* Entre los implicados hay agentes de la PJE, insisten Juan Manuel Guillén y Arturo Flores Mercado * El cateo en Petaquillas, una simulación, pues no han detenido al ex comandante Javier Villalobos y a Moisés Zenif, alías La Vaca, piezas clave para resolver el caso, dicen

Alfredo Mondragón * Los propietarios de la joyería Pío Monte acudirán hoy a Casa Guerrero, a fin de exponer al gobernador René Juárez Cisneros las “complicidades de las corporaciones policiacas” en el robo en ese negocio, así como exigir que el gobierno del estado pague la reparación del daño porque entre los implicados hay agentes de la Policía Judicial (PJE).

Los joyeros calificaron de “simulación” el cateo sin orden de juez que hicieron anteayer ministerios públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y agentes de la PJE en las viviendas de Martha Ruth Adame Téllez, madre de Moisés Zenif Adame, alías La Vaca, uno de los principales sospechosos del robo de joyas ocurrido la madrugada del 8 de octubre.

El cateo es parte de la simulación –consideran– debido a que el 30 de noviembre concluyó el plazo que dio el subprocurador Antonio Nogueda Carvajal a la Fiscalía Especial para resolver el delito, pero aún “no han detenido al ex comandante Javier Villalobos, a quien supuestamente tenían arraigado, y a Moisés Zenif, alías La Vaca, quienes son piezas claves para resolver el caso y la devolución de los 25 kilos de oro”.

En conferencia de prensa, el propietario de la joyería, Juan Manuel Guillén Peñuelas y su socio Arturo Flores Mercado, acompañados por el líder de comerciantes Gustavo Téliz, también solicitaron al gobierno estatal que comisione a agentes de la PJE para salvaguardar su integridad física, debido a que han recibido amenazas de muerte, y anunciaron que efectuarán bloqueos en la Costera en la temporada vacacional.

Arturo Flores recordó la primera línea de investigación que involucró a José Guadalupe Castillo Rojas y a Roberto Jiménez Salgado, agentes de la Policía Preventiva, quienes al sonar la alarma del negocio el día del robo acudieron pero reportaron a la Central de la corporación que “no había nada”.

Además, señaló que el ex comandante de la PJE, Javier Villalobos Martínez, actualmente prófugo, y el ex comandante regional, Teodomiro Lara Martínez, concentrado en la PGJE a unas horas del robo, “recuperaron” las alhajas y se las entregaron al director de la PJE, Ricardo Leonel Coronel, y que la corporación estatal ha protegido de alguna forma a Moisés Zenif Téllez, sobrino de la ex regidora priísta Magda Adame Téllez. 

“Este robo nos tiene en la bancarrota porque la familia Adame no es la primera vez que nos roba, incluso La Vaca mató a mi hermano José Manuel Flores Mercado en 1996, durante un asalto a mano armada junto con la banda de Los Pampers, a una calle de nuestra joyería ubicada en el mercado de Parián; se llevaron más de seis millones en prendas”, dijo Flores Mercado.

En dicha ocasión –agregó– el empresario avisó del robo y homicidio al entonces comandante de la PJE, Tomás Herrera Basurto, pero “en complicidad con los mismos asaltantes fueron a Chilpancingo con el ex director Francisco Vargas Najera, y éste abrió el cajón de su escritorio donde tenía parte de las alhajas, pero dijo que eso era lo que le había tocado y que el resto ya se lo habían repartido”.

Indicó que a raíz de múltiples robos en su contra, principalmente por la banda de Moisés Zenif, “actualmente estamos en bancarrota, tenemos hipotecadas todas nuestras propiedades, además tenemos que pagar impuestos a Hacienda, al ayuntamiento, y al no tener garantías de valor nadie nos quiere prestar para trabajar, tenemos puras deudas, todo por un sistema… de gente que no asume su responsabilidad”.

Por su parte, Guillén Peñuelas agregó: “La PGJE nos pidió tiempo, que calláramos, pero no hay resultados, al contrario, vamos a bloquear la Costera, pero en plena temporada vacacional. Es cierto que vamos a afectar a terceros, pero nosotros fuimos afectados por la PGJE, por la PJE, la Preventiva y las famosas tienditas de cocaína del barrio de Petaquillas”.

