* Guerrero pasó del 18 al 22 en inseguridad, afirma

* Parte de la pluralidad, la votación dividida del Congreso en el nombramoento del procurador Ramírez Guerrero, dice

Alfredo Mondragón * El gobernador René Juárez Cisneros consideró que a pesar de que el nuevo procurador de Justicia no tuvo unanimidad de los diputados en su nombramiento, es parte de la pluralidad en el país y agregó: “Tengo confianza en que vamos a trabajar bien contra la inseguridad”.

Entrevistado al término de la ceremonia del 88 aniversario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz, tras las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra policías judiciales involucrados en secuestros y desapariciones forzadas, indicó: “Estamos  analizándolas”.

Afirmó que a la mitad de su administración ha logrado reducir en un 13 por ciento la inseguridad en el estado, y que hace tres años Guerrero ocupaba el número 18 a nivel nacional y en la actualidad se sitúa en el número 22.

Aceptó que son insuficientes los esfuerzos de su gobierno para erradicar de manera total la inseguridad en la entidad, pero señaló que “tenemos que seguir trabajando para lograr ese propósito”.

Juárez Cisneros afirmó que mantiene firme el combate a la impunidad y que para ello ha iniciado una restructuración de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG), con la incorporación de los candidatos de la terna a las subprocuradurías de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos Violeta Parra y Manuel Saavedra Flores.

Con respecto a los policías judiciales denunciados por nexos con secuestros  respondió: “Nosotros tenemos la decisión total y absoluta de aplicar la ley sin distingo y cuando haya un caso específico de algún servidor público o de alguna persona que labore en algún cuerpo policiaco que esté  infringiendo la ley vamos actuar con energía”.

Al preguntarle del caso de agentes judiciales que usan automóviles reportados como robados, de los cuales siete han sido detenidos por agentes  de la Policía Federal Preventiva en el retén de Bajos del Ejido, el  gobernador respondió: “Si tú sabes, denúncialo para que actuemos con energía”.

Sobre el tema de la seguridad, el mandatario enfatizó que los avances obtenidos en esa materia han sido por decisiones gubernamentales en términos jurídicos, con iniciativas muy enérgicas que castigan de manera muy severa cualquier acto fuera de la ley que dañe y afecte la armonía social  como es el caso del secuestro.

Con respecto a los últimos casos de violencia en la entidad, Juárez Cisneros  dijo: “Guerrero ha sido un estado históricamente violento, sin embargo yo puedo afirmar que durante los últimos tres años ha habido una etapa de reconciliación por lo que los resultados ofrecen datos muy claros y  precisos”.

* Los huelguistas del estado, 14 en Acapulco y tres en Chilpancingo, demandan además el regreso de sus compañeros Efrén Cortés Chávez y Angel Guillermo Martínez * Es parte de un movimiento nacional convocado por 26 presos políticos de la región de los Loxichas, en Oaxaca, para presionar al Congreso de la Unión

De la corresponsalía, Chilpancingo * Diecisiete presos políticos se encuentran en huelga de hambre en Guerrero, en las cárceles de Acapulco y Chilpancingo, para exigir la aprobación de una ley de amnistía y el regreso de sus compañeros recluidos en Puente Grande, Efrén Cortés Chávez y Angel Guillermo Martínez González.

La huelga de hambre es parte del movimiento que comenzaron el sábado presos políticos acusados de pertenecer a grupos armados en diversos estados del país, convocados por 26 indígenas de Oaxaca originarios de la región de los Loxichas, presos en diversas cárceles de ese estado.

En Guerrero empezaron el ayuno 14 miembros del Comité de Presos Políticos y de Conciencia de Acapulco, el sábado en la mañana, informó vía telefónica el presidente de esa organización, Omar Guerrero Solís.

El mismo sábado, en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, se sumaron a la huelga de hambre Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio del ERPI, el detenido en Chilpancingo acusado de pertenecer a esa organización armada, Fernando Gatica Chino, dos presos acusados de pertenecer al EPR del estado de México y cuatro acusados de una acción de las FARP, entre ellos los hermanos Cereso Contreras.

En Chilpancingo, se sumaron este domingo los acusados de pertenecer al EPR, Fidel García Ramírez y Tomás de Jesús Barranco y el ex dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Alfredo Barragán Rentaría, informó la estudiante de la UNAM, Erika Zamora, presa en Chilpancingo acusada de pertenecer al ERPI.

