Redacción

El cuerpo de un hombre fue hallado la madrugada de ayer martes en la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande. Mientras que en la cabecera de Marquelia fue asesinado a golpes el profesor y comerciante Daniel Justo.
En el primer hecho de violencia, automovilistas reportaron el hallazgo del cadáver de un hombre alrededor de las 4 de la madrugada a las afueras de la comunidad El Papayo, en Coyuca de Benítez.
Corporaciones poliacas y militares, así como peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) acudieron al lugar de los hechos.
Se trató del cuerpo de un hombre de alrededor de 30 años con lesiones de arma de fuego en la cabeza.
La víctima estaba atada de pies y manos, vestía playera amarilla, pantalón y tenis negros.
En la región de la Costa Chica, la tarde de ayer en Marquelia fue asesinado presuntamente a golpes el profesor jubilado Daniel Justo Herrera.
El crimen fue reportado alrededor de las 4 de la tarde en una colonia de nueva creación conocida como Beto Justo.
El lugar colinda con la colonia Progreso en la periferia de la ciudad, informaron fuentes de seguridad pública.
De acuerdo con reportes periódisticos la víctima se encontra desde hace por lo menos cuatro años en un litigio entre sus propios familiares por terrenos.

Alejandro Guerrero / Brenda Escobar

Iguala / Zihuatanejo

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió las fichas de búsqueda de un joven de 25 años desaparecido hace un mes en Iguala, de un hombre de 32 del domingo en el poblado de Apanguito, municipio de Atenango del Río y la de José Enrique Villa Cortez, un joven de 18 años visto por última vez hace ocho días en la comunidad serrana de Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo.
De acuerdo con la ficha HVAGRO/052/2026 de la alerta ¿Has visto a…?, se indica que el joven Anthony Andrew de la Paz Sánchez, de 25 años, fue visto por última vez en Iguala el 27 de febrero, y fue hasta este lunes que sus familiares presentaron la denuncia por su desaparición.
El joven es de tez blanca, de ojos café oscuro, cabello negro lacio y mide 1.72 metros de estatura. Como señas particulares se describe que tiene distintos tatuajes en la cara, cuello y otras partes del cuerpo, un corazón partido a la mitad en el pómulo izquierdo y la frase “sigo perdiendo” por encima de la ceja derecha.
Al lado izquierdo del cuello la forma de un diablo y al centro un ojo, mientras que en el brazo derecho tiene la carta de la lotería de la imagen de la muerte y otros tatuajes en brazos y piernas. Hasta el cierre de esta edición se desconocía su paradero.

En Atenango

Por separado, también la Fiscalía estatal difundió la ficha de búsqueda con folio HVAGRO/050/2026 por la desaparición de César Domínguez Virgos, de 32 años, reportado desaparecido este domingo en el municipio de Atenango del Río.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, la denuncia por su desaparición fue presentada también este lunes, y se indica que como señas particulares tiene tatuada una mariposa de colores en el brazo izquierdo y otro tatuaje de gaviotas en la pantorrilla derecha.
En una denuncia realizada en páginas de Facebook, familiares del joven denunciaron que la última vez que lo vieron fue en un jaripeo que se realizó el sábado en la comunidad de Apanguito del municipio de Atenango del Río y ya no volvió a su casa.
Mediante una publicación compartida por la activista y buscadora de fosas clandestinas Mayra Vergara Hernández, este martes por la mañana se informó que César Domínguez ya había sido localizado con vida y a salvo, por lo que ya se encontraba con su familia. Pero a pesar de este reporte, la alerta de búsqueda se mantenía activa por parte de la Fiscalía estatal hasta el cierre de esta edición.

