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El acompañante

El acompañante

Maribel Gutiérrez * La ejecución de Gustavo (Tavo) Zárate Martínez, el 1 de noviembre de 2001, que según un testigo fue quien acompañó al tirador que mató a Digna Ochoa, fue difundida en medios de circulación nacional, pero sin referencia alguna a posibles vínculos con los asesinos de la abogada. El 2 de noviembre, 38 miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán se trasladaron a la ciudad de México para exigir justicia en el asesinato de Digna Ochoa, e informar sobre la visita que hizo a cuatro comunidades. Con los testimonios sobre la visita de Digna Ochoa, la persecución de los caciques y el Ejército y al abandono en que se encuentran las comunidades ecologistas, y después la liberación de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, causó impacto en los medios de la ciudad de México la información sobre la violencia contra la población en general, la que no participa en organizaciones ni en movimientos.

En una conferencia de prensa, el 9 de noviembre, el secretario de la Organización, Felipe Arriaga Sánchez, informó que cuando se preparaban para salir a la ciudad de México, en el camino de la sierra a El Zapotillal, cerca de la comunidad de El Venado, se dio una nueva masacre, en la que murieron dos adultos y una bebita (después se supo que la bebita no murió). Eran las 6 de la mañana del primero de noviembre, cuando Felipe Arriaga se dirigía a la cabecera municipal de Petatlán para preparar la salida a la ciudad de México. Iba manejando una cuatrimoto, y al pasar por El Venado encontró masacrados a los ocupantes de una camioneta, a quienes desconocidos les dispararon desde el monte con armas de alto poder. Encontró muerto, destrozado, a Tavo Zárate, que iba manejando el vehículo, y recibió cerca de 40 balazos. También mataron al señor Miguel Mejía, y sobreviven dos mujeres que estaban heridas de bala y tres niños. Nadie pudo ver a los agresores.

Felipe Arriaga, que pasó por El Venado cinco minutos después de la balacera, ayudó para el traslado de los heridos a un hospital. En la ciudad de México los manifestantes ecologistas informaron de este acontecimiento como un ejemplo de la violencia que se vive en la región, y se informó que unos minutos antes de la emboscada pasó por el lugar Roberto Cabrera, que también estuvo en la comisión de representantes de la Organización en la capital del país. Nunca se imaginaron que esa emboscada estuviera vinculada al asesinato de la abogada. En la región, poco después del asesinato del Digna Ochoa corrió la versión de que un policía judicial, conocido aquí como Charly, podría haber participado en el crimen. No se supo en qué se fundaba tal supuesto. El 23 de octubre, cuatro días después del asesinato de Digna Ochoa, fue asesinado en las afueras de Petatlán, en una gasolinera a un lado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo el policía judicial Carlos García García.

En diarios locales se publicó que el policía judicial del estado estaba adscrito a la comandancia del municipio de Arcelia, en la región de la Tierra Caliente, del otro lado de la Sierra Madre del Sur, y estaba cargando el tanque de gasolina para regresar a su lugar de trabajo cuando le dispararon con un cuerno de chivo, desde una camioneta tipo Lobo. El judicial recibió tres balazos, y alcanzó a disparar su arma, una pistola 38 súper.

Los Tupos

García García, de aproximadamente 40 años, estuvo adscrito a la comandancia de la Policía Judicial del Estado en Zihuatanejo. En 1993 trabajó en la misma corporación en la comandancia de Petatlán. Después, con cargo en la policía o sin cargo, siempre andaba armado, aún en público, aunque no estuviera en funciones, y se piensa que tenía el apoyo de jefes militares del 19 Batallón del Ejército que tiene su cuartel en Petatlán. En la región, a Carlos García se le identifica como parte de un grupo de civiles armados vinculados al Ejército, conocido como Los Tupos. Ese grupo está encabezado por los hermanos Angel, Fidel y Adán Gómez, que actúan en las partes altas de la sierra de Guerrero, según denuncias que en 1999 fueron hechas ante diversas instancias del gobierno y ante la relatora de la ONU que visitó México, Asma Jahangir, por la asamblea de ejidatarios de Los Guajes de Ayala.

