Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * La Unión Ganadera Regional del Estado de Guerrero (UGRG), en voz de su tesorero Ignacio Olivas Abíztegui, rechazó que su presidente Rogaciano Alba Alvarez haya ordenado el asesinato de la abogada Digna Ochoa, ocurrido en la ciudad de México el 19 de octubre del año pasado. Entrevistado en las oficinas de la UGRG, el tesorero dijo que es “una verdadera aberración” involucrar al ex alcalde de Petatlán en ese asesinato. Alba “ya declaró una o dos veces en la ciudad de México, y una vez vinieron desde allá; también rindió su declaración al Ministerio Público en Petatlán, y es una verdadera difamación porque nunca ha trabajado en la madera, no tiene relación con madereros, nunca conoció a esa muchacha, y nunca supo que anduvo por allá (en Petatlán)”.

Manifestó que por diversos motivos se pretende inmiscuir en ese crimen al ex alcalde priísta, y cree que “se trata de venganzas, ya que a él le mataron a su hermano en una emboscada”; y dijo que en el caso de los dos supuestos pistoleros que fueron emboscados “parece ser que los que estuvieron detrás de la emboscada son los ecologistas que estaban en la cárcel (Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel), ellos son que están tratando de involucrarlo. Ellos son los encapuchados de la sierra, para acabar pronto, ¿de dónde son ecologistas?, son encapuchados, traen armas y muy buenas armas”.

Después describió a Alba Alvarez como un “líder natural que tiene muchos amigos en Guerrero, y no sólo aquí sino en muchas partes del país, a lo mejor piensan que va a hacer algo en contra de ellos, pero lo cierto es que esa emboscada tiene más de un año, y sucedió cerca de uno de sus ranchos”. Más adelante se le preguntó sobre la relación de Rogaciano Alba con los pistoleros Nicolás Martínez Sánchez El Cuarterón y con Gustavo Zárate Martínez, y respondió a su vez con una pregunta: “¿Ustedes conocen a Rogaciano?; porque si no lo conocen pues visítenlo, él jamás trae detrás gente armada ni desarmada, para nada, para acabar pronto”.

Alba tiene muchos amigos, insistió, “no se olviden que por segunda ocasión es presidente de la Unión Ganadera, y tiene enemistadas que han utilizado mucho la prensa para difamarlo; desconozco si tiene enemigos políticos, ¿pero dígame si hay algún político que sea leal?, Rogaciano es un hombre de trabajo, muy amigable, no es político”. Olivas Abístegui recordó que “todo empezó cuando pensaron que Rogaciano quería ser otra vez presidente municipal, pero en una reunión él mismo dijo que no aspiraba al cargo, porque ya había ocupado esa responsabilidad, y a raíz de eso empezaron los periodicazos”.

Reiteró que Alba Alvarez  ya no cabalga dentro de la política, más bien está dedicado a sus ranchos y a la Unión Ganadera “precisamente en estos momentos se encuentra en México trabajando con la Comisión Ganadera del Congreso de la Unión, para ver los beneficios que puede traer para los ganaderos de Guerrero, porque ustedes saben que el gobierno del estado nunca ha querido apoyar a los ganaderos del estado”. Manifestó que “todo mundo” sabe que Alba se dedica a atender sus dos ranchos ubicados en la comunidad de Las Chavetas, uno de ellos se lo dejó su papá, es más casi no los va a ver por la inseguridad que se vive en la sierra, y lo que él sigue reclamando es justicia, y sobre el caso de Digna Ochoa, que en paz descanse, pedimos que se esclareciera el crimen, pero nosotros no sabemos quienes son los asesinos”.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, informó ayer que a más tardar en las próximas 24 horas será trasladado a Guerrero Pedro Barragán González, uno de los secuestradores más buscados del país y que fue aprehendido el 30 de mayo pasado en el estado de Veracruz por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Barragán González es acusado de haber cometido cuando menos 11 secuestros en estados como Guerrero, México, Puebla y Veracruz y las autoridades del estado lo responsabilizan del asesinato del empresario gasolinero, Javier Ibáñez Sandoval y de su chofer, ocurrido el 11 de marzo pasado.

