Iglesias de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa y el Centro Minerva Bello lanzaron una convocatoria para recolectar ayuda humanitaria para las familias desplazadas de pueblos del municipio de Chilapa, mediante las redes sociales.
Participan en la iniciativa el Santuario de los Mártires, la parroquia de la Santa Cruz y el Centro Minerva Bello de Derechos Humanos de Chilpancingo, así como la parroquia Gerardo María Mayela de Iguala, y el Grupo de Apóstoles de la Palabra, que también funcionan como centros de acopio.
Llaman a la población en general a donar alimentos, agua embotellada, medicamentos, cobijas, productos de higiene personal y artículos para niñas y niños que se encuentran refugiados en la cancha de la comunidad de Alcozacán.
“Nuestros hermanos de Chilapa necesitan de tu solidaridad”, dice el documento donde explican que las familias salieron de sus hogares dejando sus pertenencias y que hoy necesitan del apoyo.
Desde el miércoles 6 de mayo, vecinos de la comunidad Alcozacán denunciaron que estaban siendo atacados por el grupo delictivo Los Ardillos que opera en la región Centro del estado, que los ha acosado y ha cometido asesinatos durante años.
Las agresiones se intensificaron el fin de semana y vecinos de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán se refugiaron en Alcozacán por las agresiones extendidas del grupo criminal, donde el lunes autoridades estatales iban a brindarles apoyo, pero fueron detenidos por un grupo base de Los Ardillos, de acuerdo con las versiones periodísticas.
El martes 12 y miércoles 13 llegaron las autoridades estatales y federales a dialogar con “las dos partes”, e incluyeron en los apoyos a otra localidad, Coatzingo, que se menciona como población de base de Los Ardillos.
La convocatoria de la colecta que se publicó el martes sigue abierta para reunir maíz, agua embotellada, medicamentos y botiquines, alimentos no perecederos, cobijas y colchonetas, pañales y leche para niños y niñas, productos de higiene personal, además de fruta, sal, azúcar, papel higiénico, pasta dental, entre otros insumos. (Lourdes Chávez / Chil-pancingo).

Zacarías Cervantes

Alcozacán

Autoridades comunitarias, habitantes y víctimas de los pueblos nahuas del municipio de Chilapa que fueron atacados del 6 al 11 de mayo por el grupo delictivo de Los Ardillos, le dijeron a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez que desconfían del operativo que se desplegó el martes para restablecer la seguridad y la paz en la zona.
Le pidieron que se encargue de la seguridad de manera permanente la Policía Federal que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la que es titular Omar García Harfuch, sin embargo la titular de Gobernación no les dio respuesta.
En declaraciones después de la visita de la funcionaria, el promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Sixto Mendoza Limpia explicó que la desconfianza radica en que el primer día que comenzaron los ataques en la comunidad de Tula, había militares y agentes de la Guardia Nacional pero se retiraron, “por eso decimos que el Gobierno nos abandonó”.
La secretaria de Gobernación y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegaron ayer a esta localidad a las 9 de la mañana y aproximadamente a las 11 se trasladaron a la comunidad de Coatzingo, una comunidad controlada por el grupo delictivo de Los Ardillos.
En Alcozacán aún se encuentran los refugiados de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán que fueron atacados por ese grupo delictivo desde el 6 de mayo pasado.
Mientras en la cancha techada del pueblo aún se encontraba personal de los gobiernos federal y estatal atendiendo a las víctimas de la violencia para incluirlos en programas sociales y en la entrega de despensas, colchonetas, cobertores y atención a la salud, el dirigente indígena declaró en la Casa de la Cultura, que desconfían en el operativo de los gobiernos federal y estatal, y, como consecuencia, se sienten inseguros.
Por ello, a pesar de que desde el martes las autoridades de los tres órdenes de Gobierno les dijeron que pueden regresar a sus comunidades, los desplazados seguían ayer en esta comunidad, y coincidieron en que se sienten más seguros que en sus comunidades a pesar de la vigilancia de los militares y agentes de la Guardia Nacional.
Alcozacán es la sede de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y del Cipog-EZ, a donde acudieron los desplazados de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán a refugiarse tras los ataques del grupo delictivo.

