Gregorio Urieta, corresponsal, Ciudad Altamirano * Además del cambio del Coordinador Regional de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) Enrique Arriaga Silva, en Tierra Caliente, el mismo jueves Camerino Jaimes Palacios fue nombrado en el mismo cargo pero de la Procuraduría Social del Campesino.

Se trata, dijo una fuente del PRI, de los primeros de una serie de cambios, a los que la semana próxima seguirán los del delegado de Gobierno y de Tránsito, todo con vistas a unificar a los grupos priístas en la perspectiva de las elecciones de diputados federales de julio.

El presidente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre, denunció el jueves que el coordinador político del PRI para la región, Rubén Figueroa Alcocer, exigió el cese de Arriaga para poner el programa de entrega de fertilizantes al servicio de la estrategia de campaña del PRI.

Arriaga fue removido después de la visita del ex gobernador el fin se semana pasado y del gobernador René Juárez Cisneros apenas el miércoles. El ahora ex coordinador regional de la SDR es licenciado en Economía y especialista en planeación y desarrollo agropecuario, y había resistido los permanentes embates de los agrónomos asociados y afiliados al PRI, de los políticos y líderes priístas y de los alcaldes de filiación priísta que no soportaban que exigiera el respeto a la normatividad en la aplicación de los programas de apoyo al campo, la mayoría de orden federal.

Acostumbrados a usarlos electoralmente en su propio beneficio, como lo denunció el todavía coordinador, los priístas en repetidas ocasiones acudieron al secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone y al propio gobernador para exigirles la salida de Arriaga el que invariablemente exigía que las propuestas de apoyo fueran validadas por los distintos comités de Desarrollo Rural. En varias ocasiones el grupo figueroísta en la región propuso a la ex alcaldesa de Ajuchitlán, Francisca Dinora Hernández para sustituir al especialista en cuestiones agropecuarias. Dinora pasó de secretaria mecanógrafa del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de Ajuchitlán, a presidenta municipal.

Sin embargo, en lugar de Arriaga –hombre de confianza de Popoca Boone– no llegará un figueroísta sino Ossiel Luviano, ex precandidato a la presidencia municipal de Tlalchapa y quien fuera acusado por los figueroístas de haber apoyado al PRD en la elección de 1999. Luviano pertenece al grupo del diputado federal Héctor Pineda Velázquez quien, luego de su secuestro y de regreso de Querétaro, donde se refugió unos meses, reapareció en un acto público en la región acompañando al gobernador en la gira del miércoles pasado.

El nuevo representante de la Proscai, Camerino Jaimes Palacios es hermano de Miguel de los mismos apellidos, con quien hace tres años abandonó el PRI para refugiarse en el PRD de San Miguel Totolapan, desde donde combatieron al extinto ex alcalde priísta, Bolívar Mendoza Duarte.

Además de esos cambios, en la región ya están decididos otros más con vistas al proceso electoral. De acuerdo con la fuente priísta, Isabel Jiménez Luciano dejará su lugar en la delegación de Gobierno al renejuarista Hipólito Hernández, quien ha manejado la distribución del fertilizante que se entrega a los alcaldes para que éstos lo distribuyan a los campesinos de filiación priísta. En la delegación de Tránsito ocupará el lugar de Mario Aguirre Peñaloza, el renejuarista-figueroísta Efraín Flores Solorio, cuñado del diputado Héctor Pineda. Flores Solorio, aspirante a alcalde en 1993, siempre ha dicho que fue “sacrificado” por el entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu para “entregar” a los perredistas los municipios de Ajuchitlán, Cutzamala y Zirándaro.

* El oficio, fechado el 3 de febrero y distribuido el 14, fue llevado a la Oficialía de Partes de la SPV, a la Secretaría Particular y a la misma oficina del presidente municipal

Alfredo Mondragón y Nelly Bello * El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Abad Gerardo Orozco Rojas pidió “por lo menos ocho policías preventivos” para ejecutar un embargo en El Sur, respondió el secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdez, quien entregó a este medio el oficio que recibió la dependencia el 14 de febrero, aunque está fechado el 3 del mismo mes.

