* El TSJ dará toda la información al fiscal especial Ignacio Carrillo Prietro sobre el caso Aguas Blancas, señala

De la corresponsalía, Chilpancingo * El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Calvo Sánchez, dijo que la Ley de Amnistía que aprobó recientemente el Congreso local es “excelente”, a pesar de que organizaciones no gubernamentales y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) dicen que es “limitada” porque no beneficia a los presos políticos.

Dijo estar en desacuerdo con algunos planteamientos que han hecho las organizaciones sociales y la Codehum de que esta Ley de Amnistía debe tener modificaciones, entre ellas que se considere como beneficiados de esta ley a los presos que han cometido delitos graves como secuestro y homicidio.

“Yo creo que un auténtico luchador social que quiere un cambio en las estructuras del Estado, no debe estar siendo objeto de alguna imputación de un delito grave como puede ser un homicidio o una violación”, expresó el magistrado presidente del TSJ.

Según opiniones del ombudsman guerrerense, Juan Alarcón Hernández y de organizaciones como el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la Ley de Aministía aprobada hace más de un mes por el Congreso local no beneficia a los luchadores sociales que se encuentran presos por razones políticas.

Alarcón Hernández manifestó que de la lista de más de 50 presos que han presentado las organizaciones para que puedan ser beneficiados con la Ley de Aministía, solamente dos podrían salir en libertad porque casi todos enfrentan procesos por delitos graves, como homicidio, secuestro y terrorismo.

Y en la lista que tiene en su poder la Codehum se encuentran los ex dirigentes del ERPI, Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, Gloria Arenas Agís, la coronel Aurora, los presuntos erpistas Felícitas Padilla Nava y Fernando Gatica, quienes se encuentran presos en el penal de alta seguridad de La Palma, en el estado de México.

Hasta el momento, a más de un mes de que se aprobó esta ley, la Comisión de Amnistía que está integrada por el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, están analizando expedientes de cuatro presos políticos que podrían ser beneficiados con esta ley.

“A nosotros todavía no nos han pedido algún expediente para que analicen si es procedente o no beneficiar con la Ley de Amnistía a alguno de ellos, seguimos esperando”, manifestó el presidente del TSJ, Raúl Calvo Sánchez.

Insistió en que el texto de la Ley de Amnistía que envió el gobernador René Juárez al Congreso local, “está muy bien hecha y los presos que hayan cometido delitos graves no tienen por qué ser tomados en cuenta para beneficiarse con la Ley de Amnistía”.

“La Ley de Amnistía es para los auténticos luchadores, los que se forjan en sus principios éticos de superar las deficiencias de una sociedad contradictoria tan grave como la que ahora tenemos”, manifestó.

“La Ley está correcta y sólo da cabida para los auténticos luchadores sociales”, manifestó.

Por otro lado, dijo que el Poder Judicial de Guerrero dará toda la información que requiera el Fiscal Especial, Ignacio Carrillo Prieto, respecto a los expedientes de la matanza de los 17 campesinos de Aguas Blancas.

“Nosotros vamos a dar todas las facilidades para que se haga la investigación”, añadió.

–¿Se puede reabrir el caso? –se le preguntó.

–Eso no me corresponde a mí señalarlo, eso le corresponde a la Procuraduría General de la República que es la que ya retomó el caso.

  * El Bloque de Transportistas de Atoyac impidió con el bloqueo la depuración * Por la noche miembros de la COSTEG tomaron el Palacio Municipal y sitiaron el primer cuadro * Piden la destitución del oficial mayor y líder transportista César Rebolledo

Francisco Magaña, corresponsal,  Atoyac *  Integrantes del Bloque de Transportistas de Atoyac, por la mañana y tarde de ayer, bloquearon los accesos a la ciudad y provocaron el desalojo del ayuntamiento; para impedir la depuración técnica de choferes que haría la Dirección de Transportes del estado. Por la noche, agremiados de la COSTEG, molestos porque no se llevó a cabo la depuración, tomaron el ayuntamiento y mantenían sitiado el primer cuadro de la ciudad. 

Los permisionarios y conductores de este Bloque de Transportistas del municipio, desde las 10 de la mañana cerraron el paso a todo vehículo a la ciudad, en el punto conocido como la Y y la carretera que conduce al centro de la cabecera municipal, así como otras entradas y salidas de Atoyac; para impedir la llegada de la comisión de la Dirección de Transporte del Estado, que realizaría una depuración pública de conductores, la cual fue acordada por unanimidad por el Consejo Técnico de Transporte y Vialidad, el pasado 13 de diciembre en sesión.