Seis muertos, seis heridos y un número aún no cuantificado de casas incendiadas

Alcozacán se encuentra a unos 30 minutos de Chilapa, la cabecera municipal, y es paso obligado para Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, bastión del grupo delictivo Los Ardillos.
“Por eso tienen interés en controlar estos pueblos, quieren todo el corredor desde Chilapa hasta Hueycantenango”, explicó el dirigente indígena.
Mendoza Limpia informó que el recuento de los seis días de ataques son seis muertos, seis heridos, y un número aún no cuantificado de casas incendiadas.
De los desplazados contó que no se puede confirmar una cifra precisa porque no todos llegaron a refugiarse a Alcozacán, “algunos salieron huyendo por los cerros y no se sabe dónde andan, otros se fueron a Chilpancingo, e incluso algunos se fueron a Estados Unidos donde están solicitando asilo al Gobierno de aquel país”.
Reconoció: “La verdad no sabemos cuántos sean, porque no todos se vinieron a refugiar aquí, pues otros, por el miedo, se salieron a otros lugares”. Informó que una cifra preliminar de los que están en Alcozacaán es de entre 200 y 300.
Contó que los atacantes eran más de 100 hombres “desconocidos; no sabemos de qué grupo sea”, dijo evitando señalar directamente al grupo delictivo de Los Ardillos, como ya lo ha conformado el Gobierno federal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, ha dicho la violencia en esas comunidades es por la confrontación entre este y el grupo criminal de Los Tlacos.
“El chiste es que los que nos atacaron venían bien armados los señores, traían armas parecidas a las de los militares y los pobladores están atemorizados porque este grupo actuó como terrorista; venían con equipo del Ejército, armas y uniformes”.
Dijo que por eso no confían en el operativo que llegó el martes integrado por militares y agentes de la Guardia Nacional, y le pidieron a la Secretaría de Gobernación que venga “la policía de Omar García Harfuch”.
Además, le solicitaron en la reunión que el Gobierno federal dé acompañamiento a los desplazados, “para ir a ver sus pertenencias, quieren ver si todavía existen o ya no, porque muchas casas fueron incendiadas y saqueadas”.
Por separado, una de las víctimas argumentó que no quieren ir solos a sus comunidades a ver sus casas porque tienen miedo, “no queremos volver a sentir ese terror”, dijo una de las desplazadas.
Además, según otra de las víctimas, no tienen ni para la gasolina, “pues todo está vacío aquí, ya se acabó todo, las tiendas ya están vacías”.
El dirigente del Cipog-EZ declaró que independientemente de la violencia que sufren por el

