* El director de Transportes, Reynaldo Echeverría, denunció los hechos el 21 de noviembre * Presentó un listado de 286 concesiones y documentación falsas * El funcionario está citado para que explique cómo obtuvo los documentos * Entre los señalados, han comparecido José Luis Luna Cuevas, Francisca Ariza Acevedo, José Luis Lara de los Santos y Marco Antonio Andraca Bravo

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó el pasado miércoles 19 a la Comisión Permanente del Congreso del Estado que ha citado a declarar a varias personas –entre ellas funcionarios– relacionadas con la falsificación de placas y documentación de permisos de taxis que operan en Acapulco.

El informe de la PGJE presentado al Congreso por el director general de Averiguaciones Previas, Joaquín Juárez Solano, fue turnado en primera instancia a la Secretaría General de Gobierno, que la entregó al Congreso del Estado. Fue leída en la Comisión Permanente en la sesión del pasado miércoles 19, en atención al requerimiento que hicieran los diputados en un punto de acuerdo presentado el 16 de enero en el periodo ordinario.

Aunque no da a conocer resultados, la PGJE detalla que el pasado 21 de noviembre de 2001 recibió el escrito del director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, Reynaldo Echeverría Medrano, quien presentó la denuncia “por hechos probablemente delictuosos, cometidos en agravio de la dependencia citada y en contra de quien resulte responsable”, por la “circulación indebida” en Acapulco de taxis con placas y documentación falsa, “que provoca duplicidad en los números de placas y números económicos incorrectos”.

La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad denunció en esa ocasión a la PGJE que en julio de 2001 comenzaron operaciones en los que se hallaron diversas irregularidades, y presentó un listado de 286 concesiones con documentación falsa, incluyendo copias fotostáticas simples de órdenes de pago y recibos oficiales de pago de revista de confort, “sin mencionar cómo obtuvo la información”, y exigió presentar la documentación respectiva para las investigaciones.

Con estos antecedentes, la PGJE respondió que integró la averiguación previa DGAP/154/2001 y a la fecha ha citado a las declarar personas de quienes están expedidas las órdenes de pago.

Se informa en este sentido que han comparecido el 12 de febrero de 2002, José Luis Luna Cuevas; el 15 de julio de 2002, Francisca Ariza Acevedo, y el 27 de agosto de 2002, José Luis Lara de los Santos, “quienes coincidieron en declarar que compraron los permisos a Marco Antonio Andraca Bravo, quien a su vez dijo que se las vendió Bricio Pérez Ramírez, pero que después les recogieron las placas por presentar irregularidades”.

Agrega que el 19 de febrero de 2002 recibió del director de la Comisión Técnica de Transporte una relación del personal que ha laborado en esa dependencia de 1998 a 2002, desde el propio director hasta jefes de Departamento de Concesiones y del Departamento Administrativo, así como del delegado en Acapulco y un padrón de 3 mil concesionarios reglamentados, añadiendo al informe que “en ese padrón no aparecen los falsos concesionarios”.

La PGJE también requirió al director de la Comisión Técnica que informara acerca de la forma en que obtuvo la relación de los falsos concesionarios, y con fecha 27 de septiembre de ese mismo año, mediante el oficio CTV-DG-1107/02, manifestó que se la hizo llegar Bricio Pérez Ramírez.

Entre las diligencias que ha hecho la Dirección General de Averiguaciones Previas, informa que han citado a declarar a Bricio Pérez Ramírez y Marco Antonio Andraca Bravo. Pero no dice cuál fue el resultado.

También han citado a declarar a los concesionarios a quienes se les expidieron órdenes de pago, y les requirió los originales a fin de cotejar las firmas de los encargados de autorizar dichas órdenes y en su caso solicitar el respectivo dictamen pericial en materia de grafoscopía.

Asimismo ha solicitado al director de la Comisión Técnica de Transporte que rinda un informe en el que especifique cuándo, cómo y en qué circunstancias recibió de parte de Bricio Pérez Ramírez la relación de falsos concesionarios, cómo obtuvo las órdenes de pago exhibidas y cómo obtuvo los datos de los falsos concesionarios propietarios de las placas que fueron recogidas en Acapulco, de las cuales dio fe la autoridad ministerial en la sede de la dependencia, en Chilpancingo.