La denuncia dice que es un grupo paramilitar ligado a la explotación ilegal de los bosques, que se dedica a combatir a los que se oponen a los poderosos intereses de los madereros. Los tupos acusan a sus opositores de pertenecer a supuestos grupos armados con fines subversivos o guerrilleros, y en la persecución de ellos actúan coordinados con el Ejército, según esa denuncia. No se ha sabido más acerca de las sospechas sobre los vínculos con el caso Digna Ochoa de la ejecución del policía judicial, que fue el primero de una cadena de asesinatos en la entrada a la ruta de la sierra que visitó la abogada. En los meses siguientes al asesinato de Digna Ochoa se acentuó la violencia en las rutas de acceso a la sierra de Petatlán que la abogada recorrió el 1 y 2 de octubre, acompañada por el representante de una red internacional que defiende el derecho a la alimentación, FIAN, Harald Ihmig, y dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas.

De acuerdo con los vecinos, esa ruta de la sierra, que comienza en El Barrozal, en la periferia de la ciudad de Petatlán, y atraviesa los ejidos de La Botella y de San José de los Olivos, era la más segura, la menos afectada por la violencia.

Un tirador de la sierra de Petatlán mató a Digna Ochoa, dice un testigo

 

* Un acompañante del sicario había sido acribillado 15 días después del ataque a la abogada * El ejecutor era compadre de Hank González y de Figueroa Alcocer * Vinculan con los hechos al ex alcalde Rogaciano Alba

Maribel Gutiérrez (Primera parte) * Un tirador de la sierra de Petatlán, Nicolás Martínez Sánchez, mató a la abogada Digna Ochoa, en la ciudad de México, el 19 de octubre de 2001, acompañado de otro pistolero de la misma región, Gustavo Zárate Martínez, según la versión de un testigo que pidió el anonimato. Los dos fueron ejecutados, el acompañante, el 1 de noviembre y el tirador el 4 de marzo de este año. Según testigos con los que él habló, recibieron órdenes del ganadero Rogaciano Alba Alvarez, hombre poderoso vinculado al Ejército, a las corporaciones policiacas, al narcotráfico y al poder político del PRI. En la región se sospecha que él mismo podría ser responsable de las ejecuciones del tirador y de su acompañante. Desde que estalló la indignación por el asesinato de la abogada y la atención pública volteó hacia Guerrero como el posible origen del crimen, Nicolás Martínez Sánchez, de 50 años, presuntamente subdirector de la Policía Preventiva de Petatlán, manifestó a sus amigos más cercanos su temor por las repercusiones.

Ese temor se transformó en la seguridad de que sería ejecutado después de que fue asesinado su acompañante, conocido como Tavo, 12 días después del crimen de la abogada, emboscado en El Venado, en la carretera de la sierra que va a la ruta que visitó Digna Ochoa el 1 de octubre. Desde entonces, Martínez Sánchez sabía que sería sacrificado en cualquier momento. “Tengo miedo, me van a matar, porque yo estuve en lo de Digna Ochoa, en México, y es un problema muy grande”, confesó a amigos cercanos, según el testimonio de uno de ellos. Les dijo que ya habían matado a otra persona, que lo acompañó a la ciudad de México, también originario de esa región en la sierra de Petatlán, Guerrero, y sobrino suyo. Después de la primera ejecución el tirador sabía que tenía la muerte segura, y por eso platicó con amigos de la sierra, y les dijo que él, directamente, había matado a Digna Ochoa. Reveló que en principio recibió la orden de matar a la abogada cuando estuvo en la sierra de Petatlán, el 1 y 2 de octubre.

En esas fechas, Digna Ochoa visitó por primera vez esta región de Guerrero, donde surgió y se desarrolló en 1998 el movimiento por la defensa de los bosques que tuvo su expresión en la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. El primer día estuvo en las comunidades de El Zapotillal, La Pasión y Barranca de Monte Grande, y el 2 de octubre en Banco Nuevo. Acudió acompañada de un miembro de un organismo internacional no gubernamental, FIAN, que se dedica a la defensa del derecho a la alimentación, Harald Ihmig, de nacionalidad alemana, y de dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas, que le pidieron ayuda para la defensa de cuatro de sus compañeros que están presos en Acapulco y de siete que son perseguidos por el Ejército y tienen que andar huyendo y escondiéndose en cuevas y en los bosques para proteger su vida y su libertad. El tirador dijo que todo estaba listo para matar a Digna Ochoa en la sierra de Petatlán, pero no sabía porqué se había cambiado la decisión. Le ordenaron entonces suspender el asesinato. Debía esperar otro llamado.

