* Formará un frente con el abogado José Sánchez Sánchez y la responsable del albergue de niños de padres muertos en la masacre de Aguas Blancas, Virgilia Galeana García, anuncia

 Jorge Nava * Cristina Juárez Acevedo, quien dijo ser viuda del dirigente precarista muerto, Heladio Pérez Rendón, denunció que otros líderes de las colonias que encabezaba su esposo la tratan de responsabilizar del asesinato y la amenazan de atentar contra ella y su familia.

En conferencia de prensa que dio la mañana de ayer en el café Astoria del Zócalo, Juárez Acevedo también anunció que por ese motivo formará un frente común con el abogado José Sánchez Sánchez y la responsable del albergue de niños de padres muertos en la masacre de Aguas Blancas, Virgilia Galeana García.

Señaló que la gente que la amenaza y la trata de inmiscuir en la muerte de Pérez Rendón son “desconocidos” por ella.

Aseguró que la manera de que tratan de relacionarla es divulgando que “ofreció” dinero a ciertas personas para que asesinaran a Pérez Rendón, porque presuntamente ella sostenía relaciones con “diferentes” personas.

Responsabilizó que estas declaraciones son de lídres de colonias que fundó Pérez Rendón, como Rubén de Jesús Suástegui, Guadalupe García Salinas, Andrés Sánchez Serrano, María del Rosario Gutiérrez Díaz, Anabel Testa Roque y Anabrasilia Pérez Testa.

Puntualizó que las colonias irregulares son Agrarista de los Dragos, Brisas de los Dragos, Heladio Pérez Rendón, Brisas de Guadalupe, colonia El Tigre, Ampliación del Tigre, Victoria, y aseguró que los dirigentes mencionados se están “apropiando” de las 12 colonias irregulares.

“Lo que pasa que ellos quieren verme encerrada para que yo no les haga peso en lo que están haciendo, para que quedarse con las colonias libremente, porque estando yo a fuera les hago peso”, aseguró.

Sobre el frente, abundó que servirá para defender las tierras que “me están quitando”.

Agregó que lo darán a conocer en este mes y que hay vecinos de esas colonias irregulares que la apoyan, lo cual implica que las colonias irregulares fundadas por Pérez Rendón están “divididas”.Juárez Acevedo subrayó que los líderes están vendiendo predios a gente “desconocida”.Recriminó que los líderes no tienen ningún derecho de vender los lotes, pues su afán es contar con dinero porque no “trabajan, no se saben mantener y ni saben trabajar”.Dijo que por ello la quieren dejar fuera, aun cuando Pérez Rendón vendía los lotes cuando vivía y el dinero lo repartía entre los líderes, al darles el 10 por ciento.Señaló que ya no vive en la colonia Heladio Pérez Rendón, lugar donde sicarios lo mataron, además de que cuenta con dos hijos y que las otras mujeres eran “amantes” de su esposo.

Detiene la judicial a dos que rentaban placas robadas  

Agentes de la Policía Judicial del Estado del sector Costa Azul detuvieron ayer a dos personas que se dedicaban a rentar placas robadas.Se trata de José Luis Herrera Juárez y Luis Enrique Cruz Rosario, detenidos en flagrante tentativa de fraude en agravio del taxista Andrés Avelino López Iglesias.El hecho se agregó a la averiguación previa Tab/3ª/I/01264/2002-3, comenzada por el delito de robo de placas en agravio del taxista Francisco Paloalto Rivera.

 Muere canadiense por sobredosis

 Una persona murió por sobredosis de droga en el número 545 de la calle 5 de Mayo, de la colonia 20 de Noviembre.Según el reporte policiaco, Claude Latrenoville, de 47 años de edad, originario de Canadá, fumó un cigarro de mariguana después de ingerir dos pastillas para dormir.A consecuencia de ello –de acuerdo con la declaración de su esposa, Roberta Suástegui Delgado–, le sobrevinieron convulsiones, y luego murió.De la muerte dio fe el Ministerio Público de la colonia La Garita.

 * Son culpables de narcotráfico, determinan los cinco consejeros, después de ocho horas de deliberación * Los absuelven de asociación delictuosa * Los abogados defensores apelan el fallo

Un Consejo de Guerra condenó a 16 y 15 años de cárcel a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, por delitos de narcotráfico, y además fueron degradados, en lo que es calificado por los medios nacionales como un hecho sin precedente en la historia de México.