Por el robo a la joyería Pío Monte, ubicada en la calle 5 de Mayo, están presos José Quiroz Vargas o Andrés Esquivel Quiroz; Jaime Ortega Hernández, Salvador Solís Maganda, Isaac Alvarez Organista, Fernando García Vázquez y Ulises Mendoza Pacheco, pero ninguno de los ex comandantes de la PJE involucrados han sido detenidos.

  Alfredo Mondragón * Dos personas lesionadas, algunos daños materiales, el cierre de vialidades, así  como cien viviendas, una escuela y un templo evacuados, fue el saldo que dejó ayer la volcadura de una pipa de gas licuado de Petróleo (LP), sobre Cuauhtémoc, a la altura de la colonia Garita.

El comandante del cuerpo de Bomberos de Acapulco, José Hugo Navarro Rendón, informó que los hechos sucedieron a las 7:30 horas de este martes, frente a la escuela primaria Benito Juárez, a escasos metros de un mercado y de la iglesia de Nuestro Señor del Perdón, de la colonia Garita.

Navarro Rendón dijo que la pipa de la empresa Gas Mundial, con capacidad para ocho mil litros de gas LP, iba con dirección hacia el Centro de la ciudad y al salir de una curva intentó dar vuelta en “u” sobre el lado izquierdo, pero fue golpeada por un autobús del servicio urbano y provocó la volcadura.

El conductor de la pipa modelo 93, marca Dodge, color blanco y azul, Alejandro Gatica Simón, huyó del lugar del accidente, mientras que el chofer del camión urbano modelo 70, número 4235, placas 834235, Guillermo Ortiz Salgado, fue detenido en la calle Pacífico, cuando pretendía huir.

Navarro Rendón indicó que por el accidentes fue necesario evacuar y acordonar el área, a fin de evitar una tragedia mayor.

En el percance resultaron lesionados los pasajeros del camión urbano Elodia Olivia Morga, de 17 años de edad –quien está embarazada– y Delfino Galeana, de 51 años, mismos que fueron trasladados al Hospital General por paramédicos de Bomberos.

Los bomberos tardaron más de dos horas para levantar con grúa la pipa y lavar el asfalto, debido al derramamiento de combustible de ambas unidades. Posteriormente se restableció el tráfico vial y se ordenó la ocupación de las más de cien viviendas evacuadas, la escuela y la iglesia.

 * Hoy se darán a conocer los resultados: Elfega Vázquez * Instalaron 115 urnas en las escuelas y centros de trabajo de la UAG, informa  

En la elección del nuevo comité ejecutivo central del STTAISUAG se registraron incidentes originados porque trabajadores administrativos que simpatizan con el comité paralelo de Isauro Cerón Silverio, argumentaron que el proceso era ilegal, y en algunos centros de trabajo se impidió el sufragio al confiscar la papelería.

En Chilpancingo, la presidenta de la Comisión Electoral del STTAISUAG, Elfega Vázquez Soriano aseguró que la votación fue copiosa al grado de que se rebasaron las expectativas. Sin embargo, se suscitaron incidentes en Acapulco, y en esta capital.

Informó que en Chilpancingo, la trabajadora de la Facultad de Matemáticas Socorro Balanzar, dirigente de la corriente política Unidad Democrática, “se robó los paquetes electorales, por lo que los trabajadores levantaron una acta de denuncia”.

Otra irregularidad la cometió el trabajador de la Escuela Superior de Ciencias Económicas, Valerio Adame Rendón, que “con actitud altanera y porril, insultó a los miembros de la Comisión Electoral que estaban instaladas en las oficinas del STTAISUAG, molesto porque se habían levantado las votaciones en su centro de trabajo”, informó la representante.

Elfega Vázquez dijo que otro incidente se suscitó cuando la jefa del departamento de Mantenimiento de la UAG, encabezó a un grupo de diez porros de algunas casas del estudiante y se presentó a los centros de trabajo para amenazar a los trabajadores para que no votaran porque supuestamente el proceso electoral era ilegal.