En Zihuatanejo

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda para localizar a José Enrique Villa Cortez, un joven de 18 años de edad, quien fue visto por última vez hace ocho días en la comunidad serrana de Vallecitos de Zaragoza, en este municipio.
De acuerdo con el reporte oficial bajo el número de ficha HVAGRO/0051/2026, el joven desapareció el pasado lunes 16 de marzo, sin embargo, la denuncia formal ante las autoridades ministeriales se presentó apenas este lunes 23 de marzo, lo que activó los protocolos de búsqueda en la región.
En el documento difundido por la institución, se describe a Villa Cortez como un hombre de tez clara, estatura de 1.65 metros, ojos pequeños de color café y cabello negro, largo y chino.
Como seña particular, la ficha técnica indica que no presenta marcas o rasgos específicos que faciliten su identificación a simple vista.
Vallecitos de Zaragoza es una de las localidades más alejadas de la cabecera municipal de Zihuatanejo, ubicada en la zona alta de la sierra, donde la comunicación suele ser limitada.
Se conoció que el joven es originario de la ranchería Los Arrozales y que en los últimos días antes de su desaparición presentaba problemas emocionales.
La Fiscalía puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 800 832 7692 para recibir cualquier información que ayude a dar con su paradero.

 

La señora Margarita Mora demandó ayer a la Fiscalía General del Estado (FGE) la búsqueda y localización de su hija Heidi Shanik López Mora de 17 años, quien desapareció el 27 de febrero pasado en Chilpancingo.
El 27 de febrero Heidi Shanik salió a las 10:25 de la mañana de una estética que tiene su mamá ubicada en la calle Moctezuma esquina con el antiguo libramiento a Tixtla, en la colonia Vicente Guerrero, rumbo a la escuela preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pero no llegó.
Margarita Mora denunció ayer que presentó la denuncia por la desaparición de su hija ante la FGE, pero hasta este martes no había visto avances de las investigaciones, por lo que se presentó nuevamente para pedir resultados.
Indicó que fue hasta este martes que ya la atendieron mejor en la agencia del Ministerio Público y también la recibió el director de Servicios Periciales de la FGE, Héctor Ramírez Chávez, quien, por igual, le dio una mejor atención, aunque, insistió, no tienen todavía indicios de dónde podría estar su hija.
“La verdad no estoy conforme con el trabajo que están realizando, quiero la presentación con vida de mi niña”, pidió la madre en declaraciones por teléfono.
Informó que este martes realizaron una búsqueda con personal de la FGE en la zona de Pie de la Cuesta, en Acapulco, debido a que recibieron una llamada del teléfono de Heidi Shanik y la geolocalización marcó ese lugar.
Sin embargo, informó que no encontraron ningún indicio, “ni señales de nada”.
Dijo que también ya fueron a preguntarle a sus compañeritas de la escuela pero no les dieron ninguna información, datos o comentarios que puedan dar con el paradero de la menor.
Margarita Mora contó que el día que salió su hija de su estética no le hizo ningún comentario que le haya parecido raro, “es una niña muy tranquila, estudiosa, lleva buenas calificaciones en su escuela”, aseguró.
Añadió que ese 27 de febrero “nomás no se presentó a la escuela” y hasta ayer no había encontrado ningún indicio de su ubicación.
Este jueves a las 10 de la mañana, familiares, amigos e integrantes del colectivo Lupita Rodríguez realizarán una marcha del parque Unidos por Guerrero a la FGE para exigir que se agilicen las investigaciones para su localización, según acordaron. (Zacarías Cervantes /?Chilpancingo).

