* La primera querella tiene 2 años y medio en el Ministerio Público, según registro del gobierno municipal, y corresponde al bloqueo que funcionarios añorvistas efectuaron en la Costera en la tercera semana de la administración de Zeferino Torreblanca * En dos casos, los jueces negaron la orden de aprehensión; Antonio Valdés, uno de los beneficiados

Jeanette Leyva Reus * Desde su comienzo, el gobierno municipal de Zeferino Torreblanca ha presentado 38 demandas penales por ataques a las vías de comunicación, de las cuales 24 “están en trámite” desde entonces, y otras 12 han derivado en órdenes de aprehensión contra 35 personas, respecto de las que hay 100 por ciento de impunidad, pues ninguna de ellas ha sido detenida, según el registro del ayuntamiento.Según documentos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del gobierno municipal obtenidos por este diario, de las 38 denuncias penales, 18 averiguaciones previas están en trámite: 17 de ellas ante el Ministerio Público (MP) del fuero común y una más ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra Eleazar Hernández Camacho, Eduardo Evaristo Longares, Eduardo Bernal Chávez, Eudicio Olmedo Camacho y José Luis Villanueva Rondín, por el bloqueo del 5 octubre de 2000 en el crucero de El Cayaco En otros dos casos, los jueces negaron las órdenes de aprehensión correspondientes. En el año 2001 el entonces juez Emilo Ramos García –suspendido después por haber liberado a un homicida– negó la orden de aprehensión contra el líder perredista de la colonia Renacimiento, Víctor Flores Flores; mientras que el actual juez décimo, Carlos Meza Román, en mayo del año pasado también negó la orden de aprehensión contra el líder de vendedores semifijos, Antonio Váldes Andrade.De las 20 averiguaciones consignadas –12 ya tienen órdenes de aprehensión giradas–, seis están en proceso y dos fueron negadas, debido a que las partes involucradas apelaron en la segunda sala penal del puerto, según documentos en poder de El Sur.Los líderes que tienen orden de aprehensión por el delito de ataques a las vías generales de comunicación son: Ciro López Sánchez, Cresencio Díaz, Eleazar Hernández Camacho, José Hugo César Matadama, Efrén Carrasco Gallegos, Crisanto Arellano Jesús, Genaro Vázquez Flores, Fortino Rodríguez Cruz, Rogelio Lozano Herrera, Miguel Angel Bustos, Fernando Avila, Fernando Torres Blanco, Carlos Pino, Francisco Rodríguez, Joaquín Torres Blanco, Francisco Añorve, Alejandro Pintos Romero y Víctor Bailón.

Además de María de Jesús Quintero, José Luis Morales Torres (líder del FODEG), Víctor Flores Flores (tiene 2), Felipe Vargas Mateo, Gustavo Téliz Hernández (líder de comerciantes establecidos), Esteban Oviedo Escareño, Euziquio Loeza García, Eduardo López Zequeida, Iván Escamil Vargas, Enrique Celestino Martínez, Marcos Ramírez, Carlos Rodríguez Hoyo y Juan Solano García.Las órdenes de aprehensión en algunos casos fueron giradas desde el año 2000, por bloqueos efectuados al comienzo de la administración zeferinista, sin que a la fecha se tenga conocimiento de que alguna de ellas haya sido ejecutada.En proceso, debido a que los inculpados apelaron, se encuentran seis averiguaciones, que corresponden a José Sánchez Sánchez (abogado de presos políticos), Marina Ramírez, Alfredo Baqueiro Zárate, Fernando López Zamora (actual director de la Unidad Deportiva Acapulco), Eduardo Evaristo Longares (transportista), Efraín Ramos Ramírez, Magdalena Adame (líder de ambulantes), Gloria Noriega (dirigente de piratas) y Elías Hernández.Además se encuentran pendientes las resoluciones de Gregorio García, Francisco Hernández, Raymundo Martínez, Domingo Adame, Javier Plata, Jacinto Espinobarro, Hipólito Arriaga y Cayetano Fuentes, Jorge Muñoz Cisneros (transportista), Gustavo Radilla, Jesús Ogert, Carlos Cienfuegos y Juan José López.Adicionalmente a las que ya están consignadas, existen 18 más que están en trámite en varias agencias del Ministerio Público, todas por el delito de ataques a las vías de comunicación y a los medios de transportes.En la agencia del MP del sector central se encuentran cuatro denuncias penales presentadas en el año 2000, sin que exista avance en las consignaciones; seis fueron levantadas en la agencia de Costa Azul, donde la fecha más antigua es del 13 de noviembre de 2001 contra Evaristo Longares, Fidel Núñez y Martha Bermúdez, y la más reciente es del 24 de mayo de este año contra Felipe Espíritu Bello y Jesús Jaimes Valenzo, a quienes además se les agregaron los delitos de sedición y motín.En la agencia de los Barrios Históricos existe una denuncia contra Liliana Romero Cortés presentada en enero de 2002.En cada una de las agencias del Sector Mozimba, Puerto Marqués, Zapata, Renacimiento y Jardín existe una averiguación, todas presentadas el año 2000, que al igual que las otras se encuentran estancadas.