Los miembros de la Organización de Transportes de Atoyac (OTA), de la Unión de Transportistas y Concesionarios de Atoyac (Utica), Materialistas y permisionarios del Sitio de Taxis Alvarez, argumentaron que la postura adoptada fue porque la depuración pública, que sería vigilada por un representante del ayuntamiento de Atoyac, la Comisión Regional de Derechos Humanos (Codehum)  y el Consejo Técnico de Vialidad, sería clandestina.

La situación se tornó tensa en el centro de la ciudad, donde se realizaría la llamada depuración, porque fue sitiado por agremiados y dos unidades de la Confederación de Organizaciones y Sitios de Transportistas del estado de Guerrero (COSTEG), que apoyan esta medida, para impedir la llegada del gremio del Bloque de Transportistas, para lo cual se alertaron con cadenas y palos y solicitaron la presencia de Seguridad Pública, para cualquier enfrentamiento que se pudiera dar. 

El representante de taxistas, José Santos Castro Hernández, acusó que el oficial mayor del ayuntamiento de Atoyac, César Rebolledo Hernández dirigente de la línea UTICA, está incitando a la violencia y quebrantando la ley, al bloquear la entrada principal de la ciudad y ellos se oponen al reparto de placas que por derecho les corresponde a los conductores que tienen antigüedad en el oficio del volante.

Dijo que los bloqueadores siempre han manejado las concesiones y se hacen de 1 o 3 concesiones, ya que hay personas que no tienen el dinero para pagarlas y ellos las toman y ahora les afecta que los conductores estén organizados y hayan solicitado la depuración a los choferes.

Explica que a los directivos esto no les afecta por que ellos ya tienen sus permisos sea como sea, la manera en que las obtuvieron.

Apunta que ellos lo único que piden es defender sus derechos y no transgredir a la ley.

Alertaron al gobierno municipal, que si el oficial mayor César Rebolledo Hernández, sigue empeñado en ocasionar disturbios, podrían tomar el ayuntamiento porque el funcionario no puede ser juez y parte.

Ante esta situación, los empleados municipales fueron instruidos de abandonar el ayuntamiento a la 1 con 45 minutos, ante el temor de que fuera tomado por los choferes.

Por su parte el oficial mayor y transportista, César Rebolledo señaló que si él tiene que renunciar al cargo municipal por defender sus derechos como transportista, renunciaría.

Dijo que lo primero que se tiene que hacer, antes de la depuración, es un estudio socioeconómico y se deslindó de ser el orquestador del bloqueo.

Por su parte, el director de Transporte de Atoyac y dirigente de la OTA, Alejandro Vargas Pérez, argumentó que su actitud es por la apatía del estado para resolver sus demandas del sector, que siempre ha expuesto que hay exceso de permisos en la región de la Costa Grande y reiteró un estudio socioeconómico y técnico de factibilidad.

Dijo que no van aceptar ninguna imposición de la autoridad “llámese como se llame”, y recriminó que el síndico Juan Méndez Mejía está apoyando a los de la COSTEG y dejó claro que no cambiarán su postura hasta no ver si realmente son necesarias las nuevas concesiones.

Al cierre de la edición, el bloqueo permanecía ante el disgusto de los ciudadanos, pasajeros de líneas foráneas, vacacionistas y proveedores de diversas empresas que están varados desde las 10 de la mañana, cuando comenzó el bloqueo, en el arco de la entrada de la ciudad.

El representante del director de Transporte del estado, Antonio Ramos Juárez, quien intentó ingresar a la ciudad por una vía de la colonia 18 de Mayo, pero se retiró después de que no pudo, aún cuando el delegado de Transporte, Jesús Ervey Arredondo Díaz, negociaba el retiro del bloqueo.

Los inconformes del Bloque de Transportistas al ver que ya no se había efectuado la depuración y el retiro de los funcionarios de la Dirección de Transportes del estado, levantaron su movimiento a las 6 y media de la tarde, pero a las 7 de la noche, los de la COSTEG, lidereados por el dirigente de la Unión de Transportistas de la Sierra de Atoyac (UTSA), Ernesto Gordillo Reyes, tomaron el ayuntamiento y sitiaron con sus vehículos el primer cuadro de la ciudad, en demanda de que el gobierno del estado ofrezca garantías a los integrantes de la comisión que hará la depuración y se lleve a cabo lo más pronto posible.También piden que se destituya al oficial mayor César Rebolledo.