Orozco Rojas, por su parte, quien el jueves señaló al secretario Valenzuela como el responsable de enviar tantos agentes policiacos a El Sur, admitió ayer haber solicitado por escrito al jefe policiaco dicha cantidad de preventivos.

Aunque ahora, entrevistado el viernes, justificó no haberlo aceptado al ser entrevistado el jueves por este medio, pues dijo que se trató de un documento elaborado por la secretaria de Acuerdos Reyna Carranza, a solicitud expresa del actuario Francisco Hernández Guzmán y que estaba entre los 50 documentos que a diario firma y que en su mayoría no lee.

El teniente Valenzuela Valdez fue entrevistado sobre la presencia de ocho policías preventivos, durante el fallido embargo de los bienes de la empresa Información del Sur SA de CV, editora de este periódico, para ejecutar un laudo que ganó el corresponsal del diario nacional La Jornada, Domingo Misael Habana de Los Santos, en contra de la empresa Medios del Sur, que editaba el periódico local La Jornada El Sur, que dejó de circular en Guerrero el 6 de octubre del 2001 y que dejó de tener su domicilio donde ahora se encuentra El Sur, periódico de Guerrero.

Valenzuela Valdez leyó el oficio 306 remitido por el presidente de la JLCA, Orozco Rojas a la corporación policiaca el pasado 14 de febrero y que “solicita el auxilio de la fuerza pública” y tenga a bien facilitar el auxilio al actuario Francisco Hernández Guzmán, “consistente en poner a su disposición por lo menos a ocho policías preventivos”.

La acción, agrega el documento, “para efecto de que cumpla eficazmente con el auto de requerimiento de pago y/o embargo, dictado en el expediente laboral número 2007/ 2001, promovido por Domingo Misael Habana de los Santos, en contra de PERIODICO EL SUR y/o, lo anterior con fundamento en el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo y para tal efecto se señalan las 12:00 horas del día 19 de febrero”.

La diligencia de embargo no se realizó porque en las instalaciones ubicadas en calle Vasco Núñez de Balboa ahora se localiza la empresa Información del Sur, SA de CV, que desde el 6 de octubre del 2001 edita El Sur, periódico de Guerrero –y a la cual no se incorporó Habana de los Santos– y porque el actuario reconoció que esta es otra empresa, con otros dueños y otros acativos y que no tenía nada que ver con la demanda mencionada, por lo que no fue emplazada ni vencida en juicio.

El oficio 306 –elaborado el 3 de febrero– fue remitido por el presidente de la JLCA Abad Orozco, al “secretario de Protección y Vialidad”. Fue recibido el mismo 14 de febrero a las 14:48 horas en la oficialía de Partes de la SPV y por la oficina particular del secretario Valenzuela Valdez a las 15:40 horas. También fue entregado a la Presidencia Municipal, instancia que la turnó a la SPV a las 21:20 horas.

Valenzuela Valdez dijo que “normalmente” este tipo de peticiones llegan a la Oficialía de Partes de la SPV y “depende del asunto y apoyo, por ejemplo si es para policías, se manda directamente al director de la Preventiva (Ernesto Ríos Torres)

El jefe policiaco dijo desconocer porqué en este caso se puso tanto empeño en que el oficio del presidente de la Junta se entregara en la Oficialía de Partes, a su secretario particular y, además, a la oficina del presidente municipal Alberto López Rosas.

Luego dijo que él mismo no tuvo conocimiento de dicho documento porque “como son tantos oficios de apoyo simplemente y sencillamente se mandan a la Dirección de la Preventiva y me regresan los reportes de lo que sucedió”. Valenzuela Valdez dijo que era “normal” la presencia de tantos policías en un embargo debido a la experiencia de agresiones hacia los actuarios de la JLCA, pero enfatizó que el número de policías lo solicitan las diversas autoridades “de acuerdo a sus problemáticas”, y aseguró que no fue determinación de él enviar esa cantidad, y se comprometió a investigar si de otra área de su oficina se tomó esa decisión.

