* Se trata de permisos para familias de escasos recursos, que no tienen para pagar el peritaje, coincide el síndico con el secretario Jorge Juárez * No pretende controlar los recursos para gestoría de regidores, sino que está a cargo de la documentación para que los ediles no tengan que trasladarse al Centro a cobrar, explica

Ossiel Pacheco * El síndico Marcial Rodríguez Saldaña precisó que las licencias por las que fue acusado por el dirigente el PAN estatal no son de construcción, sino de autoconstrucción, y que sí tiene facultades para expedirlas.

Entrevistado en su oficina, explicó que se trata de permisos que se otorgan a familias de escasos recursos que no tienen para pagar el peritaje, y de construcciones sencillas.

Rodríguez Saldaña dijo respetar las opiniones de los dirigentes de los partidos políticos, en particular del panista Rodríguez Otero, pero consideró que éste “no está lo suficientemente bien informado, dado que la información que dio no es la adecuada, pues se trata de lo siguiente: la expedición de licencias de construcción es una facultad que tiene la SDUOPE”.

Precisó que esa dependencia lo sigue haciendo, tal como lo establece el reglamento de la administración pública municipal, pues lo que ha hecho la sindicatura es apoyar con un programa de autoconstrucción, “que son dos cosas muy diferentes; es un trabajo que ha venido haciendo esta sindicatura desde la administración anterior”.

Explicó que es un programa de apoyo para familias de escasos recursos económicos y que se otorga a quienes quieren construir un cuarto pequeño, o quieren concluir una etapa pequeña de su obra, “y no tienen los recursos para pagar una licencia normal, de tal manera que se trata de dos cosas muy distintas”.

Dijo que las licencias de construcción las da la SDUOPE, como es su facultad hacerlo, pero las que otorga la primera sindicatura son licencias de autoconstrucción. “Me parece que (el dirigente del PAN, Francisco Rodríguez Otero) no está bien informado, pues se trata de dos cosas distintas; lamento esto, ojalá que al emitir una declaración primero se enterara”, comentó.

Informó que a la fecha la sindicatura a su cargo ha concedido unas 60 licencias de autoconstrucción, pues “son pocas las que se entregan, porque se hace un estudio en el lugar de donde viene la persona a solicitar”, y tiene que tratarse de gente humilde que no tiene para pagar una licencia normal.

Ayer el síndico Rodríguez Saldaña entregó en su oficina tres licencias de autoconstrucción para los ciudadanos Adrián Murillo Salgado, para construir una losa; Isidro Rivera Olvera, para una rampa, y un tercer solicitante que pidió omitir su nombre, para una barda.

En cuanto a si pretende controlar el pago de recursos para la gestoría de los regidores, como afirmó el dirigente panista Rodríguez Otero, respondió que está a cargo de esa documentación para evitar que los ediles se trasladen al ayuntamiento del Centro a cobrar.

Dijo que así se hizo en la pasada administración, “no es algo que esté de moda, así se hizo cuando el ahora regidor Guido Rentería fue funcionario”. Consideró que las acusaciones del PAN son porque no se le otorgó la presidencia de una comisión del Cabildo, pero “no fui una decisión mía, sino de los ediles en su conjunto”.

Pidió al PAN debatir sobre temas trascendentes, no por “cuestiones administrativas, que son de mero trámite”. Sugirió polemizar sobre la procuraduría del inversionista, la procuraduría vecinal y la nueva unidad en materia de asuntos indígenas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Jorge Juárez Soto, sobre la acusación del PAN contra el síndico Rodríguez dijo que es “una mala información”, pues se trata de un permiso de autoconstrucción para viviendas menores; así lo prevé el Reglamento de Construcción.

“No se trata de licencias; es un caso especial, pero estamos en conversaciones para unificar criterios” entre la dependencia a su cargo y la primera sindicatura, pues argumentó que no se requiere de un perito y se otorga a familias que no tienen para pagar un arquitecto o un ingeniero.

* Reemplaza a Manuel Angel Bringas

El secretario de Administración y Finanzas, Fernando Aragón Gómez, anoche tomó la protesta y dio posesión al nuevo director de Recursos Humanos del ayuntamiento, Luis Andrés Lara García, en sustitución de Manuel Angel Bringas Reymundo, quien a dos meses de comenzada la administración, renunció al cargo.