En Acapulco, los presos políticos enviaron previamente un documento a la dirección, informando del motivo de la huelga de hambre, para evitar una reacción adversa de las autoridades carcelarias.

Los huelguistas de hambre se instalaron en una enramada en el patio del penal, donde se realizan normalmente las actividades del Comité de Presos Políticos. Ahí permanecen durante el día, y en la noche, los 14 huelguistas se trasladan al comedor.

El sábado y domingo, día de visita, los presos en ayuno recibieron a sus familiares, y esperan resultados de la negociación de sus representantes en la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México.

De las autoridades del penal han recibido agua para beber y la visita del médico para revisar las condiciones de salud, informó ayer Afredo García Torres, uno de los 14 ayunantes.

El Acapulco están en huelga de hambre por tiempo indefinido Pilar Martínez Pérez, Moisés Martínez Torres, Alvaro García Avila, Juan García Avila, José Coria Sánchez, Lucio de la Cruz Villa, Ciro Urioso Lara, Rogelio García Pineda, Misael de la Cruz, Amadeo Campos Ríos, Antonio García Pastrana y Erasto Hurtado Arias, además de Omar Guerrero y Alfredo García Torres.

Elizabeth Silva Nogales informó que por teléfono, su hermano, el comandante Antonio, le informó que el sábado los ocho presos políticos del penal de La Palma se unieron a la huelga de hambre de 26 presos de Los Loxichas y de Guerrero para demandar la ley de amnistía.

En Chilpancingo, vía telefónica, Erika Zamora Pardo, que está en prisión como parte de la represión en El Charco, informó que a las cuatro de la tarde de este domingo iniciaron su huelga de hambre Alfredo Barragán Rentería, Fidel García Ramírez y Tomás de Jesús Barranco.

Fidel García Ramírez y Tomás de Jesús Barranco se encuentran presos en el reclusorio de esta ciudad desde 1997, acusados de haber participado en emboscadas del EPR contra el Ejército mexicano. Ambos ya fueron sentenciados por delitos del fuero federal y fuero común.

Alfredo Barragán Rentaría enfrenta un proceso judicial por el delito de homicidio en agravio del regidor perredista del ayuntamiento de Leonardo Bravo (Chichihualco) Raúl Valente Catalán.

Los tres internos se encuentran en el área del penal conocida como la aduana, a la entrada de las oficinas administrativas.

Por su parte, el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Pedro Nava Rodríguez, informó que la huelga de los presos de Guerrero se sumó a la que iniciaron desde el viernes internos de varios penales de los estados de Oaxaca, Distrito Federal y Jalisco en demanda de que el Congreso de la Unión agilice la promulgación de una ley de amnistía para beneficiar con su libertad a todos los presos políticos del país.

Explicó que los presos en huelga de hambre de Guerrero, demandan también el regreso a esta entidad de Angel Guillermo Martínez y Efrén Cortés Chávez.

El dirigente del FODEG informó que la intención es presionar a los legisladores federales para que aprueben dicha iniciativa de ley antes del 30 de abril cuando termina el actual periodo de sesiones, y que si ya no es posible, cuando menos que los trabajos queden avanzados para que pueda promulgarse la ley al inicio del próximo periodo que comienza en septiembre.

Denunció que en Guerrero no se ve ningún interés por parte de los legisladores locales por una iniciativa de esa naturaleza, a diferencia de Oaxaca, en donde la Comisión Legislativa de Derechos Humanos envió una propuesta al Congreso de la Unión para que sea retomada, analizada y en su caso, aprobada.

Demandó a los diputados locales que cuando menos se pronuncien a favor de una ley de esta naturaleza para que el Congreso de la Unión le entre a la discusión sobre el tema.

Dijo que por parte del gobernador René Juárez, tampoco hay interés pues señaló que incumplió con un ofrecimiento que hizo a las organizaciones sociales para gestionarles una audiencia con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, a quien pretenden plantearle que intervenga para que se agilice la aprobación de la ley de amnistía.

* En 2001 y este año, capturan 13 toneladas de cocaína

* Combaten narcotráfico, secuestros, indocumentados, tráfico de armas, grupos subversivos y delincuencia en general, informa

 Alfredo Mondragón * El comandante de la Sexta Región Naval Militar, David José Leal Rodríguez, reveló que en la entidad operan dos grupos especiales destinados exclusivamente para el combate de drogas, secuestros,  indocumentados, armas, grupos subversivos y delincuencia en general.

