* Se reunió con alcaldes de cinco municipios con alto grado de marginación y emigración * Atestiguó en Acapulco la constitución de la empresa integradora cafetalera Café Guerrero de México 

Maricela Santos * El titular de la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior (OPME), Juan Hernández Sender, ofreció ayer la intervención del gobierno federal para apoyar a los productores cafetaleros de Guerrero en la comercialización del grano aromático con empresarios guerrerenses que radican en Estados Unidos, y reconoció que hace falta promover la generación de empleos para arraigar a los mexicanos e iniciar con ello la transición económica del país.

En la visita que realizó ayer en la entidad, el funcionario recorrió las regiones cafetaleras como San Luis Acatlán, La Pintada y San Vicente en Atoyac, y se reunió con los alcaldes de los cinco municipios con mayores índices de marginación y con alta intesidad migratoria: Ajuchitlán del Progreso, Canuto Neri, Olinalá, Pedro Ascencio Alquisiras y San Miguel Totolapan, con quienes acordó promover la comercialización de sus productos para arraigar a los habitantes de estas regiones y bajar los índices de migración, que aseguró que disminuyeron hasta en 40 por ciento desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos.

También atestiguó en Acapulco la constitución de la empresa integradora cafetalera Café Guerrero de México con los representantes de las distintas organizaciones que producen café en la entidad y que pretenden comercializarlo de entrada, con los guerrerenses radicados en el extranjero, y la gestión de inversiones para instalar algunas torrefactoras.

El recorrido por las regiones productoras de café fue a bordo del helicóptero que usa para sus giras el gobernador, René Juárez Cisneros, con quien comió al medio día junto con el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone.

En la conferencia de prensa que ofreció por la mañana el gobierno del estado en el exclusivo hotel Quinta Real para anunciar el recorrido realizado por la entidad, Hernández Sender señaló que al país le falta iniciar su transición económica para abatir los problemas de pobreza “y los reclamos que vienen directamente relacionados con la falta de empleos” y el abandono de las actividades productivas para emigrar por el bajo precio interno que hay en sus productos, como en el caso específico del café.

Consideró que es importante por ello la generación de oportunidades de desarrollo económico de las comunidades mediante el apoyo de proyectos productivos por parte de empresas de guerrerenses que estén radicando en Estados Unidos, pues consideró que los 23 millones de mexicanos radicados actualmente en aquel país son un mercado potencial que debe de aprovecharse para disminuir a la par la falta de oportunidades de desarrollo como motivo de la expulsión de migrantes al vecino país del norte.

Fuera de ello, observó que en México se vive un periodo de transición con grandes avances políticos, con federalismo y democracia real, dentro del cual “se habla de la posibilidad de que haya un voto en el exterior y una unificación no sólo de cafetaleros sino la nación mexicana”.

La propuesta de promoción y apoyo a la comercialización del café es promover oportunidades de empleo en las regiones de alta marginación y migración “para atraer oportunidades” al relacionar pequeñas empresas de mexicanos radicados en el extranjero dispuestos a comprar el café de Guerrero y distribuirlo entre las colonias y clubes de guerrerenses, así como contactar posibles créditos para que sean usados en mejorar la producción.

No descartó promover la comercialización de artesanías y de otros productos de regiones indígenas de la entidad a las que dijo que ya se está considerando con un programa denominado Adopta una Microregión, en el cual Guerrero está incluido como el octavo estado expulsor de migrantes de la República Mexicana y contiene a los cinco municipios con alto índice de migración y de marginación arriba mencionados.

Dijo que este programa es muestra de las grandes contradicciones del país “porque por un lado somos el país más exitoso de Latinoamérica y de los mejores países para invertir en el mundo, pero por el otro lado tenemos 40 millones de personas pobres”.

Para la promoción de estos apoyos, dijo que han disminuido los trámites burocráticos ante aduana para la exportación de donaciones extranjeras y que se abrieron cinco oficinas del México Trade Center para apoyar y asesorar a los productores que quieren exportar a Estados Unidos sus productos.

Popoca Boone por su parte indicó que este apoyo podría resolver el problema de comercialización de los casi 50 mil quintales de café verde que se producen en la entidad y que abarata su costo de producción porque carece de un buen proceso agroindustrial, por lo que la empresa integradora buscará mejorar la calidad del café de Guerrero bajo una sola marca en su línea de tostado y molido con el apoyo de la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior.

Dijo que buscarán además financiamientos crediticios para consolidar algunas torrefactoras en Costa Chica y Costa Grande  de entre 5 y 9 millones de pesos.

Popoca Boone señaló que la empresa integradora –que incluye a las organizaciones cafetaleras de la entidad– tendrá un crédito, de 12 millones de pesos otorgado por Banrural, del cual el gobierno del estado absorberá los intereses.

Hernández Sender y Popoca Boone presidieron ayer la sesión del Consejo Estatal del Café en el hotel Fiesta Americana de Acapulco en donde tomaron protesta a los representantes de la nueva empresa integradora de café, que encabezará Carlos Vázquez Galena como presidente, Lucio Mesino Lezma como secretario y Erasto Cano Olvera de la Luz de la Montaña como tesorero.

Allí Popoca Boone reconoció la voluntad y disposición de las organizaciones cafetaleras “para hacer a un lado las diferencias políticas” y responder únicamente a los intereses de todos los productores de café, y el representante de la Sociedad Cooperativa La Pintada, Arturo Martínez Nateras, enfatizó que la nueva empresa tendrá fines netamente sociales y que no será ni paraestatal ni intermediaria.

Apoyo a los cinco municipios expulsores

Hernández Sender luego de reunirse con los alcaldes de los municipios con mayor marginación y migración informó que se harán estudios de factibilidad de una treintena de proyectos que discutió con ellos, todos tendientes a arraigar a la gente en sus comunidades de origen.

Los alcaldes expusieron la necesidad de mejorar los caminos y de abastecimiento de agua, pero consideró que los más factibles de apoyar por la oficina que encabeza son los de exportación de frutas secas, artesanías, mango y quesos.

Mencionó que si bien los índices de migración en Guerrero son altos, está entre los 23 estados expulsores de migrantes y aunque dijo que no existen cifras exactas de este fenómeno por la salida de indocumentados, calculó que de un millón 300 mil que salen a trabajar a Estados Unidos, 300 mil se quedan allá.

Sin embargo observó que la tendencia migratoria ha disminuido en México en 40 por ciento luego de los atentados del 11 de septiembre, pero que están a la espera de los últimos balances de remesas para saber en que grado cambió.

