Aurelio Peláez * Del caldo de cuatete a los morritos de pez vela; del armadillo en salsa verde o roja al caldo de iguana; por ahí pescados muy locales, como el cuche, el tigre y el cocinero, o mariscos casi en extinción como las cucarachas; diversas variantes de ostión o el callo de hacha o el callo margarita. Incluso, algún furtivo y prohibido guiso de caguama, platillo de cuya existencia se conoce como secreto a voces pero que se botanea sin pudor. Tales son los platos de los restaurantes nativos, las variantes “exóticas” de la mesa local, que también fueron parte del recorrido de las vacaciones de los acapulqueños en Acapulco.

En el ínter, una cerveza fría, como contrapunto del caldo de camarón o de pargo. O un vaso de ron, si se apetece (aquí el que refiere manifiesta su ignorancia de la cultura del coctel local, de si hay alguna bebida que le dé fama y renombre a la cultura de la beberecua, como en Cuba se tiene al mojito o a la Cuba libre, salvo un extraño menjurje del que alguna vez se tuvo conocimiento, aunque no tan exhaustivo como amerita el caso, y se trataba a saber de un agua de coco al que se le agregaba ginebra, algún otro alcohol de una receta ya perdida; se sabe además de la canela y azúcar, y se conoce que los resultados de tal experiencia eran devastadores. Chango meneao, le decían).

Porque hubo vacaciones de los acapulqueños en Acapulco. En fin de año, sitios muy locales fueron lugar de reencuentro con la cocina local. Otros más, claro, prefirieron lugares más aislados, como las playas Bonfil o Barra Vieja –especialidades de guachinango a la talla–, y huyeron de los restaurantes de Puerto Marqués, que tan mala fama han ganado, aun entre los paisanos del puerto.

Como atendiendo el exhorto de Visite México Primero, o su propio puerto, y del ‘para qué salir al norte o al centro del país, donde el clima está por los suelos’, o sea entre cero y diez grados –y sin ninguna encuesta que avale esta conclusión–, en Acapulco durante estos días ganó el turismo interno. De los restaurantes de La Noria como La Flama, La Cabaña o Las Gaviotas, a los del Zócalo, como el Bar Chico o el de Pancho. O bien, otros de mita’ y mita’ (de turistas y locales), como Pipos o El Amigo Miguel, que también tienen sucursales en la Costera.

Y no porque estén en el Centro, en calles donde falla el drenaje y donde el restaurante convive en un paisaje de tlapalerías y puestos de tacos callejeros, como en La Noria, el menjurje demerita en su precio. Un bien comer aquí –el caldo, el pescado y la botana– se lleva por cabeza de cien a doscientos pesos. Eso, sin contar con que el comensal es además de buen libar, porque en todo caso la cuenta pesará un poco más. Ahí en los restaurantes de La Noria –conocidos cariñosamente como Los Pescaditos, por el gremio periodístico– se encuentran también langostas a precio regular y con la particularidad de que uno, en la barra de pescados, puede escoger la pieza candidata a ser freída.

Escribía el escritor Jorge Ibargüengoitia en un libro como de viajeros, ¿Olvida usted su equipaje?, que en Francia, un lugar caro para comer, para encontrar un lugar barato se puso a averiguar dónde comían los franceses. Aunque no hay ninguna comparación entre comer en Francia o hacerlo en Acapulco, lo que sí ganaría el turista que preguntara más de tres veces a algún porteño calado –note que lleve pancita chelera y que ande en el Zócalo apurado camino al trabajo en un banco o periódico– es sobre el lugar en donde le pasó eso de la pancita. Seguramente será una buena guía para iniciar sus vacaciones en Acapulco y, de paso, invitarse a los lugares que frecuenta esa logia de comensales de estómago de hierro, sobrevivientes a decenas de platos de mariscos preparados por cocineras o pecadores que lo mismo levantan el ostión que el billete, lavados estos bivalvos en cubetas con agua que nunca se recicla. Algún misterio habrá en eso.

 Nelly Bello * Ante la posibilidad de fusionar las oficinas de la OCVA y OPA, el coordinador de la Oficina de Promoción de Acapulco, Héctor Pérez Rivero, insistió que el presidente municipal debe tener mayor participación en cuestiones de promoción.

Entrevistado vía telefónica, el empresario turístico calificó como positiva la iniciativa del alcalde Alberto López Rosas de fusionar los organismos, porque –dijo– unificaría los recursos del Proturismo (OPA) y el Room tax o impuesto al hospedaje (OCVA).

Pérez Rivero sostuvo la propuesta de que el nuevo organismo –que tentativamente maneja el ayuntamiento como Consejo Técnico de Turismo– el gobierno municipal, por medio del alcalde, lo presida, ya que “es quien está más interesado en la promoción”. Recordó que en el pasado ignoraban a la autoridad municipal en la toma de decisiones para la promoción.

