
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, dirigentes del Frente Popular de la Montaña (FPM), comisarios y delegados de comunidades de varios municipios de esa región exigieron ayer en conferencia de prensa a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la libertad inmediata del defensor social Ubaldo Segura Pantoja.
La conferencia de prensa que se transmitió por Facebook se denominó: La prisión injusta de Ubaldo Segura, y fue encabezada por el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y participaron dirigentes del FPM, así como autoridades comunitarias de los municipios de Tlapa, Metlatonoc, Cochoapa el Grande, Cualac y Xalpatláhuac, donde Segura Pantoja ha hecho trabajo de gestoría social.
Berrera Hernández explicó que la detención de Segura Pantoja es injusta porque no está fundamentada en los derechos que como ciudadano tiene.
Dijo que hubo violaciones constitucionales en su detención, pues se le incomunicó de su familia, que no sabía dónde estaba en las primeras horas, y que se le desapareció porque en las distintas dependencias donde supuestamente estaba no les dieron información y dijeron que no sabían de él, hasta después de las 24 horas.
“Nos indigna que lo hayan tratado como a un criminal de alta peligrosidad y que lo hayan trasladado fuera del estado e incomunicado para no permitirle una defensa adecuada”.
Alertó que con ello se pretende generar una criminalización contra los defensores al tratarlos como delincuentes de alta peligrosidad, “eso es lo que indigna a los defensores sociales, sobre todo porque en Ubaldo hay solidaridad, humildad, exigencia de justicia, hace gestoría para obras sociales, para la educación, carreteras, programas sociales y eso no es un delito”.
El defensor de derechos humanos criticó que en el actual Gobierno se siga cometiendo el mismo patrón de violaciones a los derechos humanos a los detenidos, como en los gobiernos anteriores, y las autoridades no permitan que los detenidos tengan una defensa adecuada.
Exigió a las autoridades federales que respeten los derechos de Ubaldo, y criticó que, tres días después, a la hora de la conferencia de prensa, 11 de la mañana, aún no se sabía de qué delitos lo están acusando y por qué se lo llevaron fuera del estado, “cuando los principios internacionales hablan de acceso oportuno a la justicia”.
También intervino Evodio Pérez Malpica, quien el 20 de febrero del 2024 fue detenido por el mismo delito que se le señala a Segura Pantoja, y recordó que sufrió el mismo trato, “como si fuéramos peligrosos delincuentes”.
Relató que a él lo detuvieron agentes que llegaron a su casa “con el uniforme de Morena (guinda)”, y que después de que se lo llevaron lo incomunicaron de su familia 12 horas.
Recordó que se lo llevaron rumbo a Puebla, y de ahí a Torreon, Coahuila, donde lo encarcelaron en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 por el delito de secuestro, pero a los nueve días lo liberaron.
“No sé a qué se debe que en este nuevo Gobierno se dice que ya hay un cambio, pero todo sigue igual, no se respetan nuestros derechos a los que trabajamos con las comunidades y que no cometemos errores”.
Pérez Malpica exigió la libertad de Segura Pantoja, de quien dijo, “ya es un señor de la tercera edad”.
Después de que Pérez Malpica narró su caso, Barrera Hernández concluyó que esperan que, como él, a Ubaldo también lo pongan en libertad, puesto que es la misma causa penal “y tampoco hay delito que perseguir”.
Pablo Abad Díaz, del FPM, denunció que la detención de Ubaldo Segura fue arbitraria y exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que pongan atención en el caso.
“Exigimos su libertad, evitemos que esto vaya a trascender más allá de lo que nosotros no quisiéramos, porque nos duele mucho que un compañero, integrante del movimiento social y de los pueblos indígenas, que ha luchado por los comerciantes, por el territorio y por la libertad de la defensora Kenia Hernández, y ha exigido justicia por Arnulfo y por los presos políticos en general, haya sido encarcelado”.
El dirigente social informó que la tarde de ayer se reunirán dirigentes de organizaciones de la Montaña para trazar una ruta de acción política y de denuncia, “porque le vamos a dar continuidad al caso de Ubaldo hasta verlo libre”.
Alertó que el ambiente en Guerrero “está muy raro” y que ve que se viene una oleada de represión y criminalización en contra del movimiento social.
“Tal parece que se viene una oleada de persecución contra los luchadores sociales, al parecer es una estrategia de los gobiernos estatal y federal para mediatizar y apagar el movimiento de los derechos humanos y pueblos indígenas”, advirtió.
Insistió en que por eso no van a permitir que Segura Pan toja siga preso, “exigiremos su libertad inmediata del compañero que ya es un adulto de la tercera edad y padece de discapacidad auditiva como secuela de cuando padeció el Covid”.
A su vez, Regino Rodríguez Rosales, de la comunidad de Atzompa, municipio de Metlatónoc, recriminó que las autoridades no han esclarecido ni detenido a los responsables del asesinato del presidente municipal, Isaías Rojas Ramírez, quien murió después de un intento de asalto en la Autopista del Sol, cerca de Zumpango del Río en mayo del 2025, “pero sí se llevan detenido a un luchador social que exigió obras y apoyos para los pueblos de la Montaña, a ese sí se lo llevan a una cárcel de máxima seguridad”.
Cuestionó que las autoridades traten a los luchadores sociales, “que no son criminales, peor que a los verdaderos criminales”.
“Como pueblo nos sentimos mal por la forma cómo nos tratan las autoridades que llegaron a ocupar esos puestos por la elección de los pueblos, eso es una humillación y una discriminación”, reprochó.
Advirtió a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado que no se les olvide que llegaron al Gobierno de la mano de los pueblos, pero que ahora, en vez de que se acerquen a ellos, se están alejando con estas acciones.



