La Policía Comunitaria asumirá la función principal en la atención de la seguridad pública en San Luis Acatlán, y representará al ayuntamiento en la próxima reunión en el 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, para tratar lo referente a la seguridad pública en la región, informó el presidente municipal de ese lugar, Genaro Vázquez Solís.

Recordó que la Policía Comunitaria es producto del esfuerzo de los pueblos y comunidades mixtecos y tlapanecos de la región conocida como Costa Montaña. “Nuestra propuesta en campaña fue respetar su decisión de organizarse y su proyecto de justicia y seguridad, por lo que hemos acordado que en el mes de enero y durante este trienio será el eje que coordinará nuestros esfuerzos en materia de seguridad”.

Contó que hasta hoy, “la Policía Comunitaria lo que ha tenido por parte del gobierno y del Ejército es incomprensión y persecución, porque insisten en que es ilegal”. Afirmó que eso se ha debido a la incomprensión y paranoia con respecto de la función que cumplen. “Nosotros decimos que la coordinación y el respeto a sus usos y costumbres es la mejor salida que podemos tener todos en materia seguridad pública y procuración de la justicia”.

Señaló que el domingo 7 se tuvo ya la primera reunión de coordinación con la Policía Judicial, la Policía Motorizada, la Policía Municipal, Protección Civil y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, “donde decidimos hacer de este diciembre un mes donde no haya muertos ni heridos por drogas o alcohol. Para ello acordamos poner un retén y apoyo a lo largo de toda la carretera que va de Marquelia a San Luis Acatlán”.

En la reunión de este domingo 7, “también acordamos que será la Policía Comunitaria la que encabezará y coordinará las operaciones de diciembre”.

En cuanto a la Policía Preventiva, dijo que ésta se mantendrá en la cabecera “con objetivos la prevención del delito” y que el Consejo de Gobierno determinará cuál es su futuro.

Vázquez Solís contó que el Consejo de gobierno tendrá su primera sesión a fines de año, para acordar las reformas al Bando de Policía y Buen Gobierno, así como las propuestas de adición y reformas a la ley orgánica del municipio libre, y a la Constitución General del Estado de Guerrero.

Informó que el próximo domingo, junto con el presidente municipal de Malinaltepec, Apolonio Cruz, donde también existe la Policía Comunitaria, “vamos a firmar un convenio de respaldo jurídico y financiero a la Policía Comunitaria, porque los dos alcaldes somos parte del mismo proyecto”.

Informó que el Consejo de gobierno determinó que el director de Seguridad Pública de San Luis Acatlán sea Bruno Plácido Valerio, fundador de la Policía Comunitaria. (Aurelio Peláez)

 * Asisten funcionarios municipales de Atoyac, Tecpan, San Jerónimo, Petatlán, Zihuatanejo y La Unión

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Para el gobierno del estado es primordial el desarrollo de la entidad “porque queremos transformar la idea del Guerrero bronco, en un Guerrero pacífico”, dijo ayer el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Juan Farill en la presentación del proyecto de desarrollo Corredor Costa Grande, Guerrero Pacífico.

En una reunión de la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano del estado de Guerrero, celebrada en un hotel de Ixtapa, representantes de los ayuntamientos de Atoyac y Tecpan –gobernados por el PRI– y de San Jerónimo, Petatlán, Zihuatanejo y La Unión –gobernados por el PRD– conocieron los potenciales que pueden ser explotados en cada municipio de esta región

Farill habló del potencial turístico, agrícola y acuícola que existe en la Costa Grande, pero también resaltó “las debilidades” de esta región, dividiéndolas en naturales y sociales, como las fallas geológicas que producen sismos y por ser municipios costeros, son vulnerables en la temporada de huracanes.

“Otra debilidad es el alto contraste de la vida relativamente fácil en la costa, quien vive en la costa no se muere de hambre y la vida difícil que es en la sierra. Todo lo que es Filo Mayor que colinda con casi todos los ayuntamientos de la costa, vivir en Filo Mayor es vivir en una parte muy distante.