Según información difundida por el diario Reforma en su sitio en Internet, Quirós y Acosta se convierten en los primeros militares de su rango que son declarados culpables de dichos delitos por una autoridad militar.

El juez cuarto militar, Domingo Sosa Muñoz, notificó la condena a los generales, que fueron absueltos por el cargo de asociación delictuosa. En el caso de Quirós la sentencia incluye también el delito de cohecho.

El abogado del general Acosta Chaparro, Mariano Flores, cuestionó el fallo porque aseguró que esto significaba que ellos nunca tuvieron una asociación con narcotraficantes, sino que más bien traficaban por su cuenta, no obstante que los testigos protegidos de la PGR vinculan a los generales con el Cártel de Juárez, informó Reforma.

El abogado dijo: “Nosotros hemos interpuesto en estos momentos la apelación contra este fallo judicial ante el Supremo Tribunal Militar, consideramos que la sentencia no se apegó a derecho, no puedes ser declarado culpable de narcotráfico y absuelto de tener relaciones con los narcotraficantes, que dicen los testigos protegidos”.

En su resolución de 12 puntos, el juez Sosa Muñoz también impuso una multa de mil 527 pesos a Quirós y a Acosta, a quienes condenó también a ser destituidos de su empleo como general de división y brigadier, respectivamente, así como usar uniformes militares y estar inhabilitados por dos años para desempeñar cualquier cargo público.

Los testigos protegidos, Gustavo Tarín Chávez y Jaime Olvera, cuyas declaraciones fueron el fundamento de esta acusación, señalan que el general Quirós recibió tres vehículos de regalo por parte del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.

Los automóviles son un Mercedez Benz blanco y una camioneta Suburban los cuales, ordenó el juez que fueran decomisados; el otro es un Oldsmobile, el cual se ordenó entregar a quien acredite su pertenencia.

La acusación por la que fueron declarados culpables Quirós y Acosta es porque realizaron el transporte aéreo de droga para el Cártel de Juárez, organización para la que supuestamente utilizaron a un grupo de inteligencia con un equipo sofisticado de intercepción satelital.

Los defensores de los generales siempre cuestionaron que dichos equipos satelitales nuca aparecieron ni fueron encontrados por la Procuraduría Militar, la parte acusadora en este juicio.

Quirós pidió hablar de la guerra sucia, pero no le permitieron

Los generales Quirós y Acosta, además de este Consejo de Guerra, están procesados por homicidio de 143 personas durante la guerra sucia en Guerrero, que corresponden a las denuncias de familiares de desaparecidos políticos en la entidad, acusados de pertenecer a la guerrilla.

La mañana de este viernes, en la última sesión del Consejo de Guerra que duró cinco días, el general Francisco Humberto Quirós Hermosillo reconoció que “debe haber mucha gente afectada por lo ocurrido en los años 70”, durante el periodo conocido como guerra sucia, contra la guerrilla de los años 70, principalmete en Guerrero.

De acuerdo con una nota del diario El Universal, en su página en Internet, el presidente del Consejo de Guerra, general Tomás Angeles, interrumpió al general Quirós para puntualizarle que sólo podía referirse a los delitos contra la salud, asociación delictuosa y cohecho, por lo que está acusado en este consejo.

Quirós se acercó a Tomás Angeles y le preguntó si le permitía hablar del otro proceso que se sigue en su contra, por el presunto homicidio de 143 guerrilleros de Guerrero en la “guerra sucia”.

El presidente del Consejo de Guerra le dijo que no.

El general acusado antes de la interrupción del general Tomás Angeles había dicho que “debe haber mucha gente afectada por lo ocurrido en los años 70”, pero agregó que fueron puestos “en la indefención en una actitud totalmente carente de ética” por parte del procurador militar, Jaime Antonio López Portillo.

Según el general Quirós, el general López Portillo había adelantado que se les involucraba en la “guerra sucia” antes de iniciarse un proceso.

Después de la sesión, los cinco generales que integran el Consejo de Guerra se reunieron a puerta cerrada durante más de siete horas para deliberar, y en la noche dieron a conocer su decisión, según la cual, los generales Mario Acosta Arturo Chaparro y Francisco Humberto Quirós Hermosillo son culpables de delitos fomento, en cualquiera de sus formas de tráfico de drogas (cocaína y mariguana) y los condenó a 15 y 16 años de prisión, respectivamente.