Había un nuevo plan, que era vigilar a Digna, seguirla en su regreso de la sierra a la cabecera municipal de Petatlán, el mismo 2 de octubre, y de ahí a la ciudad de México y tenerla en observación en la capital del país y donde se moviera. Según el testigo así lo hicieron, aunque no dijo si en esta vigilancia participaron los dos sicarios de la sierra de Petatlán. El tirador y su acompañante recibieron la nueva orden y se trasladaron a la ciudad de México, donde mataron a Digna Ochoa el 19 de octubre.

Con diferencia de cuatro meses, la forma como ejecutaron a Nicolás Martínez Sánchez y a Tavo (Gustavo u Octavio) Zárate Martínez son similares: en emboscadas en la carretera cuando se dirigían a la ciudad de Petatlán manejando sus camionetas, con ráfagas de AK-47 –presuntamente se usaron las mismas armas– y en operaciones planeadas con sicarios que esperaron ocultos a la orilla de la carretera de terracería el paso de los vehículos, y dispararon contra todas las personas que iban a bordo. En las dos emboscadas murieron seis personas y cinco fueron heridas con armas de alto poder, entre éstas tres niños, uno de ellos una bebita de seis meses.

Temor entre sicarios

 

Esta versión de que a Digna Ochoa la estuvieron vigilando desde su visita a la sierra de Petatlán con el propósito de matarla coincide con la de otro testigo, que en diciembre pasado dijo que se sabía que a la abogada la habían seguido desde su viaje a esta región hasta el momento en que fue ejecutada en el despacho de abogados de la ciudad de México. Ese testigo aseguró que en la labor de vigilar a Digna Ochoa de regreso de la sierra de Petatlán a la ciudad de México, estuvo un comandante de Atoyac, aunque no dijo si comandante del Ejército o de alguna corporación policiaca. También se sabe que tras el asesinato de Digna Ochoa, pistoleros con vínculos extraoficiales con el Ejército se sintieron inseguros y temerosos cuando la atención pública se centró en Guerrero. A algunos de esos pistoleros, de Petatlán y de otros lugares de Guerrero, sus jefes militares o sus contactos en México les retiraron sus armas y permisos para portarlas, como medida de precaución, ante la posibilidad de que las investigaciones alcanzaran a civiles armados que actúan vinculados a militares en Guerrero y en la ciudad de México.

El tirador

Nicolás Martínez Sánchez, alias El Cuarterón, de 50 años, fue asesinado el 4 de marzo como a las 7 de la mañana, a las afueras del poblado de El Venado, en el acceso a una de las rutas de la sierra de Petatlán que va de la cabecera municipal a la región de La Botella, donde se localizan El Zapotillal, La Pasión y Barranca de Monte Grande, donde Diga Ochoa estuvo en reuniones con campesinos ecologistas el 1 de octubre. Según las notas periodísticas, Nicolás Martínez Sánchez era subdirector de Seguridad Pública del ayuntamiento de Petatlán, pero oficialmente ese cargo no existe; otros dijeron que era inspector de la misma corporación policiaca municipal, y otros más que no era policía. Lo mataron en la carretera a la cabecera municipal, a donde se dirigía manejando su camioneta Dodge tipo pickup de modelo viejo, acompañado por su hijo, de 22 años, Hipólito Martínez Orozco, su cuñado, Francisco Orozco Blanco, de 40 años, y su sobrino, Francisco Javier Martínez, de 18 años. Los cuatro murieron en la emboscada, por múltiples heridas de bala de AK-47, cuerno de chivo. La camioneta, roja con blanco, estacionada en el patio de la casa de Martínez Sánchez, en la comunidad de El Venado, tiene cerca de 80 balazos.

