* Afirma que una alianza con el PAN es viable en estados como Guerrero donde hay cacicazgo, imposición y porque además de recursos públicos el PRI “utiliza dinero del narcotráfico” para comprar votos

Nelly Bello * Para el candidato a secretario general del CEN del PRD Raymundo Cárdenas Hernández la alianza entre el PAN y el PRD es viable sólo en estados como Guerrero donde el cacicazgo y la imposición del priísmo impiden la consolidación de la democracia. Pero en el ámbito nacional, precisó, las diferencias entre ambos partidos hace imposible una unión.

En conferencia de prensa, Cárdenas Hernández indicó que aunque la dirigencia nacional panista “está reacia” a una alianza con el PRD, en regiones sureñas es indispensable porque “no sacaremos a ese priísmo que no teme utilizar recursos públicos, y que también lo hemos detectado utiliza recursos del narcotráfico o de lavado de dinero para comprar votos”.

Aseguró que la fórmula Jesús Ortega-Raymundo Cárdenas buscará la alianza de todas las fuerzas democráticas del estado de Guerrero “para derrotar el priísmo caciquil”.

Insistió en que la alianza nacional “no tiene razón de ser”, pues definió que en el lema perredista Democracia ya, patria para todos, el PAN sólo coincide en la primera frase, pero en cuanto a la patria tienen diferencias.

Al comentarle que el dirigente municipal del PAN previó que la posible alianza estaría en peligro si el PRD continúa sus críticas al presidente Vicente Fox, Raymundo Cárdenas respondió: “El PRD no dejará de criticar los errores de Fox”.

Sobre el apoyo de las corrientes felixista y cívica del PRD a la candidatura de su adversaria Rosario Robles Berlanga, el senador perredista dijo durante el desayuno-conferencia de prensa –al que asistió de forma institucional la dirigente municipal Rosario Herrera Ascencio, quien apoya a Rosario Robles– que los dirigentes tienen la tentación de irse a la “cargada” porque creen que con el respaldo que tiene la ex jefa de Gobierno del DF tiene asegurado el triunfo.

“No quieren estar fuera de la coalición ganadora, es una actitud herencia del priísmo, estamos apelando a la voluntad de poder de los perredistas, los invitamos a pensar con qué política y dirigencia nacional pueden ganar en Guerrero”.

Criticó actitudes como la del diputado federal guerrerense Félix Salgado Macedonio. Así, preguntó, “¿creen que la sociedad les tendrá confianza?”. En el PRD de Guerrero, añadió, “necesitan una política que les ayude a jalar votos para ganar el estado”.

Sin embargo, al hacerle una pregunta sobre la imagen de Félix Salgado, tras su declaración anterior, Raymundo Cárdenas dijo: “en Guerrero deben decidir quienés son sus candidatos, respetaré la opinión de los guerrerenses”.

Apeló a la conciencia de los perredistas para que no se conformen con la fuerza que ha tenido el PRD desde 1988 “cuando se ganó pero no se ha vuelto a ganar”.

Insistió en que “si se quiere ganar se debe ir a un partido de centro izquierda, viable a nivel nacional por la globalización mundial, el grado de desarrollo del país”, pues “una izquierda radicalizada verbal tipo Marcos, para jalar votos de una militancia que no ha sido formada políticamente, no es viable”.

Ejemplificó con situaciones del PRD en México que luego de tener reuniones en salones de hoteles que terminan en protestas o manifestaciones cierran las puertas a los militantes.

“Nos cierran las puertas porque no falta el plantón o la marcha de 15 a 20 gentes pero con una agresividad característica en varios grupos, que llega al hotel (y) los empresarios se asustan. No regresamos a esos establecimientos, porque dicen ‘no podemos con este partido tan violento’”, expresó.

Añadió: “Algunos creen que esa actitud les suma votos, en el fondo vean los apoyos de la compañera Rosario Robles y esos son”, de la izquierda radical.

Detalló que en el periodo de 1997 a 2000, cuando Robles Berlanga gobernó el DF y el PRD era dirigido por su simpatizante Carlos Imaz, recibieron 28 de 30 diputaciones federales, 39 locales y una jefatura de Gobierno con mayoría en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, criticó que tres años después los resultados del roblismo al PRD defeño fue de 28 diputados federales a cinco, de 39 locales a 18, “perdimos la elección de senadores, de presidente de la república, perdimos un millón de votos en el DF y sólo se ganó la jefatura de Gobierno por Andrés Manuel”.