“Estamos contentísimos de que el presidente municipal tome la batuta e iniciativa, era lo que esperábamos y es bueno para el puerto”.

Sobre “los detalles” que detuvieron el anuncio de López Rosas a la opinión pública, dijo que los desconoce pues a los integrantes de la OPA también indicaron “que estaba ultimando detalles” y que sería el propio alcalde o el director de Turismo Municipal, Roger Bergeret, quienes podrían informar.

Aunque se intentó conocer la opinión del director de la OCVA, Carlos Velásquez Cerda, éste no estuvo disponible en su celular y su secretaria informó que toda la mañana estuvo en reuniones.

Caminos y Puentes Federales (Capufe), en coordinación con el gobierno del estado de Morelos y el ayuntamiento de Cuernavaca, rehabilitará durante la primera mitad de este año el libramiento vial de esa ciudad, según un boletín de prensa del organismo.

El documento precisa que los trabajos en ese tramo –que enlaza las autopistas México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco– comenzarán a las 21:00 horas del próximo martes 7 de enero, concluido ya el periodo vacacional de fin de año.

Indica que, en vista de que los fines de semana el uso de esa vía de comunicación se incrementa considerablemente, las obras se efectuarán de lunes a viernes, de 9 de la noche a 6 de la mañana, durante las primeras dos semanas. Pasado ese lapso, el horario cambiará a 8 de la mañana a 2 de la tarde, también de lunes a viernes. Los trabajos, según el boletín, deberán estar concluidos a “mediados de año”, de acuerdo con el programa.

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) iniciarán a partir del martes próximo en Guerrero acciones de protesta en contra de la eliminación al arancel a 43 productos agrícolas.

Uno de los dirigentes en Guerrero de esa organización, Rogelio Alquisiras Burgos, informó que del 7 al 10 de enero dirigentes regionales de esa organización realizarán un ayuno en la plaza Primer Congreso de Anáhuac en esta capital y que a partir del 10 se incorporarán al foro nacional que se realizará en la ciudad de México y en el que participarán personalidades del ámbito político, artístico, intelectual y deportivo.

Informó que del 7 al 10 de enero participarán más de 15 dirigentes regionales de la UNORCA en Guerrero en el ayuno que realizarán en esta capital para exigir al gobierno federal que revise el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) porque con ello se afecta a los productores agrícolas de nuestro país.

Indicó que mientras tanto en la ciudad de México integrantes de la Coordinadora Nacional de la UNORCA iniciarán el 6 de enero un ayuno por las mismas demandas.

“Nuestra postura es en defensa del campo y en contra del TLC; ese ayuno es una forma de protesta, vamos a informar de qué manera en nuestro estado nos afecta el TLC y vamos a informar las acciones que vamos a realizar en días posteriores”, dijo Alquisiras Burgos.

Informó que los días 10 y 11 esa organización realizará en la ciudad de México un foro nacional en defensa del campo en el que participarán personalidades que opinarán sobre la materia.

Dijo que en este foro participarán representaciones de 23 estados del país y que estarán personalidades como Carlos Monsiváis, Elena Poniatovsca, Jorge Campos, entre otros.

Dijo que será un foro amplio en donde se hará un análisis de la situación que está viviendo el campo mexicano en el marco del TLC.

Se perderá empleo en el campo mexicano: Zohelio Jaimes

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac El dirigente de la UNORCA Zhoelio Jaimes Chávez, manifestó desde que comenzó el TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México ha erogado por compra alimenticia 78 mil millones de dólares, en adquisición de maíz, frijol, trigo, sorgo arroz entre otros, cifra superior a toda la deuda pública del país.

Dijo que como consecuencia de que en enero se desgravan por completo todas las importaciones agroalimetarias procedentes de los países de TLCAN, y no habrá cuotas y ni aranceles para lácteos, carnes, frutas, verduras, granos, oleaginosas, generarán pérdidas de empleos como en el caso del pollo con 30 mil despidos en un año y con ello los productores de aves serán una especie en extinción y la misma suerte correrán los porcicultores.

Señaló que después del ayuno de la dirigencia nacional de la UNORCA en Ciudad Juárez, y el 5 y 6, se reunirán con la Coordinadora Nacional de la UNORCA para definir la postura si participan en las mesas de trabajo el 15 de febrero convocadas por el gobierno federal, quien pide una tregua durante la revisión del TLC, ya que Estados Unidos ha incurrido en prácticas desleales de comercio y la disminución de subsidios agrícolas que distorsionan el comercio internacional.