La renuncia con carácter de irrevocable, Bringas Reymundo la presentó ante el alcalde Alberto López Rosas, el pasado 30 de enero, porque “no hubo afinidad con la política” del ayuntamiento, luego de que el funcionario municipal enviara una circular a las diferentes dependencias donde negaba a mujeres embarazadas la posibilidad de ser contratadas en el ayuntamiento.

El nuevo director de Recursos Humanos, Lara García viene de la iniciativa privada, pues ha fungido como gerente regional de la empresa Latinoamericana de Concretos SA de CV y ha sido gerente comercial de Aceros Ecatepec, SA de CV. El acto simbólico se dio anoche en las oficinas de esa dependencia en la ex zona militar. (Ossiel Pacheco).

* Dijo que si se solicita la intervención de la Policía Preventiva o de Tránsito “sí estaríamos dispuestos a responder” * Pide que no se malinterprete la propuesta de municipalizar el transporte

Ossiel Pacheco * En cuanto a la tipificación del pirataje en el transporte como delito, el alcalde porteño Alberto López Rosas consideró que la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) podría participar en auxilio de las autoridades ministeriales para combatir este delito, en caso de que se lo solicitarán.

El alcalde en entrevista, al término de la reunión que sostuvo con líderes de taxistas amarillos de la periferia, precisó que si se trata de acciones en flagrancia, obviamente se hará del conocimiento del Ministerio Público, “los hechos de los que se tengan conocimiento y puedan ser constitutivos de delito”.

Explicó que esta acción corresponde a la denuncia previa que se presente a la autoridad ministerial y si se solicita la intervención de la Policía Preventiva o de Tránsito de la SPV, “estaríamos dispuestos a responder esa solicitud si la hicieran las autoridades competentes”.

Afirmó que estos delitos son perseguidos por la autoridad ministerial, y la Policía Judicial del estado (PJE), pero “en auxilio estarémos siempre dispuestos a atender sus llamados”.

Anticipó que las instrucciones serán giradas en su momento cuando así lo soliciten las autoridades ministeriales, pues de esa manera, instruiría al secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdez para que acuda en el auxilio requerido.

De nuevo, López Rosas instó al Congreso del estado a resolver de acuerdo al sentir de la sociedad, y aclaró que para no confundir a la opinión pública y al gremio del transporte, “nosotros no hemos hablado de liberación del transporte, hemos hablado de municipalizar las facultades en esa materia, se pretende municipalizar, no que sea el presidente municipal el que otorgue las concesiones”.

Precisó que el ayuntamiento determinaría, pero sustentado en estudios socioeconómicos y técnicos, para analizar si corresponde o no otorgar más concesiones.

En reunión que sostuvieron ayer en la sala de Cabildos del Palacio Municipal, el presidente de la Federación de Transportistas de la Zona Conurbada del municipio de Acapulco, Esteban Rodríguez Flores, entregó a López Rosas un engargolado con los problemas y propuestas que enfrenta esa organización.

De manera organizada, Rodríguez Flores expuso ante el alcalde, el secretario Valenzuela Valdez y el director de Tránsito, Roberto Avizaid Gracián, que no tienen paraderos oficiales para el ascenso y descenso de los usuarios, dado que en los paraderos que usaban en la calle Belisario Domínguez, en la avenida Cuauhtémoc, frente a la tienda Nuevo Mundo y en las Anclas, son infraccionados.

Pidió un trato justo y el cese del hostigamiento, pues denunció que son tratados como delincuentes por los agentes de Tránsito. Asimismo, planteó la reparación de diversas calles, una de ellas, la Andrés Urdaneta, pues puede ser utilizada como una vía alterna y la colocación de semáforos sincronizados en el circuito interior en ciudad Renacimiento dado la frecuencia de accidentes que en esa vía se suscitan.

Pidió al alcalde combatir la delincuencia de la que son objeto sus agremiados, por lo que demandó más patrullajes de la Policía Preventiva y retenes en las colonias Zapata, Sinaí, Cervantes, y en diversos puntos de ciudad Renacimiento, donde han sido víctimas de asaltos, secuestros, violaciones y asesinatos.

Se quejó de los cobros que aplican las grúas al momento en que trasladan sus vehículos a Tránsito municipal y de este sitio al corralón.