Dijo que dichos grupos especiales han acudido en apoyos del gobierno del estado para combatir la delincuencia, pero agregó que no han encontrado nada porque “ha habido fuga de información de parte del personal civil involucrado, tanto del municipio como del estado”.

El vicealmirante informó que la Armada de México tiene dos grupos especiales  operando en Guerrero denominados Coordinación Guerrero y Operación Guerrero  destinados exclusivamente para el combate de drogas, secuestros,  indocumentados, armas grupos subversivos y delincuencia en general.

El vicealmirante de la Sexta Región Naval Militar, correspondiente a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, indicó que la  soberanía y el combate en la mar están garantizados tras indicar que en el 2001 y lo que va del año han decomisado 13 toneladas de cocaína.

También reveló que a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, la Armada de México envió grupos especiales  antiterrorismo, denominados Operación Sonda al estado de Campeche para  proteger las plataformas petroleras o hidroeléctricas.

Entrevistado ayer al término dela ceremonia del 88 aniversario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz, Leal Rodríguez consideró que existe una relación entre el narcotráfico, pobreza, bajo índice escolar y grupos  subversivos; en estos tres estados pobres del país, aunque rechazó que en las Costas exista guerrilla.

“Nuestros grupos los tenemos por si una plataforma de petróleos o hidroeléctricas cayeran en manos de grupos subversivos para eso son estas fuerzas especiales: desde el 11 de septiembre está operando Operación Sonda en Campeche con unidades de superficie, marina y aéreas para proteger las plataformas petroleras; no se han detectado indicios de terrorismo en esas regiones”, indicó.

Con respecto al narcotráfico, el vicealmirante Leal Rodríguez indicó que las  rutas que se han detectado por estadísticas e informes son las costas del país, principalmente de 250 a 500 millas náuticas mar adentro con un flujo principalmente de Colombia a Estados Unidos.

Leal Rodríguez comentó que la forma de operar de los narcotraficantes en la mar es “el bombardero vía aérea con pesos que después afloran, nosotros permanecemos en esos lugares, cuando los detectamos; en ocasiones botan la droga al agua, e incendian o hunden los barcos para evadir la ley”.

Señaló que vía marítima no han realizado decomisos de armas debido a que no se dan por la mar sino por la frontera norte; “no tengo estadísticas de cuántas porque eso lo lleva la PGR y la Sedena”.

* Postergan las audiencias y el fallo, acusa

* Hace 10 meses lo operaron mal en el Hospital General y no le han reintegrado los 14 mil 88 pesos que gastó

Jorge Nava * El campesino de Coyuca de Benitez, Oscar Gómez Solís denunció que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM) lleva 10 meses postergando el dictamen de su queja por negligencia contra un médico del Hospital General Acapulco y en un acto de complicidad suspendieron la última audiencia y ahora tendrá que esperar otros ocho meses para saber si le reintegrarán el gasto de 14 mil 88 pesos por una operación mal hecha en junio de 2001.

El problema de Oscar Gómez de 46 años de edad, dedicado a la siembra de plátano, comenzó el 4 de junio de 2001 cuando el médico Carlos Jesús Núñez Camacho no le operó bien una hernia localizada en la ingle.

El campesino, acudió a la redacción de este diario acompañado del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Mahatma Gandhi, Francisco Díaz González, a contar que ahora tiene que pagar para que “hagan el trabajo pesado” de su actividad, porque quedó peor después de la operación.

Por ello a mediados de junio, Gómez Solís acudió a la CEAM, donde inició su queja, pero halló “complicidad” de parte del comisionado del organismo estatal, Edmundo Miranda Lluck y la sub-comsionada B, Sonia Angélica Choy García, quienes actuaron como “comparsa” del Hospital General retardando los trámites, tratando de desanimarlo en su demanda y postergando la resolución de su queja pese a que todavía tiene la hernia.

 

Sin reposo, adolorido y todavía con hernia

 

El campesino narró que al día siguiente de la operación lo dio de alta el médico sin permitir el reposo posoperatorio que necesitaba. A los 18 días fue a que le quitaran las puntadas y aprovechó para contarle a su médico que sentía dolor en el lugar donde se encontraba la hernia.

El doctor Núñez Camacho le respondió que el dolor era normal por la operación. Entonces fue con un médico particular que le ordenó un ultrasonido, el cual mostró que aún continuaba con la hernia porque no cerraron bien las fibras musculares.

