* Los dirigentes de Coparmex, Canaco, AHBA, de AMHM, RUA, UCEC, ARBDA, en reunión propusieron además apagar la luz por tres horas y no pagar los recibos de consumo eléctrico, en caso de no obtener respuesta de la dependencia

Jeannette Leyva Reus * Como protesta contra la actuación “dolosa” del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cerca de 34 mil establecimientos podrían cerrar parcialmente y apagar la luz por tres horas y no pagar los recibos de consumo eléctrico.

Esto en caso de no recibir respuesta a su petición de audiencia con las autoridades de esa dependencia, afirmaron empresarios y comerciantes del puerto.

Durante una reunión en la sala de juntas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco (Canaco), los presidentes de las camaras y asociaciones empresariales manifestaron su inconformidad y miedo por la clausura de negocios que lleva a cabo el SAT, por el incumplimiento de las nuevas reformas fiscales.

A la reunión asistieron el presidente de la Coparmex, José Jorge Bajos Valverde; el de Canirac, Alfonso Salcedo Cobos; de la Asociación de Hoteles y Bungalows de Acapulco, Leandro Oropeza; y de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Javier Saldívar.

Así también el presidente de la Canaco, Alejandro Martínes Sidney; el presidente de Restauranteros Unidos de Acapulco, Javier Reynada; Antonio Pineda, de la Unión de Comerciantes Establecidos del Centro; Héctor Rodríguez Escalona, de la Asociaciones de Restaurantes, Bares y Discotecas de Acapulco; Gustavo Teliz Hernández y el ex secretario de Planeación y Desarrollo, Jorge Galeana Vaca y los empresarios Rafael Cordóva y Crisóforo Sánchez.

Allí, los empresarios expresaron su inconformidad y solicitaron a la autoridad que detenga “el hostigamiento hacia los comercios establecidos, en especial a los restauranteros”.

Indicaron que propondrán a la dependencia federal les explique el porqué de las clausuras.

Salcedo Cobos dijo que “hay mucha preocupación tanto a nivel local como nacional con lo que pasa con la imagen de Acapulco”.

Consideró que es necesario que les informen si los restaurantes están en proceso de auditoría, “porque después seguirán con otros comercios”.

En tanto, Javier Saldívar afirmó que no hay evasión fiscal por parte de los empresarios, “queremos el diálogo porque no sabemos el motivo de los cierres. Nos parece ilógico que por un número estén cerrando los negocios, es una medida drástica por parte de la SHCP, por ello hacemos un llamado a que razone y comprenda el daño que hace al puerto”.

Agregó que “lo único que queremos es generar fuentes de empleos, trabajar y que se pongan a trabajar ellos, pero sin hostigarnos”.

El presidente de Canaco, Alejandro Martínez Sidney, mostró su molestia contra la SHCP al afirmar que “no hay nadie que nos atienda y reciba nuestras propuestas”.

Agregó que los planteamientos para la SHCP son que dé a conocer las acciones que originan las clausuras. “Estamos preocupados de que por un punto o coma se dé esta situación porque afecta la imagen del puerto y a los trabajadores; no toman en cuenta que las ventas han bajado hasta 30 por ciento después de los ataques del 11 de septiembre”.

“Hay maneras para aumentar el padrón de contribuyentes, que apliquen las medidas a los vendedores ambulantes del Centro, a los que hay en la playa y no sólo ataquen a un sólo sector”.

Adelantó que podría ser el martes 19 de febrero cuando efectúen la protesta masiva que sería seguida, según sus cifras, por 34 mil negocios que hay en Acapulco.

El propietario de Disco Beach y presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discoteques de Acapulco, Héctor Rodríguez Escalona, en su intervención afirmó que “los empresarios estamos lastimados por la manera en que Hacienda se conduce en un momento de crisis en que Acapulco tiene 60 por ciento menos de turismo, no obstante que sube la luz, el agua, el predial, todavía nos cierra sin criterio”.

Rodríguez Escalona agregó que aunque Hacienda tiene la ley debe tener criterio para aplicarla, “no es posible que el Carlos´n Charlies, que tiene 50 años de funcionar con el número equivocado sea clausurado en vez de pedir el cambio de número, o querer cerrar el Paradise porque en vez de fraccionamiento Condesa debe decir fraccionamiento El Morro”.

El empresario criticó a la SHCP por no actuar en contra del comercio informal; “no pudieron crecer el padrón de contribuyentes y quieren ahogarnos. Necesitamos que nos den 30 días para corregir las direcciones porque ninguno fue por no dar recibos o por evadir, fue por un número o una letra y eso no se vale porque estamos perdiendo mucho”.

Hizo un llamado a todos los niveles de gobierno a darles una respuesta favorable, o de lo contrario advirtió que protestarán con el cierre de los establecimientos, porque “ni ellos mismos saben interpretar la ley”.