* Aunque hayan ganado, no aceptan ningún resultado para “no ser cómplices de las irregularidades”, dicen * Además, el alto abstencionismo daría lugar a dirigentes “poco representativos” y a una dirigencia “ilegítima y espuria”, dice el candidato 

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancing * Dirigentes del M-27 y el candidato a presidente estatal de PRD, Hermilo Mejía Estrada demandaron ayer al Servicio Electoral la anulación de las elecciones internas en Guerrero y advirtieron que en caso que de se avale el triunfo del cívico Martín Mora Aguirre no lo reconocerán como dirigente estatal, por el cúmulo de irregularidades y los hechos de violencia que se presentaron en las elecciones del pasado domingo 17.

Hermilo Mejía dijo que aunque según sus resultados ganó la elección, no proclamaría su victoria,y como anteayer el candidato del MDS y otras corrientes, Martín Mora se declaró triunfador de la elección a presidente estatal, Mejía anunció que no aceptará ningún resultado surgido de un proceso en el que “miles” se quedaron sin votar.

A pregunta expresa dijo que en caso de que no prospere su petición no reconocerán el resultado porque “no es una elección válida y por eso será una dirigencia ilegítima y espuria”.

También a un cuestionamiento sobre el por qué la resistencia a dar a conocer las cifras que demuestren que ganó la elección, el dirigente del M-27 y coordinador estatal de la campaña de Mejía, Crescencio Almazán dijo que las mismas deficiencias del Servicio Electoral en el conteo en las casillas impiden que sus representantes tuvieran copias de las actas para demostrar con certeza sus resultados.

Aseguró que vía telefónica cada uno de sus representantes reportaron sus triunfos y que por ello dan a conocer en qué municipios ganaron y en cuáles lo hizo Mora u otro de los candidatos. Señaló que por esas dificultades no darían a conocer cifras porque esperan para este jueves el cómputo del Servicio Electoral.

Sin embargo, señaló que es una decisión del M-27 que sus candidatos en todos los ámbitos no aceptarán cargo alguno, hasta que no se limpie el proceso, que sólo se logrará si se anulan las elecciones en el ámbito estatal y se convoca a nuevos comicios en la entidad.

Por su parte, el dirigente del M-27 en la Tierra Caliente, Ramiro Alonso de Jesús señaló que no permitirán que el senador Armando Chavarría Barrera “traspase” al PRD las “actitudes porriles, los vicios y las irregularidades que cometió en la elección de la UAG”.

Denunció que los actos de violencia ocurridos en Coyuca de Catalán fueron protagonizados por simpatizantes de Mora y Chavarría.

 

“Vergüenza para el PRD”

 

Mejía Estrada consideró que las elecciones pudieron ser una oportunidad para concretar las aspiraciones de la militancia por un partido democrático con dirigentes legítimos, pero que ello no fue posible debido a “la falta de profesionalismo, la improvisación y la evidente incapacidad del órgano electoral en el estado”.

Lamentó que “en lugar de resultado electoral tenemos conflicto electoral, en lugar de certeza tenemos impugnaciones y en lugar de cifras oficiales tenemos candidatos que usurpan funciones al dar a conocer resultados a nombre de un órgano electoral sin la debida autorización”.

Mostró entonces dos hojas membretadas con el logotipo del PRD y del Servicio Electoral, con los presuntos resultados oficiales, entregados por el candidato Martín Mora en la conferencia de prensa que ofreció el lunes aquí para proclamar su triunfo.

Hermilo Mejía exige en un escrito corregir las anomalías porque “son una vergüenza para el PRD” y señaló que en estas condiciones carecería “de validez legal, moral y política” que alguien se proclame ganador.

“No aceptaremos ningún resultado surgido de una elección como la que hemos presenciado, ni aun cuando sabemos que el resultado es favorable a nosotros”, porque “reconocerlo sería tanto como ser cómplices de las irregularidades”, adelantó Mejía.

“En estas condiciones nosotros no podemos pronunciar nuestra victoria. Sería grave ignorar el desaseo de la elección en aras de tomar por asalto la dirigencia”, añadió.

“Decirse triunfador de una contienda como esta es una grave irresponsabilidad que pone en riesgo el futuro del partido; por eso le hacemos un llamado a Martín Mora y a sus simpatizantes a que rectifiquen su conducta”, y a evitar “el discurso fácil que lo único que provoca es inestabilidad al interior del partido”, dijo.

También exhortó al Servicio Electoral a “cumplir  con sus funciones institucionales y dejar atrás sus intereses de corriente. Les demandamos reponer el proceso electoral, reconociendo autocríticamente que les faltó capacidad para organizar una elección de esta magnitud”.

Y urge al mismo Servicio Electoral a que sesione públicamente y de manera urgente para evaluar las irregularidades de la elección, y para que una vez integradas las causales suficientes “se proceda de inmediato a la anulación de las elecciones”.

 

El PRD corre peligro de perder las elecciones de octubre

 

Por la tarde en conferencia de prensa en Acapulco, Mejía Estrada dijo que de avalarse la elección, el PRD corre el peligro de perder la elección de alcaldes y diputados de octubre porque “los resultados no son representativos” de la verdadera correlación de fuerzas dentro de su partido.

El alcalde con licencia de Buenavista de Cuéllar informó que más del 50 por ciento de militantes no votó y ejemplificó con el caso Acapulco donde la abstención fue del 94 por ciento y “con ese porcentaje no podemos decir que tenemos vigencia legítima y una dirigencia fuerte como para ir al proceso del 6 de octubre”.

Dijo asimismo que más del 20 por ciento de las casillas no se instalaron en todo el estado y la mayoría lo hizo tarde o en lugares distintos a los programados. Incluso mencionó la falta de papelería completa en varias casillas de Malinaltepec, Olinalá, Tetipac, Pilcaya y Xalpatláhuac.

Aunque no detalló cifras, aseguró que su fórmula triunfó en 23 municipios, mientras que la de Mora ganó en 20 municipios “con menor militancia”, Sebastián De la Rosa en cinco municipios y Bertoldo Martínez en uno.

Reprochó que Mora proclame victoria “con cifras inventadas” pues una hora antes de su conferencia de prensa el lunes, el presidente del Servicio Electoral en el estado Francisco Vergara en entrevista por radio dijo que sólo habían recibido 40 casillas de un total de 540. “Nosotros por prudencia no hicimos declaraciones ni convocamos, aunque íbamos adelante con un 10 por ciento”, dijo.

