La deslegitimación del Consejo Universitario

  El 13 de diciembre resurgió el estilo intolerante de Florentino Cruz, mismo que con el “irrebatible” argumento  del “ejercicio de la mayoría”, consumó el primero de tres actos, que han ido deslegitimando al Consejo Universitario.

En la sesión de Consejo de ese día, haciendo uso de “su mayoría” el rector logró integrar una Comisión Electoral a su gusto, totalmente parcializada y desde luego previamente comprometida a cerrarle el paso a Rogelio Ortega Martínez, pero esta Comisión también tuvo la misión de cubrir las grandes debilidades del candidato oficial Nelson Valle López al solo recibir el día del registro de candidatos aquella documentación que no lo opacara, de encubrir sus deficiencias al negarse a la realización de los debates establecidos en el Reglamento Electoral, y todavía más, esta Comisión tuvo el especial encargo de desechar cualquier inconformidad, impugnación e irregularidad y declarar a Nelson Valle López “triunfador” del proceso a toda costa.

Por ello en sus reuniones nunca permitieron la participación de los representantes de candidatos; por eso nunca dieron entrada a las diversas impugnaciones, y por ello, obviamente  se hicieron de la vista gorda ante la descarada campaña realizada por el rector, principal promotor de Nelson, y en ello prefirieron ignorar el desvío de 15 millones de pesos, entre otros recursos patrimoniales de la institución; a pesar de que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Electoral, estaban obligados a atender la impugnación que por este motivo documentó el propio Rogelio Ortega y sus representantes ante la Comisión Electoral.

La puntualidad con que la mayoría de los miembros de la Comisión actuó para cumplir esos compromisos, tendrá explicación en unos días más. Las motivaciones debieron ser substanciales, pero en esa misma medida sabremos de la inexistencia de su compromiso con la institución y de su ambición.

Son vergonzantes los hechos sucedidos el 22 de marzo en el auditorio de Rectoría, que fue tomado literalmente por las huestes porriles de Inés Fierro Colima (cuyo único mérito es el control gangsteril que ejerce sobre los estudiantes pobres, migrantes de comunidades del estado, de los que abusa ante la necesidad de vivir en una casa de estudiante) que coparon los accesos al recinto y evitaron a puro golpe el ingreso de aquellos Consejeros Universitarios y personalidades que cuestionarían el proceso, el actuar de la Comisión Electoral y desde luego el documento de calificación del proceso.

En el periodo de Gabino Olea Campos, muchos de los miembros del entonces Frente por la Institucionalidad y la Reforma Universitaria (FRIRU), condenamos este tipo de actos y aún más cuando Florentino Cruz tomó posesión como rector el 6 de abril de 1999, declaró que nunca más habría una universidad copada por las fuerzas políticas, que nunca más la institución sería utilizada para fines políticos y/o personales. Bueno, eso quedó atrás, simplemente prefirió olvidarlo e instruyó bien por una parte a los porros a su servicio y por otra parte al Bronx de la llamada Alianza Estratégica Universitaria (AEU), para que gritaran hasta despulmonarse y quedarse roncos, para que abuchearan y “demandaran” que no hubiera más oradores y se votara el dictamen de la Comisión Electoral. Tal y como sucedió.

De hecho, cuando el compañero Carlos Cen Barrera solicitó dar lectura al informe de cinco  miembros de la Comisión Electoral, no se necesitó de mucho para advertir la descarada manipulación de Florentino a un auditorio, además, dispuesto a ello, cuando afirmaba “compañeros, si quieren que se le dé lectura, pero son 17 cuartillas… y hay que hacer uso racional del tiempo” y todavía más, la denigrante actitud que asumió al pretender descalificar al compañero Cen Barrera al “descubrir” que el le había asignado una categoría “que no le correspondía”, todo ello afirmado en forma dolosa y perjura, sin dar, como por derecho corresponde, la posibilidad de replica, lo que hubiera aclarado y echado por tierra la calumniosa afirmación de Florentino.

Todas estas son sólo algunas de las muestras de la “calidad humana y moral” de que hace gala actualmente el todavía rector. Sin embargo era tanta la intención de descalificar al entonces adversario, que se descubrió por sí solo ante el auditorio y la prensa, como lo que afirmamos muchas veces: un personaje capaz de violentar los contratos y asignar categorías de acuerdo a su muy particular interés.

