La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió la ficha de búsqueda por la desaparición de Antonio Albarrán de 30 años, ocurrida el viernes pasado en esta ciudad.
De acuerdo con la ficha con folio HVAGRO/091/2026 de la alerta ¿Has visto a…?, Antonio Albarrán Velázquez fue visto por última vez el pasado 1 de mayo en esta cabecera municipal.
La denuncia de la desaparición fue presentada este lunes y en ella se indica que como seña particular tiene cicatrices por quemaduras de aceite de cocina en ambos brazos.
Antonio tiene 30 años, es moreno, de ojos café oscuro, de cabello negro, corto y lacio, y mide 1.62 metros de estatura. Hasta el cierre de esta edición la alerta de búsqueda se mantenía activa y se desconocía de su paradero. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Redacción

Ayer en la mañana los restos de dos hombres en bolsas negras fueron tirados a orillas de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en la comunidad El Papayo, municipio de Coyuca de Benítez, y un ataque armado en un palenque de gallos en la comunidad de Las Lajas, municipio de Copala, dejó cuatro personas heridas por disparos de arma de fuego.
El hallazgo en Coyuca de Benítez fue reportado alrededor de las 7 de la mañana cerca de la entrada a la localidad. Autoridades acudieron al sitio donde encontraron los restos de al menos dos hombres dentro de bolsas negras de plástico.
Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizaron las diligencias y los restos de los cuerpos humanos fueron llevados al Servicio Médico Forense sin que fueran identificados.
La zona se ha convertido en un tiradero clandestino de cadáveres de víctimas asesinadas con violencia.
El lunes de la semana pasada en el mismo lugar fue encontrado el cadáver de un hombre ejecutado a balazos. La víctima sólo vestía un short deportivo, estaba semidesnudo, era un hombre.
El 19 y 20 de enero fueron dejados los cuerpos de dos varones, uno de ellos envuelto en bolsas negras.
El 16 de noviembre pasado las autoridades encontraron los cadáveres de tres hombres asesinados a balazos entre las comunidades El Zapote y El Papayo, a orillas de la carretera federal.
La comunidad El Papayo se ubica a media hora de la cabecera de Coyuca de Benítez, un municipio con presencia de células del crimen organizado.

En Copala

Un ataque armado en un palenque de gallos en la comunidad de Las Lajas, municipio de Copala, dejó al menos cuatro personas lesionadas por disparos de arma de fuego.
La agresión armada se habría registrado a las 7 de la noche cuando se realizaban peleas de gallos en la comunidad Las Lajas, Copala, en la Costa Chica, reportaron medios de la región.
Según datos recabados por los medios, hombres con fusiles de asaltó irrumpieron en el lugar y atacaron a los presentes.
Se confirmó que al menos cuatro personas, entre ellas dos mujeres resultaron lesionadas por los disparos de armas largas.
De manera extraoficial se manejó a una persona muerta, sin embargo, cuando acudieron las autoridades no hallaron a las víctimas y el lugar fue abandonado.
Las personas heridas fueron trasladadas a distintas clínicas de Copala y del poblado vecino de Marquelia.
La comunidad de no más de 500 habitantes, se ubica cerca de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
En la víspera, un hombre fue asesinado a balazos en un derby de gallos que se realizaba en el barrio El Panteón, en la cabecera municipal de Igualapa, también en la Costa Chica.