Sin embargo, Vázquez Soriano aseveró que la votación fue copiosa en las 115 urnas instaladas en las escuelas y centros de trabajo de la UAG, que fueron suficientes para que los mil 260 trabajadores inscritos en el padrón electoral se presentaran a emitir su voto sin ningún problema, excepto los mencionados en Acapulco y Chilpancingo. El cómputo final se realizará en Chilpancingo.

En el caso del puerto –cuyas urnas fueron trasladadas a Chilpancingo–, el comisionado de apoyo al comité ejecutivo central del sindicato, Alejandro Bahena García informó que en la Facultad de Medicina fue designada como funcionaria electoral Cira Bautista García, pero cerca de las 10 de la mañana, María de Lourdes Hernández, trabajadora administrativa de la Escuela Superior de Odontología, impidió que continuará el proceso de elección al quitarle la papelería. Sobre este hecho se levantó una acta administrativa que fue enviada a la Comisión Electoral.

Dijo que en la Preparatoria 2 también existía una campaña de exhorto a los trabajadores para no sufragar, e incluso mencionó que Josafat Alcaraz, Isauro Silverio, Jorge García, Eleazar Radilla eran de los trabajadores inconformes.

Explicó que esta actitud es parte de una campaña para no reconocer las elecciones, porque el 6 de diciembre las corrientes que se constituyeron en comité paralelo no registraron ninguna planilla, y por eso en el proceso sólo participaba una fórmula única.

La planilla única está encabezada por Pedro Salazar Trinidad, como secretario de Organización, Cándido Sánchez Cruz, como secretario de Trabajo, Primitivo García Baltasar. (Con información de Sergio Ocampo en Chilpancingo, y Raquel Santiago Maganda en Acapulco)

 * En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAG impidieron que diez trabajadores votaran, denunció Jorge Peto

Con denuncias de irregularidades concluyó ayer el proceso electoral para la renovación del comité ejecutivo central tanto en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG).

En Chilpancingo, el integrante de la Comisión Electoral del STAUAG, Jesús Alarcón dijo anoche que los resultados finales se darán a conocer hasta este hoy por la tarde porque la llegada de las urnas ha sido lenta: “Apenas llegaron los resultados de ocho delegaciones de un total de 89”, dijo.

Señaló que el STAUAG tiene un padrón de 2 mil 100 trabajadores debidamente registrados, “por eso no queremos adelantar ningún juicio hasta no tener los resultados completos, seguramente el conteo comenzará este miércoles cuando ya se tengan todos los paquetes electorales, queremos decir que fue un proceso limpio y sin incidentes”.

Por su lado, el maestro Jorge Peto Calderón, denunció que ayer cuando se presentó a votar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAG con sede en Iguala, los representantes de la urna, Antonio Albarrán Román, que apoyan al candidato de la planilla Alianza Sindical, Martín Barragán Solís, le impidieron emitir su voto a diez trabajadores.

Indicó que los funcionarios de las dos casillas cerraron la votación desde las tres de la tarde, a pesar de que el límite era a las 8 de la noche, lo mismo sucedió en la Preparatoria 10, por lo que se levantaron las actas respectivas para impugnar el proceso en esas dos escuelas de la UAG.

En Acapulco, la elección de los representantes sindicales del STAUAG se realizó de manera tranquila y fluida por parte de los trabajadores de los distintos centros de trabajo.

La planilla unidad sindical, encabezada por Martín Barragán, obtuvo el triunfo con 18 votos, al registrar nueve sufragios a favor de la Comisión Ejecutiva y el mismo número por la Comisión Mixta Paritaria; y su contendiente Andrés Nájera, sólo registró 2 votos a favor, al captar uno para la Comisión Ejecutiva y el otro para la Comisión Mixta, según informó el delegado sindical de Difusión Cultural, René Cisneros Peñaloza. (Con información en Chilpancingo de Sergio Ocampo, y en Acapulco Raquel Santiago Maganda).

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Unos 50 trabajadores de la zona centro pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), se manifestaron en las oficinas del Plan de Previsión Social, ex CEBE, para demandar la entrega de 375 créditos de contingencia.