 * Ofrecer liquidez por medio de créditos electrónicos, vía Internet, a proveedores y distribuidores de las grandes compañías e instituciones gubernamentales, a fin de hacer efectivas sus cuentas o documentos por cobrar, el fin, explica el director de la institución, Mario Laborín  

Jeanette Leyva Reus * Unos 175 millones de pesos serán destinados para créditos en beneficio de pequeñas y medianas empresas de Guerrero, informó el director general de Nacional Financiera, Mario Laborín Gómez.Ayer, durante una visita a la entidad, Mario Laborín firmó un convenio con el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, a fin de llevar a cabo el programa Cadenas Productivas, a favor de proveedores del municipio y de los del sector privado, pues también participó el hotel Princess.En entrevista previa con Zeferino Torreblanca, éste explicó que es un procedimiento para no entorpecer el pago y que las empresas pequeñas surtan al ayuntamiento sin problemas. Señaló que se busca ofrecer liquidez por medio de créditos electrónicos, vía Internet, a las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras y distribuidoras de las grandes compañías e instituciones gubernamentales, a fin de hacer efectivas sus cuentas o documentos por cobrar.Debido a que Acapulco ocupa el doceavo lugar a nivel nacional en ingresos fue elegido para formar parte de dicho programa, afirmó el director adjunto del área de Negocios, Alan Castellanos Carmona.Explicó que la firma incluía dos proyectos de suma importancia para Nafin: uno dedicado a los servicios municipales y otro al turismo.Dicho convenio –explicó– beneficiará a 350 pequeñas y medianas empresas en la entidad, y se prevé un financiamiento de 90 millones de pesos anuales, lo que significa 80 por ciento más que el año pasado.Castellanos Carmona señaló que junto con el hotel Princess y el municipio publicarán en la Internet todas las cuentas por pagar de los 350 proveedores que pertenecen a la red, mismos que serán capacitados por Nafin para que hagan efectivo sus cuentas por pagar.A ocho meses de que comenzó el programa han participado mil 600 empresas y se han otorgado 50 mil créditos.Por su parte, el director de Nacional Financiera, Mario Laborín, dijo que el programa será benéfico para los empresarios guerrerenses, ya que también se les dará información y capacitación para obtener los créditos.Señaló que actualmente todo los bancos trabajan con ellos, debido a que la burocracia que imperaba en el pasado ha sido superada.Después de la firma del convenio, Mario Laborín ofreció una conferencia de prensa en la que precisó que hasta el mes de mayo la derrama crediticia ascendió a 24 millones de pesos, a través de diversos programas institucionales. “Para este año se tiene como meta dar capacitación a mil 200 empresas para que tengan acceso a financiamiento”.En lo referente al programa Cadenas Productivas, detalló que es benéfico para los empresarios, ya que no se cobran comisiones por trabajar, además de “ser un buen acceso al crédito”.Finalmente dijo que en próximas fechas el gobierno del estado también se unirá al proyecto. “Guerrero se está moviendo bien para recibir recursos y participar en este programa es la prueba de ellos”.Al acto asistieron el secretario de Finanzas del ayuntamiento, Enrique Pasta Muñúzuri; el director de Finanzas del hotel The Fairmont Acapulco Princess, Javier Baca Olguín, y la síndica Gloria Sierra López.