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

Un grupo de 15 padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en Guerrero, se pronunciaron en contra de la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, ordenada por la justicia federal.
Encabezados por Felipe de la Cruz Sandoval, inicialmente uno de los voceros de los deudos, esta agrupación señala que ya existe la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Y la creación de una nueva Comisión, con los alcances del Ministerio Público Federal, sólo va a dilatar, fragmentar y politizar aún más la investigación del paradero de los estudiantes.
“Al respecto, es de destacar que hace unos días tampoco fuimos informados sobre un requerimiento emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Tamaulipas, para que manifestemos lo que a nuestro derecho convenga respecto de la posible creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa”.
“Independientemente de lo que en su momento signifiquemos a dicha instancia judicial, aprovechamos para manifestar nuestro total desacuerdo con la creación de un nuevo organismo. A la fecha, ya existen la COVAJ y la UEILCA, creadas en 2018 mediante Decreto Presidencial; la creación de una nueva comisión podría ocasionar dilaciones, fragmentación de la investigación, conflictos de competencia, duplicidad de funciones, dilapidación de recursos, debilitamiento institucional y mayor politización”.
Los firmantes del posicionamiento recordaron que la sentencia del tribunal que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad también propició la liberación de decenas de presuntos perpetradores de la desaparición de los normalistas, argumentando supuestos actos de tortura.
“Este aspecto, de suma importancia, posiblemente no ha sido debidamente valorado por el otro grupo de padres y madres, por lo que hacemos un atento llamado a quienes apoyan la creación de dicha comisión para que reconsideren su postura”, dijeron.
“Cabe señalar que las inconsistencias y irregularidades del pronunciamiento judicial han sido públicamente señaladas por el titular actual de la COVAJ”.
Además de De la Cruz, el texto está suscrito por Maximino Hernández Cruz, Celso García Aristeo, Oscar Ortiz Serafín, Juan Colón Suárez, Alfonso Rodríguez Sánchez, Hugo Mora Venancio, Elizabeth Rodríguez Bello, Inés Gallardo Martínez, Luis Ángel Flores Molina, Érika de la Cruz Pascual, Antonio Colón Garnica y María Isabel Alcaraz Alcaraz.
El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas concedió en 2018 un amparo en el que ordenó crear una Comisión de la Verdad con personal ajeno a la FGR, para asumir la indagatoria y el ejercicio de la acción penal en el Caso Ayotzinapa.
El 26 de enero pasado, en cumplimiento a esa sentencia, el Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas dio los primeros pasos para conformar la comisión, ya que requirió a Ernestina Godoy, titular de la FGR, y a los padres de los 43 desaparecidos, para que nombren a sus representantes ante el inédito organismo.

Reprochan a la FGR exclusión en diligencia en funeraria de Iguala

El grupo de De la Cruz también reprochó que la FGR los excluyera de la diligencia del pasado sábado en el que varios padres de los normalistas recorrieron la Funeraria “El Ángel”, en Iguala, donde se encontraron restos óseos de 2014 y un horno crematorio sin registro oficial.
En el comunicado, los inconformes dijeron que dicha diligencia fue encabezada por la UEILCA y participaron integrantes de la COVAJ, el Centro de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de Fundar Centro de Análisis e Investigación y una comisión de 15 padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
“Los abajo firmantes no fuimos informados de la realización de la aludida inspección, situación que nos agravia, dado que no es la primera ocasión en que se nos excluye de procedimientos relacionados con el caso, lo que constituye una flagrante violación a nuestros derechos humanos, particularmente a la seguridad jurídica y a la legalidad”, dijeron.
Añaden que, hoy en día, derivado de diferencias y desacuerdos, existen dos grupos de padres y madres de las víctimas.
“Aunque esta división es conocida por la COVAJ, la UEILCA y la CEAV, en los últimos meses el grupo que representamos -integrado por 15 padres y madres- ha recibido una asistencia técnico-jurídica inoportuna, insuficiente e irrazonable en nuestra calidad de víctimas, lo cual es contrario al mandato conferido a las mencionadas instituciones en el sentido de garantizar el acceso a la verdad y la justicia”, indica.