Aseguró que los datos demuestran “de forma contundente” que la propuesta de Robles Berlanga “no es la que la sociedad quiere. Ellos tendrán que decidir si quieren que eso profundice o que cambie”. Insistió que la propuesta roblista a los perredistas “no les ayudará a gobernar en Guerrero”.

En ese momento y después del embate de la imagen de su líder de corriente M27, Herrera Ascencio pidió la palabra en la conferencia de prensa y dijo que “el PRD se caracteriza y lo seguirá haciendo por hombres y mujeres que quieren contender, por liderazgos que son importantes y los debemos cuidar porque son personas con conciencia social, con una visión de cambio que no logramos a nivel nacional”.

Indicó que el triunfo perredista en Michoacán demostró que “la gente que quiere justicia social cree en el PRD. Si hay avances en Acapulco (es porque) nos deslindamos de violencia y plantones”.

Defendió que el liderazgo de Félix Salgado es importante, “como nunca se había tenido porque logro más de 415 mil votos, pero nos tumbaron la contienda, el liderazgo está presente, las diferencias seguirán en discusión en el congreso entre todos y no entre los candidatos, qué bueno que hay diversidad de planteamientos”.

Después de la aclaración de la felixista, sobre la denuncia de René Lobato Ramírez, en el sentido de que hubo rasurados en el padrón perredista y que fue insuficiente la campaña de reafiliación, el senador dijo que el dirigente estatal debería hacer más la gestión de solución y no sólo el anuncio.

Casi al término de la conferencia de prensa llegó el precandidato Alberto López Rosas, quien también asistió de forma institucional, pues manifestó el domingo su apoyo a Robles Berlanga, pero Cárdenas Hernández lo llamó “el mejor candidato para la presidencia municipal”.

* Llama Castro Justo a respetar el resultado

Chilpancingo * El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Juan José Castro Justo, informó que el desempate entre los dipitados locales Saúl Alarcón Abarca y Mario Moreno Arcos, por la candidatura a la alcaldía de esta capital, será definido con una segunda encuesta.

En un boletín de prensa se informa que lo anterior ha sido pactado entre el propio CDE y ambos aspirantes a la candidatura a presidente municipal por el PRI, “con el compromiso de respetar el resultado de la encuesta y sumarse al que alcance el mayor posicionamiento político”.

El comunicado indica que en los próximos días será dado a conocer el resultado de ese método, a cargo también de la empresa Mitofsky. En el PRI estatal se informó a El Sur que la encuesta ya se está levantando.

Castro Justo informó que los dos aspirantes se comprometieron a hacer, en tanto, una tregua en sus actividades de proselitismo y a mantener una actitud que contribuya a preservar la unidad en el partido.

El presidente del CDE del tricolor hizo un llamado “a todo el priísmo guerrerense a asumir una postura de respeto, prudencia y tolerancia ante ese proceso de selección interna del partido”.

* Denuncian la tala de árboles incluso cerca de los lechos de los ríos, contra las indicaciones técnicas * Las autoridades del ejido no informan sobre el empleo de los recursos que se obtienen del aprovechamiento de los árboles

Ossiel Pacheco * Pobladores de la comunidad mixteca de Coacoyulichán, municipio de Cuautepec, en la Costa Chica, que en días pasado detuvieron camiones de madera propiedad de Industrializadora Forestal Garsa, exigen el cese definitivo de la tala del bosque, porque las autoridades ejidales no transparentan el empleo de los recursos que paga la empresa al ejido.

El pasado 7 de enero, habitantes de este lugar, inconformes por el bajo precio que la Forestal Garsa paga al ejido por explotar los bosques, detuvieron tres camiones que transportaban madera y cerraron el paso al camino rural en demanda de renegociar la explotación del bosque.

Luego de dos meses de que la Forestal Garsa comenzó el corte de los árboles, pedían que ésta, una vez que rebasó los mil metros de madera en rollo, pagara a 320 pesos por metro cúbico, no a 260 pesos como acordó con el ejido, cuyos representantes respaldan a la empresa a cambio de obras en beneficio de la comunidad.

Pedro Navarrete Victorino, uno de los dirigentes del movimiento opositor, informó que el domingo 10 de febrero, unos 10 integrantes del comité del grupo inconforme se trasladaron al punto de la sierra donde los talamontes de la Forestal efectúan el corte de los árboles para solicitarles el cese de la tala, mientras no se resuelva el conflicto.

Explicó que los talamontes que encontraron en el lugar están cortando los árboles cerca de los lechos de ríos y arroyos, cuando el técnico forestal que la comunidad contrató estableció un límite de 20 metros de la ribera para realizar el corte sin afectar los cuerpos de agua. “Esto significa que están violando el acuerdo”, dijo.