Entonces, como 15 días más tarde el dolor persistía, volvió a consulta al Hospital General y el doctor Núñez Camacho le respondió que si no quedaba bien se podía operar hasta siete veces, apero no le dijo sí lo volvería a intervenir.

Preocupado, acudió con el director del nosocomio, Marco Antonio Adame Aguilera, quien lo recibió con prepotencia, vio los resultados del ultrasonido y los descartó asegurando que “con ese estudio no se puede detectar una hernia”

Gómez Solís narró que el mismo doctor Adame Aguilera lo revisó y detectó la hernia, luego lo mandó con un médico internista, y le informó que tenían que volver a intervenirlo, pero el campesino respondió que no tenía dinero para pagar otra operación.

“Si no quieres hazle como quieras y si quieres demanda”, aseguró Gómez Solís que fue la respuesta del funcionario de los Servicios Estatales de Salud, Marco Antonio Adame Aguilera.

 

No le permiten abogado durante las audiencias

 

Por ello acudió a la CEAM, organismo desconcentrado de la Secretaria de Salud, creado por el gobernador del estado, René Juárez Cisneros, el 3 de junio del 2000, donde lo atendieron Edmundo Miranda Lluck y la sub-comisionada B, Sonia Angélica Choy García, quienes le agendaron su primera audiencia para dos meses después, cuando la ley indica que las audiencias serán a los 15 días de la denuncia.

La audiencia fue el 30 de agosto de 2001, acudieron Miranda Lluck, Choy García, el médico demandado Núñez Camacho y el apoderado legal del Hospital General, Pedro Oliveros.

Oscar Gómez preguntó por qué el hospital envió un abogado y sí él también podía recurrir a uno, pero la sospechosa respuesta fue que él no tenía derecho porque era una conciliación.

En esa primera audiencia el campesino de Coyuca pidió que se le volviera a operar pero en una clínica particular y el apoderado legal, Oliveros Nájera, respondió que no porque el Hospital General Acapulco cuenta con los aparatos y médicos.

Después el organismo evaluó que él gastó por la intervención quirúrgica, el ultrasonido, medicamentos y periodo de recuperación, 14 mil 88 pesos, cifra que él pidió al hospital se le reponga.

Gómez Solís recordó que el 9 de noviembre de 2001, en una cuarta audiencia, intentó llevar un abogado y recurrió al presidente de la Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Fracisco Díaz González, organismo no gubernamental.

Al principio no le permitieron la entrada a Díaz González pero habló con Miranda Lluck y lo dejaron entrar siempre y cuando “no hablara”.

Allí le ofrecieron intervenirlo en el hospital que quisiera con la única condición que fuera de la Secretaría de Salud. Le sugirieron aceptar el servicio del hospital de Atoyac de Alvarez; el Donato G. Alarcón, ubicado en Ciudad Renacimiento u el mismo hospital donde fue intervenido.

Oscar Gómez Solís no aceptó la propuesta. Les dijo a los funcionarios que “no tenía confianza y temía represalias”. Ante su negativa le dieron de plazo 20 días para presentar pruebas.

A la quinta audiencia acudió acompañado de su abogado, José Manuel Guadarrama, a quien Choy García le negó el acceso: “dijo que no tenía derecho porque estaba en una conciliación”, manifestó Gómez Solís.

En esa ocasión la CEAM lo envió a consulta con un médico particular, quien le dijo que no había sido una operación bien hecha porque continuaba la hernia. El médico le reveló que la intervención practicada “no fue realizada al 100 por ciento” y envió a la CEAM los resultados.

En la última audiencia Choy García le informó que el médico Núñez Camacho quería llegar a un acuerdo con él, “en un lugar fuera; que me daba una semana para consultar a mi abogado”.

Después de esa adevertencia, se pospuso la última audiencia donde le darían a conocer el resultado del proceso, por lo que Gómez Solís comprendió que la CEAM es “comparsa” del Hospital General y había “complicidad” por el engaño que le hicieron.

Habló luego por teléfono con Núñez Camacho acerca de la propuesta que le hizo Choy García, pero el médico le aclaró que Choy García y Edmundo Miranda, “mal interpretaron”, porque él estaba decido a llegar hasta las últimas consecuencias del proceso.