Ningún interés político: Abad Orozco

Por su parte, Orozco Rojas, justificó: “Firmo muchos documentos y no me fijé que pedía ocho, pero cuando dijo que iba (a El Sur) le dije: ‘mira, si llevas policías que se queden afuera, que no entren’, desconozco si entraron y si entraron quiere decir que no acató”.

Explicó que la recomendación al actuario para no entrar escoltado por los agentes preventivos era porque “no estamos con un patrón de peligro, déjalos afuera y tú entra, busca la manera de hacer la diligencia con el representante legal”.

–Si estuvo pendiente de eso ¿no preguntó cuantos policías llevaba de resguardo?

–No, la verdad no le pregunté, él me dijo que se iba a hacer acompañar de la fuerza pública.

–¿Pidió el resguardo de policías judiciales?

–No, eran nada más preventivos.

–¿Es habitual que la Junta se haga acompañar por judiciales?

–No, nunca, porque el auxilio lo presta la preventiva, la actividad de los judiciales es otra totalmente, no pedimos auxilio a la judicial nunca lo hemos pedido.

–¿Quién toma la decisión final de cuantos agentes policiacos debe llevar?

–Los actuarios.

–¿Considera el presidente de la Junta Local, que el personal que labora en El Sur es peligroso?

–No, en ningún momento, tan es así que le dije al actuario que si llevaba elementos que ellos se quedaran afuera, porque ahí sólo iban a requerir, también le di indicaciones de que tuviera cuidado, o sea que no fuera a embargar cosas que no tenía que embargar y tan es así que no embargó nada.

Abad Orozco aseguró que en el asunto “no había interés político, las relaciones entre el periódico y la autoridad laboral son cordiales, han pasado sus notas como debe de ser, hay personas que se han quejado de nosotros y ustedes sacan sus notas pero sin tratar de afectarnos. Para mí la relación con el periódico es cordial.

Luego dijo que el actuario actuó de buena fe, pues luego de que se le exhibieron los documentos de que en el domicilio operaba otra empresa, decidió correctamente no embargar. Llevaba la instrucción de asentar todo en un acta y ser muy cuidadoso “porque la parte actora (Misael Habana) lo estaba presionando”.

–Sin embargo las relaciones del gobierno del estado con el periódico El Sur no son tan cordiales, se tornaron ríspidas en los últimos días.

–No, la verdad no estaba enterado. Leí una nota de ayer (jueves) del señor Marcelino, es ahí donde vi que su compañero (Zacarías Cervantes) decía que las relaciones no eran buenas, pero en sí yo no he recibido ninguna consigna, hemos actuado conforme a la ley.

–¿Hubo un llamado de Marcelino Miranda para acelerar el proceso?

–No, en ningún momento, es más a Misael lo conzco de nombre, de forma personal no, porque todo su trámite lo ha hecho con el auxiliar, el secretario de acuerdos y el actuario, él no se ha presentado hasta el momento conmigo.

Explicó que el procedimiento antes de la diligencia formal es que la parte demandante fije fecha con anticipación con el actuario para ir al embargo, pues debe estar la autorización del presidente de la Junta.

Luego de la autorización, el documento es llevado por el actuario, o por el demandante directamente a la SPV, que debe regresar la copia de recibido.

Aurelio Peláez * El secretario de Organización estatal del PRD, Guillermo Sánchez Nava, confirmó que las direcciones nacional y estatal de ese partido pudieran aceptar de forma “excepcional” la realización de plebiscitos en los dos distritos de Acapulco, para definir a sus candidatos a diputados federales.

No obstante, precisó que esto se aceptaría “siempre y cuando todos los precandidatos estén de acuerdo”, puesto que para las instancias de dirección partidista lo preferible es definir a los candidatos a diputados federales en los distritos 09 y 10 a partir de una encuesta o de un acuerdo político entre los aspirantes, como lo determinó el Consejo Nacional.

