Raquel Santiago Maganda * Los padres de familia de la escuela primaria Raúl Isidro Burgos de Ciudad Renacimiento continúan con el cierre de su escuela en demanda del remozamiento del techo de su escuela, que desde hace más de un año se ha venido desgajando.La madre de familia, Luz Elena Justo Aquino informó que hasta ayer en la tarde los padres mantenían el cierre de la escuela, y todavía no decidían si iban a bloquear la avenida José López Portillo hoy en la mañana.El lunes más de 60 padres de familia impidieron que los maestros ingresaran al plantel porque argumentan que nueve salones representan un peligro para sus hijos, después de que el 30 de septiembre de este año la Dirección de Protección Civil Municipal lo confirmara por medio de un dictamen.Todavía el lunes en un comunicado de la SEG informó que los padres tienen una cita con el subsecretario de Planeación Educatica, Jorge Salgado Leyva y con esto se comprometieron los inconformes en no realizar ningún bloqueo o movilización.

 Raquel Santiago Maganda * El director de la escuela primaria Miguel Hidalgo Costilla ubicada en el municipio de Coyuca de Benítez, Jesús Avila Apolonio denunció que a un año de que el sismo de 6.1 grados en la escala de Ritcher dañara la infraestructura escolar, no ha comenzado la reparación y reconstrucción de su plantel.Durante su visita a las oficinas de la Subcoordinación de Servicios Educativos Región Acapulco-Coyuca de Benítez, el director fue acompañado por el presidente del Comité de Padres de Familia José Pilar Arzeta y dos madres de familia. El director de la escuela ubicada en la comunidad Carrera Larga se quejó de que las autoridades de Planeación Educativa no les dan solución a su problema, al mencionar que sólo se limitan a decirle que reúnan los requisitos formales de solicitud para que el CAPECE los considera para su programación de construcción.Describió las condiciones de la escuela rural. Dijo que las paredes, techos y soportes se encuentran agrietadas, y que aún los 90 niños que reciben instrucción utilizan los salones porque en temporada de lluvias no tienen otro lugar.

 * La carta de intención firmada con las dirigencias del STAUAG y el STTAISUAG plantea el reconocimiento real de la antigüedad de los trabajadores universitarios que va a beneficiar las jubilaciones y pensiones, señala * Podrán lograr las 20 prestaciones completas que otorga el ISSSTE, informa

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El director general de Desarrollo de los Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Samuel Reséndiz Nava desmintió que la Carta de Intención que firmaron el pasado 18 de septiembre los sindicatos universitarios STAUAG y STTAISUAG, vulnere los derechos laborales incluidos en sus respectivos contratos colectivos de trabajo.

En entrevista, explicó que en esta Carta de Intención, se incluye un reclamo que han tenido siempre los trabajadores universitarios, y que han planteado en muchas ocasiones al ISSSTE para que se reconozca la antigüedad real del personal que labora en la UAG “es una demanda que impulsa tanto la administración como el sindicato”.

Dijo que resulta extraño que en estos días se dé un escándalo cuando los propios dirigentes de los dos sindicatos, STAUAG y STTAISUAG, son quienes lo han estado solicitando, porque se plantea que el ISSSTE proporcione todas las prestaciones.

“No se vale que ahora en el STTAISUAG algunos digan que no es válido el contenido de esa carta, y que además estén culpando a los dirigentes que lo único que están haciendo es cumplir con lo que demandan sus representados, no lo están demandando los dirigentes de los sindicatos, sino que es la base trabajadora la que lo propuso”.

La Carta de Intención, indicó, plantea el reconocimiento real de la antigüedad de los trabajadores universitarios que va a beneficiar las jubilaciones y pensiones del personal que labora en la UAG, y sobre todo para que puedan obtener las 20 prestaciones completas que otorga el ISSSTE. “Eso llevaría a revisar algunas cláusulas de los contratos colectivos de trabajo, de aspectos que ya no atenderá la UAG, sino el ISSSTE, que es el reclamo que hemos tenido”.

Reséndiz Nava fijo su postura como dirigente de Acción Revolucionaria (AR), y señaló que hubo muchas arbitrariedades en el procedimiento que están siguiendo algunas corrientes políticas sindicales al interior del STTAISUAG, y que se pudo observar en la sesión del Consejo General de Representantes (CGR) del viernes pasado.