Gómez Solís contó que la última audiencia arbitral se efectuó el 22 de febrero de 2002, acudieron Edmundo Miranda, el sub-comisionado A, Artemio Lagunas Flores y el apoderado legal de la dependencia de salud, Pedro Oliveros Nájera, pero ya no acudió el médico Núñez Camacho.

En esa audiencia le dijeron que podía presentar alegatos, los cuales presento y “no me han dado ningún resultado”, afirmó, y apenas hace 15 días por vía telefónica Choy García le comunicó que no tenía el resultado de los alegatos.

La funcionaria le sugirió intervenirse en otro lado, y presentar los gastos luego, en tanto que le recomendó que espere el resultado.

Mencionó que los consejeros de la CEAM le pidieron que no difundiera ante la opinión pública el caso ni tampoco promoviera la queja por la vía civil, porque el trabajo realizado por la CEAM “iba a quedar en la nada”.

* Elva Garzón, contralora; Sebastián Ortuño, visitador

* Jesús Orlando Téliz Sánchez, director general de Administración y Alejandro Toriz Díaz, director de Servicios Periciales * Ofrece el gobernador una Procuraduría sensible y con rostro humano

 

El gobernador René Juárez Cisneros tomó protesta a Manuel Saavedra Flores como subprocurador de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos y a Violeta Carolina Parra Reynada como subprocuradora de Asuntos Indígenas, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

También rindieron protesta de ley Martha Elva Garzón Bernal como contralora interna, Antonio Sebastián Ortuño como visitador general, Jesús Orlando Téliz Sánchez como director general de Administración y Alejandro Toriz Díaz como director de Servicios Periciales.

En un boletín de prensa se informó que el sábado 20 de abril, durante el acto de toma de protesta de los nuevos funcionarios, Juárez Cisneros destacó que se debe presentar al pueblo de Guerrero una Procuraduría sensible, con rostro humano, donde los servidores públicos estén comprometidos con la sociedad guerrerense tal como lo prevé la ley: verdaderos representantes sociales, con una mejor atención hacia la víctima de ilícitos, siempre con pleno respeto a los derechos humanos.

Acompañado por el  secretario General de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, y el procurador general de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, Juárez Cisneros manifestó que los nuevos servidores públicos son cuadros guerrerenses, con una carrera limpia y sin mancha. Aseguró que con esta estructura, en la Procuraduría se inicia una nueva etapa en la administración y procuración de justicia en el estado.

“El propósito –señaló– es que la procuraduría esté más cerca de la gente, que atienda el reclamo de justicia de la ciudadanía y que quienes acuden a esta dependencia encuentren respuesta, conforme a derecho y a sus demandas”.

Manuel Saavedra Flores y Violeta Parra Reynada, quienes junto con Jesús Ramírez Guerrero conformaron la terna propuesta por el gobernador para que el Congreso del Estado designara al nuevo procurador de Justicia, coincidieron en señalar que su función primordial será la de aplicar una política de puertas abiertas y más cerca de la sociedad.

Saavedra Flores aseguró que su mayor reto será cambiar la imagen de la Procuraduría y darle un sentido más humano. Parra Reynada, quien ha ocupado varios cargos relacionados con el área de Seguridad Pública, dijo tener fe en la institución y la posibilidad de darle una mayor credibilidad a la PGJE para responder a los exhortos que ha venido haciendo el gobernador del estado en la procuración de  justicia.

Martha Elva Garzón, contralora interna, afirmó que realizará un diagnóstico a la institución con una política clara, abierta y humana.

Alejandro Toriz Díaz, a cargo de la Dirección de Servicios Periciales, señaló que es esencial el apoyo técnico que ofrecerá a las Agencias del Ministerio Público para el estudio y la determinación de los ilícitos.

El visitador general, Antonio Sebastián Ortuño, dijo que se conjuntarán esfuerzos para cambiar la imagen de la Procuraduría, inspeccionar y analizar desde el punto de vista jurídico y técnico lo referente a las agencias del Ministerio Público, las comandancias con el fin de abatir el rezago en las averiguaciones previas y dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión.

Jesús Orlando Téliz, nuevo director general de Administración, se comprometió a rendir buenas cuentas a los guerrerenses y cambiar la imagen de la institución, no sólo en la procuración de justicia sino también en el mejoramiento y modernización de las instalaciones de las agencias del Ministerio Público del Fuero Común y las comandancias de la Policía Judicial.

