* La agencia en La Garita no ha consignado una averiguación previa, se quejan 

Jorge Nava * En protesta porque después de un año y tres meses no se ha consignado la averiguación previa Tab/Gar/1925/00 contra el líder de la colonia Leonardo Rodrígez Alcaine, Antonio Valdés Andrade, unos 25 disidentes partieron un pastel en el Ministerio Público de La Garita.

Después de que los manifestantes repartieran rebanadas de pastel a los trabajadores del MP, el disidente Hermenegildo López Peláez, quien fue acompañado por la directora de la organización no gubernamental de derechos humanos La voz de los sin voz, Hilda Navarrete Gorjón, se trasladó a la quinta agencia del Ministerio Público, especializada en despojo, donde presentó otra demanda –con número Tab/V/080/02– contra Valdés Andrade, porque el lunes desalojó a la familia de su vecino, Manuel Villalobos Camacho.

Allí los inconformes fueron encarados por el agente del MP José Torres Sierra, quien alegaba que los quejosos escribieron mal el número de la mencionada averiguación en una cartulina que pegaron en la pared de la representación social.

Molesto, Torres Sierra les aseguró que “no tengo registrado ese número, no existe en el libro de gobierno, está muy alterado ese número y se lo puedo comprobar”.

Reporteros que cubrieron la protesta le preguntaron si el número era ficticio. Navarrete Gorjón interrumpió y señaló que, efectivamente, el número de la denuncia “no existe” porque lo redactaron mal.

Hermenegildo López, por su parte, reclamó el motivo por el cual no había sido consignada la averiguación al juez penal, ante lo que el servidor público subrayó que “esa averiguación está consignada y se lo puedo comprobar ahorita mismo”.

Entre las cartulinas que los manifestantes pegaron en las paredes había una con los números de otras averiguaciones que no han sido consignadas: Tab/Gar/868/01, Tab/Gar/826/0 y la Tab/Gar/1085/01, presentadas contra Valdés Andrade por daños, amenazas y otros.

Al respecto, Torres Sierra señaló que las denuncias de las que hablaban los manifestantes están en proceso de integración.

El funcionario le recordó Hermenegildo López que la noche del lunes se presentó a la colonia y allí le dijo que tenía ocho días buscándolo para que aportara más elementos, como son unas copias, a su denuncia. “No es culpa mía si no aportas elementos. No aportas elementos, mi amigo”, le recriminó.

Hermenegildo López le recordó al funcionario que hace dos años Valdés Andrade comenzó una denuncia en su contra en esa misma representación social, la cual fue expedita porque de inmediato lo detuvieron.

Torres Sierra dijo: “conmigo, no; no sé en qué agencia del Ministerio Público pasó eso, porque aquí las averiguaciones previas se integran conforme a derecho y se consigna en tiempo y forma”.

Agregó: “siempre y cuando las partes aporten los elementos para acreditar lo que requiere la ley, que es el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, se actúa, pero si las partes no me aportan pruebas no soy Superman ni superdotado, me ajusto a la realidad y a lo que marca la ley”.

Insistió que en varias ocasiones pidió a Hermenegildo López que entregara copias de sus querellas, y no lo hizo. “Ayer se lo dije también y no me dio”, puntualizó.

En respuesta, el denunciante aseguró que tiene un oficio que avala la posesión de copias de su averiguación, y dijo que lo único que pide es una explicación del motivo por el cual no se ha consignado su demanda ante el juez.

Torres Sierra contestó que si la denuncia existe ya está consignada, y reiteró que el quejoso tiene culpa de que no proceda porque no ha entregado las copias pertinentes.

* Habrá suficiente dinero disponible en los cajeros automáticos, pues se instaló un dispositivo que avisará cuando la dotación –que es de 50 mil pesos– disminuya, anuncia el presidente del Centro Bancario en el estado, Javier Valdez

Jeanette Leyva Reus * La Secretaría de Fomento Turístico y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) firmaron ayer un convenio de colaboración, mediante el cual se brindará asesoría y apoyo a turistas que tengan problemas con instituciones bancarias, de seguros y de fianzas durante su estancia en los tres destinos turísticos del estado.

Al acto asistió la titular de Sefotur, Guadalupe Gómez Maganda; el delegado estatal de la Condusef, José Luis Benítez Arroyo, y el presidente del Centro Bancario del Estado de Guerrero, Javier Valdez Pacheco, quienes signaron el documento en las oficinas del Centro de Convenciones de Acapulco.

Guadalupe Gómez informó que dicho convenio surgió por la necesidad de dar solución oportuna a los turistas que tengan problemas con algún banco, compañías de seguros y afianzadoras.

Indicó que será en la Procuraduría del Turista donde los visitantes tendrán la asesoría adecuada para reportar extravío de tarjetas, retención de las mismas en los cajeros, así como problemas con afianzadoras.

El delegado de la Condusef en el estado, José Luis Benítez, detalló que como parte del convenio para este periodo vacacional se asignará un empleado de la Condusef que estará de forma permanente en la Proctur, en donde canalizará de forma expedita las denuncias de vacacionistas.

En el acto, Benítez Arroyo entregó a Gómez Maganda la papelería de la institución, para que se reparta en los distintos módulos de información que se instalaron en el puerto.

