* El cambio, luego de que el gobernador René Juárez presentó al Congreso –el 21 de enero– la iniciativa de Ley de Fomento al Turismo, que prevé que Sefotur también administre el inmueble

Nelly Bello * La secretaria de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda, mudó hace una semana su despacho a un espacio cercano a las oficinas de la administración del centro de convenciones.

Gómez Maganda ocupó ese espacio luego de que el director general interino del CIA (por su nombre oficial: Centro Internacional Acapulco) y director jurídico de Sefotur, Miguel Angel Soberanis, firmó el acta de entrega-recepción. El inmueble actualmente pasa por una auditoría al manejo de recursos del ex director general, Jorge Cortez, que efectúan la Contraloría estatal y la Auditoría General del estado.

El cambio también se da luego de que el gobernador René Juárez Cisneros presentó ante el Congreso del Estado –el 21 de enero– la iniciativa de Ley de Fomento al Turismo. En el documento, Juárez Cisneros propone que Sefotur amplíe sus funciones al administrar la Promotora Turística (Protur) y el CIA, así como encabezar el Consejo Consultivo Turístico Estatal.

Ante la iniciativa, algunos empresarios turísticos protestaron, pues consideraron una monopolización de las dependencias del ramo la propuesta renejuarista de ley.

Antes del 10 de febrero, Gómez Maganda atendía en una accidentada oficina que tenía un pasadizo y una amplia sala de espera. En el mismo lugar estaba la pequeña oficina del secretaria particular y dos escritorios para igual número de secretarias.

Entrevistada vía telefónica, la funcionaria estatal argumentó que el cambio de oficina fue porque el espacio era reducido, y “consideramos que (el nuevo) era adecuado para desempeñar las funciones”.

La nueva oficina era el lugar asignado para que el gobernador lo ocupara en sus visitas al CIA. Gómez Maganda dijo que el gobernador autorizó el cambio.

Al escuchar las preguntas de El Sur sobre el cambio de sus oficinas, respondió que es información que no tiene importancia.

Sobre la firma del acta de entrega-recepción, la funcionaria que a nombre del gobernador convoca a las reuniones del comité técnico que debe regir el fideicomiso del CIA, dijo que todos los integrantes están enterados y cuentan con información.

“El comité técnico sesiona cuando se requiere, y en este momento no hay motivo fundamental”, indicó.

–¿Ni siquiera para informar sobre el estado del inmueble?

–Todos están informados.

Detalló que los ocho millones de pesos que anunció el gobernador para el mantenimiento del CIA están destinados específicamente para el aire acondicionado y las máquinas que constituyen el motor del edificio; “se trata de cuestiones técnicas que necesitan mantenimiento, tienen más de 20 años”.

Nelly Bello * El director de Turismo Municipal, Roger Bergeret Muñoz, dijo que tiene la seguridad de recuperar para Acapulco la sede de la Convención Bancaria del próximo año.

Aunque el alcalde informó en la reunión de evaluación del Tianguis Turístico que gestiona el regreso de los convencionistas bancarios, Bergeret Muñoz confirmó que el encuentro está a días de celebrarse en Cancún, por lo que Acapulco esperará al próximo año.

Dijo que el alcalde mantiene comunicación con el área operativa del encuentro, que hace dos años quitó a Acapulco la sede para regresar a Cancún. Aclaró que los convencionistas no se retiraron por problemas con el puerto, sino porque “cambian continuamente el lugar”.

Sin embargo, dijo que no todas las ciudades tienen capacidad para cubrir las especificaciones de seguridad o propias del inmueble donde se lleva a cabo. Ejemplificó con la peticiones de salones contiguos al salón del acto principal y el casi aislamiento del hotel sede con suficientes policías locales. Informó que el gobierno de Acapulco tiene capacidad para asignar 300 policías preventivos para custodiar el hotel.