Aún no hay fecha para una nueva reunión entre madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó la mandataria.
En la conferencia matutina de este martes, dijo que “estamos definiendo cuándo nos vamos a reunir” respecto a la fecha de una próxima reunión, a pesar que tiene desde finales de noviembre sin un encuentro para dar avances.
Sobre si en la próxima reunión la presidenta dará reportes a los padres y madres respecto a la información de la funeraria El Ángel en Iguala, donde se identificaron restos óseos humanos, Sheinbaum dijo que “ellos ya lo saben y vamos a reunirnos, como nos reunimos cada dos o tres meses”.
Semanas atrás la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que tenía contemplada la reunión con los padres y madres de los 43 a finales de de marzo, tentativamente, luego de la manifestación mensual por la desaparición de los normalistas.
Apenas este lunes la presidenta remarcó que la postura oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido que la dependencia hizo entrega total de la información en su poder referente a la desaparición de los normalistas, a pesar de la resolución que dictamina que entreguen 853 folios pendientes.
De igual forma la presidenta dijo que solicitó apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para recomendar expertos para participar en la investigación, además que la Fiscalía General de la República informará sobre la situación de la funeraria. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero (SGIRPCGRO) terminaron ayer en la mañana el paro de labores que inciciaron la noche anterior ante la falta del pago de viáticos.
El lunes a las 9 de la noche trabajadores operativos informaron un paro de unidades a nivel estatal por el incumplimiento en el pago de viáticos establecidos en una minuta de acuerdos firmada por el Gobierno del Estado.
La falta del pago de viáticos de la quincena pasada afectó a 376 trabajadores operativos en todas las regiones del estado, informó ayer por la mañana el secretario general del Sindicato de Protección Civil y Bomberos del Estado de Guerrero, José Don Juan Lucena.
Los empleados dependen de esa partida para cubrir gastos básicos durante sus labores, sobre todo en esta temporada de incendios forestales.
El representante sindical acusó que el retraso obedece a “fallas” en el área de administración y finanzas de la dependencia estatal.
Cada trabajador, aseguró, recibe alrededor de 250 pesos diarios que equivalen a 4 mil 500 pesos quincenales para cubrir alimentación, hidratación y otros insumos para sus tareas diarias en campo.
Alrededor de las 9:30 de la mañana de ayer, Juan Lucena dijo que tras una reunión con Roberto Arroyo Matus y el director de negociación, Rafael Julián Arcos, el paro concluiría tras el acuerdo de que el pago se iba a dispersar.
Personal de confianza informó que las labores continuaron con normalidad y que “paro de labores” como tal no había. (Luis Daniel Nava /?Chilpancingo).

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La activista feminista María Luisa Garfias Marín consideró una burla para la sociedad y para el Poder Judicial federal que el juez Octavo de Distrito, Lino Román Quiroz haya dictado libertad condicional a los mandos de dos soldados que agredieron sexualmente a Inés Fernández Ortega, con el propósito de hacerle daño y de impactar en todas las mujeres indígenas.
Mencionó que la sentencia de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) del caso Inés Fernández establece que el Estado mexicano debe llevar a juicio no sólo a los soldados que cometieron la violación, sino a aquellos que lo permitieron, que los encubrieron, que pudieron evitarlo y no lo hicieron.
“No sólo era dañó sicológico a una mujer, sino a todas las mujeres indígenas, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció en 2015 ese tipo de tortura cometida por servidores públicos y mandos que lo encubren”.
Afirmó que el mismo Tribunal Superior de Justicia violenta el Estado de Derecho que México aceptó, cuando un juez se muestra ignorante del alcance de la sentencia de la Coidh y de los compromisos del gobierno mexicano para que se apliquen medidas de detención, de procesamientos, de sentencia y de no repetición.
Llamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, para que el Tribunal de Disciplina Judicial revise la conducta del juez, “que coloca en una situación de descrédito al poder Judicial y al propio Estado México”.
Consideró que no existen garantías de que los liberados vayan a cumplir con la medida cautelar para seguir su proceso en libertad.

Tortura sexual no es delito menor: Reyna Aguilar

Asimismo, la representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar expresó su preocupación del estado que guardan los derechos humanos y el acceso real a la justicia en este país, por el cambio de la medida cautelar de los detenidos en el caso de Inés Fernández.
Señaló que la determinación del juez es un mensaje a toda la sociedad de que los delitos graves, reconocidos incluso por organismos internacionales, pueden ser tratados con flexibilidad.
“Es inadmisible, la tortura sexual no es un delito menor, ni susceptible de interpretaciones ligera, es una violación grave que exige una respuesta firme sin posibilidad de modificación por parte del Estado”. Además, “requiere de mayor firmeza y relevancia al tratarse de una mujer indígena donde históricamente es un sector de los más vulnerados”.
Aunque el debido proceso es fundamental para las partes, este no debe convertirse en un argumento para debilitar la protección a la víctima y mucho menos para abrir espacios a la impunidad, expuso.
“Resoluciones como esta nos obligan a cuestionar si realmente se está avanzando hacia un sistema judicial más justo y equitativo o por lo contrario vamos en un retroceso”.