Aunque no ha platicado con los otros cinco candidatos para ir juntos en la petición de nulidad, informó que anoche se reuniría con De la Rosa para platicar sobre cómo limpiar la elección, “lo mejor es realizarla otra vez para que los que no votaron lo hagan”.

–¿Qué tan viable es que nulifiquen las elecciones?

–Bueno más bien hay que ver que tan legal es, por las irregularidades pues deber hacerse, política y legalmente debemos hacer de nuevo la elección.

Sobre la acusación del dirigente municipal de San Marcos Salvador Torres Salado por la participación de priístas para votar por su fórmula, desestimó la versión porque “no se puede porque no están en el padrón, es la ventaja del padrón cerrado, en las casillas había representantes de candidatos y no escuché quejas”.

* Pide a líderes de corrientes a cuidar el proceso poselectoral para no afectar al PRD de cara a las elecciones constitucionales

Karina Contreras * Existen “causales bastante consistentes” para anular la elección del PRD en Acapulco, pues no se instaló más del 30 por ciento de las casillas, confirmó la presidenta de ese partido en el municipio, Rosario Herrera Ascencio, quien llamó a los dirigentes de corrientes a cuidar el proceso poselectoral interno para no afectar las posibilidades de su partido en las elecciones constitucionales de octubre.

Recordó que las distintas instancias partidistas están “obligadas a responder en términos estrictos a la legalidad”, y llamó la atención a los reportes oficiales que indican que “sólo votó el 6 por ciento de la militancia” porteña, lo que equivale a cerca de 2 mil personas de cerca de 30 mil que están registradas en el padrón.

Entrevistada en las oficinas de la dirigencia municipal, Herrera Ascencio dijo que los integrantes de la Comisión Auxiliar del Servicio Electoral (CASE) le hicieron llegar un documento donde se informa cómo se distribuyó la papelería en el puerto.

Allí se reconoce que de los 95 ámbitos territoriales acordados por el Servicio Electoral, sólo se entregó la papelería en 76 correspondientes a igual número de mesas directivas de casilla en el municipio, y que de esos 76 paquetes 20 fueron devueltos por diferentes circunstancias como que se instalaron fuera del horario establecido, por falta de boletas para la elección de presidente de comité de base, porque tenían deficiencias o porque se trataba de boletas que correspondían a otro distrito.

De modo que con los 19 paquetes no entregados, suman 39 casillas las que no se instalaron, y por eso de acuerdo con el articulo 75 del reglamento de elecciones internas este proceso “debe ser anulado”, pues allí se estipula que “con el 20 por ciento de las casillas que no se instalen o que hayan sido anuladas la elección se viene abajo”.

Por lo tanto, “son causales bastante consistentes” de nulidad las que se presentaron en Acapulco pues no se instalaron 39 de 95 casillas, es decir, aproximadamente un 50 por ciento.

La presidenta del PRD también dijo que “el partido en sus distintas instancias está obligado a responder en términos estrictos a la legalidad interna”, y sólo un fallo favorable a la anulación dará a la militancia acapulqueña la satisfacción que merece. Agregó que la suya no es una “petición, sino simplemente un llamado a que haya apego a la legalidad” partidista.

Se trata, insistió Herrera Ascencio, “de darle a la militancia la certeza de que este partido también es democrático porque respeta sus leyes”.

La dirigente municipal criticó, por otro lado, que el candidato del MDS y de varias corrientes más, Martín Mora Aguirre, haya proclamado su triunfo en la elección de presidente estatal sin basarse en resultados oficiales, “ninguneando” así a la militancia y a las instancias.

Dijo sin embargo que espera que no se dé una división ni que estén “sonando los tambores de guerra”, que ella apuesta a que los dirigentes de las corrientes “saquen la bandera blanca y que la exhiban”. Pero entonces llamó a las fuerzas que postularon a Mora a ser consecuentes y al mismo candidato a “pensar más en el partido y no en que él va hacer el presidente estatal”.

Y en referencia al senador Armando Chavarría y el coordinador de los diputados locales Octaviano Santiago Dionicio, que el lunes le levantaron la mano a Martín Mora, Herrera Ascencio dijo que “los representantes populares en estos momentos nos deben ayudar a convocar a  la militancia a la unidad, a la mesura para que después de todas las irregularidades que se presentaron en las distintas regiones del estado puedan contribuir a una reconciliación que sólo se logrará si ellos mismos ayudan a que se proceda en apego estricto a la legalidad”.

Dijo que si la unidad no se da sobre la base de respetar la legalidad, los responsables de de eso “tendrían nombres y apellidos”.

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Héctor Apreza Patrón se comprometió a que a la mayor brevedad posible, y después de verificar si proceden, las impugnaciones a la elección de rector de la UAG que ayer entregó el candidato del FAUG, Rogelio Ortega Martínez, se emitirá un dictamen por parte de la Comisión de Educación de ese órgano legislativo.

Luego de que cientos de seguidores de Ortega Martínez marcharon rumbo al Congreso local, una comisión del FAUG fue recibida por Apreza Patrón, por el presidente de la Comisión de Educación, el diputado del PRS, Demetrio Saldívar Gómez y por la legisladora perredista Rosario Merlín.

Allí, Ortega Martínez manifestó a Apreza Patrón que acudían al Congreso del Estado de Guerrero, “para en uso de nuestro derecho, pero en salvaguarda de la autonomía universitaria, en principio expongamos a ustedes dándoles a conocer sobre el proceso electoral que cursa hoy la UAG, el que se ha caracterizado primero, por la no observancia y apego irrestricto a lo establecido en la norma institucional y luego, por el cúmulo de irregularidades derivadas de la no observancia a la ley”.

El ex candidato a rector, explicó que conciben la autonomía universitaria “como la garantía constitucional que el Estado da a la universidad a través de su ley para que ésta de manera responsable la observe y aplique en apego a derecho: la libertad de cátedra, la libertad de administrarse y autogobernarse en el marco de la Ley de la UAG, que no implica que las autoridades universitarias ejerzan actos de autoritarismo y de anarquía, pues cuando ello ocurre se irrumpe el Estado de derecho y convierte a los universitarios en comunidad de excepción al quedar indefensa y a expensas del autoritarismo”.

Informó que las impugnaciones también se presentaron al poder estatal y federal, a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos(Codehum), “porque el fraude electoral cometido por el rector Florentino Cruz Ramírez, es lesivo para la educación en la entidad, tomando en cuenta que la UAG ocupa el penúltimo lugar en cuanto al aprovechamiento educativo”.

