Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Secretarios de despacho del gobierno estatal y funcionarios de diversas dependencias, dejaron plantados ayer a dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), que fueron citados a una mesa de trabajo en la que recibirían respuestas a sus demandas.

La reunión fue convocada para las 11 de la mañana en la Secretaría de Gobierno, en donde los dirigentes de las organizaciones se mantuvieron hasta las 3 de la tarde, pero únicamente llegó el subsecretario de Desarrollo Rural del gobierno estatal, José Núñez San Miguel, pero no ofreció ninguna respuesta a las demandas.

A la reunión llegó un contingente de campesinos del municipio de Ahuacotzingo que piden la construcción del puente de Mitlalzingo, el arreglo de las carreteras y la indemnización con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden). Asimismo, acudieron ejidatarios de Teloloapan, que exigen la solución de un conflicto agrario.

También acudieron a la cita representantes de las comunidades de Tepetlatlipa y Rincón de Cozahuapa que piden la autorización de plazas para maestros de telesecundaria, así como la construcción de una escuela primaria en la comunidad de La Frontera, municipio de Acapulco.

El dirigente de la FODEG, Pedro Nava Rodríguez consideró una falta de seriedad, de respeto y de responsabilidad de los funcionarios del gobierno, y advirtió que acudirán el 24 de febrero próximo a la ciudad de Iguala para llevar a cabo una protesta durante el acto oficial por el Día de la Bandera.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El delegado del Infonavit en Guerrero, Eduardo Montañés Ojeda, solicitó al presidente municipal de Azueta, Amador Campos Aburto, facilidades para los desarrolladores en Zihuatanejo con el fin de “detonar” la presencia del instituto en este puerto.

“Lo peor que nos puede pasar es que no haya inversión y no haya viviendas y que el trabajador no tenga dónde ejercer su crédito” manifestó.

Campos Aburto aseguró que su gobierno dará estímulos fiscales a los inversionistas “pero serémos estrictos para que se cumpla con lo establecido en el plan de desarrollo urbano”.

Montañés Ojeda calculó que en esta zona se podrían liberar entre 500 y 600 créditos este año –de los 2 mil 100 créditos que se darán este año en Guerrero– además de que se espera hacer programas de reestructuración de la cartera vencida en la que se calcula que hay unos 700 azuetenses a los que se les darían facilidades de pago para regularizar sus adeudos con el Infonavit.

Señaló que en esta zona ante la falta de vivienda y de difusión, no se tuvo gran presencia del Infonavit el año pasado, y consideró que para detonarlo es importante que las autoridades municipales otorguen facilidades para hacer atractiva la inversión en vivienda para que los desarrolladores “den casas bien ubicadas y baratas para que las puedan adquirir los trabajadores con créditos Infonavit”.

En Zihuatanejo se tienen dos áreas en desarrollo, la de la comunidad de Barrio Viejo y en las afueras, cerca del lienzo charro Montejano, donde construyen las empresas Covimex y CECSA.

Ejemplificó el esfuerzo del gobierno estatal y municipal en Acapulco, con la dotación de tierra a precios cómodos para los desarrolladores del proyecto Los Organos.

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Empleados de la CFE, pertenecientes al Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), sección 19, de Zihuatanejo, se mantienen en paro de labores desde este lunes 17, en protesta porque la paraestatal contrata mano de obra particular, “sin tomar en cuenta a compañeros que llevan más de 15 años haciendo banca”.

El líder del SUTERM en esta ciudad, Juvencio Valenzo Romero, dio a conocer que ante la inconformidad existente entre los 60 trabajadores sindicalizados, se procedió a hacer paro de labores desde el lunes 17, en el horario de trabajo de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en donde no se le permite la entrada a los empleados que son contratados como “de confianza, pero que realizan las labores que deberían de hacer los sindicalizados”.