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grupo delictivo, los pueblos indígenas de esa zona se sienten estigmatizados, pues desde el 2010 que se fundó el sistema comunitario, los señalaron de pertenecer al grupo delictivo de Los Rojos, “y ahora nos señalan de pertenecer a otro grupo (el de los Tlacos)”, dijo en referencia al señalamiento del secretario García Harfuch.
Sin embargo negó el señalamiento, “nosotros como pueblos indígenas las autoridades, somos designadas en asambleas. Si dicen que aquí hay grupos criminales que vengan y los detengan”.
Aseguró: “Aquí nadie se anda escondiendo porque el pueblo los pone a trabajar al servicio del pueblo”.
Durante la reunión de ayer los funcionarios de los gobiernos federal y estatal les llevaron despensas, colchas y cobertores para los desplazados, pero Mendoza Limpia declaró que la ayuda es insuficiente, “nomás nosotros los de Alcozacán necesitamos mínimo tres mil despensas”, y reprochó que ayer les llevaron “nomás poquitas para los desplazados de las otras tres comunidades”.
Dijo que en respuesta a su señalamiento de que desconfían del operativo que llegó el martes, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, les garantizó que tendrán seguridad en todas las comunidades donde opera la CRAC-PF y el Cipog-EZ, pero insistió en que no hay confianza en los integrantes del operativo.
“Los vecinos de los pueblos y víctimas le insistieron que quieren la policía de García Harfuch y que el operativo sea permanente, que después no vayan a decir que la mandaron por un tiempo, aquí tienen que quedarse hasta que se calme la violencia del otro grupo”.
Indicó que también pidieron que visite esta localidad el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, “para ver si de veras se está cumpliendo y se protege a la ciudadanía”.
El dirigente indígena recriminó que no hubo un compromiso formal y preciso de que ya no van a impedir que el grupo delictivo los vuelva a atacar, “ellos solamente dijeron que la seguridad va a estar permanente, esperemos que cuando menos con eso nos cumplan, porque hay veces que vienen por un rato, y ahora queremos que cumplan con la protección de los derechos de los indígenas”.
“No sabemos si hay desplazados allá o quien los desplazó, nosotros como pueblo indígena en ningún momento vamos a otras comunidades a agredir a nadie, ni actuamos donde no nos pertenece, ¿cómo vamos a entrar a una comunidad que no es nuestra?, no sabemos por qué dicen que hay desplazados allá”.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Reyna Venancio, de 85 años, caminó más de dos horas por brechas accidentadas en el cerro desde Tula hasta Alcozacán la tarde del 6 de mayo, cuando comenzó el ataque a su comunidad. Ayer, ocho días después, su futuro era de incertidumbre, dijo que no sabe si va a poder regresar a su pueblo, de donde fue desplazada y lo dejó todo.
Lidia, de 23 años, es otra de las desplazadas por la violencia. Originaria de Xicotlán, acompañada de su madre de 54 años y enferma de diabetes, pidió ayer a los funcionaros federales y estatales que llegaron a Alcozacán, que le den acompañamiento para venir a refugiarse a Chilpancingo, porque ya no quiere regresar a su pueblo, pero le dijeron que espere la respuesta hasta el jueves de la próxima semana.
Reyna y Lidia son dos de las víctimas de los ataques del grupo delictivo de Los Ardillos y que se encuentran refugiadas en Alcozacán, en donde viven de la ayuda humanitaria de los vecinos, pero no saben por cuanto tiempo.
Reyna, enferma y de avanzada edad, salió sin nada de su casa; “sin ropa y sin comer, así nos salimos ya oscureciendo y se nos hizo noche en el monte, yo ya no podía caminar, traía hinchados los pies”, contó.
Dijo que la tarde del 6 de mayo apenas estaban haciendo la comida, “pero ya no comimos, nos salimos corriendo, fueron los vecinos y nos dijeron: sálganse y váyanse, yo no quería dejar mi casa, pero a ver, con miedo salí con mi hermano, mi cuñada y con otra hermana, nos unimos todos para venirnos y ahora andamos sufriendo hambre acá, sin dinero, sin nada”.
–El Gobierno dice que ya les mandó seguridad, ¿por qué no regresan a su pueblo?
–Sí, pero allá están ellos, no les hicieron nada yo creo, -dijo en referencia al grupo agresor.
–¿Tiene miedo de regresar?
–Sí, si tengo miedo.
–¿Hasta cuándo va a regresar?
–Como que ya no queremos, porque da bastante miedo, pero, también, ¿a dónde vamos a ir?, ya nos sitiaron todo; están para allá abajo, de aquel lado, por este lado y por éste lado también–, dijo señalando los cuatro puntos cardinales.
–O sea, ¿usted no se siente segura ni aquí, en este pueblo?.
–Pues no, además no tenemos familia aquí, nomás algunos de aquí que nos hacen el favor de estar afuerita de sus casas, así la vamos pasando, pero ya no queremos regresar por tanto miedo.
–¿Ante esta situación que está viviendo, que le pide al Gobierno?
–Que estemos seguros, que estemos más bien, según nos dicen que sí, pero quién sabe… quién sabe–, respondió en referencia a la respuesta indiferente de los funcionarios que llegaron ayer en Alcozacán.