 Maricela Santos, corresponsal, Petatlán * El capitán retirado Javier Augusto Zetina Bonilla tomó protesta como director de Seguridad Pública de Petatlán, tras comprometerse a trabajar dentro del marco legal y respetar los derechos humanos.

Zetina Bonilla, capitán primero retirado del Ejército, informó que someterá a capacitación a todo el cuerpo policíaco del municipio de Petatlán tanto en entrenamiento físico como en el uso de armas con la finalidad de eficientar la seguridad.

El militar señaló que esta área ha estado “muy descuidada” y que por eso  “lo primero que se hará será respetar el marco legal y se va a cambiar todo lo que se había hecho anteriormente con relación a la seguridad”.

“En las pasadas administraciones solo ellos sabían como trabajaban, en esta se va a trabajar sin violar la legalidad y vamos a tratar que todo el personal de la policía realicen funciones que brinden ayuda a la población. Principalmente no se van a exagerar las acciones policíacas y se evitará siempre la violación de los derechos ciudadanos”, dijo.

 De la corresponsalía, Chilpancingo *  Cuatro agentes de la Policía Judicial del Estado que se identificaron como guardaespaldas de una hija del gobernador René Juárez Cisneros fueron detenidos este miércoles en la noche en una de las principales avenidas de la ciudad de Querétaro, luego de que la camioneta negra Blazer sin placas en la que viajaban se impactó contra otro vehículo.

Los agentes judiciales son Rolando y José Antonio Jerónimo Rojas Ortega, Fernando Nájera Ortega y Alberto Tixteco, quienes fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial de Querétaro y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común acusados de los delitos de abuso de autoridad y daños en propiedad ajena.

Según fuentes del gobierno de Querétaro, los cuatro judiciales guerrerenses, uno de ellos en estado de ebriedad, dijeron que están comisionados en la Procuraduría de Justicia de Guerrero para cuidar a familiares del gobernador René Juárez Cisneros, entre ellos, una de sus hijas.

Según información proporcionada por las autoridades de esa entidad, los agentes judiciales dijeron que la camioneta Blazer negra en la que viajaban es de la Procuraduría de Justicia de Guerrero.

El parte informativo dice que luego del accidente de tránsito, los judiciales guerrerenses, en vez de disculparse con la gente que iba en el otro vehículo, sacaron sus armas de fuego.

   * Reasignan 18.6 millones de los más de 18 mil millones para el gasto estatal del 2003

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Los diputados del PRD, PAN y PRS integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, lograron la madrugada de ayer que los del PRI, PVEM y PT cedieran a incorporar sus observaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos 2003 de Guerrero, además de permitir la reasignación de 18.6 millones de pesos de los 18 mil 812 millones programados para el gasto en el próximo año.

Los diputados locales están citados para volver a sesionar hoy mismo y darle primera lectura a este dictamen definitivo de la Comisión, ya con las propuestas del PRD, PAN y PRS. Se tiene previsto que el sábado nuevamente sesione el Congreso, donde se dispensaría la segunda lectura y se sometería al pleno para su discusión y aprobación en su caso. O de darse la segunda lectura, el debate y la votación ocurriría el domingo.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tenía programado reunirse el miércoles a las 11 de la mañana, pero debido a que el panista Arturo Martínez Pérez analizaba el proyecto de presupuesto con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración, y que el diputado del PVEM Marco Antonio de la Mora tampoco pudo acudir, se pospuso para las 10 de la noche.

A esa reunión tuvo que asistir el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, el diputado priísta Carlos Sánchez Barrios, quien logró destrabar la postura del presidente de la Comisión de Presupuesto, su compañero de partido Alvis Gallardo Carmona, quien se negaba a incorporar las observaciones del PRD y del PAN.

Finalmente la diputada por el PRD, Gloria Sierra López y el del PAN Arturo Martínez Pérez, luego de un intenso cabildeo que comenzó a las 10 de la noche del miércoles y culminó a las 03:20 de la madrugada de este jueves, lograron con Sánchez Barrios incorporar sus propuestas a un nuevo dictamen.

Entrevistados por separado porque no quisieron entregar a El Sur copia del dictamen, los diputados Gallardo, Sierra, Martínez y Sánchez Barrios, coincidieron en que efectivamente se había modificado el proyecto de Presupuesto del gobierno del estado.