En una entrevista colectiva ofrecida ayer en su despacho, el procurador omitió detalles de la captura del secuestrador originario de La Ciénega, municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero, quien por la mañana fue presentado a los medios de comunicación nacional por el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha en Veracruz. Ramírez Guerrero solamente leyó un comunicado de prensa en donde se informa que Barragán González fue detenido junto con su madre, Laura González Benítez y Pedro Andrés Ascensión González, de quienes dijo que según les habían informado de la PGR ya se encontraban bajo arraigo en la ciudad de México.

Ramírez Guerrero informó que Barragán González y Laura González Benítez tienen orden de aprehensión dentro de las causas penales acumuladas número 25/96 y 03/97, girada por el juez primero de primera instancia del ramo penal del distrito judicial de Los Bravo, con sede en esta capital, como probables responsables del delito de secuestro, cometido en agravio de Oscar Manuel Ibáñez Reyes, hechos ocurridos el 8 de marzo de 1996 en Chilpancingo. El procurador agregó que mientras tanto, el otro detenido, Pedro Andrés Ascensión Martínez, tiene orden de aprehensión dentro de la causa penal número 39-I/2002 librada por el juez segundo de primera instancia del ramo penal del distrito judicial de Los Bravo, como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Javier Ibáñez Sandoval y su chofer, Raúl Díaz Salgado.

Ramírez Guerrero informó que la Procuraduría de Guerrero solicitó ya a la PGR el traslado al estado de los detenidos para que sean puestos a disposición de la autoridad judicial que los reclama. “Yo espero que hoy mismo (miércoles), o a más tardar mañana (jueves), sean entregados a las autoridades de Guerrero”, informó el procurador y agregó que “una vez que tengamos a estos detenidos actuaremos conforme a nuestras facultades para concluir el asunto de nuestra competencia y entregarlos a la autoridad judicial competente”.

Se le preguntó a Ramírez Guerrero cuál fue la participación de la Procuraduría de Guerrero para coadyuvar en la detención del secuestrador, y dijo que la dependencia estatal “ha estado en permanente colaboración con la PGR y con todas las procuradurías de los estados del país; estamos participando en estrecha coordinación contra el crimen organizado”. Ramírez Guerrero tampoco precisó cuando se le preguntó cuántas averiguaciones existen en contra de Barragán González, e indicó que “en la medida que se vaya avanzando en las investigaciones y cuando tengamos en nuestra presencia a los que fueron aprehendidos, seguramente vamos a profundizar más en la investigación y dará mayores resultados para actuar en contra de ellos”.

–¿Y los detalles de la detención, cuáles son, –se le insistió.

–El principal detalle es que están aprehendidos, arraigados y que los van a poner a disposición de la Procuraduría de Guerrero.

El procurador de Justicia dijo que otros secuestros en los que podría estar involucrado Barragán González es en el del empresario de Acapulco asesinado en cautiverio, Melchor Perusquía; y en el de Jorge El Ñoño Campos, padre del portero del los Pumas y de la selección mexicana de futbol.

* Las autoridades federales deben hacerse cargo de él, considera Pioquinto Damián

De la corresponsalía, Chilpancingo * Oscar Ibáñez Reyes, hijo del empresario asesinado, Javier Ibáñez Sandoval, dijo que “ojalá y la persona que presentó ante los medios la PGR sea Pedro Barragán González”. Oscar fue secuestrado en marzo de 1996 por la banda de Barragán, a quien se le entregó un millón 200 mil pesos para que fuera liberado. Ayer solicitó al gobierno que al peligroso secuestrador se le encierre en un penal de alta seguridad como el de La Palma donde se encuentran delincuentes como Daniel Arizmendi, El Mochaorejas o Andrés Caletri López El Caletri. No descartó que si Pedro Barragán González es encerrado en una cárcel de Guerrero, desde el penal podría seguir dirigiendo más secuestros. Además recordó, aquí en el penal de Chilpancingo, que es donde se pretende traer a Barragán González se va a reencontrar con integrantes de su banda que ya fueron sentenciados por diversos secuestros.