Además de que ha citado a declarar al personal que ha laborado en la dependencia, de acuerdo a la lista proporcionada por el director de la Comisión Técnica de Transporte.

Este informe que hizo llegar la PGJE al estado fue turnado a la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, que preside el diputado del PRI Raúl Salgado Leyva, cuyos integrantes deberán analizarlo para presentar un dictamen, junto con el estudio sobre el problema del caso solicitado por unanimidad en la sesión del pasado 16 de enero.

* Se les toleraba porque su giro no era el comercio de mercancías, explicó en esa fecha el director de Vía Pública, Uriel Leal Ramírez

Karina Contreras * La Dirección de Vía Pública retiró de la calle Tadeo Arredondo a los más de diez taqueros que permanecían allí, a pesar del desalojo del 29 de enero.

Aunque se trató de contactar al director Uriel Leal Ramírez, para saber donde fueron ubicados, y a que horas fue el desalojo, la secretaria sólo informó que estaba en una reunión, y que era el único facultado para dar información.

Pero extraoficialmente, se supo que estos fueron retirados de manera pacífica por la mañana, pero a diferencia del desalojo del 29 de enero, las calles no fueron cercadas con vallas metálicas, ni resguardada por policías.

Los taqueros fueron los únicos que quedaron en la Tadeo Arredondo cuando el 29 de enero, Vía Pública retiró a más de 40 comerciantes semifijos agremiados de Dalia Serna, Antonio Valdés y seguidores del PRD, con el argumento de que la mayoría tenía locales en Tepito.

Pero a los taqueros se les toleró, según manifestó el director de Vía Pública, Uriel Leal Ramírez, porque tenían diferente giro, pero que su situación iba ser platicada con el alcalde Alberto López Rosas y la secretaria del ayuntamiento, María de la Luz Núñez Ramos.

* El director de Transportes favorece a piratas, dicen

Transportistas locales demandaron el cese del director de Transporte del estado, Reynaldo Echeverría Medrano, a quien acusaron de efectuar una “cacería” contra quienes poseen vehículos legales, para favorecer el pirataje en Acapulco.

Norma Apac, integrante de la Coordinadora del Transporte, y Jesús Loguer Alcaraz, secretario general de la Línea El Caballito, explicaron que Echeverría Medrano hostiga a los concesionarios que han cumplido con la reglamentación del transporte, entre ellos haber renovado el parque vehicular, dar un mejor servicio y presentar una mejor imagen de la unidad y de los choferes, además de no llevar música estridente.

No obstante, denunciaron que en los últimos días han aumentado las sanciones contra ellos, lo que incluye rentenerles los vehículos hasta cuatro días, con las consiguientes pérdidas.

En cambio, acusaron, Reynaldo Echeverría ha entregado permisos irregulares, como fue en la línea al Campo de Tiro, y permite que transiten camiones con permiso duplicado (Aurelio Peláez).

* El documento tenía que ser aprobado posteriormente por el director de Desarrollo Urbano, asegura la diputada

Nelly Bello * La diputada local Gloria Sierra López aclaró al síndico Marcial Rodríguez Saldaña que los documentos de autoconstrucción que expidió en su periodo como síndica en el ayuntamiento fueron constancias y no licencias.

Entrevistada vía telefónica, la legisladora zeferinista respondió a Rodríguez Saldaña, quien en la sesión de Cabildo del lunes pasado, para defenderse de los comentarios por haber centralizado la aprobación de las licencias de autoconstrucción, propuso enviar los documentos que dejó Sierra López a la Contraloría.

La ex síndica porteña recordó que a su llegada al gobierno de transición que encabezó Zeferino Torreblanca encontró que la sindicatura en los gobiernos priístas expedía en promedio 300 constancias por mes. Indicó que es la misma cantidad que ella aprobó en los casi tres años que estuvo en ese cargo.

Aseguró que en los primeros días detuvo la expedición de los documentos, hasta lograr un acuerdo con el entonces secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Guillermo Torres Madrid, y evitar la ilegalidad.