El presidente del Centro Bancario en el estado, Javier Valdez, quien fue testigo de la firma del convenio, dijo que en esta temporada vacacional habrá suficiente dinero disponible en los cajeros automáticos pues se instaló ya un programa especial que avisará cuando la dotación –que es de 50 mil pesos– disminuya.

El presidente del Centro Bancario agregó que las instituciones bancarias también se comprometieron a dejar guardias permanentes en estos días para que reporten de forma oportuna la retención de tarjetas en los cajeros automáticos o el extravío de las mismas, que son los problemas más frecuentes entre los tarjetahabientes.

Se mantiene el puerto en 70.6%; en la zona Dorada, la mayor demanda: Sefotur

La ocupación hotelera en el puerto se mantuvo ayer en 70.6 por ciento, informó la Secretaría de Fomento Turístico.

La dependencia estatal informó que, de esa cifra, la zona Dorada obtuvo 81.9 por ciento, seguida por la zona Diamante, con 49.1 por ciento, y por la zona Náutica o Tradicional, con 47.8 por ciento.

En un boletín de prensa indica que el Triángulo del Sol reportó una ocupación de 71.7 por ciento, por lo que en comparación con el año pasado incrementó 26.2 puntos.

Ixtapa-Zihuatanejo presentó 78.2 por ciento, mientras Taxco, 48.1; ambos destinos tuvieron un incremento en sus cifras de más de veinte puntos porcentuales en comparación con el año pasado.

En tanto, la Dirección de Turismo Municipal reportó una ocupación en el puerto de 69.5 por ciento, lo que equivale a 46 mil 542 turistas hospedados en la franja turística.

Según la DTM, el Acapulco Diamante obtuvo 50.9 por ciento de ocupación, el Acapulco Dorado, 81.5, y el Tradicional, 49.3 por ciento.

Según cifras de la dependencia, la oferta extrahotelera en el puerto superó a la hotelería formal, pues en ella se hospedaban por 47 mil 260 turistas.

Informa que los hoteles Casa Inn, Howard Johnson y Romano Palace fueron los que alcanzaron 100 por ciento de ocupación.

La Policía Federal de Caminos reportó que en las últimas 24 horas hubo saldo blanco en cuanto a accidentes carreteros.

Indicó que, por la Autopista del Sol, entraban 7 vehículos por minuto y salían 5, mientras que por la carretera Federal México-Acapulco ingresaban 6 unidades por 4 de salida. (Jeanette Leyva Reus)

* Anuncia un censo de la oferta extrahotelera

Jeanette Leyva Reus * La titular de la Secretaría de Fomento Turístico del estado, Guadalupe Gómez Maganda, exhortó a los prestadores de servicios de Puerto Marqués a no abusar de los turistas.

Consideró que estos abusos se presentan cada año en todos los destinos turísticos del país, “pero no dejaremos de insistir que cumplan con su responsabilidad, para que los turistas se lleven un buen recuerdo de aquí”.

Entrevistada antes de la firma de convenio de colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Gómez Maganda comentó que los abusos algunas veces no los cometen los lugareños, sino personas provenientes de otros lados.

Acerca de los cobros excesivos de los taxistas, la secretaria dijo que la Sefotur ya han trabajado con la Dirección de Transportes en un programa para aplicar la ley a los abusivos, “pero desgraciadamente en el momento en que cometen el abuso nadie se percata de ello. Pero desde luego que eso lleva sanciones, existe la norma y la facultad de imponer la sanción, pero los abusos desafortunadamente se cometen cuando el turista está solo; aunque son situaciones de manera excepcional, la generalidad es un buen servicio hacia los turistas”.

Consideró que el turista debe ser reconocido como un benefactor, “como alguien que nos hace el favor, y nos deja una derrama económica importante; son nuestros benefactores y no se debe abusar de ellos”.

Por otra parte, informó que se levanta un censo de la oferta extrahotelera para integrarla en un directorio turístico. “Desde que ofrecen públicamente un servicio tienen la obligación de inscribirse, es por eso que, como en estas fechas se anuncian, se platicará con ellos, porque es una práctica desleal para los establecimientos formales, además de que ya se han presentado quejas por incumplimiento”.

* También determina deslindarse del documento del Servicio Electoral con el que Martín Mora se proclamó ganador

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD acordó ayer recomendar a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV) que con sustento en las irregularidades del proceso electoral proceda a anular las elecciones en Guerrero y reponer el proceso. Además por unanimidad determinó deslindarse del documento con el que el candidato Martín Mora Aguirre dio a conocer los primeros resultados para proclamarse triunfador.

También se acordó citar a sesión al Consejo Estatal, para el viernes 5 para analizar el proceso electoral.

El CEE sesionó por la tarde en el restaurante Las Brisas. Tuvo como punto único el análisis de la situación prevaleciente con motivo del proceso electoral interno, propuesto por René Lobato Ramírez.

La reunión tuvo su incidente luego de que casi al final de la sesión, los dirigentes afines a Martín Mora, Guadalupe Eguiluz, Alberto Ramírez y Adolfo Plancarte abandonaron el recinto y a gritos, señalaron que no avalarían ninguno de los acuerdos del CEE.

El debate por anular o no

El secretario de Formación Política, Sergio Tavira Román propuso acatar el dictamen que emita la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV), y pidió que el CEE sancione las irregularidades cometidas.

