Luego de que pobladores del municipio de Petatlán bloquearon la carretera federal Zihuatanejo–Acapulco para denunciar la agresión cometida por marinos contra dos jóvenes de la comunidad de Arroyo Seco, la Secretaría de Marina-Armada (Semar), a través de la 18 Zona Naval, informó que inició una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de su personal.
El pronunciamiento oficial de la institución armada surge tras la movilización ciudadana ocurrida la tarde del miércoles de esta semana, cuando los habitantes manifestaron su indignación por la agresión que dejó golpeados a los dos jóvenes que se encontraban cortando varas con horqueta para trabajar en las huertas de mango de la zona.
A través del comunicado de prensa 018/2026, la dependencia confirmó tener conocimiento del incidente: “La Comandancia de la Décima Octava Zona Naval se encuentra llevando a cabo las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos suscitados y corroborar las acusaciones en contra del personal naval involucrado en dichos actos”.
La Secretaría de Marina precisa que estas indagatorias tienen como objetivo que “se tomen las medidas pertinentes en coordinación con las autoridades competentes, en caso de existir actos contrarios a la disciplina naval y/o constitutivo de un delito”.
Sin embargo, a pesar de los señalamientos directos de los familiares y testigos sobre el uso excesivo de la fuerza contra los jóvenes de Arroyo Seco, quienes fueron trasladados para recibir atención médica tras la agresión, la institución mantuvo su postura institucional en el texto.
“La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reafirma que todas sus acciones se realizan con estricto respeto a los derechos humanos, en apego al marco jurídico vigente y en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”, cita el documento.
Las autoridades navales no detallaron en el comunicado cuántos elementos están bajo investigación ni el estado de salud oficial de los jóvenes lesionados que derivaron en la protesta y el cierre total de la circulación vehicular en esa región de la Costa Grande.
En la comunidad Sinahua, de Pungarabato, denunciaron la desaparición de una mujer con su hija, quienes salieron de su casa desde este miércoles y no regresaron, por lo cual se pide el apoyo de las autoridades para su búsqueda.
De acuerdo con la denuncia, se trata de Gleydi Lenni Pablo Bartolo, de 24 años, quien salió de su casa la mañana del miércoles, con su hija de unos tres años de edad.
Reportaron que la mujer salió con dirección a Ciudad de Altamirano y que comenzaron con su búsqueda por la tarde, sin poder dar con su paradero. Una amiga le llamó por teléfono y le dijo que se encontraba en Chilpancingo, pero ya no pudieron contactarla por teléfono.
Desconocen el motivo por el cual dijo que se encontraba en la capital estatal, pues los familiares sabían que se dirigía hacia Ciudad Altamirano, que se encuentra a 10 minutos de distancia de su hogar.
Negaron que la mujer estuviera huyendo de la casa, pues dejó la mayor parte de sus pertenencias y de su hija. Fue hasta este jueves cuando pidieron el apoyo de las autoridades para su búsqueda.
Temen que la mujer sea víctima de algún secuestro virtual y que se esté escondiendo, pues señalan que en esa población hay casos de personas a las que les llaman y se salen de su casa, que ellos mismos terminan escondiéndose, debido a que son víctimas de un secuestro virtual.
Ante tal situación, pidieron a las autoridades su apoyo para la búsqueda de la mujer y de la menor, al señalar que no tenía motivos para salirse de casa, sino que podría estar siendo víctima de algún delito. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Representantes de Preparatorias Populares del Estado de Guerrero en la reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Guerrero y el gobierno del estado, que se realizó ayer en la Ciudad de México Foto: El Sur
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Representantes de las preparatorias populares se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y el gobierno estatal, para insistir en la creación de un subsistema educativo propio.
La reunión se realizó este jueves en las oficinas de la SEP en Ciudad de México, donde la titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, y su homóloga de la SEG, Lucila Rangel Santos; así como el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, atendieron a los representantes del Frente Estatal, Sindicato Independiente, Comité Ejecutivo y Coordinadora Estatal de Preparatorias Populares.