Posteriormente entregó un oficio a los legisladores en el que se expresa, entre otras cosas, que la UAG “no puede estar al margen de las leyes generales de la nación y de la entidad; la aplicación de éstas, en todo caso, deberán dejar intocada la autonomía universitaria; por lo anterior, es nuestro juicio que procede que esa H. Legislatura en lo que le competa, vigile y en consecuencia actué ante hechos que durante el proceso electoral para elegir rector han cometido de manera arbitraria y al margen de la Ley el Consejo Universitario, el rector, la Comisión Electoral y funcionarios menores”.

La universidad no es patrimonio absoluto de nadie

Por su parte, el diputado Demetrio Saldívar señaló que los universitarios deben vigilar que la Ley de la UAG aprobada por el Congreso del Estado se cumpla en todas y cada una de sus partes, porque “ya que la universidad no es patrimonio absolutamente de nadie, sino de todos los guerrerenses, por eso entiendo que ustedes buscan dar a conocer a diversas instancias la inconformidad que priva entre los universitarios por las irregularidades que hubo y que ustedes demandan que se limpie”.

“Este Congreso –indicó–, estuvo cerrado por muchos años a los sectores y a los universitarios, pero ahora está abierto a todos por eso vamos a analizar las impugnaciones que nos presentan y nos comprometemos a emitir nuestra opinión al respecto en uso de nuestras facultades”.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Gobierno, Héctor Apreza, señaló que el Congreso del Estado se pronuncia por el fortalecimiento de la educación pública “que sirva a las mayorías y no a unos cuantos; aquí se aprobó la iniciativa de la Ley UAG, a pesar de que muchos le apostaron a un enfrentamiento, pero no fue así, porque somos respetuosos de la autonomía universitaria y también de la soberanía legislativa y popular”.

Dijo que “el compromiso que asumo con ustedes es que el día de mañana tenemos reunión de la Comisión Permanente, y daremos a conocer este asunto y se le estará turnando a las comisiones que se juzgue competente, y lo vamos a hacer con pleno respeto a la autonomía universitaria, por eso sólo vamos a intervenir en la parte que nos toca, en el área de nuestra competencia y posteriormente se emitirá el dictamen lo más pronto posible”.

No andamos vendiendo la autonomía: Sandoval

Después vinieron las intervenciones, Pablo Sandoval Cruz dijo que las impugnaciones se fincan en la violación a los derechos humanos de la tercera generación de las comunidades, “y la UAG es una comunidad, de tal manera que se están violando estos principios, por eso se pidió también la intervención de la Codehum, y aquí en el Congreso no andamos vendiendo la autonomía universitaria, sino exigiendo el respeto de la Ley de la UAG”.

La profesora de la FCA, Irma Ferrusca explicó que en agosto del año pasado el Congreso del Estado dio una muestra de apoyo a la UAG al aprobar la Ley de la UAG, “pero ahora se emitió una convocatoria electoral amañada, con una comisión sumisa ante el rector que fue la causante de un gran fraude electoral”.

En tanto, Pedro Vidal Tello afirmó que “los universitarios tienen muy claro que autonomía no significa extraterritorialidad ni estar al margen de la ley, por eso tenemos claro que el Congreso del Estado es un espacio plural y abierto”.

* Efectúan mítines en el Edificio Docente y Rectoría donde fueron “provocados” por el jefe de prensa de la UAG, Noé Jiménez Silverio, dicen * Se suma Pablo Sandoval Cruz a la protesta de orteguistas

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Más de 2 mil universitarios seguidores del candidato a rector de la UAG por el Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Rogelio Ortega Martínez, se manifestaron ayer en el Edificio Docente, marcharon al Congreso local y efectuaron un mitin frente a la Rectoría de la UAG.

En el Congreso del Estado fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Gobierno, Héctor Apreza Patrón; el presidente de la Comisión de Educación, Demetrio Saldívar Gómez y por la diputada perredista Rosario Merlín, a quienes entregaron un paquete con las impugnaciones al proceso electoral; previamente habían presentado la misma impugnación al visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés.

Los universitarios, algunos trasladados desde el puerto de Acapulco en 12 camiones, comenzaron ayer al mediodía una serie de movilizaciones que culminaron con un mitin en la Rectoría de la UAG y una comida-baile en el Salón Sortilegio.

Fue en la explanada de Rectoría donde el jefe de Prensa, de la universidad, Noé Jiménez Silverio provocó a los seguidores de Rogelio Ortega.

El jefe de prensa del rector Florentino Cruz, envió a uno de sus ayudantes para que fotografiara a quienes quemaban un muñeco con la efigie de Nelson Valle López, justo en el momento en que se efectuaba el mitin y donde se anunció que el próximo 6 de abril Ortega Martínez tomará posesión como rector de la universidad.

Esta situación provocó el enojo de los orteguistas quienes procedieron a quitarle el rollo de la cámara fotográfica a Julián de Jesús Hernández, trabajador de la jefatura de Prensa de la UAG, que nada pudo hacer ante las presiones ejercidas por los manifestantes que minutos antes habían marchado de regreso del Congreso local rumbo a la Rectoría de la universidad.

El primer acto efectuado por los orteguistas fue en el Edificio Docente. Allí, el doctor Pablo Sandoval Cruz, quien hasta el domingo fue representante de Alberto Salgado Rodríguez, manifestó que “si los líderes actuales no se preocupan por sacar a flote esta universidad, seguiremos sumidos en el estiércol, en la inmundicia, por eso es necesario que haya un principio de dignidad porque esto es lo más grande y elevado dentro del concepto humano desde tiempos inmemoriales hasta hoy”.

Anunció que se uniría a la lucha “por conquistar una verdadera universidad que destierre para siempre los graves daños que se le está causando a nuestra juventud; me uniré a la lucha para que de una vez por todas se respeten las leyes que han sido aprobadas por los universitarios, y para que nunca más se compren las conciencias de los universitarios y se fragüen las traiciones que están en el camino de esta lucha”.

Asimismo, pidió a Rogelio Ortega que no decline ante ningún poder para que no “se le vaya a señalar el día de mañana con que dio pasos atrás, porque la UAG no merece este tipo de gentes vendidas, sino que la universidad merece líderes a conciencia y hombres cabales, valientes, hechos y derechos como los que hoy encabezan esta gran lucha”.

También hizo uso de la palabra la profesora de la Facultad de Comercio y Administración (FCA), Irma Ferruzca, quien informó que se trasladaron en 12 autobuses desde Acapulco “pero están parados en la caseta porque no tenemos dinero para pagarla, pero de todos modos están por llegar porque no nos queremos perder esta lucha por rescatar la dignidad de los universitarios”, expuso.

