El senador Félix Salgado Macedonio señaló que “el peor enemigo que puede tener Morena es Morena”, al pedir unidad dentro del partido, además de indicar que otras fuerzas políticas ya no son competencia para ellos.
“El peor enemigo que puede tener Morena es Morena. Lo único que puede hacer que perdamos es que nos peleemos entre nosotros, porque afuera ya no hay contrincantes, adversarios. Morena está muy alto en las encuestas, Morena gana la gubernatura de Guerrero, retiene”.
En transmisión en vivo por Facebook, el senador indicó que se debe apoyar en equipo, además que solamente con unidad podrán vencer, y recordó que la candidatura a la gubernatura, es decisión del partido y establecerán requisitos correspondientes.
Félix Salgado indicó que festeja que antiguos integrantes del PRI se sumen a Morena, lo cual refleja que es una señal de que se cumple el cometido de generar un cambio.
“Por eso luchamos, para que la gente abriera sus ojitos y se diera cuenta de lo que estamos viviendo. Entonces que nadie se enoje, no se enojen al contrario, que haya mucho desprendimiento del PRI y se vayan a Morena”.
Félix afirmó que uno de los propósitos era demostrar que no tienen suficiente representación popular y aseguró que “la derecha se acabó” además de exhortar a los simpatizantes a que se anoten, debido a que eso enriquece la democracia.
“Vienen las elecciones para gobernador o gobernadora, eso ya está en puerta para el 27 y estaba viendo que ya mucho priista ya está dejando al PRI, ya lo están abandonado, ya andan de este lado, ya están abandonando el PRI, eso es bueno, no se enojen”. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

El reportero de El Sur y de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Francisco Magaña de Jesús sufrió un intento de homicidio con un arma blanca en un presunto asalto al mediodía de ayer en pleno centro de Atoyac.
En un forcejeo, el periodista resultó herido en brazos, manos y una pierna tras defenderse del agresor.
Reporteros de El Sur, organi-zaciones y colegas exigieron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) una investigación para dar con los responsables.
Demandaron a la titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, y a la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, atender el caso y otorgar las medidas cautelares a Francisco Magaña, en virtud de que su agresor está en libertad.
Demandaron a la alcaldesa de Atoyac, Clara Elizabeth Bello Ríos y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ambas postuladas por el partido Morena, garantías de seguridad para ejercer el periodismo en el municipio y la región.
De acuerdo con la información recabada, el ataque ocurrió a las 11:45 de la mañana en el centro de la ciudad. Como todos los días, Francisco Magaña salió a cumplir su trabajo reporteril.
En el municipio de Atoyac de Álvarez no había señal de telefonía móvil ni internet debido a las lluvias.
El reportero acudió al río Atoyac en el punto conocido como El Champurro para ver cómo las lluvias están afectando la producción de mango en las huertas.
Recabó datos y fotografías. Cuando preparaba su regreso, a unos 500 metros del primer cuadro de la ciudad, un hombre de complexión delgada de unos 35 años se le acercó para pedirle dinero porque tenía a un hijo enfermo.
El reportero le ofreció 50 pesos, pero el agresor le exigió 200. Magaña le propuso ir al Zócalo para darle el dinero y el hombre de manera agresiva le pidió que ahí se los diera.
Enseguida el agresor le quitó al reportero su teléfono celular y le dijo que lo desbloqueara.
Luego sacó un cuchillo y lo atacó en dos ocasiones con dirección al pecho, y el compañero metió las manos para cubrirse.
De ahí inició un forcejeo, el periodista y el atacante cayeron sobre la tierra y piedras.
Tras dejar herido a Magaña y sin sus herramientas de trabajo el hombre huyó.
Francisco Magaña sufrió lesiones en las manos y brazos, así como en la pierna derecha.
Policías de Atoyac lo auxiliaron y lo trasladaron de emergencia en una patrulla de Tránsito Municipal a recibir atención médica.
En una carta al director de El Sur, “los reporteros y las reporteras de esta casa editorial manifestamos nuestra solidaridad con el compañero corresponsal Francisco Magaña que ayer sufrió un asalto violento y lesiones con arma blanca a plena luz del día en el centro de Atoyac, tras una cobertura periodística”.
Y exigen “a la Fiscalía General del Estado una investigación real por los hechos y acción en contra de los agresores materiales e intelectuales”.
La delegación 32 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y el equipo de Noticias de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) a los que pertenece Magaña, condenaron el acto de violencia y exigieron a la FGE esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
El reconocido escritor atoyaquense y cronista de la ciudad, Víctor Cardona Galindo también denunció el hecho.

