* Acuerdan afectados que solicitarán una audiencia pública con el procurador de Justicia Jesús Ramírez Guerrero

 Jorge Nava * Repartir volantes en todo el puerto y solicitar a los comerciantes del puerto que se sumen a la lucha para exigir un alto a los robos contra establecimientos, fue el acuerdo durante una reunión entre joyeros y vendedores de la calle 5 de Mayo.

Allí indicaron que de no resolverse en los próximos días el caso del joyero Juan Manuel Guillén Peñuelas, a quien el martes de la semana pasada le robaron 2 millones de pesos en prendas de oro y dinero en efectivo de su negocio ubicado en 5 de Mayo, efectuarán otro bloqueo pero con el apoyo de comerciantes de otras zonas.

El lunes por la noche, 20 locatarios establecidos se reunieron en la zapatería Andrea, ubicada en la calle 5 de Mayo.

Entre las actividades que previeron están pedir una audiencia pública con el procurador de Justicia en el Estado (PGJE), Jesús Ramírez Guerrero, convocar a otros comerciantes a su lucha y reunirse con los vendedores de la calle Vallarta.

En la reunión estuvo Adela María Guillén Peñuelas, hermana del joyero afectado.

Por parte de los comerciantes se escucharon quejas sobre la actuación de la Policía Judicial del Estado (PJE) en el caso del robo de Guillén Peñuelas y de otros que ya se han suscitado.

Argumentaron que si continúan los robos provocarán una crisis a los vendedores.

Adela María Guillén señaló que tanto el delegado de la PGJE en el municipio, Efrén Suástegui Mayo, y el comandante de la PJE del Sector Central, Javier Villalobos, se portan “groseros” cuando acuden a sus oficinas para informarse del avance en las investigaciones del robo.

Recordó que una de sus hermanas, Sara Angelina, acudió a la reunión del lunes con agentes del Ministerio Público adscritos a la dirección de Averiguaciones Previas de la PGJE, en la delegación de esa dependencia, pero que allí el comandante Javier Villalobos le dijo “que se fijara en lo que hablaba”.

En la junta los comerciantes desmintieron la versión de que una parte del monto de lo robado en prendas de oro fue devuelto a Juan Manuel Guillén.

Entre los vendedores estuvieron los joyeros Miguel Avila Dávila, Alicia Cisneros, María López Iglesias, Eligio Laurel Contreras y Elvia de la O, además del integrante de la Unión de Comerciantes Establecidos del Centro (UCEC), Gustavo Téliz Hernández, entre otros.

No tenemos antecedentes de La Vaca: PGJE

El delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Efrén Suástegui Mayo, informó que no cuentan con antecedentes de Moisés Zenif González Adame, alias La Vaca, quien fue señalado por joyeros como el autor de los diversos robos cometidos en la calle 5 de Mayo.

Por otro lado, el comandante regional de la Policía Judicial del Estado (PJE), Teodomiro Lara González, indicó que: “no dudo, pero tampoco acepto” el señalamiento de los joyeros de que agentes de esa corporación reciben 27 mil pesos mensuales por dejar actuar a los asaltantes.

Al pedirle a Suástegui Mayo los antecedentes penales de González Adame, hijo de Martha Ruth Adame Téllez, hermana de la regidora priísta Magda Adame, el funcionario justificó que no cuenta con el expediente de dicha persona.

Según declaraciones vertidas por los comerciantes durante la protesta del viernes pasado, a González Adame lo relacionan con diversas averiguaciones previas que han presentado por robos en joyerías y comercios de esa zona del Centro de la ciudad.

Pero Suástegui Mayo subrayó que no tiene los elementos para declarar sobre ese asunto.

En lo que respecta a comerciantes que acusan a agentes de la PJE de estar coludidos con los delincuentes de esa zona, el funcionario lo consideró como “apreciaciones personales”.

Dijo que espera que lo dicho por los vendedores no se convierta “en algo sin fundamento”, porque tendrán que probarlo.

Por su parte, Lara González dijo que son los comerciantes quienes cuentan con antecedentes de La Vaca, pues poseen recortes de periódicos que datan de 1996.

Aseguró que continuará con la investigación del robo contra el joyero Juan Manuel Guillén Peñuelas, perpetrado el martes pasado, y que el resultado lo espera dar a conocer en los próximos días.

Dijo que no duda en presentar a nadie de los involucrados en el robo, aún si encuentran entre ellos a agentes de la PJE.

Lara González indicó que la opinión vertida por los joyeros sobre la complicidad de judiciales y asaltantes se trata de opinión de un grupo y no de todos los ciudadanos.