Informó que a la fecha están varados en la comunidad nueve camiones de la maderera, debido a que aún no se les permite pasar a la parte alta a cargar la madera, porque tienen bloqueado el camino de terracería con madera y piedras, otros más permanecen estacionados en el crucero de la carretera que va a Pinotepa Nacional cerca de Cruz Grande.

Dijo que los tres camiones que fueron detenidos el 7 de enero pasado en demanda de la renegociación, fueron liberados el 13 de ese mes una vez que lograron llegar a acuerdos con la empresa Garsa, la cual se comprometió a pagar a 280 pesos por metro cúbico de madera y a organizar un comité responsable de la administración de los recursos para que la comunidad determinara su uso.

Sin embargo, el delegado de Gobierno en la Costa Chica, Wilfrido Pérez, quien se comprometió a ser testigo de la conformación del comité que se iba a elegir mediante una asamblea a efectuarse el domingo 20, no asistió “por no convenir a los intereses de la Industrializadora Forestal Garsa”.

Expuso que en este momento la posición es de no permitir el paso de los camiones de la empresa maderera ni permitir el corte de ningún árbol, pero será el domingo próximo cuando en una asamblea a la que asistirán las autoridades ejidales, la Profepa, la Semarnat y autoridades estatales y municipales, se tome una decisión definitiva.

* Recomienda vigilar el uso de electrodomésticos

Jorge Nava * El superintendente de la División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gabriel Pérez Pérez, informó que en Guerrero 86.2 por ciento de 582 mil 664 clientes de tarifas domésticas no será afectado por la disminución del subsidio anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación.

En entrevista, el funcionario dijo que actualmente la División Centro Sur de esa paraestatal tiene un millón 159 mil 343 clientes en tarifas domésticas, que radican en Morelos, el estado de México y Guerrero.

Precisó que a 11.4 por ciento de ese total se le reducirá parcialmente el subsidio, mientras que al restante 3.7 por ciento, el sector de mayor consumo, se le retirará completamente.

Precisó que en el estado se aplican las tarifas 1C, 1A y 1B –esta última por consumos del rango de 400 kilowatts al mes– porque las localidades que se hallan aquí alcanzan una temperatura de media mensual en verano de 28 grados Celsius como mínimo.

Indicó que en la zona Chilpancingo la medida no afectará a 85.26 por ciento de los usuarios, 83.96 por ciento en Iguala, 84 por ciento en Altamirano, 84.80 por ciento en Acapulco y 77.80 por ciento en Zihuatanejo.

Explicó que actualmente la zona Acapulco de la CFE atiende a 12 municipios del estado de Guerrero, distribuidos en las agencias Cuauhtémoc, El 30, San Marcos, Ometepec, Ejido, Garita y Renacimiento, a quienes el 11.3 por ciento se les reducirá parcialmente el subsidio.

Dijo que los destinos de los recursos obtenidos adicionalmente será para ampliar la infraestructura eléctrica y la cobertura a las comunidades rurales, indígenas y colonias populares, además de dar mantenimiento y conservación a plantas de generación, líneas de transmisión y cableado de distribución, y, finalmente, mejorar y modernizar los servicios de atención a clientes.

Gabriel Pérez señaló que el programa de regularización de tableros ha enlistado este año 112 mercados, de los cuales 55 están registrados en el ayuntamiento municipal.

Indicó que de ellos se han revisado 26 y regularizado 12, por lo que en este año se pretende la regularización del resto.

Enfatizó que la paraestatal aplica “bastantes” y “fuertes” inspecciones en ese programa de regularización de “colgados”.

Llamó a la población a poner atención al servicio de las lavadoras, aparatos de radio, televisor, planchas, licuadoras y refrigeradores, porque son los electrodomésticos que más consumen

energía, además de los focos normales.

Recomendó la utilización de lámparas ahorradoras de energía, las cuales se expenden en la agencia Cuauhtémoc, con las que el usuario llega a hacer un ahorro de hasta 75 por ciento de fluido eléctrico.

A Gabriel Pérez le acompaño el jefe de Departamento Comercial, René García Santiago.

* Las demandas son por el corte y azolve de cuerpos de agua tales como la Laguna del Pazotel, el Cuche, el Estero Boca Vieja de Zacatula, la Barrita de Petacalco, entre otras más, informó el representante Jesús Campos Albarrán.

Brenda Escobar Sánchez, corresponsal, Petacalco * Más de 400 acuacultores mantienen bloqueados los accesos de  la Termoeléctrica Plutarco Elías Calles y anuncian que mantendrán el bloqueo hasta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acceda a pagar indemnizaciones pendientes.