“En nuestra familia apenas nos estamos restableciendo de este golpe tan duro que sufrimos por la muerte de mi padre, por lo que estamos exigiendo que se nos haga justicia y qué bueno que haya sido detenido esta persona (Pedro Barragán González) porque todo indica que fue él que lo mandó matar”, afirmó Oscar Ibáñez Reyes. Dijo que es lamentable que Pedro Barragán González y su banda haya gozado de impunidad durante varios años pese a que en la Procuraduría de Justicia había órdenes de aprehensión en su contra que nunca fueron ejecutadas por la Policía Judicial del Estado.“Si ese señor es efectivamente Pedro Barragán, entonces el gobierno le estará haciendo justicia a mi padre Javier quien en base a una serie de investigaciones que realizó logró desmembrar parte de la banda que encabeza este delincuente”, externó.

José Ramírez Villalba, abogado del fallecido empresario Javier Ibáñez y quien llevó el caso de la exitosa demanda de juicio político en el Congreso local en contra de los magistrados y la juez que liberaron a un integrante de la banda de Barragán, externó que sería un error del gobierno federal si traslada a la cárcel de Chilpancingo a este peligroso delincuente. “Nosotros creemos que Pedro Barragán debe estar en una cárcel de alta seguridad, porque aquí se podría fugar”, añadió.

Por su parte, el dirigente en esta ciudad de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato, pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) sea la que continué con la investigación del caso, porque seguramente Pedro Barragán González va a decir muchas cosas, una de ellas “cómo fue que gozó de impunidad durante varios años”. Damián Huato –quien siempre dudó de las investigaciones que realizaron las autoridades locales que llegaron a la detención de cuatro presuntos asesinos de Javier Ibáñez– dijo que la aprehensión del autor intelectual del crimen del empresario gasolinero de Chilpancingo fue “un acierto de la PGR, y un desprestigio para la Procuraduría de Justicia de Guerrero que en los diez años en que actuó este peligroso delincuente nunca lo detuvo, pese a que sabía donde encontrarlo”.

Para el dirigente de los comerciantes de esta ciudad, el asesinato del empresario Ibáñez –ocurrido el pasado 12 de marzo en una de las principales avenidas de la capital– fue resultado de un “complot” y Pedro Barragán González fue “el que recibió la orden y la protección del gobierno estatal”.

* El gobierno no ha cumplido los acuerdos que sostuvo con el cabildo, reclama el dirigente Bernardo Hernández * Ni la policía ni el ejercito están cuidando Escalerilla Lagunas, Tamalayota y Ayotoxtla, informa

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Por segundo día, indígenas tlapanecos de Antorcha Campesina permanecieron ayer en plantón frente al Palacio de Gobierno en espera de que haya garantías de seguridad para que puedan regresar a sus comunidades de Escalerilla Lagunas, Tamalayota y Ayotoxtla, municipio de Zapotitlán Tablas. El dirigente de Antorcha Campesina, Bernardo Hernández dijo que el gobierno estatal no ha cumplido con los acuerdos que sostuvieron con el cabildo de Zapotitlán Tablas y la dirigencia de Antorcha Campesina; uno de los acuerdos fue que se enviarían cuerpos de seguridad para evitar nuevas agresiones de los larsistas a los antorchistas. Informó que hasta el medio día de ayer sólo dos grupos de Seguridad Pública estatal habían hecho recorridos por la zona pero sin establecerse en alguna de las tres comunidades como fue el acuerdo con el secretario de Gobierno la noche del lunes.

