Brenda Escobar Sánchez, corresponsal, Petatlán * Debido a la poca efectividad y a los nulos resultados que los efectivos de la Policía Judicial del Estado han presentado sobre las investigaciones relacionadas con los hechos sangrientos que en las últimas fechas han ocurrido en este municipio, el presidente municipal Jorge Ramírez Espino solicitó al procurador General de Justicia en el Estado, Rigoberto Pano Arciniega, que el comandante y los agentes policiacos sean removidos de esta plaza.

En entrevista, Ramírez Espino dio a conocer que al paso de los días, la Policía Judicial no ha arrojado ningún avance en las investigaciones relacionadas con los hechos sangrientos que se han suscitado en este municipio y sí por el contrario, los diez elementos al mando del comandante Javier Bello Orbe han incurrido en algunas irregularidades que molestan a la ciudadanía como es el solicitar dinero a los locatarios que actualmente están instalados en la tradicional feria de Petatlán.

En este municipio han ocurrido más hechos violentos, luego de que el pasado 27 de febrero, una patrulla municipal de Tecpan de Galeana fue emboscada en Coyuquilla Norte, en donde murió un uniformado y tres más resultaron gravemente heridos.

Durante la madrugada de ese día, murió el policía municipal de Tecpan de Galeana, Luis Alberto Castillo Martínez de 23 años de edad, quien recibió por lo menos diez impactos de cuerno de chivo, resultando heridos de gravedad el suddirector de la corporación Gregorio Corrales y sus compañeros Ismael Villalba Avilés y Juan Gabriel Sánchez García. La patrulla marcada con el número 03 presentó por lo menos 134 impactos del mismo calibre.

Asimismo, en marzo de este año, el campesino Eligio Blanco Vejar fue asesinado con rifle  AK-47 cuando regresaba del poblado La Calera hacia su domicilio en la comunidad de El Venado, al día siguiente, durante la madrugada del lunes diez, hubo otra emboscada, muriendo en el lugar de los hechos bajo las balas de rifles AK-47 y pistolas 9 milímetros el ex subdirector de la policía preventiva municipal, Nicolás Martínez Sánchez.

En ese suceso también falleció su hijo Hipólito Martínez Orozco así como su cuñado Franco Orozco Blanco y su sobrino Francisco Javier Martínez Hernández cuando se dirigían a la cabecera municipal a bordo de una camioneta pick up.

También ese mismo domingo, los hermanos Noé y Erasmo Díaz Chávez de 22 y 24 años de edad respectivamente, fueron asesinados durante la celebración de una boda en la comunidad de Murga a menos de dos sujetos que portaban pistolas 38 súper, según  testigos.

El alcalde petlateco señaló que los excesos de la policía judicial han llegado a grado tal, que en días pasados sostuvieron un altercado con uno de sus hijos, Jorge Ramírez Sauzo, y negó que este sea el motivo principal por el que haya solicitado al procurador la remoción de los agentes policíacos, “sino porque el tiempo está corriendo y no hay avances en las investigaciones que lleven el esclarecimiento de los crímenes que se han cometido en mi municipio”.

“Ya se pidió el cambio y a partir del día primero de abril ya hay un nuevo grupo en Petatlán, que esperamos que efectivamente  vengan a trabajar y no ha dedicarse a la extorsión y sí den resultados en las investigaciones que es lo que más le interesa a la ciudadanía”, concluyó.

* Liberan a los detenidos; hay tres desaparecidos, denuncian

De la corresponsalía * Comuneros del municipio de Zapotitlán Tablas liberaron este miércoles por la mañana a 10 campesinos de Acatepec a quienes mantuvieron secuestrados durante 40 horas luego de haberse enfrentado a golpes, pedradas y machetazos como consecuencia de la disputa de 800 hectáreas de tierras donde se acusa a uno de los grupos de ocuparlas para sembrar amapola.

El saldo del enfrentamiento del lunes por la tarde en las inmediaciones de la comunidad de Lomazoya, fue de una veintena de heridos y hasta el momento se encuentran tres desaparecidos del grupo de comuneros de Acatepec, informó el alcalde priísta de este municipio, Jerónimo Godoy Avilés y autoridades comunales.