Señaló que deben intervenir tanto el gobernador René Juárez Cisneros y el alcalde zeferino Torreblanca Galindo para defender a los turistas, “pues los más afectados son ellos, no nosotros, debemos unirnos porque es algo injusto, yo le debo a Hacienda, pero eso no tiene nada que ver con lo que hacen”.

Los socios de Coparmex todavía no son afectados: Bajos Valverde

José Jorge Bajos Valverde informó que hasta el momento ningún socio de la Coparmex ha sido afectado por la medida, “pero no estamos exentos de que pase”.

Señaló que es necesario dialogar con la autoridad a la que piden tenga un criterio más amplio, “que nos expliquen para no incurrir en errores; sabemos que por conocimiento o desconocimiento es lo mismo, pero nosotros lo hacemos por desconocimiento, por eso pedimos que nos expliquen”.

Para el lunes se decidirá la protesta 

Durante la reunión, los representantes empresariales mantuvieron comunicación vía telefónica con funcionarios de la SHCP, en espera de que les concedieran ayer viernes una audiencia con la administradora local de Auditoría, Luz María Ruiz Escalona –quien firma los documentos de clausura de los negocios- pero, según les informaron, la funcionaria había sufrido un accidente, por lo que la petición fue remitida al subadministrador.

La respuesta nunca llegó, por lo que los empresarios procedieron a redactar la petición que fue enviada a la dependencia, misma que será resuelta hasta el próximo lunes, de dicha entrevista dependerá el día en que se lleve a cabo la protesta de los comerciantes y empresarios.

* Acudieron por explicaciones a las oficinas de la dependencia en el puerto * Insisten en que las clausuras son “terrorismo fiscal”

Jeannette Leyva Reus * Unos cincuenta empresarios de la Federación de Restauranteros del Estado se presentaron la tarde de ayer ante la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Acapulco para solicitar ayuda para “entender mejor las nuevas leyes” fiscales.

El presidente de la Federación de Restauranteros del Estado, José Carlos Hernández Godoy –empresario de Puerto Marqués–, dijo que la iniciativa de pedir asistencia legal es por el temor a los cierres de restaurantes que ha hecho Hacienda en la semana.

Indicó que “los restauranteros estamos temerosos ante los cierres de restaurantes de distintas categorías por solamente (errores en los) números y recibos fiscales que así han estado desde hace mucho tiempo y que hasta ahora Hacienda está registrando. Sentimos que es un terrorismo fiscal”.

Los empresarios fueron atendidos por personal a cargo de dar asistencia al contribuyente, quienes con auxilio de un rotafolio resolvían las dudas de los restauranteros.

Agregó: “queremos saber de qué forma vamos a cobrar el nuevo impuesto, sobre todo en bebidas; se piden tantos documentos para cobrar solamente las bebidas, eso es lo que nos tiene muy temerosos”.

La Federación de Restauranteros del Estado, según datos de Hernández Godoy, agrupa a cerca de mil doscientos miembros en todo Guerrero.

Lamentó el cierre del negocio El Zorrito, de Domingo Ramos, lo cual ocurrió “porque no supo la persona de la caja cómo manejar esta situación, porque esto es nuevo, no hemos tenido ninguna plática, por eso veníamos tan molestos, porque queremos que nos expliquen, porque no queremos otro cierre, los compañeros estamos dolidos y molestos y no queremos que le cierren a nadie más”

Advirtió que en caso de que otro negocio perteneciente a la Federación sea cerrado, actuarán; “no me pueden cerrar así un negocio”.

A la reunión asistieron los propietarios de los restaurantes Fersatos, Fernando Salinas Torres; Mariscos Paco’s, Luis Paco; Mariscos Nacho, Ignacio del Río; El Zorrito, Domingo Ramos –que ayer abrió sus puertas después de tres días de clausura–, y Beto Condesa, Beto Bello, entre otros.

* Nos ampararemos, responde Canirac

* Madeiras, Siroco, Pipos, El Fogón y El Cabrito, entre las sentenciadas, informa Salcedo * Desconocecn autoridades locales el acuerdo nacional de Hacienda con Canirac, dice

Jeanette Leyva Reus * Los restaurantes que impidieron la clausura por no expedir o tener errores en los comprobantes fiscales –según las leyendas colocadas- son considerados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como “rebeldes” por lo que ya fueron avisados que serán clausurados por 15 días.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Acapulco, Alfonso Salcedo Cobos, en entrevista al final de la reunión con integrantes de otras cámaras empresariales, reveló que los negocios que impidieron la clausura por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han recibido ya apercibimientos de clausuras -entre los que se encuentra el restaurante Sirocco, Pipos, Madeiras, El Fogón, El Cabrito- quienes ya buscan el amparo ante dicha disposición.

