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Detienen acusado de homicidio a líder de comunidades indígenas de Chilapa
Detienen acusado de homicidio a líder de comunidades indígenas de Chilapa
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo iba con su esposa a Acapulco a una reunión citado por el subsecretario Francisco Rodríguez, informa el Principal de Buenavista. Lo capturan en un retén militar de San Marcos y se lo llevan en helicóptero. La Fiscalía lo vincula con Los Rojos y Los Tlacos. Fue vocero principal de las pueblos nahuas atacados por el grupo delictivo Los Ardillos en mayo. Su hijo no es ningún asesino, “es un muchacho pobre que vive en la comunidad pidiendo para la gasolina”, dice su mamá. Exigen su libertad organizaciones sociales y organismos de derechos humanos
Chilpancingo, Guerrero, 18 de julio de 2026. El promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo fue detenido ayer en el retén militar de El Maguey, cerca del crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, denunciaron dirigentes de la agrupación. La detención ocurrió a las 2:30 de la tarde.
En la noche, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el dirigente del Cipog-EZ fue detenido por el delito de homicidio en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo ocurrido el 30 de octubre del 2021, pero no precisa dónde ocurrió.
A las 4:30 de la tarde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, confirmó mediante el Registro Nacional de Detenciones la aprehensión del dirigente indígena, pero en el documento todavía no se informó el delito que se le imputa, y tampoco se estableció su ubicación, y sólo se lee que está “en traslado”.
Integrantes del Cipog-EZ aseguraron que desconocían si tenía abierta alguna carpeta de investigación.
En declaraciones por teléfono, el Principal y ex comisariado de Bienes Comunales de Buenavista, Pedro Martínez Plácido informó que Jesús Plácido Galindo viajaba rumbo a Acapulco acompañado de su esposa porque había sido citado a una reunión por el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros.
Sin embargo, cuando pasó por el retén militar de El Maguey lo detuvieron, lo esposaron y le decomisaron su teléfono celular antes de llevárselo con rumbo desconocido, en tanto que en el lugar se quedó su esposa en la camioneta, “y hasta ahorita (8 de la noche) no sabemos en qué penal lo tienen”.
“La versión que da su esposa es que este señor, Rodríguez Cisneros, lo mandó citar a una reunión en Acapulco, creemos que le puso una trampa porque él sabía que la reunión la tendríamos nosotros en Chilpancingo con el director del Centro de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega, pero no sé por qué Rodríguez Cisneros lo mandó citar a él a Acapulco”.
La reunión sería para tratar la demanda de pavimentación de un tramo carretero de Buenavista, pero la comisión de pobladores designada para ello, encabezada por Pedro Martínez Plácido ya se encontraba en Chilpancingo para reunirse con el titular de la CICAEG.
Pedro Martínez dijo que de manera extraoficial saben que lo acusan de homicidio, secuestro y delincuencia organizada, “pero nosotros desconocemos esos delitos, creemos que se los están inventando, no sabemos por qué”.
Informó que Plácido Galindo padece de diabetes y requiere de atención médica y de muchos cuidados.
Advirtió que anoche esperarían la información del lugar donde lo tienen, “de lo contrario nos vamos a reunir y estaríamos bajando para realizar una acción”.
La FGE lo vincula con los grupos delictivos Los Rojos y Los Tlacos
La FGE informó en la noche que el dirigente indígena fue detenido por el delito de homicidio en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo ocurrido el 30 de octubre del 2021.
En un breve boletín de prensa, a las nueve de la noche, seis horas y media después de su detención, la FGE informó que a Plácido Galindo se le vincula también con los grupos delictivos de Los Rojos y Los Tlacos.
Informó que la detención ocurrió en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Fechado en Lomas de Sotelo, sede de la Secretaría de Defensa en la Ciudad de México, en el comunicado no se informa ante qué autoridad fue puesto a disposición el dirigente comunitario.
“El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en el estado de Guerrero para continuar las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica”, se lee en el comunicado.
“Jesús es identificado como dirigente del Cipog-EZ y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, además se le vincula con el grupo delictivo de Los Rojo y el Cártel de la Siera y/o Los Tlacos, y con los hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa-José Joaquin de Herrera”, señala el boletín de prensa.
El comunicado fue acompañado con fotografías en una de las cuales se ve al dirigente siendo subido por agentes armados y rodeado de sol-dados con armas largas a un heli-cóptero de la Fuerza Aérea Mexi-cana, y en otra bajando de la misma nave pero no se precisa el lugar.