Sánchez Nava se reunió al mediodía de ayer con los precandidatos por el distrito 09 Eloy Cisneros Guillén, Florentino Cruz Ramírez, Regino Díaz, Rosario Herrera Ascencio, Leonel Olea Olea, Abel Salgado Valdez y Apolinar Segueda Dorantes.

Por la noche, Sánchez Nava estuvo con los precandidatos por el distrito 10, Carlos Alvarez Reyes, Martín Bautista, Leopoldo Calderón Caballero, Benjamín Sandoval Melo, Rosario Merlín García y América García.

En ambos grupos, Sánchez Nava escuchó las propuestas de método para elegir a los candidatos a diputados. En el distrito 09, los precandidatos, que fueron convocados en el comité municipal del PRD, dieron dos propuestas. La mayoritaria, por el plebiscito, en tanto que Florentino Cruz, Regino Díaz y Rosario Herrera, se expresaron en favor de la encuesta.

En el distrito 10, los precandidatos también presentaron una propuesta mayoritaria de que el método fuera por plebiscito, aunque Carlos Alvarez y América García se manifestaron por la encuesta. Irma Figueroa Romero, a quien recientemente se ha propuesto como candidata externa, no asistió a la reunión. El encuentro fue en el restaurante del hotel Howard Johnson.

Sánchez Nava no consideró que la posición en favor del plebiscito sea un acto de rebeldía contra la decisión del Consejo Nacional que de plano desechó ese método. “Yo creo que no es rebeldía. El mismo Consejo Nacional acordó acuerdo político o encuesta, pero en la política hay también varias salidas. Nosotros podemos interpretar que lo que están haciendo para ponerse de acuerdo en una consulta es parte de un acuerdo político. Si todos de consenso firman un acuerdo y definen un procedimiento de cómo decidir quién encabeza la fórmula, es un acuerdo político”.

Añadió que “obviamente para el nacional y el estatal lo mejor sería que no fueran a consulta, o sea, se adecuaran al resolutivo de la encuesta, pero este término, esta opción de acuerdo político es muy amplia. Entonces si ellos de consenso aprueban otro método que no sea la encuesta, siempre que sea de consenso y lo respeten, el Consejo Estatal y Nacional respetarán esa decisión. Si no respetan sus acuerdos, está claro que el Nacional va a hacer la encuesta de todas maneras”.

Sánchez Nava negó que su presencia en esta reunión fuera para atender la petición de los precandidatos del distrito 10 de que los acompañase un delegado del comité estatal, y otro del nacional, para presentarles sus propuestas de método.

“El comité estatal tomó la iniciativa para convocar a los precandidatos y ver cuál era el avance de los acuerdos en este distrito 09. El resultado de esta reunión es que todavía se dieron otro plazo más para el miércoles próximo, que yo creo que va a ser el último día para que ya definan de consenso el método”.

En cuanto a los precandidatos del distrito 10, aún anoche presentaban su propuesta de método.

El precandidato del PRD a diputado federal por el distrito 03, Octaviano Santiago Dionisio, conminó a los demás aspirantes a       mantener la unidad del perredismo –como estrategia para enfrentar al PRI en la Costa Grande– y derrotar al figueroísmo.

Asimismo aseguró que si no le favorecen los resultados de la encuesta para elegir al candidato, dará su respaldo a quien gane.

Entrevistado el jueves por la tarde al visitar la redacción de este diario, Santiago Dionisio informó que “a más tardar” este domingo 23, los precandidatos perredistas del distrito 03 se reunirán para decidir qué encuestadora se hará cargo del sondeo.

Destacó que los precandidatos aceptaron la decisión del Consejo Nacional del PRD de desechar el plebiscito electivo como método de selección, aún cuando no están de acuerdo con la encuesta. Esto, precisó, lo decidieron con la condición de que el sondeo lo paguen los precandidatos y elijan a la empresa encuestadora, “para evitar irregularidades”.

