba José Francisco Ruiz Massieu. Se le bautizó con el nombre de Antonio Pizá Soberanis, el ex presidente del PRI porteño que falleció el año pasado. En el periodo como gobernador de Ruiz Massieu, Leyva Acevedo fue presidente municipal de Chilpancingo, y diputado federal por el PRI.

En su discurso, Héctor Apreza Patrón afirmó que en Acapulco el PRI demanda unidad para recuperar los espacios políticos perdidos. Afirmó que su partido debe estar por encima de “los intereses personales y de grupos”, y conminó a reconstruir al PRI.

A manera de reseña del periodo que le tocó dirigir a Bernal Román, en donde se perdió la presidencia municipal de Acapulco y las siete diputaciones locales, dijo que a éste “le tocó caminar un sendero difícil, cargar una loza”.

Oscar Hernández, quien desde hace diez años aspiraba a ocupar la presidencia del PRI porteño, y a quien se ubica como cercano al senador Vicario y al ex diputado local César Flores Maldonado, destacó la labor de Bernal Román y dijo que trabajará por la unidad del priísmo porteño.

En el acto hubo un centenar de priístas, líderes como Dalia Serna, Magda Adame, Alejandro López Salgado, y hasta prospectos de candidatos a diputados como Carlos de la Peña Pintos y Ana María Castilleja, y desde luego el propio Bernal Román, a quien se menciona como aspirante a diputado federal por el distrito 09 de Acapulco.