Comparan que los subsidios del gobierno estadunidense pasaron de 5 millones de dólares a 32 millones de dólares en el 2000, lo que ha hecho que se fijen precios de mercado por debajo de los costos de producción y en México brindan una protección especial y desgravan a las importaciones de ese país y reducen los subsidios al sector agrícola mexicano, lo que está provocando la caída de los precios reales y la pérdida rentabilidad de los agricultores mexicanos.

Este 6 de enero la dirigencia de la UNORCA ayunará en el Angel de la Independencia, en la ciudad de México, con la participación de por lo menos 15 dirigentes de los estados, entre ellos Guerrero.

Dijo que en Guerrero de manera simultánea se instalarán campesinos en ayuno en las 15 regiones del país el 7 de enero en solidaridad con la dirigencia nacional.

Dijo que de Atoyac participará el campesino Laurentino Santiago.

Zohelio Jaimes informó que el país pierde soberanía alimentaria pues actualmente se importa el 95 por ciento del sorgo, 58.8 arroz, 49 de trigo, 25 por ciento de maíz y el 40 en carnes.

Explicó que por la competencia desleal de las importaciones extranjeras el valor de los productos del campo, como maíz y frijol, se ha derrumbado con la medidas del TLC, sin que esto lleve al abaratamiento de la comida para los consumidores, por lo contrario la canasta básica se ha incrementado en un 257 por ciento.

Señaló que los que han ganado con el TLCAN son las grandes empresas que nos dan los productos importados y ya transgénicos como Bimbo que importa trigo de EU, Grupo Pulse y Savia que comercializa y produce semillas para frutas y hortalizas, Maseca, Bachoco.

* Con los ingresos hicieron obras comunitarias y otras están en proceso

Claudio Viveros, corresponsal, Cacahuamilpa * Un año se cumplió de la toma del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa por habitantes de las comunidades aledañas. Hace un año, hartos estallaron en grito rebelde, en una decidida travesía que se consumó al poner al descubierto, ante la opinión pública, la escandalosa corrupción en que se vieron involucrados funcionarios y empleados. Unos fueron destituidos, otros abandonaron el barco, pero no castigados por la ley.

Cansados, en el olvido y la indiferencia del gobierno, en las primeras horas del 2002 grupos de hombres y mujeres, ancianos y niños, determinaron tomar pacíficamente el control administrativo y operativo de las instalaciones del atractivo turístico natural, lo que sorprendió a las autoridades en la resaca del año nuevo.

“Explosión de coraje y creatividad”

Es el primer aniversario, la experiencia se resume en imágenes y testimonios de un video reciente en el cual los lugareños de tres comunidades (Cacahuamilpa, Crucero de Grutas y El Transformador) recopilan, presentan y difunden esa memoria de lo que llaman “una explosión de coraje y creatividad, la lucha de un pueblo por lo que le pertenece”.

La fecha fue de festejo, en el primer día del año nuevo, sin descuidar la responsabilidad continua a la que se han visto obligados, a aprender de todo. Ahora, con la experiencia adquirida, con obras comunitarias ejecutadas, otras en proceso y muchos proyectos por delante, la demanda que lanzan es de aplicar la ley en contra de los funcionarios y trabajadores que resultaron implicados en la desviación de recursos, falsificación de documentos y otros ilícitos pendientes de justicia.

En este centro turístico, el año anterior fue de trabajo para todos, como lo expresó a este corresponsal el actual administrador, originario de la comunidad Crucero de Grutas, Gregorio Beltrán Rosas: “Creo que las comunidades y nosotros sus representantes, hemos hecho todo lo que está de nuestra parte, tenemos iluminación (nueva y rehabilitada en el interior y exterior), bardas concluidas, un estacionamiento más amplio y un magno arco de bienvenida”, que el año nuevo apareció triunfal ante los visitantes con una bandera tricolor en la parte más alta.

Obras para los pueblos

Uno de los aspectos, que aquí concentró su atención, es la limpieza en la zona. La basura que se genera es recolectada en un punto determinado y de ahí todos los días se transporta a un tiradero cercano, explicó el directivo, y han adoptado ésta como tarea continua. “Esto es un punto a nuestro favor. Gracias a Dios, a un año nos da gusto que mucha gente nos siga apoyando. En las comunidades ya tenemos obras realizadas, calles nuevas y aportes en jardines de niños, escuelas primarias y la preparatoria que comenzó a funcionar en el ciclo escolar en curso”, avalada y con asesoría de una preparatoria de Iguala dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Sin que hasta ahora se haya firmado un convenio o acuerdo definitivo, luego de la toma y de prolongadas negociaciones y diálogos entre habitantes y representantes del gobierno estatal, el parque nacional que antes administraba el gobierno guerrerense sigue hoy bajo el resguardo y operación del pueblo.