Valenzo Romero sostuvo que el gerente de la CFE en Zihuatanejo, Alejandro Zavaleta Benavides ha contratado “gente extraña” al sindicato de electricistas, que se dedican a suspender el servicio a los usuarios que no pagan a tiempo su recibo, “y hay una queja generalizada del pueblo en el sentido de que hacen los cortes hasta los fines de semana”.           Añadió que “por esa razón y porque han invadido nuestra materia de trabajo, hemos determinado no permitirle el acceso a los empleados del programa Abatimiento de Pérdidas que la CFE está implementando”. Dijo que presionarán a la paraestatal para que eche mano de los trabajadores electricistas que conocen esa actividad “y que no improvisen gente que además nos agreden, mientras que ahí hay compañeros que están haciendo banca desde hace más de 15 años esperando”.

El también ex síndico procurador de la pasada administración priísta, indicó que como líder del sindicato de los electricistas, hablará con Zavaleta Benavides y con el gerente de la División Centro–Sur, Víctor Javier Félix Beltrán, “para llegar a un arreglo conciliatorio que no lesione los derechos de mis compañeros”. Mientras tanto, un grupo de trabajadores se mantenía fuera del edificio de la CFE con una manta haciendo pública su protesta.

Alfredo Mondragón * La delegación estatal de la Cruz Roja, convocó a la ciudadanía a donar 2 mil despensas, cobertores, juguetes y medicinas que serán llevados en caravana el próximo 24 de febrero a la precaria región de La Montaña, debido a los estragos que están ocasionando las altas temperaturas.

Por su parte, la delegación estatal de la Cruz Roja contrató personal, médicos y enfermeras, adicionales a los que acudirán en la caravana e instalará en Tlapa de Comonfort, un puesto permanente de socorro y una ambulancia para efectuar traslados a Chilpancingo.

Mediante un comunicado de prensa, el delegado Carlos Rullán Dichter, informó que la caravana, integrada por dos ambulancias partirá el próximo lunes 24 de este mes a las 8:30 horas de sus oficinas ubicadas en avenida Ruiz Cortínes número 126 de la colonia Alta Progreso, con destino a Chilpancingo.

En el evento, la presidenta del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mirna Acevedo de Juárez, dará el banderazo de salida a la caravana, la cual se encontrará con otro equipo que saldrá de Chilpancingo hacia Tlapa de Comonfort y se prevé regresará el martes por la noche.

Carlos Rullán explicó que una de las intensiones es entregar de mano a mano las despensas, cobertores, juguetes, medicinas y dar consultas médicas gratuitas, por lo que reiteró la solicitud de apoyo a la población guerrrerense en esta noble misión.

Karina Contreras * Ex integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), acusaron al dirigente Benigno Guzmán Martínez, de “defraudador y farsante” por haberse quedado con 550 mil pesos que el gobierno del estado les entregó para proyectos productivos tras los plantones que efectuaron en el asta bandera de Acapulco.

En conferencia de prensa, Miguel Zacapala, Alejandra Márquez, Delia Serna, Rosario Zacapala, y Pablo Sebastián anunciaron su salida de la OCSS. El primero manifestó que Guzmán Martínez lo había decepcionado, y dijo que se unieron a él por la lucha social que había dado, y que incluso lo mantuvo preso en Puente Grande, Jalisco. Además de que también había rechazado 7 millones que le ofrecía el gobierno del estado.

Zacapala dijo que estuvieron en todos los plantones que organizaba Guzmán Martínez, pero que se inconformaron porque “recientemente” el gobierno del estado liberó 550 mil pesos para proyectos productivos, que “sólo se lo repartieron entre Guzmán Martínez, César Suárez y Luciano Cipriano, utilizando también nuestros nombres”.

Cuando se le preguntó si se irían a la OCSS de Rocío Mesino, señaló: “Ella es otra que pelea la cuestión económica y no la lucha social”.

Ante las supuestas irregularidades de Guzmán Martínez, los ex integrantes piden al gobernador René Juárez Cisneros que resuelva sus peticiones, pero además que investigue a “los falsos líderes”, así como a su secretario de Desarrollo Social, Heriberto Huicochea, por “soltar el dinero sin verificar en qué se va a utilizar”.

