* También trabajadoras de cinco Cendis marchan y bloquean calles del centro de la capital

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El subsecretario de Finanzas, Salvio Herrera Lozano, quien ayer rompió las pláticas con la dirigencia de la Sección 18 del Sindicato Unico de Servidores Públicos al Servicio del Estado (SUSPEG), y de la Sección 7 del SNTE, provocó un jaloneos entre policías del estado que resguardaban el Palacio de Gobierno y los trabajadores que se manifestaban.El dirigente de la Sección 18, Simón Ramírez Romero dijo que Salvio Herrera asumió una postura intransigente al “argumentar posturas técnicas, y dijo que ya se había pactado el pago para el 13 de junio y de ahí no se movieron; por eso el gobierno trató de confrontarnos con los compañeros de la séptima sección, pero hubo tranquilidad a pesar de que los antimotines ya estaban prestos a entrar cuando vieron que Artemio Mejía, el comandante cobra, se mostró más agresivo de lo normal”.Uno 500 trabajadores llevaron a cabo una reunión ayer por la mañana en el “teatro hundido” de la Alameda Granados Maldonado, donde acordaron que si el gobierno del estado no resolvía sus demandas, llevarían a cabo una manifestación y un bloqueo en las principales calles de la capital.Después del mediodía el contingente partió rumbo al Palacio de Gobierno, donde efectuaron un plantón en la parte trasera del inmueble que también era ocupado por militantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), y decenas de policías antimotines, en tanto que una comisión encabezada por el dirigente de la Sección 18, Simón Ramírez Romero, se fue a dialogar con Salvio Herrera.Después de una hora salió la comisión sin ninguna respuesta favorable, lo que provocó el enojo de los trabajadores, al grado que un grupo de maestras y trabajadoras administrativas gritaba consignas de repudio, pero de inmediato los policías que resguardaban el inmueble encabezados por Artemio Mejía (comandante cobra), los empujaron y empezó el forcejeo que se prolongó por 15 minutos; en ese lapso los trabajadores bloquearon los dos accesos al Palacio de Gobierno.El dirigente sindical dijo en entrevista antes de entrar a las negociaciones, que acordaron marchar para presionar al gobernador René Juárez porque “hay un punto pendiente que es el pago del bono al magisterio de la Sección 18; ya se resolvió parcialmente el problema de los créditos del ISSSPEG”.Indicó que falta también el aumento salarial a los maestros de música, “y hay una mesa encabezada por el comité central del SUSPEG que está atendiendo otras demandas, pero sabemos que hay avances; en cuanto a la recategorización y basificación, la próxima semana la comisión mixta integrada por la Secretaría de Finanzas y el SUSPEG dará una respuesta a través de los diarios en donde se publicarán las listas con los nombres de los trabajadores que hayan resultado beneficiados, y los que no fueron considerados que entonces puedan impugnar”.Insistió en que el punto pendiente que queda es el pago del bono para los trabajadores del SUSPEG: “Cada bono representa mil 80 pesos para cada uno de los 5 mil maestros afiliados a nuestro sindicato, y queremos que se pague a más tardar este viernes, porque el gobierno estatal lo debió cubrir desde la quincena pasada”.Ramírez Romero, dijo que ni con Salvio Herrera, ni con la jefa de Personal, Felicia Martínez, ni mucho menos con el director de Gobernación, Rey Hilario se ha podido llegar a un acuerdo porque no tienen poder para solucionar las demandas, “solo nos están dando largas”.Con relación al paro de labores que realizaron desde hoy las trabajadoras de los cinco Cendis del DIF, expresó que las demandas son el incremento a la compensación al personal de apoyo, así como el incremento salarial al personal de música, “vamos a dar un plazo para que se cumpla de lo contrario se impulsará un nuevo plan de acción”.

 Bloquean calles trabajadores de los Cendis  

Por su parte, decenas de trabajadoras de los Cendis-DIF, Soledad Orozco, San Mateo, Haída Herrera, Margarita Maza, y Unidos por Guerrero, adelantaron el paro de labores que tenían previsto realizar el próximo lunes, y en cambio bloquearon las calles del centro de la capital, y los accesos a las oficinas dependientes de la SEG, como son el Departamento de Escalafón, el Programa Nacional de Alfabetización Permanente a Maestros de Educación Básica.María del Carmen Flores Alarcón, dirigente de las trabajadoras de los Cendis, pertenecientes a la Sección 18 del SUSPEG, y a la CETEG, señaló que sus demandas son: incremento salarial del 100 por ciento; el incremento de salario del personal docente que cobra 800 pesos quincenales, y a los maestros de música que reciben de salario 400 pesos a la quincena, ya que no reciben compensación por parte del gobierno.Manifestó que es justo que el gobierno del estado otorgue un incremento salarial como se hizo con los maestros de la federación, porque adelantó que si no hay solución a sus demandas, que entonces continuará el paro de labores en los cinco Cendis.