Salcedo Cobos dijo que según el aviso recibido son considerados por Hacienda como “rebeldes”, por lo que buscan el amparo ante la multa que deberán cumplir, “lo que sabemos es que será el cierre por 15 días por haber impedido la clausura”.

Si hay un acuerdo con Hacienda sobre el impuesto suntuario

El presidente de la Canirac en Acapulco  afirmó que hay un acuerdo entre Hacienda para instrumentar la aplicación del impuesto a la venta de bienes y servicio suntuarios, por lo que mostró copia de un boletín enviado por el representante de la cámara en el país, Andrés Olivella Landero, en la que textualmente dice “el acuerdo a que llegamos con la Secretaría de Hacienda para instrumentar la aplicación” del referido impuesto.

Según el documento con dicho acuerdo se logró simplificar y reducir sus efectos negativos “sobre nuestros negocios”; dicho procedimiento sólo se aplicará en los casos en que se expendan bebidas alcohólicas, en el que el procedimiento ha aplicar es incluir en el precio el 15 por ciento del IVA y el 5 por ciento del impuesto suntuario.

En caso de que el cliente solicite factura o nota de consumo, se le deberá pedir únicamente su cédula de contribuyente, “como siempre lo has hecho”; en dicha nota o factura se deberá desglosar el importe del consumo y de ambos impuestos.

El procedimiento según la cámara después de entregar el comprobante al cliente, este podrá en su contabilidad acreditar contra cualquier impuesto federal, o deducir para efectos del Impuesto sobre la Renta.

Resaltan que seguirán en la lucha para que desaparezca el citado impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, “más aún cuando por estar insertado en la Ley de Ingresos del 2002, su vigencia es transitoria de origen, lo que significa que al terminar el presente año, dicho impuesto quedará derogado automáticamente”.

El boletín también hace hincapié en la “histórica” decisión de la deducibilidad de los consumos de restaurantes, en la segunda hoja con el logo de la Canirac explican como debe ser el desglose de los impuestos, al final de la hora aparecen sin firma los nombres del Servicio de Administración Tributaria y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

No tenemos conocimiento: Hacienda

Acerca del referido acuerdo, la Administradora Local de Asistencia al Contribuyente Herlinda González Navarro dijo por el momento desconocer dicho acuerdo, al no haber recibido de la ciudad de México ninguna instrucción para tener un trato especial con los restauranteros que no aplican correctamente la deducibilidad del impuesto suntuario

Este viernes negó hacer más declaraciones al respecto y su asistente informó que será hasta la próxima semana cuando se dé algún comunicado oficial.

Por los caminos del sur

Recorrer nuestro estado nuevamente es algo refrescante. Acompañé en su gira por las dos costas de Guerrero al senador perredista Raymundo Cárdenas, candidato a la secretaría general del CEN del PRD. Estuvimos en el gélido estado de Zacatecas el domingo pasado. Mientras allá estaba nevando, aterrizamos en Zihuatanejo con una temperatura de 32º C.

Lo primero que salta a la vista, es que la elección interna del 17 de marzo está empalmada con la elección constitucional de octubre próximo. Inmediatamente que llegamos a Zihuatanejo se nos comenta por Amador Campos de las rupturas del PRI y de un sector de inconformes encabezados por Jaime Martínez, quien anunció su incorporación al PRD. El primer comentario nuestro es ¡Aguas! Al conocer su conflictivo pasado como funcionario de finanzas del gobierno del estado.

También se nos comenta la visita a las costas guerrerenses de Rosario Robles, y del discurso de María de la Luz Núñez vocera del  todavía priísta Jaime Martínez en el acto perredista de Zihua. ¡Cosas veredes, mio Cid! También estuvo acompañándola Félix Salgado quien fue vapuleado y humillado por Rosario cuando fungía como jefa de Gobierno del DF, en el famoso motocicleta – gate.

Nos recibe  Silvano Blanco, presidente del comité municipal de Zihua y posteriormente vamos a la casa de campaña de Amador Campos a una conferencia de prensa que se prolonga y ya no pudimos llegar a la radio aqua – marina. De ahí a Petatlán. Encontramos un PRD dividido en tres partes, dos de las cuales nos reciben en locales separados. Las demandas ecologistas retumban en el atardecer caluroso petlateco. El planteamiento nuestro de que el PRD deje de ser un sistema solar que gire en torno a un solo líder y se transforme en un partido horizontal, con una nueva institucionalidad, tiene una buena receptividad en estas tierras de fuerte implatación cuauhtemista. La tesis está tan bien planteada que ni siquiera en Michoacán hemos encontrado signos de hostilidad o de rechazo.