Ayer mismo, en su oficina el alcalde recibió a empresarios de Dimasa Energía, Sergio Rodríguez Navarro, presidente, y Jorge Gutiérrez, consejero, quienes propusieron a López Rosas la instalación de una empresa, como lo hicieron en Ecatepec, estado de México, que utiliza la basura para crear gas, y este a su vez lo convierten en energía eléctrica.

López Rosas no dio respuesta a los inversionistas que pretendieron mostrar su proyecto, pues argumentó que estaba “muy atareado”, aunque dijo estar interesado en el proyecto, pero sería en una reunión posterior donde lo vería con mayor detenimiento. El alcalde recibió además a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabezados por su dirigente y regidor Rogelio Villanueva.

Karina Contreras * Más de 50 colonos pertenecientes al Frente Patriótico Alfredo López Cisneros, protestaron frente a las oficinas del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) para que les respeten el pago a la vivienda que ya habían hecho a la anterior delegación, así como la destitución del delegado estatal Marco Antonio Castrejón.

Los colonos se presentaron desde las 10 de la mañana con pancartas donde se leía “Fuera el director de Invisur por violar los derechos de los ciudadanos que han cubierto sus pagos” o la de “Señor presidente municipal exijo que el delegado reconozca mis pagos de derecho”.

El representante de la comisión y consejero del Frente Patriótico Alfredo López Cisneros, que preside el diputado local perredista, Marco Antonio López García; Taurino Encarnación Lonjino señaló que la inconformidad es porque en el Invisur ha habido malos manejos que han recaído en la venta de predios.

Luego agregó que los inconformes exigen que se les respete el pago a la vivienda que ellos hicieron para la regularización de sus predios en varias colonias del puerto. Luego dijo que mientras ellos han pagado, la nueva administración encabezada por Marco Antonio Castrejón, les ha manifestado que no tienen validez. Y la misma respuesta fue para las condonaciones que se le hicieron a gente de bajos recursos.

En la manifestación, que tardó casi media hora, estuvieron colonos de la Alta Cuauhtémoc, Sinahí, Lomas Verdes, Simón Bolivar, La Laja parte alta, Palma Sola, entre otras que enfrentan el mismo problema; quienes exigen respeto y que los delegados que sean nombrados tengan capacidad         y seriedad en el cargo.

Los colonos se retiraron a las 11:10 de la mañana con la advertencia de que volverían el martes, para ahora sí para tener una reunión con el delegado que en ese momento no los recibió.

Por otro lado, el señor Francisco Hernández Flores dijo que desde el huracán Paulina le fue arrebatado su terreno, y que con esa suman 61 veces que va al Invisur para buscar una solución, ya que dijo que el predio que le fue arrebatado por Isidro Calixto es el patrimonio de sus hijos.

Hernández Flores hizo una protesta muy singular en donde con instrumentos musicales y resumiendo lo que ha pasado en las oficinas gubernamentales donde ha buscado ayuda, cantaba una adaptación de la canción llamada El Gusanito que con la nueva adaptación a la letra se oía así: “nadie me quiere, todos me odian, por eso me robaron mi terrenito”.

Karina Contreras * La esposa del líder de la colonia irregular Fuerza Aérea, David Molina Francisco, Gloria Gallegos González, efectuó un ayuno en el kiosco del Zócalo en demanda de la liberación de su esposo de quien afirma que es “inocente” del delito de violación por el cual tiene un año y medio preso en el reclusorio de Las Cruces.

En conferencia de prensa, Gallegos González dijo que este ayuno es parte de las movilizaciones que hará para exigir la liberación de Molina Francisco, cuyo único delito “es defender a los pobres”.

La esposa de Molina Francisco estuvo acompañada por el abogado defensor del perredista, Daniel Meza Loeza; por la dirigente del PRD municipal, Beatriz González Hurtado; la ex diputada local, Rosario Merlín, y por Rafael Aréstegui y una veintena de colonos que con pancartas exigían la liberación de su líder, quien fuera acusado por María Isabel Nieves Martínez de violación, y por el cual se le sigue la causa penal número 148-2/2001 en el juzgado segundo de primera instancia del ramo penal, a cargo del juez Luis Aguilar Delgado.