Al rubro de Erogaciones adicionales –que es la partida que maneja el gobernador para la promoción de su imagen– le quitaron 5 millones de pesos que serán destinados a salud y que representa un millón más de lo que habían acordado el PRI, PVEM y PT la noche del martes. Y la reasignación de dicha cantidad quedaría así: 1 millón para el combate a la pornografía y maltrato infantil, 1 millón para el combate al sida y 3 millones para el combate al dengue.

También lograron restar del rubro Promoción Deportiva 8.6 millones de pesos, de los cuales 4.6 serán destinados para proyectos productivos que manejará la Secretaría de la Mujer.

Otros 2 millones serán destinados a la construcción de “caminos saca cosechas”, a propuesta del PT. Y el resto, 2 millones de pesos se ocuparán en “programas ecológicos”, a propuesta del PVEM.

Y a los 39 millones que proponía el Ejecutivo para el Aca Fest le quitaron 5 millones –el PRI, PVEM y PT habían acordado quitarle 4–y serán destinados para la promoción turística del Triángulo del Sol, que forman Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.

Sánchez Barrios dijo que al incorporarse las propuestas del PRD, PAN y PRS se da un mensaje a los guerrerenses de “confianza y certeza” de parte de la 57 Legislatura.

Mientras que el diputado del PRS, Heriberto Noriega Cantú dio a conocer que quedaron explicaciones pendientes como la de asignar 2 millones 800 mil pesos para un nuevo festival de cine italiano.

Indicó que el martes pasado, el subsecretario de Planeación Turística de la Sefotur, Jorge Briseño Hinojosa, no pudo explicar por qué se quiere promover al cine italiano, además de que dijo que aún no se hacen los contactos con el gobierno de Italia para la realización de dicha muestra cinematográfica.

 * Once perredistas votaron contra Julio César Hernández y hubo dos abstenciones * Todos los diputados ratifican a Camacho Mancilla y nombran a Ramírez Dircio y Héctor Avilés

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Los diputados del PRI, PRD, PAN, CD, PT, PRS y PVEM aprobaron ayer por unanimidad el nombramiento de los directores de Administración, de Comuni-cación Social, del titular de la Oficialía Mayor. Y por mayoría, con el voto en contra de once de los 16 perredistas y dos abstenciones, fue nombrado el nuevo director del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri.

Los nuevos funcionarios tomaron protesta y de inmediato retomaron las funciones que ya venían realizando desde la llegada de Carlos Sánchez Barrios al Congreso del Estado.

Así en la sesión de ayer que fue de trámite se sometieron a votación las propuestas consensuadas en la Comisión de Gobierno del Congreso. El voto fue secreto y los diputados lo depositaron en una urna.

Se ratificó en la Oficialía Mayor a Luis Camacho Mancilla quien ocupa el cargo desde que el entonces priísta Florencio Salazar Adame fue presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso.

Como director de Administración se nombró a Roberto Ramírez Dircio quien fue funcionario de Carlos Sánchez Barrios cuando éste fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado.

Y en Comunicación Social quedó al ex coordinador del Fondo de Apoyo a Periodistas de la misma dependencia que dirigió Sánchez Barrios, Héctor Avilés García.

Pero en el caso del director de Instituto de Estudios Parlamentarios, el diputado perredista José Jacobo Valle propuso para ocupar el cargo a un doctor en derecho egresado de la UNAM, Jorge García Hernández, oriundo del municipio de Juan R. Escudero que radica en la ciudad de México.

Pero no fue José Jacobo Valle quien hizo la propuesta en tribuna, sino su compañero de bancada Orlando Romero.

Pero a la hora de la votación no fue tomada en cuenta su propuesta y los diputados sólo sometieron a votación la propuesta de Julio César Hernández, quien contaba con el aval de la coordinadora de la fracción del PRD, Adela Román y del vicecoordinador René Lobato Ramírez, aunque 11 perredistas votaron en contra y hubo dos abstenciones.

No hubo debate como lo habían anunciado los diputados perredistas Rómulo Reza Hurtado y Yolanda Villaseñor, quienes fueron los promotores del voto en contra de Julio César Hernández y que finalmente fue elegido por mayoría como director del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri.

Tampoco hubo inconformidad por el error en el que incurrió la Comisión de Gobierno al presentar las propuestas en una planilla, cuando la Ley Orgánica del Poder Legislativo indica que se debe presentar un dictamen por cada propuesta.