En Acapulco, Alberto López Rosas nos comenta  de la división priísta, del premio de consolación a César Flores Maldonado y de la encuesta perredista en el mes de abril, así como de las dificultades con el PAN, partido que apoyó a Zeferino Torreblanca en la pasada contienda electoral. Le decimos que es mejor irnos solos, si los panistas plantean condiciones inaceptables. En la conferencia de prensa, Rosario Herrera, presidenta del PRD acapulqueño, no aguanta el planteamiento del senador Raymundo Cárdenas y revienta, haciendo  un elogio desmedido a Félix que no venía a cuento. Le agradecemos su presencia institucional y casi me atrevo a decirle que quien se enoja, pierde.

En la visita a la Costa Chica, en San Marcos tuvimos una interesante entrevista con dirigentes  del FODEG. Recelosos nos reciben y quedamos de platicar posteriormente. También nos recibe el presidente del comité municipal Salvador Torres, joven dirigente quien también aspira a la presidencia municipal.  En Cruz Grande y Cuajinicuilapa sólo saludos de paso, para terminar al caer la tarde en Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde los líderes perredistas nos informan largamente del conflicto poselectoral en ese  importante municipio de la costa  oaxaqueña. Les alertamos del peligro de que las pasiones se desborden. Nos piden intermediación. Ahí mismo intentamos comunicarnos con el gobernador Murat para demandarle una inmediata intervención negociadora y evitar que la sangre llegue al río, ante los riesgos de violencia en ese ambiente caldeado. Urgen puentes de conciliación y negociación.

Seguimos  a Puerto Escondido y Pochutla donde gobierna  el PRD con un magnifico equipo municipal encabezado por Raymundo Carmona, joven dirigente quien repite como presidente municipal después de haber transitado como diputado local en el Congreso oaxaqueño.

Hay  amplia cobertura a nuestra gira por todas las radios  de las costas guerrerenses y oaxaqueñas y la pregunta  que se repite: ¿Es cierto que el PRD aprobó las alzas a las tarifas de luz? Como buen parlamentario, Raymundo Cárdenas aclara que estuvimos de acuerdo con quitarle el subsidio a los ricos pero que el gobierno de Fox aprovechó la ocasión para quitar el subsidio a los pobres y a las capas medias, quienes están esperando su nuevo recibo de la luz con el Jesús en la boca. En las próximas entregas, seguiremos comentando la elección interna del PRD,  mientras se aproxima la elección priísta el domingo 24 de febrero.

Elegir al mejor gobierno en Acapulco

Durante los últimos seis años de gobiernos priístas en Acapulco, la corrupción alcanzó niveles de escándalo y las ineficiencias se multiplicaron en todos los ámbitos de la administración municipal, principalmente durante el tiempo que ocuparon la presidencia Rogelio de la O Almazán y Manuel Añorve Baños. La Contraloría federal investiga a este diputado costachiquense cuyo gobierno fue de escasos beneficios para la población y prolífero en obras fantasmas y presupuestos inflados.

De la O Almazán ha logrado librarse gracias a que los ilícitos de los que se le acusa fueron cometidos bajo el manto protector del antiguo régimen, sinónimo de la podredumbre y paraíso de la impunidad.

El costo político que pagó el PRI fue muy alto: la entrega del mando municipal a una coalición perredista-panista, más lo primero que lo segundo, que impulsó a un gobierno que en dos años y medio no sólo ha hecho más obra pública que los cuatro anteriores alcaldes, sino que ha transformado al ayuntamiento en una renovada institución que empieza a salir del caos administrativo en que se encontraba, con orden en las finanzas y con mayor claridad en la rendición de cuentas.

La población acapulqueña ha percibido un verdadero cambio expresado en una mayor eficiencia en el gobierno de una ciudad con una problemática social sumamente compleja que para su solución requiere de mandatarios capaces y honestos.

Desde antes que Zeferino Torreblanca Galindo llegara al poder, Acapulco ya estaba pintado de amarillo, sólo que ahora este color ha adquirido un tono más fuerte y tiende a ocultar al tricolor, que ahora resplandece tenuemente sólo en algunas zonas rurales o en las áreas más atrasadas del municipio. Así como una mala administración afecta a todos aquellos que la impulsan, un buen gobierno reditúa un importante capital político al partido que lo postula.

El PRD se encuentra ahora en la cúspide de las preferencias electorales de los acapulqueños y si los demonios sectarios no hacen su aparición, la Presidencia Municipal puede ser nuevamente para este partido. Sin embargo, sería un grave error descartar las posibilidades que aún tiene el PRI para recuperar el poder. Menospreciar la fortaleza priísta podría costarle el triunfo al PRD.

Ciertamente, la encuesta de Mitofski no logró su principal propósito y la unidad tricolor se rompió. Prevalece en el PRI el histórico mar de desconfianzas, herencia de muchas décadas de antidemocracia, por ello existen serias dudas y sospechas sobre la objetividad de esta encuesta. Una gran mayoría de priístas opina que el mejor candidato sigue siendo Miguel Mayrén y no Ernesto Rodríguez Escalona.