* El nombramiento de Belkis Ocampo tiene también tintes electorales, afirma el presidente estatal del PRD * Cuestiona la participación de Rodríguez Escalona en reuniones del gabinete

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El presidente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre denunció ayer desde Ciudad Altamirano que el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer ya inició su operación política en busca del voto verde, luego de que ordenó la renuncia del coordinador regional de Desarrollo Rural, Enrique Arriaga para imponer al ex candidato a alcalde en Tlalchapa, Ossiel Luviano Rodríguez para operar el programa de fertilizante con fines electorales.

Mora dio a conocer que al mediodía, en una visita que hizo a Ciudad Altamirano al pasar por la sede de la Coordinación Regional de Desarrollo Rural se percató de que priístas de la CNC y vaqueros del rancho El Trébol del diputado federal, Héctor Pineda Velázquez, se manifestaban exigiendo el pago de sus salarios.

Luego de indagar lo ocurrido, los mismos manifestantes le informaron que el actual coordinador regional, Enrique Arriaga sería despedido del cargo porque no “respondía a los intereses del partido” y el programa de fertilizante no había sido utilizado para favorecer a la gente que apoyó al PRI.

También le informaron que Figueroa Alcocer ordenó al director general del Programa del Fertilizante, el subsecretario de Desarrollo Social José Núñez Sanmiguel que destituyera del cargo a Arriaga.

Mora reconoció que Arriaga manejó de manera imparcial el programa de fertilizante y lo entregó sin distingos partidistas, que fue lo que molestó a Figueroa Alcocer.

Añadió que la destitución del funcionario estatal es apenas una muestra de las prácticas que va a imponer el ex gobernador y que lo caracterizan, para hacer ganar al PRI.

Al respecto, dijo que propondrá a los diputados locales del PRD que en la próxima sesión de la Comisión permanente se denuncie esta acción de Figueroa Alcocer.

Asimismo, el presidente estatal criticó en el mismo sentido el nombramiento de sandra Belkis Ocampo como titular de la Secretaría de la Mujer. Dijo que la ex alcaldesa de Tecpan “es gente de todas las confianzas” del gobernador René Juárez Cisneros a quien “ya le demostró lealtad cuando, desde su cargo de alcaldesa, utilizó los dineros federales para la compra del voto y mentir que hizo obras”.

También criticó que, “sin ningún recato”, el gobernador “utilice los recursos a discreción para la promoción de su deteriorada imagen y le haya dado el encargo a Ernesto Rodríguez Escalona, quien sin tener nombramiento oficial, maneja los recursos públicos y eso es una irregularidad en la que incurren y se sujetarán a las sanciones establecidas en la Ley de los Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

En ese sentido dio a conocer que los diputados perredistas ya investigan y recopilan la información respectiva para interponer las demandas correspondientes.

Aurelio Peláez * El secretario general de la delegación estatal del PAN, Carlos Arturo Millán Sánchez, afirmó que el gobernador René Juárez Cisneros continúa metiendo las manos en este proceso preelectoral, y como prueba de ello mencionó que trata de “posicionar” al ex candidato a alcalde de Acapulco, Ernesto Rodríguez Escalona, “a quien pasea” en diversos actos de gobierno y participa en reuniones de gabinete sin tener ningún cargo en el mismo.

Millán Sánchez afirmó que Juárez Cisneros también tuvo injerencia en la designación de los coordinadores regionales del PRI, como los senadores Héctor Astudillo Flores y Héctor Vicario Castrejón (para Chilpancingo y La Montaña, el primero, y para Acapulco y la Costa Grande, el segundo), a quienes propuso realizar ese trabajo político para levantar al priísmo en Guerrero.

Informó que hay el temor por parte del gobernador de que el PRI pierda la mayoría de las diputaciones federales en Guerrero, y por eso se ha llamado además como coordinadores de campaña a los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y Angel Aguirre Rivero.