El edil reveló que la verdadera razón que tienen los comuneros de Zapotitlán Tablas para quedarse a como dé lugar con las tierras es porque allí siembran estupefacientes, y de ello ya existen pruebas documentales que ya tiene en su poder el Ejército mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR).

Dijo que los que se niegan a reconocer a los comuneros de Acatepec como los verdaderos propietarios de las tierras son cuatro familias de apellido Ramírez Trujillo.

Relató que el enfrentamiento se originó luego de que un grupo de campesinos de Acatepec rescató a once de sus compañeros que fueron secuestrados y amarrados de pies y manos por los de Zapotitlán Tablas cuando se encontraban chaponando la yerba de los terrenos.

En venganza, los comuneros que militan en la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) encabezados por su líder Marcial Dircio Ortega abrieron una zanja en la carretera para detener a los que se dirigían a Acatepec.

Los larsistas retuvieron un vehículo donde iban 10 comuneros de Zilacayota del municipio de Acatepec a quienes mantuvieron secuestrados hasta ayer miércoles, aunque inicialmente se habló de que eran 50 las personas retenidas.

“Yo al igual que otros nueve compañeros iba amarrado de manos y pies, tirados en las camionetas, pero casi al llegar a Lomazoya nos fueron a rescatar nuestra gente de Acatepec y fue allí donde se originó el enfrentamiento”, expresó Porfirio Cruz Martínez, uno de los que resultó lesionado en el enfrentamiento del lunes por la tarde.

Indicó que un niño de 12 años que iba libre de manos y pies, los desamarró y fue por eso que pudieron escaparse.

El alcalde de Acatepec señaló que la disputa de las tierras entre los de Zapotitlán Tablas y Acatepec ha originado varios enfrentamientos desde 1946 y el saldo es de 16 muertos.

Responsabilizó al gobierno del estado y al dirigente de la LARSEZ, Marcial Dircio Ortega, de un nuevo enfrentamiento entre ambos grupos porque con tal de pelear sus tierras están dispuestos a “lo que sea”.

El edil le dio la razón a los comuneros de Acatepec, porque el propio Tribunal Agrario Federal dictó una resolución donde les reconocen la posesión total de las 800 hectáreas de tierras ejidales.

Sin embargo, en un acto de buena voluntad, los campesinos de Acatepec cedieron a los de Zapotitlán Tablas el 60 por ciento de las tierras, pero “ahora quieren todo”.

En conferencia de prensa que dio ayer por la mañana en esta ciudad, el alcalde priísta informó que vía telefónica se comunicó con el alcalde de Zapotitlán Tablas, Nicéforo Guerrero Gutiérrez, quien también condenó los hechos de los cuales hizo responsable al dirigente de la LARSEZ, Marcial Dircio Ortega, quien “por sus ansias por ser candidato a alcalde de ese municipio lleva a la gente para que se confronte”.

También rechazó las aseveraciones que hizo por la mañana en el noticiero matutino de la radio La Explosiva el director de Gobernación del Estado, Rey Hilario Serrano quien practicamente deslindó a los de la Larcez de los hechos y culpó a los comuneros de Acatepec de crear esta situación de confrontación porque “han estado deforestando las zonas boscosas del lugar”.

“Eso no es cierto, la deforestación se viene dando desde hace 40 años, lo que se debe de hacer es dialogar con las partes para evitar nuevos enfrentamientos”, externó el presidente municipal.

También recordó que hace unos meses Marcial Dircio Ortega, los comuneros y el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, interpusieron una queja ante la Profepa contra campesinos y autoridades de Bienes Comunales de Acatepec y que el caso llegó hasta la PGR.

“La Profepa solicitó al ayuntamiento que nosotros cobráramos una multa entre 4 y 4 mil 500 pesos a seis campesinos involucrados a quienes acusaban de delitos ambientales, pero nosotros no los sancionamos”, expresó el alcalde priísta.

Informó que desde este martes, el ayuntamiento interpuso una demanda penal contra la gente de Dircio Ortega que “se encuentran armados con rifles, machetes y palos”, y que por ello solicitaron que la Base de Operaciones Mixtas (compuesto por efectivos del Ejército mexicano, de la Judicial del Estado y de la Judicial Federal) se instalara unos metros antes del lugar donde estaban secuestrados los campesinos.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Vargas Vargas, informó que se actuará con todo el rigor de la ley contra los que escenificaron el enfrentamiento y los que secuestraron a los comuneros.