En tales circunstancias, Beltrán Rosas, en nombre de los lugareños, invitó al gobierno estatal y federal “a que vengan a las negociaciones y vean los números (las finanzas) que tenemos para que se desengañen de lo que realmente entra (en comparación con administraciones pasadas) a este centro turístico, y también se den cuenta y abran nuevamente la taquilla como lo hicieron al principio (donde antes funcionó y ahora permanece cerrada) y vean los boletos falsificados”.

Justicia pendiente contra corrupción

El dirigente comunitario demandó “que se aplique todo el rigor de la ley sobre las personas que sean responsables, porque estamos a un año y no se ha hecho justicia como nosotros queremos. La taquilla oficial permanece cerrada todavía, poro ahí tenemos bastantes evidencias y boletos falsificados que utilizaban. Entonces queremos que el gobierno federal, estatal y municipal y la opinión pública se den cuenta de todo esto.

“Nuestra gente está muy agradecida con todos nosotros (los dirigentes del movimiento), porque ellos nos pusieron en este puesto y hoy en día aprecian los resultados que les podemos brindar. Hay muchos turistas que están a favor de que las Grutas estén administradas por las comunidades”, aunque señaló que ha habido profesores que han pretendido extorsionar con la práctica “¿de a cómo va a ser el billete para que podamos entrar?”, y se les ha revirado en respuesta un “nada de eso, aquí compra sus boletos y los reparte a cada uno de sus alumnos para pasar a las Grutas”.

Añadió que su tareas las han ejecutado de manera limpia y transparente, sin prestarse ni caer en este tipo de juegos al recibir el anzuelo. “El día primero (de enero de 2002) corrimos a unos corruptos y ahora estamos haciendo una limpieza y se los estamos demostrando, no tan sólo a la opinión pública, sino a nuestros pueblos que son la parte más importante”

Hizo un llamado a las autoridades a que pongan ojo en esto, vengan y aquí se lleven a cabo las negociaciones, que aquí mismo tengan el diálogo y platiquen con sus comunidades. “Como sus representantes estamos dispuestos a seguir trabajando honestamente en beneficio del parque y de nuestros pueblos”, concluyó Gregorio Beltrán.

El informe y la Unión de Pobladores

Con el avance del movimiento, y a veces tensas negociaciones con el gobierno, a los pocos meses del año pasado se constituyó por los hombres y mujeres de los poblados aledaños la asociación civil Unión de Pobladores de Comunidades Posesionarias del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa en donde fue electo en asamblea como presidente del Consejo de Administración José Reyes Amates, otro dirigente nacido en Cacahuamilpa.

A fines de diciembre, la organización –por voz de Reyes Amates–, igualmente en asamblea y ante la presencia del presidente municipal, presentó la lectura del documento y estados financieros, a detalle, del primero de enero al 31 de noviembre de 2002, que con humildad asumen como “informe de nuestros errores y nuestros aciertos”.

De acuerdo a los documentos obtenidos por El Sur, durante este periodo los ingresos totales ascendieron a 6 millones 745 mil 661 pesos, de los cuales hicieron gastos por 5 millones 394 mil 255 pesos con 92 centavos. El saldo con el que contaban, entre el total bancario y el efectivo, es de 1 millón 351 mil 405 pesos con ocho centavos, suma a la que está pendiente por agregar los ingresos percibidos durante diciembre.

En el desglose de los gastos generales la Unión de Pobladores incluyen obras comunitarias que se reflejan en calles pavimentadas, aulas de escuelas, trabajos en iglesias y curatos, pago de maquinaria pesada, construcción de bardas, eliminación de basureros, mantenimiento, reparación y ampliación de instalación eléctrica y planta dentro de las grutas, oficinas y baños, medicamentos y servicios médicos, sueldos y honorarios, equipos de sonido, cómputo y quirúrgicos, energía eléctrica, agua y teléfono, donación de libros equipo deportivo y castillos, radios portátiles, gastos funerarios, liquidaciones e indemnizaciones, y apoyos a instituciones educativas, entre otros rubros.

“Como a ustedes consta –informó Reyes Amates– ante la amenaza del gobierno del estado a veces abierta, otras encubierta en palabras disfrazadas de tolerancia, juntos hemos podido resistir noches y días defendiendo un recursos natural construido durante millones de años por nuestra madre naturaleza y que por derecho legal, por derecho legítimo y ancestral nos pertenece”.

Al comparecer sostuvo: “Hemos logrado más beneficios para nuestras comunidades (…) nos comprometimos con ustedes ha hablar siempre con la verdad y manejar con honestidad los recursos provenientes del Parque Nacional, y tenemos el firme compromiso con toda la nación mexicana de reconstruir con ética genuina todo lo destruido por la soberbia y el egoísmo de intereses particulares de funcionarios corruptos a lo largo de 81 años de triste historia.

“Del error –dijo– aprendemos cuando tenemos la valentía y la madurez de reconocerlo a tiempo y de frente a nuestras comunidades”.