* El proyecto de inversión privada es necesario porque ni el municipio ni el estado tienen los recursos para mejorar el servicio, asegura Gerardo Sierra Ulloa

 Karina Contreras * El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Gerardo Sierra Ulloa, informó que se analiza la posibilidad de demandar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los daños en sus redes, después de los tres apagones que se han registrado en el puerto.El funcionario de la paraestatal confirmó que sus plantas de rebombeo fueron afectadas, lo que provocó que cortaran el suministro de agua en varias colonias.Habló sobre la posibilidad de que se apruebe concesionar el agua. Dijo que es importante que quienes se oponen a este permiso expongan sus motivos, pero sin satanizar “ni desacreditar las cosas por motivos políticos”.Agregó que la reacción es natural. “Sabíamos que causaría esa reacción el proyecto, porque lamentablemente los servicios públicos que han sido concesionados han dejado mal sabor de boca”.Sierra Ulloa señaló que si no se da el proyecto de inversión de la iniciativa privada alguien tiene que hacerlo, aunque –dijo– ni el municipio ni el estado y mucho menos la federación tienen los  mil 500 millones que se necesitan para mejorar el servicio de la paraestatal.Señaló que si no se diera el proyecto de inversión, se entregaría a la próxima administración un organismo que en principio podría parecer que está en condiciones adecuadas, porque con los recursos recaudados se cubrirían las operaciones del sistema.Sierra Ulloa describió a CAPAMA como una bomba de tiempo. Esto –señaló– es porque si no se hace la inversión que se requiere para el saneamiento, ese organismo “se vendrá abajo en corto o mediano plazo”.Indicó que habrá de analizarse el origen de esta propuesta. Luego señaló que a nivel nacional hay necesidad de inversión en todo, “pues hay un gran déficit”.Señaló que en el Promagua que se impulsa en muchos municipios, y al que se unió en noviembre la entidad, se propone que se dé apertura a la iniciativa privada.Dijo que se han gastado más de 5 millones de pesos en arreglar drenajes, “pero el gran problema es que se requieren inversiones muy fuertes, mayores a los mil 500 millones”. El funcionario señaló que esto ayudaría a sustituir tuberías y muchas deficiencias que se tienen en la paraestatal.“No hay recursos para avanzar de una manera importante, por lo que es necesario llevar a cabo proyectos”, dijo.Sierra Ulloa afirmó que ahora del cien por ciento del agua que se produce sólo se factura el 30 por ciento. “Con tecnología moderna se podría mejorar notablemente la calidad del servicio”.

 * La paraestatal pide comprensión al público e invita a los bloqueadores de la planta a flexibilizar su postura

 Karina Contreras * Por cuarto día consecutivo se produjo un apagón en el que, según cifras de la CFE, resultaron afectados 32 mil usuarios.