Mientras que el secretario de Derechos Humanos, Arturo Hernández Cardona coincidió con Sergio Tavira Román y enumeró las irregularidades: rasurado del padrón hasta el robo y quema de urnas, golpes, y manipulación de las boletas.

Aseguró que por ello la militancia se encuentra “agraviada y herida en su dignidad”, y consideró que los responsables de organizar la elección no tuvieron cuidado y nunca pensaron en la gravedad de sus acciones.

Y expresó su desacuerdo con la actitud de Martín Mora Aguirre al proclamarse ganador de la contienda, porque el estatuto señala que nadie debe dar a conocer ningún resultado hasta en tanto no lo acuerden los órganos de dirección facultados.

Incluso acusó a Martín Mora de ser el responsable de que Bertoldo Martínez Cruz haya estado en la cárcel, porque su detención ocurrió cuando los cívicos estuvieron al frente del PRD y no lo defendieron aún y cuando era secretario de Derechos Humanos del CEE.

Propuso que por las irregularidades la dirigencia estatal hiciera un pronunciamiento recomendando a la CNGV la anule de la elección, para limpiar la imagen del partido.

Pero pidió no sancionar a los perredistas que quemaron las urnas en la Tierra Caliente, porque su actuación fue el resultado de la desesperación y “por la impotencia” de saber que los habían excluido del padrón.

Sí pidió sancionar “a quienes se dijeron ganadores sin tener resultados oficiales, como en el caso de Martín Mora” y afirmó: “Nunca aceptaré a Martín Mora como dirigente porque pretende erigirse como producto del fraude, no lo aceptaré porque se proclamó ganador de manera indebida, y porque no me parecen los dirigentes que no están legitimados, ni tampoco me parece que para ganar lo hayan hecho a costa de la imagen del partido”.

Luego en su turno el secretario de Asuntos Agrarios, Marco Antonio Organis Ramírez opinó que no era conveniente que la dirigencia pidiera la anulación de las elecciones y convenía asumir una “posición imparcial”, sin avalar ni descalificar el proceso y esperar que las instancias del partido determinen lo procedente.

Pero el secretario de Asuntos Indígenas, Custodio Rivera Galindo se sumó a la propuesta formulada por Arturo Hernández Cardona, en el sentido de recomendar la anulación de las elecciones, y llamó a los integrantes del CEE a emitir una opinión respecto a la elección interna “para no ser cómplices de las irregularidades”.

Señaló que no va a aceptar una dirigencia “espuria encabezada por Martín Mora, porque eso sería como aceptar que somos cómplices del fraude”.

El presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal, Apolinar Segueda Dorantes consideró que René Lobato es el primer dirigente que conduce al partido con institucionalidad, “porque antes con Octaviano, con Saúl López, y otros, las dirigencias eran caóticas”. Por eso señaló: “Creo que debe hacerse una revisión autocrítica del papel que jugamos todos los miembros de la dirigencia, porque no creo que solo algunas personas tengan la culpa, creo que hubo responsables en todos los niveles”.

Aceptó que el CEE emitiera una posición haciendo un llamando a la unidad y a la institucionalidad, no solamente para pedir la anulación de las elecciones. Pero propuso: “no nos evidenciemos más ante la opinión pública, pero tampoco de que tapemos nuestra caca como los gatos”.

El vicepresidente de la Mesa Directiva del Consejo, Bulfrano Salgado Romero demandó no quedarse callados ante las irregularidades, porque la propia sociedad los está calificando y la que se dio cuenta que el PRD le falló.

El compañero de fórmula de Martín Mora, y secretario de Prensa y Propaganda, Adolfo Plancarte Jiménez, expuso su desacuerdo con la propuesta de pedir la anulación de las elecciones, asumiendo que el CEE no tiene facultades.

En todo caso propuso que la CNGV diga la última palabra y propuso que Hermilo Mejía acepte la secretaría general porque la ganó.

Lo conminó a reconocer la derrota  y ser consecuente, y reconoció “la postura madura, consecuente y muy sana que asumió Nueva Izquierda (NI), al anunciar que no impugnará el proceso electoral”. Ese ejemplo de “institucionalidad”, dijo la asumió René Lobato como dirigente, “que fue de los pocos que le han dado institucionalidad al partido, eso debemos reconocerlo aún con todas las diferencias que tengamos”.

René Lobato Ramírez, asentó: “por responsabilidad política, yo no puedo salir a avalar el fraude, no me pidan que lo haga porque no va con mis principios. Son demasiadas irregularidades, por eso no puedo callarme, pues afortunadamente el en PRD nadie está obligado a callar lo que ocurre”.

Reconoció que el CEE no es instancia para calificar el proceso de elección interna, pero eso no implicaba quedarse callados.

Luego expuso su preocupación por el “clima de linchamiento” generado en contra de quienes que cometieron irregularidades, “no porque se les deba brindar impunidad, sino porque se está olvidando que arriba de quienes cometieron desmanes se encuentran otros responsables”.

Propuso que si de sancionar se trataba se deberían proceder contra quienes quemaron urnas, a los que no instalaron las urnas, a los que manipularon el padrón, a los que suplantaron funcionarios de casilla, y a quienes tuvieron la afiliación en sus manos.

Al referirse a Martín Mora consideró que no le conviene sentarse a dirigir al partido teniendo a toda la militancia en su contra, “no se puede dirigir a fuerza, con la gente confrontada. Y sino los invito a recorrer municipio por municipio para que ven la gran inconformidad que hay entre la militancia”.