El dirigente antorchista desmintió también que se hayan enviado militares a esas comunidades como lo informó el secretario de Gobierno a algunos medios de comunicación. Señaló que por el contrario, aún no hay seguridad suficiente para que las 100 familias antorchistas, que se encuentran algunas en Zapotitlán Tablas y otras en plantón en esta capital, regresen a sus comunidades. En esas comunidades el fin de semana pasado, militantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) secuestraron y golpearon a cuatro antorchistas, uno de los cuales, Pablo García Nayo murió a consecuencia de los golpes y los demás fueron liberados hasta la noche del lunes pasado. Otra de las peticiones de los antorchistas que no se han cumplido es la indemnización a la familia de Pablo García Nayo, y tampoco se han agilizado los trámites para que se paguen los gastos médicos de Onofre Nayo Marino, Herminio Catalán Sánchez y Rafael de Jesús Remigio quienes fueron detenidos y golpeados por los larsistas.

El dirigente antorchista responsabilizó al secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, de que el conflicto no se haya resuelto, pues recordó que desde las primeras agresiones que recibieron de los larsistas que dirige Marcial Dircio Ortega, pidieron la intervención del secretario, pero éste minimizó el asunto. Agregó que Miranda Añorve y el director de Gobernación, Rey Hilario Serrano, se han empeñado en presentar el asunto como un “problema personal” entre el dirigente de la LARSEZ, Marcial Dircio Ortega y el dirigente de Antorcha Campesina, Raúl Jerónimo Jacinto.

Dijo que incluso Miranda Añorve señala como ejemplo de la confrontación entre ambas organizaciones, el asesinato hace un mes de la señora Guadalupe Aguilar Domínguez, militante de la LARSEZ. El dirigente manifestó que de esto no existen evidencias y que el secretario y el director de Gobernación aceptan como verdad lo que les dicen los dirigentes de la LARSEZ que son quienes acusan del crimen a gente de Antorcha Campesina.

* Los arrestaron tres días y ahora amenazan con lincharlos, denuncian en un escrito dirigido al gobernador el presidente del comisariado de Bienes Comunales, Elfego Farías y el presidente del Consejo de Vigilancia, Delfino Flores

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Después de un arresto de tres días, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Atlixtac, Elfego Farias Rivera y el presidente del Consejo de Vigilancia, Delfino Flores Sánchez, no pueden regresar ahora con sus respectivas familias, porque el síndico procurador, Juan Sánchez Gutiérrez, ha organizado a los pobladores en su contra y éstos amenazan con lincharlos. Ahora los dos representantes comunales demandan la intervención de las autoridades estatales para que el problema se resuelva mediante el diálogo y ya no haya más agresiones en su contra como su detención por ordenes del síndico los días 29, 30 y 31 de mayo. Farias Rivera denunció que se trata de un conflicto político en el que están involucrados el sindico procurador, Sánchez Gutiérrez, el alcalde, Domingo Salgado y el aspirante del PRI a la candidatura para la alcaldía, Raúl Aguilar quienes incitan a los pobladores contra los representantes comunales, porque “quieren aglutinar a la gente en beneficio de la precandidatura de Raúl Aguilar”.

En conferencia de prensa ofrecida ayer en esta capital, Farias Rivera y Flores Sánchez, informaron que por decreto presidencial, en 1998 fueron expropiadas 42 hectáreas de tierra dentro de la zona urbana de Atlixtac, cabecera del municipio del mismo nombre, para que cambiaran su modalidad de propiedad comunal a propiedad privada a través de la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett). “El terreno fue expropiado para que cada uno de los posesionarios de casa o lotes en este poblado, puedan contar con escrituras privadas; sabemos que es un programa federal que viene a beneficiar a los pobladores”, explicó Farias Rivera.

Agregó que el gobierno federal indemnizó con 282 mil 185 pesos a los comuneros por sus tierras comunales, sin embargo ahora, “aprovechando los tiempos electorales”, el síndico procurador priísta, Sánchez Gutiérrez, junto con el alcalde, Domingo Salgado, que apoya al aspirante priísta a la alcaldía, Raúl Aguilar, se manifiestan contra ese programa para atraer votos. “No es justo que estas personas, estén diciéndole a la población que este programa es negativo para la comunidad, que las autoridades comunales han vendido sus tierras a la Corett y que, por lo tanto ahora el gobierno es el dueño de sus tierras y que en adelante pagarán cada año una renta y que a través del tiempo ese pago será mensual y que si no, les quitarán sus tierras o casas”, dicen en un escrito que le enviaron al gobernador Rene Juárez, los dos representantes comunales.