De acuerdo con un boletín informativo de la paraestatal, los lugares afectados por el apagón, que comenzó a las 18:56 y terminó a la 8 de la noche por la desconexión de 17 circuitos, fueron El Coloso, Pacífico, Luis Donaldo Colosio, parte alta de Las Brisas, fraccionamiento Playa Diamante, El Cayaco, Tres Palos, San Pedro las Playas, Jardín Mangos y Pie de la Cuesta, entre otros.Pero, según información obtenida por este diario, también resultaron afectadas Cañada de los Amates, Club Deportivo, los barrios históricos, Jardín Azteca, Palmas, Vista Alegre, parte alta de Costa Azul, fraccionamiento Luis Donaldo Colosio y Plan de los Amates, y aunque se decía que se cuidaba el corazón de la economía del puerto, la Costera fue alcanzada por los apagones, del hotel Sams al hotel Plaza Las Glorias, y de Icacos al hotel Calinda.Estos interrupciones de una hora, que han afectado a comerciantes y a las propias dependencias como CAPAMA en los últimos días, se deben –según la versión de la CFE difundida en un boletín– a la operación irregular de la termoeléctrica Petacalco.En jefe de Comunicación Social del CFE en la zona Sur, Raúl Gómez Cárdenas, señaló que “el hecho de que no funcione regularmente la planta generadora es porque pescadores la tienen bloqueada, lo que provoca que Cenace ordene los apagones”.En entrevista, el superintendente de la CFE en Acapulco, Gabriel Pérez Pérez, dijo que de no solucionarse el problema de la termoeléctrica de Petacalco se puede generar una gran crisis en cascada que puede afectar a todo el país, esto debido a que las plantas están intercomunicadas.El funcionario insiste en que los apagones que se han suscitado en los últimos días son porque la termoeléctrica de Petacalco “sólo esta funcionando a la mitad de su capacidad” y no porque se han medida de presión para que se privatice como lo aseguran los empresarios acapulqueño. Insistió Pérez Pérez en que debido a esto el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se ha visto obligado a liberar cargas en ocasiones en algunos circuitos del puerto, y por la que se ha visto afectados miles de ciudadanos.El funcionario de la CFE dijo que solucionado el problema de planta generadora se garantiza que se acabarán los cortes. A pregunta expresa de porque hasta ahora la CFE da a conocer que el problema es por el bloqueo a la planta generadora sólo señaló: “no se dio a conocer porque estaban las negociaciones y no se quería tensar la situación”. Ahora es necesario que la gente conozca porque de seguir esto se prevé una gran crisis.La planta termoeléctrica Plutarco Elías Calles esta bloqueada desde el 22 de mayo por pescadores para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cumpla con los acuerdos firmados desde 1992, y para rechazar los resultados del estudio de impacto ambiental  realizados por la UNAM y que según los pescadores favorecen a la CFE.En cuando a las acusaciones por parte de CAPAMA de que por los apagones suscitados en los últimos días sus redes se han dañado y que analizan la posibilidad de demandarlos,  el funcionario señaló que se tendría que analizar las quejas de los usuarios. Luego agregó que no cree que los daños en CAPAMA sean por los apagones “la dependencia tiene que tener una planta que pueda soportar una descarga”. Dijo también que los aparatos eléctricos no se pueden descomponer por las interrupciones “esto se puede dar porque hay una mala conexión de tierra”.En un comunicado, la paraestatal pide comprensión al público e invita a los bloqueadores de la termoeléctrica a flexibilizar su postura.

 * Interrumpen el bombeo de agua y se rompen las tuberías * Propone diálogo para buscar solución al problema del suministro de energía eléctrica