Y es aquí cuando afirman que al principio tuvieron problemas de organización interna, el que los visitantes no tiren basura en el interior de las cavernas, el poco éxito para desalojar a perros sueltos en las inmediaciones, la falta de supervisión en obras impulsadas, y el mal manejo de la basura en las comunidades.

Incluso, mencionan el manejo “no transparente” de los ingresos y gastos por la administración del estacionamiento a cargo del presidente del comisariado ejidal del poblado de Cacahuamilpa, Enrique Medero Rosas, por lo que consideran: “Nuestra comunidad es nuestra casa y debemos mantenerla limpia de todo tipo de corrupción. Sólo ustedes (la asamblea) pueden decidir qué se debe hacer en cada caso ya que los ingresos son propiedad de las tres comunidades y no de un grupo de particulares”.

José Reyes Amates, presidente del Consejo de Administración, estimó que los trabajos en las comunidades y en el Parque Nacional han tenido mejoras en calidad, creen correcto haber apoyado a ciudadanos en situaciones de emergencia o extrema pobreza, definen buena la decisión de instalar una oficina con equipo de cómputo, con videocámara y cámara fotográfica para guardar la memoria del antes y después, facilitaron capacitación a trabajadores en relaciones humanas y a alumnos de escuelas en derechos de la niñez y de los adolescentes.

Hicieron reparaciones meticulosas en sanitarios y fosas, rampas para personas con discapacidades, reparación de bombas y red hidráulica y eliminación de fugas de corriente, desazolve de alcantarillas, reparación y acondicionamiento de cocinas de restaurantes, pagaron adeudos anteriores de consumo de energía eléctrica, con el interés de sumar todas las propuestas que surjan y “respetar el mandato de la asamblea general, que como nuestra acta constitutiva lo dice, es la autoridad suprema”.

Proyectos en puerta

Entre los planes inmediatos de los habitantes destaca un nuevo programa de manejo del Parque Nacional, elaboración de proyectos con apoyo de universidades, la posible creación de un fondo solidario para pequeños proyectos productivos, apoyar más la educación, crear una Casa de la Cultura, instalar ludotecas en comunidades, contar con un médico especialista en niños, impulsar la comunicación de niños con ancianos para que les compartan las historias, cuentos y anécdotas que no están escritas y se puedan perder, “porque es muy importante que los días que les queden tengan un proyecto de vida y no de olvido que equivale a muerte”.

Al evaluar esta gestión, Reyes Amates, expresó que han avanzado mucho, aunque persisten algunos problemas internos en comunidades al afectarse intereses de personas, grupos y comerciantes.

Del exadministrador que resultó evidenciado el año pasado en las corruptelas descubiertas, Gabriel Ortiz Bonal –con domicilio en Iguala–, y de uno de sus allegados de Taxco, Alejandro Cruz Estrada, se desconoce la situación jurídica ante los ilícitos, lo mismo que de otros empleados que pudieron haber estado coluditos como cómplices.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Ejidatarios de Pantla, en Zihuatanejo, anunciaron que no permitirán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrar a dar mantenimiento a líneas de alta tensión que atraviesan sus parcelas debido a que desde hace más de un año no han logrado que les paguen las afectaciones a sus huertas.

De acuerdo con un oficio enviado a la Dirección de Terrenos y Derechos de Transmisión  y Transformación Central de la CFE, el grupo de afectados respaldados por el comisario ejidal de Pantla, Mario Valdovinos Valdés señalan que debido a “problemas de carácter técnico del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI)” no han recibido sus certificados agrarios que es la condición que les exigen para que proceda la indemnización.

Los ejidatarios en el documento explican que “por lo tanto, este es un problema que no está en nuestras manos resolver y que requiere de tiempo y voluntad de terceros. Si para la CFE resulta imposible el pago sin este requisito (los certificados de derechos parcelarios), también para nosotros resulta violatorio de nuestras garantías constitucionales el intento de despojo que se atenta”.

En el documento advierten que defenderán sus derechos y previenen que las 20 parcelas son propiedad privada por lo que recomiendan a la CFE abstenerse de hacer uso de ellas “en tanto no exista decreto expropiatorio o convenio de servidumbre de paso se abstengan de hacer uso de ellas”.

Y es que justifican que ha transcurrido casi un año del inicio de gestiones tendientes al cobro de la indemnización y que consecuentemente han sufrido un desgaste físico y emocional sin que por ello se tengan resultados concretos respecto al pago de las afectaciones que sufrieron sus huertas con el cruce de las líneas de alta tensión de la CFE.

Valdovinos Valdés explicó que desde hace seis años las líneas de alta tensión atraviesan 20 parcelas de igual número de ejidatarios “con derechos agrarios plenamente reconocidos” y que han demostrado con diversos documentos tener a su favor la legal posesión de las parcelas afectadas con certificados del Registro Agrario Nacional y actas de asamblea.