Las notas de los diarios locales dan cuenta de que según el parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, dos individuos dispararon a la camioneta desde la orilla de la carretera, mientras uno los esperaba en una cuatrimoto, en la que huyeron hacia lo alto de la sierra. La esposa de Nicolás Martínez Sánchez, Ada Orozco, dice que no sabe porqué mataron a su esposo, ni quiere saber nada. Tampoco le interesa que se haga justicia, porque dice que de todos modos ya están muertos su esposo, su hijo y su hermano, que dejaron desamparadas a sus familias. Asegura que su esposo no pertenecía a ninguna corporación policiaca ni trabajaba en el ayuntamiento de Petatlán. Para ella, simplemente era campesino, que se dedicaba a sembrar y tenía ganado.

Recuerda que cuando lo mataron se dirigía a la cabecera municipal de Petatlán, con las tres personas, porque iban a construir el corral de toros para la feria que cada año se hace en esta ciudad de la Costa Grande guerrerense. La viuda afirma que nadie vio quién disparó contra la camioneta, y nadie oyó los disparos; un campesino la encontró en la carretera con los cuatro ocupantes muertos, y fue a avisar a la familia. Dice que Nicolás Martínez no tenía conflictos, que era un hombre bueno, que no se metía en partidos políticos, pero que trataba de ayudar a la gente necesitada de su pueblo, El Venado. La imagen familiar contrasta con la que daba públicamente. A los dos días de la ejecución, el entonces procurador de Justicia de Guerrero, Rigoberto Pano, declaró a los reporteros en Acapulco que “se trata de una venganza entre familias”, porque el año pasado Nicolás dio muerte a cuatro miembros de una familia.

En la región, Martínez Sánchez era conocido como un personaje siempre ligado al poder, que era compadre de políticos poderosos en México como Carlos Hank González y Rubén Figueroa Alcocer, y que siempre trabajó en corporaciones policiacas y saltaba de una a otra, de la Judicial del Estado a la Judicial Federal o a la Preventiva Municipal. También se le vincula con la política local, dentro del grupo dominante en el PRI, que encabeza Rogaciano Alba, y se le relaciona estrechamente con el actual síndico del ayuntamiento de Petatlán, José Salas Rivera, quien le asignó el cargo en la Policía Preventiva municipal. Salas Rivera, como parte de sus funciones de síndico procurador del ayuntamiento de Petatlán, colaboró con los grupos de agentes del Ministerio Público y policías judiciales que en tres ocasiones ha enviado a la región la Procuraduría General de Justicia del DF para tomar declaraciones e investigar el asesinato de Digna Ochoa. Según las fuentes que dieron la versión sobre el tirador que asesinó a Digna Ochoa, Nicolás Martínez Sánchez, El Cuarterón, era un hombre “muy preparado” para “ese tipo de trabajos”. Dicen que durante años cumplía encargos de Rogaciano Alba.

No les extraña que lo hayan contratado para una acción “tan grande”, como ellos la califican, y que se haya tenido que trasladar a la ciudad de México, a más de 500 de kilómetros de distancia del lugar donde él vivía. Les parece obvio que no hayan dejado huellas en un asesinato planeado y cometido por profesionales. No quieren opinar sobre el arma ni sobre el mensaje que apareció cerca del cuerpo de la abogada con amenazas a los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde trabajó Digna Ochoa, porque no saben, pero dicen que “todo estaba bien preparado”, suponen que participó más gente, e insisten: “El era muy bueno para esos trabajos”. Sobre el motivo que tuvo el tirador para el asesinato, las fuentes coinciden en que fue “por paga”, “por dinero”. Dicen que él hacía ese tipo de trabajos para la gente de allá que tiene mucho poder, y a la pregunta de ¿quién es esa gente poderosa?, los testigos no dudan: Rogaciano Alba. Entonces, surge la pregunta sobre los móviles de Rogaciano Alba, y las fuentes, que piden el anonimato, piensan que el asesinato pudo ser “para quitarla de enfrente”, o pudo ser ordenado por Alba pero a petición de gente del Ejército, con quien tiene relaciones.