Alejandro Guerrero

Iguala

Este lunes se cumplieron cinco días desde que la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de la Policía Municipal de Taxco están acéfalas, tras la repentina destitución del capitán del Ejército, Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, y sin que el gobierno municipal haya informado la causa de su destitución.
El jueves de la semana pasada distintas fuentes de El Sur confirmaron la destitución del capitán Ofelio Aguilar, así como del director de la Policía Municipal, el agente de la Policía Estatal Santiago Medina Mora, y tres efectivos más de su equipo de confianza, quienes asumieron el cargo desde el 31 de octubre de 2024, por recomendación del gobierno estatal.
El despido de los mandos policiacos, sin aparente justificación, se dio a poco más de dos semanas del secuestro del médico Juan Vega Arredondo, director del hospital General Adolfo Prieto y padre del alcalde, y la posterior desaparición por casi 12 horas del alcalde Juan Andrés Vega Carranza (Morena), cuando intentaba negociar liberar a su progenitor.
Ambos fueron liberados alrededor de las 3 de la tarde del lunes 13 de abril en el municipio de Zacualpan, Estado de México, y de ahí trasladados vía aérea al cuartel del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Hasta la tarde de este lunes el alcalde morenista Juan Andrés Vega Carranza ni su gobierno habían informado de manera oficial el cese de los mandos policiacos ni la causa, como tampoco quienes los relevarán.
Una fuente consultada del gobierno estatal confirmó este lunes que no han sido nombrados los nuevos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública ni de la Dirección de la Policía Municipal, y se espera que este martes se realice el trámite del proceso de entrega y recepción con la posible presencia del mando militar despedido, Ofelio Romualdo Aguilar Carmona.
En medio del hermetismo institucional, ha trascendido la versión de que la destitución de Aguilar Carmona y su equipo de confianza, quienes habían desempeñado un buen papel en sus áreas, estaría relacionado con un posible acuerdo logrado por el alcalde Vega Carranza con miembros de la organización criminal La Familia Michoacana, que fueron los que secuestraron a su padre la mañana del sábado 11 de abril, y que dos días después lo obligaron a negociar personalmente.
En los últimos días surgió una nueva versión, de que la madrugada del lunes 13 de abril, cuando el alcalde desapareció, miembros del grupo delictivo habrían ido hasta su casa por él, y no como se dijo en un principio que él se desplazó a las afueras de Taxco para reunirse con los plagiarios de su padre y que de ahí se lo llevaron.
El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros -quien el 31 de octubre de 2024 presentó al capitán Aguilar Carmona junto con el secretario de Seguridad Pública estatal Josué Barrón Sevilla- afirmó desconocer esta versión de un presunto acuerdo con La Familia Michoacana para lograr el rescate con vida del padre del alcalde y de él mismo, y afirmó que era algo que se tenía “previsto”.
“Todo es parte de las acciones que se están haciendo para mejorar la atención que se le está dando a este municipio (Taxco), es algo que se tenía previsto y es parte de un protocolo que se está siguiendo”, dijo el domingo el funcionario con funciones de vocero del gobierno estatal en declaraciones a El Sur, aunque la medida es contradictoria al mover a un mando que había mejorado la percepción de seguridad en el pueblo mágico que viene de una crisis de inseguridad en la administración de Mario Figueroa Mundo.

 

Redacción

Las dos mujeres que fallecieron y las otras dos personas lesionadas luego de que la camioneta en que viajaban cayó al fondo del cauce de concreto del río Huacapa en Chilpancingo fueron identificadas por sus familiares.
El domingo a las 7:20 de la mañana, autoridades recibieron el reporte de una volcadura de un vehículo en el bulevar del Huacapa, frente al Hospital del Niño y la Madre Guerrerense, al sur de la ciudad capital.
Una camioneta pick up marca Chevrolet blanco quedó con las llantas hacía arriba en el cauce del río Huacapa.
En el lugar, informaron las autoridades, dos mujeres murieron por los golpes al momento de caer de al menos ocho metros de altura.
Ayer se informó que una tercera mujer identificada como Hilda de 38 años presentó diagnóstico de policontundida (lesiones que involucran órganos y sistemas), y probable fractura en la parte superior del cráneo.
También resultó con traumatismo craneoencefálico (lesión física en el tejido cerebral por impactos) un hombre de 35 años, que ayer fue identificado como Genaro N.
En el Semefo familiares identificaron a las víctimas mortales. Se trata de Janeth N de 35 años, originaria de Chilpancingo, y Yessica N de 47 años, oriunda de Acapulco.
La causa de muerte fueron severas lesiones producidas por golpes en diferentes partes del cuerpo.