* “No queremos llenar la cárcel de taxistas”, dice el delegado de Transportes, Arturo Heredia

Karina Contreras * El delegado de Transportes en la zona Centro del puerto, Arturo Heredia Agatón, informó que las operaciones contra el pirataje comenzarán el 1 de marzo, para dar la oportunidad de que los irregulares salgan de circulación, porque lo que menos se quiere es “llenar la cárcel de taxistas”.

Heredia Agatón se mostró conforme con las operacioness –antes de que el pirataje se tipificara como delito–, porque con ellos salieron de circulación “todos los dobles”.

Dijo el funcionario que no puede ocultar que hay piratas, pero que la autoridad tiene hasta dos reuniones diarias con los concesionarios y líderes de taxistas irregulares, para definir la fecha para sacar de circulación los vehículos. Dijo que la decisión se tomó de común acuerdo con la mayoría.

Luego indicó que la fecha que se valora para empezar las operaciones contra el pirataje es el 1 de marzo. Cuando se le preguntó si no es mucho tiempo, respondió que no.

Cuando se le recordó que él había declarado en un medio local que ayer lunes iban a empezar las operaciones aplicando el nuevo reglamento, indicó que “esa declaración fue en base a que se estaba valorando entrar; sin embargo, en base a las pláticas que se han sostenido con varios grupos, se darán otras semanas, a efecto que puedan sacar toda placa irregular”.

Dijo Heredia Agatón que hay varios líderes que están buscando placas, y que la autoridad no va a llenar la cárcel de taxistas. Luego agregó que con la difusión del pirataje como delito esta actividad ha bajado “sustancialmente”.

Adelantó que cuando comiencen las operaciones, serán permanentes y participarán el Ministerio Público móvil, la Policía Judicial y la PFP, los que podrán detener los taxis sin necesidad de que este personal de Transporte.

Mientras, el delegado en la periferia, Gildardo Gutiérrez Ramírez, manifestó que harán operaciones en conjunto, pero mientras tanto llevan a cabo la difusión de la nueva disposición. Agregó que dar tiempo a los irregulares para que se retiren “no afecta en nada”.

* Las instalaciones “están cerradas hasta que el auditor certifique las cosas que quedaron dentro”, adelanta Jorge Galeana García

Nelly Bello * A petición del presidente interino de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Acapulco, Jorge Galeana García, un auditor del Comité Directivo Nacional estará en el inmueble para certificar el padrón de afiliados y la legalidad en las nuevas afiliaciones.

Luego de la revisión, el encargado interino podrá convocar a nuevas elecciones, suspendidas el viernes pasado por los conatos de enfrentamiento y acusaciones por afiliaciones irregulares.

Entrevistado luego de una conferencia de prensa de comerciantes establecidos, Galeana García dijo no estar enterado de las irregularidades que denunció el ex presidente Alfonso Salcedo Cobos sobre la afiliación de personas que no tenían el giro de restauranteros.

Recordó que por comentarios que “no me constan” se enteró del registro de misceláneas en zonas apartadas, que no son restaurantes, por lo que “pedí un padrón de las anteriores y nuevas afiliaciones”.

Indicó que en las cifras se rebasó la afiliación actual, que es de 140 restauranteros, pues la planilla Blanca, de Abelardo Vielma Meza –apoyada por el ex presidente de Canaco y cercano al gobernador René Juárez, Javier Saldivar–, afilió 210 nuevos restauranteros, y la planilla Alianza, de Alfredo Paco Caro –cercano a Salcedo Cobos–, también agregó nuevos agremiados.

Dijo que la presencia del auditor es para verificar con el nombre del negocio y el propietario, así como su RFC, que se trate de restauranteros y que “no fue una afiliación momentánea para ganar la elección y después retirarse”.

Informó que las instalaciones de la Canirac en Acapulco “están cerradas hasta que el auditor certifique las cosas que quedaron dentro”.

Advirtió que el tiempo que esté al frente de la Canirac será vigilante del desempeño que tuvo Salcedo Cobos y las irregularidades que denunció en la asamblea en la que se definiría la nueva mesa directiva.