* Ocho vendedores y tres consumidores: PGR

 Alfredo Mondragón * Once personas, tres de ellas familiares de comandantes de la Policía Judicial del Estado (PJE) dedicadas a la distribución de cocaína, fueron detenidas la noche del viernes tras una operación de efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en una popular colonia de Acapulco, en posesión de 190 gramos.

Las once personas ayer fueron consignadas al penal de Las Cruces por el agente del Ministerio Público Federal Mario Sixtos Saldaña y puestos a disposición del juez de distrito en turno, informaron fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Tres de los detenidos presuntos distribuidores de cocaína son familiares del comandante de la PJE Lino Pita Caballero y del ex comandante Juan Pita Calderón, actualmente prófugo debido a que está involucrado en el secuestro del empresario dominicano Santiago Maldonado Hernández el pasado 25 de noviembre del año 2001.

Los efectivos de la AFI realizaron una operación en la popular colonia Las Parotas, ubicada a tres kilómetros del penal de Acapulco, a raíz de una denuncia ciudadana, en un predio donde se dedicaban a la venta, compra y consumo de cocaína decomisándoles 190 bolsitas de plástico con un peso aproximado de 190 gramos con un costo de 200 pesos cada una.

Los detenidos, familiares de judiciales estatales: Adrián Sánchez Pita de 16 años de edad es considerado por la AFI como el jefe de la banda; Guillermo Cruz Pita, presunto distribuidor y José Cruz Pita de 25 años de edad, todos con domicilio en la colonia Las Parotas.

El resto de los detenidos considerados por la AFI consumidores son: Salomón Hernández Pérez de 32 años; Francisco Javier Crescencio Solís de 22 años; Santos Jaimes Ortiz de 33 años; Samuel Torrecilla Moreno de 31 años; Manuel Caro Quiñones de 29 años; José Luis Marcos Salgado de 25 años; Alejandro Bernal Mejía de 23 y Cristóbal Garibay Avila de 20 años.

Los once detenidos fueron consignados a la Subdelegación de la Procuraduría General de la República a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal por los delitos de tráfico y venta de estupefacientes, informaron fuentes de la dependencia.

* Tendrán media hora para ofrecer pruebas, dice

* Nueve municipios de Guerrero presentaron recursos de controversia constitucional contra la Ley de Derechos y Cultura Indígena y quieren ofrecer de viva voz sus argumentos, informó la dirección colectiva de ese partido * Entre el 6 de mayo y el 14 de junio comparecerán 28 ayuntamientos, entre ellos Alcozauca, indicaron

 

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El tiempo para las audiencias que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los Ayuntamientos que presentaron recursos de controversia constitucional en contra de la Ley de Derechos y Cultura Indígena y que fueron citados para el ofrecimiento de pruebas, “es insuficiente”, opinó la dirección colectiva del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRTG).

El PRTG fue una de las organizaciones políticas que promovieron en Guerrero las controversias constitucionales por parte de los ayuntamientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de dicha ley. La Suprema Corte dio a conocer la semana pasada el calendario de la primera etapa de audiencias a los municipios para que acudan los representantes de los ayuntamientos.

En esta etapa sólo incluyeron a Alcozauca, uno de los nueve municipios de Guerrero que presentaron controversias, y lo programaron para las dos y media de la tarde del 12 de junio.

Las audiencias comienzan el 6 de mayo y concluyen el 14 de junio, periodo en el que deberán comparecer los 28 ayuntamientos de esta primera etapa la cual incluye a 21 municipios de Oaxaca, tres del estado de Morelos, uno de Chiapas y otro de Puebla.

La dirigencia del PRTG, señaló ayer en un comunicado de prensa que “llama la atención” que, según las notificaciones recibidas, sólo el 7 de mayo fueron programadas ocho audiencias para igual número de municipios del estado de Oaxaca, quienes contarán con sólo media hora para desahogar las pruebas, “así el tiempo otorgado por la Suprema Corte resulta insuficiente para desahogar las pruebas”, considera el PRTG.

“Prejuzga entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al derecho que tienen las partes, en este caso los municipios indígenas, para ofrecer pruebas distintas a las documentales puesto que la media hora otorgada no es razonable ni suficiente para el desahogo de una audiencia de tal trascendencia”, indica en su comunicado el PRTG.