La CETEG se dividió en la zona centro, por un lado están los trabajadores que apoyan Cesáreo Rosendo Feliciano, cercano a Víctor Echeverría, y por el otro se encuentran los seguidores de Nicolás Chávez Adame, pertenecientes a la corriente Frente Democrático de Bases, del pioquintista, Julio César Aguirre Méndez, actual regidor del PRD en Chilpancingo.

La responsable de prensa, Anabel Trujillo Sánchez denunció que el secretario del comité ejecutivo democrático de la CETEG en la Sección 14 del SNTE, Víctor Echeverría Valenzuela, está chantajeando a los trabajadores de la zona centro debido a las diferencias políticas, y por eso no quiso otorgar los créditos de contingencia al magisterio de esta región.

Señaló que debido a que su corriente no participó en las movilizaciones de la CETEG la semana pasada, los excluyeron de la entrega de los créditos del Plan de Previsión Social (PPS), que representaron un monto de 30 millones de pesos para cubrir las mil 700 solicitudes, a pesar de que ya se habían cubierto todos los requisitos, en este caso de 375 trabajadores de la zona centro.

La dirigente magisterial indicó que además del plantón en el edificio del ex CEBE, donde exigieron a su titular, Jesús Ortiz que la entrega de los recursos, también se trasladaron a la Secretaría General de Gobierno, y a la Secretaría de Finanzas, para exigir que se liberen recursos para la zona centro, y que se entreguen a través de la representación sindical, pero no por medio de Víctor Echeverría.

Por su parte, Armando Valverde Ruiz, también dirigente de la disidencia en la zona centro, advirtió que si no se atienden sus demandas van a realizar acciones más severas como bloqueos y plantones.

Acusó al gobernador René Juárez Cisneros, de utilizar el dinero del Plan de Previsión, antes CEBE, durante el pasado proceso electoral porque de un total de 43 millones de pesos que debió depositar, sólo entregó 30 millones de pesos, por lo que reiteró su exigencia de que se entreguen todos los recursos correspondientes al programa que desde junio no los han depositado.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Juan Alarcón Hernández, se manifestó porque se constituya una comisión de pacificación a fin de convencer a los grupos guerrilleros como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) de que regresen a la vida civil.

Alarcón Hernández señaló que con la Ley de Amnistía recién aprobada por el Congreso local no basta para que los grupos guerrilleros regresen a su vida civil.

“Se deben de tomar medidas a fondo, y una de ellas es erradicar la pobreza y marginación social”, expresó el ombudsman guerrerense.

Alarcón Hernández mencionó que la Ley de Amnistía local es un documento que tiene muchas limitaciones porque ésta no podría beneficiar a decenas de presos que están allí, según las organizaciones sociales, por motivos políticos y que pertenecieron a grupos guerrilleros como son los casos del comandante Antonio –Jacobo Silva Nogales– y la coronel Aurora –Gloria Arenas Agís– que están bajo proceso judicial por delitos graves del fuero común y del orden federal.

Manifestó que de la lista de más de 50 expedientes que han presentado las organizaciones sociales de presos políticos que se encuentran en cárceles de Guerrero y en otras entidades del país, si acaso dos de ellos podrían ser beneficiados con la Ley de Aministía.

Y es que, dijo, la Ley de Amnistía sólo establece beneficiar a presos que no hayan cometido delitos graves, y la gran mayoría de reos políticos enfrentan procesos por delitos como portación de armas para uso exclusivo del Ejército, sedición, terrorismo.

Sólo dos expedientes analiza la Comisión de Amnistía

Este lunes por la noche, la Comisión de Amnistía se reunió en las oficinas de la Codehum, donde se aprobó el reglamento interno y además se inició el estudio y análisis de dos expedientes de presos políticos para que puedan ser  beneficiados con esta ley aprobada por la pasada Legislatura local.

Los dos casos fueron presentados ante la Comisión de Aministía por el ex diputado local perredista y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Juan García Costilla.

La reunión que se celebró la noche de anteayer lunes estuvo presidida por el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, y el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández.

También estuvieron el visitador general de este organismo, Hipólito Lugo Cortés y el subprocurador de Justicia, Antonio Nogueda Carvajal.

La reunión se llevó a cabo de manera secreta en un salón de la Codehum, y no se permitió el acceso a los medios de comunicación.