 * Llama a los maestros de su corriente sindical a manifestarse por las demandas laborales sin lesionar el calendario escolar

 Raquel Santiago Maganda * El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán se pronunció en contra de las manifestaciones de la CETEG para exigir demandas laborales porque “generan la ausencia docente”.Asimismo, informó que el próximo ciclo escolar los trabajadores del SNTE comenzarán una protesta sin abandonar sus labores para exigir al gobierno federal el cese a los recortes del presupuesto y que se entregue el 8 por ciento del Presupuesto Interno Bruto (PIB) al ámbito educativo.Ochoa Guzmán dio una entrevista después de haberse reunido con el gobernador René Juárez Cisneros en la oficina de la Promotora Turística (Protur), junto con el titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), Daniel Pano Cruz; y el secretario general de la Sección 14 del SNTE, Job Bernache Guzmán.Informó que Guerrero es la décima octava entidad que recorre para conminar a los trabajadores del  SNTE a manifestarse “sin lesionar el calendario escolar” por las demandas laborales, las inconformidades generadas por el gobierno federal encabezado por Vicente Fox Quesada.Dijo lo anterior, mientras ayer cientos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en la Ciudad de México.Ochoa Guzmán llamó a los maestros de su expresión sindical a efectuar una “huelga trabajando” el próximo ciclo escolar para exigir que la Federación que destine “por lo menos” el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública.Dijo estar convencido de que si no se hacen esfuerzos para destinar mayores recursos a la inversión de la educación “no lograremos superar el nivel de calidad del servicio que estamos aportando”.El dirigente del SNTE, dijo que el llamado al nivel legislativo también es para que “nunca más en México vuelva una autoridad como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a aplicar impunemente y arbitrariamente recortes presupuestales de manera unipersonal”.Recordó que el gobierno federal se comprometió a no aplicar ningún recorte a las áreas más sensibles como son el sector Salud y Educación.Aseveró que no se respetó “la palabra empeñada” porque la SHCP aplicó el recorte presupuestal de mil 816 millones de pesos al ámbito educativo, por lo tanto calificó de incongruente a la Federación.Recordó que la propuesta del gobierno federal es colocar la educación en columna vertebral del desarrollo de país, aseguró que “no se refleja por la vía de los hechos absolutamente nada”.

Rafael Ochoa reiteró el llamado al magisterio del país, para manifestarse de la manera más responsable, porque “no es falta de dignidad o de tamaños” del SNTE para emprender otro tipo de acciones.Dijo que surgirán propuestas serias para construir la calidad de la educación pública del país, pero con “inteligencia, prudencia y respeto al estado” para manifestarse y no perjudicar a los estudiantes.También llamó a todos los sectores incluso a los padres de familia para que “reconozcan de manera respetuosa que su responsabilidad con la educación no termina cuando dejan a sus hijos en la puerta de la escuela”. Mencionó que los padres de familia también deben exigir mayor rendimiento a los trabajadores del magisterio. En tanto, Daniel Pano Cruz exhortó a los maestros que continúan con su lucha laboral “a que se apeguen a lo ya logrado por la dirigencia nacional del SNTE”, conminó nuevamente a hacer esfuerzos adicionales para mejorar la calidad de la educación.Para el secretario general de la Sección 14, Job Bernache los trabajadores van a cumplir con sus responsabilidades, aunque aseguró que existen problemas y situaciones complejas.También anunció que la próxima semana será resuelto el problema de educación física que ayer cumplieron 16 días con la Subcoordinación de Servicios Educativos Región Acapulco-Coyuca de Benítez.

Eduardo Albarrán Orozco, corresponsal, Iguala * En protesta porque los padres de familia del CAM Ignacio Manuel Altamirano, tomaron las instalaciones, los maestros de la Zona 08 de Educación Especial marcharon y bloquearon por segundo día consecutivo dos calles, ahora Guerrero y Negrete y exigieron un diálogo con el delegado de Gobierno, Ulises Pérez Calvo.Los mentores exigen la devolución del edificio que alberga el Centro de Atención Múltiple, donde también funcionan diez direcciones y una supervisión de Educación Especial y afecta las labores de toda la zona escolar, según dijo el secretario general, René Acevedo Rosendo.La marcha, que salió del CAM, tomó la calle Ignacio Maya, posteriormente la carretera Iguala-Taxco, de donde se dirigieron por la avenida Vicente Guerrero a la delegación de Gobierno, los maestros inconformes portaban mantas y carteles en las cuales manifestaban sus demandas.Acevedo Rosendo aseveró que los maestros integrantes de la Zona Escolar 08 demandan la entrega del inmueble por parte de los padres de familia, que se acelere la investigación en torno a las acusaciones que se les hacen de golpear a los niños del CAM y de violar sus derechos individuales.Los maestros se plantaron frente a las oficinas de la delegación de Gobierno, donde una comisión se trasladó al interior para dialogar con el subdelegado, Ulises Pérez Calvo, quien los atendió y logró comunicarse vía telefónica con la subsecretaria de Educación Alicia Hernández Alonso.La respuesta parcial, fue la de dejar fuera de las negociaciones al representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Nicolás Chávez, primero porque no tiene representatividad al comprobarse que el contrato de trabajo está firmado por la SEG y la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.El dirigente sindical de la delegación, reiteró que la culpable de la toma de las instalaciones del CAM es la sicóloga, Victoria Jiménez González quien ha manipulado la información confidencial y ha hecho promesas de conseguir empleos y casas y los “cuatro” padres de familia que la apoyan.Dijo que al posesionarse del inmueble los “cuatro padres de familia y una maestra” perjudican las funciones de toda la zona escolar, especialmente en estas fechas cuando tienen que realizar sus trámites en lo que se refiere a carrera magisterial porque necesitan las constancias que se encuentran en las oficinas de la supervisión, la cual se ubica en el interior del CAM y que está cerrado.Por último, los maestros levantaron el plantón frente a la delegación de Gobierno y permitieron la circulación vehicular que durante las dos horas que se mantuvo se volvió caótica, pues las dos calles que fueron cerradas, Vicente Guerrero y Celestino Negrete, son las únicas de entrada a la ciudad.Los maestros se retiraron con la promesa de que en el transcurso de la tarde recibirían una respuesta por parte de las autoridades de educación y a más tardar por la mañana de este viernes decidirán qué procede, pero no quitaron el dedo del renglón para exigir que se realice la investigación solicitada pero con las partes que deben estar, sin intervención de nadie más.