Lo atacó algún adicto, dice la alcaldesa

Sobre la agresión al corresponsal de El Sur, Francisco Magaña, la alcaldesa de Atoyac Clara Bello dijo que tal vez lo atacó alguna persona adicta al alcohol u otra droga, para procurar cubrir alguna necesidad de adicción o de alimentación.
En entrevista telefónica, dijo que el municipio es seguro, que la incidencia delictiva es mínima, salvo algunas situaciones como la que sufrió el periodista ayer en la mañana.
Lamentó lo ocurrido al periodista, y añadió que tenía conocimiento de que recibió atención médica y que presentó una denuncia en la agencia del Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se cacstigue al agresor.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A un año del ataque que dejó herido al dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien ocho días después falleció, más de 100 organizaciones sociales de todo el país, exigieron una investigación seria, imparcial, exhaustiva y eficaz” del caso y castigo a los responsables.
En una postura por escrito este jueves, los representantes de las agrupaciones reprocharon que el caso de Suástegui Muñoz, “es una deuda histórica frente al legado que dejó como líder social y defensor de los derechos humanos de los pueblos y comunidades del estado de Guerrero”.
El 18 de abril del 2025, un hombre atacó a balazos a Suástegui Muñoz en la playa Icacos de Acapulco, en plena temporada vacacional de Semana Santa. Ocho días después, el 25 de abril, el dirigente social murió a consecuencia de las heridas de bala que sufrió.
A un año de su asesinato, más de 100 organizaciones emitieron ayer un pronunciamiento que titularon: Impunidad total: a un año del cobarde asesinato de Marco Antonio Suástegui en el que denuncian que “el crimen se encuentra en la total impunidad”.
Señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido “gravemente omisa” en el impulso de la investigación, “dejando pasar tiempo que resulta crucial para esclarecer un crimen de este calado”.
Reprochan que, a la fecha, no ha sido detenido el autor material del delito. “Tampoco ha construido líneas de investigación que acerquen la justicia a la familia de Marco Antonio y a toda la gente que le siguió durante años”.
Derivado de ello, al cumplirse un año del asesinato del dirigente del Cecop, exigen “que las autoridades del estado de Guerrero cumplan con su obligación de realizar una investigación seria, imparcial, exhaustiva y eficaz que permita castigar a los responsables del asesinato”.
Señalan que esta es una deuda histórica “frente al legado de Marco Antonio Suástegui Muñoz como líder social y defensor de los derechos humanos de los pueblos y comunidades del estado de Guerrero”.
Recuerdan que Marco Antonio se distinguió por ser un “aguerrido y valiente líder social” que dirigió el Cecop, defendió el río Papagayo y a las comunidades olvidadas del Acapulco rural, frente al proyecto de la presa La Parota y los empresarios que buscan saquear los recursos naturales de la región”.
Refieren que a pesar de que Marco Antonio fue amenazado, criminalizado, encarcelado y torturado, nunca desistió.
“Hasta sus últimos días organizó a las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a los prestadores de servicios turísticos del puerto de Acapulco para que juntos defendieran sus derechos”.
Entre las organizaciones que respaldan el comunicado están Taula per Mexic; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Múnich, Alemania); Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, y Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).
También, Artículo 19 México y Centroamérica; Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Iniciativa Sinaloa; Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc).
Asimismo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), a la que pertenecen 88 organizaciones en 23 estados del país.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el conversatorio El pensamiento de Genaro Vázquez Rojas en los movimientos sociales actuales de México, que se realizó ayer en el auditorio de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), investigadores, historiadores y compañeros del luchador social durante la guerrilla, coincidieron que el ideario de Vázquez Rojas y las condiciones por las que luchó siguen vigentes en Guerrero, pero que, ahora, “deben usarse otros métodos de lucha”.
El conversatorio se realizó con motivo del 58 aniversario del rescate del guerrillero Genaro Vázquez Rojas de la cárcel de Iguala y la caída en combate en Icatepec de Roque Salgado Ochoa y Filiberto Solís Morales. Fue organizado por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).
Participaron el historiador e investigador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Pedro Salmerón Sanginés; el investigador fundador de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y como compañero de lucha de Vázquez Rojas, Demóstenes Lozano Valdovinos.
Además, el historiador e investigador Gil Arturo Ferrer Vicario, así como el historiador e investigador Amílcar Carpio Pérez. Fungió como moderador el también compañero de lucha de Vázquez Rojas e investigador de la UAG, Arturo Miranda Ramírez.
Salmerón Sanginés habló de los antecedentes de la lucha de Vázquez Rojas, en tanto que Lozano Valdovinos dio una semblanza y narró pasajes del movimiento del guerrillero.
Después, Ferrer Vicario explicó que el movimiento de los guerrilleros Vázquez Rojas y Lucio Cabañas se tiene que tomar como ejemplo en la actualidad para ver si hay posibilidades de organización, “pero ya no con sus métodos”, pues dijo que se tiene que tomar en cuenta el contexto, y que “hoy Guerrero, México y el mundo no es lo mismo de hace 30, 40 o 50 años”.
Informó que, en su caso, está trabajando otras alternativas, “de muy abajo” y de las que casi nadie se da cuenta.
Agregó que lo más que se conoce es lo que esta pasando en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), agrupación a la que se incorporó, según dijo, desde agosto de 1994 en la Convención Nacional Democrática.
Dijo que también está trabajando con la experiencia del autogobierno de Cherán, Michoacán, “que es otra alternativa”, similar a la que se está viviendo en Ayutla, Guerrero, y en donde los partidos políticos “no quieren dejar que la sociedad se organice de manera autónoma”.
El investigador se refirió, en este caso, al Gobierno municipal electo mediante el sistema normativo de los pueblos indígenas, mejor conocido como de usos y costumbres de los pueblos indígenas.
“Así está ahora dándose el movimiento social y nos lo están dando las poblaciones indígenas”, señaló.
Explicó que lo que proponía la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), primero, y la ACNR después, era “entender la realidad que se está viviendo para buscar las alternativas y las formas de cambiarlas”, pues añadió que cada municipio tiene sus circunstancias y la manera de cómo construir un gobierno y una autoridad, que realmente responda a los intereses de la mayoría de la población.
El investigador argumentó que hoy las condiciones y los contextos de hace más de 50 años son muy distintos; “hay que seguir ilustrándonos del pasado para ver cómo lo acomodamos a las circunstancias y a los contextos del Guerrero y del México actual”, propuso.