Rogaciano Alba es actualmente presidente de la Asociación Gandera del estado, fue presidente municipal de Petatlán en el periodo 1993-96, durante la gubernatura en Guerrero de Rubén Figueroa Alcocer, quien le dio protección y es hasta el momento el personaje de mayor poder político en Guerrero. Aunque en la región son del dominio público los vínculos de Alba con el narcotráfico, se mueve activamente en la política, y en el año 2001 buscaba nuevamente ser candidato del PRI a presidente municipal de Petatlán para las elecciones de octubre de 2002, pero aparentemente dejó de moverse hacia ese propósito. Sobre el homicidio de Digna Ochoa ya ha declarado dos veces ante agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del DF: el 21 de diciembre de 2001 y el 18 de enero de 2002. El 21 de enero dijo en entrevista a reporteros locales: “Quieren que sea yo el chivo expiatorio en el asesinato de Digna Ochoa”, y opinó que las acusaciones contra él se deben a “intereses políticos del PRD”.

Alejandro Díaz Garay

Sobre alianzas y negociaciones partidarias

 Las siguientes líneas son extractos de un folleto que el PT ha impreso masivamente para la formación ideológica y política de sus dirigentes, producto de experiencias de luchas nacionales y procesos revolucionarios internacionales.

La alianza se concibe como una unidad contradictoria, donde al mismo tiempo que se da la alianza entre diferentes fuerzas que se mancomunan sobre objetivos comunes, se da la lucha ideológica y política entre los diferentes aliados sobre las posiciones, intereses y planteamientos contradictorios donde existen francos desacuerdos.

El objetivo de las alianzas es ganar a nuestro lado al mayor numero posible de fuerzas y aislar al máximo al enemigo principal concreto, aliando a todas las fuerzas que puedan ser aliadas, neutralizando a las que no sea posible mancomunar, agudizando las contradicciones entre las diferentes fuerzas enemigas para debilitarlas, a fin de lograr siempre en cada etapa de la lucha revolucionaria, la concentración de una fuerza política superior que nos permita derrotar a nuestros diferentes enemigos, uno por uno.

Una alianza puede tomar el camino del rompimiento cuando las contradicciones o diferencias existentes entre las diferentes fuerzas políticas aliadas se agudizan, trayendo como consecuencia la desaparición de la alianza de tal suerte que se puede llegar al extremo de que estas fuerzas políticas se combatan entre sí.

Esta agudización de las contradicciones puede ser debido a un mal tratamiento de las contradicciones entre los aliados o a que ya se hayan cumplido los objetivos comunes que se fijaron, las diferentes fuerzas participantes en esa determinada etapa de la lucha.

Las alianzas son necesarias porque los trabajadores, campesinos, estudiantes, amas de casa, comerciantes, etc., no pueden vencer a sus enemigos por sí solos, ya que el poder económico, político e ideológico de los grupos opresores es muy grande.

No sólo poseen los medios de producción, que le da un gran poder económico, sino que a través de ese poder, logran controlar los medios masivos de comunicación: radio y televisión, sin menospreciar su influencia sobre otros medios como la prensa escrita, el cine y la imprenta en general. Es decir, al controlar la información logran imponer sus ideas, su “mentalidad” a la mayoría del pueblo, utilizando cada vez formas más sofisticadas del tamaño de nuestros deseos. Además, gracias a ese poder económico logra controlar las fuerzas públicas (policías y ejército), las leyes, los tribunales de justicia, el gobierno y los aparatos de control político, es decir, el poder político del Estado, utilizándolo como un poderoso instrumento de dominación y control político sobre el pueblo trabajador.

Existen diferentes tipos de alianzas ya que la diferente vida material de las clases y grupos sociales que integran una formación social, genera diferentes intereses por los cuales hay que luchar o defender. Cuando esas condiciones objetivas y subjetivas permiten que haya los mismos objetivos a alcanzar, por las diferentes clases, grupos sociales o personas, partidos u organizaciones políticas, se producen las alianzas. Estas condiciones objetivas y subjetivas son cambiantes y muy complejas y esto origina que se den diferentes tipos de alianzas.

Para poder trazar una línea política correcta, es necesario saber distinguir el carácter de cada alianza, así como sus alcances y limitaciones para evitar caer en falsas idealizaciones que pueden ocasionarnos graves fracasos. Podemos clasificar las alianzas de acuerdos a los siguientes criterios:

Alianzas estratégicas finales, alianzas estratégicas parciales, alianzas tácticas, alianzas temporales, alianzas duraderas, alianzas para la acción, alianzas para la neutralización.