 * No las hizo llegar a la Comisión de Garantías en tiempo y forma como era su obligación, señala

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El integrante de la Comisión de Garantías del Consejo Universitario de la UAG, Carlos Berber Reséndiz dijo que la Comisión Electoral, que preside Carlos Rubén Silva García, oficialmente no hizo llegar, como era su obligación, la relación de las impugnaciones que recibió en tiempo.Explicó que “a iniciativa de los afectados o quejosos, la Comisión de Garantías asumió el papel de recibir todas las impugnaciones para luego darles contestación en tiempo y forma, al menos así lo hicimos en las 15 impugnaciones que presentaron las unidades académicas”.Manifestó que el dictamen que presentará la Comisión de Garantías en la sesión del Consejo Universitario de este viernes, se apegará a derecho y será el máximo órgano de gobierno el que finalmente dictamine las demás situaciones: “Pero si se revisan cuidadosamente las impugnaciones, existen criterios jurídicos y académicos para ilustrar la última determinación que asuma el Consejo”.Berber Reséndiz señaló que a pesar de que se tuvo a tiempo el Reglamento Electoral, faltó visitar las unidades académicas para informar de este proceso de elecciones simultáneas, “de todos modos presentaremos nuestro dictamen”.Por su parte, el secretario técnico de la Comisión Electoral, Carlos Rubén Silva García aseveró que el proceso fue tranquilo, hubo incidentes que no son graves, y que no empañan el proceso electoral del 30 de mayo pasado.Dijo que incluso ya se entregaron los dictámenes respectivos a la Secretaría del Consejo Universitario “y se vienen abajo dos procesos, por un lado el de la Preparatoria 13 de Zihuatanejo, que fue tomada por los alumnos que fueron azuzados por un profesor, y el de la Preparatoria 31 de Huamuxtitlán, en donde se robaron la paquetería electoral”.Asimismo, informó que votó más del 60 por ciento del padrón universitario.Con relación al dictamen que presentará la Comisión Electoral ante el Consejo Universitario, dijo que son dictámenes particulares para cada uno de los candidatos que participaron en los cinco tipos de elección que se realizaron. Silva García expresó que en el Consejo Universitario de este viernes se dará lectura en lo general, ya que sería muy complicado hacer una relatoría en lo particular de cada proceso, “vamos a leer el listado de los candidatos que ya tienen dictamen favorable, y al término de la primera elección que es la de directores de unidades académicas, me imagino que donde haya impugnación se iniciará la discusión”.Resaltó que es probable que quienes hayan ganado en los cinco procesos electorales tomarán posesión en la misma sesión del Consejo Universitario “pero podemos decir que vamos a leer poco más de 50 impugnaciones, que van desde las clásicas como son tráfico de calificaciones, directores que no renunciaron, personas que no son exclusivas de la UAG, personas que no son exclusivas dentro de la institución, otorgamiento de credenciales el día de la elección, presión de los maestros y de los mismos alumnos, comisiones electorales de apoyo de las unidades académicas con actitudes parcialistas, entre otros”.También adelantó que la Comisión Electoral hará una serie de recomendaciones para que el Estatuto y el Reglamento Electoral, y en su oportunidad la propia Ley de la UAG, “aclare esas lagunas, precise algunos conceptos que lógicamente se escapan de lo que sucede en un proceso de esa naturaleza, y por eso vamos a hacer unas recomendaciones para que se manden las iniciativas en el Consejo Universitario, para que en el futuro se tengan procesos más acotados y las impugnaciones puedan hacerse efectivas”.

 Raquel Santiago Maganda * El director de la Preparatoria 17, Rafael Boleaga Villarreal se deslindó de las dos bandas estudiantiles que existen en ese plantel, al asegurar que es responsabilidad del ayuntamiento contrarrestar los factores para evitar que los jóvenes se aglutinen en grupos.Entrevistado en su oficina, también conminó al grupo de apoyo de Arturo Díaz que participó en la contienda para director a dejar “las denostaciones” hechas por la inseguridad porque no favorecen en la imagen de la escuela.Rafael Boleaga hizo referencia a la información publicada el 4 de junio por maestros opositores en donde resaltan la inseguridad, la revisión a la plantilla docente y administrativa, el respeto del horario de clases entre otros.El director aseguró que las declaraciones “afectan a la institución” porque de por sí cuenta “con una imagen (ante la sociedad) con problemas”. Aseguró además que el caso de la inseguridad “no se puede comprobar”.Aunque reconoció que existen dos bandas en el plantel, como “muchas otras en cada una de las escuelas”, pero aseguró que en el caso de la Prepa 17, el plantel se deslindaba de la operación de las bandas.Esto porque explicó que los jóvenes se organizan en las colonias populares, y por ende es responsabilidad del ayuntamiento contrarrestarla porque inciden “factores sociales” también de tipo extranjeros.Incluso calificó de “irracional” el pensar que las bandas son utilizadas por cuestiones políticos como parte de su grupo de choque. Aseguró que la UAG “no genera bandas”.Rafael Boleaga conminó al grupo de Arturo Díaz, que en los resultados preliminares perdió la contienda para director, a terminar con las denostaciones y con “el hostigamiento” hacia la comunidad estudiantil, porque “iniciaron las represalías” por no haber generado más votos el 30 de mayo.Aseguró que durante su administración de la cual fue subdirector el virtual candidato ganador Rafael Saligan, “se cambiaron los esquemas del maestro autoritario” porque el compromiso es “formar a estudiantes críticos y no agachones”. Boleaga Villarreal aseguró que el grupo opositor a pesar del llamado no se ha sumado a trabajar por la institución.