El contexto
El 30 de enero el dirigente del Cipog-EZ encabezó con integrantes de la Policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) una caravana de unos 400 civiles armados que salió de Ayutla rumbo a comunidades de Tecoanapa y Juan R. Escudero (Tierra Colorada) para recuperar, según dijo entonces, el territorio que está en poder del grupo delictivo de Los Ardillos.
Los primeros días de febrero ,el dirigente indígena denunció que la Secretaría de Gobernación le canceló las medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Del 6 al 11 de mayo, durante la irrupción armada de integrantes del grupo delictivo de Los Ardillos que atacaron las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, municipio de Chilapa con explosivos lanzados desde drones, Plácido Galindo se convirtió en el principal vocero que denunció la agresión en el ámbito nacional e internacional.
El 26 de junio Jesús Plácido Galindo denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le congeló sus cuentas de banco, donde recibía apoyo en efectivo para las comunidades indígenas con las que trabaja.
Según declaró él mismo, en una cuenta de Bancomer tenia 280 pesos, y otra de Banco Azteca ya la había cancelado con un saldo de 50 pesos.
El Cipog-EZ que dirige Plácido Galindo es integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), así como de la Misión Civil de Observación Sexta (MCOS), organismos que fueron creados a instancias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que opera en comunidades indígenas de Chiapas.
“Es un muchacho pobre que vive en la comunidad pidiendo para la gasolina”
Entrevistada anoche en el noticiero de Telefórmula que conduce Juan Pablo Pérez Díaz, la madre de Jesús Plácido Galindo, Enedina Galindo Bautista, aseguró que su hijo no es ningún asesino, ni pertenece a ningún grupo delictivo; “es un muchacho pobre, que vive en la comunidad pidiendo para la gasolina”.
Calificó al dirigente del Cicop-EZ como un hombre luchador, defensor de los pueblos indígenas, y denunció que fue “víctima de una trampa”.
Dijo que el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros lo amenazó “que si no se calmaba lo iba a meter a la cárcel”.
“Él no tiene ningún delito en las comunidades, su delito es hablar, viene de una familia luchadora por parte de su papá (el fallecido Cirino Plácido Valerio), No es ningún delincuente el muchacho, es diabético”, insistió.
Por su parte, el abogado de Plácido Galindo, Javier Rodríguez, denunció que a las 10 de la noche el dirigente indígena, seguía incomunicado y que no le permitían hablar ni con su familia.
Informó que las autoridades comunitarias de Buenavista se reunirían anoche para determinar las acciones que van a realizar para exigir su liberación.
Por separado, el promotor del Cipog-EZ de Alcozacán, municipio de Chilapa, Sixto Mendoza informó que este sábado, pobladores de 10 comunidades nahuas que pertenecen a la organización, van a marchar en esa localidad para exigir su libertad.
En la convocatoria, la dirigencia del Cipog-EZ, responsabilizan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al subsecretario Rodríguez Cisneros de la integridad física de quienes asistirán a la movilización.
Exigen organizaciones sociales y organismos de derechos humanos la libertad de Jesús Plácido
Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos exigieron la libertad del dirigente indígena Jesús Plácido Galindo.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, exigió la libertad inmediata del promotor del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, y demandó anoche que las autoridades brinden mayor información de su detención y salvaguarde su integridad física.
Mediante un comunicado el organismo de derechos humanos calificó como preocupante la “persecución de las autoridades federales y estatales contra los defensores comunitarios”.
Destacó que de acuerdo con un comunicado del Congreso Nacional Indígena (CNI), del que es integrante Jesús Plácido, en el aparatoso operativo participó el Ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Policía Ministerial. Sin embargo, lo más truculento es que “el compañero Jesús Plácido se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, quien lo citó con insistencia”.
Según Tlachinollan, el defensor comunitario llevaba peticiones a las autoridades estatales donde señala a Martín Vega González, titular de la CICAEG, de desvío de recursos destinados al ejido de Buenavista para la rehabilitación del tramo carretero Arroyo del Mango a Buenavista.
“También demandaba obras, ambulancias y medicamentos, nombramiento de una prefectura en la Escuela Secundaria Técnica número 227, un preescolar de nueva creación, construcción de la preparatoria y más obras”.
A su vez la MCOS emitió una “alerta máxima” al EZLN, al CNI y al CIG, así como a las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos del país, por la detención del dirigente indígena.
Denunció que aproximadamente 40 elementos de distintas corporaciones se encontraban en el retén donde fue detenido; entre militares, ministeriales y policías estatales, quienes lo esposaron y registraron el vehículo en el que viajaba.