“Ya abrimos varias averiguaciones previas una de ellas contra el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, Marcial Dircio Ortega”, expresó.

Dijo que será hasta el próximo martes 2 de abril cuando las dos partes vengan a Chilpancingo para instalar una mesa de trabajo y que se llegue a un acuerdo y “no ocurran nuevos enfrentamientos”.

Por la tarde, autoridades comunales de Zilacayota dijeron que en la reunión que habían tenido con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, José Luis Peralta, éste les había informado que sus compañeros habían sido puestos en libertad.

Y que según información que les dieron los funcionarios no eran 50 los secuestrados sino 10, “pero esto no lo hemos confirmado y además todavía no sabemos si en verdad ya llegaron a sus casas nuestros compañeros”, señaló Miguel Cruz Tiburcio Santiago.

Y dijeron que hasta ayer por la tarde, todavía se encontraban desaparecidos, los hermanos Alfonso y Víctor Espinoza Cayetano y Ramón Flores Nicolás.

Nelly Bello, enviada, Barranca Tecuani * Desde el lunes militares del 41 Batallón de Infantería bajaron de la montaña ayutleca y ahora se situaron en el cruce San Miguel más cerca de la cabecera municipal.

El retiro de las tropas se dio un día después de la denuncia ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) por parte de la indígena me’paa Inés Hernández Ortega, violada por tres militares el 22 de marzo.

A las 11 de la mañana, los dos vehículos Hummer y cien soldados bajaron de la montaña y ahora se instalaron –por la apariencia de los precarios techos de plástico– de manera provisional en el cruce que hay para ir a los poblados San Miguel y Barranca Tecuani y Barranca Bejuco.

La queja de los indígenas agrupados en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos-Tlapanecos (OIPMT) es porque los campesinos son detenidos y revisados de forma ilegal por los militares.

El martes, la camioneta donde viajaron los indígenas y los miembros del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan para visitar Barranca Tecuani, fue detenida por el cerco militar en ese cruce cuando regresaban de visitar el poblado de Inés Hernández.

Un soldado espetó a la reportera gráfica Karina Tejeda por tomar fotografías del asentamiento militar, le dijo incluso que estaba prohibido tomarles fotos, mientras otro soldado con cámara en mano tomaba fotografías o trataba de hacerlo de los rostros de los que viajaban en la camioneta de redilas.

Sin embargo cuando se les preguntó nombres y la razón por la cual era detenido el vehículo, dio la orden para que el conductor avanzara.

* La dependencia federal se encarga de la indagatoria por medio de la UEDO, pero la Procuraduría de Guerrero continuará sus trabajos * El móvil del crimen puso ser la venganza por las investigaciones del empresario, señaló una fuente estatal * Solicita al juez el expediente del secuestro de Oscar Ibáñez, en el que aparecen involucrados 16 miembros de la banda de plagiarios

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Unidad Especializada para la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR inició la investigación del caso del empresario Javier Ibáñez Sandoval, asesinado hace 15 días, y en una de las líneas principales que se siguen para el esclarecimiento del crimen está Pedro Barragán González, jefe de la banda de secuestradores y que el empresario combatió a raíz de sufrir el plagio de uno de sus hijos.

Al iniciar las investigaciones, la UEDO ya solicitó al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de esta ciudad copias certificadas de las 10 mil fojas del expediente del juicio donde están involucrados varios integrantes de la banda de Pedro Barragán que se les señala como autores materiales del secuestro de Oscar Manuel Ibáñez Reyes, hijo del empresario fallecido Javier Ibáñez.

En las causas penales (25/96 y 03/97) del caso del secuestro de Ibáñez Reyes, se señala a 16 personas, entre ellas a la mamá de Pedro Barragán, Laura González Benítez, como responsables del plagio del hijo del empresario que efectuaron en marzo de 1996 y en el que recibieron un rescate de un millón 200 mil pesos.

De esas 16 personas señaladas de haber secuestrado a Oscar Ibáñez, a siete ya se les dictó sentencia condenatoria, tres más están en espera de que el juez los sentencie y seis ya fueron puestos en libertad.