Sierra López informó que las constancias eran un formato que especificaba nombre y dirección del solicitante, en el que se asentaba que se trataba de una construcción de hasta 47 metros cuadrados, con mano de obra familiar y en un predio que no excediera los 200 metros sin construcción. Asimismo, el documento tenía un espacio para un croquis de ubicación, y anexaba en el expediente la escritura de propietario y todos sus pagos del impuesto predial al corriente.

Tal expediente era remitido al director de Desarrollo Urbano, que hacía la inspección ocular y después devolvía el documento a Sierra López para aceptar o desechar la petición.

Hubo algunos ediles del PRI y el PRD que extendieron constancias tomar en cuenta a la síndica administrativa, pero cuando eran hallados por inspecciones de Desarrollo Urbano y no cumplían el requisito de los 47 metros “quedaban sin efecto por propia seguridad de la familia”.

Incluso aseguró que las solicitudes de propietarios de apartamentos del Infonavit eran rechazados porque la ley de condominios no permite la modificación de esos inmuebles.

Sierra López consideró necesario un acuerdo de Cabildo para regular las licencias, pues “aunque no digo que hubo manejo irregular, es para evitar que los documentos que se expidan no cuenten con un estudio técnico”.

Además dijo que podría haber evasión fiscal y falta de protección a las familias, por la falta de los mínimos requerimientos.

Aceptó que el ahora síndico lopezrosista presente a la Contraloría las constancias de autoconstrucción que ella aprobó como síndica, porque “lo que se hacía era para el derecho a la vivienda que no ha recibido solución adecuada, eran personas de escasos recursos que sólo compran material y hacían el trabajo ellos mismos”.

Nelly Bello * Durante una reunión con vecinos de colonias como Las Cruces, Renacimiento y el poblado rural Las Parotas, el director de Promoción Social de CAPAMA, Eleazar Radilla Valle, informó que la planta tratadora de aguas residuales de Renacimiento estará terminada y trabajando al 100 por ciento en este año.

Ayer por la mañana, Radilla Valle, entre otros funcionarios, atendieron a medio centenar de vecinos en una mesa ejecutiva de obras pendientes. El funcionario municipal dijo que la planta tratadora de Paso Limonero tiene capacidad para recibir 25 litros por segundo pero que actualmente trabaja con 15 litros por segundo; en el caso de la obra en Renacimiento, dijo que falta que entre CNA y CAPAMA terminen obras complementarias de colectores para conectar a las colonias de Las Cruces y que esta opere al cien por ciento.

Informó que la paramunicipal, insta a los vecinos para formar los comités de Vigilancia del Agua que estén pendientes que la infraestructura sea utilizada para lo que se construyó. En este caso para que el drenaje sea para aguas residuales, los canales pluviales no reciban basura y reporten las fugas en la tubería de agua potable.

El vecino de la colonia Francisco Javier Ovando, Filomeno Santos Olivera denunció que en su colonia había tubería de drenaje sin utilizar. Radilla Valle indicó que el año pasado en pleno proceso electoral, recibieron señalamientos y quejas por incumplimiento para introducir tubería que los vecinos recibían del PRI. Dijo al vecino que personal de CAPAMA estaría en el lugar para verificar el origen de la tubería “pero si viene de donde saben ustedes que regalan las cosas en procesos electorales pues no podemos hacer nada”.

Pidió paciencia para presupuestar las demandas de infraestructura de drenaje y agua potable pues los 20 millones de pesos al año que recibe del municipio son insuficientes para resolver los problemas de una tubería obsoleta por lo que debían programar en los recursos que recibe el ayuntamiento del Ramo 33.

Respecto a la protesta de colonos de la Unidos por Guerrero que presentaron documentos de supuesta corrupción por venta de tomas de agua potable, el funcionario negó los señalamientos y dijo que el problema de agua potable en la colonia esta detenido por la intromisión de líderes que pelean la representación en la colonia. Aseguró que CAPAMA tiene listas dos alternativas para surtir de agua a la colonia, a través de hidrantes o tomas domiciliarias “de acuerdo con la factibilidad del área”.