Atraso social, pobreza, marginación y falta de servicios

En tanto que Amílcar Carpio Pérez dijo que actualmente las condiciones de atraso social, pobreza, marginación y falta de servicios en las comunidades rurales, son las mismas que se vivían durante el movimiento armado de Vázquez Rojas.
“Los caminos son intransitables, no hay energía eléctrica, en las dos costas vemos bonanza para unos y una gran marginación y pobreza para la gran mayoría, esos son problemas que siguen vigentes, y ahora tenemos que agregar el de la delincuencia organizada”, denunció.
Añadió que, a más de 50 años del asesinato de Genaro Vázquez Rojas, las condiciones de su natal San Luis Acatlán son que siguen registrando rezagos; “la región de la Costa Chica sigue siendo una de las más pobres de la entidad, y hoy uno de los principales problemas que vive la región es la violencia del crimen organizado y el control político por parte de pequeños grupos”.
Carpio Pérez contó que en muchos lugares una familia se perpetua en los puestos de poder, “eso pasa, por ejemplo, en mi municipio, Tecoanapa”.
Concluyó: “Sin duda, el sueño y el ideario de Genaro Vázquez sigue vigente, de ahí la importancia de contar la historia de un guerrerense que supo estar entre dos mundos; en el campo y en la política, tratando de hacer más justa la situación de sus paisanos”.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el Parlamento Infantil 2026, el niño de diez años, Fabián Gómez García, exigió a las autoridades reflexionar sobre la violencia que le quitó a su padre cuando tenía seis, y la que ha dejado miles de asientos vacíos en las mesas en Guerrero.
En la máxima tribuna del estado, en el Congreso local, representando a su escuela primaria en Taxco, declaró que levantó la voz por todas las personas que han perdido a alguien, y porque  los niños puedan jugar sin temor en las calles.
“La inseguridad no es una noticia en los medios, es nuestra sombra, se ha vuelto la dueña de nuestras calles, ha cerrado lugares donde trabajaban los padres de mis amigos, lugares donde antes corríamos, pero el golpe más duro, el que cambió mi vida, fue cuando la inseguridad decidió que yo ya no merecía un papá, perdí al hombre que me decía que todo iba a estar bien”.
Señaló que a la edad de seis años se debe pensar en los sueños, no en despedidas a su padre, a quien extraña y recuerda todos los días. Llamó a reflexionar sobre la violencia en Guerrero que ha dejado miles de asientos vacíos en las mesas.“Necesitamos que las autoridades escuchen que necesitamos seguridad en las calles y sobre todo, espacios seguros para los niños”.
Consultada por separado, la madre de Fabián, Fabiola García, explicó que en 2021 mataron a su hermano, Mario Alberto García Padilla, a quien su hijo llamaba papá. Era taxista en el municipio de Taxco, y a la fecha desconocen por qué le quitaron la vida.
El niño parlamentario propuso a los diputados que impulsen iniciativa para la resolución pacífica de conflictos para que haya actividades deportivas y culturales gratuitas, y a modo de conclusión, declaró: “elijo soñar de que el cambio es posible”.
El municipio platero ha tenido varias crisis de inseguridad en los últimos años, intensificadas en 2023 y 2024, cuando se registraron periodos de cierre de comercios, la suspensión de clases y una parálisis del turismo.
La semana pasada fueron privados de su libertad y luego rescatados, el alcalde Juan Andrés Vega Carranza, dos días antes que él, su padre Juan Vega Arredondo.
En el ejercicio de parlamento abierto con niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria de distintas regiones del estado, se denunció además de la violencia, el abuso sexual infantil, el consumo de drogas que comienza a los diez años de edad, el acoso escolar,  la discriminación por el color de la piel, cómo  afecta la pobreza a los niños, y reclamos a los servidores públicos que no garantizan sus derechos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Urióstegui, reconoció el valor y la honestidad de 46 representantes del Parlamento Infantil de alzar la voz por las niñas y los niños del estado de Guerrero.
Sin mención de los problemas señalados en la tribuna, que no escuchó en la mayoría porque llegó al final de la sesión, declaró: “aunque sean niñas y niños, su voz vale, su voz se escucha, su voz cuenta, y nos enseña mucho a quienes tomamos hoy decisiones. Tengan la certeza de que sus ideas importan y pueden inspirar cambios reales”.
Antes, Héctor Villanueva García, de la primaria Luis Donaldo Colosio, en la Montaña, citó la emblemática frase del político asesinado en 1994: “Veo un México con hambre y sed de justicia”, y luego pidió ayuda para recuperar la paz en Tlapa, en Guerrero y en  México.
Lamentó que haya personas que hacen daño a otras, incluso que las desaparecen. Enfatizó que la escuela es sagrada, debe mantenerse segura y abierta, donde ningún grupo criminal se atreva a entrar.
Pugnó por más oportunidades de empleo, por una policía honesta y presente, “que no se venda a la gente mala”. Enfatizó que representó a los niños que sólo quieren vivir en paz.