Consultado al respecto, el presidente del Frente Estatal de Preparatorias Populares del Estado de Guerrero, Simón Ramos Aburto, informó que las autoridades “se comprometieron” a dar seguimiento a su demanda para “poder aterrizar en la oficialización”, así mismo se analizaron los casos de maestros que no cumplen con el perfil para dar clases, con la buena voluntad de las autoridades, quienes van a “buscar la ruta para poder garantizar que no se les afecten sus derechos laborales”.
Detalló que, para poder reconocer a las preparatorias populares, se requiere de la firma de un convenio entre el gobierno federal y el gobierno estatal, pero también se revisará cuántos planteles están dentro del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, del Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo y del Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano.
“También se nos está pidiendo revisar, cuántas comunidades son indígenas, cuántas comunidades son de muy alta marginación”, añadió, con el objetivo de analizar su presupuesto.
Además, con el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana y el Marco Curricular Común de Educación Media Superior se podría cobijar a las preparatorias populares, “por eso es que nos están pidiendo esos datos”.
Recordó que, en la actualidad, el gobierno estatal entrega 97 millones de pesos a las 104 preparatorias populares de la entidad, pero falta que el gobierno federal aporte lo que le corresponde, que deberían ser unos 100 millones de pesos, para solventar las necesidades de los planteles, maestros, trabajadores administrativos y estudiantes.
Destacó que la inversión federal en las preparatorias populares depende de su situación jurídica, sin embargo, los representantes rechazaron la propuesta del gobierno estatal, de incorporarse a un subsistema educativo existente, por ejemplo, en Educación Media Superior a Distancia del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero.
“Nosotros no aceptamos porque son subsistemas ya existentes que tienen sus propias problemáticas y para que nos atiendan a nosotros va a ser muy difícil. Así es que se está buscando un método que sean propio de las preparatorias populares como un Organismo Público Descentralizado (OPD)”, dijo.
Consideró que las autoridades demostraron “la mejor disposición” para resolver la situación jurídica de las preparatorias populares, “se comprometieron a cumplir todo para poder aterrizar ya, lo más pronto posible (en la solución), confiamos en que así sea”.
La secretaria del Sindicato Independiente de Preparatorias Populares, Julia Suárez Martínez, coincidió en que debe crearse el OPD propio del sector, de esta manera sería más fácil su adaptación al Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana.
Subrayó que la propuesta de incorporarse a otro subsistema educativo afectaría a unos 400 maestros que quedarían fuera, por lo que se rechazó esta opción, para evitar otro problema, “porque arreglaríamos unos cuantos y otros se quedaban fuera y se requerían más recursos”.
Añadió que “vemos con entusiasmo” la respuesta de las autoridades y se pretende que en la próxima reunión, que podría ser entre el 7 y 9 de mayo próximo, haya más avances, que serán presentados en otro encuentro con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo; en tanto que René Vargas se comprometió a que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda firmará un documento para solicitar al gobierno federal que aporte más presupuesto.
Integrantes de la Comisión Intersindical, Asociaciones Civiles y Derechohabientes del ISSSTE (Ciadi) en Guerrero visitaron un predio ubicado a un costado de la Autopista del Sol, donde podría construirse una nueva clínica para atender a la población de la región Centro.
El predio sería donado por el ejidatario Ramiro Arcadio Reyes Santiago y se localiza en una zona conocida como Triángulo Dorado, entre el fraccionamiento Nuevo Mirador y la caseta de Palo Blanco rumbo a la comunidad El Calvario. Este lote fue visitado por los integrantes de la Ciadi, el miércoles pasado.
La Ciadi aglutina a representantes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobcah), entre otros.