* Le piden apoyo para construir la Escuela de Música

Ossiel Pacheco * Ante integrantes del Sindicato Unico de Trabajadores de la Música del Estado de Guerrero (SUTMEG), el alcalde Alberto López Rosas dijo que las inversiones de 100 millones de dólares que están en proceso de ejecución en el puerto generarán más de mil fuentes de empleo. Los músicos le demandaron su apoyo para la construcción de la Escuela de Música.

Los músicos y el alcalde sostuvieron una reunión la tarde de ayer en la sede del SUTMEG, donde López Rosas fue recibido por los dirigentes Alfredo Díaz Solano, secretario general; Salvador Guzmán Hernández, secretario de Educación y Actividades Culturales, y Francisco Alba Martínez, secretario de Organización y Propaganda.

Los agremiados a este sindicato demandaron a López Rosas su apoyo para la construcción de la Escuela de Música Ignacio Nogueda Reyes, ya que “hemos esperado varios años para colocar la primera piedra, y queremos que se sume a este proyecto y programa de actividades del 2003”, dijo el secretario general del SUTMEG, Díaz Solano.

El líder de los músicos anunció actividades culturales, entre ellas el décimo festival de Jazz, y otras en barrios, colonias y universidades. Durante el breve acto, entregó al alcalde una propuesta de reglamento de los trabajadores de la música para el municipio de Acapulco, el cual “sería un ordenamiento municipal para todo el gremio de la música en general”.

Díaz solicitó establecer una mesa de trabajo entre los músicos y el ayuntamiento para exponer todos los detalles del programa y proyectos mencionados. Recordó que el martes pasado, en reunión con el gobernador René Juárez Cisneros, plantearon de nuevo el proyecto de la escuela de música, por lo que esperaba que el alcalde porteño fuera gestor del mismo ante el gobierno estatal y la federación.

La Escuela de Música se acordó en lo que fue la escuela secundaria federal 12, en la colonia Ampliación Santa Cruz, sobre la avenida Palma Sola, pero nunca fue cedida a los músicos, porque la SEG reclamó el lugar y ahora está ahí el Centro de Actualización del Magisterio (CAM).

El alcalde López Rosas en su intervención dijo que su gobierno trabaja para recuperar los espacios perdidos en el mercado turístico internacional y lamentó la fama indebida que se ha creado sobre la contaminación de las aguas de la bahía.

Informó que tres proyectos se realizan en el puerto: uno en el predio de Transportes Figueroa, donde con una inversión de 19 millones de dólares se va a establecer la transnacional Carrefour, sobre la calzada Pie de la Cuesta; un centro comercial Price Costco en el predio de lo que fue el cine Bahía, recién demolido, con una inversión de 20 millones de dólares, y otro más, en la avenida Farallón, donde se invertirán 25 millones de dólares.

Dijo que los tres se generarán más de mil fuentes de empleos, y que el ayuntamiento está empeñado en generar confianza para que lleguen inversiones para reactivar la economía del puerto.

El diputado del PRD Mariano Dimayuga Terrazas informó que la próxima semana será publicado en el Periódico Oficial la reforma a los artículos 63 y 177 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que obligará a los ayuntamientos a tener un reglamento que imponga sanciones a todo aquel que no deposite la basura en los sitios expresamente señalados para ello.

Lo anterior lo dio a conocer en una conferencia de prensa en el restaurante del hotel Las Hamacas. Dimayuga Terrazas dijo que en días pasados las comisiones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Justicia, y de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable dictaminaron a favor de reformar dos artículos: el 63 y el 177 en su inciso C, sobre facultades y obligaciones del ayuntamiento en materia de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.

El diputado señaló que Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco son los únicos ayuntamientos del estado que tienen un reglamento, por lo que con las modificaciones los demás se van a ver obligados a tenerlos y después aplicarlos.

Dimayuga Terrazas señaló que la basura está provocando un problema de salud pública, pues contamina los mantos freáticos, y que es necesario que los ayuntamientos construyan pequeños rellenos sanitarios para depositarla, y no dejarla donde sea.