Vivimos una realidad muy compleja donde el enemigo tiene diferentes frentes y niveles de participación. A nivel federal gobierna el PAN; a nivel estatal el PRI; en municipios como Acapulco, una coalición de facto PRD-PAN-PT-PRT. En este proceso político-electoral participarán ocho partidos federales y dos partidos locales. Habrá alianzas y negociaciones entre las fuerzas políticas, algunas de ellas de nuevo cuño; algunas mantendrán su tradicional amalgamiento; otras en cambio, dejarán de ser las mismas de siempre. Estaremos comentando el caso Acapulco, apoyándonos en la información que arroje nuestra próxima encuesta. Adelantar que junto con Higinio Ernesto Rodríguez Escalona, Alberto López Rosas, Luis Walton Aburto, viene el factor Mojica y el PAN no ha dado su bracito a torcer.

Marcial Rodríguez Saldaña

La inseguridad pública

 La inseguridad pública es uno de los lastres más lastimoso para la población, que arrastra el régimen autoritario y los grupos de poder que se oponen a la democratización de la sociedad.

Los gobiernos se constituyen para encarnar los anhelos, las aspiraciones de bienestar, de paz, de tranquilidad, de seguridad de sus representados y cuando no cumplen con estos propósitos fundamentales, hay un alejamiento, un divorcio, una ruptura entre mandantes y mandatarios.

Los clamores ciudadanos para poner un alto a la inseguridad en el estado de Guerrero, cada vez son más angustiantes. Los crímenes, robos, secuestros, tentativas de privación ilegal de la libertad con violencia brutal, etc., se vuelven el pan de cada día.

Las cifras gubernamentales pueden variar para aumentar o disminuir los porcentajes de los índices delictivos; pero los datos son engañosos, pues muchos ciudadanos han perdido la fe, la confianza en los órganos de procuración de justicia; a veces tienen temor de acudir a ellos, por esto no se atreven a denunciar los agravios en su contra y no se cuantifican los delitos en las estadísticas oficiales.

Los crímenes causan llanto, lágrimas de impotencia, desilusión; el robo genera rabia, coraje; el secuestro provoca angustia, traumas, inestabilidad, psicosis familiar; la delincuencia en general produce inseguridad social.

Hace unas semanas, el ex procurador de Justicia de  Guerrero, Rigoberto Pano expuso en el Congreso del Estado un informe en donde reconocía la corrupción y las complicidades de los cuerpos policiacos en el cáncer de la delincuencia; sin embargo, no se han tomado las medidas suficientes para combatirla, no se le ha dado el lugar preponderante en la tarea de gobierno.

¿Qué pasa en Guerrero? ¿Acaso no se puede poner orden; no hay quien garantice a la población, vivir en paz, dedicarse a su trabajo, salir de su casa a la ciudad, a la urbe a vivir en comunidad?

Las buenas intenciones para traer inversiones, capital, industria y empleo a Guerrero, serán infructuosas si no hay seguridad para las personas, para las familias y para su patrimonio. El problema de la inseguridad pública es un asunto de Estado, es un aspecto que se tiene que ver y enfrentar en forma integral y estructural, con toda la fuerza de las instituciones con que cuenta el poder público, con convicción, con la ley en la mano, con acciones precisas, medibles y evaluables en sus resultados y no con discursos.

El proceso electoral en Guerrero se empieza a enrarecer, la violencia y la impunidad son muy malas señales para que las elecciones se desarrollen dentro del campo institucional. Ojalá el gobierno del estado tome las medidas a tiempo para detener la ola de inseguridad, que poco a poco va causando ingobernabilidad social; los métodos tradicionales de intimidación del voto ya no dan resultado, por el contrario, generan mucha indignación, fortalecen las convicciones democráticas y mantienen viva la esperanza, la luz y la llama del cambio.