Carmen González Benicio

Tlapa

La comunidad de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, en la Montaña, permanece sitiada por hombres armados que disparan sus armas largas o envían drones sobre sus habitantes sin quedar claros los motivos del hostigamiento.
En los últimos meses se han agudizado estos ataques, el más reciente fue este domingo 3 de mayo, a las 11:30 de la noche, las familias se resguardaron en sus casas, los niños y niñas lloraban ante el temor de alguna incursión, informaron pobladores al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El lunes desde temprano, dijeron, siguieron los balazos desde los cerros, a un kilómetro del caserío, donde los civiles armados se encuentran atrincherados con armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, los cuales siguieron hasta la tarde.
Ante estos ataques recurrentes, el primero de mayo 10 comisarios que son parte del núcleo agrario de Huitzapula solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que desarticule los grupos delincuenciales de la zona.
Plantearon en 15 puntos una base permanente del Ejército en el centro de Huitzapula, recorridos en las carreteras, programas sociales, obras, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud, construcción de un banco de Bienestar, creación del municipio de Huitzapula y el reconocimiento y respeto a la autonomía como pueblo indígena.
En su petición responsabilizaron y señalaron a la policía comunitaria de San Juan Escalerilla, del mismo municipio, de lo que les pase a los habitantes ante las desapariciones y asesinatos que han ocurrido desde hace dos años.
Exigieron agilizar las investigaciones y que se realicen las búsquedas inmediatas de Luis Fernando García Sánchez, oficial del Registro Civil en Zapotitlán Tablas, desaparecido el 10 de septiembre de 2025.
Porque a pesar de que hay presencia del Ejército se necesitan refuerzos de la Marina y la Guardia Nacional, para proteger a la población y la infancia, demandan.
Aunque las autoridades estatales han acudido los pobladores consideran que es insuficiente.

Más de 19 asesinatos en la zona

En la información dada a Tlachinollan narran que desde el 27 octubre de 2024 tienen el registro de más de 19 asesinatos y viven con zozobra por las balaceras y los bombardeos con drones, por lo que no pueden ir a sus siembras al campo ante el temor de ser emboscados.
Consideran que las agresiones se recrudecieron cuando en octubre rechazaron la entrada de la Policía Comunitaria de San Juan y en ese momento la discusión subió de tono y derivó en una balacera en la cancha municipal.
En esa ocasión mataron a los comuneros Germán Pacheco Tapia y Pedro Martínez Mercenario.
El conflicto permanece sin que las autoridades municipales, estatales y federales la atiendan y los muertos continúan, así como la desaparición y homicidio del profesor Abel Albino Torres, considerado en la comunidad como líder social cuyo cuerpo fue encontrado ultimando a balazos en la comunidad de Los Mesones, el 27 de abril.
El sábado 25 en que le perdieron el rastro en la cabecera municipal de Atlixtac se desató un balacera y bombardeo en Huitzapula.
La violencia siguió el 30 de abril afectando el festejo de día de las niñas y niños indígenas.
Los habitantes aseguraron a Tlachinollan que los responsables son quienes se nombran Policía Comunitaria de San Juan Escalerilla, “pero la verdad es que son de la delincuencia organizada y nos quieren someter”.

 