El ex diputado local perredista recordó que él fue uno de los defensores de la consulta abierta en el Consejo Nacional de su partido, y que sin embargo “acordamos impulsar la encuesta” porque “uno se ve obligado a ponerse el saco de la institucionalidad”.

El ex candidato a presidente municipal de Atoyac, se refirió también a que en círculos perredistas de la Costa Grande “se escuchan voces” que cuestionan su precandidatura, “sobre todo porque nos reprochan que venimos de una derrota”. Al respecto, explicó que su participación por la candidatura del PRD a diputado federal se debe a que la lucha por la construcción de la democracia no se acaba con resultados adversos.

Insistió en llamar a los demás precandidatos a mantener la unidad “y a que mantengamos el nivel de respeto, tanto en los hechos como en el discurso”.

El Sur es una molestia para el gobernador

Por otra parte, Santiago Dionisio expresó su solidaridad con el periódico El Sur, ante la hostilidad del gobierno de René Juárez Cisneros. Consideró que se trata de la etapa de mayor agresividad contra este medio, “que no ha tenido empacho en decir las cosas como son, y eso se nota que le molesta al gobernador, por lo que pareciera estarse ensañando contra este periódico”.

Señaló que “a todas luces se trata de un atentado contra la libertad de expresión y de un ataque contra el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos”. Criticó la actuación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en las demandas laborales contra el periódico La Jornada, y el despliegue policiaco del miércoles pasado en las instalaciones de El Sur. “Resulta extraño porque no se procede así si las autoridades no dan una orden o sin su consentimiento”, agregó.

El pasado jueves 20 se destruyeron poco más de 22 toneladas del total de las boletas electorales que se utilizaron en el proceso de elección local para renovar el Poder Legislativo y ayuntamientos el pasado seis de octubre de 2002.

Previamente, en reunión de trabajo, consejeros electorales y representantes de partidos políticos determinaron por consenso, y a propuesta del Partido Verde Ecologista de México, que el proceso de destrucción de las boletas electorales se realizaría mediante la trituración para su posterior reciclaje en la empresa Smurfi, Papel y Cartón de México.

Para ello se integró una comisión de vigilancia por: el presidente del Consejo Estatal Electoral, Ceferino Cruz Lagunas, los consejeros electorales Alfonso A. Neri Celis, Jorge Sandoval Quiñónez, Jesús Javier Cabañas Calvo, Alejandro Ortiz Hernández y los representantes del PRD, PRI, PVEM, PC, PSN, PAS y Fuerza Ciudadana, quienes desde el miércoles 19 se dieron cita en las instalaciones del organismo electoral para dar verificar que la totalidad de los materiales fueran trasladados a la ciudad de México para su posterior destrucción.

  Somos otros

Nuestro interés en saber porqué llegaron tantos policías el miércoles a El Sur no responde a que estemos pidiendo impunidad, algún trato especial ni mucho menos, porque aquí no hemos violado ninguna ley.

Lo único que queremos es salir de la duda de, si en el intento fallido por embargar los bienes con que se elabora nuestro periódico, está detrás la mano del gobernador del estado, como muchos sospechan.

No habíamos hecho hasta ahora ningún comentario editorial sobre los hechos de aquel día porque en la misma diligencia en cuestión el actuario enviado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Francisco Hernández Guzmán, concluyó que Información del Sur SA de CV es “un tercero que no tiene nada que ver, que no fue llamado a juicio ni fue vencido”, y que, en consecuencia, no procedía ningún embargo de sus bienes.

Por supuesto que nos pareció sospechoso el momento en que la autoridad laboral decidió ejecutar el laudo que favorece al corresponsal del periódico de circulación nacional La Jornada, Misael Habana de los Santos, pero que no es contra nuestra empresa.