 Ossiel Pacheco * El alcalde Zeferino Torreblanca Galindo pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avisar con oportunidad de los cortes al suministro de energía eléctrica para evitar afectar a la población con la suspensión del servicio de agua potable y evitar rompimientos en las tuberías de la CAPAMA.Entrevistado antes de la firma del convenio con Nacional Financiera (Nafin) en un hotel del Acapulco Diamante, Torreblanca Galindo descartó demandar a la CFE por los daños causados e instó a la paraestatal a establecer el diálogo para buscar fórmulas para encontrar pronto una solución a este problema.Dijo estar preocupado por la situación que priva en el municipio de Acapulco a raíz de los apagones en el suministro de energía eléctrica, pues pudiera suscitar una situación como la que vivió el país hace 2 años en la que fue necesario establecer horarios para que hubiera cortes en este servicio.“Es impostergable la reestructuración del sistema de la CFE y de generación de energía eléctrica del país. Me parece que los partidos políticos, los actores del poder legislativo deben tener una postura patriótica y realizar un análisis objetivo y claro, las consecuencias pueden ser lamentables en el futuro”, advirtió.Y aunque se manifestó en contra de la privatización del sector eléctrico, el alcalde porteño se declaró a favor de la participación de la iniciativa privada colaborando en la generación de la energía eléctrica, “esto es muy diferente, creemos que la CFE cumple con los estándares nacionales, pero tenemos que buscar formulas para que la energía llegue lo más barata posible a la producción de las industrias”.Dio a conocer que los cortes escalonados al suministro de energía eléctrica afectaron el bombeo de agua a los 100 tanques diseminados en el municipio para la distribución del agua, “nos afectan los golpes de ariete, se rompen las tuberías, nos da problemas de tandeo”.Por otro lado, el alcalde porteño desmintió que la solicitud enviada al Congreso del Estado sea con la intensión de privatizar la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) sino la creación de una empresa mixta con la participación del sector privado en un 49 por ciento, tal como se dio en la ciudad de Saltillo, Coahuila.Sostuvo que esta iniciativa es similar a la presentada por el gobernador René Juárez Cisneros al Congreso del Estado para modificar los esquemas en el manejo de aguas del estado, “se habla de un nuevo ente regulador, de nuevos esquemas de controles y se amplía a la participación del sector privado de manera moderna en la operación de las aguas en el estado”.Indicó aún no se determina qué empresas van a participar, pues se va a llevar a cabo una licitación pública internacional, aunque adelantó que podrían participar empresas como Aguas de Barcelona, España o empresas francesas como Mondeo, similar a la empresa mixta creada en Saltillo para la operación de sus aguas.Dio a conocer que se requiere una inversión de mil 500 millones de pesos, pues solo el 80 por ciento de la población del municipio cuenta con agua entubada y solo el 60 por ciento tiene drenaje, el resto tiene fosas sépticas o descargan directamente en los cuerpos de agua, como sucede en la laguna de Tres Palos.

Además se requiere invertir en plantas tratadoras de agua negras, se necesita mejorar la red de agua y se requiere de infraestructura para llevar el drenaje a los hogares que no lo tienen y así evitar la contaminación de los mantos friáticos y de los ríos, lagunas y mares, así como para la reparación de la tubería.Torreblanca señaló además que el gobierno federal mediante el esquema Promuagua, si hay la participación del sector privado, llevaría a fondo perdido que no es un crédito como el que tiene CAPAMA con Banco Mundial permitiría inversiones hasta de un 49 por ciento en caso de agua y el 30 por ciento en caso de drenaje.De esta manera, puntualizó que el gobierno federal invertiría junto con el sector privado y el ayuntamiento en la creación de una empresa mixta, donde el gobierno municipal en igualdad de circunstancias tendría la capacidad rectora para decidir las inversiones importantes en el agua.Recalcó: “No es privatización, es apertura del sector privado para resolver los gravísimos problemas de Acapulco. Sería irresponsable de mi parte nada de a muertito. Esto representa una oportunidad histórica para dejar en buenas condiciones el suministro de agua potable, porque no va a ser con demagogia ni con falsos señalamientos como se va a resolver el problema del agua”.Y descartó que con la creación de una empresa mixta las actuales tarifas del servicio de agua potable aumenten, “porque va a ser compromiso de quienes van a invertir de qué mantendrá las mismas tarifas, ampliar el número de usuarios que es de 120 mil, hasta cubrir ese 20 por ciento que no tiene suministro, con agua entubada”.Por otro lado, descartó desbandada de funcionarios de su administración que aspiran a puestos de elección popular en las próximas elecciones y estimó que 10 funcionarios podrían dejar sus cargos, uno de primer orden y el resto de nivel directivo, situación que va a ser determinada el próximo 15 de junio.

 Acapulco se convirtió en el primer municipio en firmar el programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera (Nafin). “El esquema permitará que los proveedores de las grandes empresas puedan recuperar su liquidez y continuar generando los empleos que se requieren”, dijo el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo.Torreblanca Galindo insistió en que es voluntad de su gobierno que el transitar del contribuyente por la administración pública sea ágil, “evitando las corruptelas que entrampen al ciudadano en el cumplimiento de sus obligaciones y en el pago de sus servicios al aparato administrativo, de ahí la disposición de apoyar este esquema propuesto por la banca de desarrollo”.El proyecto –explicó– se trata de un mecanismo con el que Nafin suscribe convenios con 23 empresas grandes de Guerrero, por medio del que se agilizan los pagos a pequeños y medianos proveedores a través de un sistema en la Internet, además de que los proveedores tendrán la posibilidad de hacer operaciones de factoraje electrónico para descuentos de facturas.La institución de fomento, además, canalizará 95 millones de pesos para más de mil empresas pequeñas y medianas de Guerrero, como parte de su programa anual de créditos, lo que significaría beneficiar a 20 por ciento más de unidades económicas, con respecto a lo otorgado en 2001 por Nacional Financiera.El convenio establece que la banca de segundo piso brindará apoyo en materia de capacitación a mil 200 empresas adicionales, para mejorar su capacidad de gestión y facilitar su acceso a fuentes formales de financiamiento.