Además de ese descontento y de la deserción de Luis Walton Aburto, la actitud cínica y ligera de César Flores Maldonado, que sólo utilizó a sus seguidores como instrumento de presión para negociar una Secretaría del gobierno del estado, contribuye también a disminuir las posibilidades priístas. Pero este es un partido que tiene una estructura territorial intacta que, inyectándole fuertes cantidades de recursos, puede reactivarse y alcanzar un buen nivel de competencia.

En el PRD la carta fuerte sigue siendo Alberto López Rosas, quien durante estos últimos años ha fortalecido su presencia en todo el municipio y está ubicado como el aspirante mejor posicionado y con posibilidades más reales de ganar los comicios de octubre próximo.

Son muchos los atributos y virtudes de López Rosas que lo convierten en la mejor opción perredista para la ciudadanía acapulqueña. Sólo falta que las sectas y los aspirantes que sin ninguna posibilidad se aventuran a competir y sólo lo hacen para lograr otro cargo, permitan una elección limpia que preserve la unidad interna, factor indispensable que ahora todo partido debe asegurar para poder aspirar al triunfo.

La ciudadanía acapulqueña siempre se ha caracterizado por su madurez política e interés en los asuntos públicos. Su participación será nuevamente fundamental para elegir al mejor gobierno.

Brenda Escobar Sánchez, corresponsal, Zihuatanejo  * Luego de que los pescadores de Petacalco rechazaron de manera unánime las conclusiones del estudio de impacto ambiental que la UNAM practicó durante dos años a la termoeléctrica Plutarco Elías Calles, se mantienen concentrados en la plaza principal de esta comunidad a la espera de que llegue la fecha en que sus dirigentes habrán de entrevistarse con el gobernador René Juárez Cisneros, en Casa Guerrero.

Entrevistado al respecto, Gilberto Barrera Reyes, integrante de la mesa de concertación de los 213 pescadores de Petacalco, señaló que ante la negativa de los funcionarios de la CFE de reconocer que efectivamente se está contaminando la bahía de este lugar, “ellos saben el pecado que llevan dentro de su conciencia, porque no se necesita ser biólogo para entender el daño que están ocasionando al sector pesquero, al sector campesino y al pueblo en general”.

Barrera Reyes agregó que los estudios de la UNAM han arrojado que en la bahía de este lugar se encuentran peces dañados con plomo y arsénico, “eso es dañino para la salud. Produce cáncer y todo eso y no estamos dispuestos a morir lentamente. Estamos dispuestos a dar una lucha en contra de la CFE porque ya basta de tanto engaño. Los peces captan los residuos tóxicos que arroja la termoeléctrica a la bahía y aumenta la temperatura del agua”.

El dirigente describió que desde hace dos años están pidiendo a la CFE una indemnización de 200 mil pesos por cada pescador, es decir, 42 millones 600 mil pesos. Puso el énfasis en  que si los funcionarios continúan en su postura negativa, lo que harán será pedir más, amén de que la CFE tendrá que efectuar obras de desarrollo social en Petacalco, comunidad de más de 4 mil 500 habitantes.

Dichas obras sociales consisten en proyectos productivos, pavimentación de calles, drenajes sanitarios, escuelas, un hospital, alumbrado público, mejor calidad en el agua potable, entre otras más.

Por su parte, la señora Guadalupe Hernández Leyva, sostuvo que la CFE ha dado “apoyos económicos, pero no indemnizaciones y lo que nosotros queremos es que nos indemnicen por la afectación que nos están haciendo a la bahía”, señalando que “el gobernador René Juárez es el que nos ha estado apoyando con dinero, pero ya no queremos que el gobernador siga dando la cara por esos…, queremos que la CFE sea la que responda”.

Finalmente, cabe mencionar que mientras los 213 pescadores de Petacalco se mantienen en la plaza pública de esta comunidad como medida de presión, los acuacultores de Petacalco continúan bloqueando los cinco accesos a la termoeléctrica, solicitando a través de su representante Jesús Campos Albarrán que también los indemnicen puesto que “a todos les han dado dinero y nosotros que somos los verdaderos afectados, ni siquiera nos han tomado en cuenta”, concluyó.

Karina Contreras * Los cerca de 900 indígenas que se mantenían en plantón afuera del Ministerio Público de San Luis Acatlán para demandar que las autoridades judiciales se desistieran de las órdenes de aprehensión contra miembros de la Policía Comunitaria se retiraron del lugar para regresar a sus comunidades, en espera de que avancen los acuerdos que se firmaron con autoridades del gobierno estatal y municipal la noche del martes.

Vía telefónica uno de los miembros de la coordinación, Ciriaco Rojas Calixto, informó que desde este jueves los indígenas de más de 20 comunidades de la región mixteca y tlapaneca de la región Costa Chica-Montaña, que sostenían un plantón  afuera del MP, regresaron a sus pueblos pero esto no quiere decir “que está solucionado el problema”, y precisó que no continuó la concentración en San Luis Acatlán “para evitar un desgaste”.