En su turno, Rogelio Ortega respondió a Sandoval Cruz al afirmar que “la academia y la dignidad no tienen precio, y que su amigo ni se vende ni se rinde a pesar de que se impuso el clientelismo, el terror, el miedo, la coacción y el chantaje; los métodos tradicionales que se habían cuestionado en el Tercer Congreso General Universitario, pero que volvieron a aparecer en este proceso electoral”, indicó.

Explicó que las impugnaciones a la elección de la UAG, no se tratan de cifras, “porque si nosotros hubiéramos sacado 25 mil votos, ellos le hubieran puesto a Nelson (Valle) 30 mil; se trata de un gran fraude y de una gran manipulación, y de que utilizaron los recursos de nuestra universidad para financiar una campaña de oropel y de dispendio para comprar y doblegar conciencias”, aseveró.

Así también, propuso a los universitarios ahí reunidos tomar algunos acuerdos que fueron aprobados por aclamación, entre estos, rechazar el dictamen de la Comisión Electoral que dio el triunfo a Nelson Valle López; asistir a la sesión del Consejo Universitario del próximo viernes en “donde se pretende imponer al candidato del fraude” y, finalmente, se aprobó tomarle posesión el próximo 6 de abril.

Luego el contingente marchó del Edificio Docente hasta el Congreso del Estado donde entregaron un paquete con las impugnaciones al proceso electoral.

* El Ejecutivo estatal se comprometió a respetar la decisión del Consejo Universitario, asegura * Como “actos vandálicos que nos llenan de vergüenza”, califica las pintas que hicieron en Rectoría seguidores de Ortega

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Florentino Cruz Ramírez advirtió que cualquier intromisión del Congreso del Estado complicaría aún más el conflicto poselectoral que se vive, “por eso debe hacer un análisis de la determinación que va a tomar”.

En conferencia de prensa –a la que no se invitó a El Sur–, efectuada ayer en sus oficinas, en donde se mostró molesto porque a las dos de la tarde cientos de simpatizantes de Rogelio Ortega Martínez ocuparon las instalaciones durante una hora y pintaron consignas en los muros del inmueble, el rector habló duro en contra de los orteguistas.

Pero antes dijo que ayer por la mañana se reunió con el gobernador René Juárez Cisneros –supuestamente acimpañado de Nelson Valle López– y donde el Ejecutivo estatal se comprometió a respetar la decisión del Consejo Universitario.

A pregunta expresa de si el gobernador reconoció como rector electo a Valle, tajante Cruz Ramírez manifestó que “ni el gobierno ni ninguna instancia externa reconocerá el triunfo de Nelson Valle, porque eso corresponde a los universitarios”, pero se negó a decir si el gobernador finalmente avalaba el proceso electoral en donde se han denunciado serias irregularidades.

Por otro lado, respecto al mitin y a las “pintas” que hicieron los seguidores de Rogelio Ortega, señaló que “son actos vandálicos, que propician que la UAG siga sumida en las viejas prácticas del chantaje y la presión que se pensaba habían quedado atrás”.

Florentino Cruz dijo que “no es justo que un grupo minoritario pase por encima del esfuerzo hecho a favor de la reforma universitaria, y que no representan el sentir de los universitarios, pero que además habían cometido daño al patrimonio de la universidad”.

En la explanada de Rectoría se pudieron apreciar alrededor de 15 “pintas” con lemas como: Nelson, engendro del fraude; Ratas Florentino y Chavarría; Fuera caciques de la UAG; Alto al fraude electoral; Nelson rata impostor, y aparecieron unos huesos pintados en los muros con los nombres de Armando Chavarría y Alberto Salgado Rodríguez, el ex candidato del Movimiento Académico Independiente(MAI).

El rector aseguró que el caso se llevará al Consejo Universitario, que decidirá las sanciones que se deben aplicar, porque “esos actos nos llenan de vergüenza”, por lo que dijo que a partir de este momento abandonaba su actitud prudente por el respeto al proceso electoral, “esos son actos vandálicos que no son propios de los universitarios”, reiteró.

Y más molesto repitió: “Ya basta de ataques, calumnias y descalificaciones, yo he cuidado sólo la estabilidad de la universidad, pero la calumnia ha sido un lenguaje cotidiano de los candidatos Alberto Salgado Rodríguez y Rogelio Ortega Martínez”.

Finalmente, hizo una defensa abierta del triunfo de Nelson Valle López al afirmar que “todas las actas están debidamente protocolizadas como lo marca el Estatuto y el Reglamento Electoral; yo nunca utilicé la Rectoría para perjudicar o favorecer a alguno de los candidatos, y por eso las actas las puede revisar la prensa, la ANUIES o cualquier instancia para comprobar que la elección fue limpia y transparente”, concluyó.

Impotencia ante la impunidad en Guerrero

El 11 de marzo de 2002 fueron asesinados con un arma de fuego AK 47 el empresario Javier Ibáñez Sandoval y su chofer Raúl Díaz Salgado, quedando herido uno de sus guardaespaldas. El nombre de Ibáñez Sandoval adquirió notoriedad cuando en 1996, después de que su hijo Oscar Manuel Ibáñez Reyes fuera secuestrado, emprendió una investigación privada para determinar el paradero de uno de los principales secuestradores en Guerrero, Pedro Barragán Rentería, presunto responsable del ilícito. Los resultados de la investigación privada efectuada por el empresario, fueron puestos a disposición de la Procuraduría del estado y sirvieron de sustento a dicha institución para aprehender y ejercitar acción penal contra varios miembros de la banda de plagiarios, incluyendo a uno de los principales cabecillas, Carlos García Castro, El Calilla.

Como suele suceder en la mayoría de estos casos en donde, ya sea por temor a sufrir represalias o por presunta colusión con las mismas bandas delictivas, el Poder Judicial del Estado hizo a un lado su principal finalidad de proveer justicia y determinó la no responsabilidad de El Calilla, razón por la cual éste obtuvo su libertad en el año de 1998. Ante tal situación, y con toda seguridad movido por la indignación e impotencia que este hecho significó en su búsqueda de justicia, Javier Ibañez decidió promover ante el Congreso del Estado, juicio político en contra de la jueza de lo penal María del Pilar León Flores y de los magistrados Jesús Martínez Garnelo y Miguel Maya Manríquez, juzgadores que en primera y segunda instancia, negaron la responsabilidad de El Calilla.