Lo anterior, de acuerdo con declaraciones de Jesús Campos Albarrán, presidente de la Unión de Acuacultores del Ejido del Naranjito, quien señaló que cansados de esperar a que la CFE cumpla  acuerdos del mes de diciembre de 1992 por las afectaciones que la termoeléctrica ha causado a los mantos acuíferos del ejido el Naranjito iniciaron el bloqueo para lograr las liquidaciones correspondientes

Este movimiento de protesta pacíficó inició el  tres de febrero para lograr que los funcionarios de la CFE atiendan sus demandas, sin embargo, hasta el momento no ha sido así y mantienen  bloqueados los cinco accesos a la termoeléctrica desde el día miércoles cinco del mismo mes.

Campos Albarrán señaló que los 400 integrantes no fueron indemnizados por las afectaciones que causó la planta productora de energía, que en su momento cortó y azolvó cuerpos de agua tales como la Laguna del Pazotel, el Cuche, el Estero Boca Vieja de Zacatula, la Barrita de Petacalco, entre otras más.

Como pago a estos daños, en diciembre de 1992, quedó asentado en una minuta que la CFE se comprometía a generar proyectos productivos relacionados con la acuacultura, señalándo el documento que impulsarían alrededor de 47 estanques acuícolas para que trabajaran los campesinos, afectados por la falta de producción pesquera dadas las condiciones de los cuerpos de agua. El proyecto ascendía a unos 50 millones de pesos en ese entonces.

Hasta la fecha, ni funcionarios de la CFE ni de la termoeléctrica han cumplido ese acuerdo contraido con los campesinos-acuacultores del Naranjito desde hace más de nueve años, pero sin embargo, sí han pagado estos mismos cuerpos de agua a personas que no les pertenecen, es decir, a líderes y pseudo líderes de la comunidad de Petacalco, quienes se han venido beneficiando con los apoyos económicos que el gobierno del estado ha entregado.

Habla Jesús Campos Albarrán: “a lo mejor ha de ser por la presión política que se dio en ese tiempo, como grupos que empezaron a formarse desde 1993, 1994. Yo casi ni quisiera nombrarlos porque son bien conocidos y la CFE sabe a quienes les dio, el gobierno del estado sabe a quienes les dio 200 predios, las personas de la CFE son gentes preparadas que saben que les pertenecían al ejido del Naranjito y al de Zacatula esos cuerpos de agua y quizá cedieron por presión política.

“En ese tiempo les pagaron a personas que no debieron pagarles. Hasta la fecha no se le ha indemnizado a los acuacultores. A los acuacultores, la CFE no les ha dado ni un kilo de alimento para las mojarras. Quien nos ha apoyado es el gobernador René Juárez Cisneros con dos millones de pesos y con eso hemos logrado saldar algunas deudas. Empezamos a hacer nuestros estanques pensando en que la CFE nos iba a atender el problema y hasta la fecha no lo ha hecho”.

Al parecer, hace algunos días, el presidente de la República, Vicente Fox, anunció una importante inversión para la termoeléctrica de Petacalco, un megaproyecto de aproximadamente cinco mil millones de dólares, razón por la que los acuacultores de esta comunidad está solicitando en su pliego petitorio que la CFE cumpla con el pago a las afectaciones y que se cristalicen los proyectos productivos que se acordaron hace ya más de nueve años como son talleres de carpintería, soldadura, electrónica además de que se les exente del pago de la luz a las más de mil viviendas que existen en los ejidos del Naranjito y de Zacatula.

En este contexto, trascendió que pescadores, ganaderos, campesinos y población en general han tomado y bloqueado en múltiples ocasiones la termoeléctrica de Petacalco demandando indemnizaciones, las cuales han sido siempre cubiertas por el gobierno del estado en cantidades estratosféricas, sin que la CFE haya realizado un sólo pago.

Por ello, también se ha pedido que sea la PGR quien debiera de hacer una exhaustiva investigación del presunto desvío millonario de recursos que esta central termoeléctrica ha venido haciendo en los supuestos pagos que jamás ha realizado, ya que de haber sido así, Petacalco y demás comunidades circunvecinas contarían con todos los servicios públicos básicos: drenaje, alumbrado público, agua potable de calidad, escuelas, pavimentación de calles, hospitales y fuentes de trabajo.

Finalmente, cabe señalar que para hoy miércoles, se espera que el bloqueo a los cinco accesos a la termoeléctrica Plutarco Elías Calles obtenga una respuesta favorable, aunque no se descarta la posibilidad de que los manifestantes sean desalojados de manera violenta.