Explicó que una falla técnica en las mediciones realizadas por el INEGI hicieron que se llevara a revisión la documentación para corregir la entrega de los certificados de derechos parcelarios y que, a pesar de esto, la CFE ha condicionado el pago a este documento “y nos hemos perdido en un mar de trámites y procedimientos que se salen de nuestro ámbito y que representan escollos insalvables”, por lo cual como último recurso determinaron no permitir que la CFE pase por sus parcelas aún bajo el argumento de dar mantenimiento a las líneas de alta tensión.

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El presidente de la Sociedad Protectora de Animales, Enrique Rodríguez Krebs, denunció la tala de mangle en la laguna de El Negro y pidió la intervención de las autoridades correspondientes para detener el ecocidio.

La laguna de El Negro es un cuerpo de agua que se ubica en terrenos propiedad del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), por la zona de Playa Linda en Ixtapa, que además de presentar un grave estado de contaminación, ahora está siendo deforestada. Ayer viernes, Rodríguez Krebs dio la queja de manera formal a la subdirectora de Ecología municipal, María Luisa Martínez Ramírez, quien dijo no tener conocimiento del caso, por lo que le pidió que su denuncia se la hiciera llegar por escrito, “con la seguridad de que vamos a atenderla de inmediato”.

El también conocido ambientalista de este puerto se dijo preocupado por el ecocidio que se está cometiendo en la laguna, “porque son pocas las especies de mangle que nos quedan en el municipio y permitir que las sigan destruyendo para construir residencias como que no es justo ni es congruente si nos estamos pronunciando a favor de preservar el medio ambiente”.

De la corresponsalía, Chilpancingo * El director de Gobernación del estado, Rey Hilario Serrano, declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación a la gente que se encuentra armada en los ayuntamientos de Coahuayutla y Mártir de Cuilpapan (Apango) en demanda de la destitución de los alcaldes.

“Nosotros ya desglosamos la averiguación previa a la Procuraduría General de la República para que inicie las investigaciones”, aseveró el funcionario estatal.

Dijo que en los últimos días, los militantes del PRI del municipio de Coahuayutla utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército y la Armada de México para agredir a los perredistas que encabeza el elcalde de este Omar Correa.

Indicó que independientemente que los priístas mantengan una lucha poselectoral para que se les reconozca algunos espacios políticos en la administración municipal, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República ya iniciaron las indagaciones judiciales porque los inconformes portan armas de diversos calibres entre ellos el AK-47 conocido como cuerno de chivo.

Rey Hilario Serrano dijo que los casos de Coahuayutla y Mártir de Cuilapan (Apango) ya están sobre la mesa de negociaciones y que en cualquier momento ambos asuntos se van a resolver.

En el caso de Apango, los militantes de Convergencia por la Democracia (CD) están pidiendo la destitución del alcalde priísta, Viliulfo Morales Iglesias.

Hilario Serrano reconoció que en este municipio la situación se ha agravado luego de que los militantes de CD y el PRI se enfrentaron a golpes dejando como saldo varias personas lesionadas.

Este jueves por la mañana, el alcalde priísta Viliulfo Morales Iglesias y la ex candidata a presidenta municipal, Felícitas Nava Gómez, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Gobernación del Estado a fin de llegar a un arreglo.

“Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo, pero eso sí, la destitución de los alcaldes del Coahuayutla y de Apango no están a discusión y los vamos a mantener en el cargo”, aseveró el funcionario de la Dirección de Gobernación del Estado.

Hilario Serrano aseguró que en estos primeros días de enero del 2003, los grupos policiacos estatales se encuentran en máxima alerta ante posibles acciones radicales de las organizaciones sociales y de los grupos de la guerrilla como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

* Critican las presiones de Klimek al ayuntamiento para firmar un convenio de colaboración

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Representantes ecologistas de Zihuatanejo acordaron este viernes, en la conformación de la Comisión Municipal de Ecología, no firmar ningún convenio con el gobierno del estado ni con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mientras no se analicen las prioridades en materia ambiental.

En la sala de juntas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, representantes de organizaciones como Pastoral Social, Colectivo Costa Libre, Asociación Eco-Ixtapa, Cafetaleros de la comunidad Colonia General Baltazar Leyva Mancilla, Federación de Cooperativas Pesqueras Zihuatlán, SOS Bahía, Ecologistas de Pantla, así como del gobierno municipal, se reunieron para organizar la conformación de la Comisión de Ecología.

En la reunión se habló de la presión que el delegado de la Semarnat, Octavio Klimek Alcaraz, está haciendo para obligar al municipio a firmar un convenio de colaboración “donde el principal afectado es precisamente el municipio, pues las alternativas de desarrollo del programa que impulsa Octavio Klimek y el gobierno del estado, lejos de beneficiar al medio ambiente de Zihuatanejo, lo perjudica”.