Basta de privilegios de pocos y carencias de muchos

Del municipio de Arcelia, Candy Delgado Ocampo, denunció que servidores públicos usan los cargos para lucirse, no para servir, y urgió a que dejen de presumir que hay justicia, cuando el hambre es el pan de cada día en su comunidad, y en la pobreza los niños enfrentan muchos obstáculos.
“Basta de privilegios de pocos y la carencia de muchos. La ley no es un juego, ni la carencia un escalón para sus intereses personales, exigimos que dejen de ser espectadores y sean verdaderos guardianes de nuestros derechos, porque un servidor público que no cumple la ley, no presenta al pueblo”.
En su participación, subrayó que era el momento de hablar lo que el sistema calla: niños caminando kilómetros para ir a la escuela con el estómago vacío, mientras autoridades solo  caminan para tomarse la foto.
Preguntó con alusión a las autoridades, “¿alguna vez han sentido la desesperación de no tener nada que ofrecer a un hijo, qué sienten al saber que su indiferencia puede apagar los sueños de toda una generación?”.
Aclaró que el artículo 4 de la Constitución federal, y la ley 812 de Guerrero no son palabras bonitas, sino mandatos para garantizar el bienestar. “No pedimos caridad, necesitamos soluciones que cambien nuestras vidas, no solucione de un día”.
Pidió que haya un programa que garantice alimentos en escuelas, becas para evitar la deserción escolar, empleos dignos para nuestras familias, y demandó que no se permita que la corrupción y la pobreza sea la única herencia para la niñez.
“La pobreza de Guerrero es el reflejo de sus promesas incumplidas, no me disculpo por mis palabras, es el sentir de mi escuela y de mi pueblo. Somos el presente que exige justicia”.
De Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, Anderson Tadeo Díaz Ballesteros también denunció la injusticia y las desigualdades sociales, donde se castiga la protesta y no importa la angustia de las madres solas y desamparadas.
Afirmó que en Guerrero existe una discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, donde la ley “sólo sirve para que se beneficien unos cuántos ricos y poderosos, y la clase política se pasea en autos ostentosos. Yo no quiero un México vacío, lleno de discriminación, pido las herramientas para cambiar lo que no me sirve”.
De Heliodoro Castillo, el niño Jesús Adán Marquina Padilla, advirtió del peligro de las adiciones en su municipio y todo México, que ya se ve con normalidad por los adultos.
Señaló que estudios hablan de que el inicio del consumo de drogas se redujo a diez años, y en Guerrero, uno de cuatro pacientes de adicciones al alcohol, el resistol y la mariguana, es menor de edad de 12 años. Mencionó  el caso de un niño que se refugia en el consumo del resistol por el maltrato en su casa, porque dice que nadie lo quiere, ni lo escucha.
Carolina Méndez Hernández, de Chilapa, Diego Rodríguez Román,  Iguala, Paul Ríos Martínez, de Coyuca,  Danahe Guerrero Espinal, de Huamuxtitlán, y Daniel Valle Rentería de escuela Conafe en Tecpan de Galeana, se pronunciaron sobre las consecuencias mortales del cambio climático.
Representantes de escuelas de Zihuatanejo, Acapulco, Coyuca de Benítez y Altamirano denunciaron la violencia sexual y emocional. Del Centro Educativo Cualcán, Acapulco, Gladis Alcantar Ocampo, aseguró que el abuso sexual es alarmante, y las cifras reales  se desconocen porque no siempre se denuncian. Llamó a “gritar los  secretos para que nos puedan ayudar”.