 A las 9 de la noche de ayer se registró una fuerte lluvia debido a la presencia de la onda tropical número 7 en el sur de Guerrero, aunado a la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, informó la Dirección de Protección Civil municipal.Al cierre de esta edición, no se tenían reportes de daños sólo inundaciones pequeñas en la Costera, Cuauhtémoc y otras calles del puerto, aseguró personal de la Protección Civil.Protección Civil pronosticó que hoy continuará con cielo medio nublado con probabilidad de lluvias en la entidad y el puerto de fuertes a intentas.Mediante el boletín nocturno de la Dirección Municipal de Protección Civil dijo que a pesar de la presencia de la onda tropical número 7, el puerto permanecería abierto a la navegación pero recomendó a los marinos a tomar precauciones por efectos de oleaje y la posibilidad de lluvias.Sin embargo, debido a la precipitación pluvial de anoche, Protección Civil pidió a la ciudadanía a estar atentos a los avisos meteorológicos durante desarrollo de esta onda tropical que se dirigía ayer hacia el Oeste a una velocidad de 15 nudos.Por su parte, el Centro Hidrometeorológico de la Comisión Federal de Electricidad informó que el satélite GOES-8, no detectó la presencia de algún huracán o tormenta en el Océano Pacífico. (Alfredo Mondragón).

 Karina Contreras * El delegado de Transportes en la periferia, José Ascencio Dorantes Ortiz, informó que en lo que va de la semana se han impuesto 53 multas contra unidades de servicio público, y se han llevado al corralón Casablanca, en Paso Limonero, a 13 vehículos por varios motivos.Dorantes Ortiz indicó que las operaciones se han llevado a cabo en la periferia y en el Centro de la ciudad. Agregó que en las acciones en la central de abastos de La Vacacional se impusieron 11 sanciones a choferes, mientras que en la zapatería Tres Hermanos –en el centro de la ciudad– fueron 43 por no tener los documentos del vehículo.Manifestó que en las operaciones especiales de los últimos días no han participado otras dependencias, como la Secretaría Protección y Vialidad, Tránsito, o la Procuraduría de Asuntos Especiales, porque –dijo– son actividades “sorpresa”, a fin de que a los taxistas que circulan de forma irregular no les den el “pitazo”.Aunque varios choferes señalan que las operaciones no dan resultado, para el delegado José Ascencio es un trabajo que se verá poco a poco. “Queremos trabajar para mejorar el transporte en la periferia”, dijo.