Millán Sánchez consideró además insuficientes las explicaciones dadas por el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda, y la titular de Turismo estatal, Guadalupe Gómez Maganda, en cuanto a que la presencia de Rodríguez Escalona en reuniones del gabinete se debía a que fue invitado como ciudadano.

“Nosotros vemos que a Ernesto Rodríguez se le trata de volverlo a colocar en el primer plano político”, luego de haber perdido por segunda vez la elección de presidente municipal de Acapulco, como candidato del PRI.

El dirigente panista añadió que “si de invitar ciudadanos distinguidos a actos de gobierno se trata, los panistas estamos dispuestos a que nos inviten, también podemos aportar propuestas en las mesas de trabajo a la que se nos invite”.

En tres semanas, los candidatos

Carlos Arturo Millán, en entrevista telefónica, informó que ya se está en la fase final de las entrevistas con los precandidatos a diputados por representación proporcional y los uninominales.

El PAN sólo tiene candidato a diputado en un distrito, el 09 de Acapulco, quien fue electo en convención. Se trata del empresario Alejandro Martínez Sidney. El resto de la planilla la definirán la delegación estatal y la dirigencia nacional, a partir de entrevistas que realizan con los aspirantes desde hace una semana.

Millán Sánchez explicó que se tienen 14 aspirantes para las nueve candidaturas uninominales restantes, y 13 para representación proporcional, habiendo nueve mujeres apuntadas en ambas fórmulas.

Informó que la comisión entrevistadora, que él preside y en donde hay dos miembros más de la delegación estatal, ya está a punto de concluir su labor para presentar sus conclusiones al comité delegacional estatal, que elaborará su propuesta de planilla y la presentará al Comité Ejecutivo Nacional.

La delegación estatal entregará su propuesta de planilla al CEN el 3 de marzo, que a su vez presentará la lista de candidatos definitiva entre el 13 y el 15 de marzo.

Aurelio Peláez * El diputado federal del PAN, Esteban Sotelo Salgado, desmintió al gobernador René Juárez Cisneros, quien afirmó que se había reducido el presupuesto federal para seguridad pública en un 45 por ciento.

Juárez Cisneros declaró este martes en Zihuatanejo, a la pregunta de que había la opinión de que aumentaba la inseguridad en la entidad, que los programas de seguridad pública estatal se han visto afectados por la disminución de recursos federales a la seguridad pública.

En un comunicado de prensa fechado el miércoles 19, Sotelo Salgado preguntó al gobernador en qué se basa para dar esas cifras sobre los recursos destinados a Guerrero en el área de seguridad, porque no corresponden a los datos oficiales que tiene la Cámara de Diputados.

Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados e Información de la Cuenta de Hacienda Pública Federal, al estado de Guerrero se le asignó en el año 2002, 95.3 millones de pesos, de los cuales se ha ejercido 93.2 millones, mientras que en el presupuesto aprobado para el estado en el 2003, corresponden 77.8 millones, lo cual en ningún momento refleja un recorte del 45 por ciento.

El legislador guerrerense explicó que si tomamos como dato lo autorizado en el 2002 de 95.3 millones de pesos comparado con el 2003, “tenemos que hubo una disminución del 18. 4 por ciento, pero si nos basamos en lo ejercido la cifra es de 16.5 por ciento, datos que en ningún momento se comparan con lo afirmado por el gobernador de que se efectuó un recorte del 45 por ciento en materia de seguridad”.

Expresó que no se puede llamar recorte, sino que hubo una disminución a este rubro de la seguridad, pero a cambio se incrementaron los recursos a otras áreas, como el dinero que se utilizará para albergues indígenas o infraestructura carretera como la vía Tlapa–Marquelia.

Esteban Sotelo afirmó que “parece que el gobernador está empeñado en dejar mal ante la opinión pública el actuar del gobierno federal, lo cuestionable es que lo realiza erróneamente, porque no es mintiendo como se corrigen los errores”.