Jade Romero Gutierrez de Chilapa, Estefanía Cuevas Arismendi, de Altamirano, y Estefanía Cuevas Arizsmendi de Altamirano, denunciaron la  desigualdad de mujeres y hombres que se encuentran en todos lados con conductas discriminatorias normalizadas.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), rechazó una denuncia del ex magistrado electoral, José Inés Betancourt Salgado, que demandó la omisión del TEE de tramitar la la emisión del acuerdo institucional que precise la fecha de conclusión de su periodo, así como la suspensión de su remuneración.
De acuerdo con el expediente TEE/JEC/004/2026, discutido por el TEE en sesión ordinaria de este jueves, Betancourt Salgado denunció que a partir del 14 de noviembre de 2025, la Secretaría de Administración del Tribunal suspendió el pago de su salario y solicitó que el pleno emitiera un acuerdo institucional que reconociera expresamente la fecha de conclusión de su encargo como magistrado y lo notificara al Senado.
El TEE determinó rechazar dicha denuncia por extemporaneidad y falta de atribuciones de emitir el acuerdo solicitado por el ex magistrado.
“Se expuso que el plazo legal de cuatro días para presentar la demanda transcurrió del diecinueve al veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, por lo que, al haberse presentado el veintiocho de noviembre de ese año, resulta extemporánea la presentación de la demanda, siendo por ello notoriamente improcedente”, argumentó el TEE.
“Se considera que la falta de competencia a la que se refiere el informe circunstanciado, es sobre emitir el acuerdo institucional en los términos que el actor solicitó se dictara”, por lo que declaró “infundado el Juicio Electoral Ciudadano”.
Por unanimidad de votos de los cuatro magistrados determinaron rechazar dicha denuncia.
En otros dos casos aprobados por el pleno, determinó dar por concluida la relación laboral con dos trabajadores del TEE.
En último caso discutido en la sesión de ayer, el pleno del TEE aprobó dar por con concluido un caso de violencia política de género en contra de un dato protegido, por hechos ocurridos en 2021 en Iliatenco.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Instituto Nacional Electoral (INE), presentó el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), una plataforma digital que reúne información de procesos electorales a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a datos históricos y actuales.
Durante la presentación, el vocal ejecutivo, Dagoberto Santos Trigo, destacó que la herramienta fue desarrollada bajo el principio de que la información es un derecho fundamental y un elemento clave para la transparencia y la rendición de cuentas.
Explicó que el sistema permite consultar de manera estructurada resultados oficiales, desde niveles de participación ciudadana hasta el detalle de votos por partido o candidatura, lo que lo convierte en una herramienta útil para ciudadanía, investigadores y actores políticos.
El funcionario electoral dijo que el acceso abierto a este tipo de información contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones, al poner a disposición datos verificables sobre la vida democrática del país.
El llamado SICEE integra información de elecciones federales desde 1991, procesos locales de 2015 a 2024, así como ejercicios como la consulta popular, la revocación de mandato y la elección del Poder Judicial de la Federación.
Ante el contexto de desinformación, el INE planteó que esta plataforma ofrece datos oficiales como una vía para garantizar certeza y transparencia en los procesos electorales.