Llama la atención, por ejemplo, que el oficio esté fechado el 3 de febrero, pero el sello de recibido muestra la fecha del 14, es decir, tres días hábiles antes de la diligencia y dos días después de que a El Sur se le impidió el acceso a un acto oficial en Casa Guerrero. Entonces publicamos un editorial en el que resumíamos la cadena de agravios contra nuestro periódico de parte del gobierno del estado, y el que terminamos con las siguientes líneas: “No vamos a modificar nuestra línea editorial, que es lo que quiere el gobernador”.

El jueves 13, es decir un día antes de que desde la oficina del presidente de la Junta se le requiriera al jefe de la policía de Acapulco el envío de “por lo menos ocho policías preventivos”, el titular principal de El Sur decía: “Guerrero, entre los más inseguros”, que aludía a la encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Sguridad que ubicaba al estado en el cuarto lugar nacional con más inseguridad según la percepción de sus ciudadanos.

Ese mismo jueves publicamos una muy recargada caricatura de Méndez que muestra al gobernador como un caníbal africano que atiza el fuego de un perol dentro del cual está un ejemplar de El Sur, y que tiene la siguiente leyenda: “Yo quiero un periodismo que siempre hable a mi favor”.

¿Recibió entonces Abad Orozco la orden de agilizar la aplicación de un laudo, producto de una oscura demanda laboral, para intentar un golpe mortal contra nuestro periódico?, nos preguntamos acá. Porque, dijimos entre nosotros, si es así el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, de cuya oficina dependen las autoridades laborales, nos debe una explicación muy puntual al respecto. Este funcionario concedió en Chilpancingo una entrevista a Zacarías Cervantes minutos después de que comenzó el intento de embargo, y olímpicamente dijo que no había ninguna línea del gobernador contra El Sur, aprovechando que nuestro corresponsal no sabía aún de lo que acababa de suceder en su periódico.

Además, ¿qué hacía a pocos metros de nuestras oficinas un automóvil con cinco policías judiciales dirigidos por nada menos que el comandante de Asuntos Especiales, Daniel Mañez Campos? ¿Tiene el procurador Jesús Ramírez Guerrero que decir algo al respecto?, eran otras preguntas que nos hacíamos.

¿Por qué el director de Comunicación Social, César Bajos Valverde, no pierde la oportunidad de decir a quien lo quiera escuchar que no quiere saber nada de El Sur?

¿Por qué tanto empeño en que el oficio en que se solicitaba la presencia de ocho policías preventivos fuese entregado a la Oficialía de Partes de la SPV, a la Secretaría Particular y a la misma oficina del presidente municipal de Acapulco?

Varios políticos que nos han hablado para expresar su preocupación y su solidaridad con El Sur han repetido el axioma que dice “piensa mal y acertarás”

Por lo pronto sólo queremos decir que el señor Habana de los Santos sabe que no está peleando con nosotros ningún derecho laboral, ni tampoco de orden civil. Fue compañero de nosotros hasta antes de la ruptura con los actuales directivos de La Jornada. Fue uno de los reporteros más reconocidos, y pilar del periódico y de la empresa que lo editaba en momentos decisivos en los que, asimismo, enfrentamos la intolerancia desde el gobierno.

Pero desde aquella ruptura se ha convertido en un enemigo irracional de nosotros, como lo pueden comprobar muchos compañeros del gremio. Nuestros amigos y lectores saben que desde octubre del 2001 El Sur es editado por otra empresa como quedó claro en el desplegado firmado por los trabajadores el mismo miércoles, y publicado aquí el jueves.

No sólo nos enfrentamos, como desde hace casi 10 años, a la intolerancia de los gobernantes de un régimen que va de salida. Ahora, además, nos mantuvimos unidos en el momento en que más cerca estuvo nuestro periódico de desaparecer, porque el golpe vino del lugar menos pensado. Y en este crítico episodio Misael Habana militó activamente en contra de sus ex compañeros. Antes, durante y después del golpe. Lo hace ahora, disfrazando una agresión contra El Sur con la defensa de sus derechos laboral, de los que es responsable otra empresa, Medios del Sur, en poder de Desarrollo de Medios, empresa que edita La Jornada.