Además, los destituyó de sus grados como generales de división y brigadier, les retiró todos sus beneficios, les impidió portar condecoraciones y ordenó pagar la multa de mil 523 pesos.

Las sentencias se fijaron a partir del 31 de agosto de 2000, cuando fueron detenidos. Ninguno podrá usar su uniforme ni condecoraciones.

El Universal informó que al conocer la sentencia, la esposa de Quirós Hermosillo, Silvia Covarrubias, apretó los labios y sólo alcanzó a expresar “que poca madre”.

Quirós, de 67 años de edad, y Acosta, de 60, que ya han pagado dos años en prisión, se declararon inocentes durante el juicio.

El presidente del Tribunal Militar, Tomás Angeles Dauahare, informó después de ocho horas de análisis privado que como parte de la sanción a ambos generales se les destituyó de su rango militar y se les retiraron todas sus condecoraciones.

Los cinco generales del Consejo de Guerra declararon que el general de división Francisco Quirós y el general de brigada Arturo Acosta protegieron las operaciones de Amado Carrillo Fuentes, quien oficialmente murió en 1997 a raíz de una operación de cirugía plástica.

Ambos acusados tienen aún la posibilidad de apelar el fallo, y se dijo que ya lo hicieron, e inconformarse ante el Supremo Tribunal Militar.

En caso de que éste ratifique la decisión del Consejo de Guerra, queda aún el camino del amparo directo ante un Tribunal Unitario en el Fuero Federal.

Ambos procedimientos podrían llevarse por lo menos un año cada uno, hasta que se dictara una resolución definitiva que ratificara la sentencia u obligara a la Procuraduría Militar a reabrir el caso y reconsiderar la sentencia.

Para ese momento, es muy probable que ya se haya iniciado o esté por comenzar un segundo Consejo de Guerra contra Acosta y Quirós, pero ahora por las desapariciones forzadas por el homicidio calificado de 143 guerrilleros desaparecidos durante la guerra sucia entre 1975 y 1979, en Guerrero.

El Consejo de Guerra que contra ambos militares concluyó este viernes, inició el pasado lunes 28 y se caracterizó por el constante cuestionamiento de los defensores hacia el Ministerio Público Militar que basó sus acusaciones en el dicho de testigos protegidos, de los cuales uno (Gustavo Tarín) jamás ratificó sus testimonios, y en el que uno de ellos, el ex comandante de la Policía Judicial Federal, Adrián Carrera Fuentes, olvidó en un careo frente al general Acosta Chaparro todo lo que había declarado, e incluso llegó a decir que tal vez alguno de sus testimonies estaban alterados.

Un despacho noticioso de la agencia Prensa Asociada (AP) destacó: Al término de la deliberación, ante 84 asistentes que ocupaban las bancas y más de 30 periodistas, el juez pronunció la sentencia.

Los dos generales fueron acusados de aprovechar su posición para ayudar en operaciones de narcotráfico, al  El Señor de los Cielos.Mariano Flores Arciniega, abogado del general Mario Arturo Acosta Chaparro, interpuso ya el recurso de apelación para continuar el procedimiento de defensa de su cliente, de acuerdo con señalamientos que hizo al noticiario Monitor.El abogado consideró que la sentencia contra Acosta no se dio conforme a derecho porque no hubo una prueba contundente que confirme la culpabilidad de su cliente.Flores comentó que tiene que esperar la notificación de audiencia en el Tribunal Supremo y expresó que agotará todos los recursos para defender a su cliente.

 * Pacta con dirigentes y ex candidatos del PAN colaboración y apoyo * Se propone reactivar el turismo con la escenificación de la Pasión de Cristo y la Feria Anual, informa

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Habitantes de la comunidad de Coyuquilla Sur, de Petatlán, exigieron al presidente municipal electo de extracción perredista, Javier Rodríguez Aceves, que “no acepte obras inconclusas” de la administración que saldrá el 30 de noviembre.

Le pidieron también solicitar al gobierno federal recursos para la pavimentación de calles y para resolver las deficiencias en la red de agua potable que tiene este municipio, y que provocó movilizaciones ciudadanas durante la admistración saliente, que encabeza el priísta Jorge Ramírez Espino.