Esa dificultad que hay de vivir acá arriba, hace que impere todavía el narcotráfico y la pobreza haya orillado a la guerrilla, no olvidemos que también en la Costa Grande es donde históricamente han surgido grupos rebeldes que siguen todavía apareciendo. Esa es otra realidad que tenemos y hay que tomarla en cuenta para afrontarla y una manera es acercar el desarrollo de la costa hacia lo que es la sierra”.

Dijo que para el municipio de Coyuca de Benítez es necesario recapitular su desarrollo turístico y la creación de parques industriales, los potenciales del municipio de Atoyac de Alvarez, es su zona cafetalera y el comercio, en el municipio de San Jerónimo se cuenta con zonas turísticas que pueden ser explotadas, además de la creación de parques industriales y desarrollos acuícolas, por contar con cuerpos de agua como la Laguna de Mitla y Hacienda de Cabañas.

De acuerdo al estudio realizado por el gobierno estatal, el municipio de Tecpan de Galeana es apto para explotar la acuacultura y sus manglares, además de su comunicación que tiene con el Filo Mayor, que tiene un potencia altamente forestal.

El municipio de Petatlán, cuenta con zonas arqueológicas como la Soledad de Maciel que puede ser explotado para turismo ecológico, también aprovechar la industria de la sal de manera más moderna y sus áreas turísticas como es la Barra de Potosí.

Zihuatanejo, por ser un binomio turístico se requiere utilizar aún más sus recursos naturales.

Este proyecto de desarrollo para los municipios de la Costa Grande, también pretende abrir una ruta turística por hidroavión “se nos antoja que si hay siete cuerpos de agua a lo largo de la costa, se pretende aprovechar este medio que en otras partes del mundo es aprovechado en pequeños lagos y esteros, sin embargo tiene que ser parte de un desarrollo integral. Junto con lo que hemos pensado con la ciudad de la confección en Coyuca de Benítez, la ciudad textil en Atoyac de Alvarez, la agroindustria en las partes de las riveras de la costa y hasta llegar al programa de vivienda de interés social, en sí, tendríamos un desarrollo armónico pero integral”. Los representantes de los municipios asistentes, la mayoría de ellos directores de Desarrollo Urbano y Ecología, luego de conocer este programa, coincidieron en darlo a conocer a los respectivos presidentes municipales y posteriormente concertar otra reunión en donde empezarían a entregar sus diagnósticos en las áreas económica, social, urbana y ambiental, “y empezar a trabajar”.

A la reunión asistieron el representante de la Sedesol federal, Jesús Alvarez Flores, y el presidente del Colegio de Arquitectos del estado Humberto Díaz Díaz.

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Campesinos de la comunidad de Tulimán, municipio de Huitzuco, denunciaron ayer que por irresponsabilidad de los técnicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), quienes no entregaron sus expedientes, no recibieron los recursos del Procampo.

El presidente del consejo de vigilancia del comisariado ejidal, Victórico Montaño Salgado dijo que 44 campesinos de esa localidad no recibieron los recursos del Procampo a pesar de que ellos entregaron toda la documentación a los técnicos de la Sagarpa.

En conferencia de prensa denunció que  empleados de la dependencia federal, de quienes no dieron nombres, no entregaron sus expedientes a las instancias correspondientes y por ellos fueron excluidos del Procampo, lo que ha venido a afectarlos porque era su única esperanza toda vez que sus cultivos se perdieron por la sequía que hubo en la pasada temporada de lluvias.

Informó que de los 500 productores, a 44 de ellos no les entregaron los recursos que son aproximadamente 900 pesos por hectárea. “Ese dinerito nos serviría para comprar maíz y alimentar a nuestras familias, pero ahora ni eso vamos a recibir”, dijo Montaño Salgado.

De los 44 afectados, nada más 16 se trasladaron ayer a esta capital a solicitar la intervención del gobernador René Juárez, sin embargo no fueron atendidos por ninguna autoridad y sólo ofrecieron la conferencia de prensa.