Dos votaciones marcaron este segundo acto. La primera, con la que se canceló la posibilidad de increpar el dictamen al votarse por mayoría que se procediera a calificar el dictamen de la mayoría de la Comisión Electoral (afín a Nelson Valle), y la segunda, en la que sin ninguna sorpresa se aprobó dicho dictamen, sin haber dado a conocer a los consejeros la opinión de la Comisión de Garantías que planteaba la nulidad del proceso, sin haber debatido el informe presentado por cinco miembros de la Comisión Electoral, mismo que informaba acerca de las diversas irregularidades del proceso, y obviamente sin haber aceptado que se conociera por el auditorio la impugnación general al proceso electoral que se interpuso por parte de los representantes de Rogelio Ortega ante la Comisión de Garantías.

La imposibilidad además de que dicha sesión de Consejo Universitario contara con las dos terceras partes que exige la legislación universitaria, en tratándose de la calificación del proceso de elección de rector, es una realidad. A pesar del proceder que la misma prensa publicó, acerca de la concentración de consejeros la noche anterior en el hotel Parador del Marqués de Chilpancingo. No es real que haya habido 185 consejeros registrados en Rectoría, debido a que en nueve escuelas los consejeros ya egresaron y por tanto han perdido ese carácter de representación, y porque cerca de 65 de ellos se encontraban reunidos en la Escuela de Economía. Los números no cuadran y sólo develan todo lo que de ilegal e ilegítimo tiene esa supuesta sesión de Consejo Universitario, por ello se constituye en el segundo acto con el que Florentino Cruz contribuye a la pérdida de legitimidad del Consejo, al continuar convirtiéndolo en un instrumento a su servicio.

El tercer acto comenzó cuando se convoca a la toma de posesión del “rector electo”,  que por los antecedentes se constituye por sí mismo en un acto de total ilegalidad y legitimidad.

Cobijados en esa “mayoría” construida por Florentino a partir de alianzas temporales y sin principios, acostumbrados ahora a ejercerla sin importar la legislación universitaria y la cuantiosa pérdida de patrimonio universitario, por el perdón otorgado; se reunirán en el Conjunto Jacarandas, declarado recinto oficial y juntos todos aquellos que manipularon y ensuciaron el proceso, los que se prestaron al juego sucio por diversas canonjías, junto con esa clase política que afuera de la institución dice luchar por la democracia y un mejor futuro del país pero que al interior de la UAG practica lo que afuera dice rechazar, y desde luego presididos por el mayor promotor y comprador de conciencias  de la historia de la UAG, declararán vivas al rector saliente y más todavía a un usurpador, a quien ilegal e ilegítimamente han declarado rector de la universidad.

La consumación del proceso de deslegitimación del Consejo Universitario deja atrás los discursos de la lucha por la institucionalidad y la reforma universitaria. Son actos continuados que descarnan a quienes los han alentado, como responsables de la contrarreforma y del más escandaloso proceso de promoción de la corrupción y pérdida de principios en la institución. Pero, como dice el vox populi y la propia Biblia: “Por sus actos los conocéreis”

 

* Trabajadora de base de la Dirección de Planeación y Desarrollo Universitario. Miembro de la Dirección de CD-MAR.

PRI y PRD ante el proceso electoral en Acapulco

El proceso electoral ya en puerta para elegir al próximo presidente municipal de Acapulco, no será un paseo dominical en la alameda, como tampoco lo será en otros municipios de la entidad donde desde ahora los ánimos empiezan a calentarse más que otras veces y anuncian unas elecciones que seguramente no estarán exentas de conflictos.

Una de las primeras medidas que tendrán que tomar las autoridades electorales, es hacer un llamado a los partidos y candidatos para que actúen dentro del marco jurídico y respeten la legalidad. Además de ello, el consejo electoral tendrá que garantizar cabalmente el estricto cumplimiento de la ley y aplicar las sanciones señaladas en el código en la materia cuando así se requiera. Ello ayudaría a eliminar agitaciones, inestabilidades y turbulencias y contribuiría a que el proceso concluya de manera pacífica, con resultados aceptados por todos y sin mayores reclamos posteriores.

En el caso particular de Acapulco, si bien por ahora no se puede anticipar un escenario de violencia, las señales indican que en los momentos más críticos de la contienda, serán utilizados los procedimientos más condenables de la guerra sucia que en pasadas elecciones ya se han visto. La actitud que desde ahora está asumiendo Antonio Valdés, que se ha vuelto más priísta invocando su antipriísmo, es un indicador del nivel de suciedad que pueden alcanzar estas elecciones.