* Jorge Bajos niega que la presencia del Ejército militarice al estado * Da confianza a los empresarios y la población: Larequi * Deben investigarse los recursos de guerrilleros: Martínez Sidney

Nelly Bello * Los presidentes de la Coparmex, Canacintra y Canaco calificaron como viable y adecuada la solución que el gobierno federal da a la delincuencia y el combate a la guerrilla con la participación del Ejército.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) José Jorge Bajos Valverde, recordó que los empresarios solicitaron la conversión del secuestro a delito federal para que la PGR tenga participación, además de que en una reunión con el gobernador, René Juárez Cisneros, éste se comprometió a gestionar ante la federación “y parece que esto es una respuesta”.

Dijo que el Ejército podría ser una instancia adecuada para solucionar delitos como el secuestro.

Aunque agregó que hay situaciones irregulares por parte de agentes de la policía local, los empresarios confían porque de lo contrario “ya nos hubieramos ido”.

Negó que el Ejército fomente una imagen negativa o que su participación militarice el estado pues se dedicará a la solución de hechos aislados y “no tomará las calles”.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Edgar Larequi Galeana, también celebró la participación militar, más cuando Guerrero “es un estado donde uno de los principales problemas que tenemos es la seguridad”.

Al igual que Bajos Valverde negó la militarización porque “son puntos estratégicos, al contrario da confianza a los empresarios y a la población”.

Dijo que la propuesta federal es un intento para reducir el número de secuestros, y “es conveniente que se coordine con el gobierno estatal y municipal para mayor combate al delito”.

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Alejandro Martínez Sydney, celebró la medida a la que apoyará para una mejor coordinación.

“Vemos con buenos ojos la presencia del Ejército pues hace más contundente la aplicación de programas, para aprovechar la disciplina que el Ejército podría dar (al combate) al flagelo del secuestro”.

Pidió que la intervención en el combate a la guerrilla, el Ejército determine el origen de los recursos que tienen guerrilleros para la compra de armamento pues en muchos casos proviene de secuestros o asaltos.

* Seis horas de tensión por la vigilancia de policías judiciales del estado que dispararon un tiro al aire frente a los manifestantes * Los indígenas intentaron desarmar a un judicial, sin éxito * La corporación es ilegal, dice el alcalde Acevedo Rojas, pero reconoce que ha combatido la delincuencia

Maricela Santos, enviada, San Luis Acatlán * Más de 500 indígenas de 20 comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas en San Luis Acatlán marcharon este martes y permanecieron en mitin de más de seis horas frente al Centro de Readaptación Social y el Ministerio Público de esta ciudad, para exigir la libertad de cinco dirigentes de la Policía Comunitaria, detenidos el lunes, que ayer fueron liberados bajo caución.

El disparo de un judicial y un intento de desarmar a otro afuera de la agencia del Ministerio Público fueron parte de los momentos más tensos de la negociación para la liberación de los cinco dirigentes de la Policía Comunitaria, a quienes tras la movilización les tomaron sus declaraciones, con lo cual reconocieron que hubo irregularidades en la integración de la averiguación previa por parte del Ministerio Público (MP) que encabeza Felipe Quintero Campos.

Sin embargo, al cierre de esta edición, continuaban las negociaciones entre la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Montaña y Costa Chica, el MP, el juez mixto de Primera Instancia Jacinto Casarrubias Hernández y el alcalde de San Luis Acatlán, Abdías Acevedo Rojas, pues los cinco dirigentes salientes de la Policía Comunitaria se negaban a aceptar la libertad bajo caución y exigían que se revisaran a fondo otras 16 averiguaciones y órdenes de aprehensión contra miembros de esta organización indígena a fin de evitar nuevas aprehensiones injustificadas.

Desde las 8 de la mañana comenzaron a concentrarse en las oficinas de la policía comunitaria habitantes de 42 comunidades indígenas de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú.

Bajaron de sus pueblos debido a que un día antes seis efectivos de la Policía Judicial detuvieron con violencia en estas instalaciones a Leandro Calleja Natividad, Valente Laureano Arellano, Efrén Cortés Clemente, Alfonso Bello González y Celestino Bravo Carbajal, quienes entregaban en el momento de la detención las comisarías de las comunidades de Pueblo Hidalgo Arroyo Cumiapa y Mihuechán de San Luis Acatlán, así como de Potrerillo El Rincón y Tierra Colorada municipio de Malinaltepec.

La aprehensión de los cinco dirigentes de la Policía Comunitaria derivó de una demanda promovida por Constantina Moran Ramírez y Silvino Encarnación Gabino de la comunidad de Yoloxóchitl de San Luis Acatlán, que los acusaba de privación ilegal de la libertad porque en diciembre pasado, este último fue detenido por la organización indígena por intento de homicidio.