Esteban Sotelo afirmó que según datos publicados en el periódico Reforma en los primeros días de noviembre, Guerrero se ubica en los 5 primeros lugares en presentar irregularidades en la comprobación de los recursos, datos que tiene la Secodam, por lo que este año se decidió que todas las entidades federativas tendrán que ser muy puntuales y veraces en la comprobación de dichos recursos, en virtud de que no ha sido bien utilizado el dinero.

Dijo que el problema de la inseguridad es grave en todo el país, pero que los estados y municipios deben coadyuvar a resolver esta situación, empezando con los cuerpos policíacos, y en los análisis internos, como se hizo hace tiempo en la Procuraduría del Estado, “presentar alternativas, soluciones y no solamente adornen los escritorios de los funcionarios”.

El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) Abad Gerardo Orozco Rojas calificó como “normal” la presencia de policías municipales y del estado armados en las diligencias de actuarios. Sin embargo, precisó que la autoridad laboral solicita mínimo tres agentes y son los titulares de las dependencias los que deciden cuántos van.

“La JLCA pide a la Secretaría de Seguridad Pública (Luis León Aponte) y de Protección y Vialidad (Antonio Valenzuela Valdez) policías. Ellos deciden si van tres, cuatro o cinco, nosotros mínimo pedimos tres para que acompañen al actuario”, dijo a pregunta sobre el inusual contingente policiaco que acompañó al corresponsal de La Jornada, Misael Habana de los Santos, en el fallido intento de embargo a los bienes con que se elabora este periódico.

Dijo que asisten a estas diligencias policías armados desde que en 1995 un actuario fue asesinado, es además algo “legal y usual” aunque, insistió, nosotros no decidimos cuántos van.

En la diligencia de anteayer, participaron ocho policías municipales y ninguno del estado, aunque en la esquina de malaespina y Núñez de Balboa estaba un automóvil con agentes judiciales encabezados por el comandante de Asuntos Especiales, Ddaniel Mañez Campos.

El Sur intentó conocer la versión del secretario de Protección y Vialidad del municipio, Antonio Valenzuela Valdez, quien sin embargo no atendió al reportero Alfredo Mondragón, quien en más de tres ocasiones solicitó la entrevista al jefe de prensa Enrique Villagómez.

Debido al fracaso de la diligencia de embargo, Orozco Rojas informó que el denunciante ex trabajador de Medios del Sur, Misael Habana deberá proporcionar a la Junta el domicilio actual de la empresa donde laboró y que fue condenada.

“El nos señaló el domicilio de Vasco Núñez y el actuario que se constituyó verificó que los bienes se los llevó una persona (César Ortiz Jaramillo) y a raíz de eso se vio imposibilitado, actuó bien porque de embargar bienes hubiera actuado fuera de lo legal, lo que le queda al señor Misael es proporcionar el domicilio del demandado, si está fuera del estado debe dar el domicilio para girar un exhorto a la autoridad donde está la empresa, pero desconocemos su procedimiento”.

Orozco Rojas negó que la Junta tenga línea del gobernador René Juárez Cisneros para actuar de determinada manera en este caso, pues se trata de un organismo autónomo, aunque sea parte de la Secretaría General de Gobierno.

“Los tribunales laborales tienen autonomía propia, el gobernador no ha ordenado consigna en ningún asunto, la consigna es actuar conforme a derecho, en este asunto no se ha actuado a favor de nadie y se lleva conforme a derecho”, dijo.

Explicó que las resoluciones de la Junta no son definitivas para evitar injusticias si la autoridad sesga la ley.

“El perdedor tiene el derecho de amparo, si allá lo revisan y observan que hay violaciones a los derechos, ordenan reponer el procedimiento”.

–¿Cuándo una autoridad federal repone un proceso es porque la Junta actuó con tendencia hacia cierto actor de la demanda?

–Bueno sí. La autoridad federal estudia los conceptos de violación, por ejemplo la parte perdedora ya sea el trabajador o el patrón dice al tribunal “ofrecí a la junta estas pruebas y no les dio valor”, entonces la autoridad federal luego del análisis considera que no hubo el estudio de pruebas, concede el amparo y “Junta se te ordena para que estudies debidamente la prueba siguiendo los lineamientos”.