 Raquel Santiago Maganda * El informe del aún director de la Facultad de Medicina, Edmundo Dantes Escobar Habeica fue ayer el preámbulo para que los virtuales directores de algunas escuelas de la UAG hablaran con el rector Nelson Valle López.En la cancha de la Facultad de Medicina, el rector en su discurso y el director saliente en su informe, reiteró la importancia y el compromiso de la próxima administración encabezada por José Alvarez Chávez para avanzar en la certificación de la escuela.Allí estuvieron el director general de Servicios de la Zona Sur, Félix González Figueroa; el director general de Gestión de los Recursos Estratégicos, Germán Cerón Silva.También estuvieron el virtual director de la Facultad de Ciencias Sociales, Nazarín Vargas Armenta; de la Facultad de Turismo, Carlos Topete Contreras, así como los ex candidatos que perdieron la elección en la Preparatoria 7, Antonio Morales y en la Escuela Superior de Enfermería 2, Ethelvina Bello Solís. Así como el director de la Preparatoria 17, Rafael Boleaga Villarreal.Escobar Habeica recordó que la Facultad “enfrenta un gran reto al reordenar y reorientar sus actividades docentes y administrativas para elevar los estándares y poder calificar con calidad ante las exigencias que indudablemente tenemos que satisfacer”.Confió en que su sucesor, que pertenece a su grupo político del MAR, seguirá con el fortaleciendo del plantel y concretará el proceso de certificación.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Debido a que la Universidad Autónoma de Guerrero, no cubrió un pago por 45 millones de pesos al Fovissste y el SAR, poco más de 400 trabajadores académicos no podrán obtener sus créditos para vivienda que van de 70 mil a 450 mil pesos, informó el secretario de Vivienda y Previsión Social del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Martín Barragán Solís.Entrevistado ayer durante la plática sobre el tema de la “Seguridad e higiene”, que fue impartida por el Departamento de Pensiones, de la delegación del ISSSTE en esta capital, dijo que en una reunión efectuada el pasado 17 de mayo con las autoridades del ISSSTE, se informó que la UAG está atrasada en los pagos del Fovissste y del SAR.Explicó que “desde ese momento se nos negó que hiciéramos trámites de precalificación, aún cuando más de 400 trabajadores se habían registrado, y hubo otras 30 solicitudes para crédito de vivienda pero ya no se les pudo dar curso, cuando menos en esa primera etapa”.El ISSSTE manifestó que la UAG tiene adeudos en esos dos rubros y que en reiteradas ocasiones “ha requerido a la institución los más de 45 millones, pero en una segunda entrevista que tuvimos ya no nos quisieron dar la cantidad del adeudo, y que posteriormente nos la haría llegar oficialmente”, expuso.También nos advirtieron que “en tanto no nos pongamos al corriente como universitarios, en este caso se refería a la administración central, entonces los trabajadores académicos de la UAG no podríamos ejercer dichos préstamos para vivienda”.Barragán Solís indicó que de acuerdo a la Ley del ISSSTE se destinan 21 prestaciones y servicios para los afiliados. “La UAG apenas ejerce los servicios médicos, préstamos a corto y mediano plazo, que hemos rechazado porque en estos se da un vale para adquirir en alguna tienda del ISSSTE útiles de línea blanca, y generalmente cuando uno se presenta no existe y por si fuera poco queda uno endeudado ;hay préstamos complementarios de ‘hoja roja’ que no están tipificados en la Ley , y dan dos o tres al mes en tanto que hay  107 solicitudes, y de hoja dan 46 al mes”.Manifestó que los trabajadores universitarios no reciben créditos para la compra de automóviles porque “no existe esa modalidad, y por eso hay que exigirle al rector de la UAG, Nelson Valle López que no falle en los pagos que son producto de nuestras cuotas y las aportaciones que da el mismo gobierno, y a partir de esto podríamos exigir esta prestación”.

* Apareció por primera vez en el caso de Digna Ochoa por denuncia de un serrano preso en Acapulco

Maribel Gutiérrez (Tercera parte) * El nombre del ex presidente municipal de Petatlán y actual presidente de la Asociacón Ganadera Regional de Guerrero, Rogaciano Alba Alvarez, está vinculado a una larga cadena de hechos de violencia contra los pueblos en la sierra de ese municipio, de los que se responsabiliza a un grupo de civiles armados considerados paramilitares, que actúa coordinadamente con el Ejército. Apareció en el caso Digna Ochoa cuando el Comité de Presos Políticos y de Conciencia de Acapulco pidió que se investigara por el asesinato de la abogada al que es señalado como el principal cacique de la región. La Procuraduría del DF conoció estas denuncias, que se publicaron en diversos medios, y uno de los equipos que vino a Guerrero a investigar el caso, el 23 de enero, tomó la declaración del preso Alfredo García Torres, que está sentenciado a 11 años de prisión culpado de haber matado a siete policías judiciales federales.