Alberto López Rosas, por su fuerte presencia en Acapulco, se perfila como el más seguro ganador de la candidatura del PRD a la presidencia municipal. Por ello, sin ser aún el abanderado de su partido, ha empezado a recibir los primeros ataques que le lanzan sus adversarios. López Rosas está identificado desde ahora por la clase política priísta, como el perredista de mayor arraigo en este municipio y que ha despertado simpatías pocas veces vistas en un candidato al que la población le atribuye cualidades y virtudes.

En privado, muchos destacados priístas reconocen la fuerza política que ha logrado acumular López Rosas e inclusive señalan que de los prospectos de todos los partido él sería el mejor gobernante, el que mejor garantiza que Acapulco siga mejorando de manera integral.

En los altos círculos priístas y en las bases del partido, se considera a López Rosas como el oponente más difícil de vencer, a diferencia de los demás, que están abajo en las preferencias electorales y a los que los tricolores tienen la certeza de que Ernesto Rodríguez Escalona superaría con amplio margen. No será extraño, pues, que de aquí al día de la encuesta del PRD el lajeño siga siendo objeto de toda una serie de bajezas encaminadas a impedir que gane la candidatura.

Perredistas de diversas organizaciones han convocado a cerrar filas en torno a López Rosas en medio de un clima poco favorable para la unidad, debido a las amenazas de ruptura que provocó el desorden bajo el cual se desarrollaron las pasadas elecciones internas. De ganar este aspirante la encuesta, una eventual división perredista sería el único factor que ponga en riesgo su triunfo en las elecciones del 6 de octubre próximo.

Mientras el PRD enfrenta el peligro de no poder superar las diferencias existentes entre las corrientes acapulqueñas que lo integran, el PRI, no sin grandes dificultades, ha avanzado en el proceso unificador después de las amenazas de divisiones generadas por una encuesta que no convenció a muchos, principalmente a los mayrenistas, el grupo priísta más numeroso, más reacio a la unidad y al parecer superior al que se formó alrededor de Rodríguez Escalona.

Después de conservar la mayoría en el Congreso local, la prioridad número uno del PRI es recuperar Acapulco. Con toda seguridad, la clase priísta logrará los más altos niveles de unidad, concentrará recursos en este municipio y sumará voluntades para alcanzar este objetivo. Sin embargo el tricolor enfrenta una situación sumamente adversa. Luego de dos trienios desastrosos, considerados como de los más corruptos y deficientes en la historia de Acapulco, que terminaron por echar al partido del poder, el PRI ha tenido que luchar contra el sentir generalizado de la población que califica como positivo el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y al menos para el próximo periodo se observa muy difícil que el PRI convenza a la ciudadanía acapulqueña para que le devuelva la credibilidad y confianza que malos servidores públicos le hicieron perder.

* Los secuestradores grabaron las imágenes y autorizaron su difusión para ayudar a reunir los 5 millones de pesos * También solicita al padre del pueblo que intervenga como mediador para que sea él quien lleve el dinero 

De la corresponsalía, Chilpancingo * “Por favor papá y mamá, retiren a los policías y paguen el rescate”, clamó el joven de 17 años secuestrado Javier Muñoz Basilio, por medio de un video que grabaron sus secuestradores y autorizaron su difusión en los medios para que los familiares de la víctima logren reunir los 5 millones de pesos que están exigiendo como rescate.

En el video, el adolescente quien es hijo del ex alcalde priísta de Atlixtac, Raúl Muñoz Marcelino, mandó un mensaje a sus padres a quienes les pide que reúnan lo más pronto posible el dinero para que lo dejen en libertad sus secuestradores.

Javier Muñoz Basilio fue secuestrado el 23 de diciembre del año pasado cuando conducía su camioneta de servicio de transporte mixto de pasajeros y carga en la carretera que conduce a Tlapa, cerca del crucero de Tlatlauquitepec.

Allí, a las 11 de la mañana, le salieron dos individuos encapuchados y se lo llevaron y horas más tarde se comunicaron por teléfono con sus familiares para exigirles la cantidad de 5 millones de pesos de rescate.

“Señor sacerdote del pueblo, no sé como se llame, pero le quiero pedir que intervenga ante mi papá para que usted se encargue de pagar mi rescate, y por favor que la policía se retire”, dice angustiado Javier Muñoz Basilio.