–¿Eso sucedió con los trabajadores de El Sur?

–Sí, exactamente.

El 28 de mayo del 2002, la JLCA realizó en pocos minutos una audiencia trifásica para el desahogo de pruebas. A dicha audiencia sólo asistió el representante de Medios del Sur y de Desarrollo de Medios, socio mayoritario de la primera, en su calidad de demandados, pues los trabajadores fueron presentados como notificados sin estarlo. Allí, la parte demandada aprovechó la ausencia de la representación de los trabajadores para negar que tuviera relación laboral con éstos. Por eso la autoridad emitió, también muy rápidamente, un laudo favoreciendo a la parte patronal, por lo que los 30 ex trabajadores de Medios del Sur recurrieron al amparo federal ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

Entrevistado ayer por la tarde, el presidente de la Junta reconoció que hubo irregularidades y que por eso el Tribunal Colegiado mandató a la Junta a que repusiera todo el proceso, y para eso habrá una audiencia en la segunda semana de marzo.

“Les concedió el amparo para la reposición de la audiencia, porque la autoridad federal, determinó que al demandado se le debe emplazar cumpliendo con las formalidades de procedimiento, es decir en su domicilio, dejamos sin efecto el laudo y señalamos fecha para la audiencia trifásica y ordenamos notificar al demandado vía exhorto y estamos esperando la devolución del exhorto, mientras no sea devuelto no podemos caminar”.

Explicó que en este momento la JLCA espera la respuesta de su similar de la ciudad de México por un exhorto de notificación que envió para emplazar a juicio en Acapulco a Desarrollo de Medios (Demos SA de CV) que edita el periódico La Jornada, pues los trabajadores señalaron a esta empresa como socio mayoritario y depositario de las pertenencias de Medios del Sur.

“La audiencia está programada para los primeros días de marzo, les dije (a los trabajadores) que estuvieran pendientes en la ciudad de México para que lo diligencien, porque a veces enviamos exhortos y se los olvida o por equis situación no se hacen y para que exista rapidez necesitamos la participación de ustedes en el sentido de que una persona se traslade y haga el trámite correspondiente.

–¿Trámite que debe hacer la JLCA del DF?

–Andale, o sea verificar en la ciudad de México si ya se hizo o no se hizo.

–Si no se verifica, ¿tarda más?

–Es que como tienen exceso de trabajo pues hay expedientes que el actuario va dejando y va haciendo el de otras personas que están ahí pendientes, entonces se acostumbra que el interesado verifique, para que si no lo ha hecho le diga ‘oye porqué no lo has hecho, te pido que lo hagas’.

Negó que la autoridad local diera trato distinto en las demandas 2007 de Habana de los Santos y la 2133 de los 30 ex trabajadores de Medios del Sur. La diferencia en la celeridad de la primera dijo, fue porque se trata de una demanda local y en el segundo caso se demandó a una empresa con domicilio en la ciudad de México.

“En el asunto de Misael Habana demandó a Medios del Sur y al señor Juan Angulo y la empresa fue emplazada aquí, fueron convocados, no comparecieron a juicio para defenderse y la demanda se tuvo por contestada en sentido afirmativo. Al no haber pruebas por desahogar, la Junta dictó el laudo correspondiente donde condena sólo a Medios del Sur y Juan Angulo fue absuelto, por eso el procedimiento fue rápido”.

Continúo y dijo que Habana pidió el pago y Medios del Sur siguió sin respuesta por lo que la JLCA dictó un requerimiento de pago y embargo, pero en la visita del actuario al domicilio que señaló Habana constató que Medios del Sur “ya no tiene el domicilio en ese lugar, que la empresa es Información del Sur por lo que se vio imposibilitado para llevar a cabo el embargo”. (Nelly Bello).