Desde la tarde, poco antes de que iniciara la reunión de la Comisión de Amnistía, varios elementos de la Policía Judicial del Estado que iban de guaruras fuertemente armados del procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, se plantaron en la entrada principal de la Codehum.

Y precisamente fueron los guardaespaldas del procurador Ramírez Guerrero quienes no permitieron a los reporteros ingresar al edificio de la Codehum.

 * Siguen en Guerrero las violaciones a las garantías, las desapariciones y la militarización, denuncian en el 54 aniversartio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Karina Contreras * En la conmemoración del 54 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales y familiares de presos manifestaron su preocupación por la violación constante de las garantías, las desapariciones forzadas y la militarización en Guerrero.

En una mesa redonda denominada Derechos humanos: una asignatura pendiente en Guerrero, que duro más de seis horas, las organizaciones acordaron la creación de la Coordinadora Local de Presos Políticos y de Conciencia, que será parte de la Coordinadora Nacional; otro de los puntos es establecer cursos de capacitación de derechos humanos, con el fin de socializar el conocimiento básico para la defensa de los derechos humanos a fin de crear un defensoría popular.

Asimismo, apoyar a las organizaciones sociales que trabajan desde sus lugares y espacios para el restablecimiento del Estado de derecho. También acudir a los espacios internacionales para dar a conocer la violación de los derechos humanos, sobre todo aquellos relacionados con la tortura y la desaparición forzada. También, hacer un padrón de los presos políticos para darlo a conocer a las instancias internacionales.

Y emprender los trabajos para conformar una Comisión de la Verdad a fin de esclarecer los hechos de la guerra sucia, que vendría a sustituir a la Fiscalía Especial que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, y que a decir de varios de los presentes “sólo es una simulación”.

Las acciones acordadas irán encaminadas a desmantelar las estructuras autoritarias del poder político, cimentadas en la fuerza militar, la corrupción policiaca, la violencia política, la inseguridad pública, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones forzadas, la fabricación de delitos.

Asimismo, abolir la persecución de los luchadores sociales, la discriminación y negación de derechos a los pueblos indígenas, el trato deshumanizado de los presos de conciencia, las pésimas condiciones carcelarias, la nula procuración de justicia, la violación al debido proceso y a la seguridad jurídica, la falta de independencia y objetividad de muchos miembros del Poder Judicial.

En la mesa redonda estuvieron los ex presos políticos, sobrevivientes de la matanza de El Charco, Ericka Zamora y Efrén Cortés; la hermana del comandante Antonio del ERPI, Jacobo Silva Nogales, Elizabeth Silva Nogales; Francisco Cerezo Contreras, hermano de los implicados en los petardazos a los bancos Banamex en la ciudad de México el año pasado; el representante de Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura, Ricardo Loewe; el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el dirigente del Movimiento Social de Izquierda, Ranferi Hernández.

Las participaciones

Efrén Cortés dijo que las organizaciones ven con gran preocupación las desapariciones forzadas que se siguen dando en el estado. Manifestó que existe una cortina de humo en la violación de los derechos humanos, y señaló que el gobierno ha sitiado al estado con militares con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Otra de las formas de violación es que los jueces han sentenciado más con argumentos políticos que jurídicos.

Y el caso de violación más claro, señaló, es que el presidente Vicente Fox haya puesto en la PGR a un militar, Rafael Macedo de la Concha.

Ericka Zamora señaló que preocupa las declaraciones de Vicente Fox, en el sentido de que queden en la impunidad todos los responsables de la guerra sucia y los responsables de las matanzas de El Charco y Aguas Blancas.

Agregó que los derechos humanos están siendo utilizados únicamente como  imagen publicitaria por la administración foxista, para querer quedar bien ante la comunidad internacional.

Puso como ejemplo la liberación de los ecologistas y el general Gallardo, de lo cual opinó que fue una liberación no por hacer justicia sino por quedar bien ante la opinión pública y quitarse la presión social.

Sobre la sentencia a los ex generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo dijo que más que justicia son diferencias entre militares.

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera, dijo que a 54 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, éstos han sido ignorados y despreciados por los estados.