Entre los que recobraron su libertad están la señora Laura González Benítez y Carlos Alberto García alias El Calilla, este último absuelto en segunda instancia por los magistrados Jesús Martínez Garnelo, Miguel Maya Manrique y la jueza María del Pilar León Flores quienes en septiembre del año pasado fueron inhabilitados del cargo por el Congreso local luego de concluir su proceso de juicio político que interpusieron los abogados del empresario Javier Ibáñez.

La UEDO, igual que la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicitó el expediente del secuestrador Carlos Alberto García El Calilla quien fue sentenciado por el juez de primera instancia del ramo penal en 1999, sin embargo en marzo del 2000 dicha sentencia fue revocada por los magistrados y la jueza.

Falta que el juez Derly Alderete Cruz les dicte sentencia a otros miembros de la banda de Barragán González: Miguel Villalobos González, Hipólito Camacho Bahena y Martín González Sánchez o Carlos López Zúñiga, alias El Sinaloa.

Una fuente de la Procuraduría de Justicia del Estado informó que una de las principales líneas de investigación que se siguen para dar con el responsable material e intelectual del asesinato de Ibáñez es precisamente la banda de Barragán González quien por venganza pudo haber enviado a un sicario para dar muerte al empresario.

Este viernes, el juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, habría entregado las copias de las 10 mil fojas del expediente del caso del secuestro de Oscar Ibáñez Reyes. Una copia certificada del expediente se le enviará a la UEDO de la PGR.

También se informó que la Procuraduría General de Justicia ya remitió a la PGR el rifle AK-47 que utilizó el sicario para dar muerte al empresario Javier Ibáñez Reyes.

Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero va a continuar con la investigación independientemente que la PGR, también realice las indagaciones.

* Aparte de la Rectoría de la UAG se designará una nueva secretaría general y cinco direcciones generales y las direcciones de área * Ya no habrá secretaría general Académica, ni Administrativa, ni dirección de Asuntos Académicos, ni de Asuntos Jurídicos, dice el rector electo

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero, Nelson Valle López aseguró que los nuevos cargos administrativos en la institución se otorgarán bajo los resolutivos emanados del Tercer Congreso General Universitario.

“Estamos en estos momentos preparando el organigrama que nos va a regir y hasta que no se termine no se podrá definir quienes ocuparán dichos cargos”, dijo.

Entrevistado por teléfono, indicó que ayer se reunieron los grupos que integran la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), para revisar la propuesta de la nueva estructura administrativa: “Ya tenemos la académica, en la que habrá colegios, academias, direcciones de colegios, y nos faltaba el organigrama administrativo”.

Dijo que los criterios que se tomarán para la designación de los nuevos puestos administrativos se basarán en lo estipulado en la Ley de la UAG, y con base a los resolutivos del Tercer Congreso General Universitario que determinarán esta estructura: “Ya no habrá secretaría general Académica, ni Administrativa, ni dirección de Asuntos Académicos, ni de Asuntos Jurídicos, porque ahora será una nueva estructura”.

Manifestó que se tiene previsto que aparte de la Rectoría, se designará una nueva secretaría general y cinco direcciones generales; luego las direcciones de área “ya no habrá subdirecciones, ahora serán departamentos y entonces así como se acordó en el Congreso General, y como se menciona en el Estatuto, se está elaborando la propuesta de organigrama y la designación de los cargos se hará cuando lo hayamos terminado”.

Afirmó que la designación de los cargos se otorgará con base a compromisos institucionales, a partir de un proyecto plural y la inclusión, tomando en cuenta los perfiles profesionales como lo marca la Ley de la UAG y el Estatuto.

“Afortunadamente las fuerzas que integran la AEU estamos en la misma frecuencia y todos están aportando su mejor esfuerzo y experiencia para tener la nueva estructura administrativa”.

Respecto al anuncio que hizo el Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), que impulsó la candidatura de Rogelio Ortega Martínez, de que interpondrán un juicio de amparo para desconocer el proceso electoral, expresó que “es su derecho, ellos pueden hacer lo que consideren, pero tienen ya una respuesta del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Héctor Apreza Patrón, de que no pueden violentar la autonomía universitaria”.