Una zona devastada

Reyna fue una de las desplazadas que ayer les dijo a los funcionarios que encabezaron una asamblea, entre ellas la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado que “tiene bastante miedo”. Dijo que los que atacaron su pueblo le quemaron su casa, su troje de maíz y todo lo que había adentro.
En Tula, de donde es Reyna, se observan algunas casas incineradas en su totalidad. En la entrada del pueblo un caballo yacía ayer tirado en uno de los patios muerto, tal vez por una bala perdida.
En otras casas del fondo, hay cerdos, pollos y perros en los patios en espera de sus dueños y de comida.
Entre llano incontenible, Lidia, de Xicotlán, una localidad que se encuentra a unos 500 metros de Tula, a orillas de la carretera Chilapa-Hueycantenango, dijo que su familia aguantó la balacera la tarde y noche del 6 de mayo, también al día siguiente, “y ya ni recuerdo qué día nos salimos en la noche, pero fue cuando escuchamos que ya venían más cerca tirando; se escuchaban disparos y explosiones, venían quemando el cerro y las casas, por eso nos espantamos mucho y mejor nos venimos para acá”.
Contó que los días que estaban encerrados en su casa, durante los ataques, no comieron porque no podían salir a cocinar en el bracero.
Después que se salieron con su madre enferma de diabetes y con los pies hinchados, no podía caminar, “veníamos muy despacio, a veces cayéndonos en las barrancas y en el monte, de noche”.
Lidia pidió a los funcionarios que llegaron ayer a Alcozacán que la saquen de aquí, “ya no queremos vivir en nuestro pueblo porque siempre ha pasado así, pero nunca nos habían sacado, hasta ahora que nos sacaron de nuestra casa, nos salimos sin nada, sin ropa, todo dejamos en nuestra casa y no sabemos si la quemaron o no”, contó entre sollozos.
Explicó que ella no puede salir sola de aquí por su madre enferma y que no pude caminar, “por eso quiero que nos ayuden, que nos saquen, que nos lleven a Chilpancingo, ya no queremos vivir en nuestro pueblo porque ya no podemos ir a comprar a Chilapa, ¿qué vamos a comer si regresamos ahí?
Sin embargo, un funcionario al que le pidió que le ayude a salir a Chilpancingo no le respondió, “nomás nos pidió nuestro nombre y nos anotó en una lista”. Agregó que otro le dijo que espere hasta el jueves de la próxima semana, “pero ¿cómo voy a esperar tanto tiempo si mi mamá está enferma y no la puedo sacar a curar porque le duelen sus pies?, no tenemos ropa, no tenemos donde bañarnos, no tenemos nada”.
Su pueblo, Xicotlán, se encuentra a orillas de la carretera Chilapa-Hueycantenango, a unos 20 minutos de Chilapa y a 10 de Alcozacán. Ahí todas las casas se encuentran cerradas y abandonadas después de los seis días de ataques del grupo delictivo.
Frente a la Comisaría municipal, donde el lunes se encontró un cadáver tras las balaceras y ataques con explosivos que lazaron con drones, hay solo dos patrullas de la Guardia Nacional que vigilan el pueblo.
En el tramo de la carretera Chilapa a Alcozacán, sólo otras dos patrullas de la Guardia Nacional se vieron en el entronque hacia la población de El Jagüey, y dos más se vieron en Colotepec, una comunidad bajo el control de Los Ardillos que está adelante de Tula y de donde en otras ocasiones han ocurrido ataques tanto a Tula como a Xicotlán.
A las dos de la tarde de ayer, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, los reporteros escucharon disparos a lo lejos, en los cerros que rodean a ambas localidades, lo que los obligó a salir de inmediato del lugar.
El grueso de militares, guardias nacionales y policías estatales, en cambio, acompañaron al convoy de funcionarios del gobierno federal que iban con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quienes visitaron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo.

Un fuerte accidente automovilístico ocurrió la tarde de este miércoles sobre el bulevar Aeropuerto-Zihuatanejo en la zona costera oriente de este municipio, dejando una persona lesionada y la pérdida total de un vehículo compacto.
El percance ocurrió en el retorno conocido popularmente como El crucero de la muerte, cuando un automóvil Volkswagen tipo Jetta blanco de modelo atrasado se impactó de manera aparatosa contra la parte trasera de un camión tipo tolva, que transportaba materiales.
Debido a la fuerza del golpe, la parte frontal del vehículo quedó completamente destrozada, dejando al conductor atrapado entre los fierros retorcidos.
Al lugar arribaron rescatistas de Protección Civil y Bomberos de Zihuatanejo, quienes realizaron maniobras de rescate para liberar a la víctima.
Paramédicos de la corporación brindaron los primeros auxilios en el sitio y posteriormente trasladaron al herido a un hospital cercano para su atención médica; su estado de salud se reporta como reservado.
La zona fue resguardada por agentes de la Guardia Nacional división Caminos y de Tránsito municipal, quienes coordinaron el flujo vehicular para evitar otro incidente, mientras una grúa realizaba las labores para retirar la unidad siniestrada.
Este percance que paralizó por varios minutos la circulación en esta importante vía de comunicación. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que pidió de manera directa al Departamento de Estado de Estados Unidos la extradición de dos personas, relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En la conferencia matutina la presidenta dijo que hay casos en los que México ha solicitado a Estados Unidos la detención de personas con investigaciones, pero que les han pedido pruebas al respecto.
“Hay muchísimos casos donde nosotros hemos pedido la detención de personas que tienen abiertas investigaciones en México y Estados Unidos nos ha dicho, en el marco de nuestras leyes necesitamos pruebas. Les voy a dar un caso, el caso que personalmente le pedí al Departamento de Estado, del caso Ayotzinapa de dos personas”, comentó.
La semana pasada reclamó que Estados Unidos no había respondido a la solicitud de México sobre la extradición de dos personas relacionadas con la desaparición, aunque no precisó los nombres de los involucrados. En septiembre, Sheinbaum se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y le externó la petición, misma que no se ha cumplido.
El nombre de José Ulises Bernabé García, quien era director de barandilla municipal de Iguala cuando desaparecieron los normalistas, es uno que padres y madres de los 43 han repetido en la exigencia de su extradición, el señalado tiene asilo en Estados Unidos. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Alejandro Guerrero