Con unas cuantas preguntas, los investigadores trataron de indagar qué sabía el preso sobre la participación del ganadero en el caso Digna Ochoa. No tenía pruebas, solamente el razonamiento de que los intereses del cacique y sus alianzas con el Ejército y las policías iban a ser afectados con el apoyo que la abogada comenzaba a dar a los campesinos de la sierra, que estaban olvidados, aislados, solos. Después, las preguntas se centraron en el asesinato de los judiciales federales, que habían ido a la comunidad de Rancho Nuevo el 5 de marzo de 1999, contratados por el mismo Rogaciano Alba, según los afectados. Los presos políticos de Acapulco también fundamentaban su petición de investigar a Rogaciano Alba en hechos que habían denunciado sobre la participación del ex presidente municipal de Petatlán en la violencia en la sierra de Guerrero, vinculado a las corporaciones policiacas y a militares, y también al narcotráfico y a la explotación ilegal de los bosques.

Alba fue presidente municipal en el periodo 1993-96, impulsado por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien dejó el cargo en este último año, debido a las presiones contra el gobierno de Ernesto Zadillo con motivo de la masacre de Aguas Blancas. Cuando ya Figueroa estaba fuera del cargo, el 26 de mayo de 1996, en una conferencia de prensa en Acapulco, el entonces procurador de Justicia de Guerrero, Antonio Hernández Díaz, informó que la Procuraduría estaba investigando la vinculación del presidente municipal de Petatlán con el secuestro de un ciudadano estadunidense ocurrido en Zihuatanejo, el 20 de mayo de 1996, presuntamente relacionado con el narcotráfico.

La primera mención a Rogaciano Alba

En su carta del 6 de noviembre de 2001, en la que demandó a la Procuraduría General de Justicia del DF que incluya al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y al presidente de los ganaderos de Guerrero, Rogaciano Alba Alvarez, en las líneas de investigación sobre el asesinato de la abogada Digna Ochoa, el Comité de Presos Políticos y de Conciencia del Cereso de Acapulco plantea que Rogaciano Alba forma parte de un grupo paramilitar, con estrechos nexos con Figueroa Alcocer, y que funciona en contubernio con jefes del Ejército, que se ha dedicado a reprimir en la sierra a los campesinos que defienden los bosques, quienes han afectado poderosos intereses económicos.

Dieron los nombres de los principales integrantes del grupo paramilitar que actúa en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán: Bernardino Bautista Valle, Marcelino Acosta Avila, Modesto Acosta Avila, Adelfo García Gutiérrez, Bernardo García Gutiérrez, José Rauda Orozco, Isabel Santoyo y Juan Chávez Torres. Afirmaron que la visita de Digna Ochoa a la sierra de Petatlán el 1 y 2 de octubre afectaba los poderosos intereses a los que responde este grupo paramilitar, porque la abogada iba a apoyar en la defensa legal de los presos y los perseguidos que han sido reprimidos por dichos caciques y el Ejército.

Los integrantes del Comité de Presos Políticos, que preside Omar Guerrero Solís, con Lucio de la Cruz Villa como secretario de prensa y propaganda, y entre otros miembros Alfredo García Torres y Rogelio García Pineda, difundieron esa carta para alertar sobre las pretensiones del presidente de la Asociación Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba, quien en entrevistas publicadas en diarios locales el 5 de noviembre declaró que más de 60 ganaderos de la Costa Grande han sido secuestrados, y pidió que el gobierno del estado y el Ejército les “faciliten la creación de grupos armados para contrarrestar a la delincuencia organizada”.

Señalan que Rogaciano Alba al frente de un grupo de civiles armados y tropas del 40 Batallón de Infantería del Ejército, en El Nogal, en el filo mayor de la sierra de Petatlán, asesinaron al campesino Salvador Cortés e hirieron a la señora Elva García Contreras que estaba embarazada, el 18 de febrero de 2000, “y a pesar de que ha habido múltiples denuncias nunca ha sido detenido ni siquiera molestado”. Dice que este grupo y los militares han sido responsables de la detención de campesinos inconformes con la explotación de los bosques, a quienes les fabrican delitos para tenerlos en la cárcel, y “muchos más siguen siendo perseguidos por parte de este grupo paramilitar en compañía del Ejército federal”.

El presidente del Comité, Omar Guerrero, explicó que sus integrantes saben de este grupo paramilitar porque tienen compañeros que han sido reprimidos por éste y el Ejército, entre ellos Alfredo García Torres, Alvaro García Avila, Moisés Martínez Torres, José Coria Sánchez y Pilar Martínez Pérez. Atribuyó a ese grupo y a militares del 40 Batallón de Ciudad Altamirano, el asesinato en la comunidad de Pizotla de Jesús Santana, Francisco Santana y de un muchacho de la costa que trabajaba con ellos, así como la desaparición el 13 de marzo de 2000 del campesino Maximino Maciel Jaimes, que era parte de la mesa directiva del ejido de Pizotla y participaba en la organización del movimiento ecologista de la sierra, cuando fueron encarcelados los campesinos ecologistas muy conocidos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

A la pregunta de qué relación tiene el ex gobernador Rubén Figueroa en todo esto, Omar Guerrero dijo: “Tiene mucho qué ver con los empresarios que estaban aprovechando los recursos forestales de esta parte de la sierra. El está detrás de todo esto desde que era gobernador, y se siente afectado porque los convenios que hizo para la explotación de los bosques se vinieron abajo por la lucha de los campesinos en defensa de los bosques”.

Los presos que piden que se investigue esta línea piensan que este crimen pudo ser planeado como un escarmiento para todos los que quieran ayudar a los campesinos que defienden los recursos forestales. “Ellos quisieran que nos quedáramos presos muchos años, y que los campesinos que están huyendo sigan así para siempre, para que no puedan luchar contra los que explotan el bosque, y Digna Ochoa nos iba a apoyar, por eso les afectaba”.