Mencionó que la sesión del CGR no incluía en el orden del día la destitución del dirigente del STTAISUAG, Nabor Sotelo Ortiz, y además no se guardaron los ordenamientos del estatuto, por lo que más bien fue una acción de carácter eminentemente política, y fue una manera muy burda la que se pretendió utilizar para presuntamente destituir al comité ejecutivo central.

Planteó que la medida busca confundir a los trabajadores del STTAISUAG, y a los universitarios en general, y sobre todo adelantar tiempos políticos que en nada benefician el desarrollo de la universidad por eso –afirmó– “Acción Revolucionaria no aprueba este tipo de acciones, ya que nos pronunciamos por el retorno a la institucionalidad en todos los sectores, guardando la relación institucional, por eso la medida también fue condenada por el rector Nelson Valle López”.

Indicó que es reprobable la actitud que están asumiendo algunos grupos políticos que tratan de adelantar tiempos y de ganar en la mesa de negociaciones, lo que debieran obtener en las urnas durante el proceso electoral para el cambio de comité ejecutivo central del STTAISUAG.

La carta de intención

La Carta de Intención firmada el pasado 18 de septiembre incluye tres cláusulas: en la primera se dice que la UAG, a través del rector y de los dirigentes sindicales del STAUAG y  del STTAISUAG, están de acuerdo en suscribirla manifestando su disposición para que con ella el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgue el financiamiento correspondiente para el pago al ISSSTE de las cuotas para el reconocimiento de la antigüedad real de todos los trabajadores sindicalizados y con ello se ejerzan los servicios y prestaciones previstas en la ley de esa institución de seguridad social.

En la segunda cláusula se indica que la UAG y los sindicatos se comprometen en la próxima revisión contractual a realizar cambios necesarios en el clausulado de sus respectivos contratos colectivos de trabajo, para que se hagan las readecuaciones que el reconocimiento de la antigüedad real de sus trabajadores origine, de tal manera que las prestaciones similares o iguales previstas en los contratos colectivos de trabajo y la Ley del ISSSTE sean subrogadas al instituto, quien una vez establecido el convenio respectivo será la única instancia obligada a cubrirlas.

Agrega que el otorgamiento de cualquier tipo de pensión originada por las hipótesis establecidas en los contratos colectivos de trabajo y la Ley del ISSSTE, se hará sólo por este instituto, para garantizar como lo establece la convocatoria respectiva que no se generen pasivos por ese concepto, situación que será saldada una vez reconocida la antigüedad real de los trabajadores.Y la tercera cláusula expone que la UAG y los sindicatos, “convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias que se deriven para su cumplimiento, y cualquier duda sobre su interpretación será resuelta de común acuerdo entre las partes; y firman el rector Nelson Valle López, y los dirigentes del STAUAG, Jesús Alvarez Hernández, y del STTAISUAG, Nabor Sotelo Ortiz.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Profesores de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, rechazaron que se hayan presentado a clases una semana después de haber terminado el conflicto.

“Nos enteramos extraoficialmente que el 5 de octubre había terminado el conflicto iniciado el 21 de septiembre”, dijo el secretario de la delegación sindical de ese plantel, Cirilo Nava Damián.

En conferencia de prensa, en donde estuvo acompañado por profesores de esa escuela, señaló que al no recibir ninguna notificación oficial se concentraron el 7 del mismo mes afuera de las oficinas del ayuntamiento municipal “donde se presentó el subdirector administrativo quien nos dijo que por órdenes del director nos trasladáramos a la Normal de Ayotzinapa”.

Manifestó que cuando llegaron a la dirección de plantel, solicitaron que se les informara los términos de la negociación, sobre todo los relacionados con los puntos que afectaban a los trabajadores y que pudieran violentar la normatividad laboral “después se presentó el 8 de octubre el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Esteban Espinosa Peza, nos comunicó que no teníamos derecho a conocer la minuta de acuerdos, ya que no habíamos participado en la negociación”.

Añadió que luego de una fuerte discusión, le permitieron que en su calidad de secretario de la delegación leyera en silencio los resolutivos a la petición de remoción de 15 maestros y la reprobación escolar, “al comprobar que se incluía nuestro derecho a la inamovilidad de su centro de trabajo y en referente a la reprobación la solución sería con apego a la norma, acordamos presentarnos a laborar el 9 de octubre”.