Iguala

La Fiscalía General del Estado (FGE), difundió la tarde de ayer una ficha de búsqueda por la desaparición de un joven de 27 años, ocurrida el viernes de la semana pasada en Teloloapan.
Mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), compartió ayer las fichas de búsqueda de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) de cuatro víctimas de este delito en Iguala y una de Cocula, de casos ocurridos entre 2012 y 2018.
A la 1:50 de la tarde de ayer se difundió la ficha HVAGRO/096/2026 del programa de búsqueda ¿Has visto a…?, en la que se reporta la desaparición del joven José Emmanuel Castro Hernández, de 27 años, visto por última vez el pasado viernes 8 de mayo en Teloloapan.
De acuerdo con la información, la denuncia por la no localización de este muchacho fue presentada este miércoles que se difundió la alerta de búsqueda en la que se describe que José Emmanuel es moreno claro, de ojos café oscuro, cabello negro, corto y lacio, y mide 1.70 metros de estatura.
Como señas particulares tiene cicatrices oscuras en los dos pómulos, en el tabique nasal y en el párpado del ojo izquierdo, así como un tatuaje de una imagen borrosa color azul obscuro en el brazo derecho cerca del hombro.

Otros casos

Por otra parte, ayer la CEBP compartió en su página oficial de Facebook las fichas de búsqueda de víctimas de desaparición de las que sus denuncias han sido presentadas ante la FGR.
Entre las víctimas aparecen Cirila Solano Basave, desaparecida cuando tenía 47 años y su hija Reyna Itzel Segura Solano, desaparecida cuando tenía 23 años, ambos casos ocurridos en Iguala el 7 de noviembre de 2017.
La joven actualmente tendría 32 años; mide 1.55 metros de estatura, es morena clara de ojos café oscuro. Entre sus señas particulares tiene tatuajes en la espalda y tobillo izquierdo, y una cicatriz en el abdomen, mientras que su mamá tendría 56 años, es de tez morena clara, mide 1.56 metros de estatura y como señas particulares también se indica que tiene tatuajes en la espalda alta y brazo izquierdo, así como una cicatriz en el abdomen.
Asimismo, Javier Serrano Ojeda, desaparecido en Iguala el 15 de septiembre de 2018 cuando tenía 52 años. Como seña particular tiene diversas cicatrices en la cara, mide 1.58 metros de estatura, es de tez morena y de cabello ondulado entrecano.
Otro caso es el del joven Jaime Mora Catalán, desaparecido en esta misma ciudad el 23 de mayo de 2016 a la edad de 26 años. Como señas particulares tiene un tatuaje en un dedo de la mano izquierda, así como cicatrices en las dos espinillas y en la rodilla izquierda; él es de tez morena clara, de cabello lacio negro y mide 1.78 metros de estatura.
Entre estos casos también está el de Norma Murguía Román, desaparecida en el municipio de Cocula el 3 de noviembre de 2012 a la edad de 38 años. En su ficha de búsqueda se indica que en la actualidad tendría 52 años, mide 1.55 metros de estatura, es de tez morena clara, ojos cafés oscuro y cabello ondulado negro.