Opinó que la sociedad no tiene una cultura sobre este tema, no sólo porque no hay una reglamentación, sino también porque no hay un control de parte de los ayuntamientos y la ley actual no lo prevé. Dijo que con los nuevos agregados a los artículos 177 y 63 de la Ley Orgánica eso debe terminar. Dijo que con las modificaciones y el reglamento cada ayuntamiento impondrá las sanciones para aquellos que infrinjan la ley del municipio libre.

Insistió en que la sociedad se verá beneficiada porque ya no verá tirada la basura donde sea.

Luego manifestó que es necesario en Acapulco otro relleno sanitario, porque la ciudad es muy grande, y aunque existe la infraestructura ésta no alcanza a cubrir muchas colonias. Y luego sugirió que sería bueno construirlo en Tres Palos, para la zona sur de la ciudad.

Dijo que los ayuntamientos tienen que dar un informe en 90 días de la situación de las disposiciones de la nueva ley.

Cuando se le preguntó qué pasaría si los municipios no cumplen, explicó que primero se les hará un exhorto de parte del Congreso. Luego comentó que los diputados están consientes de que para hacer un pequeño relleno sanitario se necesita inversión, por lo que tienen que hacer la reclasificación de sus gastos, y que el próximo año se les incrementará para la limpia.

Dijo que, con la reforma, los ayuntamientos deberán “atender la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos. Para ello los municipios contarán con un relleno sanitario o sitio de disposición final de residuos sólidos, que se ubiquen fuera de la mancha urbana, que cuenten con las condiciones necesarias para prevenir o controlar posibles afectaciones al medio ambiente y que garanticen la protección de la salud pública, de acuerdo a las Normas Oficiales y las leyes de la materia”. (Karina Contreras).

* Le entregan un dictamen de Protección Civil * El estudio identifica como “mal común”: filtración de agua en la losa, desprendimiento de concreto, corrosión en el acero y fisuras en muros

Habitantes de El Coloso, al reunirse con el delegado del Infonavit, Ernesto Montañez Ojeda, le pidieron intervenir para corregir las deficiencias en sus viviendas, pues el Instituto “contrató a la constructora y nunca dio mantenimiento a los edificios”.

Los colonos dieron a conocer al delegado el dictamen de la Dirección de Protección Civil que recomienda, “para garantizar la integridad física de los condóminos, no hacer ninguna innovación o modificación que altere la estructura” de los edificios.

Los inconformes, encabezados por la ex dirigente municipal del PRD –y actual precandidata a diputada por el distrito 09–, Rosario Herrera Ascencio, entregaron al delegado la copia del dictamen dado el 4 de febrero por Protección Civil, donde se informa que en un recorrido efectuado en los edificios 76 al 100, de la quinta etapa de la unidad habitacional, se observó que todos los edificios presentaron “un mal común”, que sintetizaron como filtración de agua en la losa tapa; desprendimiento de concreto en trabes, columnas y rampas de escalera a consecuencia de exceso de humedad; corrosión en el acero de refuerzo, y fisuras en muros divisorios de apartamentos.

Montañez Ojeda, ante los señalamientos de que tenía que intervenir, recalcó que el Infonavit no contrata empresas para construir, sino otorga créditos. Luego manifestó que cuando se construyó El Coloso no se contrató ni seleccionó constructoras, sino que se hizo en fideicomiso.

Herrera Ascencio le respondió que el Instituto es responsable porque tenía que supervisar la obra del crédito que iba a pagar sus clientes. Y señaló que allí hubo fraude y malversación de fondos.

Montañez Ojeda les propuso hacer un frente común, y luego les explicó que para avanzar es necesario dividir los problemas de los edificios. Dijo que en el primer grupo estarían los que tienen falta de calidad; en el segundo los que tienen daños estructurales por sismo –lo cual sí cubre el seguro–, además de los daños por falta de mantenimiento. Les dijo que aunque presenten una demanda contra la empresa aseguradora, de nada servirá. (Karina Contreras).