Y en este sentido la dirigencia perretegista agrega: “posiblemente la Suprema Corte ha considerado, indebidamente, que respecto de estos juicios no existen mayores elementos probatorios por conocer y vuelven a subestimar, como lo hicieron en su momento las autoridades involucradas en el propio proceso legislativo que culminó con la reforma constitucional, sobre el interés y capacidad de las autoridades indígenas”.

El comité político del PRTG señala que los pueblos indígenas pretenden testificar ante la SCJN “presentando de viva voz todos y cada uno de los argumentos que los llevaron a interponer dichas controversias por considerar que, en principio, su derecho a la consulta fue violado en el proceso legislativo que culminó con la reforma constitucional”.

La dirigencia del PRTG informó que pidió a la Suprema Corte que en los juicios “en donde se planteen desahogar pruebas distintas a las documentales se garantice el derecho de las partes a hacer valer sus argumentos” y demandó, a nombre de las autoridades indígenas municipales, “apertura, sensibilidad y la aplicación del derecho a favor y en reconocimiento de los derechos fundamentales”.

 

* Comienza en Acapulco el 20 de mayo

 * Los obispos Felipe Arizmendi, de San Cristobal de las Casas, Chiapas; Alejo Zavala, de Tlapa; Felipe Padilla y Leopoldo González, vocales de la CEI, y 50 o 60 sacerdotes indígenas de todo el país trabajarán en las sedes de Acapulco, Ometepec, Zacualpan y Xochistlahuaca hasta el 23 de mayo * El 30 de abril, se realizará en Marquelia el Encuentro Diocesano de Pastoral Indígena, informó el párroco de catedral Pedro Rumbo Alejandri

 

Ossiel Pacheco * Con el propósito de ser una conciencia viva y creciente ante las realidades de marginación, pobreza e injusticia que padecen los pueblos indígenas, y rescatar las formas de organización comunitaria,  la Arquidiócesis de Acapulco prepara para mayo el Encuentro Nacional de Sacerdotes Indígenas que tendrá como sedes a Acapulco, Ometepec, Zacualpan y Xochistlahuaca.

Lo anterior lo informó el párroco de catedral Pedro Rumbo Alejandri, quien también anunció que el 30 de abril, se llevará a cabo en Marquelia el encuentro Diocesano de Pastoral Indígena con la presencia del arzobispo Felipe Aguirre Franco, quien es vocal de la Comisión Episcopal de Indígenas (CEI).

Informó que el Encuentro Nacional de Sacerdotes Indígenas comenzará en Acapulco el próximo 20 de mayo con una misa en la catedral de Nuestra Señora de la Soledad con la presencia del arzobispo de Oaxaca, Héctor González Martínez, presidente de la CEI de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Y los trabajos continuarán hasta el 23 de mayo, en Ometepec, Zacualpan y Xochistlahuaca, con el propósito de clarificar el sentido íntimo de lo indígena y su alcance, definir el horizonte de la pastoral indígena, la promoción del diálogo, el respeto, el equilibrio y la armonía de valores antiguos con valores nuevos entre las culturas indígenas, asumir los criterios teológico–pastorales sobre la inculturación de una Iglesia autóctona en México, entre otros temas.

Dijo que estarán los obispos Felipe Arizmendi, de San Cristobal de las Casas, Chiapas; Alejo Zavala Castro, de Tlapa; Felipe Padilla Cardona y Leopoldo González González, vocales de la CEI, así como unos 50 o 60 sacerdotes indígenas de todo el país.

En cuanto a la reunión de la Comisión Diocesana de Indígenas que se efectuará en Marquelia, el párroco de catedral adelantó que tiene como fin promover una liturgia más inculturada: la traducción de la Biblia, la celebración de los sacramentos y la misa en las lenguas indígenas.

La Comisión Diocesana de Indígenas tiene como líneas de acción motivar el desarrollo integral de los pueblos indígenas, según sus riquezas culturales y espirituales, y promover sus organizaciones solidarias para que sean sujetos de su propio desarrollo, agentes de su evangelización integral y superen toda forma de marginación, injusticia y pobreza.

También se ocupa de la creación de modelos alternativos de producción agrícola para alentar al indígena y buscar buenas formas de cultivo y trabajo de sus tierras, capacitar a los agentes de pastoral de esas zonas para que evangelicen a los de su propia etnia; valorar, respetar, promover y discernir la religiosidad de los pueblos indígenas y promover entre ellos una pastoral vocacional hacía el sacerdocio y la vida consagrada.