Mientras que el agente determinador de la Primera agencia del Ministerio Público, Rafael Meza Adame, informó que de la averiguación previa Tab/I/1123/2002 comenzada por el joyero Guillén Peñuelas, en la que el comerciante relaciona a La Vaca como responsable del robo, únicamente se presentaron a declarar a dos personas.Ellos fueron un ex trabajador del empresario, dueño del establecimiento Pie Monte, ubicado en el local 5C de la calle 5 de Mayo, Omar Ríos Ramírez, y un amigo de éste, Manuel Gutiérrez Mendoza.Detalló que Ríos Ramírez negó que haya perpetrado el robo, pero que sí supone que fue La Vaca el responsable.Meza Adame añadió que Guillén Peñuelas asentó en la averiguación que sospechaba de su ex empleado, Ríos Ramírez, porque conoce el sistema de alarma del local y es “amigo” de La Vaca.Aclaró que la instancia sólo le pidió a la PJE la presentación de Ríos Ramírez para declarar con relación a los hechos.Abundó que tanto el ex trabajador y su amigo declararon la medianoche del martes, cuando sucedió el robo.

 * Nos quieren dar 25 mil pesos por una hectárea, mientras que el gobierno estatal la vende en 40 millones de pesos para hoteles y casinos, asegura Guillermo Rodríguez, uno de los afectados

 Karina Contreras * Ejidatarios de Alfredo B. Bonfil señalaron que las expropiaciones que ha hecho el gobierno de René Juárez Cisneros son un abuso de poder.

Señalaron que lo poco que tienen se los quieren quitar para venderlo en millones de dólares a los extranjeros y construir grandes hoteles y casinos, mientras que a los ejidatarios no se les paga ni siquiera la indemnización justa.

Asimismo, Guillermo Rodríguez González, uno de los afectados, denunció que el 18 de septiembre de 2001 el gobernador le expropió cinco hectáreas, y que no se las quiere pagar.

Señaló que hace cinco años él le compró a los ejidatarios cinco hectáreas que cultivaba, pero cuando estaba en Cuernavaca le avisaron que la policía resguardaba su propiedad, además de que se habían apropiado de los predios de otras 20 familias; en total –calculó– se expropiaron 32 hectáreas en ese ejido.

Dijo que hasta el momento Juárez Cisneros  no le ha pagado sus tierras, pero que éstas no deben ser expropiadas por el Ejecutivo estatal sino por el presidente de la República.

Por lo que –señaló– las acciones de Juárez Cisneros son expropiaciones ilegales que no proceden. “Hay un abuso de poder del Ejecutivo estatal, porque incluso ya mandó maquinaria para derribar los árboles”.

Rodríguez González indicó que primero atemorizan a la gente que nada puede hacer contra los policías, y luego la citan en Protur donde le quieren pagar 25 mil pesos por una hectárea mientras que ellos venden en 400 dólares el metro cuadrado, lo que suma 40 millones por hectárea.

Explicó que él interpuso dos amparos contra el despojo del cual fue objeto por  parte del gobernador. El primero –dijo– está bajo el número 947 en el Juzgado Cuarto de Distrito y el segundo en el Juzgado Segundo de Distrito.

Pero aclaró que el primero lo perdió por sobreseído, por lo que acusó a los magistrados de no llegar al fondo del asunto, “y sólo buscan la forma para no acreditar la legalidad de la posesión de la tierra”.

Señaló que las tierras expropiadas valen cerca de 150 millones. Por esta situación –informó– se unirán al Frente de Defensa del Campesino, que aglutina a varios ejidos que han sido despojados de las tierras.Rodríguez González indicó que les quieren quitar sus tierras para venderlas a los extranjeros y hacer grandes hoteles y casinos.Por su parte, el integrante del frente campesino, Juan Carlos Hernández Godoy, explicó que en varios ejidos como El Podrido, Plan de los Amates, Alfredo B Buenfil y Puerto Marqués ha habido muchos despojos.Señaló que el ejido de la Bonfil vive una situación muy difícil, por lo que exigen una reunión urgente en Protur para agilizar las demandas que ya se han levantado, o se deje a los campesinos en la libertad de ofrecer su tierra al precio que ellos quieran.Dijo que en los cuatro polígonos turísticos ejidales se ven afectadas más de tres mil familias que están bajo análisis en los procesos expropiatorios que se les han hecho.Ante los hechos, Hernández Godoy señaló que el frente brindará asesoría jurídica a los campesinos.