CARTAS (Agradece el apoyo de presos políticos a su hijo detenido en Puente Grande)

 Señor director:

Desde esta cama en la cual me encuentro postrada debido a mi discapacidad, agradezco al Comité de Presos Políticos el apoyo que dan a mi hijo Angel Guillermo Martínez González, para que lo regresen del penal de Puente Grande a donde fue enviado desde noviembre de 1999; impidiéndole se pueda defender del delito que se le acusa: del asesinato del hijo del regidor Marco Antonio López, y al ser trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco, quedó en total indefensión por ser este un asunto del fuero común.Mi hijo fue trasladado con el pretexto de que pertenecía al ERPI y por portación de armas prohibidas, delitos de los que ha sido absuelto por no haber pruebas de ellos, y aún así no lo regresan a Acapulco.¿Con qué que dictaduras estamos siendo gobernados? ¿Cuál es el cambio? ¿Dónde quedan los derechos de los ciudadanos mexicanos?¿La palabra justicia es sólo eso, una palabra que en nuestro país carece de significado?A mis preguntas sólo la apatía y el mutismo de las autoridades responde.Al señor Omar Guerrero Solís y todos los presos que se encuentran luchando por su libertad y el regreso de todos los presos políticos que están fuera del estado de Guerrero, toda mi gratitud y mis oraciones para que Dios les dé la fuerza necesaria para seguir adelante y logren sus objetivos.

Atentamente
Alejandra González Gaytan

CARTAS (Siempre reprobó la corrupción, dice Calderón Velázquez)

 Señor director:

 Apelando a la apertura de que siempre ha exhibido la publicación a su digno cargo, me dirijo a usted para responder por este medio a la nota difundida ayer signada por su reportera Nelly Bello, quien en su escrito claramente pretende vincularme con la corrupción de un sistema político cuyos remanentes aún persisten enquistados en nuestros órganos de gobierno. A ese respecto debo aclarar lo siguiente:Comprometido moralmente en el combate a toda manifestación de la corrupción, había llegado a la conclusión de que sólo desde adentro me sería posible contribuir en el destierro de los vicios y taras del sistema al que siempre reprobé.Y dice bien la nota de su reportera, este servidor procuró colaborar cumplidamente, en su momento, con el régimen añorvista; en la Dirección de Tránsito Municipal puse mi mejor empeño para acabar con las prácticas desleales a la sociedad que sistemáticamente asumen los elementos de dicha corporación.Es verdad, colaboré con ese gobierno, lo cual no puede dar pauta a que se me quiera señalar como cómplice del mismo pretendiendo así desacreditar mi imagen ante la opinión pública ahora que sumo mi esfuerzo en pro de la candidatura del licenciado Alberto López Rosas, a quien agradezco la confianza que me brinda al llamarme para tal propósito.
Sin otro particular y esperando verme favorecido con la publicación de la presente, me despido quedando de usted como su seguro servidor.

Atentamente
Lic. Alfonso Calderón Velázquez

CARTAS (Pide equilibrio en la integración del CEE del PRD )

 Señor director:  

Me dirijo al Consejo Estatal del PRD que se reanudará este miércoles 5 de junio en la ciudad de Chilpancingo, para manifestarle a los consejeros que en la integración del Comité Ejecutivo Estatal apliquen criterios justos.Sería un poco justo que las siete regiones de la entidad pudieran representarse con dos miembros en el actual comité y uno más para Acapulco, Iguala, Chilpancingo y Costa Grande, por ser regiones con mayor número de militantes, y con ellos suman 18 carteras.La Montaña es una región donde la violación de los derechos indígenas es cotidiana, por ello la Secretaría de Asuntos Indígenas la debe dirigir un indígena con dignidad  y honestidad para que no arranque beneficios personales con el gobierno.La Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia podría funcionar y defender la legalidad si se constituye con personas honorables no afines a las corrientes y con valores de imparcialidad, justicia, respeto, civilidad y fraternidad, ampliamente reconocido por su prestigio por la sociedad, y en el mismo sentido para el CASE.Exhorto al Consejo Estatal a superar los errores del pasado como la sobrerepresentación de algunas regiones de la entidad en detrimento de la región de La Montaña, el continuismo de algunos dirigentes en el Comité Ejecutivo Estatal, Consejo Estatal y/o el Comité Auxiliar del Servicio Electoral con un cargo como profesión de vida en perjuicio del partido porque no lo construyen sino sus corrientes.

Saludo cordialmente a todos los compañeros consejeros.

Atentamente
Prof. Custodio Rivera Galindo
Secretario de Asuntos Indígenas