Nava Damián dijo que al llegar al plantel constataron que no había alumnos en las aulas y que estas se encontraban en condiciones en condiciones no aptas para realizar el trabajo escolar, porque los alumnos no se presentaron a clases todo el día “durante el jueves y viernes solo se presentaron 8 alumnos del tercero “A” y 12 del tercero “C”, aunque el subdirector administrativo Magdaleno Carrillo informó a los estudiantes que los profesores no se presentarían durante toda la semana”.

Dijo que hasta ayer las actividades académicas no se han regularizado, los alumnos del tercer semestre solo asisten en un 80 por ciento de sus cursos, y los del quinto semestre en un 83 por ciento, que impide el desarrollo de un clima favorable para desarrollar las actividades.

Respecto a los alumnos que fueron reprobados, mencionó que los estudiante de cuatro año sólo se presentaron a una sola sesión de clases durante todo el semestre, y sólo tenían una oportunidad de regularización, y en cambio querían que se les regalara la calificación, de respetarse la norma estarían dados de baja; hay un grupo en donde de 26 educandos, 23 se presentaron una sola vez.Cirilo Nava Damián aseguró que tienen pruebas de que al SEG en otros momentos otorgó recursos a los estudiantes para financiar sus movimientos “para tenerlos de la gamarra”, como sucedió en 1992.Dijo que hay un presupuesto de 40 millones de pesos al año, pero es cierto que apenas llegan unos 30 millones, pero nadie sabe dónde quedan los otros 10 millones de pesos, ya que cada año se le hacen remodelaciones a la escuela y se reportan grandes cantidades de dinero, además de que los dirigentes estudiantiles se han vendido por dinero.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Sin solución continuó el conflicto al interior del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG); ayer los dos comités ejecutivos centrales, el que encabeza Nabor Sotelo Ortiz, y el que representa Liboria Ramírez Torres laboraron en las instalaciones del sindicato.

Entrevistado en sus oficinas, Sotelo Ortiz, culpó otra vez al Fredeuag, que encabeza el doctor Rosalío Wences Reza y que en el sindicato encabeza Gustavo Avila Serrano a través de un sector de la Corriente Sindical Democrática (CSD), y a Unidad Democrática (UD), que liderea Antonio Torres Montoro y su corriente en el STTAISUAG, la Tendencia Democrática (TD), que impulsa Isauro Cerón Silverio, de ser los responsables del conflicto interno que se presenta en el sindicato.

Asimismo, rechazó que haya firmado convenios de basificación, recategorizaciones o contrataciones al margen del contrato colectivo de trabajo, y recordó que en el periodo del ex rector Florentino Cruz Ramírez, se autorizaron en una primera remesa 75 plazas “de este total sólo siete pertenecían a otras corrientes, y la mayoría eran de la Tendencia Democrática, y en esto tuvo mucho que ver Antonio Torres, cuando fungió como secretario General Administrativo de la UAG”.

Después en una segunda remesa se dieron 45 plazas, de los cuales 10 se repartieron entre las corrientes sindicales, y las 35 restantes fueron para la Tendencia Democrática, que encabeza en el STTAISUAG, Isauro Cerón, y Luis Cardona Avila, lo que motivó que se hiciera una protesta ante el ex rector Florentino Cruz, y se le dijo que los casos que estaba resolviendo eran para una sola corriente, y que iba a provocar problemas en la correlación de fuerzas.

Dijo que por eso cualquier trabajador puede comprobar que en la administración pasada, Torres Montoro otorgó la mayoría de las basificaciones a gente de su corriente política en el STTAISUAG, en este caso la Tendencia Democrática “nosotros hemos actuado apegados al contrato colectivo de trabajo, todos los trabajadores padecieron las trabas y obstáculos  que ponía Torres Montoro a los trabajadores”.

Indicó que en el caso de Valerio Adame Rendón, dirigente de la Corriente Sindical Democrática, siempre ha obedecido lo que le ordena Gustavo Avila Serrano, ya que en el pasado proceso electoral de rector se presentó a las oficinas del sindicato con una lista de seis trabajadores que recibieron su basificación, porque dijo que los había autorizado el propio ex rector Florentino Cruz: “Ahí en esa lista incluía a una amiga suya que tiene menos de diez años laborando en la UAG, y ahora dice que nosotros no apoyamos a compañeros que tienen más de 25 años de antigüedad”.