“Yo no tengo la culpa de estar aquí, por favor pague el rescate; mamá, papá, hermanos, hermanas, los quiero mucho y siempre los voy a querer”, señala en su mensaje el menor.

 

Ossiel Pacheco * El alcalde de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo dijo estar interesado en que el PRD gane nuevamente en este municipio, porque añadió, de esa manera continuaría realizándose la obra de su actual administración, pero instó a los precandidatos perredistas a no confiarse: “que ellos hagan su tarea, que yo voy a ser la mía”, dijo.

Así lo expresó ayer al ser entrevistado durante la gira que realizó por el área suburbana de Acapulco, respecto al encuentro que sostuvieron cuatro de los cinco precandidatos del PRD a la alcaldía de Acapulco el miércoles pasado en la ciudad de México con la presidenta nacional de este partido Amalía García Medina y la virtual presidenta nacional electa del mismo, Rosario Robles Berlanga.

Torreblanca Galindo, quien participó en ambas reuniones en calidad de “testigo de calidad”, sostuvo que su presencia se debe a que pretende ser conducto para garantizar que en el proceso interno de selección del candidato del PRD a la alcaldía porteña prevalezca la unidad, se fortalezcan los precandidatos y se eviten “patadas debajo de la mesa”, y se entienda que sólo con consenso y unidad “se va a lograr ganar otra vez” el municipio de Acapulco.

“A mí me interesa mucho que al municipio de Acapulco lo siga gobernando el partido que me llevo a esta responsabilidad, porque creo que de esa manera se continuaría la obra que estamos realizando con tanto esfuerzo”, asentó.

–¿Está preocupado porque el PRD pierda la alcaldía?

–¿Me ve usted nervioso? Estoy tranquilo, vengo a inaugurar obras, voy a seguir haciendo mi trabajo, no creo que mis compañeros precandidatos sean un bombón como para dejar perder el municipio. Creo que vamos a ganar, pero que ellos hagan su tarea, que yo voy a ser la mía.

–En el PRI hay un cierre de filas, Aguirre, Figueroa, René, juntos para recuperar Acapulco.

–Mientras no la cierre la población, podrán cerrar las puertas de los bandidos que estuvieron por ahí, o podrán abrirlas, pero lo más importante es cerrar las filas con el pueblo de Acapulco, que es el que manda, más allá de los partidos políticos y de las figuras políticas.

El alcalde porteño descartó hablar de los tres años del gobernador René Juárez Cisneros, pues explicó, “ahora que soy gobierno entiendo la dificultad que significa gobernar el estado de Guerrero, sería muy fácil hacer un recuento sólo de las fallas y limitaciones que ha tenido el gobernador, primero le reconozco que es una gente que trabaja; segundo, que hay muchas carencias en el estado y que por las propias necesidades le va a hacer difícil resolver de momento”.

“Será el pueblo de Acapulco el que haga un balance, porque Zeferino Torreblanca busca entender la magnitud que significa gobernar el estado, que sea el propio pueblo el que juzgue la obra de René Juárez Cisneros, el que diga si va avanzando o no, porque también seré juzgado por el pueblo de Acapulco”, deslindó.

–¿Cómo ha sido la relación que han tenido en estos tres años?

–Entiendo un informe para informar de lo que se acaba de hacer, no lo considero como un acto o ritual político para saber cómo han sido las relaciones con los demás políticos, pero ha sido una relación respetuosa, en la que buscamos fortalecer las coincidencias y a hacer un lado las diferencias que tenemos con el gobernador del estado.

Diferenció su gobierno de la administración estatal, pues dijo, “somos de formaciones diferentes, de extracciones políticas diferentes, entendemos la política de manera diferente, pero finalmente hemos entendido que inteligente y respetuosamente coordinados podemos resolver muchos de los problemas de seguridad pública y de asuntos torales para el municipio de Acapulco”.

–¿Ha faltado colaboración?

–No, yo no diría que ha faltado colaboración, pero quisiera que el gobernador estuviera más tiempo en Acapulco, pero lo mismo seguramente pedirían los 76 alcaldes, donde quisieran más inversión y obra pública, como al alcalde le piden en cada colonia popular.