El Congreso del Estado determinó, por unanimidad de sus miembros, inhabilitar a los funcionarios judiciales que exoneraron a El Calilla. No obstante y a pesar de haber logrado la destitución de los juzgadores, la causa que promovió que el señor Ibáñez se abocara a la peligrosa tarea de  investigar  a una banda de secuestradores nunca fue lograda, puesto que no hubo sanción para los que privaron de la libertad a su hijo.

El homicidio de Javier Ibáñez, nuevamente saca a flote la situación que en materia de seguridad pública impera en el estado, principalmente por cuanto hace a los secuestros. El Ejecutivo estatal, la Procuraduría, el Poder Judicial del Estado e incluso el Poder Judicial Federal, han contribuido a que el clima de inseguridad e impunidad que se vive en Guerrero, llegue a extremos como los vividos el 11 de marzo, cuando Javier Ibáñez fue ejecutado. Lo mencionado públicamente por el Gobernador René Juárez Cisneros (que dicho sea de paso recuerda los argumentos utilizados por Rubén Figueroa después de la masacre de Aguas Blancas), en el sentido de que “En Guerrero estamos en paz; hemos disminuido en los últimos tres años los índices de delincuencia” o al señalar que “en el estado impera el Estado de derecho, porque la inseguridad en Guerrero no es grave”, contrasta grandemente con los más de 700 policías judiciales que, según testimonios de empresarios del estado que se reunieron con el Procurador Rigoberto Pano Arciniega para solicitar seguridad, están destinados a proteger a diversos funcionarios del gobierno de Guerrero, así como a sus familiares o con el anuncio hecho por el propio gobernador en el sentido de iniciar “una profunda y amplia reestructuración de la PGJE”; éstas son señales inequívocas de que los mismos funcionarios gubernamentales desconfían de las instituciones que presiden, lo cual demuestra el grado de descomposición que impera al interior del gobierno estatal, principalmente en el órgano encargado de procurar justicia, en donde el hilo que separa a los secuestradores de quienes supuestamente deberían estar encargados de perseguirlos, es cada vez más fino.

El Poder Judicial, tanto a nivel Estatal como Federal, también se ha encargado de aportar su granito de arena a favor de la impunidad. La actuación de los juzgadores del Poder Judicial del Estado que culminó con su inhabilitación por haber sido considerados por el Congreso Guerrerense responsables por la absolución de quienes secuestraron a Oscar Manuel Ibañez Reyes, no es el único ejemplo que existe del dudoso actuar de los órganos juzgadores. El caso de Ernesto Armijo Pastrana, demuestra la preocupante situación que se vive al interior del Poder Judicial del Estado. La familia Armijo, así como en su momento lo hizo la familia Ibáñez, han tenido que hacer frente ante el tendencioso actuar, no solo de la Procuraduría del estado, sino también de los Jueces, cuyas omisiones, en parte debidas a una deficiente integración de la averiguación previa por parte de la PGJE, están a punto de dejar en libertad a Diógenes Justo Herrera, Wenceslao Ramos Nieto, Antonio Rodríguez Mendoza y Francisco Herrera Morales, personas señaladas de ser los responsables del secuestro de Ernesto Armijo, ocurrido en Acapulco en julio de 1997.

En este caso, quienes se han encargado con sus resoluciones de absolver a los presuntos secuestradores, han sido el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal con residencia en Acapulco, Jesús Jiménez Saligán quien absolvió del delito de secuestro a Diógenes Justo Herrera, así como los magistrados Rufino Miranda Añorve, Edilberto Calderón Brito y José Luis Bello Muñoz quienes con su resolución absolutoria del delito de secuestro en segunda instancia, beneficiaron a Wenceslao Ramos Nieto, Antonio Rodríguez Mendoza y Francisco Herrera Morales, quienes únicamente están en prisión debido a que fueron encontrados responsables del delito Federal de Delincuencia Organizada, delito del que por cierto fue absuelto Diógenes Justo Herrera al concederle el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito un amparo definitivo. Curiosamente la magistrada ponente y quien redactó la sentencia que absuelve a Diógenes Justo, es la Lic. Xóchitil Gido Guzmán, misma que, en 1998, siendo Juez Segundo de Distrito en Acapulco, mantuvo ilegalmente detenidos por un lapso de 35 días, a cuatro indígenas mixtecos acusados de participar en los hechos de El Charco, en junio de 1998. Por lo visto, la forma de actuar de los juzgados locales y federales en Guerrero obedece, en la mayoría de los casos, a factores ajenos a la búsqueda cabal de la justicia.

Cabe resaltar que Sulpicio Armijo López y Ernesto Armijo Pastrana también han manifestado su preocupación por la liberación de los presuntos secuestradores, ya que existe temor fundado por su vida, integridad personal y seguridad jurídica, misma situación que viven los abogados José Ramírez Villalva y  Pedro Ramírez Millán quienes además de asesorar legalmente a la familia Armijo, también estuvieron participando,   a petición de Javier Ibáñez Sandoval, hoy asesinado, como asesores en la defensa legal ante los Tribunales de Justicia del Estado de Guerrero por el secuestro de su hijo Oscar Manuel Ibáñez Reyes. En este tenor, es responsabilidad absoluta del gobierno estatal, el otorgar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psicológica de quienes, como la familia Armijo, la Ibáñez y sus asesores legales, han tenido que salir más de lo que quisieran a la luz pública, ante el nulo actuar de las instituciones gubernamentales del estado.

Ante todo lo anterior, tanto gobierno estatal como el federal, deben tomar medidas urgentes en el asunto. En primera, es primordial que la Procuraduría del Estado investigue y ubique a los autores materiales e intelectuales del homicidio de Javier Ibáñez. Pero eso es sólo un primer paso. La depuración de los cuerpos policíacos y agentes ministeriales coludidos con los secuestradores, la sanción y destitución de aquellos juzgadores negligentes cuya honorabilidad e imparcialidad esté en duda, la implementación de un programa de seguridad pública junto con la sociedad civil, la garantía de protección para aquellas personas que se han atrevido a denunciar los secuestros de que han sido víctimas, así como las corruptelas que imperan al interior de las instituciones y la persecución y sanción de las organizaciones delictivas dedicadas al secuestro, son requisitos indispensables para construir en la práctica, el verdadero estado de derecho que tanta falta ha hecho a la sociedad guerrerense.  De lo contrario, casos como el de Javier Ibáñez, seguirán dándose con total impunidad y sin que exista la más mínima respuesta por parte de las autoridades estatales.