Y denuncian que a consecuencia de estos señalamientos en su contra, los ciudadanos presionaron para que fueran arrestados el 29 de mayo pasado, arresto que lograron evadir el 31, cuando, además, abandonaron el pueblo de Atlixtac al que hasta ahora no pueden regresar “pues el grupo de personas que se dicen llamar pueblo, nos amenazan con volvernos a detener y amenazan a nuestras familias con hacerles daño”.

Alfredo Mondragón * La delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que fue una tonelada y tres kilos de mariguana la decomisada el 3 de junio en Zihuatanejo en coordinación con la Policía Federal Preventiva (PFP), y que el vehículo y el conductor fueron consignados al Ministerio Público Federal. Mediante un boletín de prensa de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP), se explica que gracias a una denuncia ciudadana interceptaron en el kilómetro 235 de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo un tracto camión que remolcaba 28 toneladas de malla de alambrón y que tenía oculta la droga.

La delegación estatal de la PGR, indicó que el camión marca Kenworth, placas 052DB2 con razón social “Transportes Cruz”, conducido por Carlos Hilario Navarro Torres, tenía dos compartimentos prefabricados, donde los agentes federales localizaron 333 paquetes envueltos con cinta canela, cuyo peso ascendía a una tonelada y tres kilos de mariguana. La PGR indicó que la droga, el vehículo y el conductor Navarro Torres fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal.

Brenda Escobar, corresponsal, Petacalco * Durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, los diversos afectados por las emisiones contaminantes en agua, suelo y aire de la termoeléctrica de Petacalco, se manifestaron ayer en la plaza principal de esta comunidad, y posteriormente fueron a solidarizarse con los 213 Pescadores que desde hace más de un mes mantienen bloqueados los cinco accesos a esta planta. Encabezados por el regidor de Seguridad Pública de extracción perredista, José Luis Mendoza Berber, más de medio millar de ciudadanos de la región del Bajo Balsas realizaron una concentración masiva en la plaza principal de Petacalco y exigieron una pronta respuesta las autoridades de los tres niveles de gobierno, “porque ya dijimos, no queremos ningún proyecto a corto ni a mediano y mucho menos a largo plazo, queremos soluciones inmediatas”.

Luego, los pescadores de Vaso Presa la Villita, la Unión de Productores Agrícolas de Petacalco y los pescadores del Río Balsas brazo izquierdo San Francisco, marcharon un kilómetro hasta la termoeléctrica para solidarizarse con los 213 pescadores, “y decirles que también nosotros estamos padeciendo los efectos de la contaminación de este monstruo”. Haciendo alusión a las siete órdenes de aprehensión contra dirigentes de los 213, Mendoza Berber dijo que “no están solos, tenemos el mismo problema, tenemos el mismo enemigo común que es la irresponsabilidad y la anarquía por parte de la CFE. Y no están solos porque tenemos la convicción de que tienen la razón, exigen justicia igual que nosotros y por eso estamos con ustedes”.

Agregó que la situación de la contaminación que está afectando a todos los sectores productivos de esta micro región, “ya no se puede ocultar. La simulación y estudios amañados, la complicidad del gobierno, la prepotencia de los directivos de la CFE y la desesperación de los productores de esta región no genera condiciones para gozar de armonía y tranquilidad.” El también asesor pesquero del Vaso Presa la Villita, José Luis Mendoza encabezó un breve mitin donde también hizo acto de presencia el candidato del PRD a la alcaldía de La Unión, Carlos Reyes Torres. Por su parte, el dirigente de los 213 pescadores, Gilberto Barrera Reyes agradeció a los demás sectores su apoyo “a este movimiento que no lo estamos haciendo nada más para beneficiarnos nosotros, sino para que quienes vivimos en Petacalco tengamos una mejor condición de vida y ya no sigamos sufriendo la contaminación de esta termoeléctrica”.