Interrogatorio a un preso

El 23 de enero, el agente del MP de la Fiscalía de Homicidios del DF, Franz Borges, estuvo en al penal de Acapulco para hablar con el preso Alfredo García Torres, uno de los que firman la petición de que se investigue a Rogaciano Alba por el asesinato de Digna Ochoa. Le preguntaron qué relación tiene con esa persona, y dijo que Rogaciano Alba participó cuando lo detuvieron, con los García Gutiérrez y militares del 40 Batallón. También, cuestionaron porqué sabe que Alba tuvo que ver con el asesinato de Digna. García Torres reiteró que conoce a Rogaciano y sabe que ha cometido asesinatos, incluso de mujeres, y que no le convenía que Digna defendiera a los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán.

Le preguntaron si sabe qué gente tiene Rogaciano Alba, y dijo que no solamente tiene gente en Guerrero, tiene en Petatlán a los García Gutiérrez y los Acosta y en México a Bernardino Bautista. Explicó que Bernardino Bautista (conocido como Nino Bautista, con quien tuvo conflictos la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán desde su surgimiento, en 1998) salió de la sierra porque tuvo problemas personales y lo atacaron en Banco Nuevo, y aprovechó para culpar a los ecologistas y denunciar que pertenecen a un grupo guerrillero, y así logró que subiera el Ejército a perseguirlos.

En un intento por ver la cara política del conflcito, le preguntaron si pertenece al PRI o al PRD; García Torres dijo que al PRD. Le preguntaron si Rogaciano Alba pertenece al PRI, y dijo que sí. Entonces plantearon si lo que hay en la sierra son conflictos políticos, y el campesino preso opinó que no, y afirmó que el origen del problema es que los campesinos que defienden los bosques le estorban a Rogaciano, que quiere tener el control de la sierra para desarrollar sus negocios y actividades ilícitas.

Actuación con militares

El 18 de febrero de 2000, los vecinos de Las Palancas, en el filo de la sierra, entre Petatlán y Coyuca de Catalán, vieron llegar soldados y con ellos iba un grupo de civiles armados, al que califican de paramilitar, encabezado por Rogaciano Alba. Ahí fueron arrestados cinco campesinos, de los cuales tres siguen en prisión: Alvaro García Avila y Juan García Avila, sentenciados por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y Alfredo García Torres, por posesión de semillas de amapola y mariguana y por homicidio. De Las Palancas, militares y el grupo civil armado fueron a El Nogal, donde mataron a Salvador Cortés e hirieron a una mujer embarazada.

En el proceso penal 18/2000 del Juzgado Tercero de Distrito, en Acapulco, aparecen declaraciones de testigos que dan cuenta de la actuación conjunta de las tropas del 40 Batallón de Infantería con el grupo paramilitar. En el parte informativo sobre la detención de los cinco campesinos aparecen las firmas del teniente de infantería Alberto Carrera Alvarez y de los sargentos Joel Cruz Baranda y Javier Figueroa Vargas, quienes niegan que hayan ido acompañados por civiles, y en su informe no hacen alguna referencia a los hechos de El Nogal. No hay una investigación sobre los delitos de homicidio y lesiones que ahí se cometieron ni se determinó alguna responsabilidad.

Uno de los procesados que fue absuelto, Alfonso Ramírez Peñaloza, declaró que fue detenido por soldados, en Las Palancas, que lo llevaron hacia un camión donde había civiles, entre los cuales reconoció a Adelfo García Gutiérrez y a Bernardo García Gutiérrez. Alvaro García Avila declaró en el Juzgado que cuando lo arrestaron vio camionetas donde iban civiles con armas, y preguntó al jefe del Ejército porqué lo detenían, y en eso uno de los civiles lo amenazó con un arma. Alfredo García Torres dijo que en Las Palancas había varios soldados y civiles con la cara tapada; que eran dos camiones con soldados y tres camionetas Chevrolet de 3 toneladas donde viajaban los soldados y civiles.

Una testigo, Rafaela Peralta García, dijo en el Juzgado que vio una camioneta color rojo con gente vestida de civil con armas. Julia Arellano López declaró que en Las Palancas había una camioneta blanca con rojo, otra blanca y otra roja, con civiles que estaban armados y tapados de la cara. Gerónima López Contreras dijo que vio como a diez civiles en una camioneta roja que llevaban muchas armas, y que iban con el rostro tapado.

 

Actuación con policías

 

Rogelio García Pineda, también integrante del Comité de Presos Políticos y de Conciencia de Acapulco, dio a conocer el testimonio de su detención, en el que aparece Rogaciano Alba torturándolo, al lado de policías judiciales del estado. El preso, de 33 años, originario de El Achotal, en la sierra de Atoyac, fue detenido el 18 de mayo de 1998, en Ixtapa Zihuatanejo, con otras cinco personas, acusados del secuestro del ganadero Jesús Gómez Escalera y de que es parte del EPR. Según el testimonio, fechado el 13 de noviembre de 2001, cinco días estuvieron en manos de policías judiciales del estado, entre ellos los comandantes Tomás Herrera Basurto, Oscar Salomón Cruz Anguiano y Arturo Gómez Pérez, y fueron trasladados a una huerta de mango localizada rumbo al mar en San Jeronimito, municipio de Petatlán.