Los policías comunitarios nunca fueron citados a declarar en su defensa y rechazó el Ministerio Público de San Luis Acatlán la revisión del expediente integrado por la organización indígena en donde se probaban los delitos flagrantes en que incurrieron sus acusadores.

Por eso, y para evitar que Morán Ramírez fuese manipulada por el Ministerio Público, la Policía Comunitaria la llevó a las 10:50 horas de ayer a sus instalaciones acompañada de un niño de tres años que se negó a dejar en su casa, lo que impidió que fuera confinada al separo de la corporación indígena. Morán Ramírez permanecía al filo de las 21 horas de ayer en las instalaciones de la Policía Comunitaria.

A las 11 horas, los indígenas marcharon de las instalaciones de la Policía Comunitaria al Juzgado Mixto del de Primera Instancia del distrito judicial de Altamirano –a unos 200 metros– en donde exigieron que el juez Casarrubias Hernández explicara las condiciones en que giró las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes. Casarrubias leyó la demanda y reconoció ahí que sólo dictó la detención en base a la investigación del MP que sólo incluía a la parte acusadora.

Para entonces el reclamo generalizado de los policías comunitarios era que la ilegal detención fue por motivos políticos y que transgredió los derechos humanos y las garantías individuales de los policías comunitarios.

Decían que fue agresivo el ingreso de judiciales a las instalaciones de la organización indígena con el fin de atentar contra el proyecto de seguridad e impartición de justicia de la región que organizaron los indígenas ante las deficiencias de las autoridades de procuración de justicia.

Genaro Vázquez Solís invitó al juez a acompañar la marcha al MP, y el juez Casarrubias Hernández llegó con los manifestantes ante el MP y el Cereso en donde se efectuó una larga negociación, pues supuestamente se tomaría declaración a los detenidos enfrente de todos los manifestantes y delante del abogado del Instituto Nacional Indigenista, Valentín Hernández Chapa, pero como el agente del MP se negó a hacerlo, los cinco dirigentes indígenas fueron liberados bajo caución previa declaración al interior del reclusorio pero sin su abogado, quien se manifestó inconforme con el actuar de las autoridades.

Durante la negociación con el agente del MP exigió el desalojo de sus oficinas, y a las 14 horas llegaron seis judiciales con armas largas conocidas como AR-15, a uno de los cuales intentaron desarmar los indígenas sin lograrlo.

Al las 15:28 horas, los judiciales tiraron un balazo al aire, y uno de ellos señaló que se les escapó un disparo, con lo que revelaron que traían cortado el cartucho del arma.

A las 15:35 liberaron a los cinco dirigentes del reclusorio de San Luis Acatlán, y éstos se presentaron ante el MP para apoyar la protesta de sus compañeros que exigían la revisión de las otras averiguaciones.

A las 16 horas llegó al lugar el alcalde, Abdías Acevedo Rojas, quien reconoció la labor positiva de la Policía Comunitaria a la que le adeuda dos meses del apoyo económico que les comprometió “por falta de recursos”.

Acevedo Rojas dijo que aunque la policía comunitaria “es ilegal” no se puede negar que ha controlado la delincuencia y que es aceptada por la población, pero lamentó que no haya coordinación con el agente del MP de San Luis a quien convenció de dialogar con una comisión de indígenas ya que llevaba seis horas negándose.

El MP, Quintero López argumentaba en tanto que ya había hecho mucho por los dirigentes de la comunitaria al liberarlos “aunque tienen un delito grave, y a pesar de que dejamos en estado de indefensión a la parte agraviada”. “No puede prevalecer la tradición sobre la justicia”, expresó tajante el agente del MP, quien a pesar de que fue llamado vía telefónica por el director de gobernación del gobierno estatal Rey Hilario, hasta el cierre de la edición se negaba a revisar las 16 averiguaciones contra integrantes de la corporación indígena, que sólo exigía respeto a su organización y señalaba que con esta posición violaron el Convenio 169 de la OIT.

* El juzgado tercero de distrito considera “sin materia” la solicitud de protección de la hospedería ante el procedimiento del ayuntamiento

Raquel Santiago * El juzgado tercero de distrito, a cargo del juez Jacinto Figueroa Salmorán, negó el amparo al hotel El Presidente contra la intervención del ayuntamiento a su caja general. En cambio, le concedió la suspensión de acciones de la Secretaría de Hacienda por un adeudo que tiene con esa dependencia federal.