Consultado al respecto, el asesor del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, quien acudió a la visita en representación del secretario general José Antonio Salvador López, relató que los integrantes de la Ciadi se concentraron en la clínica hospital del ISSSTE ubicada en la avenida Ruffo Figueroa y de ahí partieron al predio.
Recordó que la actual clínica fue construida hace unos 50 años, para atender a unos 30 mil derechohabientes, por lo que “ya es insuficiente para dar servicio médico a todos los derechohabientes y tampoco tiene muchas especialidades. No hay suficiente personal médico especializado para atender todas esas necesidades”.
Ante esta situación, desde 2020, durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se solicitó la autorización para la inversión correspondiente, pero al no haber terreno ni certeza jurídica, la construcción se pospuso en diferentes ocasiones.
Indicó que la visita al predio fue para determinar si es factible la construcción y los representantes de la Ciadi consideran que es una buena opción y factible la obra; no obstante, “hay que decirlo también, por parte de las autoridades del ISSSTE dijeron que sería muy costosa la inversión”.
Abundó que en el predio se tienen que habilitar los servicios públicos de luz, drenaje y agua, pero también se debe pavimentar el acceso, aunque ya se cuenta con una preautorización para dos rutas del transporte público.
Por estas condiciones, los representantes del ISSSTE informaron que continuará la búsqueda del espacio adecuado, en una zona más urbana, que se considerarán otras propuestas, como la ampliación de la clínica hacia un terreno que pertenece a la CFE e incluso, que se utilicen el espacio que ocupan las abandonadas oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero.
Subrayó que los derechohabientes pagan sus cuotas y apelan a la voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que se encuentre un lugar apropiado e inicie la construcción lo más pronto posible.
Añadió que Guerrero es reconocido como la entidad más morenista, por lo que “es es justo que se le recompense con obras de carácter social y más tratándose de la salud que es un derecho humano y primordial”.
El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, indicó que ya se concluyó con la intervención en 68 puentes dentro de Guerrero, como parte del Programa de Infraestructura Carretera en Guerrero.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario señaló que la inversión fue de mil 880 millones de pesos en 4.6 kilómetros. Del total de puentes, se construyeron 45 con distancia de tres kilómetros, 21 puentes rehabilitados de 1.4 kilómetros y dos ampliaciones de claros con 220 metros.
“En cuanto a la infraestructura de la carretera de Guerrero, lo hemos presentado en otras ocasiones. Ya están los 68 puentes concluidos y en operación, así como los caminos y carreteras atendidas”, dijo.
Esteva Medina mencionó que en la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia la intervención para 2026 es de 112 kilómetros, de los cuales 63 son en Guerrero y 49 están en Puebla, con una inversión de 3 mil 161 millones de pesos.
“Los tramos son El Pitayo-Tehuitzingo, Hacienda de Guadalupe-Acatlán de Osorio, Alacatlatzala-Chilixtlahuaca y Acalmani-Igualap y Ometepec”, agregó el secretario.
En el tramo de Salina Cruz a Zihuatanejo, el avance es de 5 por ciento y durante el año se intervendrán 37 kilómetros en Oaxaca, con la inversión de 2 mil 754 millones de pesos, recordó que el año pasado se intervinieron ocho puntos.
“El año pasado tuvimos la intervención de ocho puentes y 26 kilómetros, en el tramo de Pochutla a Huatulco. Este año estamos interviniendo 37 kilómetros en Oaxaca y también ocho puentes adicionales”, dijo.
Para mayo próximo iniciará el tramo Toluca-Tamascaltepec, en la carretera Toluca-Zihuatanejo, del cual dijo el secretario Jesús Esteva que se cuenta con el respaldo en la construcción de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, tenemos el año pasado una intervención de 12 kilómetros y con un paso a desnivel. Y para 2026 tenemos el tramo de Toluca-Temascaltepec, que son 38 kilómetros. Este tramo por liberación de derecho de vía y obra preliminar, estará iniciando en mayo de 2026”, agregó. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).
La gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, informó que respalda la postura y las acciones que el gobierno de Acapulco, que encabeza la alcaldesa Abelina López Rodríguez decida por el Acamoto 2026.
Ayer el gobierno del estado emitió un comunicado de prensa, después de que el gobierno municipal y empresarios dieron una conferencia donde informaron que el Acamoto no sería autorizado.
En el comunicado del gobierno estatal no menciona directamente el Acamoto, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, manifestó su respaldo al Ayuntamiento contra “eventos que hagan apología del delito y concentraciones masivas que fomenten el desorden y la violencia”.
“Con mucho gusto las vamos a respaldar, como lo hemos hecho en otros momentos, desde el gobierno del estado de Guerrero y desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, siempre hemos sumado a los gobiernos municipales y sobre todo al gobierno de Acapulco, en donde hay una estrategia bien definida”, dijo.
Abundó que Acapulco es un municipio de atención prioritaria no nada más para el gobierno de Guerrero, sino también para el gobierno de México, que han procurador el trabajo coordinado para los acapulqueños, y prueba de eso, es la temporada vacacional de Semana Santa.
El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos y autoridades de todos los municipios para sumarse a la iniciativa que se impulsa desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, de no fomentar acciones o eventos que generen violencia o apología del delito.
Añorve apoya la cancelación; daña la imagen de la ciudad, dice
El senador por el PRI Manuel Añorve Baños respaldó al Consejo Coordinador Empresarial para que no se realice la edición del Acamoto, debido a que en 2025 afectó la imagen turística de Acapulco.
En un oficio dirigido al Consejo Coordinador Empresarial, Julián Urióstegui Carbajal, el guerrerense dijo que la edición del año anterior demostró que el Acamoto afectó la seguridad de la población acapulqueña, ademas de daños y pérdidas humanas.
“Los antecedentes de la edición 2025 evidenciaron hechos lamentables que derivaron en pérdidas humanas, lesiones, daños materiales y afectaciones al orden público, afectando la seguridad de la población y la imagen turística de Acapulco”.
De igual forma, Añorve Baños dijo que los tres niveles de gobierno deben proteger a la población, además que Acapulco necesita responsabilidad y que los eventos masivos deben realizar únicamente cuando existan condiciones de seguridad.
“Acapulco necesita orden, legalidad y responsabilidad para consolidar su recuperación económica y turística. Los eventos masivos sólo deben realizarse cuando existan condiciones que garanticen la seguridad de las familias, visitantes y prestadores de servicios”.
Hace dos semanas Urióstegui Carbajal pidió cancelar el evento de motociclistas hasta que los organizadores se presenten, tengan los permisos necesarios y cuenten con un seguro por daños y perjuicios que ocasiona la concentración.
El Acamoto del 2025 tuvo como saldo a ocho personas fallecidas y 12 heridos, además de registro de riñas y vandalismo, concentró toneladas de basura y remitió al corralón a 135 motocicletas.
Luego de dicho evento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en mayo de 2025 que el evento debería ser regulado y que en caso de que se diera una nueva edición en 2026 fuera bajo reglas y limitaciones y que la Secretaría de Gobernación estaba en disposición de ayudar al estado.
En esa misma ocasión, Sheinbaum señaló que el Acamoto contaba con permisos tanto del gobierno del estado como el gobierno municipal de Acapulco, por lo que tanto el estado como el municipio tenían que asumir las responsabilidades. (Redacción y Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).
Campesinos productores de limón pararon obras de la Conagua en el poblado de Aguacaliente para exigir que la dependencia y la Sagadegro cumplan acuerdos Foto: El Sur
Yee Trujillo
Productores de limón de 15 comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec pararon las obras de construcción de pozos radiales que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Aguacaliente para exigir que autoridades estatales y federales que cumplan los acuerdos pactados desde el año pasado.