Hasta ayer, los pescadores llevaban ya 45 días de plantón y bloqueo permanente a la termoeléctrica sin que hasta ahora hayan tenido una respuesta favorable a sus tres peticiones: el desestimiento de las órdenes de aprehensión de contra de siete dirigentes, el monto económico en proyectos productivos para cada integrante del grupo y la reducción de las tarifas en el consumo de energía eléctrica.

 

Imposible retirar las órdenes de aprehensión a pescadores: Popoca

 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Popoca Boone informó que los grupos inconformes por la contaminación que ha originado la Termoeléctrica de Petacalco, firmaron un convenio con el gobierno federal, estatal y municipal para participar en un programa socioeconómico con los pueblos aledaños y zona productoras. Sin embargo, confirmó que los 213 pescadores que mantienen tomados los accesos de la hidroeléctrica, rechazaron participar en ese programa porque quieren que se les otorgue 200 mil pesos por persona para proyectos productivos y que se les retiren las ordenes de aprehensión, y el gobierno federal ya respondió que no es posible.

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Pese a que aseguran que contaban con el permiso verbal del jefe del Departamento de Patrimonio Inmobiliario del Fibazi, Jaime Solís Bravo, once familias fueron desalojadas por efectivos de la Policía Patrimonial de un predio invadido  dentro del área de reserva ecológica. Entrevistado en las oficinas del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), el representante de los desalojados, Obdulio Flores Martínez informó que los hechos ocurrieron el 4 de junio a las 2 de la tarde cuando ocho elementos comandados por el jefe de la Policía Patrimonial de Fibazi, Arturo Palacios, llegaron a derrumbar sus humildes viviendas. Los precaristas habían invadido el predio el 12 de mayo, sin embargo, Obdulio Flores y los jefes de las once familias de paracaidistas aseguraron que para asentarse en dicho lote “tuvimos el permiso verbal de Jaime Solís Bravo y del mismo regidor de Asentamientos Humanos”.

Explicaron que ante la necesidad de un terreno para vivienda, estuvieron rellenando solicitudes ante el Fibazi y que fue el mismo Jaime Solís, así como el regidor priísta, Bartolo Valle Pérez, quienes les dieron la autorización verbal para invadir el área de reserva ecológica, “de no haber sido así, nosotros no hubiéramos invadido”. “No es justo que nos estén tirando nuestras casas que aunque son muy humildes, es lo único que podemos conseguir. Días antes del desalojo se presentaron unos sujetos a amenazarnos con pistolas para que no siguiéramos ahí y el martes, los policías al parecer iban drogados, porque de otra forma no hubieran actuado de la manera en que lo hicieron. Espantaron a nuestras mujeres y a nuestros hijos”.

Obdulio Flores señaló que interpondrán una denuncia ante la Codehum, “porque nos trataron como criminales, cuando nosotros sólo actuamos por la necesidad de tener una vivienda, mientras que Jaime Solís y el regidor Bartolo Valle utilizan a la  gente fomentando los asentamientos humanos para fines quizá partidistas, mientras que el titular del Fibazi, Oscar Velasco, parece no darse cuenta”.

* Cartera vencida y desperfectos técnicos causan el mal funcionamiento de la paraestatal, dice el alcalde Isaac Ocampo * Niega que los funcionarios de CAPAT cobren sueldos excesivos * Podría liquidar a la mitad de los 130 trabajadores, adelanta

Claudio Viveros, corresponsal, Taxco de Alarcón * A pesar de que el 1 de junio se pagaron 560 mil pesos del más de un millón que adeuda el municipio a la Comisión Federal de Electricidad, el servicio de energía eléctrica y el bombeo de agua a la planta potabilizadora se reanudó hasta el 3 de junio por lo que la distribución apenas comienza, informó el alcalde Isaac Ocampo Fernández.  Entrevistado por El Sur en su oficina privada, admitió que hay problemas y son varios y graves. Igual que el funcionario de la CAPAT, Noé Ortiz Rojas, cuando justificó que el origen del problema es la cartera vencida por los usuarios morosos, el presidente municipal afirmó también que “se está trabajando con números rojos”, además de desperfectos técnicos que hay en la planta potabilizadora, como en la línea de conducción.