Lo anterior ocurrió en una reunión que Rodríguez Aceves sostuvo con habitantes de la comunidad de Coyuquilla Sur, encabezados por el comisario municipal Abel Hernández, para empezar a recoger entre la población las demandas de obras prioritarias, con base en las cuales pretende estructurar su programa de gobierno.

Por otra parte, Rodríguez Aceves se reunió con la dirigencia del PAN en Petatlán y con los ex aspirantes a cargos de elección popular de este municipio, con quienes pactó colaboración y apoyo al próximo gobierno municipal, que entrará en funciones el 1 de diciembre.En el encuentro, que incluyó una visita de Rodríguez Aceves al Comité Directivo Municipal del PAN, estuvo el dirigente y fundador de ese intituto político en Petatlán, Saúl García; el ex candidato a presidente municipal, Antonio Maciel Sánchez; el ex candidato a la diputación por el distrito 12, Juventino Obregón, y el regidor electo de ese partido, Jesús Mesa Romero.En ambos encuentros, Rodríguez Aceves dijo que el problema prioritario a resolver en Petatlán es el del agua potable, “con poco presupuesto, sin necesidad de gastarse ni siquiera un millón de pesos, pero cobrando cuotas moderadas a las colonias más pobres”.Informó que otro de sus proyectos –en el que requerirá el apoyo de todos los sectores de la población– es “reactivar el turismo para que haya mayor fuente de empleo, promocionando dentro del estado y a nivel nacional la escenificación de la Pasión de Cristo en Semana Santa, así como reorganizando la Feria Anual con servicios de calidad y mejores atractivos para los visitantes”.

 De la corresponsalía, Coyuca de Benítez * Por un adeudo de alrededor de 240 mil pesos que la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) todos los habitantes de la cabecera municipal carecen de agua desde el miércoles pasado.

La población esta enardecida debido que ayer y hoy acuden al panteón local a limpiar las tumbas de sus difuntos y el agua se ocupa para regar y también para ponérselo a las flores con las que adornan las lápidas.

Una fuente extraoficial del ayuntamiento, reveló que el adeudo de la Junto Local Potable es de alrededor de 240 mil pesos, correspondiente a los dos últimos meses cuando aún estaba al mando de la Junta, Antonio Olivar Campos, quien recientemente fue cesado. 

Desde ayer a muy temprana hora era común ver a los lugareños acudiendo a los pozos y al río para acarrear el agua, la cual es empleada para lavar trastes, ropa y aseo personal.Al ser abordado por este medio, la gerente Comercial de la CFE, Araceli Solís Ozuna admitió que la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado adeuda a la CFE pero se negó a revelar la cifra.  Se desconoce el tiempo que la población estará sin agua ya que ni las autoridades municipales ni la Junta Local de Agua han informado al respecto.

 De la corresponsalía, Coyuca de  Benítez * El Frente Cívico de Coyuca pidió a la Comisión Nacional de Agua (CNA) que intervenga para frenar el saqueo indiscriminado de grava y arena que están haciendo empresas particulares del río Coyuca, ya que de no hacerlo pueden afectar y alterar el ecosistema del lugar, denunció el presidente de esa asociación civil, Ricardo Martínez Ruiz.

La reunión se realizó anteayer en las oficinas de gobierno y estuvieron los integrantes del Frente, Ricardo Martínez Ruiz, Patricia Pacheco Salinas, Cornelio Pegueros así como también asistió el director de Saneamiento de la CNA, Delfino Neatitla López, a quien expusieron que la explotación irracional de recursos pétreos como arena, grava y piedra está ocasionando daño ecológico en la cuenca del río San Miguel, mejor conocido como Coyuca.

Exigieron conocer el permiso o concesión de explotación de la empresa quebradora de piedra, propiedad de Miguel Cuevas Castañón, y la suspensión inmediata de la explotación hasta no conocer el daño ecológico que está causando esto después de que realice un estudio de impacto ambiental; asimismo pidieron también conocer el costo de la explotación y el destino de los recursos.

“Cuando se hace un extracción de recursos naturales la o las empresas involucradas tienen la obligación de aportar un recurso al municipio que se vea reflejado en obras de beneficio social “y esta empresa no lo ha hecho”, se quejó el presidente del FCC, Ricardo Martínez Ruiz.