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El dirigente municipal del PRI en Zihuatanejo, Juan Magaña Morfín, deslindó a su partido de nexos con el síndico procurador Joaquín González Ramírez, como lo aseguró en conferencia de prensa el dirigente del PRD, Miguel Angel Méndez Villasana, y dijo: “Lo que ahí hay es una pugna interna en la que quieren embarrarnos a nosotros los priístas”.

Sostuvo que no existe ningún argumento sólido para que “el presidente del PRD haga ese tipo de señalamientos y la verdad es que hay que decir las cosas bien claras, la mayoría de los que ahora pertenecen al PRD fueron priístas empezando por el propio presidente municipal Amador Campos Aburto y eso no quiere decir que tenga nexos con el PRI, como también lo fue Joaquín González Ramírez.

“No tiene ninguna base para poder decir lo que declaró; ahora, si tiene pruebas con qué demostrar que Joaquín sirve a intereses del gobernador, de Alejandro Bravo y de Jorge Allec, que lo haga. Pero eso nomás de mencionar y decir, son los mismos comentarios que se escuchan en los cafés y yo digo que si eso es cierto pues que se proceda y se dejen de esos comentarios”.

Consideró que lo que “los perredistas buscan con este tipo de declaraciones son sus intereses personales, pero pasando a traer a nuestro partido, y que quede claro, el PRI no tiene nada que ver con Joaquín González Ramírez, es un argumento ilógico ese de que Joaquín está trabajando para los priístas.

“Lo que pasa también es que tanto el presidente municipal Amador Campos Aburto como el síndico Joaquín González Ramírez traen pugnas internas desde su precampaña y nos quieren embarrar a nosotros los priístas, que solucionen ellos sus problemas, nosotros no tenemos nada ver con sus problemas internos, si ellos no han tenido la capacidad de superar sus diferencias pues lo sentimos, pero que no nos involucren”.

A pregunta expresa, Magaña Morfín dijo que una prueba de que hay diferencias entre el alcalde y el síndico es que “ellos van a las ganadas a ver quién es el que tiene más poder dentro del cabildo, porque así tenemos conocimiento por parte de lo que nos hacen saber nuestros regidores, nos han dicho que hay una pugna endemoniada dentro de la comuna porque cada quien defiende sus intereses”.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El ayuntamiento de Zihuatanejo fue condenado por la Junta de Conciliación y Arbitraje a pagar en enero una indemnización más a uno de los 200 trabajadores despedidos de 1999 a 2002, con lo que tendrá que erogar más de un millón 737 mil pesos.

Esto además de los siete ex empleados que ganaron un juicio laboral por “despido injustificado”, el cual obliga a la administración municipal a pagarles un millón y medio de pesos de acuerdo a la información proporcionada por el abogado Rafael Chavelas Maganda, quien lleva la mayor parte de los casos de despido injustificado de los trabajadores del ayuntamiento que hizo la administración que encabezó el ex alcalde priísta Jorge Allec Galeana.

De acuerdo al juicio laboral 98/2000 iniciado contra el ayuntamiento por Luis Fernando Vergara Silva, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) ordenó el pago de  más de 237 mil 431 pesos por el despido injustificado ocurrido en el 2000 y en el que podría irse al embargo de algún bien del ayuntamiento en caso de no concretar acuerdos de pago debido a la falta de recursos que hizo pública el alcalde Amador Campos Aburto, de extracción perredista, a una semana de asumido el mandato constitucional.

Existe información acerca de acercamientos entre el abogado de los trabajadores despedidos y el jefe del departamento jurídico del ayuntamiento actual, Apolonio Osorio Reyes, así como de un documento que fue enviado al síndico Joaquín González para sugerir entrar en negociaciones a fin de evitar embargos por falta de liquidez y en el sentido de manifestar a los trabajadores la disposición de pago.

El abogado Chavelas Maganda lleva más de 27 casos de despido injustificado que corresponden a las áreas de Servicios Públicos, Rastro, Reglamentos, Desarrollo Urbano, Tránsito y Policía  Preventiva, los cuales fueron despedidos entre 1999 y octubre del 2002, y se calcula que por cada uno de los trabajadores despedidos el ayuntamiento tendrá que cubrir en promedio 20 mil pesos.

Osorio Reyes precisó que desde su perspectiva esto obliga al municipio a respetar además las relaciones laborales y a buscar acuerdos transparentes que permitan resolver este conflicto ante la poca capacidad económica que se guarda en este momento en el ayuntamiento.