Al referirse a los pagos por el consumo de energía eléctrica para traer el agua desde el río Chontalcoatlán, Ocampo Fernández expresó que “es un problema que tenemos cada mes”. Respecto a las personas que se han quejado porque se les manda aire en lugar de agua “estoy totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que existen usuarios con hasta 16 años de no pagar el agua y entre los que están varias escuelas de la secretaría de Educación en Guerrero que desde 1996 no han cubierto un solo pago”, denunció. 

“Hemos llegado a un punto en el que ya no podemos controlar el abasto del agua”, aceptó y dijo que posiblemente tengan pláticas con la CFE para postergar el adeudo en lo que resta de la administración municipal. El alcalde taxqueño, ofreció disculpas a la ciudadanía que se ha visto afectada por la carencia de agua potable en la ciudad,: “Sería muy fácil buscar algunas excusas o poner a una persona de frente y hacerme a un lado, yo asumo mi respnsabilidad”. “Isaac Ocampo también da la cara, les pido su comprensión, que nos entiendan; habremos de hacer todo lo humanamente posible para, primeramente, seguir con el abasto del agua y en segundo término, en los meses que nos restan, no tengamos una crisis como la que hemos tenido”, fue su compromiso.     

Respecto a los sueldos estratosféricos que cobran funcionarios de la CAPAT, denunciados por el dirigente hotelero, Javier Castillo García, el alcalde lo negó de manera tajante y argumentó que se harán acciones determinantes en cuanto a los gastos y operación de la administración y la plantilla de personal. Una de las medidas que pondrá en marcha debido al exceso de personal en la CAPAT podría ser la liquidación de por lo menos la mitad de los 130 trabajadores con los que actualmente cuenta o algunos ajustes en esa “caja chica” como ha sido calificada al interior de los ayuntamientos municipales, aspecto que igualmente rechazó.

El agua potable apenas comienza a distribuirse por la red y los habitantes esperan les sea cumplida la palabra del alcalde, en tanto las pipas continúan sus recorridos por diferentes lugares de Taxco, pero a cambio de 150 a 400 pesos por la negligencia y falta de operatividad en el organismo.

* Según las versiones el MDS quiere siete posiciones en la dirigencia estatal, seis el M-27, tres los socialistas, tres NI y tres una alianza entre Pioquinto Damián, Rubén Aguirre y Rosario Merlín

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Ayer se reanudó la sesión del Consejo Estatal del PRD donde se aprobó la convocatoria para la selección de candidatos a cargos de representación popular, y por la noche aún se cabildeaba la integración de la Mesa Directiva de esta instancia y del Comité Ejecutivo Estatal (CEE). Se analizaba la posibilidad de postergar la conformación de la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia (CEGV) y del Comité del Servicio Electoral. El pasado sábado 4 luego de la integración del Congreso Estatal se instaló el Tercer Consejo en el que se declaró un receso a fin de que una Comisión revisara el proyecto de convocatoria de selección de candidatos a cargos de representación popular. La reanudación del Consejo se citó a las 10 de la mañana pero inició a la 1 de la tarde y el primer punto, referente a la discusión y aprobación de la convocatoria, les llevó a los perredistas cinco horas.