Denuncia las torturas a que fueron sometidos para obligarlos a declarar que eran secuestradores y del EPR, y en las torturas mataron a uno de sus compañeros, Leopoldo Ruiz Lomas, a quien enterraron en una fosa. Dice que lo sumergían en agua, lo golpeaban, y lo metían en una sepultura para simular que lo iban a enterrar vivo, y lo rociaban con gasolina para quemarlo; hicieron que un perro le mordiera el cuello,  y le metían a la boca el cañón de un arma para hacerle creer que lo iban a matar. Afirma que en estas torturas participó Rogaciano Alba Alvarez.

Relata cómo vio a Alba: “El 21 de mayo (de 1998) al amanecer, me dicen: ¿quieres morir igual que tu amigo? Yo les dije que no, que mejor iba a decir lo que ellos querían. (…) Me quitaron la venda y vi a civiles armados con rifles de alto poder, entre ellos se encontraba Rogaciano Alba Alvarez, que portaba una súper ramiada de oro en la cacha”.

Los habitantes de seis comunidades de la ruta de Las Humedades, en la sierra de Petatlán, viven desde hace tres años esquivando la muerte, por un conflicto con el grupo que encabeza el ex presidente municipal Rogaciano Alba Alvarez, que actúa apoyado por policías judiciales federales y efectivos del Ejército. No pueden salir de su territorio desde marzo de 1999, cuando en Rancho Nuevo mataron a siete policías judiciales federales y madrinas que, afirman, llegaron a atacar el pueblo por órdenes de Alba, y los mismos, una semana antes, habían asesinado a uno de los habitantes de la localidad, Otoniel García Torres.

Ciudadanos de Rancho Nuevo, La Espinuda, El Jilguero, Las Palancas, El Nogal, y Las Humedades enviaron una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en abril de 2001, con la petición de que el gobierno de Vicente Fox investigara la violencia en esta área, de la que fueron víctimas 17 personas entre febrero de 1999 y marzo de 2000, muertas en emboscadas, ejecuciones, enfrentamientos y reacciones de defensa. Según los testimonios, aquí se mezclan el poder de un grupo vinculado al narcotráfico y con influencias políticas que trata de tener el control absoluto de esta área de la sierra; conflictos por la destrucción de los recursos forestales; el uso de efectivos del Ejército, de la Policía Judicial Federal y de otras corporaciones para proteger a civiles; venganzas entre familias y la autodefensa de los campesinos que habitan al menos seis comunidades que se sienten acosados y que en cualquier momento van a encontrar la muerte.

En esta historia de violencia aparece a la cabeza el actual presidente de la Asociación Ganadera Regional de Guerrero y ex presidente municipal de Petatlán, cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, Rogaciano Alba Alvarez. Con Alba y sus pistoleros aparecen presuntos narcotraficantes, los García de Ojo de Agua y los Acosta de Las Gordureras, que según versión de sus oponentes formaron desde el año 2000 un grupo paramilitar, civiles armados que se uniforman como soldados y se hacen acompañar de efectivos militares, y han llegado a cometer crímenes como la ejecución de un joven de 19 años, Valentín Yáñez Torres, a quien torturaron, quemaron vivo y le dieron el tiro de gracia en Las Humedades, el 23 de marzo de ese año.

Del lado contrario, aparecen a la cabeza la familia Torres y con ella las familias Cortés, Yáñez, García, Sandoval, Ramos Peralta y Sagrero. De ellos, los que habitaban en Rancho Nuevo son acusados de la muerte de siete agentes de la Policía Judicial Federal y policías municipales de Zihuatanejo que los acompañaban como madrinas el 5 de marzo de 1999, cuando subieron a la sierra pagados por Rogaciano Alba para atacar por sorpresa el poblado. La primera víctima de esta historia de violencia fue de la familia Torres: Otoniel García Torres. Siguieron los asesinatos de Pablo Sandoval Torres y Jesús Torres Sagrero el 24 de septiembre de 1999; Fortino Cortés Torres, el 25 de diciembre del mismo año; Anastacio Cortés Torres, el 21 de enero de 2000; días después, un acompañante de la familia de Julián Ramos; Salvador Cortés, el 18 de febrero de 2000 y Valentín Yáñez Torres, el 23 de marzo.

Del lado de Rogaciano Alba van nueve muertos: siete judiciales y madrinas, un hermano de Rogaciano Alba y un hermano de Mariano Abarca. En Las Humedades, en abril de 2001, las familias afectadas escribieron un informe de la violencia en esta ruta de la sierra, con la intención de darla a conocer, y que llegue a las autoridades federales y hasta al presidente Vicente Fox, y pidieron el apoyo de los organismos oficiales y no gubernamentales de defensa de los derechos humanos para que se investiguen los crímenes y llegue la justicia y la paz a esta parte de la sierra de Petatlán.

En la denuncia, expone el señor Luis Torres Landín y lo respaldan sus vecinos, que “el principio de este problema fue que el señor Otoniel García Torres le reclamaba al comisariado ejidal de Río Frío de los Fresnos, que es el señor Eleuterio Acosta, porque se estaba sacando mucha madera ilegal, de árboles que no estaban marcados con el sello que indica que está permitido su corte”. “Ese fue el disgusto –afirman–, entonces Eleuterio Acosta se asoció con los señores Rogaciano Alba Alvarez y Sirenio Contreras por apodo El Barillo, y como son narcos y tienen a su mando las leyes, por eso contrataron a la Judicial Federal con destacamento en Zihuatanejo”. Un año después de haber enviado esta denuncia, las comunidades de esa ruta de la sierra viven la misma situación. “No podemos salir de aquí, no nos podemos mover porque tenemos miedo que nos vayan a matar”, dijo Isabel Torres, uno de los vecinos de Rancho Nuevo acusados de la muerte de los judiciales federales.