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” AC.

Marzo del 2002.

El marketing político

 La mayoría de los políticos ha oído hablar de marketing político, pero casi nadie ha leído tan sólo un libro sobre esta técnica electoral; máxime quienes llevan un rato en el mundo de la política. Se ha preguntado ¿por qué Fox logró derrotar a un sistema cuyo dominio por más de siete décadas fue ejemplo de dominación y sometimiento no sólo para América sino para los cinco continentes? La respuesta es harto compleja, libros que intentan explicarlo hay varios; por cierto sobre el tema me permito recomendarle la obra Asalto a palacio, de Guillermo H. Cantú, un empresario “regio” que decide participar en el equipo de campaña del hoy presidente de la República, quien, nos guste o no, tuvo el mérito de haber echado al PRI de Los Pinos.

Un primer intento de respuesta de la hazaña foxista está en la mercadotecnia, donde a diferencia de las campañas de antaño el candidato busca anidar sus ideas y propuestas de gobierno en la población objetivo. Más que ir ofertando las cualidades del candidato y venderle la idea a la gente de que esta es la mejor opción, en una campaña de marketing las ideas y las propuestas de los ciudadanos confeccionan las ideas y el perfil del candidato.

Esta es una diferencia fundamental. La perspectiva es exactamente a la inversa. Este tipo de técnicas obedece a una estrategia basada en la planeación estratégica. En esta nueva forma de hacer política la información de campaña es fundamental, de ahí que la investigación y el análisis de coyuntura sean un ejercicio permanente para poder aplicar la mejor de las estrategias. Evidentemente, se requiere saber leer la realidad, saber aplicar ajustes en el equipo de campaña y cambiar las tácticas y estrategias si estas no dan el resultado deseado.

Pero ¿cómo saber que vamos por el camino correcto? ¿Es mi propaganda más efectiva que la de los otros contendientes?, ¿estoy más posicionado que mis contrincantes? Estas preguntas cuya respuesta es clave para evaluar el momento es lo que le da la fuerza a técnicas cuantitativas como los sondeos de opinión, las encuestas preelectorales y las encuestas de salida; existen también las llamadas técnicas cualitativas, tales como los grupos de enfoque, que permiten evaluar un tríptico, un pendón, un espectacular, un spot, un comercial electrónico, antes de mandar a hacer miles de ejemplares o invertir una fortuna en tiempo aire en los media. Arrojan información privilegiada del momento político y permiten corregir las tácticas en cada una de las etapas de una campaña, a saber: posicionamiento de la imagen del candidato, presentación del plan de trabajo e inducción del voto. Adelantarse a una fase de la campaña puede significar el ganar o perder una elección.

La cultura de las encuestas es algo lejana para muchos políticos, es incluso objeto de burlas de ignorantes que se muestran escépticos de los resultados que arroja una técnica que ha mostrado su eficacia hace ya muchos años.

Inevitablemente me viene a la mente el reciente proceso electoral de la UAG. En la trinchera donde me encontraba fue un verdadero reto hacerles ver a los operadores políticos de Acapulco y el estado que una semana antes del 12 de marzo, en la región de Acapulco Rogelio Ortega aventajaba con un margen de ventaja de 9.5 por ciento. Nadie me creyó que íbamos a perder en la Facultad de Ciencias Sociales, dónde los dos grupos dominantes estaban de nuestro lado; se resistían a creer que en la Facultad de Medicina sufriríamos una derrota, y es que el director del plantel era ni más ni menos que el coordinador de campaña en la región. De los pocos que sí creyeron en la medición puedo citar a Samuel Reséndiz, quien hace tres años conoció de mi trabajo a través de unas encuestas que él mismo mandó hacer durante su campaña de rector.

La medición se hizo una mañana del miércoles. A las tres de la tarde ya tenía los alarmantes resultados. Realmente era difícil creer como Rogelio había penetrado en el corazón de varias de nuestras trincheras. El mayor enemigo ya no era Rogelio sino el tiempo.

Quedaba jueves y viernes; pero era viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la mayoría de los muchachos no asisten a la escuela. Si en algo hay acuerdo entre los expertos en mediciones y mercadotecnia es que lo más difícil es hacer variar una tendencia electoral. Así las cosas, el único remedio era pelear hasta el final o “saltar del barco que se hundía”.

Sin estar autorizado, me dedique a comentar la encuesta con algunos directores de Acapulco. La estrategia era muy sencilla si vamos a perder en algunas escuelas que sea por un margen pequeño; si vamos a ganar en otras escuelas que sea por un margen amplio. El fin de semana fue de reuniones de maestros en prácticamente todos los centros educativos. La información se había regado a las bases, se decía cosas como que “Garay está sembrando el terror en Acapulco”, “no podemos perder en Sociales”, “ahí va el diablo de Garay”, “ahora sí te fallaron las encuestas”, etc.

Algo nuevo aprendí de este proceso electoral. Sí es posible hacer variar las encuestas cuando se tiene una infraestructura como la que tuvo Nelson Valle. Claro hay que saber leer la realidad y saber despertar ese coraje que todo buen político lleva dentro. En escuelas como Sociales y Medicina se logró perder con mucha dignidad, peleando voto por voto, aunque hay que decirlo, casi al “cuarto para las doce”. El gran enemigo de Nelson fue el exceso de confianza, al igual que hace tres años lo fue para Samuel.

Esa vieja impunidad

Leí, escuché y vi en varios medios de comunicación la queja que la joven mujer tlapaneca, Valentina Rosendo Cantú hizo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la agresión y violación de la que fue víctima por parte de soldados del Ejército Mexicano, el 16 de febrero de este año en su comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec.

De igual manera la respuesta que dicha institución castrense hace pública por medio de un boletín de prensa, negando claro está la participación de sus integrantes en dicho delito. Y no es extraño dicho encubrimiento, porque a pesar de conductas delictivas, la jerarquía militar se niega a reconocer la presencia de estos males en sus filas, y busca voltear los señalamientos para encontrar la mejor salida.

Recordemos, aunque doloroso sean, otros hechos semejantes con mujeres de otras comunidades del municipio, denunciadas en años anteriores ante las instancias judiciales y la misma CNDH, por el ex presidente de ese lugar, Antonio García García y que hasta el momento no se ha hecho justicia, por la impunidad con que se mueven los miembros del Ejército.