 En el litigio penal entre miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Loyola del Pacífico y la empresa constructora Coprocon, César Bajos Valverde –integrante de esa instancia y coordinador de Vinculación Ciudadana de la campaña de Ernesto Rodríguez Escalona– se presentó como mediador entre ambas partes e informó que el adeudo con la constructora es de únicamente 35 mil pesos, y no de 270 mil, como lo especifica la ratificación de la demanda presentada por la compañía.Asimismo, acusó al abogado de la constructora, Jesús Carrillo Martínez, de presentarse en oficinas del candidato priísta, Rodríguez Escalona, a tratar de vender a los integrantes de la campaña “el caso falso de que Luis Walton –candidato de Convergencia por la Democracia y presidente de la Junta de Gobierno de la Loyola– es un defraudador”, con el objetivo de motivar enconos entre ambos.Explicó que la Universidad Loyola, aún cuando funciona con donativos, no enfrenta con problemas económicos; “además, no es justo que se le de espacio a un asunto de tan poco dinero”.Sin embargo, Carrillo Martínez señaló: “falso que ya estén pagando, no hemos recibido un quinto”, y reiteró que César Bajos, desde que se presentó como un mediador en el conflicto, le pidió que “aguantara más tiempo” la demanda ante el Ministerio Público.De igual forma, señaló que el coordinador de campaña del Luis Walton, Víctor Jorrín, enseñó “pruebas” que el  candidato por el PCD no tiene nada que ver con el asunto. “En todo caso, el facultado era  Enrique Pasta, secretario de Finanzas del ayuntamiento, por ser el tesorero de la Junta de Gobierno”.Al tratar de conseguir una declaración  en la Universidad Loyola, la encargada, Alejandra Mendoza, vía telefónica respondió que el rector Mariano Alonso y el contador Antonio Miranda ventilarán todo ante un juzgado, y que “el personal no está autorizado para dar ningún tipo de información”.De igual forma, Carrillo Martínez informó que Luis Walton les reclamó a Mariano Alonso y a Enrique Pasta la contratación de la constructora Coprocon para hacer los trabajos de instalación, en tiempos en los cuales no había recursos para ello.Por último, Carrillo Martínez mencionó que en días próximos presentarán la demanda penal ante la dirección general de Integración y Gestión de la PGR, en la ciudad de México, por ser un asunto mercantil.Señaló que el titular del MP en Renacimiento, José Vélez, tuvo qué consultar con Adolfo Van Meeter Roque, delegado de la PGR en Acapulco, “porque como los inculpados son personas muy conocidas, en este caso se tiene que consultar para ver si procede”.

 * El permiso no lo solicitó el hotel y por lo tanto no es nuestraresponsabilidad, asegura el representante legal, José Luis Gallegos

 Jeanette Leyva Reus * Debido a un adeudo de 800 mil pesos correspondiente a un crédito para una concesión de la zona federal de ornato, el ayuntamiento intentó embargar ayer al hotel Gran Meigas, pero la acción fue suspendida después de que se acordó que la empresa aseguraría esa cantidad, informó el representante legal de la hospedería, José Luis Gallegos Peralta.A las 11 de la mañana, el jefe de Fiscalización del ayuntamiento, Gilberto Salmerón, acompañado por 30 policías preventivos se presentó en el hotel con la orden de embargar el mobiliario.Gallegos Peralta señaló que cuando el hotel Caleta fue vendido por Jesús Hernández Alcocer –de quien se dice es compadre de Joaquín Hernández Galicia, La Quina– a la compañía española Internacional Gran Meigas, éste dijo que incluía la concesión, sin embargo –indicó– no fue cierto, por lo cual actualmente la empresa tiene una demanda contra Hernández Alcocer, por no haber entregado esa zona.Agregó que esa área “que no le pertenece al hotel y es la que el ayuntamiento quiere que paguemos, pero no es de nuestra propiedad sino de Jesús Hernández, y él es quien no ha pagado. A nosotros no nos interesa y si el ayuntamiento quiere que levante una barda”.Gallegos Peralta explicó que el crédito que se solicitó para esa zona es de 800 mil pesos, el cual corresponde al tercero y sexto bimestre de este año y se ha acumulado desde 1997, pues el concesionario –anterior dueño del hotel– no lo ha liquidado.Gallegos Peralta censuró la actitud del director de Fiscalización cuando se presentó en la hospedería. “Venía con más de 30 policías y los huéspedes se espantaron pues pensaron que era un asalto o algo grave, deberían actuar de otra manera porque nosotros aquí estamos y no nos vamos a ir”.Por tal motivo, indicó que interpondrá una denuncia contra el municipio, por requerir pagos a personas ajenas (el hotel).Pero finalmente se acordó que mientras se determina quién debe pagar dicha concesión, el hotel cubrió una fianza por el crédito, que ascendió a los 800 mil pesos.Sobre el asunto, el secretario de Finanzas del ayuntamiento, Enrique Pasta Muñúzuri, sólo dijo que el proceso continuará.