En su intervención, el abogado Daniel Meza Loeza dijo que hay bastantes irregularidades, y que aun así con sus pruebas han echado abajo los “endebles” indicios que se puso en contra de su cliente.

Fue insistente en señalar que “ya no hay elementos para una sentencia condenatoria”. Y luego señaló que se volvió a diferir la audiencia de vista.

Señaló que hay una irregularidad porque el juez Aguilar Delgado recibió pruebas al MP cuando ya había pasado el tiempo para aportarlas.

Dijo que ante estos interpusieron una queja ante el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Raúl Calvo Sánchez, para que solicite a Aguilar Delgado que sin demora alguna Molina Francisco sea juzgado.

El abogado señaló que en la detención de su cliente hay otros intereses, y dijo que por voz de Molina Francisco se han enterado que está siendo presionado y amenazado por el subsecretario de Asuntos Políticos del estado, Efraín Flores Maldonado para que a cambio de su libertad deje los terrenos donde se encuentra asentada la colonia irregular Fuerza Aérea y que reclama como suyos el ex gobernador Israel Nogueda Otero.

Por su parte, la dirigente del PRD municipal, Beatriz González señaló que el perredismo se solidariza con Molina Francisco, y exigió que su caso se dé conforme a derecho y dejar atrás el juego sucio, ya que las pruebas médicas han demostrado que nunca hubo violación contra Nieves Martínez.

* Anuncian que irán a México la próxima semana

Karina Contreras * Una comisión de afectados por el presunto fraude de 5 millones de pesos por el tendido de cables de alta tensión en el ejido de La Sabana, serán recibidos la semana próxima en las oficinas de la CFE, en la ciudad de México, esto con la finalidad de que la Contraloría interna les entregue los cheques certificados que exigen y que les servirán para interponer una demanda por fraude contra funcionarios de la parastatal, autoridades ejidales y agrarias.

Entrevistado vía telefónica, el asesor Carlos Hernández Godoy, informó lo anterior, y dijo que tienen que estar allá porque van a firmar documentos de entrega. Agregó que también pedirán la destitución de la representante jurídica de la CFE, María de Jesús Navarrete y el residente de Supervisión de Obra, Héctor Guadarrama Salazar, por ser los principales en oponerse a que esa documentación fuera entregada a los campesinos, aún cuando ya habían recibido órdenes incluso del director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub.

Advirtió que de no ser así, varios ejidatarios protestarán en las oficinas hasta que sean retirados de sus cargos porque en todo el proceso actuaron con “negligencia”, y ya es hora de que en la paraestatal halla sensibilidad a los problemas de los ciudadanos.

* Niega que esté jineteando las cuotas de la Caja de Ahorro * Convoca Pedro Salazar a una concentración de trabajadores hoy

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Nelson Valle López reiteró que no reconoce ni a Pedro Salazar Trinidad ni a Fidencio Pérez López como dirigentes del Sindicato de Trabajadores Técnicos y Administrativos de la UAG(STTAISUAG), y que esperará el dictamen que emita el Tribunal Colegiado.

Entrevistado vía telefónica, Valle López afirmó que no tiene preferencia para que algún dirigente presida la dirigencia del STTAISUAG, y refiriéndose a Norma Elena Méndez Bahena, integrante del comité de Honor y Justicia y una de sus más férreas críticas, expresó que “no tiene la puntería suficiente, últimamente le ha fallado ya que quiere tener canonjías por la vía del chantaje”.

Y fue más lejos al denunciar que Méndez Bahena, ex dirigente de la corriente del rector, el Movimiento por la Academia y la Reforma “se ha dedicado a denostar la imagen de la universidad”, y nuevamente insistió en que no reconocerá a ninguno de los dirigentes del STTAISUAG porque dijo que en un primer momento sí reconoció a Pedro Salazar, pero que debido a que la otra parte que encabeza Fidencio Pérez interpuso un amparo, decidió mantenerse al margen hasta que el Tribunal Colegiado dictamine lo conducente.

También desmintió que esté jineteando las cuotas de la Caja de Ahorro. Aseguró que “no soy partidario de retener las cuotas, y mucho menos me ando escondiendo ni huyendo, ando trabajando hoy (ayer) estoy en Zihuatanejo, mañana (hoy) en San Marcos, el jueves estaré en Chilpancingo, y el viernes tengo una plática con Julio Rubio Oca, subsecretario de Educación Superior de la SEG”.