Recordó que tanto Gustavo Avila, Santana Espinosa, Antonio Olguin, Alejandro Morales Palma, Valerio Adame, eran enemigos de la Tendencia Democrática, pero hoy están aliados, y por eso ahora organizaron el charrazo, porque saben que van a perder en las elecciones del próximo mes de diciembre “el problema que tiene el Fredeuag en el STTAISUAG es que sus líderes son de los más corruptos que ha habido en el sindicato”.

Manifestó que en la misma situación están los dirigentes de la Tendencia Democrática, Alejandro Hernández, de Luis Carsona, e Isauro Cerón, de éste último todo se puede esperar, un día sirve a Torres Montoro, y otro a su hermano Germán Cerón, pero lo cierto es que Unidad Democrática tiene las manos metidas en el sindicato.

Y en lo que se refiere a Josafat Alcaraz Santos, hasta los trabajadores más nuevos saben que siempre ha sido corrupto, siempre ha sido su práctica, en este movimiento está peleando más espacios y junto con Gustavo Avila quieren ser asesores del rector de la UAG: “Josafat metió a trabajar a su mujer, a sus sobrinos, a todos sus hijos, y ahora hasta sus yernos, yo le firmé la propuesta de uno de sus yernos, ya llenaron las oficinas de Acapulco con sus familiares”, por eso están provocando conflictos en el STTAISUAG.

Finalmente Sotelo Ortiz manifestó que ayer el comité en pleno se presentó a laborar a las oficinas del STTAISUAG, y dijo que el propio rector de la UAG, Nelson Valle López, ratificó a través de un oficio que giró a los funcionarios de la administración central que “el único representante legal de los trabajadores administrativos es el que encabezamos nosotros”; y denunció que Cerón Silverio y su gente saquearon su oficina llevándose los archivos del sindicato.

Insistió que presentaron también a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya que se actuó con base al estatuto general, además de que se tiene todo el respaldo de los trabajadores “hoy mismo (ayer) visitamos la mayoría de las delegaciones sindicales de la zona centro, para informar a los trabajadores de lo que sucedió realmente durante la sesión del Consejo General de Representantes del viernes pasado”.

Ya no son dirigentes del STTAISUAG: Cerón

Por su parte, Isauro Cerón Silverio, a nombre de los nuevos dirigentes del STTAISUAG, también entrevistado en las oficinas sindicales, insistió en que en el pasado CGR, se acordó por 126 delegados que al abandonar Nabor Sotelo Ortiz la sesión serían destituidos y nombrados sus sustitutos.

Son 126 firmas que avalan el acuerdo, mismo que fue entregado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), pero “hoy vienen e irrumpen en las oficinas, rompiendo los sellos de las puertas, abriendo las oficinas a pesar de que nada tienen que hacer porque ya no son los dirigentes del STTAISUAG, porque así lo decidieron los trabajadores”.

Agregó que Sotelo Ortiz asumió una actitud patronal firmando documentos “bajo del agua” con el rector Nelson Valle López, y que en su momento se presentarán esas copias para que se enteren como se otorgaron basificaciones al personal unilateral, y cómo se otorgaron las propuestas de manera personal violando el estatuto”.

Un hecho real, insistió Cerón Silverio, es que ellos están destituidos y no tienen nada que hacer en las oficinas sindicales y si lo hacen estarán usurpando funciones, lo que vendrá a agravar la situación, y seguramente en el siguiente CGR se analizará, independientemente de que ya se les turnó a las comisiones de Honor y Justicia, y de Vigilancia.