Mientras que la secretaria de Ecología, Angélica Castro Rebolledo aseguró que “esta elección no se hizo para competir sino para arrebatar”. Y añadió que Martín Mora y los cívicos que ahora se proclaman ganadores “se fueron con todo a costa de todo, sin importarles que hayan sido los responsables de la elección más amañada de toda la historia del PRD”

Acusó a los cívicos como responsable de la afiliación “quienes manipularon los formatos, todo estuvo mal y yo se los advertí desde el principio. Fue una cochinada de verdad, incluso en Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), se quedaron sin votar más de 200 afiliados porque los rasuraron del padrón. Y ahora han amenazado con no votar por el PRD, en caso de que no se anule la elección”.

Leonor Ortiz Valle, secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas, acusó al dirigente de los cívicos, David Jiménez Rumbo de haber proporcionado al Servicio Electoral un padrón rasurado y no el que fue corregido en su oportunidad.

De NI, Pablo Avalos informó que en Tecoanapa descubrieron 2 mil despensas que iban a ser repartidas en la militancia para que votaran a favor de un candidato, en referencia al candidato que apoyó el diputado local Odilón Romero.

Ramiro Alonso de Jesús, secretario de Elecciones, señaló que hubo infiltrados del gobierno “para favorecer a una corriente”, quienes quemaron urnas en complicidad de quienes ahora se declararon triunfadores, en referencia a Martín Mora y a los cívicos.

De Convergencia Galeana, Fredy Sánchez Torres dijo que el padrón fue preparado para cometer el fraude, porque parecieron muchos priístas e incluso uno de ellos que fue funcionario de casilla, le negó el derecho a votar, por eso indicó que fue una elección irregular.

Solicitó al pleno un deslinde del documento del documento con el que Martín mora se proclamó ganador, porque el CEE no lo autorizó a utilizar su papelería oficial, con lo que se “pisoteo” la institucionalidad generando confusión en la militancia.

Alberto Ramírez Suárez, secretario de Asuntos Laborales, reconoció que la elección salió mal porque no hubo capacidad de organización.

También participaron Guadalupe Eguiluz, secretaria de Asuntos Legislativos, quien no estuvo de acuerdo con las acusaciones en contra del Servicio Electoral. Todos son corresponsables, dijo, porque no se les apoyó para siquiera fotocopiar el padrón.

Casi al final de la sesión, Eguiluz, Alberto Ramírez y Plancarte abandonaron el recinto y a gritos, señalaron que no avalarían ninguno de los acuerdos del CEE.

Gregorio Urieta, corresponsal, Coyuca de Catalán * El perredista Florentino Jaimes, uno de los señalados como responsables de la quema de boletas electorales en este municipio, se adelantó a quienes quieran pedir su expulsión del PRD y solicitó formalmente “la suspensión de la membresía” de Félix Salgado Macedonio, Misael Medrano Baza y su hermana Yolanda, y de Ramiro Alonso de Jesús.

En un oficio dirigido a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV), Florentino Jaimes también se deslinda de la quema de material electoral de la elección perredista: aunque reconoce que iba “en el montón” de los perredistas que quemaron las urnas de esta cabecera municipal, en San Juan de la Cruz y en Paso de Arena, dice que no participó “físicamente”.

Asimismo, pide en el documento que sea “reconocido” como presidente del Comité Ejecutivo Municipal, Francisco Mendoza, ex candidato a quien se responsabiliza de haber encabezado la quema de urnas.

Como argumento para solicitar la expulsión de los dirigentes de la corriente felixista, Florentino Jaimes expone que “ellos siempre han intervenido para que los resultados les sean benéficos”.

Jaimes indicó que su grupo –el involucrado en la quema de las urnas– no está de acuerdo en que se vuelva a repetir el proceso interno del PRD, y opinó que la militancia perredista que ya está “harta de tantas cochinadas”.

Aurelio Peláez * Los aspirantes a la candidatura del PRD a la Presidencia Municipal de Acapulco, Alberto López Rosas y Benjamín Sandoval Melo, conminaron al senador Armando Chavarría Barrera, y al diputado federal Félix Salgado Macedonio, a sentarse a dialogar para resolver las diferencias que resultaron de la elección de dirigente estatal de ese partido.

López Rosas dijo que es riesgoso para el PRD el dirimir públicamente las diferencias internas, dado que se está en la antesala de una elección constitucional, donde lo importante es ganar la mayoría de las presidencias municipales y las diputaciones locales.

Consideró que es complicado resolver las diferencias que resultan de la vida interna de un partido de masas, como lo es el PRD, pero señaló que no debe enviarse a los ciudadanos un mensaje de “desunión” entre su dirigencia.

Entrevistado por separado, el diputado local Benjamín Sandoval Melo, también aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal, dijo que los dirigentes del PRD deben sentarse a dialogar, para resolver los conflictos poselectorales de su elección interna.

Para Sandoval, el enfrentamiento público entre Chavarría y Salgado Macedonio “no conviene a nadie, yo los llamaría a dirimir las contradicciones en forma interna, y a buscar soluciones de consenso a los diversos problemas”, dijo.

Afirmó que la situación provocada por las irregularidades en la elección de dirigentes del PRD demandan “sensatez de los dirigentes del partido” y aceptó que la mala relación entre Chavarría y Salgado Macedonio podría afectar a las campañas perredistas por las presidencias municipales y las diputaciones locales, dado que ese conflicto podría trasladarse a las bases del partido.