Las mujeres de Acatepec han sido agraviadas en varias ocasiones. Se ha violentado su libertad, su dignidad e integridad. Todas ellas comparten el hecho de ser miradas por los hombres de verde, como seres sin derecho. Lo anterior, resultado de la construcción mental que algunos individuos tienen de los grupos indígenas, por una parte, y por la otra, a la desvalorización por ser mujeres.

Estas acciones ponen en entredicho la política del gobierno federal con relación a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y el acceso a la justicia. Pero, también pone en el banquillo de los acusados al gobierno estatal de René Juárez Cisneros, cuya Secretaría de la Mujer, antepone su ideología priísta y el sometimiento a las decisiones del Ejecutivo, al cumplimiento de sus ejes pragmáticos, entre ellos, el de proporcionar apoyo jurídico a estas mujeres y exigir la detención y el castigo de los responsables mostrando con ello, no trastocar el poder ejercido por el Ejército Mexicano.

El delito cometido hacia mujeres civiles tiene que ser conocido por las instancias del fuero común e independientemente de la investigación que realicen las del fuero federal o militar. En este proceso, es importante la coordinación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y dentro de estos, los organismos de mujeres.

La lucha contra la impunidad en la que siempre se han movido los integrantes de las tropas en Guerrero y en otras partes del país, requiere de la denuncia de la sociedad civil, porque el hecho de ser miembro de la Defensa Nacional, no le da licencia a ninguno de ellos para actuar fuera de la ley, al contrario, deberían ser el ejemplo en el respeto a las leyes y con ello, a los derechos de las y los humanos.

Por otra parte, los miembros superiores del Ejército deberían entender que estas y otras conductas los han desacreditado, y que la única manera para recuperar la confianza y credibilidad de la población, es emprendiendo una campaña al interior de sus tropas de reconocimiento y respeto a los derechos humanos de la población civil. Al mismo tiempo, sancionar a todos aquellos cuyas acciones violenten las garantías constitucionales de la sociedad civil.

De no parar esta situación y repetirse las mismas conductas delictivas de los soldados, puede generar a futuro un Ejército incontrolable en sus desmanes, y con ello, una gran amenaza para la seguridad de las y los mexicanos.

Sin embargo, todos estos hechos aunque no quiera me provocan recuerdos, me actualiza sentimientos y hace que nazca en mí la desesperación ante tanta impunidad. Y es que una gran parte de mi vida se vio afectada de una u otra manera por la presencia de efectivos del Ejército.

Cuando era niña presencié la toma de mi pueblo por soldados y fui testiga de la violencia ejercida contra los trabajadores ferrocarrileros. Mi abuela logró salvar a muchos de ellos escondiéndolos entre los matorrales de sus inmensos predios. Fue esta mi primera visión sobre el actuar de los soldados mexicanos. Después, no volví a pasar cerca de sus instalaciones en Matías Romero.

Posteriormente, siendo diputada de la 57 legislatura local, dos hechos volvieron a enfrentarme con el Ejército, en uno, un hermano mío fue desaparecido y torturado por sus integrantes, después presentado bajo el cargo de homicidio. Las secuelas del infame acto, mantuvieron durante muchos años a este hombre separado de mi familia, arrastrando alteraciones renales por las lesiones recibidas.

La CNDH se declaró incompetente y tuve que abandonar esa instancia. El otro caso, fue el de Cuixinipa, municipio de Acatepec, pueblo que vivió la violencia de los verdes en 1991, y por cuya denuncia en el pleno de sesiones, fui hostigada y demandada en 1991.

Como ven, la impunidad de los verdes no es nueva, es añeja, y por lo tanto difícil de acabar, más sin embargo, romper el silencio ante tantas barbaridades puede llegar a detener la violencia ejercida hacia muchos de nosotros y nosotras. Para Valentina, mi solidaridad y mi exigencia de justicia.

* Da el PRD apoyo jurídico al movimiento en ese gremio cetemista, informa el ex candidato a secretario general

Jeanette Leyva Reus * El ex candidato a secretario general de la sección 12 de la CTM, Benito Valente Navarrete, acusó al dirigente cetemista Rodolfo Escobar Avila de no cuidar los derechos de los trabajadores, lo que ha ocasionado el despido de más de 300 sindicalizados en ese gremio en los últimos dos años.

En conferencia de prensa en el café Astoria, Benito Valente –empleado del hotel Princess que encabezó la Planilla Café en las pasadas elecciones– exigió la nulidad del proceso electoral efectuado a mediados de 2000, en el fue reelecto Escobar Avila, “por fraudulento”, por lo que se levantó una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje que aún no se resuelve.

Afirmó que Rodolfo Escobar Avila hace lo que dice la empresa, y no custodia los derechos legítimos de los trabajadores sindicalizados.

Acompañado de Ulises Guzmán Cisneros, secretario de Asuntos Legislativos del PRD estatal –quien acudió en virtud del apoyo jurídico que este partido da a esta disidencia cetemista–, así como de trabajadores sindicalizados, Benito Valente exigió que el reparto de utilidades de las empresas que tienen contratos de trabajo con la sección 12 de la CTM “se hagan con transparencia y no se den sólo las compensaciones económicas que se han entregado, cuando hay pruebas de que hay utilidades en las empresas, pero llegan a acuerdos con Rodolfo Escobar”.

Rechazó que la presencia del PRD en la conferencia de prensa sea un mensaje a los líderes del PRI de que abandonarán este partido en caso de no ser cumplidas sus demandas.

Recordó que actualmente se encuentra en proceso una demanda de los trabajadores contra el hotel Continental Acapulco Plaza, según la cual se desviaron 3 millones y medio de pesos entre 1997 y 1999. “Este año se corre el riesgo de que las utilidades en las empresas que maneja Rodolfo Escobar sólo se den compensaciones”, advirtió.

Indicó que en caso de no ser escuchados, harán una marcha y protestas en el puerto, con el fin de ser atendidos por el líder nacional de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, al haber, según sus datos, cerca de 300 trabajadores que han sido despedidos de forma injustificada.

El empleado del hotel Princess expresó que piden el reconocimiento a la antigüedad en el otorgamiento de las bases, “pero el secretario no le ha dado importancia y se hace lo que dice la empresa”.

Exigió a la empresa y al secretario general de la sección respeto a la elección de delegados departamentales, que las propinas sean repartidas de manera equitativa a los trabajadores y el pago de las horas extras a los eventuales.

Por último, pidió al secretario nacional de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, y a la secretaría de Trabajo y Previsión Social que vigilen de cerca el próximo reparto de utilidades, “ya que no tenemos confianza en el secretario general porque ha trabajado en acuerdo con las empresas y dan sólo compensaciones”.