* Lo que se solicita es que esta línea crediticia no sea solo a través de Banobras, sino en cualquier banco, afirma * Se busca también que los ayuntamientos tengan acceso, indica el secretario de Finanzas * Critica que los diputados locales “no hayan ni revisado el decreto que se mandó en 1999”

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Rafael Acevedo Andrade aclaró que la administración renejuarista no solicitó la aprobación del Congreso del Estado para pedir créditos bancarios por 500 millones de pesos, como, según él, lo interpretaron los diputados locales.

Acevedo Andrade dijo que lo que pidió el Ejecutivo al Legislativo es una “modificación” a un decreto publicado en el que el Congreso del Estado autoriza pedir una línea de crédito que se solicitó en 1999 por 500 millones de pesos para utilizar los “en caso de contingencias” y de paso criticó que los diputados “no hayan ni revisado el decreto que se mandó en 1999”.

En una entrevista de Acevedo Andrade que ayer distribuyó la Dirección General de Comunicación Social del gobierno estatal, el funcionario informó también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aún no ha informado cuál será el impacto para Guerrero por el recorte presupuestal de 10 mil millones de pesos anunciado por la dependencia federal.

El secretario de Finanzas estatal, sobre este mismo recorte anunciado por la SHCP el martes, dijo que “no se nos ha comunicado si Guerrero se verá afectado en esta reducción”, e informó que la dependencia federal tiene 15 días para informar qué estados serán los afectados y en qué programas, “vamos a esperar y esperamos que Guerrero no sea de los estados afectados”.

Acevedo Andrade concedió mayor espacio a decir que la iniciativa de decreto que este miércoles recibió el Congreso del Estado, se trata de una “modificación” a una línea de crédito por 500 millones de pesos para el que solicitó autorización el Ejecutivo Estatal al Congreso local en 1999 para ser utilizados los recursos en caso de contingencias.

Sin embargo, agregó que este año, cuando salió el decreto se publica “que el crédito solamente podría ser canalizado a través de Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios)” y que ahora “lo único que se está solicitando al Congreso es que se amplíen estas posibilidades para que no sea exclusivamente a través de Banobras, sino en cualquier institución bancaria y que también los ayuntamientos tengan acceso a esta línea de crédito en caso de que se diera una contingencia”.

Informó que lo anterior debido a que en estos años se han registrado fenómenos naturales que han provocado desastres como los sismos de Coyuca de Benítez, Coahuayutla y sequías en varias partes del estado. Agregó que para salir al paso de estas contingencias, de a cuerdo a la ley que crea el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), los estados tienen que hacer una aportación de 50 por ciento para que la federación aporte el otro 50 por ciento “y a nosotros nos limita mucho, el primer decreto (el que envió el gobierno estatal al Congreso local en 1999), establece que es Banobras el único banco al que podemos acudir”.

Y luego, el secretario Acevedo Andrade arremetió contra los diputados: “a mi me extraña que los diputados no hayan ni revisado el decreto que se mandó en 1999, esta es una modificación que estamos pidiendo para que, si se diera una circunstancia de contingencia como las que se han dado, pueda el estado ceder acceder a una línea de estas magnitudes”.

Citó por ejemplo el caso del municipio de Coyuca de Benítez, en donde el Fonden declaró zona de desastre el año pasado y que “hasta estos momentos la federación no ha radicado ni siquiera los recursos que corresponden a su aportación de 50 por ciento para atender la demanda y el estado con sus propios recursos tuvo que pagar todo lo que correspondió al desastre en Coyuca”.

El funcionario informó que para este caso el gobierno estatal destinó una partida de entre 12 y 15 millones de pesos, “lo que nos ocasionó un desbalance”.

Insistió que debido a ello el gobierno estatal está solicitando una “modificación” de esa autorización para pedir una línea de crédito, “no se trata de endeudar al estado, se trata de tener una previsión como una alternativa si llegara a suceder una circunstancia de ese tipo” y rechazó que en caso de recurrir a ese crédito se vaya a utilizar para otros fines los recursos.

Sin embargo, en el documento que envió al Congreso local el Ejecutivo estatal y que el miércoles fue turnado a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen respectivo se argumenta: “que atendiendo la realidad con que opera la economía estatal y teniendo en cuenta las grandes necesidades que tiene nuestra sociedad a fin de ejecutar obras sociales, el Ejecutivo debe concentrar debe concertar con diversas instituciones crediticias diversos empréstitos que le permitan cumplir con sus compromisos y gastos públicos”.