Aurelio Peláez * La política del PRD va como nunca a los cafés: que a Alberto Mojica se le vio amarrando una alianza con Carlos Alvarez; que Félix Salgado y Zeferino Torrelanca van a respaldar a Mojica; que Alberto López Rosas se va a quedar solo; que López Rosas amarra alianzas con ex priístas; que este miércoles, Félix, Zeferino y López Rosas se van a dejar ver en público para dar constancia de que en el PRD existe vida institucional.

Ayer, en el restaurante California, sobre la Costera, donde va un buen de acapulqueños, se dejaron ver los precandidatos del PRD a la presidencia municipal, Alberto Mojica Mojica y Carlos Alvarez Reyes. Los acompañó el presidente del Frente Cívico de Acapulco, Fernando Donoso, y el jefe de prensa de Mojica, Julio Zenón Flores.

Reunión para la foto, que busca que la prensa lo constate, dé cuenta y tome nota, sin mayores explicaciones.

El encuentro es promovido por Mojica, que ha convocado a otras dos reuniones para la foto, en la vieja tradición de la escuela priísta. Ya se quiso dejar ver con López Rosas, y después con Carlos Alvarez. El esquema es simple. Se filtra del encuentro a la prensa y ya.

Pero ayer, Carlos Alvarez se incomoda por la presencia de la prensa. Quizá, porque en su segundo encuentro, no quiere tocar el tema del respaldo reciente que la madre del alcalde Zeferino Torreblanca dio a la precadidantura de Alberto López Rosas. De improviso, al ver reporteros, se levanta y se va.

Y es que, se suponía que Alvarez era el candidato cercano al grupo de Torreblanca, el Frente Cívico de Acapulco y su familia incluida. Ya un día antes, en breve entrevista con reporteros, Torreblanca había señalado que de su parte no había línea ni para su padre ni para su madre, y que a través de ellos –por su apoyo a algún precandidato– no enviaba mensaje alguno.

Ayer por la mañana también, despachando a sus anchas a todo lo largo del Sanborns Café, frente a la Universidad Americana, se encontraba el precandidato perredista Alberto López Rosas. Eran las 11 del día y ya llevaba cuatro reuniones privadas en ese lugar. Pasaba de mesa en mesa. Antes de llegar allí, llevaba una entrevista a las 7 de la mañana para Televisa, un desayuno de trabajo en el restaurante 100% Natural y un café en el Sanborns del Centro, a donde tenía previsto regresar, para tener una reunión con los trabajadores administrativos del restaurante.

Al Sanborns de la Americana llega el equipo de prensa del candidato del PRI Ernesto Rodríguez Escalona, que preside el ex funcionario de Comunicación Social en los gobiernos de José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa y Angel Aguirre, Miguel Angel Hernández Albarrán.

Es sitio de reunión de la nueva clase política del PRD, de universitarios y de periodistas, y en donde el rumor más inocuo tiene albergue en el diálogo: que Zeferino Torreblanca va a imponer a Carlos Alvarez como alcalde; que Félix Salgado sí va a contender por la candidatura del PRD; que Mojica va a respaldar a Ernesto Rodríguez; que Mojica es el candidato de René Juárez; que López Rosas sería candidato por otro partido…

La política permea todos los diálogos de los locales, que conviven al lado del turismo de Semana Santa. El PRI, cuyos códigos antaño dominaban en las mesas, pierde espacio en el debate, en el chisme de café. No en balde, es el PRD y su candidato, Zeferino Torreblanca, quien ganó la Presidencia Municipal de Acapulco. Y el costo se paga. Por lo menos, en el chisme de café.

* Aclara que no busca venganza, sino prevenir los delitos y una vida más segura y digna

Ossiel Pacheco * El arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, pidió castigo para los militares que violaron a la indígena me’paa Inés Hernández Ortega en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, “no como una venganza nuestra, sino para la prevención de los delitos y también para que vivamos de una forma más segura y digna”.

El prelado católico, entrevistado al término de la misa crismal del Martes Santo que ofició en la Catedral de Acapulco, dijo que las violaciones a mujeres por parte de efectivos del Ejército, “se han dado como una plaga” y lamentó que estas agresiones se den en contra de la gente más pobre y necesitada como son los campesinos e indígenas de Guerrero.

Antes del caso de Inés Hernández, que ocurrió el viernes 22 de marzo, el 16 de febrero fue violada por soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército la indígena Valentina Rosendo Cantú, en Barranca Bejuco, en la misma región me’paa, entre los municipios de Ayutla y Acatepec.

Emulando a Jesucristo en una frase asentada en el Evangelio, se refirió al caso: “Ay de aquél que escandalice a los más humildes, a los más desposeídos”, y consideró que esta agresión es un gravísimo mal, que tiene que ser castigado, “no como un acto de venganza nuestra, pero sí para la prevención de un delito y también para que vivamos de una forma más segura y digna”.

Aguirre Franco dijo que ante las constantes violaciones a los derechos humanos, la Arquidiócesis ha diseñado un plan pastoral para militares y que no sólo asume la defensa de los derechos humanos “como un desafío”, sino que es parte de los contenidos de la acción de pastoral social, que contienen las comisiones de Derechos Humanos, Penitenciaria, de Salud y la de Caritas.