Explicó que un documento que firmaron los inconformes, aceptan como presidenta de su organización a Gloria Navarrete García, que desconocieron el jueves y la acusaron de trabajar en CAPAMA. “Desconozco si es esposa del ingeniero Chona, pero ella no trabaja” en la paramunicipal.

Dijo que el diputado perredista Rómulo Reza Hurtado –presente en la protesta de CAPAMA– se portó “decente y con respeto” pues fue otro grupo el que gritó consignas, y fueron los mismos que se trasladaron al ayuntamiento. “Gritan pero no demuestran nada. No critico que pidan sino la forma irrespetuosa”.

* Positiva, la inversión privada en CAPAMA: Reinada

Nelly Bello * Para el presidente de la asociación de Restauranteros Unidos de Acapulco (RUA), Javier Reinada Carvajal, la intención de abrir CAPAMA a la inversión privada “es buena y positiva”, pero criticó que casi una decena de funcionarios y ediles se trasladaran a Cancún para conocer la experiencia con el organismo de agua potable de esa ciudad.

Entrevistado antes de la conferencia de prensa que ofrecieron candidatos a dirigir la Canirac, Reinada Carvajal dijo que la entrada de inversionistas que puedan aportar recursos al saneamiento de la bahía con la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales sería benéfica para el municipio.

“La inversión se necesita porque el municipio ha declarado que no tiene los 2 mil millones que se requieren para una adecuada respuesta de los problemas”, dijo.

Indicó que al viaje debieron asistir personas involucradas directamente en el proyecto, pues es excesivo el número de los que se trasladaron a Cancún. “Se habla de presupuesto recortado; no esta bien, deben de ir los que están involucrados. Quien organiza debe de ver si es necesario que vaya tanta gente”.

* La dependencia municipal está limitada para supervisar empresas de sustancias explosivas, dice el director * Descarta que los tripulantes de la camioneta incendiada el jueves en la Bocamar ordeñaran los tanques

El director de Protección Civil municipal, Sabás de la Rosa Camacho, dijo que legalmente esa dependencia está limitada en la vigilancia de las empresas que manejan productos explosivos, y que en el caso de las gaseras solicitó que la Dirección General de Gas, de la Secretaría de Energía, incremente su supervisión a la cuatro que operan en el puerto.

El funcionario aseguró que la responsable de verificar el buen funcionamiento de las camionetas repartidoras, las buenas condiciones de los tanques y que no haya fugas es la Dirección General de Gas, que depende de la Secretaría de Energía del gobierno federal y sólo tiene cinco inspectores en todo el país.

Aseguró que esta dependencia sólo acude una vez al año a supervisar a las cuatro empresas expendedoras de gas LP, y que eso no es suficiente, porque debe haber una verificación permanente para evitar accidentes como el del miércoles pasado. Agregó que ninguna de las cuatro cuenta con un programa interno de supervisión.

También lamentó que la Dirección de Protección Civil está limitada en la normatividad para supervisar las instalaciones y condiciones de las camionetas y los tanques de gas, y por eso hasta ayer la empresa Hidrogás no tenía antecedentes de accidentes.

El funcionario municipal también mencionó que una de las hipótesis para explicar el incendio del miércoles en la colonia Bocamar es que el fuego comenzó en el motor, y descartó que los trabajadores hayan estado ordeñando los tanques, porque no se encontraron huellas de la violación a las válvulas.

Aseguró que los trabajadores no hubieran podido sobrevivir a la explosión porque la combustión los hubiera alcanzado y los hubiera calcinado.

Sábas de la Rosa mencionó que aún no hay un dictamen definitivo de la explosión en la Bocamar, pero que los bomberos verificaron cada uno de los 72 tanques que llevaba el vehículo, los cuales no presentaron indicios de que los trabajadores los ordeñaran, pues no hubo material de cobre adherido.

También dijo que la empresa indemnizará a los habitantes de las tres casas dañadas en la explosión y que al representante legal Juan Martínez García ya se le pidió que investigue dónde están el conductor y sus ayudantes.

Dijo que a petición de los afectados, el inventario de daños, valuado preliminarmente en 15 mil pesos, se efectuará en los próximos días de manera minuciosa, porque hubo daños en las instalaciones eléctricas y posiblemente también en aparatos domésticos.