El dirigente campesino advirtió que en caso de que no sean incluidos en el programa de Procampo, en las próximas horas bloquearían la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de Paso Morelos.

 * Dice el ex gobernador que está dispuesto a declarar * Señala que a la ex alcaldesa de Atoyac “la inculparon las gentes de la OCSS”  

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El ex gobernador acusó a la ex alcaldesa de Atoyac y actual secretaria general del ayuntamiento de Acapulco, María de la Luz Núñez Ramos, de “protagonista, oportunista y mentirosa” por haber promovido y logrado que la Fiscalía Especial para crímenes del pasado de la PGR reabra la investigación sobre la masacre de 17 campesinos de la OCSS en el vado de Aguas Blancas, y anunció que si es requerido a declarar lo hará donde lo necesiten, porque no tiene “nada que ocultar”.

María de la Luz Núñez Ramos solicitó a la Fiscalía Especial que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, el 16 de julio que reabriera el caso Aguas Blancas y presentó una denuncia de los hechos en la que acusa al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a otros altos funcionarios de su gobierno, como señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pasado 28 de noviembre la ex alcaldesa recibió un oficio para que se presentara a declarar este miércoles 11 para ratificar y ampliar su denuncia.

Sin embargo, esta diligencia fue diferida para el 18 de diciembre, porque el fiscal Carrillo Prieto se encuentra fuera del país.

Entrevistado antes de la realización del segundo informe de trabajo legislativo del senador Héctor Vicario en esta ciudad, el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer se refirió a la reapertura de la investigación de la masacre de Aguas Blancas de la que lo señalan como principal responsable.

Dijo al respecto: “Sé que los que hicieron el planteamiento, como es de conocimiento de la opinión pública, fue la señora María de la Luz Núñez Ramos, ante la Fiscalía (Especial), que tendrá que calificar al responsable, e iremos cuando nos necesite”.

Y reiteró: “No tenemos nada que ocultar, somos gente de las que nada debe, nada teme”.

De la decisión de María de la Luz Núñez Ramos aseveró: “La señora es una protagónica, oportunista y mentirosa, eso es. Pero bueno este es un país libre, democrático y cada quien hace lo que mejor le conviene, esperaremos a ver qué dicen las autoridades correspondientes”.

–¿Confía en que al reabrirse el caso Aguas Blancas será para sentenciarlo o para exonerarlo?

–Yo no pienso que vaya ocurrir alguna otra cosa, yo no sé qué más vaya aportar la señora, que no sea explicar que a ella la inculparon las gentes de la OCSS.

Y agregó: “Pero yo no quiero entrar en polémicas con nadie, yo estaré en la mejor disposición en que cuando cualquier autoridad oficial me llame, yo estaré presto a atenderlo como cualquier ciudadano mexicano”.

–¿Qué lectura le da a que la Fiscalía Especial haya accedido a reabrir el caso?

–Habrá que ver qué hace la Fiscalía, tendrá algún elemento, si es así tendrá que exponerlo y vamos a estar pendiente.

–Detrás de la Fiscalía Especial está la promesa del presidente Vicente Fox de reabrir el caso Aguas Blancas ¿puede ser parte de una decisión presidencial?

–Creo que el presidente Vicente Fox no está metido en esto ¿por qué? A él ni le va ni le viene esto, deja abiertas las cosas a la ley para que esa ley y de manera independiente el Poder Judicial lleve a cabo las actividades que crea sean convenientes y ya.

Utiliza Núñez Ramos el caso Aguas Blancas con fines políticos: Mesino

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac n Los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta y Rocío Mesino, manifestaron que están de acuerdo en la reapertura del Caso Aguas Blancas pero no en la Fiscalía Especial para crímenes del pasado reciente, y señalaron que no confían en esa instancia que encabeza Ignacio Carrillo Prieto.