Sin abundar en el plan pastoral para militares, sólo justificó diciendo que se trata de un sector para nuestro pueblo, “son parte del pueblo de Dios, son hermanos nuestros”.

–¿De qué manera van a evangelizar al Ejército?

–Estamos ofreciendo un servicio a todos, Dios nos libre con que digan que monseñor Aguirre va a cambiar a no sé quién. Es un servicio que presta la Iglesia a todos los hijos de Adán.

Recomienda diálogo con la Policía Comunitaria

Interrogado sobre la actuación de la Policía Comunitaria que opera en San Luis Acatlán, recomendó “un diálogo comprensivo” para que una y otra policía puedan subsistir, “una que es la oficial, y la otra que colabore de alguna manera, porque no puede haber dos gobiernos judiciales en un pueblo, cuando hay dos autoridades se divide el pueblo”.

E insistió en establecer un diálogo “comprensivo” para que cada comunidad tome una determinación, para ello, los ciudadanos deben de colaborar con la policía que oficialmente está puesta y auspiciada por los organismos oficiales, “no alcanzan ellos solos a prevenir y a cubrir en sus propias comunidades”.

Sobre los desafíos que enfrenta la Iglesia católica de Acapulco, indicó que es la ignorancia religiosa, “en un pueblo tan religioso como Guerrero que es el 89.19 por ciento que se profesa católico, pero necesitamos un conocimiento más a profundidad de nuestra fe, una vivencia más efectiva y un testimonio más luminoso, un compromiso de comunicar la fe”.

Asimismo dijo que la disgregación familiar es otro de los retos para la Iglesia local dado que no se puede promover el Evangelio sin una familia integrada y comprometida, “forjadora de valores y sea taller de grandes apóstoles”.

El prelado católico ofició la solemne misa en la catedral de Nuestra Señora de la Soledad, junto con el arzobispo emérito, Rafael Bello Ruiz, así como los 104 sacerdotes de esta demarcación eclesiástica que renovaron sus votos de castidad, y ratificaron su obediencia a la jerarquía de la Iglesia, mismos que antes de iniciar la celebración participaron en un retiro espiritual.

Miles de feligreses provenientes de las diferentes parroquias de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica participaron en la celebración litúrgica, en la cual los prelados católicos bendijeron los Santos Oleos: de los enfermos y de los catecúmenos y el Santo Crisma, que es utilizado para el bautismo de los católicos.

Durante misa que cada año se realiza en Martes Santo, Aguirre Franco difundió el mensaje que el Papa Juan Pablo II envió a los presbíteros, que refirió sin mencionar al caso de sacerdotes pederastas en Estados Unidos: “nos sentimos en estos momentos personalmente conmovidos en lo más íntimo por los pecados de algunos hermanos nuestros que han traicionado la gracia recibida con la ordenación”.

Prosigue la carta: “Se provocan así escándalos graves, que llegan a crear un clima denso de sospechas sobre todos los demás sacerdotes beneméritos que ejercen su ministerio con honestidad y coherencia, y a veces con caridad heroica”.

El obispo de Roma, en nombre de la Iglesia expresa su propia solicitud por las víctimas y afirma que ésta se esfuerza por responder con justicia y verdad a cada situación penosa. “Todos nosotros, conscientes de la debilidad humana, pero confiando en el poder salvador de la gracia divina estamos llamados a abrazar el misterio de Cristo y a comprometernos aún más en la búsqueda de la santidad”.

Sobre el caso, el arzobispo Aguirre Franco indicó que son dolorosos los antitestimonios y los escándalos que se provocan por los pecados que se cometen por parte de los sacerdotes. “Nosotros como ministros sagrados estamos obligados a reparar los daños causados. Estamos hablando del hombre frágil, vulnerable, y pecador”.

“No estamos justificando lo que dolorosamente sucede, porque el pecado sea quien sea, es causa de la pasión y muerte de Jesucristo, más aun causante de todos los males que nos afligen a la humanidad, cómo sería el pecado en el mundo que Dios padre, castigó a su hijo por los pecados de todos nosotros”, expresó.

* Reunión en Chilpancingo el secretario de Gobierno Marcelino Miranda y el magistrado Lorenzo Jáuregui con las autoridades indígenas * Se comprometen los funcionarios a intervenir ante las instancias federales para dar un marco jurídico al sistema de justicia y seguridad pública indígena * Analizarán los acuerdos del Encuentro Indígena del 21 y 22 de marzo y revisar las órdenes de aprehensión contra los comisarios

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La posición del gobierno del estado dio ayer un giro al retractarse del ultimátum que dio el 26 de febrero a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de La Montaña-Costa Chica para disolver la Policía Comunitaria y desarmar a esta organización indígena. Además se comprometió con los comisarios municipales a intervenir ante las instancias federales para dar un marco jurídico a su sistema de justicia y seguridad pública.

Asimismo, se manifestó la disposición del gobierno estatal de continuar con la Mesa de Diálogo para analizar los acuerdos emanados del Encuentro Indígena del 21 y 22 de de este mes en San Luis Acatlán, revisar el caso de las órdenes de aprehensión contra los comisarios de la Coordinadora y buscar integrar al Congreso del Estado y el Poder Judicial a los trabajos.