Redacción

Un hombre que golpeó a su ex pareja con una botella de vidrio y amenazó con matarla en Agua Zarca, municipio de Juchitán, en la Costa Chica, fue aprehendido por fuerzas de seguridad estatales y federales, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
Ayer en la tarde la FGE informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Blas “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.
En la detención participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal.
De acuerdo con las investigaciones de la institución los hechos ocurrieron el 14 de abril de 2026 en la localidad de Agua Zarca, cuando el imputado agredió a una mujer y se dio a la fuga.
Se trata de Blas Morales Calleja, quien fue pareja de la víctima por aproximadamente ocho años.
Según las diligencias, el indiciado, bajo los efectos del alcohol y de alguna droga, irrumpió en la vivienda de su ex pareja y la golpeó en la cabeza y en la cara con una botella de vidrio rota.
La amenazó con matarla y la lesionó hasta dejarla casi inconsciente provocando heridas graves en su rostro.
El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de la colectiva Memoria Verdad y Justicia iniciaron este lunes una jornada de tres días de pega de fichas y búsqueda en campo, con motivo de los casi 10 años de la desaparición de Luis Geovany Rodríguez Deaquino, de quien no se sabe nada de su paradero desde el 14 de junio del 2016.
Los integrantes de la colectiva que encabeza la madre buscadora, Socorro Gil Guzmán, iniciaron la colocación de fichas que contienen los datos de sus desaparecidos a las 9:30 de la mañana en los espacios públicos alrededor del centro comercial Mega Soriana, frente a la colonia del PRI y a un costado de las instalaciones de la 35 Zona Militar.
Gil Guzmán informó que la búsqueda se organizó porque el próximo 14 de junio se cumplen 10 años de la desaparición de Rodríguez Deaquino, quien tenía 15 años cuando desapareció.
Ese 14 de junio el menor fue privado de la libertad por hombres armados que se lo llevaron de la colonia del PRD, al poniente de la capital, cuando apenas había salido de su casa e iba a jugar futbol.
La representante de Memoria Verdad y Justicia informó que en éste primer día de la jornada búsqueda realizarían la pega de fichas en los alrededores del centro comercial Mega Soriana, en el centro de la capital y en el Hospital del Bienestar Raymundo Abarca Alarcón.
En tanto que este martes recorrerán las instalaciones del penal de la capital y el miércoles visitarán el Servicio Médico Forense (Semefo).
Explicó que esta es la primera búsqueda en vida que se hace por el caso de Luis Geovany en Chilpancingo, “buscándolo a él los buscamos a todos, vienen varias compañeras, algunas de Veracruz, otras de Guadalajara”, informó.
Recordó que cuando se llevaron a Luis Geovany apenas tenía 15 años y quienes lo privaron de la libertad antes de que llegara a la cancha, fueron hombres armados que iban en una camioneta.
Gil Guzmán informó que a 10 años, los familiares no tienen ningún indicio y que de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) no se conoce ninguna línea de investigación, “no tienen nada completamente”, reprochó.
Lamentó que este, como todos los casos, esté archivado, “y lo único que nos queda a nosotros es seguirlos buscando por nuestra cuenta y seguir exigiendo las búsquedas, “su mamá lo ha buscado desde que se lo llevaron, ha participado en muchísimas búsquedas, ha andado fuera del estado, casi en toda la República mexicana”, contó.
Declaró antes de iniciar la jornada, que cada vez es más difícil para las madres buscar a sus hijos y que desde que los perdieron “no festejamos nuestros cumpleaños, menos el 10 de mayo, fecha que hemos convertido en un día de lucha, de protesta”.
Explicó que cada vez se les dificulta y les cuesta trabajo realizar búsquedas en campo por los riesgos a la violencia y porque las instituciones cada vez les niegan mas las autorizaciones, “sobre todo ahorita que se acerca el mundial de futbol, porque sabemos que los recursos los ocupan para las actividades que para el Gobierno son prioridad, como lo es el mundial, el arreglo de calles para que la gente que viene de fuera encuentren limpio y bonito, “y a nosotros nos hacen a un lado, como siempre, nos minimizan y con ello nos revictimizan”.

El comisario municipal de Santa Rosa, en la parte alta de la sierra del municipio de Coahuayutla, Gabriel Valle Trejo, manifestó que la escasez de agua es ya una realidad crítica, debido a la deforestación de los bosques en esa parte del municipio y la falta de conciencia en las quemas agrícolas.
Por ello, Valle Trejo urgió a la Comisión Nacional Forestal, (Conafor) y al gobierno federal a retomar los apoyos para la conservación forestal.
Este lunes, vía telefónica, Valle Trejo lamentó que a pesar de que los efectos del daño ambiental son visibles para todos, muchos productores persisten en prácticas nocivas, “uno no tiene precaución al quemar. Yo tengo más de dos años que no quemo, yo limpio, dejo que llueva, que nazca la nascencia, fumigo, fertilizo y las maiceras se ponen bonitas. Eso es lo que debemos hacer, pero no tenemos esa consciencia, aunque vemos que nos perjudicamos”.
Dijo que esta falta de responsabilidad y de respeto hacia la tierra, “es lo que cada año nos está afectando más por la falta de agua que no sólo afecta a nosotros y a nuestros animales, sino también a los animalitos del monte. Nos afecta a todos los seres vivos, pero eso muchos compañeros no lo entienden y siguen quemando sus parcelas sin cuidar el fuego. Tanta quemadera nos está dejando sin agua, cada año es más difícil sobrellevar la temporada de secas”.
El campesino recordó que hubo una época en la que, a través de la Unión de Ejidos, lograron mantener la sierra libre de incendios forestales durante años; sin embargo, señaló que el abandono institucional fue el detonante del retroceso ambiental en esa zona del municipio, “nomás nos quitaron el apoyo que nos daba el gobierno y ya la gente ya no quiso, empezó a quemar y a talar los montes”.
Asimismo, el comisario hizo un llamado directo a la Conafor para que deje de ser una figura ausente y baje la información a los núcleos agrarios.
Exigió que se manden comunicados oficiales a los ejidos y comisariados, especificando las horas exactas y los protocolos de quema, pues la falta de guía técnica está provocando que los siniestros se salgan de control.
Gabriel Valle subrayó que la preocupación no es sólo local, sino de todos los habitantes de la parte alta, “vamos por toda la sierra, no nada más por lo personal, por toda la sierra y todos mis compañeros”, al tiempo que pidió a la población de esa parte del municipio de Coahuayutla a mantenerse informada ante los tiempos difíciles que se avecinan por el estiaje. (Brenda Escobar /?Zihuatanejo).