Asimismo, pidió respeto porque indicó que “no se vale que por la vía de la presión o el chantaje se pretenda resolver el conflicto interno, cuando se termine la controversia entonces entregaré estos recursos; por lo pronto ya pagué las guardias a los trabajadores de base, y en estos momentos se están cuantificando más guardias y el pago a trabajadores eventuales”.

Nelson apoyó a dirigentes charros: Méndez Bahena

Por su parte, la integrante de la Comisión de Honor y Justicia del STTAISUAG, Norma Elena Méndez Bahena desmintió que esté presionando a la Rectoría para obtener canonjías.

Señaló que “seguramente el rector Nelson Valle sabe que efectivamente apoyé al compañero Florentino Cruz Ramírez, en la contienda para rector de la UAG, pero a diferencia de él, yo no fui funcionaria en esa administración y en cambio él anduvo de maletero, como le consta a la comunidad universitaria”.

Y más contundente expresó: “El incumplimiento de la palabra dada mide a los hombres, y en el caso del rector Nelson Valle no respetó la toma de nota, y en cambio apoyó a los charros, cuando tomaron la Rectoría, y les entregó los recursos de la Caja de Ahorros, lo que significa que está metiendo las manos en el STTAISUAG”.

Como prueba, entregó la copia de un recibo que Liboria Ramírez Torres entregó a la trabajadora Ana María Rueda Villanueva, con número de empleado 29271.

“A esta compañera supuestamente le entregaron un préstamo por 16 mil 842 pesos, que liquidará en 21 quincenas con descuentos quincenales de 802 pesos; sin embargo, en el cheque de la segunda quincena de enero su descuento llegó de mil 71 pesos, lo que significa que le están atracando casi seis mil pesos”, dijo.

A su vez, Elfega Vázquez Soriano, integrante del comité de apoyo al comité que encabeza Pedro Salazar, pidió al rector que saque las manos y que respete la institucionalidad y al mismo tiempo denunció que “desde la Rectoría de la UAG, se están invirtiendo recursos para que el Tribunal Colegiado dictamine a favor del comité espurio que encabeza Fidencio Pérez López”.

Por último, el secretario general del STTAISUAG, Pedro Salazar convocó a una concentración para hoy a todos los trabajadores para demandar solución a los más de 700 problemas laborales que representan un monto de poco más de 6 millones de pesos: “Vamos a ver si de verdad Nelson Valle está interesado en resolver los problemas laborales”, dijo.

* Lo acusan de irregularidades administrativas y acoso sexual en la zona escolar 036 de Tlacotepec

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Maestros y padres de familia de la Escuela Telesecundaria, Tierra y Libertad, de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, tomaron ayer por la mañana las oficinas de la SEG para exigir al secretario de Educación de Guerrero (SEG), Daniel Pano Cruz la destitución del supervisor de la zona escolar 036, Víctor Muñoz Basilio, a quien acusan entre otras cosas, de acoso sexual y de favorecer a sus amigos.

El dirigente de la CETEG, Julio César Chávez Vargas señaló que desde hace más de cinco meses han pedido a las autoridades educativas que resuelvan sus demandas, pero la SEG ha hecho oídos sordos y ni siquiera quiere otorgar nuevos recursos humanos y materiales. “No nos dejaron otra opción más que tomar la SEG”.

Explicó que el viernes de la semana pasada fueron recibidos por funcionarios de tercer nivel, quienes se portaron prepotentes, entre ellos, el representante del director de Secundarias, Narno Leyva, y trabajadores de la dirección de Personal, y de Administración y Finanzas, pero no hubo ningún funcionario.

Informó que desde ayer se sumaron al paro de labores las telesecundarias ubicadas en las comunidades de Acatlán, Zompantle, Tlacotenco, y La Venta, que exigen recursos humanos, televisores, butacas, y pizarrones entre otros artículos, “pero en el caso de la escuela ubicada en Tlacopetepec se piden tres docentes, una secretaria y un velador, y otros artículos”.

El director de la Telesecundaria Tierra y Libertad, Lucio Brito Almazán denunció que el supervisor Víctor Muñoz ha cometido varias irregularidades, principalmente el acoso sexual a las maestras de la zona, que prácticamente ya rebasó los límites d la normalidad”.