Hilario Mesino informó que él y Marino Sánchez Flores, como parte de la OCSS, desde el 20 de octubre de 2001 presentaron la demanda de reapertura del caso Aguas Blancas ante la PGR, y se abrió una averiguación previa, y después han demandado que no se turnara el caso a la Delegación en Guerrero.

Apunta que la ex alcaldesa de Atoyac y actual secretaria de Gobierno de Acapulco “está utilizando el caso Aguas Blancas con tintes políticos ya que se aproximan nuevas elecciones y Aguas Blancas siempre ha sido un botín político de todos”.

Cuestionó que mientras la PGR no ha citado a los sobrevivientes y familiares de los 17 campesinos asesinados, por el contrario, dio pronto seguimiento a la petición de Núñez Ramos.

Por su parte, Rocío Mesino señaló que la postura de Núñez Ramos no es la de los familiares, y agregó: “La Fiscalía Especial debe investigar en un cien por ciento a la ex presidenta municipal de Atoyac”.

Señala que Núñez Ramos debe aclarar por qué no dijo que sabía que se iba a dar una masacre, al señalar que el hospital general de Atoyac fue alertado de que se prepararan para recibir heridos el 28 de junio de 1995.

Considera que se debe investigar la desaparición del militante de la OCSS, Gilberto Romero Vázquez, y dice que la edil es la principal responsable porque lo amenazó y posteriormente desapareció y de ahí generó todo el conflicto.

También dice que Núñez Ramos “debe declarar por qué había retenes en Mexcaltepec en esos días cuando estaban bajando campesinos al plantón al Zócalo de Atoyac”.

Señaló que desconfían de la Fiscalía Especial porque “es incompetente” porque ha llamando a declarar a personas desaparecidas y reportó que algunas personas fueron tiradas al mar y están vivas. Esas confusiones apuntan que las investigaciones de la guerra sucia no son reales y se contradicen.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Los ejidatarios de Barrio Nuevo, que pararon cuatro pozos de abastecimiento de agua potable en Zihuatanejo, detuvieron además el funcionamiento del pozo recién inaugurado por el gobernador René Juárez Cisneros porque consideran que está dentro de sus tierras y continuaban ayer exigiendo recursos como condición para permitir la extracción de agua los próximos tres años.

El comisario ejidal de Barrio Nuevo, Miguel Angel Valencia Bracamontes, pidió que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ) les permita cobrar los ingresos que por agua potable aportan los hoteles Melía Azul Ixtapa y El Presidente.

Con el argumento de que por la extracción de agua de este núcleo agrario se han secado cien hectáreas de coco y mango pertenecientes a 30 ejidatarios, Valencia Bracamontes dijo que exigen que el ayuntamiento y CAPAZ negocien con ellos como se hace con cada administración municipal, pues desde el periodo de Jorge Allec Galeana en la alcaldía se les daban 300 mil pesos al año.

Precisó que desde hace 10 días pararon los pozos de extracción de agua y advirtió que no los soltarán hasta que lleguen a un acuerdo que convenga al ejido, que en una asamblea general acordó pedir la destitución del recién designado director del organismo paramunicipal, el panista José Luis Alvarez Salgado, así como la firma de un convenio en el que se establezca el pago de 3 mil pesos para cada uno de los 65 ejidatarios de Barrio Nuevo “para que se desazolven las norias”.

Dijo que esta situación está afectando a Zihuatanejo e Ixtapa porque tiene detenida la producción de 150 litros por segundo de agua.

Francisco Magaña, corresponsal, ,Tecpan * El parroquiano Javier López Farías fue asesinado de diez balazos ayer por un desconocido en una cantina en la población de San Luis La Loma, de este municipio.

Según informes del agente del ministerio público Guadalupe Martínez, López Farías, de 42 años de edad y originario de Aguaje, Michoacán; recibió en diferentes partes del cuerpo diez impactos de balas de calibre 38 super, mientras bebía en la cantina conocida como Levi, ayer por la tarde.Según testigos presenciales el michoacano fue atacado por un sujeto desconocido que le disparo en repetidas ocasiones y huyó con rumbo desconocido.Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato.