Mientras, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Julio Lorenzo Jáuregui pese a que sigue firme en su posición de calificar a la Policía Comunitaria de inconstitucional, también cambió su actitud y confió a los comisarios municipales que en tanto se trabaja en la Mesa de Diálogo, el Ejército mexicano y la Policía Judicial del Estado no pueden desarmarlos.

Para llegar a acuerdos y dar solución al caso de la Policía Comunitaria y en general al sistema de justicia y seguridad pública practicada sistemáticamente en las comunidades de la región Montaña-Costa Chica que comprende los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú el gobierno del estado dio facilidades necesarias para que las autoridades indígenas se reúnan, tomen acuerdos y les entreguen propuestas en el tiempo que estimen necesario y fijen fecha del próximo encuentro.

Sí quedó claro de parte del gobierno del estado que no puede tramitar el permiso colectivo para la portación de armas en caminos y veredas de la región de La Montaña-Costa Chica, porque se corre el riesgo de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Así que será responsabilidad de la Coordinadora buscar los mecanismos jurídicos y políticos para evitar ser desarmados por los militares.

Recibieron a los comisarios de la Coordinadora el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis León Aponte y el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui.

Antes de iniciar la reunión los comisarios Medardo Castro Marín y Ciriaco Rojas pidieron a Marcelino Miranda que sólo hablaran ellos como autoridades civiles y pidieron la salida del secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, porque tratarían asuntos políticos.

El mayor Luis León Aponte dijo que como una muestra de buena voluntad y como ejemplo de la disposición que existe en el gobierno que encabeza René Juárez Cisneros, se retiraría de la reunión y que en los encuentros subsecuentes “con gusto” acudiría al llamado. Y se salió.

De parte de la Coordinadora asistieron 10 comisarios de los municipios de Malinaltepec y San Luis Acatlán encabezados por Medardo Castro, Ciriaco Rojas y los dirigentes del Consejo Guerrerenses 500 Años de Resistencia Indígena, Cirino Plácido Valerio y Amador Cortés, además del coordinador del Centro Regional de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el investigador de la UAG, Renato Ravelo Lecuona.

La interlocución con el responsable de la política no con el de seguridad pública

Las autoridades indígenas se presentaron ayer a la reunión en el Palacio de Gobierno que inició a las 2 de la tarde y culminó dos horas después, donde hubo acceso a la prensa.

La reunión había sido parte del ultimátum dado por el gobierno del estado en la reunión del pasado martes 26 de febrero bajo el compromiso de que la Coordinadora debería traer los acuerdos sobre las propuesta de integrar a la Policía Comunitaria a la Policía Preventiva Municipal o estatal. De no hacerlo serían desarmados y las órdenes de aprehensión liberadas en su contra serían ejecutadas.

Ese plazo se cumplió, pero los comisarios no trajeron las resoluciones a las propuestas hechas por el gobierno estatal. Sólo expusieron que necesitan tiempo para seguir analizándolas y hacer contrapropuestas que lleven al reconocimiento de su sistema de justicia y seguridad pública.

Pero fueron firmes ante el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, para decirle que no aceptarán la desaparición de la Policía Comunitaria.

Cirio Plácido fue más allá de la simple defensa de la Policía Comunitaria, dijo que el gobierno del estado, “por sí solo no podrá combatir la delincuencia”, y por eso debería buscar la colaboración de la sociedad, y ese es el sentido de la Policía Comunitaria y el general el proyecto de justicia y seguridad pública.

Además le dejó en claro que la Policía Comunitaria no responde a intereses partidistas del PRD o del PRI, sino que es una exigencia de la población indígena.

Explícito Amador Cortés le propuso al secretario general de gobierno, “pactar o acordar con una coordinación de seguridad pública para no permitir el regreso de la delincuencia a la región.

Así el encuentro que distó mucho al del pasado 26 de febrero, según reconocieron las autoridades estatales y los propios comisarios, el sistema de justicia y seguridad pública se seguirá aplicando en la región y en sus pueblos aun cuando el Ejército mexicano aceche para desarmarlos, sin importar que pueda ser causa del regreso de la delincuencia.

 

* Seguridad y justicia para los pueblos indígenas

Policía Comunitaria

Asaltos, robos, violaciones… los indígenas se preguntan cómo evitar que la violencia y la inseguridad sigan deteriorando la vida en sus comunidades.

¿La policía? No quiere subir y cuando sube resulta aliada de los delincuentes o de plano asalta por su cuenta.

¿El Ejército? No es su función cuidar la seguridad pública, sólo se ocupan de la guerrilla.

¿Jueces, agentes del MP? Más tardan en recibir a los delincuentes que en volver a soltarlos al amparo de una multa, un resquicio legal o un soborno.

¿La cárcel? No repara el daño, no reeduca al delincuente, incluso a veces lo vuelve más peligroso.

Los pueblos se reúnen en asambleas comunitarias. Recuerdan sus tradiciones, recurren al derecho indígena, a los usos y costumbres de sus comunidades. Nombran delegados para la asamblea regional. Si la policía y el Ejército no pueden cuidar sus comunidades, ellos mismos se encargarán de hacerlo. “A partir de ese momento, la Policía Comunitaria recorre caminos y veredas, resguardando la seguridad de los pueblos indígenas”.