Con relación al oficio girado ayer por el rector de la UAG, Nelson Valle López, en donde se menciona que al único comité que se reconoce es el que encabeza Nabor Sotelo Ortiz, expresó que la rectoría y los demás funcionarios debieran dejar que los trabajadores resuelvan sus problemas “ nosotros ya giramos un oficio al rector de la UAG en el que se narran los hechos del CGR, y si ya lo leyó entonces sabrá que la destitución está debidamente justificada, por lo que Nelson Valle se debe ajustar a las decisiones de las mayorías”.Si no lo hace así, advirtió, entonces estaría claro que le dan preferencia a un grupo de trabajadores, e iría en detrimento de los derechos de los trabajadores “además de que se evidenciaría que la administración central se estaría inmiscuyendo en los asuntos internos del STTAISUAG”.Por último, también reconoció que el problema en el STTAISUAG es de tipo político, y si así lo quieren resolver así se hará “hay evidencias que detrás de Nabor Sotelo está la Rectoría de la UAG, y al menos así lo manifiestan los documentos que firmó con el rector Nelson Valle sin haber tomado en cuenta a los trabajadores”.

 * Este año, el gobierno federal destinó 32 millones de pesos para la construcción de esa vía, que es la más importante que comunica la Costa Chica con La Montaña

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Autoridades civiles, agrarias, organizaciones sociales y productivas de la Costa Chica y Montaña demandaron ayer al gobierno federal una partida presupuestal de 125 millones de pesos para la construcción 51.9 kilómetros de carretera en esas dos regiones del estado.

“Esos serían recursos necesarios que permitirán hacer realidad el sueño de las comunidades indígenas de La Montaña alta y baja para contar con la vía de comunicación más importante”, dicen los solicitantes en un escrito que enviaron a la titular de la oficina de representación para el desarrollo de los pueblos indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz.

El documento está firmado por el presidente del Consejo Regional Indígena de la Costa Chica, Erasto Cano Olivera; el presidente del Consejo de Administración de la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de la Montaña, Valeriano Lorenzo Ortega; el presidente municipal de Azoyú, Tobías Bautista; el presidente del Consejo de Administración de la Unión Regional Campesina, Aniceto García Navarrete; el presidente municipal de Marquelia, René González Justo; el presidente del Fondo Regional Indígena Me Phaa IsaVII  Santa Cruz El Rincón, Simplicio Espíndola Castro y el presidente municipal de San Luis Acatlán, Abdías Acevedo Rojas.

Asimismo, por el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500), Guillermo Clemente Simón; por la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas Costa Chica y Montaña de Guerrero, Ciriaco Rojas Calixto; el presidente del Consejo Comunitario de Abasto, Maurilio Salgado Bernardo, así como 31 autoridades civiles, agrarias y organizaciones sociales y productivas de la Costa Chica-Montaña.

En su escrito, del cual envían copia al director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Chavelas Cortés, informan que los recursos asignados para continuar con la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia este año fue de 32 millones 417 mil 319 pesos, de los cuales, después de realizarse la licitación pública, obtuvieron deferencias a su favor por 2 millones 305 mil, 20 pesos.

Por ello proponen que estos recursos sobrantes sean utilizados para la adquisición de maquinaria y equipo, “que nos permita dar mantenimiento permanente a la parte del camino construido, así como mantenimiento a los caminos rurales troncales”.

Prometen que la maquinaria que adquieran “será administrada transparentemente por un comité integrado por los representantes de las presidencias, organizaciones sociales y autoridades civiles y agrarias de las comunidades”.

Los firmantes del escrito proponen que de no proceder su petición esos más de 2 millones de pesos sean invertidos en la rehabilitación del tramo carretero de Marquelia a San Luis Acatlán que es de 33 kilómetros “y el cual se encuentra en un estado crítico”. Exponen que, de ser así, estos recursos serían administrados por un comité sujetándose a la correcta aplicación y comprobación”.Además, proponen que para el próximo año la partida presupuestal para este rubro se amplíe a 125 millones de pesos, “ello permitirá hacer realidad el sueño de las comunidades indígenas de la Montaña alta y baja de contar con la vía de comunicación más importante”.Informan que con estos recursos podrían construir 51.9 kilómetros con base en la información proporcionada por la SCT.

 * El gobernador recibió el lunes a dirigentes del Consejo y les dijo que no entregó 4 millones de Empleo Temporal debido al recorte de recursos federales * El dirigente indígena Amador Cortés afirma que los recortes no afectaron programas sociales como éste, y sospechan que el dinero se usó para comprar votos

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Dirigentes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500) demandaron ayer que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) audite al gobierno del estado para conocer el uso que dio a 100 millones de pesos del programa de Empleo Temporal.