* En la Comisión de Desarrollo Económico, su presidenta la diputada del PRD Gloria Sierra pide información sobre el Parque Industrial del Valle de El Ocotito al secretario Juan Salgado Tenorio

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Ayer se instalaron las comisiones de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico del Congreso del Estado a las que asistieron los secretarios del ramo del gobierno estatal.

En el acto de la Comisión de Desarrollo Social, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Carlos Sánchez Barrios propuso crear una ley que obligue al gobernador a asignar recursos para el combate a la pobreza.

A la instalación de esta comisión legislativa que preside el diputado del PRS, Heriberto Noriega Cantú, asistió el secretario estatal del ramo, Heriberto Huicochea Vázquez y la directora del DIF, Paula Sánchez Reyna.

Allí, Sánchez Barrios –ex secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado–, dijo que el problema principal de Guerrero es la pobreza, pero que para enfrentarlo con eficacia no existe el instrumento legal que obligue en este caso al gobernador René Juárez Cisneros, a “dar un trato necesario a la pobreza”.

En ese sentido propuso hacer una ley en materia de Desarrollo Social, que además haga obligatorio asignar recursos para atacar la pobreza para que no quede expuesto a la voluntad del gobernante en turno.

Así, fijó cuatro ejes sustanciales que deberá contener la Ley de Desarrollo Social: el impulso para el desarrollo de las capacidades humanas; oportunidades productivas; políticas orientadas a la atención a sectores vulnerables; y políticas de mejoramiento a la vida normal.

Mientras que el diputado priísta Herón Delgado resaltó que los gobiernos pasados del PRI han desplegado programas asistenciales sin “tintes partidistas y con una visión integral”.

El diputado del PT, Fredy García  recordó que en Guerrero existen zonas vulnerables que no se mencionan como la Sierra de Ayutla y que debe considerarse dentro de los programas asistenciales.

El diputado del PAN, Arturo Martínez Pérez recordó que el pasado 6 de octubre los guerrerenses votaron porque la nueva legislatura les diera la esperanza de que se canalizarán mayores recursos para combatir la pobreza.

Mientras que la diputado por el PRD, Gloria Sierra López pidió hacer una evaluación en materia de desarrollo social a partir del trabajo de la Secretaría estatal.

Para contestar a los diputados primero la directora general del DIF, Paula Sánchez, dijo que se ha respondido a las demandas de los grupos vulnerables del estado, entregando “sin una visión de partido” los programas asistenciales y prometió que en breve entregará una evaluación que por primera vez se realizará en esa área.

En su turno el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Huicochea aceptó que luego de las elecciones del 6 de octubre pasado, los guerrerenses decidieron dar un giro en la composición política del Congreso del Estado y que eso obligaba a los diputados a actuar con responsabilidad para asignar mayores recursos para el desarrollo social del estado.

Y dijo estar dispuesto a acudir al llamado de los diputados para colaborar con información y acordar propuestas conjuntas, porque indicó que la crisis global y del país repercute en Guerrero, porque se recorta el presupuesto.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Heriberto Noriega Cantú explicó que buscará también adecuar la Ley del Poder Legislativo para dotar de mayores facultades a esa instancia legislativa para influir en las políticas públicas asistenciales.

La comisión de Desarrollo Económico

En otro acto, a la una de la tarde se instaló la Comisión de Desarrollo Económico que preside la diputada local por el PRD, Gloria Sierra López, quien pidió al secretario estatal Juan Salgado Tenorio, información sobre el desarrollo del Parque Industrial del Valle de El Ocotito y de las maquiladoras.

El diputado perredista Rodolfo Tapia pidió detalles de los programas en materia de salud, educación, laboral y de justicia; también requirió información sobre el rezago en el abasto popular.

El diputado por el PRD, Mariano Dimayuga se unió al reclamo de mayor información “aunque sea en pequeñas fichas técnicas”.