El acuerdo, de fecha 11 de febrero, considera “sin materia” la petición de amparo presentada por la empresa que administra el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Rafael García-Pimentel Caraza, y consta en el libro de acuerdos de esa instancia del Poder Judicial de la Federación, domiciliada por el rumbo de Caleta.

Al ser rechazado este recurso legal para contrarrestar la intervención municipal por un adeudo de impuesto predial de alrededor de un millón y medio de pesos, los representantes de la empresa tienen la opción de presentar una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En cambio, a la hospedería se le otorgó el amparo porque se consideró “fundado el recurso” contra  la Administradora Local de Recaudación de Acapulco, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La solicitud radicada en el juzgado tercero de distrito en el expediente 88/2002 es de tipo incidental, que implica la suspensión del acto, en caso de ser positivo para el quejoso el acuerdo, mientras que en el expediente principal se continúa con el juicio, en el cual la administradora local ya fue notificada de la acción legal de la empresa.

El 8 de febrero, cuando ejecutores fiscales de la SCHP intentaron asegurar bienes del hotel Qualton Club Acapulco para garantizar el pago de adeudos correspondientes al año 2000, trabajadores del inmueble lo impidieron.

Tras la declaración del secretario general de la CTM en Guerrero, José Luis Torreblanca Gómez, quien aseguró que en situación similar se encontraban los hoteles El Presidente y Copabacana, el gerente general del primero, Rafael García-Pimentel, admitió en posterior entrevista tener un adeudo. Mientras que el gerente del Copacabana negó tal situación.

* Igual que en el Qualton, el dirigente de la sección 12, Rodolfo Escobar, encabeza la oposición a la medida en el restaurante de la Escénica * Hay molestia en el sector, dice el presidente de la Asociación de Restaurantes, Discotecas y Centros Nocturnos, Héctor Rodríguez Escalona

Jeanette Leyva y Cristina Sierra * Ejecutores de la Secretaría de Hacienda clausuraron anoche, por el lapso de tres días, los restaurantes Carlos’n Charles y El Zorrito por no expedir comprobantes fiscales o expedirlos con omisiones.

Los funcionarios federales pretendieron cerrar también el restaurante Madeiras, pero empleados y directivos del lugar, encabezados por el dirigente de la sección 12 de la CTM, Rodolfo Escobar Avila, lo impidieron con pancartas, tal como sucedió en el hotel Qualton el pasado viernes 8 de febrero.

“Clausurado. Por no entregar comprobantes fiscales o por no cumplir con los requisitos fiscales”, dicen los sellos de la SHCP.

Entrevistada vía telefónica, la administradora local de Asistencia al Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Herlinda González Navarro, dijo que se procederá al cierre inmediato por un periodo de tres días de los establecimientos que no cumplan con el requisito de entregar comprobantes fiscales. Agregó que la clausura temporal es producto del programa permanente de verificación de comprobantes fiscales que comenzó el año pasado. “Antes se les multaba, pero ahora con quienes no cumplen se procede al cierre inmediato por tres días, como lo marca el código (Fiscal de la Federación) en su artículo 84 fracción IV”, explicó.

Finalmente, González Navarro comentó que la SHCP continuará con el programa de verificación de comprobantes fiscales, y advirtió que aquellos negocios que no cumplan con dicho requerimiento serán clausurados por tres días, sin importar su giro.

Por la tarde de ayer trascendió que también se habían clausurado los restaurantes Señor Frog’s, El Cabrito y Casanova, sin embargo los propietarios de esos establecimientos negaron las versiones.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Restaurantes, Discotecas y Centros Nocturnos (ARDC), Héctor Rodríguez Escalona, manifestó la molestia del sector por estas acciones que calificó de “injustas”. Entrevistado vía telefónica, Rodríguez Escalona dijo que es injusto “que por una ley que tiene diferentes interpretaciones se estén perjudicando a los negocios”.

Agregó que actualmente en el puerto se vive “una crisis” y calculó que por lo menos ha reducido los ingresos en 60 por ciento, aunado al retiro al subsidio a la luz a quienes más consumen y la aplicación de impuestos a los productos suntuosos.

Cuando se le preguntó si es verdad que los turisteros planean protestar mediante el cierre durante 24 horas de sus negocios, el también empresario no negó ni confirmó la versión, pero aseguró que el sector está “muy molesto”.

Respecto a los amparos dijo que el tema se encuentra en análisis por parte de los empresarios, y reiteró que “estamos cansados” de las acciones de la SCHP.