* Sabás de Rosa declaró que en las instalaciones deportivas no se aplican las normas de seguridad

Alfredo Mondragón * El director de la Unidad Deportiva Acapulco (UDA), Fernando López Zamora, demandó penalmente al director de Protección Civil municipal, Arturo Sabás de la Rosa Camacho, por omitir información, así como por calumnias y difamación, pues declaró que en dichas instalaciones, en que se realizan reuniones masivas, no se aplican las normas de seguridad.

La demanda fue presentada por escrito ayer por la mañana en la agencia central del Ministerio Público por el encargado de asuntos jurídicos de la UDA, Américo Hernández Fuentes, por los delitos antes mencionados, en contra del funcionario municipal, a quien López Zamora, calificó de “terrorista, alarmista, protagónico, mentiroso”, y demandó su destitución.

Sabás de la Rosa anunció al periódico Novedades Acapulco, que ayer a las 12:00 horas, acompañado del director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Gustavo Piña Lagunes, acudiría a verificar y supervisar si se habían cumplido sus disposiciones en la UDA, pues ésta no tiene las medidas mínimas de seguridad, como salidas de emergencia, rutas de evacuación y extinguidores, pero no llegaron.

López Zamora explicó que en cada encuentro masivo, como los partidos de futbol de los Jaguares o conciertos de grupos musicales, la UDA instrumenta medidas de seguridad, entre ellas el apoyo de 300 agentes de seguridad pública, cinco extinguidores, una planta de energía eléctrica y, enfatizó, “personal en cada una de las 22 puertas de salida, que miden 15 metros de ancho”.

Dijo que es “extraño” que Sabás de la Rosa, quien lleva más de un trienio en el cargo, ahora declare que las instalaciones que dependen del gobierno del estado son un peligro para la población, y no se ha preocupado por supervisar la seguridad del gimnasio municipal de ciudad Renacimiento y la Unidad Deportiva Vicente Suárez, entonces “ha omitido esa información”.

Por último, dijo que hay quienes piensan que en la UDA “los ingresos por los conciertos, boletaje, venta de chácharas, nos los quedamos. pero ¡no, señor¡ Sólo rentamos el espacio que sirve para pagar la nómina, comprar cloro para las albercas, pasto, es decir para el mantenimiento de las instalaciones. Creen que se gana miles de pesos, se despierta codicia”.

* La elección, el sábado a mediodía * Gana Pablo Avila González * No hubo la violencia pronosticada

Karina Contreras * En una asamblea a puerta cerrada en las oficinas de la comisaría ejidal, los 68 ejidatarios de El Cayaco asistentes –de un total de 113 registrados– eligieron a Pablo Avila González como nuevo comisario ejidal.

Ante la previsión de violencia, la elección estuvo resguarda por policías preventivos. Pero la jornada transcurrió en un clima de tranquilidad, y terminó con una comida en la casa del comisario ejidal electo, a quien se le dio posesión luego de saberse el resultado.

Se esperaba violencia de parte del grupo contrario, que encabezan José Urbano Castillo Castañón, César Everardo Esparza y Barbarito Palma Galeana, quienes en un diario local pidieron la presencia de la Policía Preventiva. Las elecciones fueron el sábado desde las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 12:30.

Al ahora ex comisario ejidal, Alberto Avila González, quien fue entrevistado en la comida que se ofreció en honor de su hermano, el candidato ganador, informó que la elección, contra lo que se pronosticaba, resultó tranquila.

Añadió que aunque hubo un grupo, que encabezaba el ex comisario ejidal José Urbano Castillo Castañón, que intentó boicotear la elección, la votación fue a favor de su hermano Pablo.

Dijo Avila González que votaron 68 ejidatarios en la asamblea de 113, por lo que se alcanzó más de 50 por ciento, con lo que la elección fue legítima. Esto aun cuando Castillo Castañón abandonó la asamblea con otras 10 personas.

Cuando se le preguntó si era una imposición de él, el que su hermano fuera su sucesor, como lo aseguró Castillo Castañón, sonriendo respondió: “ la elección fue pública y sin objeciones”.

Dijo que su hermano tiene la capacidad para efectuar el trabajo de comisario ejidal, pues tiene experiencia porque muchas veces le ayudó a cumplir funciones y gestoría para el pueblo.