Dijo que el FAUG “puede interponer los recursos que quieran, pero ahí está muy claro que se ganó con votos y eso prueba que hubo legalidad y legitimidad, además de que hubo una sesión del Consejo Universitario con 185 consejeros debidamente acreditados, y hubo un voto en contra y cinco abstenciones y 179 votos a favor del dictamen que presentó la Comisión Electoral del Consejo Universitario en su gran mayoría, aunque no dejamos de reconocer que cinco personas presentaron un dictamen por separado”.

Valle López se autocalificó como “plural e incluyente”, y dijo que “por eso los estoy invitando a la mesa a dialogar en un ambiente de cordialidad y de armonía, para que lleguemos a acuerdos sobre el programa de trabajo para la UAG y para lograr la consolidación de la reforma universitaria”.

Expresó que “aun cuando la Ley de la UAG señala que ya no hay dos vueltas, que solo hay una y que el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, de todos modos soy partidario de que se conduzca a la UAG sin avasallamientos, sin agandallamientos y buscando los equilibrios en donde todos estemos debidamente representados, para dar un ambiente de estabilidad a la universidad, que permita lograr su desarrollo y su progreso”.

Karina Contreras * Después de varias protestas de los colonos de Altos del Miramar, porque les parecía “excesivamente caro” el costo de los terrenos, el director del Fideicomiso Acapulco, Antonio Pizá Soberanis, y el representante de la colonia, José Luis Morles Torres, firmaron un convenio para lotificar los predios, que tendrán un valor de  seis mil pesos.

Pizá Soberanis el miércoles pasado decidió agregar una cláusula transitoria al convenio con los gestores de Altos de Miramar después de un ríspido encuentro que sostuvieron estos con el asesor jurídico, José Leoncio Pacheco, quien alegaba que los precios eran establecidos por Cabin, de 9 mil 800 pesos, ellos no los podían cambiar.

Esto molestó mucho a los colonos que fueron en más de tres ocasiones a exigir hablar con Pizá Soberanis quien fue hasta el miércoles que los pudo atender  en un encuentro de aproximadamente diez minutos dijo que en el convenio que se firmaría el se comprometía  a darles los terrenos en seis mil pesos.

El convenio fue firmado el mediodía del lunes en las instalaciones del Fideicomiso. En unas de sus cláusulas señala que los lotes tipo de 120 metros cuadrados, tendrán un costo de seis mil pesos; pero en otro incisos se señala que si exceden de lo estipulado por cada excedente de metro cuadrado tendrá un costo de 100 pesos.

Asimismo señala que los  colonos que decidan cubrir el costo total les será otorgado un 20 por ciento de descuento; los que decidan  a plazos lo podrán hacer en 12 ó 24 mensualidades, según lo que decidan. Estos entregarán el 30 por ciento como enganche.

También señala que los que decidan en plazos podrán pagar el enganche en tres mensualidades. Se agrega que después de la operación compra- venta  no se incrementará el precio, es decir, serán congelados.
Se señala que los representantes se comprometen  a otorgarles a los empleados del Fideicomiso todas las facilidades para fraccionar.

Las negociaciones entre el director general de Jardines del Tiempo, Manuel Valenzuela Alvarado, y los ejidatarios de La Venta continuaban ayer entrampadas, pues la oferta máxima del empresario llegó apenas a los cuatro millones y medio de pesos, y los inconformes exigen más de 30 millones por el terreno que ocupa el panteón.

Mientras continuaba la reunión a puerta cerrada en el hotel Fiesta Americana, los ejidatarios de La Venta amagaban con recuperar el terreno y administrar ellos el cementerio.

A fin de destrabar el conflicto, el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos, pidió buscar puntos de acuerdo intermedios entre los campesinos y la empresa –según narró uno de los asistentes–, porque el encuentro se reanudó ayer a las 11 horas y continuaba todavía a las 20 horas.

El director general de Jardines del Tiempo, Manuel Valenzuela Alvarado, quien se trasladó desde la ciudad de Torreón para resolver el conflicto por la posesión de la tierra, anunció que se marcha mañana del puerto, pero al cierre de esta edición la negociación continuaba a puerta cerrada en el hotel.

El comisario ejidal de La Venta, Servando Ozuna Ponce, planteó que de no llegarse a un acuerdo ayer mismo, el ejido tomaría la administración del panteón o cobraría el peaje por ingreso de los visitantes, ante la negativa de la empresa de pagar un terreno que pertenece al ejido, según sentencia del Tribubal Unitario Agrario y del Tribunal Colegiado.