El señor Daniel Millán, de Las Humedades, uno de los que lucharon por la dotación de estos ejidos y reconocido como hombre de respeto en la zona, afirma que el origen de todo el conflicto es la defensa de los bosques. En El Tremendo todavía están los bosques con los árboles quemados por un incendio intencional que hicieron los Acosta, el 23 de marzo de 2000, según Daniel Millán, con el propósito de obligar a los ecologistas a acudir a apagar el fuego, y ahí atacarlos. También está aún en medio del bosque, cubierta de vegetación, una sierra eléctrica que los talamontes, aliados de Rogaciano Alba, usaban para el corte clandestino.

En diciembre de 2001 recibieron una nueva amenaza de los Acosta: que van a venir y van a quemar casas, que van a matar a todos, chicos y grandes, que van a acabar hasta con los perros. (Maribel Gutiérrez)

* No se abandona la tesis del suicidio de Digna Ochoa, pero se retomará la línea que apunta a madereros y a miembros del Ejército, precisa * Anuncia la pronta llegada de un equipo investigador

La información de El Sur sobre un testigo que asegura que el asesino de la abogada Digna Ochoa y Plácido es un tirador de la sierra de Petatlán que a su vez fue ejecutado, será revisada detalladamente y obliga a profundizar en esa línea de investigación que apunta al estado de Guerrero e involucra a madereros de la región y a miembros del Ejército mexicano, informó ayer el procurador del Distrito Federal Bernardo Bátiz. De acuerdo con la agencia alemana de noticias Deutsche Presse-Agentur (DPA) en un despacho firmado en la ciudad de México, el procurador adelantó que personal de la dependencia a su cargo volverá a Guerrero a investigar esa información que obliga a retomar las averiguaciones en el sentido de que la activista fue mandada a asesinar porque había afectado intereses en la sureña entidad.

Tras reunirse con integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro que coayuva en la investigación, y con quienes se comprometió a mantenerlos ampliamente informados de ésta, Bátiz recalcó que la información que consigna la nota de la reportera Maribel Gutiérrez, será revisada destalladamente con el fin de definir si existen datos nuevos que permitan reiniciar la investigación en Guerrero. Asimismo, en una entrevista con el periodista Ricardo Rocha en su noticiario radiofónico matutino Detrás de la Noticia, Bátiz dijo que no cerrarán las puertas a otras líneas de investigación, como “una nueva que aparece en el estado de Guerrero, una investigación de una periodista que señala una responsabilidad de un ganadero de la sierra de Guerrero, precisamente donde estuvo Digna Ochoa que nosotros ya teníamos también en nuestros antecedentes como una pista posible. Aparece, y bueno pues tenemos que revisar ahora nuevamente todo eso”.

En el mismo espacio, Bátiz sintetizó lo hecho hasta el momento por la Procuraduría del DF, a partir de la tesis del suicidio. Dijo que se ha realizado una investigación muy amplia, no sólo de los antecedentes y la trayectoria de Digna Ochoa, sino del lugar de los hechos. “Hemos sido muy cuidadosos en no dejar nada al azar, hemos tenido todos los elementos de juicio, mantenemos algunas hipótesis y desechamos ya algunas. Hemos mencionado que se desechó la del crimen de carácter pasional, la relación posible de su pareja, eso quedó fuera. Quedan la de un homicidio por causas relacionadas por su trabajo o con su actividad como defensora de derechos humanos y la hipótesis del suicidio que está también presente.

“Ahí yo quisiera insistir que no se trata de una hipótesis que nosotros hayamos buscado o tratado de encontrar. Nos tropezamos con ella en el transcurso de la investigación, nuestro fin en el transcurso de la investigación es llegar a la verdad, saber qué pasó realmente”, aseguró.

–¿No es que ustedes hayan de pronto, perfilado esa hipótesis sin haberla buscado a ultranza, o como se dice que ahora la están impulsando, la están cabildeando? –preguntó Rocha

–Sí, así se ha dicho, ciertamente apareció, nos la encontramos cuando los peritos nos empezaron a señalar algunas cosas difíciles de explicar de otra manera, sin embargo, a pesar de que efectivamente ha tenido una fuerza y que ha sido considerada por nosotros como una de las hipótesis importantes, no hemos rechazado las otras ni hemos aceptado ésta, tiene datos convincentes, pero no queremos cerrar las puertas –respondió el procurador.

Cuando Rocha preguntó si el Ministerio Público del Distrito Federal había interrogado ya al ganadero señalado por las fuentes del reportaje de El Sur –en referencia al ex presidente municipal de Petatlán Rogaciano Alba– Batiz se mostró inseguro: “Entiendo que sí fue interrogado él, y si no fue él, no podría yo precisarle, sí estoy seguro que gente por ahí relacionada con él o que fue  mencionado en un interrogatorio, pero le podría yo precisar más adelante si fue interrogado él personalmente”.

Finalmente, Rocha preguntó cuándo habría avances significativos en el caso de la muerte de Digna Ochoa. En ese momento, Batiz volvió a referirse a los datos ofrecidos por el reportaje de El Sur.

“Yo calculaba que esto ya estaba concluyendo, que ya podríamos pronto decir o dar alguna solución. Sin embargo, aparecen nuevos datos, nos encontramos con piezas que no casan plenamente, entonces no podría decir yo con certeza. Esta nueva vertiente que nos señalan desde Acapulco nos obliga a profundizar por ahí”, finalizó el procurador de Justicia del Distrito Federal.