Manifestó que Guerrero se ha surcado a base de matanzas, una historia dolorosa que en lugar de amainar y cicatrizar desangra. Agregó en su ponencia Abel Barrera que se gobierna sin asumir la responsabilidad histórica de aplicar la ley y de reparar los agravios y los daños a las víctimas, a sus familiares.

Manifestó que los aparatos del Estado se confabulan para cubrir los crímenes y para proteger a los violadores de los derechos humanos.

Señaló que nunca hay una investigación imparcial, además de que se postergan el cumplimiento de las recomendaciones y se simula el respeto e interés por las víctimas.

Dijo que es preocupante la impunidad de la que gozan los miembros de las fuerzas armadas, responsables de graves violaciones de derechos humanos de civiles.

Abel Barrera dijo también que sigue vigente la demanda de los familiares de las víctimas de la guerra sucia para crear una Comisión de la Verdad con la participación de la sociedad civil, para que exista una verdadera autonomía. Así como la importancia de tipificar los delitos de tortura, desaparición forzada y la ejecución sumaria o arbitraria.

La propuesta de la Comisión de la Verdad también fue apoyada por Renferi Hernández quien dijo que no tienen que esperar que la autorice el gobierno, porque esto nunca será.

Asimismo los participantes en la mesa redonda coincidieron en que la Fiscalía Especial que encabeza Ignacio Carrillo Prieto no es más que una simulación del gobierno.

Sobre la Ley de Amnistía se propuso que una comisión entable diálogo con la Comisión del los diputados del Congreso local para hacer modificaciones, y buscar que se beneficie a todos los presos políticos.

En la mesa redonda de los derechos humanos estuvo el hermano de los implicados en la explosión de petardos en las sucursales de Banamex en la ciudad de México, Francisco Cerezo Contreras, quien después de las amenazas recibidas era acompañado por integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz.

Francisco Cerezo Contreras narró la tortura a la que fueron sometidos sus hermanos Alejandro, Antonio y Héctor, después de que se le involucró con los atentados con petardos a Banamex. Señaló que fueron torturados física y sicológicamente. Manifestó que aunque hay muchas anomalías que demuestran las inocencia de sus hermanos, está claro que el gobierno foxista no los dejará libres, ya que no aceptarán su error en su primer “golpe al terrorismo”.Luego dijo que en estos casos también sufren los familiares, porque son perseguidos, hostigados y amenazados.

 * Exigen hablar con el gobernador René Juárez

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) y de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) bloquearon ayer los accesos 2 y 3 de Casa Guerrero y con los palos de sus banderines golpearon el portón de la puerta 2 en exigencia de una audiencia con el gobernador Rene Juárez.

El grupo de campesinos y de colonos encabezados por los dirigentes del FDP, Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara Tejedor, así como el dirigente de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez se trasladaron ayer del centro en donde se mantenían en plantón a Casa Guerrero.

Allí atravesaron camiones de volteo y camionetas en los accesos a la puerta 2 y 3 de Casa Guerrero, mientras que el contingente se trasladó a la puerta 2 en donde con sus puños y con palos golpearon la reja.

Torres Fierro dijo que desde hace un año firmaron minutas de acuerdos con el gobernador y con los secretarios de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade y con el ex de Desarrollo Social, Carlos Sánchez Barrios quienes se comprometieron a resolver sus demandas.

“Queremos que se dé cumplimiento a las demandas con las que ya existe un compromiso por parte del gobierno del estado, aquí vamos a estar y vamos a seguir movilizándonos, si no nos cumplen con lo que se comprometieron con su firma”, advirtió el dirigente del FDP.

“Estos señores (los funcionarios) quieren desgastarnos, están esperando que lleguen las vacaciones para desaparecerse y decir que hasta el otro año nos van a resolver nuestras demandas, si surge un problema va a ser responsabilidad de ellos porque nada más nos están engañando”, advirtió Torres Fierro.

Informó que el pliego petitorio del que demandan solución contiene demandas como proyectos productivos y obras sociales, energía eléctrica, carreteras, introducción del agua a las comunidades marginadas, “hay lugares que están incomunicados y eso se lo hemos comunicado al gobernador y a los funcionarios y nos han citado a reuniones en las que se van a resolver las demandas”.