 * La piratería es consecuencia del desempleo, dice Gregorio García

 Karina Contreras * El dirigente del mercado El Parazal, Gregorio García Dolores consideró que la piratería no existiría si hubiera fuentes de empleos. Agregó que quienes la realizan saben que es un delito pero las circunstancias “los obligan a trabajar de esa manera”porque el gobierno no ofrece alternativas de empleo.

Manifestó el dirigente de comerciantes de Tepito que si en el puerto hubiera industrias, muchos de los que venden productos piratas trabajarían en ellas.

Garcia Dolores agregó que la piratería es un problema social a nivel nacional e internacional, y que quienes se dedican a eso lo único que hacen es vender “que les alcanza para ir sobreviviendo”. Insistió que la falta de empleo los obliga a trabajar “en lo que encuentren”.A  García Dolores se le preguntó como actuarán los locatarios en caso de que la PGR y el AFI entren a decomisar mercancía dentro del mercado Tepito, como lo hicieron el domingo en el mercado La Diana, y el dirigente sólo respondió que tendrán que esperar a que eso suceda. Pero agregó que seguirán trabajando mientras se pueda.Sobre la posibilidad que los locatarios del mercado Tepito se unan al frente que están conformando otros mercados ante los operativos de la PGR para decomisar mercancía pirata dijo que “primero se tendrá que analizar (la situación) con los comerciantes”.

 * Más de 2 mil negocios adeudan impuestos, informa

 Karina Contreras * La dirección de Reglamentos y Espectáculos ha generado a las arcas del ayuntamiento, por concepto de multas, más de 700 mil pesos en tres meses, dijo Benjamin Goíz Sandoval.

También informó que todavía continúan clausurados algunos negocios que violaron la ley seca impuesta por el Consejo Estatal Electoral (CEE) en las elecciones del 6 de octubre. Agregó que las multas variaron entre  5, 10 y 15 mil pesos, y muchos de los multados fueron reincidentes.

Entrevistado en su oficina, Goiz Sandoval  informó que la dirección de Ingresos tiene registrados a más de 2 mil negocios que no han pagado sus impuestos. También informó que en próximos días se realizarán clausuras en algunos establecimientos, incluso de la Costera.

El funcionario municipal dijo que no quiere parecer arbitrario, pero su obligación es hacer cumplir el reglamento. Dijo que en las clausuras nunca ha existido mala fe contra nadie ni tampoco cuestiones políticas.Manifestó que incluso la dirección los ha invitado a negociar para que se establezcan convenios de cómo poder pagar, pero hasta el momento han hecho caso omiso.Goiz Sandoval lamentó la falta de cooperación de los dueños de los establecimientos, ya que dijo que todo lo que se recaba es utilizado para brindar obras y servicios a la ciudadanía.Finalmente dijo que al ayuntamiento, en cuestión de infracciones, han entrado más de 700 mil pesos como consecuencia de la clausura de centros nocturnos, muchos de ellos importantes.

 * Hacen falta leyes fiscales equitativas y mayor presencia de los ayuntamientos en las acciones federales, dice el presidente municipal en la ciudad de México

 Ciudad de México * Mayor presencia de los municipios en la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, entendimiento entre el estado y la federación, nuevas potestades a los municipios y apertura a las representaciones municipales para ser auténticamente parte del pacto federal fueron algunas de las propuestas hechas por alcaldes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó el presidente municipal Zeferino Torreblanca Galindo.

Según un boletín, entrevistado por representantes de los medios de comunicación capitalinos, el alcalde manifestó que el conjunto de los primeros ediles esperaban más de la reunión, al menos un mayor entendimiento o reuniones permanentes como las que se sostienen con los gobernadores de los estados, sin embargo solo se manifestó que en fecha próxima los municipios tendrán voz en la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, para la cual aún no existe una fecha definida.

El presidente Torreblanca Galindo insistió en la necesidad de una ley de coordinación fiscal más ágil ya que, como en el caso de Guerrero existen municipios donde ni siquiera conocen un sistema de computo “y por los mismo no podemos aplicar por igual leyes burocráticas y complicadas, es necesario aplicar un criterio diferente para dar la equidad a los gobiernos municipales menos favorecidos.De ahí pues, agregó, que se requieran de nuevas potestades a los ayuntamientos, ya que actualmente solo se tienen para reglamentar y no para legislar y menos en otras acciones que permitan ampliar la capacidad de recaudación. Es un punto en el que debe avanzarse a la brevedad posible.En la reunión estuvieron presentes el secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado, y el subsecretario Agustín Cartens.

 Alfredo Mondragón * La presidenta del DIF municipal, Gala Martin de Torreblanca, lamentó que “tristemente” este municipio sigue en el primer lugar en casos de prostitución infantil”, como lo dio a conocer un estudio de la UNICEF.  