Manifestó que desde el miércoles 13 la comisión encargada de dar seguimiento a las averiguaciones y órdenes de aprehensión conformada por el agente del Ministerio Público, un representante de la Procuraduría de Justicia, el juez y la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, ya empezaron a trabajar en el análisis de los casos de los integrantes de la Policía Comunitaria que tienen órdenes de aprehensión o averiguaciones previas en su contra.

Uno de los puntos de acuerdo que se firmaron entre los involucrados en el conflicto fue la conformación de una comisión para dar seguimiento a las 16 órdenes de aprehensión que se tienen en contra de los policías comunitarios. Después de revisar los casos, se presentarán al procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, a quien las autoridades indígenas demandan el desistimiento de los cargos.

Rojas Calixto dijo que todavía no hay nada “resuelto” porque se tienen que valorar qué órdenes sí pueden ser retiradas y cuáles no.

Manifestó que todavía siguen esperando la audiencia con el procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega. Informó que sólo los comisionados se mantienen en las  instalaciones de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, en la cabecera municipal de San Lus Acatlán.

* El delegado sindical de la Sección 14 del SNTE Alvaro Juárez Radilla pidió a la SEG dividir la Zona Escolar 60 entre institucionales y cetegistas, dice Gutiérrez Niño

Ossiel Pacheco * La oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República turnó el caso de los aviadores de la Zona Escolar 60 de Pie de la Cuesta a la SEP, en respuesta a la queja que maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), interpusieron en esa dependencia en diciembre pasado.

El supervisor de esa zona escolar, Cipriano Gutiérrez Niño informó que recibieron la notificación de la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en la cual se recomienda a la SEP que investigue el caso de los aviadores, entre los que se encuentra el secretario general de la delegación sindical, Alvaro Juárez Radilla.

Explicó que aún falta por recibir la respuesta sobre el caso de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Cámara de Diputados y Senadores, instancias donde maestros de la CETEG de la Zona 60 también interpusieron una queja por las irregularidades en las que incurre la SEG al permitir que trabajadores cobren sin laborar.

Gutiérrez Niño informó a El Sur que Juárez Radilla en complicidad con los directores de los diferentes planteles de la SEG de la corriente institucional, en días pasados enviaron al titular de la SEG, Daniel Pano Cruz una solicitud en la que piden dividir la zona escolar de tal forma que la parte institucional se adjudique la mitad de los planteles, y otro tanto la CETEG para terminar con el conflicto que hay entre ambas corrientes del SNTE.

Aseguró que acatar esta petición violentaría la minuta de acuerdos que el Comité Democrático de la Sección 14 firmó con en diciembre pasado con el entonces titular de la SEG, Miguel Mayrén Domínguez, donde se estableció que esta dependencia, “ratifica la determinación de no reestructurar zonas escolares en todos los niveles y modalidades”.

Gutiérrez Niño informó que Juárez Radilla, al comparecer el pasado 17 de enero ante la Contraloría Interna de la SEG, entregó un justificante firmado por el ex director de Personal de la SEG, Germán Espíndola León para acreditar que estaba comisionado en tareas sindicales y justificar dos años que cobró sin laborar.

Dijo que “de manera extemporánea” pudo acreditar dos años de ausencia en su centro de trabajo, lo que comprueba la situación de complicidad, que existe entre la SEG y la parte sindical, lo están protegiendo y a la vez solapando la irregularidad en la que incurrió el dirigente sindical”, aseguró.

Tanto, Juárez Radilla como algunos directores de la parte institucional, el pasado 24 de enero enviaron a Pano Cruz una solicitud para demandar la salida del supervisor Cipriano Gutiérrez Niño, bajo el argumento de que estaban siendo hostigados y perseguidos, pero de estos cargos la misma Contraloría Interna exoneró al supervisor en diciembre pasado.

En el mismo documento, advierten que de no retirar a Gutiérrez Niño, la zona se divida, porque “son institucionales y no hay calma en la zona escolar”. Piden que sea respetado el director Isidro Zúñiga Ramírez, quien fue nombrado como enlace para los trámites, desconociendo al supervisor, pese a que está figura no está dentro de la normatividad vigente de la SEG.

Sobre esto, Gutiérrez Niño afirmó que es absurda la división de la zona escolar, porque Juárez Radilla como los directores institucionales, “lo que pretenden es mantener su parcela política, dado que se están descubriendo las profundas irregularidades en las que han incurrido, están dolidos por lo que se ha encontrado” y advirtió el latente riesgo de que tomen la Subcoordinación “para presionar a la SEG para que divida la zona”.

Informó que el próximo 28 de febrero, la Contraloría Interna de la SEG emitirá un dictamen sobre el caso de la Zona 60, aunque en resultados preliminares se encontró que hay 47 trabajadores entre intendentes, maestros y del sistema de USAER que no comparecieron ante esta instancia para acreditar mediante documentación que ahí laboran.