Mientras tanto, aproximadamente 200 indígenas nahuas, tlapanecos, mixtecos y amuzgos que se encontraban en esta capital desde el viernes de la semana pasada se retiraron ayer a sus comunidades, luego de que la tarde del lunes el gobernador René Juárez recibió a una comisión de dirigentes a quienes les dijo que no ha cumplido con la entrega de los 4 millones de pesos del programa Empleo Temporal debido a los recortes presupuestales que aplicó el gobierno federal al gobierno dele estado.

Los indígenas reclamaban al gobierno de René Juárez la entrega de 4 de los 100 millones de pesos del programa Empleo Temporal que canalizó desde febrero el gobierno federal.

Esos recursos serían ejercidos por los comités comunitarios y de obras de 170 comunidades indígenas para la introducción de servicios públicos, obra pública y para proyectos productivos, según informaron los dirigentes del CG500.

Los dirigentes de la organización desde el viernes de la semana pasada demandaron una audiencia con el gobernador René Juárez para que les diera respuesta, toda vez que fue él quien el 19 de abril les dijo que los recursos se entregarían por medio de la Secretaría de Desarrollo Social estatal.

Sin embargo el titular de esta dependencia, Heriberto Huicochea Vázquez, les dijo que el gobierno federal no les había liberado estos recursos, pero el delegado de la Sedesol, Ignacio Ortiz Ureña les dijo que fue el gobierno estatal quien no programó la solicitud del CG500.

Luego de instalar un plantón afuera de Casa Guerrero, los dirigentes indígenas fueron recibidos la tarde del lunes por el gobernador René Juárez, quien les dijo que el gobierno del estado no había cumplido con su demanda por los recortes al presupuesto que aplicó el gobierno federal.

Uno de los dirigentes de la organización indígena, Amador Cortés Robledo, dijo que tienen “la ligera sospecha” que el recurso no fue distribuido a los comités comunitarios, para quienes gestionan los recursos las organizaciones sociales, debido a que fue destinado para “la compra de conciencia” en la elección del 6 de octubre.Recordó que el recorte presupuestal, como se dijo en su momento, no afectó a programas como el de Empleo Temporal, por ello señaló que el la dirigencia de esa organización pedirá a la Secodam que aplique una auditoria al gobierno estatal y se esclarezca cómo se distribuyeron los recursos de ese programa.Cortés Robledo indicó que los indígenas se regresaron a sus comunidades “para reorganizarse”, porque en los próximos días se trasladarán a México en donde pedirán a la Sedesol que libere esos recursos y a la Secodam que realice una auditoria al gobierno de Guerrero para saber cómo fueron distribuidos los recursos de Empleo Temporal.

 * Desconoce la paraestatal la falta de servicio en comunidades de la sierra de Azueta

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Durante más de siete horas, se suspendió la corriente eléctrica en el centro de la ciudad, debido a imprevistos ocasionados por accidentes, informó el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Zihuatanejo, Alejandro Zavaleta Benavides.

Por otra parte, el funcionario rechazó tener reportes de la falta de servicio de electricidad en las comunidades de Arroyo Seco y La Soledad en la sierra de Zihuatanejo de Azueta, que había denunciado el comisario municipal de la primera localidad, Fulgencio Rosales López.

Incluso ordenó revisar reportes de fallas eléctricas en esa zona pero al no localizarlos posteriormente ordenó que una cuadrilla revise el área o se comunique para responder a los posibles afectados, pues de acuerdo a la información del comisario municipal de Arroyo Seco, se calcula que hay unas 150 familias afectadas por el corte de servicio de luz en las dos comunidades serranas mencionadas con anterioridad.

El superintendente fue entrevistado ayer en las oficinas de la CFE de Zihuatanejo, luego de que se suspendió el servicio eléctrico en el centro de la ciudad desde las nueve horas. La falla continuaba sin ser resuelta hasta las 16 horas de ayer, pero de acuerdo a la información de Zavaleta Benavides esto se debía a imprevistos derivados de factores externos que la paraestatal estaba resolviendo y que fueron provocados por accidentes vehiculares que a su vez provocaron ocho apagones consecutivos por el restablecimiento automático del propio sistema eléctrico que aseguró que no impacta en el recibo de luz de los consumidores.