Información ayudará a comprener la dinámica política

En el evento participaron académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), quienes destacaron que la herramienta funciona como un repositorio que permite analizar el comportamiento electoral y comprender la dinámica política.
El subdirector de Planeación y Evaluación de la Facultad de Matemáticas de la UAG, Francisco Julián Ariza Hernández, explicó que en dicha plataforma se pueden conocer datos que permitan conocer la participación ciudadana y analizar dichos número para incluso explicar la legitimidad de un gobierno.
Explicó que la cifra general de votación de una elección no representa el número final de todo el electorado, por lo que con los datos de dicha plataforma se puede medir la participación ciudadana y explicar la legitimidad con la que llegó un partido o coalición ganadora.
“Realmente el número de votos nos tiene que decir si hay respaldo electoral o hay legitimidad estadística; porque podemos tener una ventaja amplia con poca participación, o podemos tener una ventaja moderada pero con mayor participación”.
“Una ventaja moderada con mayor participación pues indicaría un respaldo menos; una ventaja abrumadora con poca participación pues indicaría un respaldo menos o una legitimidad estadística menor y una ventaja reducida con alta participación de la ciudadanía pues nos da una mayor legitimidad estadística”, explicó el académico.
Para el caso de Guerrero, expuso que en las pasadas elecciones la alianza Morena-PT-PVEM obtuvo a nivel nacional el 71.66 por ciento de la votación, “entonces pensaríamos que 7 de cada 10 ciudadanos de Guerrero están a favor de la coalición, pero ese dato no es dato real, tendríamos que cruzarlo nuevamente con el porcentaje de participación en lo local que fue de 58 por ciento”.
De esa operación, el resultado efectivo de la coalición en Guerrero, de acuerdo al académico, es del “41 por ciento, entonces si estaríamos diciendo que el respaldo efectivo en Guerrero es de 4 de cada 10 personas”.
Explicaron que el acceso a información sistematizada favorece la participación informada y el seguimiento ciudadano de los procesos democráticos.
Alguna de la información que contiene la plataforma es la de los candidatos más votados para el Senado, las veces que fue a una elección y la conformación de la Cámara de Senadores y Diputados por partido en cada legislatura.