La acción en el Madeiras

En el Madeiras los visitadores atribuyeron la orden de clausura a un error en la impresión de las facturas, pues les falta el nombre del fraccionamiento: Brisas Guitarrón, y sólo señala la ubicación en carretera Escénica número 33. El contador con poder legal para dialogar con los visitadores, Enrique Rosales Alarcón, mencionó que hay cuentas claras y no se debe nada a Hacienda. Mencionó que la notificación de la clausura era sólo por el error en la dirección de la empresa en las facturas.

Durante la intervención de los visitadores, Erick Irving Orbe Bracho y Adrián  Rufino  de la Concha Herrera, unos veinte  empleados hicieron una valla con pancartas para impedir que el Madeiras fuera clausurado, y durante media hora permanecieron en la entrada del restaurante, mientras terminaba la revisión.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Escobar Avila, mencionó que la razón por la cual Hacienda aplica estas medidas “es porque quiere dinero, y esto empezó desde que se inició la miscelánea fiscal”.

Señaló que con éste tipo de actos los turistas se asustan y los trabajadores pierden sus fuentes de empleo para llevar sustento a sus familias. En el caso del Madeiras, son 70 trabajadores que no hubieran laborado por tres días, indicó.

Al restaurante El Zorrito, los visitadores llegaron cuando estaba repleto de clientes y  esperaron hasta que se fuera el último comensal para cerrar el local e instalar los sellos con las insignias de los Servicios de Administración Tributaria (SAT), “por no expedir comprobantes o expedirlos sin requisitos fiscales”. Al lado se encuentra un cartel que invita a los clientes a acudir el jueves 14 a las ocho de la noche cuando se abra el local.

Un empleado de confianza del restaurante –quien no quiso dar su nombre– mencionó indignado que los encargados de los asuntos administrativos no fueron notificados oficialmente por Hacienda para cumplir “al pie de la letra” los requerimientos fiscales –como la copia de credencial del elector, copia del RFC y la carta de la empresa donde trabaja– al expedir cada factura  solicitada por los clientes.

Explicó que los 50 trabajadores de los tres turnos se retiraron a sus casas a falta de su fuente de empleo, lo que lesionaba el ingreso de cada familia.

El Carlos’n Charles fue notificado desde el lunes y fue cerrado al medio de día de ayer.

* Cierres por comprobación fiscal no actualizada

De la corresponsalía, Chilpancingo * Siete restaurantes ubicados en el primer cuadro de la ciudad que pertenecen a familiares de funcionarios estatales priístas, fueron clausurados por la Secretaría de Hacienda ante una supuesta evasión fiscal, al ser sorprendidos en no entregar a la clientela recibos de comprobación fiscal.

Entre los restaurantes que fueron clausuradas se encuentran La Parroquia y La Tortuga, cuyos dueños son familiares del subsecretario para Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo.

El subadministrador regional del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, Moisés Domínguez, señaló que en una investigación que realizó personal de esa dependencia se descubrió que los propietarios de las siete negociaciones no expedían comprobantes con la nueva disposición fiscal.

“Por eso se tomó la desición de clausurarlas por un tiempo que puede durar hasta tres días, y si existe una reincidencia la sanción va a ser mucho más fuerte”, expresó el funcionario federal entrevistado en sus oficinas de esta ciudad.

Indicó que esta acción contra empresas restauranteras y bares que no entregan recibos de comprobación fiscal se está realizando en todo el país, “nada más para tener un panorama general de cómo se están desolviendo los dueños de las negociaciones ante este nuevo régimen fiscal que deben de acatar”.

Los dueños de las empresas que este martes fueron sancionadas no pueden alegar que esto es “una cacería de brujas”, señaló, sino que simplemente se está aplicando la legalidad y “aquí no importa a qué partido político pertenezcan sino que si se incurrió en algo ilegal, entonces se debe de proceder contra quien sea”.

Señaló que los dueños de estas siete empresas restauranteras si expiden a la clientela recibos, pero con el antiguo régimen fiscal y no con el actual que la Cámara de Diputados aprobó a finales de diciembre.

Informó que esta medida ya se extendió al puerto de Acapulco donde se realizaron clausuras a empresas que también se les ha sorprendido en no entregar recibos con el nuevo régimen fiscal.

El funcionario dijo que cuando se actuá conforme a le ley, las protestas pasan a segundo término y que ante este tipo de medidas que realicen los inconformes la Secretaría de Hacienda no va a dar marcha atrás en tomar acciones legales.

Y no descartó que en los próximos días también se actué contra los empresarios mezcaleros de Guerrero que son investigados por una presunta evasión de impuestos.

Dijo no saber si los empresarios mezcaleros de esta entidad interpusieron un recurso de amparo ante la justicia federal en contra de estas medidas fiscales.