En declaraciones telefónicas, el coordinador técnico del Sistema Producto Limón, Filiberto Martínez Pastenes, explicó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural estatal (Sagadegro) ha incumplido la entrega de 10 mil plantas para 100 productores, como parte de un apoyo tras los daños causados por los huracanes Otis y John en la ribera del río Papagayo.
Expresó que desde enero se depositaron 200 mil pesos (20 pesos por planta), pero la dependencia primero les dijo que no había plantas disponibles, luego que las estaba buscando, que no están listas, que hubo heladas porque vienen de Veracruz, y se venció el plazo que puso la misma Sagadegro para finales de marzo.
“La gente está inconforme pues porque ya aportó, son de bajos recursos y todavía no les entregan el apoyo”, expresó el ingeniero.
Añadió que el problema se juntó con que la Conagua está construyendo en Aguacaliente los pozos radiales para abastecer de agua a la zona urbana de Acapulco, que operará Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), y los vecinos habían acordado que se les beneficiaría con el servicio en la comunidad, además de 350 hectáreas de sistemas de riego, pero a la fecha tampoco se ha cumplido y uno de los pozos ya tiene un avance del 90 por ciento.
En el lugar estuvieron el presidente del Sistema Producto de Limón en Guerrero, Jorge Luna Sánchez, y el delegado de Gobernación estatal en Acapulco, Osiel Morales Nava, pero Martínez Pastenes contó que debido a que no hubo acuerdos unas 100 personas se manifestaron en el pozo radial, sacaron a los trabajadores y las máquinas para que no puedan trabajar hasta que se atiendan sus demandas.
Dijo que el delegado de la Dirección de Gobernación del gobierno del estado afirmó que el domingo habrá otro encuentro con los campesinos, pero mientras se mantendrá la protesta para evitar que la Conagua siga trabajando, y que los productores querían reunirse ayer con el director de la Conagua en Guerrero, Jorge Alberto Betancourt Esponda, y el de la Sagadegro, Alejandro Zepeda Castorena.
Unos treinta ejidatarios de El Cayaco bloquearon durante media hora la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional, cerca del crucero, para exigir la indemnización por la expropiación de sus tierras.
Antes del mediodía, los inconformes cerraron los dos sentidos de la vía federal para demandar la suspensión de los trabajos en la carretera nacional, en el tramo de El Cayaco.
Manifestaron que el tramo en obra actual, que realiza el gobierno del estado, comprende Cayaco–Tunzingo.
Advirtieron que el sábado o lunes volverán a bloquear para exigir la indemnización a la que se comprometió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Reclamaron que el gobierno federal desde hace 25 años no les han pagado sus tierras a los 147 ejidatarios.
“¡El Ejido del Cayaco exige al gobierno federal el pago de la carretera nacional!”. “¡De aquí no nos vamos, necesitamos el pago del ejido de El Cayaco para permitir la continuación de los trabajos SICT! ”, “¡SICT dónde estás!”, fueron las demandas en las pancartas.
En declaraciones, el encargado de la administración de la comisaría ejidal de El Cayaco, Ricardo Nava, pidió al gobierno federal indemnizar a los 147 ejidatarios afectados por la construcción de la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional.
“Se está solicitando el pago de la expropiación carretera Cayaco–Tunzingo y crucero de Cayaco–Puerto Marqués y hasta la fecha no se ha podido pagar”, declaró.
Indicó que el gobierno del estado está trabajando en el tramo Cayaco-Tunzingo, “maquinarias del gobierno del estado y ellos expresan que al ejido ya se le pagó y por lo tanto era del dominio federal”.
Aseveró que agotaron todas las instancias de diálogo “y nos vemos en la necesidad de bloquear por media hora para no afectar a terceros”.
Aseguró que con la obra de ampliación de la carretera federal se afectarán a viviendas y locales que están en el dominio del ejido.