Alejandro Guerrero

Iguala

Al cumplirse 16 días de la desaparición de los siete campesinos de la comunidad de Apanguito, Atenango del Río, y la detención de dos presuntos implicados en el crimen, entre ellos el comisario municipal, Cornelio Alcocer Godínez, no han sido localizados y las búsquedas de las autoridades ya fueron suspendidas, denunció un familiar de las víctimas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó el miércoles de la semana pasada mediante un boletín de prensa que dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Cornelio y Samuel, “por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares”, sin que haya dicho que el primero es el comisario de la comunidad de Apanguito, donde ocurrió la desaparición el 18 de abril.
Informó que, de acuerdo con sus investigaciones realizadas en el municipio de Atenango del Río, “los detenidos presuntamente se encuentran relacionados con hechos ocurridos en abril donde habrían participado en la desaparición de las víctimas”.
Un familiar de los desaparecidos informó este lunes que los detenidos no han querido decir nada, por lo que sus familiares no han sido localizados. Confirmó que Cornelio Alcocer es el comisario municipal de la comunidad, y Samuel es “su mano derecha”.
La fuente consultada contó que en la Feria de la localidad de Apanguito celebrada entre el 20 y 22 de marzo pasado, el comisario Cornelio Alcocer amenazó con un arma (pistola) a dos de los siete desaparecidos en plena fiesta y ante la mirada de decenas de testigos, hecho por el que se le estaría relacionando con su desaparición.
Asimismo, informó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno ya suspendieron las búsquedas y solo son los familiares, principalmente mujeres, quienes continúan las búsquedas, pero sin que hasta este lunes se sepa de su paradero o se haya localizado alguna señal o indicio de vida de ellos.
Informó que tampoco han recibido alguna llamada para pedirles algún rescate por la liberación de sus familiares, por lo que han descartado que se trate de un secuestro.
Contó que a pesar del miedo que tienen este lunes un grupo de familiares volvería a salir a los cerros a realizar una búsqueda sin la ayuda ni acompañamiento de las autoridades, pero al final se suspendió. Además, se han topado con la apatía de los vecinos de esta comunidad, posiblemente por temor a represalias.
No descartó una movilización en Chilpancingo en la sede de la Fiscalía General del estado (FGE), para que agilicen las investigaciones y que se retomen los operativos de búsqueda para encontrar a sus familiares.
Los desaparecidos son: los hermanos Mario y Asunción Bello Escamilla, de 57 y 41 años, así como los dos hijos del segundo, Diego y Valente Bello Agustín, de 19 y 18 años; asimismo, los hermanos Cristóbal y Eriberto Pineda, de 40 y 38 años, y el primo de estos dos últimos, Sebastián Riquelme Escamilla, de 23 años.
La última vez que se les vio fue alrededor de las 5 de la tarde del 18 de abril luego de que salieron de sus casas para irle a dar agua a sus caballos en el paraje La Cueva, en la comunidad de Apanguito, zona en la que fueron hallados indicios de violencia, forcejeo, manchas de sangre, casquillos percutidos y dos motocicletas abandonadas, según informó el alcalde Emmanuel Guevara Cárdenas (PT) en un comunicado de prensa.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades municipales y agrarias de al menos 14 pueblos de los municipios de Chilpancingo y de Leonardo Bravo (Chichihualco), denunciaron que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha cumplido ninguno de los acuerdos que firmó con ellos el 12 de marzo, después del bloqueo a la Autopista del Sol y a la carretera México-Acapulco.
El 12 de marzo, más de mil vecinos de 16 comunidades de los municipios de Chilpancingo y Leonardo Bravo bloquearon durante nueve horas, de las 10:30 de la mañana a las siete de la noche, la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, luego de siete días de que habían tenido cerradas las válvulas del sistema de agua potable de Omiltemi, que surte a la capital.