Zavaleta explicó que el caso de los apagones en el centro de Zihuatanejo se proyecta resolver mediante una red subterránea en el municipio que tiene fines estéticos.

Descartó que estas fallas estén relacionadas con falta de mantenimiento de la red y aclaró que de manera automática la red es seccionada para detectar el área dónde ocurre el corte de luz a fin de atenderlo y reducir a la vez las afectaciones al grueso de la población.

Por otra parte, Zavaleta Benavides informó que continúa suspendido el servicio de alumbrado público en La Unión debido que el alcalde priísta Cervando Ayala debe un millón 377 mil pesos desde hace un año y sólo abonó 150 mil pesos de la deuda, pero le falta liquidarla.

En fechas recientes el alcalde de La Unión declaró que la CFE no le ha restablecido el servicio de alumbrado público a pesar de que ya pagó una parte y se quejó de que el superintendente sólo le restableció el servicio de luz dentro del edificio del ayuntamiento que se le había suspendido a fines del mes pasado.El funcionario explicó que a nivel federal la CFE pagó sus seis adeudos del impuesto predial que tenía con este ayuntamiento, correspondientes a la termoeléctrica de Petacalco, pero mediante un convenio en el que el ayuntamiento recibió a cambio el suministro de electricidad equivalente al adeudo del impuesto municipal.Sin embargo aclaró que este año, la paraestatal ya pagó su predial por el terreno de la termoeléctrica de Petacalco el cual corresponde al área de producción por lo que se tiene que pagar el millón 377 mil pesos que debe el ayuntamiento de La Unión.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Habitantes de la comunidad de Los Valles pidieron al alcalde Acacio Castro Serrano la rehabilitación de los caminos de la sierra y un programa de vivienda sin distingos partidistas.

A casi un mes de los estragos causados por las lluvias y los tres últimos sismos de mayor intensidad en la zona no se ha entgerado la ayuda a la población damnificada.

Dijeron vecinos de Los Valles que en el ayuntamiento han sufrido actitudes de desprecio de en esta administración municipal.

Una comisión de diez habitantes del lugar, encabezados por Rubén Rojas Dionicio y Enedino Gómez Reyes, manifestaron en un documento al alcalde que no han sido aplicados de manera imparcial los recursos destinados para ayudar a los afectados por las fuertes lluvias y movimientos telúricos.

Informaron que a consecuencia de los fenómenos, el camino de terracería de San Andrés a Los Valles se encuentra en total deterioro y urge su rehabilitación general, pues iniciarán los trabajos para la limpia de las huertas y el tránsito cotidiano para bajar a la cabecera municipal se dificulta cada vez más.

Exponen que sólo fueron retirados los escombros del camino pero no se rehabilitó.

Informaron que los afectados por el sismo en sus viviendas son 200, y que sólo han recibido despensas y funcionarios del Copladeg fueron sólo a tomar fotografías de las casas afectadas.El padrón de los afectados ya se levantó, pero no tienen respuestas concretas y temen que sólo formaran parte de un archivo.  Reprochan al alcalde que no se tome en cuenta al comisario municipal del lugar, Enrique Rodríguez Alvarez, quien ha sido boicoteado en sus gestiones de viviendas, y se le da preferencia a quien llaman cacique del lugar, Sabás Peralta Juárez, y afirman que no tiene representatividad en el lugar.Piden que las despensas se entreguen por medio del comisario, y un programa de vivienda comunitaria que responda a las necesidades de esta zona que ha sido una de las más marginadas.

 De la corresponsalía, Coyuca de Benítez * Damnificados por el sismo del 7 de octubre del 2001 informaron que no han recibido el material de construcción ni los empleos temporales que acordaron entregarles en una reunión que sostuvieron con el subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ramón Sotres.El damnificado Antonio Balanzar Aguirre dijo que el funcionario les ofreció que pasando las elecciones darían los recursos del Fondo acional de Desastres Naturales (Fonden) para los damnificados del sismo de hace más de un año, pero ya pasó una semana y no han entregado nada.“Exigimos que se agilice el trámite para que las familias afectadas puedan hacer uso del apoyo del gobierno”, dijo Antonio Balanzar, entrevistado ayer cuando acudió a pedir información a las oficinas de la Sedesol en Coyuca de Benítez, donde hay material que todavía no se entrega.