Advirtió que si no hay respuesta favorable al pago de tierras seguirán las manifestaciones para presionar al gobierno federal.
Los inconformes no fueron atendidos por ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno, pero sí por la comisaría ejidal para dialogar.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) publicó los nombres de los integrantes del consejo consultivo, cuyo presidente formará parte del Consejo de Administración del organismo.
En la cuenta oficial de la paramunicipal en Facebook, se publicaron los nombres de los integrantes del consejo consultivo; como presidente quedó el empresario constructor, que ha apoyado a la alcaldesa Abelina López Rodríguez en el programa de bacheo emergente, Omar Hernández Castro, y como vicepresidente quedó Rigoberto Abarca Valadez.
De vocales están María del Carmen Martínez Pérez, Guadalupe Ávila Salinas, Félix Urióstegui López, Alberta Valdovinos Salgado y Camerina Mendiola Solís; estos últimos aparecen como vocales.
Según el oficio publicado en la página, los nombres antes mencionados cumplieron con los requisitos de la convocatoria, de esa lista el presidente de dicho consejo, según las fuentes de la paramunicipal formará parte del Consejo de Administración de la CAPAMA, junto con los funcionarios y los tres regidores, y probablemente hoy viernes den a conocer los otros nombres de quienes formarán parte del consejo del organismo. (Aurora Harrison).
Integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia hicieron una visita al Servicio Médico Forense de El Quemado, pero no encontraron nuevos indicios que les puedan permitir identificar cuerpos de personas desaparecidas. En el lugar colocaron fotos con los rostros y datos de las personas no localizadas.
La representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, quien busca a su hijo Jhonatan Guadalupe Romero Gil, desaparecido por policías municipales de Acapulco el 5 de diciembre de 2018, indicó que la jornada de búsqueda de cinco días que organizaron por el estado se hizo sin recursos del Centro de Atención a Víctimas federal porque les dijeron que su trámite se hizo a destiempo.
Denunció que el Centro Atención a Víctimas del estado siempre retrasa en el apoyo mensual a las familias de víctimas de desaparición es una constante, ejemplificó que los recursos llevan retraso de hasta un mes, lo correspondiente a enero lo entregan en febrero y lo de febrero en marzo.
La visita de ayer fue para revisar los libros de registro del Servicio Médico Forense que se ubica a un costado del hospital general de El Quemado que les permita localizar a alguna persona desaparecida reportada por sus familias. Participaron 14 familias provenientes de Acapulco, Las Vigas y Chilpancingo.
En el lugar ya habían visto un reporte de una persona que tiene una seña particular de una persona desaparecida, ayer fueron a rectificar datos. pero falta hacer los estudios de ADN para confirmar la identidad.
Dijo que la intención de la jornada de búsqueda es “seguir visibilizando esta crisis humanitaria que vivimos en el país”.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en un informe señaló que el país enfrenta una crisis por la desaparición de personas y el gobierno federal lo rechazó porque considera que es sesgado y hay conflicto de interés en uno de los integrantes de ese comité.
Socorro Gil opinó que es “repugnante” que el gobierno federal rechace ese informe porque “sabemos que la ONU está diciendo la verdad”, porque hay carpetas con acciones urgentes por desapariciones forzadas.
Sobre las ayudas económicas que entrega el Centro de Atención a Víctimas dijo que para muchas familias son un ingreso del que dependen para comprar alimentos y algunas familias difícilmente pueden participar en las acciones de búsqueda porque no cuentan con dinero para costear pasajes.
Abundó que la colectiva busca aportaciones para que las acciones de búsqueda no cesen, “el dinero siempre es el obstáculo para seguir buscando, porque si tienes la disposición y el tiempo pero si no hay recursos ¿cómo te mueves?”
Integrantes de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia colocaron fotografías con los rostros y datos de las personas no localizadas en las instalaciones del Servicio Médico Forense Foto: El Sur