Alejandro Guerrero

Iguala

Una joven de 18 años y un muchacho de 25 fueron reportados desaparecidos en distintos hechos ocurridos en Taxco, sin que las autoridades locales y estatales hayan informado de acciones de búsqueda para su localización, como ocurrió dos semanas antes con el alcalde morenista de ese municipio, Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, secuestrados por miembros del grupo delictivo La Familia Michoacana.
La Fiscalía General del Estado (FGE), difundió la mañana de ayer la ficha de búsqueda del Protocolo Alba con reporte PAGRO/028/2026 por la desaparición de la joven de 18 años, Aimar Valladares Rodríguez, quien fue vista por última vez el martes en la calle Jade del barrio Montaña de Plata.
A las 7:51 de la noche la misma Fiscalía estatal informó en su cuenta oficial de Facebook que la joven ya había sido localizada, sin dar ningún detalle de su hallazgo o sus condiciones de salud.
Por separado, en la página de Facebook del gobierno de Taxco, se compartió una ficha de búsqueda del Programa de Desaparición Involuntaria de Personas de la Comisión de los Derechos Humanos del estado (Codehum), por la desaparición del joven Jesús Alberto Jaimes Brito, de 25 años, ocurrida el pasado 29 de marzo.
Se indica que el muchacho es de tez morena clara, cabello negro, lacio corto, de ojos café oscuro y mide 1.78 metros de estatura. Como señas particulares tiene un lunar en el cuello y una cicatriz de cirugía de apéndice.
Asimismo, distintos tatuajes en el cuerpo: la cara de un loco en el brazo izquierdo, la palabra Blessed en el antebrazo derecho, un “Jesús musculoso” en el hombro derecho y un guerrero jaguar al lado derecho del pecho.
En ambos casos solo se encontró en la página oficial del gobierno de Taxco, así como de otras instituciones como la Fiscalía estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) la difusión de las fichas de los desaparecidos, pero nada relacionado con acciones para su búsqueda y localización, por lo que hasta el cierre de esta edición se desconocía el paradero de ambos.

Vecinos exigen los mismos protocolos con los que hallaron al alcalde y a su padre

En comentarios de los usuarios en la página del gobierno taxqueño, cuestionaron ¿por qué no se actúa con la misma urgencia en todos los casos?, y señalan que “cuando las autoridades quieren y actúan con rapidez, se tiene la capacidad de encontrar a las personas desaparecidas.
El usuario Richard Viveros destacó que “en un país donde miles de familias buscan a sus seres queridos, la atención no debería depender de la visibilidad del caso o la presión mediática. Todas las personas desaparecidas merecen el mismo esfuerzo, la misma prioridad y respuesta inmediata. Esto no es crítica a las víctimas, es una exigencia de justicia e igualdad”.
Mientras que la usuaria Laura Álvarez pide: “que se realice un protocolo de búsqueda como si fuera el mismo presidente. Para esta persona (Juan Alberto) y todos los que faltan”.