Víctor Buenrostro, también del PRD, pidió que el gobernador René Juárez cumpla con la promesa de entregar los 30 millones de pesos para el rescate de la bahía de Zihuatanejo, porque sólo dio 2.5 millones y el alcalde Fredy Galeana no entregó los 10 millones a que se comprometió.

Por su parte, el recién nombrado secretario de Desarrollo Económico indicó que les hará llegar copias de su programa de trabajo para que los diputados lo conozcan, le den observaciones y seguimiento y se comprometió a sostener reuniones de trabajo cuando menos una vez al mes.

También dio a conocer que realizará una evaluación de la Secretaría a su cargo y de los programas y que se las hará llegar.

Pero los comprometió a utilizar “su calidad moral e influencia” en sus distritos para que en caso de que las inversiones programadas tengan obstáculos, ayuden a resolverlos y a convencer a los ciudadanos para que las permitan.

Destacó que en el Valle de El Ocotito, el parque industrial será un detonante porque se prevé captar unos 13 millones de dólares por la inversión que llegará. De las maquiladoras sólo dijo que van avanzando.

Luego indicó que como diputados deberán sumarse “al trabajo conjunto” porque no “concibo el desarrollo económico sin los actores políticos”.

En una segunda ronda de intervenciones, el diputado del PRI David Francisco Ruiz Rojas demandó atención para los migrantes del estado.

El diputado del PRD, José Jacobo Valle pidió información sobre el establecimiento de maquiladoras en el municipio de Juan R. Escudero, de donde es originario, además de demandar mayor atención a los productores de jamaica.

La priísta Alicia Zamora también pidió información sobre las maquiladoras que deberían establecerse en el corredor industrial programado en Chilapa y Zitlala.

Y el perredista Mauro García Medina demandó mayor atención a la producción y comercialización del coco.

Al final, a reserva de que les dará la información detallada, Juan Salgado Tenorio les dio las explicaciones demandadas, a pesar de que dijo, no era una comparecencia.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El ex síndico Juvencio Valenzo Romero consideró que aún hay tiempo para aclarar la situación en que se entregó el ayuntamiento priísta anterior al que perteneció, y que la denuncia de presuntas irregularidades hechas por el alcalde Amador Campos Aburto “es simplemente cumplir con una obligación moral y legal con el pueblo porque su obligación es cuidar los bienes del ayuntamiento”.

Valenzo Romero respondió así a la postura y las denuncias hechas por Campos Aburto en el sentido de que la anterior administración no les dejó documentación ni vehículos y en cambio sí una serie de deudas por pagar.

El también dirigente local del Sindicato de Electricistas llamó a no hacer conjeturas prematuras de la situación y esperar el tiempo razonable “y bueno, si hay faltantes que se compruebe”.

Insistió que aún hay tiempo de aclarar y especificó que en el caso de los recursos sería mejor analizarlo más a fondo. Consideró que es procedente la investigación y revisión de la administración de la que él formó parte “porque está establecido dentro del marco legal”. Afirmó que en lo que compete al cuidado de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento se hizo de manera cuidadosa y se trató de hacer con la mayor claridad posible.

El ex síndico Valenzo Romero fue quien dejó iniciada una denuncia ante el Ministerio Público en contra de un ex director de Obras Públicas porque no se habían aplicado en tiempo algunos recursos.

En tanto, el regidor priísta Pedro Sandoval Vázquez opinó que “debe de haber un sustento para decir que efectivamente hubo un desvío, un faltante o alguna irregularidad, debe haber un sustento en donde se manifieste o compruebe con claridad que efectivamente hubo alguna anomalía en el manejo de los recursos”.

“Creo que fuimos electos por la ciudadanía, y ella esta a la expectativa de ver que se cumpla con la ley, los compromisos políticos que tengamos con el PRI, son simplemente eso, pero el compromiso con la ciudadanía que depositó en nosotros la confianza para que llegaramos a ocupar el puesto, creo que debe ser transparente”, manifestó el edil cuando se le preguntó si asumirán alguna postura de defensa en favor del ex alcalde Jorge Allec Galeana por ser militante del PRI.