“Es un problema social difícil de combatir pero no imposible, por lo que seguimos con nuestras brigadas nocturnas de convencimiento para que no haya esa demanda”, indicó.

Gala Martin agregó que en esta administración, en el albergue Plutarca Gómez Maganda han ingresado de 25 a 30 niños que han sido víctimas de este delito.

Lo anterior durante la entrega de 36 aparatos auditivos y ortopédicos a personas con capacidades diferentes, todo con un costo total de 90 mil pesos. Con esto suman mil 200 apoyos que otorga esta administración.En su penúltima entrega de aparatos en diferentes zonas del puerto, Gala Martin estimó que en el puerto hay unas 60 mil personas con capacidades diferentes, de las cuales destacan los que presentan parálisis de cuerpo y cerebral, pero “no hay un censo real”.Agregó que hay casos de los cuales “ni nos enteramos, porque la familia no saca a los pacientes para que reciban los beneficios de los programas de asistencia social”.

 Ossiel Pacheco * Tras un año de espera, integrantes de la Policía Preventiva Rural –antes Comunitaria– del poblado Laguna de El Quemado recibieron ayer cinco bicicletas de montaña, las cuales fueron entregadas por el síndico procurador Oscar López Vázquez, quien afirmó que éstas servirán para combatir los asaltos contra las camionetas pasajeras.

Durante una reunión en su oficina, López Vázquez entregó las bicicletas a los policías Ignacio González Hernández, primer comandante; Luis Javier Teresa Memije, segundo comandante, y Luis Cabrera Santiago, Alberto Hernández Gaspar y Jaime Dorantes González, quienes están a cargo de la seguridad de los habitantes de San Antonio, La Estación y Laguna del Quemado, ubicados sobre la carretera federal que va a la Costa Chica.

González Hernández explicó que este grupo de policías surgió hace casi cinco años con el nombre de Policía Comunitaria, por decisión de asambleas en los poblados afectados por los constantes asaltos carreteros, pero que hace año y medio cambiaron el nombre a policías preventivos rurales, a propuesta del alcalde Zeferino Torreblanca Galindo.

Estos policías rurales –dijo– no perciben un salario, aunque el ayuntamiento mensualmente les paga 2 mil pesos que reparten equitativamente entre el grupo responsable de la vigilancia de San Antonio, ubicado a orilla de la carretera federal que da a la Costa Chica y donde se ubica el entronque de la brecha de terracería que va a los poblados de La Estación y Laguna de El Quemado.

Estos tres poblados –estimó el primer comandante Ignacio González Hernández– tienen unos 2 mil habitantes a quienes brindan seguridad y pertenecen al ejido de La Estación.

Indicó que antes tenían que recorrer a pie una brecha de terracería, que va de Laguna de El Quemado y La Estación hasta llegar a San Antonio; así lo hicieron durante cuatro años, pero ahora lo harán en las bicicletas de montaña que el síndico procurador les entregó tras un año de gestiones.Señaló que debido a que cada uno sólo recibe 400 pesos mensuales de parte del ayuntamiento, por la mañana se dedican a la pesca y a partir de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde patrullan la zona; para ello –dijo– utilizan tres rifles M-1 que les asignó la SPV.Para la compra de las cinco bicicletas de montaña, equipadas con bombas manuales, una llanta de refacción y cilindro para agua, el ayuntamiento gastó 4 mil 100 pesos.

 Jorge Nava * Ayer fue puesto en libertad el agente de la Policía Federal Preventiva (PFP) detenido el lunes por allanar una vivienda en la colonia Sinaí, pero el agente determinador del Ministerio Público de Mozimba se negó a dar información sobre ese caso.

El lunes por la tarde, la asesora del departamento jurídico de la SPV, María Guadalupe Morales, puso a disposición de la agencia del MP de Mozimba al sargento segundo de la Policía Federal Preventiva, Alberto San Martín Hernández, por el presunto delito de allanamiento de morada.Del caso la Policía Preventiva mantuvo hermetismo, pues el agente de la PFP fue detenido a las 7 de la mañana del lunes por los policías Tomás Fierro Salgado y Alejandro Ramírez Santiago, luego de recibir una llamada de auxilio de Reyna Rojas Morales, porque dentro de su domicilio ubicado en la calle 16 de Septiembre, de la colonia Sinaí, encontró a un hombre.Fue a las 15:25 horas que la policía puso a disposición del departamento jurídico de la SPV a San Martín Hernández, originario de San Miguel de los Hawyes, estado de México.