Eduardo Albarrán Orozco, corresponsal, Iguala * Ante los señalamientos públicos hechos por la actual administración municipal en el sentido de que el pasado gobierno local saqueó las arcas públicas, el ex alcalde Juan Muñoz Caballero señaló que esas son apreciaciones protagónicas y partidistas “sólo para tratar de desprestigiarme como profesionista y político”.

Dijo que habrá personas que crean estas versiones “porque no me conozcan o no saben que no es el primer cargo que tengo en política, he tenido varios” en los cuales, aseguró, se ha desempeñado de manera honesta y responsable, respondiendo a todo con trabajo.

Muñoz Caballero apuntó que tiene la intención de seguir en la política con esa convicción “porque soy un igualteco bien arraigado y tengo principios bien establecidos por mi familia”.

El ex alcalde igualteco indicó que no va a rehuir ni esconderse de estas circunstancias que no estuvieron en sus manos ni bajo su control y que por esos “simples hechos” no se debe dejar de reconocer lo positivo que hizo durante sus tres años de gobierno.

Afirmó que él no es “un aventurero de la política” y reiteró que en “otros cargos importantes” en la administración estatal que ha tenido aprendió el manejo escrupuloso de los recursos y ha estado sujeto a auditorías.

Dijo que tales irregularidades que le señalan no las haría “mucho menos en mi tierra”, pero si alguien tiene todavía alguna duda están los órganos fiscalizadores que pueden dar fe de su trabajo o decir “si realmente yo abusé del cargo para un enriquecimiento personal”.

Muñoz Caballero afirmó que siempre estará en esta ciudad, pendiente para dar la cara ante las instancias a las que tenga que responder “con la seguridad y la convicción de que he actuado honesta y limpiamente en el afán de servir a mi tierra, donde también vive mi familia”.

Consideró que los señalamientos en su contra responden a “protagonismos partidistas” que tienen el propósito de “tratar de confundir a la gente” y “desprestigiar al PRI para tratar de sacar tajada para su partido”, aludiendo con esto al PRD, “porque parece que ahora nadie conoce a mi persona ni a mi familia”.

 Eduardo Albarrán Orozco, corresponsal, Iguala * El regidor del PAN, Arturo López Facundo, y Jesús Vergara Meza, del PRD, informaron que el cabildo desconoció al Comité Organizador de la Feria a La Bandera porque se encuentra funcionando fuera de la legalidad al no ser aprobado por el cabildo, por lo cual pedirán al presidente municipal, Lázaro Mazón Alonso que se aclare esta situación.

Indicó que cuando el comité se presente ante el cabildo y si se aprueba su conformación, propondrán que los integrantes del mismo sean personas que garanticen honestidad en el manejo de los recursos que se generen en estos festejos y en cuanto culminen rindan cuentas sobre los ingresos y egresos.

Por su parte, el regidor perredista, Jesús Vergara Meza dijo “tener entendido” que existe un comité del cual “sólo conocemos a algunas personas” que colaboran y el presidente municipal no lo ha presentado en su totalidad, ni les han explicado a los ediles las funciones que desempeñarán cada uno de ellos.

Dijo que cuando esto suceda (la presentación de los integrantes del comité) platicarán con ellos para que junto con el ayuntamiento puedan dar una mejor imagen a “este evento nacional”, que está por venir como es la Feria a la Bandera, en la cual también es importante la participación de la ciudadanía.

Agregó que los regidores pedirán a detalle todo lo relacionado con el manejo de los dineros que se generan en este festejo y solicitarán al comité que les expliquen los costos reales de la venta de los locales, para comprobar si están “dentro de lo normal o se salieron un poquito del precio” y si es así darles algunas sugerencias para que los comerciantes que se establecen en esos días puedan llevarse alguna utilidad.

Indicó que el cabildo tiene la intención de que los recursos que se generen en ese festejo, sea la población quien determine qué obra importante puede hacerse en el municipio y no que sean las autoridades quienes lo hagan y “por primera vez la ciudadanía dijera qué es lo que quiere o necesita para realizar con ese dinero que quede de utilidad de esa feria”.

Dijo estar de acuerdo en que el comité ya haya iniciado sus funciones, debido a la premura del tiempo y tampoco pueden impedirle que lo haga condicionándolo a que se haga la presentación oficial del mismo “no hay ningún problema” y solo es cuestión de determinar cuales ediles integrarán la comisión que supervise los trabajos de la feria.