También señala: “debido a la explotación demográfica en el estado, la ciudadanía requiere día con día de la ampliación de los servicios públicos, tales como el agua potable, alcantarillado, mercados, rastros, vivienda, comunicaciones y transportes, recreación y vivienda, obligando a las autoridades a apoyar en forma inmediata la programación y ejecución de obras de interés social de interés social”.

Ni en la iniciativa de decreto ni en el oficio adjunto de la Secretaría de Gobierno del estado se habla de “modificar” un decreto anterior. En dicho oficio adjunto se lee: “Asunto: Se envía iniciativa de decreto”. Está firmado por el secretario Marcelino Miranda Añorve.

* Respuesta negativa a la demanda que presentaron los abogados del empresario asesinado, Javier Ibáñez, contra Maya Manrique, Martínez Garnelo y León Flores 

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Procuraduría General de Justicia de Guerrero determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los ex magistrados Jesús Martínez Garnelo y Miguel Maya Manrique, así como la jueza María del Pilar León Flores quienes en agosto del año pasado fueron inhabilitados del cargo por el Congreso local al comprobarse que dictaron la revocación de una sentencia en forma irregular a favor de un secuestrador.

El subprocurador de Justicia, Miguel Barreto Sedeño, informó que para la Procuraduría de Justicia el caso de los tres funcionarios del Poder Judicial, “es un asunto concluido jurídicamente”.

En noviembre del 2000, los abogados del empresario asesinado, Javier Ibáñez Sandoval, José Ramírez Villalba y Pedro Ramírez Millán, presentaron una demanda penal ante la Procuraduría de Justicia, contra los magistrados y la juez por delitos contra la impartición de justicia.

Los abogados fueron los que llevaron al Congreso local la demanda de juicio político contra los dos magistrados y la jueza.

Entrevistado en sus oficinas, el subprocurador dijo que lo que hizo hace unas semanas el todavía procurador Rigoberto Pano Arciniega, es confirmar una resolución que dictó el director de Averiguaciones Previas, Héctor Calleja Paniagua, de no ejercitar ninguna acción penal contra los funcionaros del Poder Judicial, “porque no se encontraron elementos jurídicos para iniciar un proceso en su contra”.

Sin embargo, para el abogado José Ramírez Villalba, este asunto no concluye y que si Oscar Ibáñez Reyes, hijo del empresario fallecido Javier Ibáñez Sandoval, decide interponer una recurso de amparo contra esa determinación que dictó el ahora ex procurador Rigoberto Pano Arciniega, “podremos proceder en consecuencia”.

Y es que, dijo, Oscar Ibáñez Reyes quien fue secuestrado por la banda de Pedro Barragán González y en la que participó Carlos Alberto García Castro alias El Calilla, es la persona agravida que interpuso la demanda penal contra los dos magistrados y la jueza.

Manifestó que aún cuando oficialmente la Procuraduría de Justicia no le ha notificado esta resolución, “ya esperábamos una situación de ese tipo y una vez más se comprueba que en la Procuraduría de Justicia no se imparte con equidad la justicia”.

Según el abogado, en la acusación que presentaron a la Procuraduría de Justicia, aportaron pruebas de la culpabilidad de los magistrados y la jueza que actuaron con “dolo” al dictar la revocación de la sentencia de 22 años de cárcel que tenía El Calilla por el secuestro de Oscar Ibáñez Reyes, quien fue privado de su libertad en marzo de 1996 y liberado luego de su papá, Javier Ibáñez Sandoval, (recientemente asesinado a tiros por un sicario) pagó un millón 200 mil pesos.

* El gobernador enviará hoy una terna al Congreso para que elija al sustituto entre Humberto Salgado Gómez, Jesús Ramírez Guerrero y Virginia López Valencia 

De la corresponsalía, Chilpancingo * El procurador general de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, presentó su renuncia al cargo, argumentando problemas de salud.

“Cumplí un ciclo histórico, he trabajado con la mayor honestidad, mi integridad y lealtad es la gran satisfacción que tenemos”, dijo Pano quien cumplió 14 meses al frente de la Procuraduría.

“Lo real es que en este momento acabo de presentarle al señor gobernador (René Juárez Cisneros) mi renuncia como procurador general de Justicia, por motivos familiares y de salud, fundamentalmente”, externó el funcionario entrevistado al salir de la residencia oficial de Casa Guerrero.

Desde hace siete días Pano Arciniega estuvo ausente de sus labores al frente de la Procuraduría de Justicia, pues se encontraba en la ciudad de México atendiéndose de un problema de salud.