Las casas dañadas son las marcadas con los números 8, 9 y 26, propiedad de María de Jesús Piza, Pedro Escobedo y Silvestre Arzeta, cuyas fachadas sufrieron algunos daños. También hubo radiación en el cableado, lo mismo que el sistema de Telmex instalado en la vía pública, la incineración de dos árboles y la muerte de dos pericos australianos.

Al buscar personal de la empresa Hidrogás para conocer su versión de los hechos, se negó la información.

Hidrogás fue clausurada en septiembre; no tenía estudio de riesgos: Profepa

El incendio de la camioneta de Hidrogás exhibe nuevamente la limitación de algunas dependencias en la supervisión de las empresas que trabajan con material explosivo.

Mientras la Dirección General de Gas es la encargada de la supervisión de seguridad, la Dirección de Protección Civil no tiene mayor injerencia de revisión, la Profepa regula la revisión del manejo del producto, la Semarnat lleva el expediente técnico que incluye el estudio de riesgos y la Profeco regula a la empresa en lo que se refiere a la calidad del servicio al cliente y el costo.

Ejemplo de esta situación es lo que comentó el encargado del despacho de la Profepa, Raúl Lozano Villarreal, al mencionar que en septiembre de 2002 Hidrogás fue clausurada porque no tenía un estudio de riesgos, con el cual la empresa muestra a las autoridades que tiene capacidad de contrarrestar un accidente por el manejo de material explosivo.

Lozano Villarreal –que se negó a hablar de su designación como encargado de la Profepa, después de la destitución de Inocente León Pineda– aseguró que en septiembre la dependencia aplicó la sanción, y dos semanas después la empresa presentó su estudio, que se encontraba en trámite. Al presentarlo, los sellos fueron retirados y la empresa reanudó sus labores.

El expediente técnico de la compañía es manejo por Semarnat e incluye el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para que pudiera autorizarse la construcción de las instalaciones ubicadas en el libramiento de Paso Texca. (Raquel Santiago Maganda).

Karina Contreras * Ejidatarios de La Sabana anunciaron que bloquearán las torres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) si ésta no les paga unos 2 millones de pesos por haber ocupado 39 hectáreas para pasar líneas de alta tensión.

Unos 30 inconformes se manifestaron el jueves en el Zócalo, donde dieron la información a la prensa.

Entre ellos, el ejidatario de La Sabana Donaciano Martínez González dijo que se han dado muchos fraudes en el ejido, y uno de ellos es el de esos 2 millones.

Indicó que entre los beneficiados y que no fueron afectados por el paso de las líneas de la CFE está el comisario ejidal, Higinio Salazar Ozuna, quien tiene dos cheques, el primero con el número 014881 por la cantidad de 47 mil 479 pesos con 92 centavos, y el segundo con el número 014816 por 514 mil 920 pesos con 8 centavos.

Otro es José Chávez, también con dos cheques que en su totalidad hacen de 262 mil 200 pesos.

Según Martínez González, los inconformes tienen la documentación del fraude por las indemnizaciones que hizo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por servidumbre de paso, dinero que debería repartirse entre todos los ejidatarios, además de la indemnización a los parcelarios.

Aseguró que ese dinero se lo quedó el comisario ejidal Higinio Salazar Ozuna con sus colaboradores. Cuando se le preguntó si en el fraude también estaban involucrados funcionarios de la paraestatal, respondió: “No sabemos, lo que exigimos es el pago de la CFE por todo lo que ha hecho mal”.

Adelantó que presentarán demandas penales y acudirán a los tribunales agrarios para cancelar convenios de la empresa, porque tiene que pagarles precios justos.

El asesor legal, José Carlos Hernández Godoy, explicó que con la documentación que entregó la CFE en la ciudad de México se han descubierto más anomalías y se comprueba que la empresa pagó a personas no indicadas, y además los funcionarios entregaron cheques sin ser certificados por la empresa.