La asesora jurídica de SOS Bahía, Erica Rubí Serrano Farías, y la subdirectora de Ecología municipal, María Luisa Martínez Ramírez, en sus intervenciones, coincidieron en señalar que Klimek Alcaraz tiene otro ritmo y una propuesta distinta a los acuerdos que a nivel central se han tomado con el secretario Víctor Lichtinguer, ya que aseguraron, que tiene prisa para que se signe el convenio.

Además de las presiones de Octavio Klimek, también están las de la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (CNA), bajo la amenaza de que si el municipio no firma el convenio marco de colaboración, “no va a haber recursos y no lo va a firmar Lichtinguer”.

La asesora jurídica de SOS Bahía, Erica Rubí Serrano, manifestó que el gobierno del estado, con el programa de desarrollo sustentable que pretende imponer en contubernio con el delegado de la Semarnat, Octavio Klimek, “lejos de beneficiar a la gente de Zihuatanejo, la excluye, y una prueba de esto es que pretenden sacar a los pescadores de la playa principal y de la laguna de las Salinas para construir una marina que será propiedad del gobierno del estado”.

Agregó que “es mentira que con ese programa se solucionen los problemas ambientales de Zihuatanejo, sólo están viendo cómo aprovechar los pocos recursos naturales que quedan y pretenden que seamos las organizaciones no gubernamentales quienes avalemos todas esas cosas”.

Estuvo presente el coordinador de recursos naturales del comité nacional para la defensa de la selva de los Chimalapas, Antonio Castillo, quien conminó a los ecologistas a primero construir la propuesta de solución a los problemas ambientales de Zihuatanejo, la cual deberá quedar en el programa de desarrollo municipal, “y una vez que estén convencidos, entonces sí, acuerden con el estado y el municipio”.

Las organizaciones ecologistas de manera unánime acordaron no firmar ningún documento “ni con la Semarnat ni con el gobierno del estado”, mientras no participen directamente en la planeación y formulación de las políticas de los programas de desarrollo sustentable para evaluar las obras y darles seguimiento.

* Pretenden despojarlo de dos céntricos predios en esa ciudad con la ayuda de los jueces Rosalío Barragán Hernández y Gabriel Jiménez Montiel, señala Roberto Salgado

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El ganadero Roberto Salgado Terán pidió la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, para que se destituya a los jueces Rosalío Barragán Hernández y Gabriel Jiménez Montiel, así como a sus primeros secretarios quienes cometieron “actos de corrupción” en la aplicación de la justicia.

El ganadero recordó que ya tuvo una entrevista con Calvo Sánchez quien se comprometió a analizar el caso. “Lamentablemente lo único que hizo a finales del año 2001 fue cambiar de Arcelia al juez Barragán y lo mandó al distrito de Mina, pero no resolvió el conflicto”, dijo Salgado Terán.

En entrevista, el ganadero originario de Arcelia explicó que los jueces de primera instancia del ramo civil de los distritos de Mina y Cuauhtémoc, violentaron el procedimiento legal y actuaron a favor de la persona que pretende despojarlo de dos predios urbanos ubicados en el centro de la cabecera municipal: “Por eso estoy demandando un procedimiento honesto si es que le hubiese, y quiero señalar a estos jueces por asumir actos de corrupción en la impartición de la justicia”.

Acusó a quien dijo llamarse Francisca Villalobos de Guzmán, pero que también utiliza los nombres de María Francisca Villalobos Alvarez o Francisca Villalobos Alvarez, de pretender apropiarse de los predios ubicados en pleno centro de Arcelia, aprovechando la amistad que tiene con los jueces Rosalío Barragán y Gabriel Jiménez, “a pesar de que en el amparo federal el juez informa que presentó un contrato simulado”.

Dijo que existe un amparo federal donde quedó demostrado que los predios no estaban inscritos o registrados ante el registro público de la propiedad, y que sus medidas y colindancias no pertenecen a predios urbanos como se manifiesta en la adjudicación pública 2968.

Señaló que los jueces mencionados no determinaron legitimación de la causa, además de que el director del Registro Público de la Propiedad confirmó que los predios no estaban registrados en esa institución y que los folios pertenecían a predios rústicos y que sus medidas y colindancias no coincidían con las escrituras base y que por lo tanto son propiedad privada.

Agregó que extrañamente se presentaron unas escrituras apócrifas ante el notario público número uno de Coyuca de Catalán, Aurelio Ortiz Gutiérrez, “con un supuesto contrato simulado que presentó Francisca Villalobos Alvarez, o Francisca Villalobos de Guzmán, o María Francisca Villalobos Alvarez, por lo que el juez no determinó la personalidad, ni tampoco el notario determinó la personalidad de esta persona”.