“Estuve en la ciudad de México atendiéndome de un ataque que sufrí en la columna”, añadió.

Para ocupar este cargo, Pano Arciniega tuvo que solicitar licencia al Congreso local, y dice que por el momento se va a tomar unos días de vacaciones para descansar y después de eso veremos si regresamos o no al Tribunal Superior de Justicia”.

Rechazó que su renuncia al cargo se haya debido a presiones políticas o porque no haya podido resolver algunos casos espinosos como el crimen del empresario de Chilpancingo, Javier Ibáñez Sandoval.

“Este caso (el de Ibáñez Sandoval) efectivamente sigue pendiente pero lo dejamos sustancialmente resuelto”, aseveró.

–¿Es cierto que agentes de la Policía Judicial del Estado están asignados como escoltas del gobernador René Juárez, ex gobernadores y funcionarios?

–Esa información (la lista de los judiciales asignados como escoltas) filtrada no corresponde a la realidad.

Señaló que existe un decreto que autoriza a la Procuraduría de Justicia designar a efectivos de la Judicial del Estado que sirvan de guardaespaldas a funcionarios y exfuncionarios, “de tal manera que no es una situación arbitraria”.

Pano reconoció sentirse insatisfecho por no haber logrado una serie de cosas, “pero me voy tranquilo y con la frente en alto porque estuvimos ajenos a cualquier acto de corrupción”.

Sobre la reciente recomendación que envió a la Procuraduría la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) donde se solicita que se pida a una autoridad jurisdiccional el arraigo domiciliario de dos ex directores de la PJE y 19 elementos de esta corporación por estar involucrados en la desaparición de nueve ciudadanos guerrerenses, Pano aseguró que esta “recomendación y otras recomendaciones que han llegado se analizan y se determina si se aceptan o no”.

En este caso, sostuvo, “la Comisión de Derechos Humanos ya tiene la respuesta y pronto va a dar a conocer cuál fue la contestación”.

“Pano es mi amigo, es una persona honrada y honesta”, dijo el gobernador René Juárez Cisneros entrevistado brevemente en Casa Guerrero después de presidir un acto donde entregó carros recolectores de basura a las autoridades municipales de Chilpancingo.

Más de 20 recomendaciones recibió Pano

Durante los 14 meses que duró en el cargo Rigoberto Pano Arciniega recibió más de 20 recomendaciones de la Codehum; en la última, se le pide investigar a los ex directores de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez y Filiberto Solís y a seis comandantes y 13 agentes de esta corporación a quienes se encontró responsables de tortura y desaparición de nueve guerrerenses.

También, queda pendiente de resolver la investigación al ex director de la PJE Jaime Figueroa y a cuatro ex comandantes más que fueron señalados por el agente judicial Francisco Cortés Pastenes de estar coludidos con las bandas de secuestradores y de roba carros.

Otra de las cosas que Pano dejó pendientes de erradicar en la Procuraduría es la corrupción y la infiltración de bandas organizadas de las que habló en junio del 2000 en un documento que dio a la Cámara de Diputados.

“En la Procuraduría debe de haber acciones reales de combate a la grave corrupción interna, la cual se ha infiltrado a niveles insospechados, como consecuencia del accionar de individuos y grupos criminales relacionados con el narcotráfico, secuestro, robo de vehículos, tráfico de armas, homicidios”, dijo Pano en el diagnóstico que entregó al Congreso local.

Oficialmente se registraron 42 secuestros en los 14 meses en que estuvo al frente de la Procuraduría de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega.

“Tenemos en la cárcel a cerca de cien secuestradores y logramos bajar el índice de este tipo de delitos”, señaló Pano.

También durante su estancia como procurador, su sobrino Eduardo Fernández Cisneros y la novia de éste, Cibeles Dávalos fueron secuestrados, y ni siquiera este caso pudo esclarecer Pano.

Otros secuestros sonados ocurridos durante su periodo son los de Genaro Vicario, papá del senador priísta Héctor Vicario Castrejón y y del padre del diputado local, también del PRI, José Luis Avila López.

Este viernes el mandatario estatal enviará al Congreso local una terna de aspirantes para la Procuraduría de Justicia. La terna está compuesta por Humberto Salgado Gómez, quien es asesor del gobernador Juárez Cisneros, el director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Guerrero y la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Virginia López Valencia.