 

* Participan 15 estados, dijo Jessica Gregory

* Durante el acto, en Acapulco, la coordinadora para el Noroeste, el Sur  y el Bajío del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descartó la participación del Ejército * Molesto, Barreto aceptó que hay policías detenidos por robo de autos pero dijo desconocer el número exacto de agentes acusados

Jorge Nava. El subprocurador Miguel Barreto Sedeño informó que próximamente habrá una operación “especial”, donde participarán autoridades estatales, federales, incluso el Ejército, para asegurar vehículos robados y detener a los conductores que los posean.

Al asistir a la primera reunión regional de la Zona Sur para el Combate al Robo de Vehículos, a la que asistieron procuradores y subprocuradores de los estados de Colima, ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Puebla, Barreto Sedeño abundó que los agentes destinados para la operación revisarán en todo el estado los vehículos de dudosa procedencia, además el personal contará con computadoras portátiles para consultar el registro de unidades robadas y de aparecer un vehículo allí, se procederá a asegurarlo.

El evento fue presidido por la coordinadora para el noroeste, el sur  y el Bajío del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jessica Gregory Sánchez, quien descartó la participación del Ejército en dicha operación, “porque en este momento sólo participan las procuradurías de los estados”.

Gregory Sánchez aseguró que 15 estados del país formarán un frente común para enfrentar a las bandas y también señaló que los autos robados son llevados a Centro América, Europa y principalmente a Estados Unidos e informó que existe un tratado con Belice, Honduras y Colombia para detectar autos robados.

Ante las preguntas de los reporteros sobre judiciales detenidos por robo de autos, el subprocurador Barreto Sedeño primero se mostró molesto y aseguró desconocer el dato, pero señaló que si hay agentes involucrados “la Procuraduría actuará con todo el peso de la ley”.

Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, el funcionario aceptó que hay agentes involucrados en dicha actividad, y que “sí han sido detenidos”, pero no dio detalles.

Menciono que han recuperado de 300 a 400 vehículos y aseguró que Guerrero no está catalogado como uno de los que más sufren robo de vehículos, porque el delito aquí “es preocupante, pero no alcanza la media nacional”.

El subprocurador informó que se han adquirido más de 350 vehículos para la corporación, los cuales no son suficientes porque, explicó, que Guerrero es un estado con “mucha necesidad”.

Dijo que se mandó una circular a todo el personal de la Procuraduría, donde se les advierte que si portan un vehículo de procedencia ilícita lo pongan a disposición del MP porque si no lo hacen y se les sorprende, se procederá contra ellos.

Los reporteros cuestionaron a Barreto Sedeño sobre los señalamientos de la Codehum, a lo cual aceptó que el organismo emitió una recomendación contra él por una operación que se hizo en el puerto, pero negó ser violador de derechos humanos, y explicó que una cosa son las recomendaciones y otra es que él viole las garantías individuales.

Jessica Gregory, explicó que para combatir el robo de vehículos se establece comunicación interestatal para establecer el modo de operar de las bandas, en caso de que exista, porque “no necesariamente todos los que roban vehículos son grupos organizados”, y dijo que no era un problema generalizado porque “hay estados donde los índices son realmente bajos”.

Aseguró que Guerrero no esta catalogado como una zona peligrosa por ese tipo de delito, pero aclaró que se eligió como sede de la reunión porque es el representante de la Zona Sur.

* Limpiaba su pistola y se le fue el tiro, dijo

Alfredo Mondragón * Un sargento que limpiaba su pistola calibre 9 milímetros mató de un balazo a un soldado raso la noche del sábado en la comunidad de Cordón Grande, del municipio de Tecpan de Galeana, informó la agente del Ministerio Público Guadalupe Martínez Abarca.

El soldado raso Jesús Salas Blanco, de 23 años de edad, falleció de un balazo en la espalda con salida en el pecho presuntamente porque se le fue el tiro al sargento Ulises Sánchez Muñoz, mismo que se encuentra a disposición del MP, señaló Martínez Abarca.

El cuerpo de Salas Blanco fue trasladado al puerto de Acapulco al Servicio Médico Forense, y fue reclamado por su esposa, Eva de Jesús Guerrero. Al respecto se integró la averiguación previa Tab/Gale/088/2002 por el delito de homicidio, indicó Martínez Abarca.

Ambos militares eran integrantes del 19 Batallón de Infantería con sede el municipio de Petatlán.