Denunció que las escrituras de dichos predios fueron elaboradas por la abogada María del Pilar León Flores. Dijo “que esta juez vino a corromper todavía más al estado de Guerrero, al grado de que el Congreso local le revocó su mandato junto con Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, por asumir actos de corrupción al permitir la libertad de Juan Carlos García El Calilla, acusado del secuestro de Oscar Manuel Ibáñez Reyes, hijo del empresario gasolinero Javier Ibáñez”.

Salgado Terán denunció también que Francisca Villalobos se da el lujo de decir que cuenta con el apoyo del nuevo presidente municipal de Arcelia, José Calderón, porque es esposo de Blanca Mireya González, quien funge como la prestamista más grande de ese municipio, y que incluso es la que le prestó dinero para pagar a los abogados: “No hay duda que existe tráfico de influencias que debe de investigar el Tribunal Superior de Justicia”, aseguró.

Insistió que Francisca Villalobos presume que el ex alcalde de Arcelia, Ernesto González Hernández, es cuñado del actual presidente municipal porque es hermano de Blanca Mireya, “por eso se quieren apropiar de las dos casas que tienen 400 metros cuadrados, y la otra 600 metros cuadrados, a pesar de que en años pasados doné 124 hectáreas para la construcción de escuelas, y para las oficinas del Banrural”.

Salgado Terán afirmó que esta es la primera denuncia pública que hace, “y la estoy presentando con el inicio del año ante el Tribunal Superior de Justicia, aunque en Arcelia hemos presentado siete denuncias en contra de los jueces Rosalío Barragán Hernández y de Gabriel Jiménez Montiel, y de sus compinches que son sus secretarios, Carlos Galán Ramírez y René Recamier Castro en el distrito de Mina; y Pedro Damián Sánchez, y Petra Jiménez Zamudio, en el distrito de Cuauhtémoc”.

Por otro lado, indicó que apenas en noviembre volvieron a dialogar con el presidente del Tribunal Superior, Raúl Calvo, y comentó que se iba a analizar nuevamente el caso. Informó que “a los jueces antes mencionados se les denunció penalmente ante la agencia del Ministerio Público, el 2 de diciembre del año pasado (2001), y tampoco se hizo nada”.

Lamentó que en Guerrero impere la impunidad porque no se actúa pese a que presentó la documentación correspondiente, incluido el amparo federal en donde se señala que el juez violó todo procedimiento y falló parcialmente a favor de la parte actora, “lo que significa que en nuestra entidad hay corrupción en la impartición de justicia”.

Dijo que también presentaron las demandas de nulidad correspondientes ante ese mismo juzgado, de la escritura 4225 y de la 4226, el pasado 21 de agosto del año 2002, que “se le entregaron al juez de primera instancia del ramo civil, Gabriel Jiménez, pero tampoco hubo respuesta, al contrario hubo actos de corrupción”, expuso.

Manifestó que en este caso se violó todo el procedimiento, y todas las facultades: “Se nos dejó en estado de indefensión, debido a que los jueces maniobraron de manera tramposa y corrupta como lo determinó el amparo federal otorgado desde el 10 de octubre del año 2000, y desde entonces hemos estado peleando, pero aunque tuviéramos los mejores abogados, difícilmente con ese tipo de corruptos jueces podríamos ganar ese pleito”.

Salgado Terán mencionó que en los dos últimos meses del año pasado envió dos oficios al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, en el primero del 26 de noviembre del año 2002, protestó por el abuso de autoridad cometido por los jueces y secretarios antes mencionados.

En ese oficio, recalcó, “le informe al magistrado presidente Raúl Calvo, que las escrituras que se elaboraron en la notaría número uno de Coyuca de Catalán eran apócrifas, y que tampoco se habían estudiado de forma oficial ninguno de los dos juicios civiles reivindicatorios: 20/98-I, y 20/98-II, además de que los predios no se registraron en la dirección del Registro Público de la Propiedad como lo corroboró su director Javier Pulido Galindo, y como lo menciona el amparo federal, ya que los folios pertenecen a predios rústicos, por lo tanto sigo siendo dueño de los predios y por eso presenté demanda penal en contra de los jueces de los distritos de Cuauhtémoc y Mina, a quienes se les debe aplicar el artículo 110 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”.

Finalmente, anunció que en estos primeros días del año, si el magistrado Raúl Calvo no atiende su petición de justicia solicitará una audiencia con el gobernador René Juárez Cisneros, “a él le voy a pedir un juicio justo y honesto, y le voy a hacer saber que la Tierra Caliente está sedienta de justicia y repudia la simulación, la impunidad y la corrupción en la que incurren algunos servidores públicos”.