Insistió en que él no lo impuso, sino que los ejidatarios se decidieron por él porque les convenía, además de que no hubo capacidad para que se formara otra planilla, por lo que no hubo oposición.

Dijo que su trabajo fue del escrutinio público y que recuperó varios predios que pertenecen al ejido de El Cayaco, mientras que Urbano Castillo es enemigo del ejido.

El nuevo comisario, Pablo Avila González, dijo que su proyecto de trabajo será la defensa de las propiedades del ejido y no permitir que personas ajenas lo dañen. Esto, en clara alusión a el ex comisario Urbano Castillo.

Señaló que los que abandonaron la asamblea sólo trataron de desvirtuar la elección, porque sabían que no tenían ninguna forma de ganar. Finalmente dijo que hubo quórum legal y que la convocatoria cumplió con todos los requisitos, “por lo que no hay ninguna manera de que se impugne”.

En un recorrido por algunas calles de El Cayaco se vio tranquilidad, mientras que en la comida había más de 50 personas que disfrutaban la barbacoa.

* Estaba ebrio cuando enfrentó a los agentes, igual que un día antes, cuando fue detenido a petición de su esposa, a quien agredió, indica el registro en Protección y Vialidad * Rechazan los preventivos haberle robado

Alfredo Mondragón * Los policías preventivos del Mercado Central acusados de robo por el carnicero Toribio Martínez Ramírez, en un reporte oficial elaborado el día de los hechos niegan haber cometido tal delito y afirman que lo arrestaron debido a que bajo los efectos del alcohol los insultó y retó a muerte, pero que omitió que fue trasladado a los separos a petición de su esposa y que los amenazó con despedirlos y acusarlos ante la prensa.

En una tarjeta informativa, elaborada el 12 de febrero y enviada al director de la Policía Preventiva, Ernesto Ríos Torres, el comandante del décimo sector, Sifrido Bedolla García, asentó que ese día aproximadamente a las 8:30 horas, cuando el primer oficial Cirilo Jiménez Maldonado, hacía el pase de lista a los agentes comisionados en el módulo de seguridad del Mercado Central, una persona a bordo de una camioneta pasaba y los insultaba.

El conductor de la camioneta color azul, marca Cheyene, placas del estado de Guerrero, en “repetidas ocasiones insultó al personal, haciendo mentadas de madre, pero se le ignoró, pero el conductor regresó y se detuvo cerca del oficial Cirilo Jiménez, se bajó de la unidad y le dijo que si trajera pistola lo mataba en esos momentos, pero se le ignoró y se le invitó a retirarse, pero se negaba e insultaba, por lo que se le detuvo en los separos del módulo”.

Minutos más tarde –se informa en la tarjeta informativa– al módulo de seguridad llegó la esposa del conductor acompañada de Bernardo Hilguera Calderon, quien dijo ser su amigo, y se le entregaron las llaves de la camioneta, pero en esos momentos llegó el oficial Manuel Guadalupe Domínguez Hernández, comandante del segundo turno, quien dijo que esa persona había sido detenida un día antes por un auxilio solicitado por su esposa, porque la había golpeado y amenazado”.

Ese día, 11 de febrero, indica el reporte, “la esposa dijo que no levantaría cargos en contra de su esposo, por lo que sólo fue remitido al juez calificador amenazando a todos los agentes de la Policía Preventiva con cesarlos porque iba acudir a Televisa y la prensa”, y por ello Cirilo Jiménez decidió por dejarlo en libertad para no verse en problemas y lo entregó a sus familiares sin pago alguno, pero dejó la camioneta estacionada.

Sin embargo, el carnicero Toribio Martínez llegó más tarde al módulo de la Policía Preventiva acompañado de un agente de la Policía Judicial del Estado (PJE), argumentando que en el interior de la camioneta le habían robado 4 mil 500 pesos, pero las llaves fueron entregadas a su esposa y nunca hubo una revisión al vehículo, por lo que los oficiales, le dijeron que podría preceder conforme a derecho.