Dijo que también cobró cuotas indebidas a los maestros al final del ciclo escolar, y los cambios de zona a los docentes recién llegados. Asimismo, desvía recursos económicos y humanos que destina la SEG a las telesecundarias de la zona apoyado por su compadre, Jesús Chuy Barrera, director del Departamento de Telesecundaria, y alteró la documentación oficial. “Por eso estamos pidiendo su destitución al secretario, Daniel Pano”.

La SEG no encubre a nadie: Nardo

Por su parte, el director de Secundarias de la SEG, Narno Leyva, se presentó hasta las puertas de la SEG tomadas por los maestros y padres de familia, y manifestó que integrarían una comisión por parte de la SEG en la que participarán el SUSPEG, la CETEG, Recursos Humanos, y Materiales de la SEG “para entablar un diálogo fructífero”.

Reconoció que la demanda central es la destitución del director de la zona escolar, Víctor Muñoz, por lo que se comprometió a iniciar una investigación a fondo y que intervenga la Dirección de Asuntos Jurídicos, y de la Contraloría, porque “debe quedar muy claro que la SEG no encubre a nadie y por lo tanto se tiene que deslindar responsabilidades y si se comprueba alguna irregularidad se sancionará conforme a la norma”.

Dijo que respecto a la asignación de los recursos humanos se analizará esta petición, ya que la SEG está consciente que si hay necesidad de ocupar los espacios se han otorgado, “pero vamos a buscar varias alternativas para que todo marche de manera normal”.

* El asesinato del líder del PRI en Atoyac ha creado un clima de inseguridad: León Aponte * Tiene el Ejército un abanico grande de facultades para apoyar a las autoridades civiles, dice el comandante de la 27 Zona Militar * El diputado del PRD René Lobato pidió combatir la delincuencia organizada afuera y dentro de las corporaciones policiacas

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Los alcaldes de la Costa Grande se quejaron de la deficiencia en equipo y armamento para la seguridad pública ante el secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, ayer, en el acto de designación del Consejo de Seguridad Pública Intermunicipal en la Costa Grande, en la que por votación se designó como presidente al alcalde de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto, y al de San Jerónimo, Jaime Torreblanca García.

En la reunión participaron el comandante de la 27 Zona Militar, general Osvaldo Fernando Canto Gutiérrez; el diputado perredista René Lobato Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado y los alcaldes de la región, de los cuales seis son el PRD y dos del PRI.

El alcalde de Atoyac, Germán Adame Bautista, señaló que el gobierno tiene la obligación de salvaguardar la seguridad pública de los ciudadanos, señaló que la violencia está generando incluso desconfianza entre los ciudadanos en quienes la imparten.

Señaló que la denuncia es la mejor arma para enfrentar la inseguridad que se genera en la región y exhortó a que la unidad y cooperación sean las herramientas para afrontar la ola de inseguridad.

El secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, señaló que los habitantes de la Costa Grande no están solos, el gobierno del estado está atento a acciones como ésta, de instalar los Consejos Municipales y Estatal para combatir a la delincuencia en todos sus órdenes y dar a la ciudadanía la paz y seguridad a que tiene derecho.

Reiteró que el gobernador se encuentra preocupado por los últimos acontecimientos en la región de Cacalutla –donde fue asesinado el dirigente del Comité Municipal del PRI.

Señaló que los guerrerenses han dado muestras de capacidad para resolver las diferencias por las vías de la legalidad y civilidad.

Apuntó que en la construcción de la democracia no pueden abrirse espacios a atentados y crímenes contra militantes y líderes políticos como el perpetrado en esta zona cafetalera que han creado un clima de inseguridad en toda la región.

Es prioridad del gobierno estatal brindar a la sociedad e inversionistas seguridad y orden para su desarrollo en la vida productiva del estado, la seguridad es sin distingos políticos y se apoyará al Consejo Intermunicpal por parte de la Secretaría en un trabajo coordinado.

Exhortó a los ayuntamientos a que se invierta el recurso de seguridad pública realmente en ese sector.

Destacó que no es más importante la cantidad sino la calidad y se deben aplicar sanciones y recompensar al servicio a policías con ética profesional y preparación física y equipo para su trabajo.