Presentarán un recurso de apelación

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz informó que ayer presentarían un recurso de apelación contra la determinación del juez octavo de distrito, por haber concedido la libertad de los militares Raquel Méndez y Andrés Sosa Pineda con el cambio de medida cautelar, para dos acusados del delito de tortura por omisión, en el caso de Inés Fernández.
En consulta telefónica denunció que el juez evidenció un desconocimiento del delito que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la agresión de dos militares en una operación castrense.
“El juez considero mínimo el delito de tortura, no grave, porque no está dentro del catálogo del artículo 19 de la Constitución, y nunca valoró que este asunto es parte de una sentencia que emitió la Corte Interamericana por tortura sexual, ni que los acusados eran los jefes de la base de operaciones, donde dos de ellos cometieron la violación”.
No obstante que en los argumentos presentados en la audiencia donde se dictó la formal prisión para Raquel Méndez el 7 de noviembre de 2026, y para Andrés Sosa Pineda el 7 de febrero de 2026, dice que en su carácter de superiores jerárquicos nada hicieron para evitar la consumación del delito por parte de sus elementos.
Según el juez, los acusados tienen arraigo domiciliario y no representan riesgo para la víctima ni pueden obstaculizar el proceso.
Sin embargo, añadió que tras la denuncia y durante la exigencia de justicia, Inés fue víctima de agresión y amenazas que pueden continuar ahora que sigue el proceso penal.
Mencionó que hubo dos procesados como agresores materiales, Humberto García de León condenado a 28 años con ocho meses, y Salvador Aguilar Otañez, asesinado dentro de la cárcel militar en la Ciudad de México antes de obtener una sentencia.
“Fue Salvador el que confirmó que los militares sí estuvieron en las inmediaciones de Barranca Tecuani, en el lugar de los hechos. Nosotros creemos que lo asesinaron en 2017, según en una riña dentro de la prisión militar, que nunca se esclareció, ni la Fiscalía militar se pronunció al respecto”.

 

Un hombre que hacía maniobras con una máquina retroexcavadora falleció luego de que ésta le cayera encima cuando le hacía unos ajustes.
Fuentes policiacas informaron que el hecho ocurrió este martes en la mañana en el fraccionamiento Los Morros, en la comunidad Los Almendros, ubicada en la zona costera oriente del municipio de Zihuatanejo.
Según el informante, el trabajador, quien fue identificado como Eduardo N., operador de la retroexcavadora, hacía maniobras con la misma para retajar un terreno, cuando la máquina presentó un desperfecto, por lo que se bajó para hacerle unos ajustes y de manera imprevista se movió de manera repentina cayéndole encima, provocándole la muerte de manera instantánea.
Agregó la fuente que aunque había personas en el lugar no pudieron auxiliar al hombre, por lo que únicamente avisaron a las autoridades correspondientes. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

La noche de este martes ocurrió un incendio en Altamirano, a una cuadra del Ayuntamiento de Pungarabato, en donde se quemó una papelería y la dueña con su nieta habían quedado encerradas en el interior de un departamento sin poder salir por el fuego, pero fueron rescatadas.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:30 de la noche en la calle Pungarabato Poniente, a una cuadra del Palacio Municipal y del Zócalo de Altamirano, en donde se encuentra la papelería Amalia, una de las más antiguas de la ciudad.
Al parecer el fuego ocurrió en la red de gas pues tiene un tanque estacionario que estaba ardiendo en el techo, aunque no se descarta la posibilidad de un cortocircuito.
El hijo de la dueña confirmó que dentro de la casa estaba sin poder salir su mamá que es una adulta mayor de aproximadamente 75 años, y su hija de un año.
El personal de Protección Civil tuvo que romper una pared para poder ingresar a la casa y por ese mismo hoyo lograron rescatar a la señora y a su nieta. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

En la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se destacó el respaldo de los integrantes a la iniciativa de ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, que presentó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ayer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Mesa que conforman autoridades federales de Seguridad Pública en Guerrero, mandos militares de la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina y del gobierno del estado, sesiona todas las mañanas de lunes a viernes para el seguimiento a la agenda de seguridad en la entidad.
Durante la reunión los integrantes resaltaron que la gobernadora respaldó a nombre de las y los integrantes de la Mesa de Seguridad la iniciativa de la fiscal general, sin más detalle de la propuesta que plantea, entre otras cosas, penas de hasta 70 años de prisión y la homologación en la investigación y persecución de oficio del delito. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).