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Médicos, profesionistas y habitantes del edificio Alameda, ubicado en la zona centro de este puerto, denunciaron que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, (CAPAZ), pretende imponerles un “doble cobro” por el suministro de agua.
Ante la falta de respuesta de las autoridades municipales y el retiro del medidor general, los afectados anunciaron que realizarán una manifestación este jueves en las oficinas del organismo operador.
Yamil Laurel Valencia, uno de los inconformes, explicó que a pesar de que cada consultorio, oficina y departamento cuenta con un contrato individual y su propio medidor, estando todos al corriente con sus pagos, la CAPAZ insiste en cobrar también una cuota excesiva por la toma general que surte a la cisterna del inmueble.
“Nos cobran por el acceso general y nos cobran a cada consultorio y departamento, todos vamos al corriente y aun así se llevaron el medidor de la bomba que nos suministra, no tenemos agua a pesar de que estamos pagando”, reprochó el médico.
Por su parte, el administrador del edificio señaló que el problema radica en que el organismo cobra consumos “promediados” que no corresponden al real.
Detalló que mientras un consultorio consume lo equivalente a un tinaco al mes, la CAPAZ les factura el costo de una o dos pipas en metros cúbicos.
Explicó que el edificio Alameda opera bajo un régimen condominal, donde ellos mismos se encargan del mantenimiento, reparación de bombas y el pago de la energía eléctrica para subir el agua a los niveles superiores, pues la red de la CAPAZ no tiene la presión suficiente para abastecer hasta el quinto nivel.
“Es un cuento de nunca acabar, hablan de un desglose, pero nunca hay un desglose real. Al medidor general no le quieren promediar lo justo y a los consultorios les cobran de más, es un pleito que viene de administraciones pasadas y no hay resolución”, lamentó el administrador.
Ante lo que consideran un abuso de autoridad y una falta de gestión por parte del gobierno municipal, los afectados convocaron a la prensa y a los demás usuarios afectados a una manifestación, que se llevará a cabo este jueves a partir de las 10:30 de la mañana en las instalaciones de la CAPAZ.
Advirtieron que no desistirán hasta que se respete el pago individual de sus contratos y se detenga el cobro duplicado.

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Miembros de la asociación civil Justicia y Verdad para los Otros Desaparecidos de Iguala iniciaron una jornada de búsqueda de fosas clandestinas en inmediaciones de la colonia Los Laureles, asentada en la parte baja del Cerro Gordo, al poniente de esta ciudad, sin que hasta este miércoles hayan tenido resultados positivos.
Esta primera jornada de búsqueda en campo por parte de este colectivo en lo que va de este año inició el lunes y concluye el viernes, en la que tienen el acompañamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) y las comisiones de Búsqueda de Personas nacional y estatal, con resguardo de un numeroso grupo de agentes de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal.
La activista y presidenta de la asociación, Adriana Bahena Cruz informó este miércoles vía telefónica que la jornada de búsqueda de posibles fosas clandestinas se desarrolla en un paraje cercano a la colonia irregular Los Laureles, en la que han recibido denuncias anónimas de la posible inhumación de personas.
Este asentamiento se ubica en la parte baja del Cerro Gordo, también conocido como Cerro Grande, frente a la colonia Loma de Coyotes, cerca de la carretera federal a Ciudad Altamirano, sitio en el que desde 2010 hay reportes de desaparición de personas en retenes que eran instalados en esa zona por agentes de la Policía Municipal coludidos con el crimen organizado.
De acuerdo con la activista, en estos primeros tres días de acciones de búsqueda, en los que se han hecho excavaciones en pozos de sondeo en posibles fosas clandestinas, los resultados han sido negativos en la localización de restos humanos o indicios que ayuden a localizar a sus familiares víctimas de este delito. (Alejandro Guerrero / Iguala).

La Secretaría de Salud federal reportó un nuevo caso en Guerrero de gusano barrenador en humanos, en el boletín epidemiológico del 26 de abril al 2 de mayo, con el que ya suman 21 desde febrero.
El documento, publicado el martes, expone que en 15 entidades la dependencia ha confirmado 282 pacientes con miasis por cochliomyia hominivorax, 164 de ellos en 2026 y 118 en 2025. Por los 21 casos, Guerrero ocupa el quinto lugar nacional, al considerar el total en ambos años, y el tercero si sólo se toman en cuenta 2026.
Chiapas concentra la mayor cantidad de personas afectadas, con 125 desde el año pasado, el 44.3 por ciento nacional, y las 21 de Guerrero representan el 7.4 por ciento.
Por otra parte, los datos actualizados al martes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) indican que los casos que ha confirmado, en distintas especies en la entidad, ya son 887. 32 más que el lunes de la semana pasada, mientras que los animales que cursan la enfermedad son 44. (Yee Trujillo).