En su protesta, los campesinos demandaron obras sociales y servicios públicos, sobre todo la pavimentación de carreteras.
Como resultado del bloqueo, los comisarios municipales y autoridades de los núcleos agrarios de los 16 pueblos se reunieron la noche de ese 12 de marzo con la gobernadora Evelyn Salgado, en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
En un oficio de fecha 8 de abril, enviado a la gobernadora Salgado Pineda, las autoridades de 14 de los 16 pueblos que protestaron ese día, le recuerdan que se comprometió a incluirlos al programa de caminos artesanales; la rehabilitación del camino Amojileca-Xocomanatlán; la rehabilitación y el acondicionamiento del tramo Omiltemi-La Soledad-Las Joyitas; la continuidad de la pavimentación del entronque de Amojileca-San Vicente y el crucero de Huacalapa-El Fresno.
Señalan que la gobernadora también se comprometió a construir el puente de la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, así como el encauzamiento del río de la comunidad Omiltemi y un muro de contención en la localidad San Vicente.
En cuanto al sector educativo, agregan que se comprometió a la construcción de dos aulas de la primaria Miguel Hidalgo, de Omiltemi; la verificación técnica y, en su caso, la reparación de daños en la telesecundaria Juan N Álvarez, de San Vicente; el techado de la cancha de la primaria Emiliano Zapata, de la localidad Las Joyitas; la rehabilitación de aulas en la técnica 48 Leonardo Bravo, de Jaleaca de Catalán; la remodelación de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, de Chautipan; la verificación técnica y, en su caso, reparación de daños en la primaria Emiliano Zapata, de Coapango; la reconstrucción de aulas en la primaria Juan N Álvarez de la localidad Tierra Colorada.
La mandataria estatal también firmó el compromiso de mandar un maestro para las telesecundarias de las localidades Tierra Colorada y San Vicente.
En cuanto al sector salud, las 14 comunidades pidieron la construcción de un hospital de primer nivel en Jaleaca de Catalán y un médico que cubra los fines de semana en el centro de salud de San Vicente. Asimismo, jornadas médicas para las localidades de Las Joyitas, La Soledad, Omiltemi y Chautipan.
Con respecto a las demandas que corresponden a la Secretaría de Bienestar, los pueblos pidieron revisión técnica y corrección de obras del programa Construyendo Bienestar, “mismas que presentan afectaciones como filtraciones de agua, agrietamientos de muros y pisos; desprendimiento de pintura y mal funcionamiento de sanitarios. Además, demandaron la ampliación del programa para las 14 comunidades”.
En cuanto a demandas que corresponde atender la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (Sagadegro), solicitaron semillas mejoradas de maíz, programas de paquetes de cerdos y gallinas ponedoras. Para el pueblo de Jaleaca de Catalán solicitaron un tractor para la siembra de granos.
Sin embargo, en el documento que enviaron a la gobernadora firmado por los comisarios municipales de Omiltemi, Federico Morales Tolentino; de El Fresco, Juan Marino Floriberto; de San Vicente, Francisco Javier Nava Cabrera, y de Tierra Colorada, Miguel Ángel Nieto Rodríguez, en representación del resto de las autoridades, reprocharon que ninguna de sus demandas se ha cumplido.
Asimismo, en un mensaje de texto, el comisario de Jaleaca de Catalán, Raúl Castorena Arcos, en representación de la agrupación Pueblos Unidos de la Sierra denunció que la gobernadora no ha cumplido ninguno de los acuerdos firmados con ellos en Jaleaca de Catalán, en marzo pasado.
“La peor burla fue comprometerse a llevar juguetes a las niñas y niños de la región el 30 de abril, quienes esperaron el festejo y regalos y nunca llegaron”.