Luego dijo que en el fraude contra los campesinos no indemnizados por la servidumbre de paso, en 70 por ciento tiene que ver la representante jurídica de la CFE, María de Jesús Navarrete, y el supervisor de Obra, Héctor Guadarrama Salazar, ya que desde el principio ocultaron la información.

Dijo que los campesinos están cansados de la situación y ya han advertido que tomarán medidas drásticas, como bloquear las torres de la CFE ubicadas en la zona, que afectaría la zona Diamante, el aeropuerto y El Coloso.

Al igual que los ejidatarios, dijo que se tienen que negociar los convenios, porque las 39 hectáreas siguen siendo de los campesinos, porque no les han pagado por el paso de las líneas de alta tensión.

Acuerdan barzonistas y CFE revisar 120 casos de inconformidad

En la primera mesa de trabajo, barzonistas y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acordaron que la empresa revisará 120 casos del padrón ciudadanos que presentarán por sentirse afectados por los cobros irregulares.

El líder del Barzón estatal, Javier Taja Mestre, entrevistado vía telefónica informó que la reunión duró aproximadamente dos horas el jueves, y se trataron puntos generales, como el pago del Derecho por Alumbrado Público         (DAP), y las demandas contra los usuarios por parte de la CFE.

En el primer acuerdo entre ambas partes, estuvieron por parte de la empresa los funcionarios Eduardo Rodríguez Urióstegui; el jefe de departamento de zona, Gilberto Aguado Ruiz; el gerente comercial, Demetrio Aparicio Bibiano y el supervisor de área, Abelino Real Díaz, mientras que la comisión por parte de los afectados iba encabezada por Taja Mestre.

Un punto en el que no se llegó a los acuerdos fue en el pago por alumbrado público, ya que Taja Mestre insiste en que no tienen por que pagarlo. Luego señaló que no se vale que se quiera hacer creer que si no se paga el alumbrado va haber más inseguridad. Insistió que eso le corresponde al ayuntamiento municipal, del gastó público.

Luego Taja Mestre les hizo ver que las demandas que han interpuesto contra los usuarios no pueden proceder porque no estan robando algo ajeno, sino que están tomando la energía que es de los mexicanos.

* No se contempla aún delimitar las franquicias: Juárez Soto * Estarán ubicadas en Gómez Morín, Farallón, bulevar de Las Naciones y La Cima

Raquel Santiago Maganda * El ayuntamiento aprobó la construcción de cuatro gasolineras más en el puerto, que se sumarán a las 27 que ya funcionan distribuidas en diversos puntos de la ciudad.

Mientras, el titular de la de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología Municipal, Jorge Juárez Soto, reconoció que la Ley de Desarrollo Urbano no contempla aún delimitar el número de franquicias que se abran en la ciudad.

El funcionario municipal confirmó que existen proyectos de construcción de nuevas estaciones de bomberos. Una es la que se ubicará en la esquina de la calle Gómez Morín frente, en contraesquina a la estación que funciona desde hace años a un lado del centro comercial Monte Blanco.

Otro de los proyectos a punto de concluirse, se encuentra en la avenida Farallón y calle México, uno más en el bulevar de Las Naciones y otra más en La Cima.

El proyecto de estación marina que se contemplaba en la avenida Costera, a la orilla del mar a un costado del Parque de la Reyna, se canceló porque el ayuntamiento no dio su autorización, dijo Juárez Soto.

Sin embargo, el resto fue aprobada porque representan inversiones de empresarios locales constituidos en sociedades mercantiles, pero “que ya tienen experiencia en el manejo de una franquicia de Pemex” en el puerto.

Otra de las estaciones que se encuentran en proyecto, pero que aún no han sido aprobadas es una ubicada en El Derrumbe, en donde el suelo es inseguro por los constantes deslaves de tierra.

Explicó que la ley de uso de suelo sólo considera que no se construya cerca de escuelas, iglesias y hospitales, que estén separadas por una distancia de 1 kilómetro o bien que estén separadas por un camellón, como en el caso de las gasolineras en la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la calle Gómez Morín.

Jorge Juárez dijo que el ayuntamiento sólo aprueba las construcciones de las estaciones, pero que las franquicias de Pemex “son ahora menos exigentes” porque “no ponen como antes tantos requisitos”.