Análisis jurídico del magistrado Julio Jáuregui entregado a las autoridades indígenas el 26 de febrero

l El acuerdo que crea a la Policía Comunitaria carece de sustento jurídico y es contrario al Estado de Derecho. No es posible que los pueblos y comunidades indígenas creen un cuerpo policiaco paralelo a las funciones que la Constitución encomienda al estado y a los municipios.

l El artículo 4º protege y promueve el desarrollo de sus lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social al interior de los pueblos indígenas. Sólo en los juicios y procedimientos agrarios en que ellos sean parte se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas, pero siempre en los términos que establezca la Ley Agraria, reguladora del artículo 27.

l De acuerdo a los artículos 8 al 12 del Convenio 169 de la OIT, los usos y costumbres indígenas se han de sujetar a lo que establece la Constitución mexicana y las leyes que de ella se deriven respecto a la persecución e investigación de los delitos, instrucción del proceso, imposición de penas privativas de libertad y el trabajo a favor de la comunidad y la ejecución de las sanciones. Así pues, el proyecto de Seguridad y Justicia Comunitaria debe ser compatible con el sistema jurídico nacional,

l El artículo 21 de la Constitución establece que sólo la autoridad judicial puede imponer penas, que sólo el MP puede investigar y perseguir delitos.

l La Policía Comunitaria usurpa las funciones del MP al investigar y perseguir delitos y usurpa también las funciones de la autoridad judicial.

Principios básicos de la justicia comunitaria

l No se cobra por ella

l No se aceptan abogados, cada acusado responde por sí mismo ante las autoridades

l No se mezcla con la política partidaria

l No permite privilegios, la justicia es para todos por igual, quien la deba que la pague.

l No hay multas ni encierro, los culpables reparan el daño trabajando 15 días en cada pueblo o comunidad en obras de beneficio público.

l Además se reunen con los ancianos y principales para analizar sus errores y recibir consejos, en un proceso de reeducación que les permita reintegrarse plenamente a su comunidad

l Se busca que quienes son castigados reconozcan y superen conscientemente sus errores para que sea la responsabilidad social y no el miedo lo que evite que vuelvan a cometerlos

l El tiempo de reeducación y reparación del daño depende de la gravedad del delito

Cronología

15 DE OCTUBRE DE 1995 En Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, los pueblos indígenas deciden crear la Policía Comunitaria.

ENERO DE 1997 Solicitan equipo al Secretario de Gobierno y al Subsecretario de Protección y Vialidad.

FEBRERO DE 1997 Solicitan capacitación al 48 Batallón de Infantería (BI) y entregan relación de policías comunitarios.

22 DE ENERO DE 1998 En la comunidad de Potrerillo Coapinole se crea la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI) para impartir justicia de acuerdo a los usos y costumbres.

JULIO Y AGOSTO DE 1998 Solicitan capacitación al 48BI.

ABRIL DE 1999 Solicitan a René Juárez la cancelación de órdenes de aprehensión contra policías comunitarios y la CRAI.

DICIEMBRE DE 1999 Presentan proyecto a San Luis, Malinaltepec y Azoyú para  ampliar la justicia comunitaria.

ENERO DE 2000 Invitan a la asamblea regional al mayor Luis León Aponte, secretario de Seguridad Pública y al coronel Juan Manuel Corona del 48 Batallón de Infantería.

JULIO DE 2000 Solicitan al presidente Zedillo, al gobernador René Juárez, a la Suprema Corte y al Congreso de la Unión la cancelación de las órdenes de aprehensión contra policías comunitarios y la CRAI.

4 DE NOVIEMBRE DE 2000 El ayuntamiento de San Luis Acatlán, en sesión de cabildo, hace un reconocimiento público de las funciones de la Policía Comunitaria

MAYO DE 2001 Solicitan la intervención de Xóchitl Gálvez para la cancelación de órdenes de aprehensión.

AGOSTO DE 2001 El municipio de San Luis Acatlán entabla controversia constitucional contra el Congreso de la Unión y el poder Ejecutivo Federal.

ENERO DE 2002 Entregan relación de policías comunitarios al 48 BI.

FEBRERO DE 2002 Efectivos de la Judicial del Estado arrestan a dirigentes de la  Policía Comunitaria de San Luis Acatlán.

* Más de 500 indígenas bajan a la cabecera municipal para pedir la libertad de los policías presos.

* El secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve declara ilegal a la Policía Comunitaria.

* El Ejército exige a la CRAI que informe sobre los integrantes y forma trabajo de la Policía Comunitaria.

* El gobernador René Juárez ordena al Secretario de Gobierno aplicar la ley a los indígenas que lo acorralen con marchas y plantones.

* El Ejército y el gobierno estatal exigen a la Policía Comunitaria que entregue las armas y desintegre la corporación. Advierte que se ejecutarán las órdenes de aprehensión contra sus integrantes.

Exigen el PRD, PRI y PAN en el Congreso local marco legal para la Policía Comunitaria y justifican su existencia.

MARZO DE 2002 Se incorporan a la Policía Comunitaria los municipios de Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte. Aportan 120 efectivos.

* El TSJ afirma en un estudio que la Policía Comunitaria es inconstitucional y no tiene base jurídica.

* Se reúnen 32 comunidades en Potrerillo  Coapinole y acuerdan defender a toda costa a la Policía Comunitaria.

31 DE MARZO DE 2002 Segundo encuentro regional por la defensa del proyecto de justicia y seguridad comunitaria en San Luis Acatlán.