Dijo que implementarán planes de manera coordinada para disuadir la inseguridad con dependencias estatales, federales y municipales así como consejos ciudadanos para hacer legítima las aspiraciones de seguridad pública que abarca desde la prevención administración y readaptación.

Por su parte, el general Osvaldo Canto Gutiérrez, comandante de la 27 Zona Militar, en una participación breve dijo que para él es un privilegio trabajar en un estado tan importante para el país y con gente tan especial y que su responsabilidad es bastante grande.

Indicó que se han establecido grupos de coordinación local con autoridades municipales para la seguridad pública y están abiertos a colaborar en todo lo que ellos puedan dentro de la ley, para lo cual cuenta con un abanico bastante grande de facultades en seguridad pública en apoyo a las policías y autoridades.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, René Lobato Ramírez, apuntó que no pueden pasar más actos violentos y que los actos de Atoyac reclaman la conciencia de todos y eso no puede volver a pasar. Dijo que el respeto a la ley debe garantizarse en la sociedad y el combate a la delincuencia organizada debe hacerse dentro y fuera de las instituciones y corporaciones policiacas. Planteó que ya no debe haber más crímenes políticos y todos deben contribuir para vigilar de una manera muy celosa a quienes están dentro de los cuerpos policíacos.

Se manifestó por un mayor presupuesto para garantizar la seguridad pública y más en la Costa Grande donde se necesitan más equipo y armamento.

Apuntó que las instancias impartidoras de justicia y las corporaciones policíacas deben garantizar el respeto a los derechos humanos.

En el acto los ediles de Zihuatanejo, Coahuyutla y San Jerónimo, de militancia en el PRD, recriminaron que recibieron de los anteriores gobiernos parques vehiculares y armas inservibles.

El edil de Zihuatanejo, Amador Campos, evidenció que recibió sólo 350 policías de una planta de 450, y que no saben dónde están los demás, al igual que 20 patrullas y están pasando por una situación difícil al anunciar que la delincuencia ha incrementado en asaltos a casas habitación y robo de autos lo que señala que con su gobierno parece que se soltaron los diablos y se busca evitar que llegue el turismo a ese sitio.

Dijo que actualmente operan con 150 policías porque los demás desertaron, al anunciar un examen antidoping a la par de una capacitación e incremento de sueldo.

El síndico de Coahuayutla, Ignacio Torres, hizo público que los policías preventivos del municipio no cuentan con el permiso para portar armas, y dijo existe resentimiento por parte de los priístas que perdieron la contienda electoral.

El síndico de Coyuca de Benítez, José Luis Salas Pérez, alertó que cuentan con facturas de compra de municiones para armas que no saben dónde están, y teme que vayan a parar a manos de la delincuencia.

Dijo que las patrullas que recibieron están inservibles y son pocos los policías para responder a la demanda de la población.

* Es excesiva la presencia militar en zonas indígenas, afirma el visitador general

De la corresponsalía, Chilpancingo * El visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, dijo que se debe investigar si efectivamente elementos del Ejército mexicano protegen a un presunto grupo paramilitar que actuá en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec, donde ha cometido una serie de violaciones a los derechos humanos.

Este lunes, un grupo de indígenas de ese municipio que pertenecen a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT)           y a la Organización de Pueblos Indígenas Me’ phaa pidieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Codehum para que se frene la persecusión contra los habitantes de esa región, de la que acusaron principalmente a un grupo paramilitar que opera coordinado por el Ejército.

Según los indígenas y dirigentes de las organizaciones, entre ellos Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Arturo Campos Herrera, a raíz de la masacre de El Charco, en 1998, el Ejército mexicano y un grupo paramilitar cuyos integrantes militan en las filas del Partido Revolucionario Institucional, han generado violencia y represión que ha dejado como resultado la muerte de nueve personas, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales de dos mujeres.

El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, entrevistado vía telefónica, dijo que “sería muy grave” si se comprobase que el Ejército mexicano realiza otro tipo de tareas que no están establecidas en la Constitución General de la República.

“Nosotros creemos que la presencia del Ejército en zonas indígenas es excesiva, también hay que recordar que ahora, las nuevas facultades que le da su ley orgánica, permiten que esta institución acuda a las comunidades para realizar tareas sociales y de desarme como lo establece la Ley Federal de Armas y Explosivos”, refirió.