 * las minutas firmadas para solucionar los conflictos políticos-labores de la CETEG y la Sección 14 del SNTE no han sido cumplidas

 Raquel Santiago Maganda * Maestros afiliadas a la CETEG denunciaron que la SEG no han cumplido los acuerdos para dirimir los conflictos políticos-laborales del estado entre cetegistas e institucionales.En conferencia de prensa en el Café Astoria, la comisionada de gestoría en el puerto, Reyna Castañeda Hernández denunció que las minutas firmadas hace unas semanas para solucionar los conflictos políticos-labores de la CETEG y la Sección 14 del SNTE no han sido cumplidas.Informó que hoy se esperan movilizaciones en la Subcoordinación de la Costa Grande en Tecpan de Galeana, mientras que en el puerto el fin de semana sesionará el Congreso y allí determinarán las estrategias políticas con la intención de presionar a las autoridades.

En la conferencia se abordó el problema en la Zona Escolar 60, donde el supervisor cetegista Cipriano Gutiérrez Niño no es reconocido por los directores llamados institucionales.

Gutiérrez Niño mostró la minuta firmada el 8 de octubre del 2002 derivada de la reunión entre una comisión de servidores públicos de la SEG, con representantes del comité democrático de la CETEG.

El supervisor acusó a las autoridades también de no resolver el problema, al mencionar que para la solución del conflicto en la Zona 60, el viernes pasado, el subsecretario de Educación Básica Adrián del Villar iba a convocar a otros funcionarios educativos, al supervisor impugnado y a todos los directores de la zona para que fuera reconocido como único enlace.

Esto no se realizó, según dijo Cipriano Gutiérrez, porque las autoridades cambiaron de sede por lo menos dos veces y dijo que durante más de dos horas los estuvieron esperando en la Escuela Secundaria Federal 1. Acusó que Adrián del Villar estaba reunido en Vips al mismo tiempo.

Aseguró que ante la falta de respuesta abordará al gobernador del estado René Juárez Cisneros y al titular de la SEG, Daniel Pano Cruz “en cualquier circunstancia” para reiterarle que solucione el conflicto por medio de su reconocimiento como único supervisor. Agregó que el subcoordinador Raúl Vega Astudillo “ha bloqueado su desempeño” al mencionar que como supervisor no le han entregado documentos oficiales y “no es imparcial”.La minuta acordada también plantea la solución a otros conflictos laborales-políticos en la zona escolar 23 de preescolar, y en sector 07 en donde el titular Raúl Casas Hernández no es reconocido como tal.

Raquel Santiago Maganda * El Programa de Acreditación de conocimientos del nivel bachillerato promovido por la SEP, se ampliará dos días más en el país.Así lo informó la coordinadora del Colegio de Bachilleres en el puerto, Rosalba Antonio Martínez quien dijo que hasta el momento tienen inscritos a 140 personas, pero cerca de mil aspirantes no han podido ingresar porque carecen de su certificado de primaria, indicó.

La coordinadora del único subsistema del estado acreditada para el programa, informó que varios de los solicitantes no alcanzaron a inscribirse como lo marcaron las fechas de inicio por orden alfabético, y por eso se amplió la convocatoria los días 17 y 18 de octubre, fechas en las que las personas pueden presentarse a la coordinación del Colegio de Bachilleres sin importar la letra inicial del primer apellido ni el lugar de residencia. Rosalba Antonio informó que hasta ayer se inscribieron 140 aspirantes a acreditar el bachillerato, esto representa sólo el 1.3 por ciento del registro nacional que asciende a 10 mil 645 personas en las 43 sedes ubicadas en el país, según datos de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la Secretaría de Educación Pública.

Antonio Martínez señaló que el principal obstáculo para que los cientos de aspirantes no puedan acreditarse más que los mil 250 pesos solicitados por el Ceneval para presentar los exámenes, es que la mayoría no cuenta con su certificado de primaria, y esto impide el ingreso al programa.Dijo que la expectativa es que el 17 y 18 de octubre acudan cientos de solicitantes tanto de sindicatos cuyos representantes han solicitado información, como de personas independientes que por cuestión de desinformación no lograron sacar su ficha.Los requisitos para solicitar la acreditación del bachillerato son: tener 25 años cumplidos o más; presentar solicitud de acreditación, la cual se puede obtener en los Centros de Registro; original y copia del certificado de secundaria; copia de la CURP o del acta de nacimiento; identificación oficial con fotografía, y un pago inicial de mil 250 pesos por la aplicación de las dos primeras fases de la evaluación. En caso de aprobar las dos primeras fases, se realizará un pago adicional de mil 250 pesos por la aplicación de la tercera fase.