Estos resultados coinciden con los que el Jurídico Central de la SEG dio a conocer en diciembre pasado encontrando que cobran 219 trabajadores, pese a que solo laboran 171, es decir hay un excedente de 48 recursos humanos; sobran 23 maestros, pero faltan 12 intendentes.

Publica CETEG primera lista de aviadores

En el órgano informativo de la CETEG: Tribuna de denuncias correspondiente al número 1 del mes de febrero, que trae como noticia principal el caso de la Zona 60 de Pie de la Cuesta, se hace pública una lista de aviadores.

Aquí aparecen los nombres de Rogelio Armenta Padilla, de la escuela primaria Carolina Coronado de la Zona 89; Mario Vargas Monge, acompañante del primero en todas su actividades diarias, aparece adscrito al Jardín de Niños, Agustín Yáñez.

Además: Natividad Cabañas León, primaria Ignacio Manuel Altamirano, quien ejerce en la Dirección Municipal de Educación (DME); Ignacio Guerrero Cuevas, secundaria Técnica 52, (ejerce en escuela particular); Víctor Manuel Reyes López, con grupo pasó a ser supervisor adjunto de la Zona 91, ejerce como director municipal de Educación; Jesús Gómez Ríos, oficina de jefes de Enseñanza, pero labora en el DIF; y Francisco Serrano Solís, oficina de jefes de Enseñanza, pero ejerce en la Pepsi y en la DME.

Así también: Ignacio Galeana Ramírez, de la Técnica 52, pero labora en el ayuntamiento; Lamberto Ibares Solís, tiene tres plazas, pero ejerce en la Comisión de Agua Potable; Carlos Arellano Avila, es supervisor 91, y Gloria Sierra Portilla, supervisora de la Zona 7, pero ejercen en escuelas particulares en su horario de trabajo; así como, Joaquín Crisanto Melesio, con clave de subdirector pero su tiempo lo dedica a su salón de belleza.

También aparecen los supuestos jefes de Enseñanza, Luz Virginia Galeana, Nicolás Ruges, Baldemar Valencia González, Leticia Valencia Núñez, Teresa Meneses Díaz y José Hugo Loeza López, pero tienen diversas actividades particulares y cargos públicos en dependencias municipales.

También, Socorro Galeana Gallardo, que cobra con documentos apócrifos como subdirector de secundaria; Moisés Guzmán Gallardo, de la escuela 20 de noviembre, pero labora en el ayuntamiento y Jorge Luis Liera Matilde, ex subcoordinador destituido de la Costa Grande, está de adjunto en una supervisión escolar.

* Sin rastro del secuestro a menor en Metlatónoc

Chilpancingo * Elementos de la policía del estado rescataron al empresario de Olinalá, Alberto Santos Bautista, quien iba a ser plagiado por un grupo de individuos encapuchados que portaban cuchillos y pistolas, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis León Aponte.

Señala que este miércoles a mediodía, en la carretera que conduce a la comunidad de Chaucingo, del Municipio de Cualác, un grupo de personas armadas detuvieron la camioneta de pasajeros marca Nissan color café con placas de circulación XGZ8173,  bajaron al chofer Alberto Santos Bautista, le dijeron que era un secuestro y que no opusiera resistencia. Los cinco que portaban capuchas y calzaban huaraches se llevaron al empresario transportista hacia el monte, mientras que el otro sujeto abordó la camioneta. Los otros pasajeros que iban rumbo a Olinalá, llegaron como pudieron al poblado.

Elementos de la policía lograron encontrar en el fondo de un barranco el vehículo y en el interior un pasamontañas. Posteriormente hallaron al empresario transportista que iba caminando en la carretera.

Allí, el secuestrado confesó a los policías que sus agresores lo obligaron caminar varios kilómetros en el monte y que como se percataron de la presencia de los grupos policíacos optaron por cambiar de dirección no logrando encontrar una salida, por ello lo dejaron abandonado.

Los policias entregaron al empresario transportista a sus familiares, quienes interpusieron una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común para que se investiguen los hechos.

En otro caso, hasta el momento las autoridades judiciales no han esclarecido el secuestro del joven Toribio Cuenca Alatorre, quien desde el pasado miércoles 6 de febrero fue plagiado por un grupo de encapuchados cuando se dirigía en una camioneta de pasajeros hacia la comunidad de Zitlaltepec, del Municipio de Metlatónoc.

El grupo que lo secuestró pide 600 mil pesos de rescate y hasta el momento no se ha restablecido ninguna comunicación con los familiares de la víctima.

Según versiones extraoficiales, la policía ha realizado varias acciones policiacas para lograr la detención del grupo de secuestradores.