Luego de más de dos horas de bloqueo, llegaron a las cercanías de Casa Guerrero un camión y dos camionetas pick up con policías antimotines, pero casi al mismo tiempo una comisión de los dirigentes de las organizaciones se introdujo a la residencia oficial en donde fueron recibidos por funcionarios menores para programar las reuniones en las que presuntamente se resolverán sus demandas.

En la puerta 2 permanecieron ayer los habitantes de la colonia Leonardo Rodríguez Alcaine de Acapulco, que son encabezados por Antonio Valdés Andrade quienes demandan la intervención del gobernador para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les reinstale la energía eléctrica a unas 200 familias a quienes les suspendieron el servicio por carecer de contrato y por robar la luz.

 * Los declaran culpables de homicidio, daños y rebelión

Karina Contreras * El comandante Antonio del ERPI, Jacobo Silva Nogales, y la coronel Aurora, Gloria Arenas Agís, fueron sentenciados a 49 años, 11 meses y 29 días por el ataque del EPR a un convoy del Ejército en la carretera Chilpancingo-Tlapa el 16 julio del 1996.

Por su parte, Felícitas Padilla Nava y Fernando Gatica Chino fueron sentenciados a 6 años, 11 meses 19 días por el delito de rebelión, respecto a los mismos hechos.

La hermana de Jacobo Silva, Elizabeth Silva Nogales, entrevistada al finalizar su participación en la mesa redonda Derechos Humanos: una asignatura pendiente en Guerrero, informó que el juez primero distrito con sede en Chilpancingo, sentenció a casi 50 años a Jacobo Silva, recluido en el penal de máxima seguridad La Plama y a Gloria Arenas, que se encuentra en el de Neza, en el estado de México, por los delitos de intento de homicidio, homicidio calificado, daño a propiedad ajena y rebelión.

Informó que la condena fue dictada el martes 4 de diciembre, después de más de tres años en prisión de los cuatro sentenciados, que tienen aún otro juicio abierto en un juzgado federal del estado de México.

Dijo que ya apelaron de las sentencias, y que sus abogados están viendo la demanda de amparo, pero casi están seguros que les será negado, por lo que aseguró que después de agotar todas las instancias acudirán a cortes internacionales.

 Claudio Viveros, corresponsal, Taxco * Una de las primeras acciones y cambios que comenzó a aplicar la Dirección de Seguridad Pública de Taxco, es la intensificación de patrullajes con la finalidad de inhibir la delincuencia en diferentes puntos de la ciudad y comunidades aledañas, informó el titular Raúl Sotelo Parra. 

Señaló que dentro de sus planes está también el incrementar el número de policías preventivos porque actualmente cuenta con una plantilla de 130 elementos a su cargo, “necesitamos el doble porque actualmente el personal hace el servicio en forma alterna de 24 por 24 horas, pero se requieren más”, expresó el militar, con grado de teniente coronel.

Dijo que los 10 módulos, que en su mayoría estaban abandonados desde el trienio pasado, ya fueron reinstalados, aunque el problema es que no están acondicionados, están deteriorados y es importante que el personal tenga cierta comodidad “porque si van a hacer un servicio las 24 horas deben de tener lo indispensable”.

Sobre el parque vehicular de Seguridad Pública, dijo que son muy pocas las unidades que operan en buenas condiciones.

Sotelo Parra dijo que gestionará para que se incremente el personal y se adquieran más vehículos, que los preventivos reciban adiestramiento y capacitación en relaciones públicas, derechos humanos, respeto y cordialidad, para evitar abusos.

En el trienio anterior, una parte de los elementos de la Policía Preventiva fue asignado para desempeñarse como policías turísticos en el centro histórico de la ciudad y uno de los objetivos del director es que mejoren su desempeño, siempre y cuando “satisfagan las necesidades de servicios y la operatividad”.     

Dijo que como centro turístico, en Taxco la delincuencia y la inseguridad han crecido al paso del tiempo como en otros lugares. Ante este panorama dijo que tiene la esperanza de que en breve se cuenten con todos los medios, “porque hasta ahora todas las dependencias tienen carencias, todas están igual y no hay presupuesto”