El director de Saneamiento de la CNA, Delfino Neatitla López se comprometió a realizar una visita al municipio de Coyuca para tratar mas a fondo el problema del saqueo ya que adelantó que posiblemente haya autoridades de la CNA en contubernio con los dueños de la empresa quebradora de piedra.Casi al término de la reunión los frenteciviquistas expusieron también que el río está altamente contaminado ya que recibe descargas de aguas negras de los poblados de Aguas Blancas y Tepetixtla.Para hacer mas verídico su reclamo llevaron fotos e investigaciones realizadas por miembros de FCC en las que constatan que los drenajes de esos poblados desembocan en los cauces del río. Pidieron que sean personal especializado de la CNA quien valorice la obra del pozo profundo que el agua que vierta sea comparado con la calidad del agua del río, esto para que demuestre lo efectivo que resulta el funcionamiento del pozo profundo.También pidieron que la CNA ayude a gestionar para conseguir un transformador de 450 kilowatts para que funcione la obra del pozo profundo y la población no reciba el agua con residuos fecales como actualmente se recibe.

 Eduardo Albarrán, corresponsal, Iguala * En la sesión del Cabildo de Iguala realizada ayer por la noche, salieron a relucir documentos alterados que fueron presentados por el regidor perredista Daniel Patiño Urióstegui, sobre el conflicto del tianguis del mercado municipal, por lo que el pleno acordó suspender las obras de construcción de nuevos locales y abrir una investigación.

Según informes del comerciante Francisco Javier Copeño sobre este conflicto que hay en el área del tianguis del mercado municipal, en donde se pretende construir locales para beneficiar a los seguidores de Alfredo Jacobo Ruiz, se encontraron licencias de construcción duplicadas y con las firmas del alcalde Juan Muñoz Caballero, así como del director de Obras Públicas, Samuel Porras Adán, por lo que el Cabildo acordó que se suspenda la obra hasta que se realice una investigación y se deslinden responsabilidades de funcionarios del gobierno municipal, entre los que destaca el alcalde Muñoz Caballero.

Informó que será en sesión de Cabildo, el próximo 18 de noviembre, cuando se determine si es que la obra continúa, se suspende o se determinan las condiciones en que se utilizará.

Rechazó que los comerciantes del Frente de Defensa del Mercado Adrían Castrejón estén en contra de que se realicen adecuaciones y obras en el mercado, “lo que queremos es que se actúe conforme a derecho y realmente haya posibilidades de beneficio para quienes necesitan un espacio para comerciar y no darle a beneficios a los Jacobo Ruiz”, que son quienes han construido casas en los terrenos del mercado municipal con la anuencia de las autoridades municipales y del gobierno del estado.Indicó que en una de sus visitas recientes el gobernador René Juárez Cisneros le entregó a Alfredo Jacobo Ruiz un cheque por 200 mil pesos para la construcción de esos locales que “todos sabemos que son para beneficiarse él y sus familiares”.Indicó que han sido los Jacobo Ruiz los que siempre se han beneficiado con las concesiones del mercado municipal, ya que “ellos son lo dueños reales aunque los permisos no estén a su nombre”, por eso es que demandan que se haga una investigación para determinar a quienes se está beneficiando y que “en su momento” sea el ayuntamiento directamente el que se encargue de rentar los locales, siempre y cuando no sean prestanombres de esa familia o de otros líderes.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) presentará este sábado un documento al Grupo de Trbajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, con casos de represión a dirigentes de organizaciones sociales, informó la dirigente en este municipio Rocío Mesino Mesino.

Anunció que integrantes de esa organización expondrán al Grupo de Trabajo de la ONU este sábado en Acapulco , casos de detenciones arbitrarias.

Mesino dijo que se expondrá principalmente el caso del dirigente de la OCSS de Coyuca de Benítez, Jerónimo Hernández Refugio, así como las detenciones arbitrarias que se han venido dando por parte del Ejército y la Policía Judicial del Estado, la Agencia Federal Investigadora (AFI), en particular el caso del ex comisario de El Cucuyachi, en la sierra de Atoyac, Cornelio Barrientos Cortés.

Señaló que se informará sobre las últimas cosas que se han venido dando en contra de dirigentes sociales como llamados a declarar, hostigamiento, detenciones, torturas e interrogatorios sobre Miguel Angel Mesino, su hermano, que en cada tortura sale a relucir su nombre como presunto miembro de grupos armados.