El aún presidente de la Mesa Directiva del Consejo, Apolinar Segueda Dorantes a pedido de unos 50 consejeros estatales hizo una moción a las corrientes internas por su acostumbrado cabildeo los días de sesiones de los órganos de dirección del partido que entorpece y retarda su desarrollo. Luego el enviado del CEN, el secretario de Asuntos Electorales, Juan Guerra informó que el pasado lunes a las 10 de la mañana la comisión redactora, nombrada por el Consejo, se reunieron en su oficina de la sede nacional en la ciudad de México para elaborar el borrador de la convocatoria. Explicó al pleno del Consejo que lo trascendental de la convocatoria son sus modalidades de selección de candidatos como la elección interna a través de urnas abiertas a la sociedad.

Sobre las alianzas y convergencias con partidos y organizaciones sociales y políticas, donde adujo que el Consejo estaba facultado para decidir sobre los distritos y municipios donde se destinarían para las candidaturas externas y de coalición. Indicó que debe privilegiarse la selección de candidatos que sean los mejores, con compromiso social y con perfil triunfador. También se privilegia la definición de candidaturas por usos y costumbres que se establece como método de selección en los municipios indígenas. Para ello el CEE fue mandato que inmediatamente de publicada la convocatoria deberán conformar comisiones que acudirán a las siete regiones del estado para conocer los conflictos y esfuerzos para definir las candidaturas a diputados, presidentes, síndicos y regidores.

Esas comisiones regresarán al Consejo Estatal citado para una segunda sesión el próximo domingo 19, para que se apruebe en qué municipios y distritos habrá candidaturas de unidad, externas, y los métodos que se utilizarán aprobados: la elección interna, la elección abierta (plebiscito electivo) o la encuesta. En estas observaciones el secretario de Asuntos Electorales del CEN, Juan Guerra advirtió a los perredistas que una vez acordados los métodos de selección y logradas las candidaturas no se permitirán conflictos internos posteriores, y que quienes desconozcan las candidaturas serán turnados a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV). En ese sentido, referente al caso de Acapulco Juan Guerra determinó que el grupo de nueve ex consejeros municipales encabezados por el ex presidente, Rolando Rumbo Ayala deberán abstenerse de ostentar ese cargo y tomar decisiones a nombre del PRD, porque consideró que son ilegales, y los conminó a entregar la sede del partido donde no dejan trabajar al Comité Ejecutivo Municipal (CEM).

También en el caso de Atoyac, que el domingo pasado se les tomó protesta al presidente y secretario del comité municipal, se dijo que es ilegal toda vez de que ni un presidente puede instalar a los consejos municipales, esto porque el Servicio Electoral no ha entregado las constancias de validez de las elecciones de comités de base en ningún municipio. Que es el mismo caso de Iguala. Para ello se acordó exigir al Servicio Electoral que entregue las constancias de validez de las elecciones de los comités de base para que en los municipios donde haya habido esa elección los consejos municipales definan su método de selección de candidatos. Luego se aprobó el registro de los aspirantes a alcaldes, síndicos y regidores y a diputados, del 20 al 24 de junio. La elección se realizará el 21 de julio de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Hasta el cierre de la edición, las corrientes reunidas en el restaurante Los Adobes no se ponían de acuerdo en la integración de la Mesa Directiva del Consejo ni del CEE, luego de que el empresario de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato les aseguró que tenía a 25 consejeros y que eso los obligaba a que le cedieran tres espacios. Eso les rompió el esquema, porque de acuerdo a las diferentes versiones de los dirigentes de corrientes, estimaban que a las corrientes pequeñas les darían una posición. Los cívicos del MDS, querían siete; los del M-27, seis; y los de Convergencia Socialista, tres; y NI, tres.

Así, roto el cabildeo en el restaurante a las 10 de la noche, las cabezas de corrientes decidideorn regresar a reanudar la sesión: del MDS, el senador Armando Chavarría, Martín Mora Aguirre y Guillermo Sánchez Nava; del M-27, Misael Medrano Baza y Crescencio Almazán Tolentino; de NI, Sebastián de la Rosa Peláez y Marco Antonio Organis; de CS, Carlos Payán Torres; y Pioquinto Damián Huato que hizo alianza con la FDP, del diputado federal, Rubén Aguirre Ponce y del grupo de Rosario Merlín García.