* Regidores perredistas y del PAN de Acapulco también se manifiestan en el mismo sentido

Al reunirse el miércoles pasado, la dirigencia estatal del PRD y la fracción parlamentaria de este partido en el Congreso local acordaron expresar “la más amplia solidaridad” ante la hostilidad del gobierno del estado hacia el periódico El Sur, y también con el reportero Francisco Romo, quien denunció que fue despedido de MVS Radio “por órdenes del gobernador”.

El PRD considera que las agresiones del gobierno a los medios, en particular en estos dos casos “atentan contra derechos elementales de los ciudadanos”. Asimismo, señala que “bloquear la información como se ha venido haciendo con El Sur, retrasa a nuestro estado en el logro de las libertades democráticas”.

En un comunicado de prensa emitido ayer jueves, la dirección estatal del PRD y su fracción parlamentaria informaron que entre otros asuntos, resolvieron “mantener nuestra solidaridad con la libertad de prensa, de expresión y de imprenta, exigiendo respeto a la actividad que realizan los reporteros del periódico El Sur bajo el principio de garantizar su libertad de trabajo y contra la campaña de desgaste que este periódico esta sufriendo por parte de acciones del gobierno del estado”.

El boletín, en el que aparece como responsable el secretario técnico del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Raúl Suárez Martínez, agrega que “el gobierno, independientemente de su signo político debe ser capaz de aceptar tolerantemente lo que se publique a favor o en contra, ser un ente público nos lleva a recibir todo tipo de críticas”.

Sobre el caso del reportero Francisco Romo, el PRD repudia que haya sido despedido “por criticar el nombramiento de Sandra Belkis de triste memoria para el pueblo de Tecpan de Galeana”. Considera que “nuevamente en este acto se vulnera la libertad de expresión donde el gobierno del estado tiene metidas las manos”.

Asimismo, informa que se acordó “dejar clara la postura del PRD en relación al nombramiento de Sandra Belkis Ocampo como secretaria de la Mujer en el gobierno del estado, sin antes haber dejado claro el manejo de los recursos cuando fue presidenta municipal de Tecpan de Galeana”.

La postura del PRD, explica, es que está claro “que el gobernador del estado está premiando a quien defraudó al valeroso pueblo” de ese municipio de la Costa Grande. “Este nombramiento debería de reflexionarse, fincarle responsabilidades de manera inicial, antes de premiar la corrupción”, condena.

“Para el PRD y sus diputados, es insostenible que una persona que tiene un cuestionamiento severo de corrupción publico y notorio, esté hoy en un espacio destinado al apoyo a la mujer y que con sobrada razón desconfiemos de su actuar en esta dependencia.

“Hacemos un llamado a nuestras militantes, a las feministas. A las mujeres que actúan diariamente en el movimiento social a manifestarse públicamente en contra de este nombramiento”, concluye.

El comunicado del PRD indica que los dirigentes de este partido y su fracción parlamentaria reconocieron “la necesidad de estrechar la coordinación del actuar de ambas instancias, motivo por el cual se acordó realizar una reunión mensual cada primer miércoles del mes”.

Por su parte, en un manifiesto dirigido al pueblo de Acapulco, Guerrero y México, los regidores del PRD y del PAN del ayuntamiento porteño, también repudiaron y reprobaron “la soberbia, actitudes y políticas en comunicación y derecho a la información que el gobernador del estado de Guerrero, René Juárez Cisneros ha impuesto para contener las voces disidentes, contrarias a su personal forma de gobernar y de ocultar” lo que a la sociedad le interesa.

El manifiesto lo firman el panista Guido Rentería, y los perredistas Rubén Padilla Fierro, José Luis Morales Torres, María de Lourdes Ramírez, Jacinto Ortiz, Juana Esteban Arroyo, Nicasio Prudencio Helacio, Juan Calixto López, Norberto Refugio Chamú, Germán Farías Silvestre, Alfredo Campos, Ninfa Luna, Alejandrina Javier Santiago, Wulfrano Salgado y Juan Francisco Ramírez.