Con respecto al caso de su hermano, Rocío Mesino señaló que expondrán que no quieren “que se repita lo mismo de la década de los setentas en donde por tener vinculación a un apellido agarraban a todo mundo y deslindan a su familia del movimiento social y de las presuntas organizaciones armadas que buscan vincular a ellas y su padre”.

El caso de Omar Guerrero Solís, presidente del Comité de Presos Políticos del Cereso de Acapulco, se expondrá en este foro debido a la huelga de hambre que emprendió y no se ha avanzado en los acuerdos para agilizar la ley de amnistía.

Se planteará también el caso de Camelo Arias, a quien se acusa de secuestro y purga una condena en le Cereso de Tecpan, como consecuencia de que se le condenó bajo golpes y no conforme a derecho.

Apuntó que los gobiernos federal y estatal han querido desprestigiar la imagen de la OCSS como una organización vinculada con secuestradores, eso es después de que  no pudieron desprestigiarlo con dinero, represión, cárcel, tortura y desapariciones forzadas.

La dirigente dijo que es preocupante la situación para los líderes de organizaciones sociales porque se está buscando darle otra visión al pueblo que defienden.Expuso que la guerra sucia también será un tema que tocarán porque Arturo Acosta Chaparro, director la Policía Judicial del Estado en esa época, actuó bajo una orden y lo mismo que Francisco Quirós Hermosillo es responsable de la guerra sucia y “se tiene que hacer  justicia para un pueblo que tiene desaparecidos y no se sabe nada de ellos”, señaló.Por otra parte, adelantó que la integrante de la OCSS Norma Mesino será representante de México en el Foro Internacional sobre la Represión, en Canadá, que se realizará los primeros días de noviembre donde se abordará la guerra sucia, la represión del magisterio

 Jorge Nava * El dirigente de la OCSS, Jerónimo Hernández Refugio y su cuñado Victorino Valente Ventura rindieron su declaración preparatoria ante el juzgado segundo de Distrito, donde se les acusa por presuntos delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En la causa penal 92/2002-IV, con el cuarto secretario adscrito al juzgado Segundo de Distrito, después que a ambos se les decretó el auto de formal prisión en el Juzgado Segundo Penal por los delitos de robo y lesiones en agravio del presunto agraviado, José Píndaro Mendoza, a los indiciados se les consignó al juzgado de distrito por la portación de una escopeta calibre 12, una carabina M1 y una pistola calibre .380.

Al secretario de acuerdos del juzgado, Jorge Galván Martínez; Hernández Refugio le declaró que fue obligado a posar con las armas a los reporteros que acudieron a fotografiarlo porque, asegura que, se “vio amenazado” por el comandante de la Policía Motorizada, Celerino Bibiano Pineda.

Pidió a Galván Martínez que asentara que Bibiano Pineda lo desapareció el 22 de septiembre de 1997. Agregó que posó con las armas y declaró en el Ministerio Público de Coyuca de Benítez que las armas eran de ellos porque Bibiano Pineda lo atemorizó a razón de que lo amenazó de matar a su esposa o a cualquiera de sus hijos.

Aclaró que no ratificaba la declaración ministerial rendida en el MP del fuero común de Coyuca, pues dijo que prueba de su inocencia, es que se esclareció en el juzgado Segundo Penal.

Hernández Refugio precisó que el día de la detención se dirigía junto con su cuñado a la comunidad de Aguas Blancas, donde se reunirían con Epigmenia Hernández García para informarle sobre una reunión en la ciudad de México.

Por su parte, Valente Ventura declaró en ese mismo sentido. Agregan que ambos se detuvieron en unas palmeras donde se sentaron a comer cocos, cuando llegaron los agentes de la Policía Motorizada y los detuvieron.

El abogado de los enjuiciados, José Sánchez pidió al juez segundo de distrito, Francisco Esteban González, la ampliación del término constitucional, además solicito interrogar a los agentes de la Policía Motorizada de Coyuca de Benítez que detuvieron a sus clientes.

Otro de sus peticiones fue interrogar a peritos en balística y al presunto agraviado José Píndaro Mendoza.

Será el próximo miércoles cuando a los presuntos responsables detenidos el 20 de noviembre cerca de la comunidad de Las Pozas, se les venza a las 11 de la mañana, la ampliación del termino constitucional.