Aunque los familiares de la víctima no han interpuesto ninguna denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, por no arriesgar la vida del plagiado.

* Nada se puede hacer en el aspecto salarial de la universidad, pero puede haber alguna viabilidad en otro tipo de requerimientos, dice a dirigentes el subsecretario de Asuntos Políticos, Jesús Vargas 

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Los dirigentes de los sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero, STAUAG y STTAISUAG, Jesús Alvarez Hernández y Nabor Sotelo Ortiz, informaron ayer que si la Rectoría de la institución no otorga el 8.5 de incremento salarial hoy a las seis de la tarde comenzará la huelga y el gobierno del estado y el federal serán los responsables.

Entrevistados por separado durante una marcha en la que participaron unos 500 trabajadores académicos y administrativos, manifestaron que la oferta del 6.5 por ciento de incremento salarial que ofrece la administración universitaria “es una burla y no satisface las necesidades de los trabajadores”.

El dirigente del STAUAG, Jesús Alvarez explicó que lo único que traba las negociaciones es el adeudo de 172 millones de pesos que se tienen con el ISSSTE y que “el gobierno puede resolver aportando esos recursos”.

Aseguró que fue la lucha de los sindicatos universitarios la que permitió rescatar los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: “La iniciativa del presidente Vicente Fox no contemplaba este rubro, pero se rescató y eso permitió que se destinaran 394 millones de pesos al gobierno del estado para el rubro de pensiones y jubilaciones; el año pasado nos dijeron que lo habíamos reclamado demasiado tarde”.

Afirmó que el inicio de la huelga de los sindicatos es un hecho y que el gobierno del estado y el federal serán los responsables: “Nosotros hemos preparado las condiciones para que estalle, el rector insiste en que ya no puede ofrecer más, pero hoy por la noche (ayer) finalmente se dirá la última palabra”, afirmó.

Alvarez Hernández insistió en que la comisión negociadora de la UAG necesita hacer un ofrecimiento del 8.5 por ciento de incremento salarial, “además de pagar el bono, que se firmen los convenios de año sabático para Carlos Payán Torres y Adán Aguirre Benítez; que se resuelva el problema de las recategorizaciones y que se incluyan en las nóminas, que se brinde más atención al área de difusión cultural y que se cubran 450 mil pesos del bono de la huelga de 1998”.

Es necesario –expuso– que el gobierno del estado resuelva el reconocimiento de la antigüedad real de los trabajadores por parte del ISSSTE, además de que se paguen 30 días del bono de fin de año.

Por su parte, Nabor Sotelo Ortiz señaló que el STTAISUAG exige las mismas demandas de incremento salarial y cumplimiento a los convenios relativos a las violaciones a los contratos colectivos de trabajo; el pago de una diferencia de enero a marzo del año 2001, el pago del mes de diciembre del año por concepto de guardias.

También dijo que la comisión negociadora de la Rectoría se comprometió que a más tardar el 15 de enero entregaría la lista del personal unilateral.

Indicó que en la reunión regional efectuada el miércoles por la noche en Acapulco, se acordó ir a la huelga y responsabilizar de su inicio al gobierno del estado.

Informó que también protestarán con otro plantón, un paro laboral y la toma de la Autopista del Sol.

Ninguna voluntad oscura hacia la UAG: Vargas

Al concluir la manifestación sindical, una comisión de trabajadores integrada por los representantes de los dos sindicatos fue recibida por funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

Allí, el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Jesús Vargas Vargas indicó que por el momento no existe una propuesta extraordinaria a la universidad para resolver los emplazamientos a huelga y “si la hubiera correspondería a la Secretaría de Finanzas, pero nosotros no tenemos mayor información”.

“Lo que sí podemos decir –explicó–, es que el gobernador René Juárez Cisneros tiene la capacidad, la disposición y la voluntad de apoyar a la UAG, pero tiene que ser de acuerdo a los tiempos y a los presupuestales con que cuenta el gobierno estatal, y sobre todo a los acuerdos a los que se llegue con la Rectoría de la universidad; no hay ninguna voluntad oscura hacia la UAG y lo que más nos interesa es que nuestra institución progrese”.

De la demanda de incremento salarial del 8.5 por ciento que exigen los sindicatos universitarios, el funcionario de gobierno afirmó que “no corresponde al gobierno estatal otorgarlo, depende de la Secretaría de Educación Pública, por eso nada podemos hacer en el aspecto salarial, pero en cuanto a otro tipo de requerimientos que hacen los sindicatos puede haber alguna viabilidad por parte del gobierno del estado”, concluyó.

Allí les informaron que será hasta este viernes por la mañana cuando el secretario de Gobierno Marcelino Miranda Añorve los reciba en audiencia; mientras tanto los sindicalistas anunciaron para hoy otra manifestación en apoyo a las negociaciones que partirá a las diez de la mañana desde el edificio docente al Zócalo capitalino.