A cinco días de la desaparición de siete campesinos de la comunidad de Apanguito, municipio de Atenango del Río, las personas presuntamente privadas de la libertad por civiles armados no han sido localizadas y no se tiene actualización de las acciones de búsqueda de parte de las autoridades.
Desde la tarde del sábado están desaparecidos: Mario Bello Escamilla de 57 años, Asunción Bello Escamilla de 41, Diego Bello Agustín de 19 y su hermano Valente Bello Agustín de 18; asimismo, Sebastián Riquelme Escamilla de 23 años, Cristóbal Pineda de 40 años y su hermano Eriberto Pineda de 38.
Fue este miércoles que el gobierno de Atenango del Río y su alcalde Emanuel Guevara Cárdenas (PT) difundieron una actualización de las acciones de búsqueda para su localización, informando que se han desplegado más de 250 agentes de los tres órdenes de gobierno en estas acciones que se realizan en campo.
Ayer ya no hubo información oficial de estas labores de búsqueda, como tampoco se ha dado a conocer el hallazgo de las personas o nuevos indicios que ayuden en su localización.
La información que se tiene del caso es que las siete personas habrían sido privadas de la libertad por civiles armados, luego de que el domingo en el paraje La Cueva, a donde los siete campesinos, la mayoría miembros de una familia, habían acudido a dar agua a su ganado ya no regresaron a sus casas después de las 5 de la tarde.
El alcalde Emmanuel Guevara informó en un comunicado de prensa el lunes que en la zona de la desaparición fueron hallados indicios de violencia, forcejeo, manchas de sangre, cartuchos percutidos y dos motocicletas abandonadas. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Funcionarios del gobierno estatal se reunieron el miércoles en Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, con pobladores de más de treinta localidades de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo (Tlacotepec), quienes exigieron la reparación de sus caminos, servicios públicos y solución a problemas del sector educativo y de salud, así como la creación de un nuevo municipio en la zona.
Entrevistado por teléfono, el delegado regional de la Octava Región Sierra, Saúl López Sollano, reconoció que está “desatendida” y es la causa de las acciones de protesta que han realizado en ocasiones anteriores los pobladores, como la retención de militares.
En un boletín de prensa, el gobierno estatal informó que el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, llamó los habitantes de la zona a permitir el libre tránsito del personal militar, porque su presencia “tiene como objetivo servir y proteger a la ciudadanía”.
López Sollano informó que el objetivo de la reunión fue escuchar todas sus demandas: caminos, infraestructura, educación, salud, y la creación de un nuevo municipio.
Explicó que esta propuesta es de unas 30 localidades, la mayoría de San Miguel Totolapan y algunas pocas de Heliodoro Casstillo.
El funcionario informó que este nuevo municipio estaría en la parte alta de lo que ahora es San Miguel Totolapan, y en donde los pobladores se quejan de que no les llegan los servicios ni los apoyos gubernamentales por la marginación en que se encuentran.
López Sollano, informó que ya iniciaron los trámites para ver la viabilidad de la petición de los pueblos.
Los pobladores de comunidades de esos dos municipios con los que se reunieron han realizado protestas, como la retención de militares para hacerse escuchar por las autoridades y que atiendan sus demandas.
Al respecto, López Sollano, reconoció que en esa parte alta de la sierra “están mal atendidos en materia de servicios, sobre todo por los daños en sus caminos, y que derivado de las lluvias de temporadas pasadas siguen incomunicadas varias comunidades y algunas han desaparecido porque sus habitantes se ven obligados a desplazarse. “Y en esas comunidades, es obvio que la demanda del arreglo de sus caminos es urgente”.
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que los pobladores calificaron esa reunión como un “hecho histórico”, debido a que se “llevó atención directa, diálogo y soluciones a comunidades de la Sierra, reafirmando su compromiso de trabajar en territorio y no desde el escritorio”.
Se informó que el subsecretario Rodríguez Cisneros, encabezó la mesa de diálogo en la comunidad de Linda Vista, donde autoridades estatales y federales “atendieron de manera directa a 34 comisarios, quienes expusieron sus principales necesidades en materia de obra social, salud y educación”.
De acuerdo con el boletín, el funcionario les dijo que la creación de la Octava Región Sierra “representa un acto de justicia social, al integrarla no solo en el ámbito administrativo, sino también dentro del presupuesto estatal para impulsar su desarrollo con acciones concretas”.
Se informó que personal técnico realizará recorridos para identificar tramos carreteros que requieren atención, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre comunidades, y que, en materia de agua, se dará seguimiento a los planteamientos para ampliar el acceso al recurso.
Asimismo, se informó que se impulsará la vinculación con programas del Gobierno de México para ampliar la cobertura de atención y acelerar proyectos estratégicos en beneficio de la población, “destacando la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender de fondo las necesidades sociales y contribuir al bienestar y la paz en la región”.
De acuerdo con el informe oficial el subsecretario reconoció el respaldo del Ejército Mexicano, por su labor en apoyo a la población.
“En este contexto, hizo un llamado a las y los habitantes a permitir el libre tránsito del personal militar, subrayando que su presencia tiene como objetivo servir y proteger a la ciudadanía, en el marco de la coordinación institucional para la construcción de la paz”.
Se informó que asistieron a la reunión el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix; el del Instituido General de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Enrique Ramírez Barrios, representantes de las secretarías de Agricultura, Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y el delegado Saúl López Sollano.