En tanto, los ejidatarios que estaban en el cementerio dijeron no estar dispuestos a retirarse si no les pagan, y hasta hablaban de repartir las áreas que no tienen aún tumbas, y que, según cálculos de la empresa, suman unas tres hectáreas en conjunto. (Maricela Santos)

* El motivo, la nueva demanda presentada contra el dirigente en la agencia de despojos

Maricela Santos * Un desalojo ordenado por Antonio Valdés Andrade en la colonia Leonardo Rodríguez Alcaine revivió ayer la tensión en ese asentamiento y provocó que los seguidores del ex priísta persiguieran e intentaran agredir a los colonos disidentes que integraron ayer una averiguación por despojo contra del dirigente de ambulantes.

Los disidentes de Valdés agremiados a la Asociación de Auténticos Habitantes de la Colonia Unidad Obrera –como se llamaba antes el asentamiento– fueron perseguidos en el centro de la ciudad ayer por una treintena de seguidores de Valdés Andrade que se percataron de que interponían contra su líder la demanda Tab/V/080/02 en la agencia  del ministerio público especializada en despojos.

Esto luego de que Valdés ordenará el lunes por la noche el desalojo de Manuel Villalobos Camacho que simpatiza con el grupo de disidentes y quien al momento del despojo del terreno estaba reconstruyendo su vivienda de madera que tres días antes se le había caído por lo vieja.

La situación fue aprovechada por Valdés que ordenó a un grupo de sus cercanos seguidores cercar el terreno, tumbar los árboles que había e impedirle la entrada nuevamente a Villalobos Camacho, quien tuvo que recurrir al apoyo de un familiar que vive en la colonia para no dejar a la intemperie a su familia.

La noche del lunes, Villalobos encaró a los seguidores de Valdés para que le explicaran le motivo del despojo, pero fue insultado y amenazado por el grupo de valdecistas que le dijeron que si no se salía del terreno y si insistía lo golpearían según narró uno de los vecinos que presenciaron el hecho.

Por esto, los disidentes de Valdés integraron junto con Villaobos Camacho otra denuncia más contra el ex priísta en compañía de la dirigente del Centro de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz, Hilda Navarrete Gorjón, pero en el momento que intentaban integrarla en la quinta agencia de despojos, un par de mujeres que identificaron como cercanas a Valdés se apersonó al lugar en un volkswaguen amarillo que es de la esposa del ex priísta.

A los pocos minutos llegó al lugar una camioneta amarilla con una treintena de seguidores de Valdés, que esperaron la salida de los denunciantes para injuriarlos, entre ellos indentificaron a Marisela Vázquez, Francisca González Díaz e Isabel Estela Bautista.

Cuando el dirigente del grupo de disidentes de Valdés, Gustavo Schultz abordó su automóvil estacionado a una cuadra de la agencia, comenzó a perseguirlo  la camioneta por toda la calle Vallarta hasta el entronque con la calle Durango de la colonia Progreso, y en un semáforo que esta sobre esta calle, la seguidora de Valdés, Isabel Estela Bautista, se bajó de la camioneta amarilla y dirigiéndose al carro donde viajaban los disidentes trató de golpear por la ventana a Socorro Díaz, quien para entonces había subido el cristal del vehículo, lo que le ayudó a esquivar el golpe.

Como eran perseguidos, Schultz Loyo se dirigió hacia las instalaciones de la Policía Judicial pero a pocos metros de las oficinas de la dependencia los perdió de vista.

La camioneta se había regresado a tratar de agredir a un grupo de disidentes que salió a pie de la agencia del ministerio público, pero estos abordaron a prisa un taxi para evitar ser golpeados, según informó Schultz Loyo.

Al cierre de esta edición, Valdés había juntado un grupo de sus seguidores al interior de la colonia en donde había temor a un enfrentamiento, por lo que Schultz Loyo solicitó la intervención inmediata de las autoridades para evitar agresiones, pero además urgió a que el gobernador del estado, René Juárez Cisneros responda a los oficios que han girado para que frene la impunidad y aplique la ley entorno a los conflictos que enfrenta este asentamiento en Acapulco “porque sino va a ser responsable de la impunidad, si llega a pasar algo, porque conoce la situación”.