El lunes, el defensor de los detenidos, José Sánchez ofreció al juez la declaración de los dos testigos de descargo, Epigmenia Hernández García y Domingo Loeza García, quienes según el abogado, les consta que los indiciados son inocentes de los hechos que se les imputa.Trascendió que si los dos indiciados hubiesen pagado la fianza en el juzgado Segundo Penal para gozar de la libertad bajo fianza, a las afueras del Cereso de Acapulco, agentes de la AFI los iban a esperar, pues según ya había una orden de detención girada por el MP federal.Ambos se les acusó en la averiguación previa Tab/Coy/01/318/2002, de secuestro en grado de tentativa, portación de armas prohibidas y lesiones, en agravio del celebrador católico Píndaro Mendoza.

 Brenda Escobar, corresponsal, La Unión * El síndico procurador de La Unión, Francisco Reynosa Torres, calificó como un “elefante blanco”, el Centro de Readaptación Social (Cereso) que fue inaugurado en septiembre por el gobernador René Juárez Cisneros, toda vez que el secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, “cuando lo inauguró, dijo que en ocho días estaría funcionando y hasta la fecha sigue como elefante blanco”.  Mientras tanto, el señor Jesús Reséndiz González, herrero de esta cabecera municipal dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado (SDUOP) le adeuda la cantidad de 38 mil 825 pesos, por concepto de trabajo de herrería en este penal y no le han querido pagar.  El responsable de la seguridad pública en este municipio dijo lamentar que pese a que esta cárcel fue inaugurada por el gobernador hace dos meses no ha habido mucho avance para que opere normalmente “por lo que podemos considerar que hasta estos momentos es un elefante blanco porque sinceramente no hemos visto que ya se le haya dado de alta a personal para que ahí esté laborando a pesar de que se dijo que en ocho días esto iba estar funcionando y sí está en el abandono”. Reynosa Torres señaló que el objetivo de construir este penal fue para disminuir la sobrepoblación del Cereso de Zihuatanejo, “pero vemos que seguimos igual (…) el Secretario de Seguridad Pública dijo que en ocho días iba a estar funcionando y nos dio gusto porque los habitantes de La Unión pensábamos que iba a haber más fuentes de trabajo pero nos informan que todo el personal viene de otras ciudades”. Sobre las irregularidades con las que se construyó este penal, como es el desagüe del drenaje de manera directa al río de este lugar y los adeudos a trabajadores, el síndico procurador apuntó que “como ayuntamiento nosotros no tuvimos que ver en nada, ahí fue el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Juan Farrill y desconozco si el drenaje desembocará al río”.

Consideró que a René Juárez Cisneros lo engañaron sus secretarios de la SDUOP y Seguridad Pública, “le informaron que ya faltaban algunos detalles y creo que lo engañaron, porque sinceramente ya van más de dos meses y no ha habido ningún avance, al gobernador se le debe de informar y no que lo engañen diciéndole que faltan nada más poner una ventana y detallitos”.  Pidió la intervención de René Juárez Cisneros para que este centro penitenciario ya empiece a funcionar “como es debido, con la idea de que los demás centros se desahoguen un poco, como el de Zihuatanejo y sobre todo que ya se inauguró y queremos que se haga efectivo”, dijo. 

Por su parte, el herrero Jesús Reséndiz González, refirió que fue contratado por una persona de nombre Arnoldo Sergio Guevara Vión para hacer todo el trabajo de herrería del Cereso, haciéndose una cuenta de 139 mil 825 pesos, “que me la han venido pagando a cuenta gotas, y desde hace meses que no me han dado nada, nomás me vienen diciendo que me van a depositar diez mil pesos y no es cierto”.Dijo que actualmente ha gastado más de 500 pesos en llamadas de larga distancia para pedir que le sea cubierto su adeudo, “pero como ya saben para quien es, ni siquiera quieren contestarme y la secretaria los justifica con pretextos de sobra conocidos”.El herrero responsabilizó a la SDUOP de estarle reteniendo su pago, “fue un trabajo que ya se hizo, lo que no sé es que le hicieron a mi dinero y ahorita tengo encima a la empresa que me dio a crédito el material para que yo trabajara y ese negocio no entiende que el gobierno del estado no me quiere pagar”.