“Le informaron que su detención era por homicidio, secuestro y delincuencia organizada; lo subieron a una camioneta con las siglas de la PGR pero no dieron datos de a dónde lo trasladarían”, informó la organización.
Informó que había sido citado por Francisco Rodríguez Cisneros vía mensajes de texto, “pues el compañero Jesús Plácido estaba gestionando recursos para el reencarpetamiento de una carretera de la comunidad de Buenavista”.
“Nos queda claro que la cita era una trampa para detener al compañero, por lo que responsabilizamos a Francisco Rodríguez de su detención”, se lee en el escrito.
La organización exige en su pronunciamiento la libertad inmediata e incondicional de Jesús Plácido Galindo; que las autoridades informen de manera inmediata sobre su paradero; que se garantice plenamente su vida, su integridad física y psicológica, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos y al debido proceso.
Asimismo, exige el cese de la criminalización, persecución y hostigamiento contra Jesús Plácido Galindo y contra las personas defensoras de derechos humanos y los pueblos indígenas; piden, además, la intervención urgente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de los organismos internacionales de derechos humanos para garantizar su seguridad y vigilar el respeto de sus derechos.
El organismo responsabiliza a los tres órdenes de gobierno, “incluyendo a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo por cualquier atentado en contra de su vida e integridad”.
Por aparte, el Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP) se pronunció en contra de la detención de Placido Galindo, “fabricada y ejecutada desde los gobiernos del estado y federal”.
Recriminó que en Guerrero la Cuarta Transformación “está utilizando la cortina de humo de la política para darle a nuestro combativo estado golpes certeros”.
El FNLP exigió a los tres órdenes de gobierno la libertad inmediata de Jesús Plácido Galindo, la libertad a todos los presos políticos en Guerrero y el país.
Y, finalmente, llamó a todas las organizaciones a estar atentas “a todo lo que se viene en contra de la lucha social en Guerrero”.
Zacarías Cervantes/Foto: El Sur
AMNÉSICO Otero
Envía Evelyn iniciativa al Congreso para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local un paquete de iniciativas en materia de transparencia, para armonizar con la Constitución estatal la reforma en materia de simplificación orgánica.
El Ejecutivo propone crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, e incluye nuevas leyes de Transparencia y Protección de Datos Personales.
En la sesión de la Comisión Permanente de este jueves, el Congreso local recibió tres iniciativas de la gobernadora para expedir nuevas leyes de Transparencia, de Protección de Datos Personales, de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como parte de la armonización en Guerrero de la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica.
A nivel federal la reforma eli-minó siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Trans-parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que en el estado determinó extinguir a su similar que es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro).
En la exposición de motivos que envió el poder Ejecutivo estatal al Congreso, asegura que las reformas no eliminan ni restringen los derechos de acceso a la información ni de protección de datos personales, sino que redistribuyen las facultades que antes concentraba el organismo autónomo entre distintas autoridades, conforme al nuevo marco constitucional.
La iniciativa de Ley de Transpa-rencia plantea que la garantía de este derecho recaiga en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de Transparencia para el Pueblo, así como en los órganos internos de control del Congreso, del Poder Judicial, de los ayuntamientos y los organismos autónomos.
También propone crear el Subsistema de Transparencia, instancia que coordinará a los tres poderes, organismos autónomos y municipios para homologar criterios, fortalecer la capacitación y promover políticas públicas en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La nueva Ley de Protección de Datos Personales “mantiene los principios de legalidad, consenti-miento, proporcionalidad y respon-sabilidad en el manejo de infor-mación personal, fortalece los dere-chos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) e in-corpora medidas para proteger
datos sensibles, así como meca-nismos de prevención ante posibles vulneraciones”, dice el documento.
En tanto, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública proponen sustituir la actual Secretaría de Contraloría y Trans-parencia Gubernamental por la Se-cretaría Anticorrupción y Buen Go-bierno, que concentrará funciones de control interno, fiscalización, transparencia, protección de datos personales, integridad pública y combate a la corrupción.
En la recomendación de la CNDH se habla de las investigaciones a funerarias de Iguala
Alejandro Guerrero
Iguala
La investigación en curso en las funerarias y la morgue de Iguala está relacionada con las declaraciones de testigos protegidos, entre ellos El Cabo Gil, y El Neto, hipótesis que fue planteada desde 2016 por el Grupo Independiente de Expertos Independientes (GIEI), aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 208VG-2026 la “desestimó”.
En la vituperada recomendación difundida el jueves pasado por la CNDH que preside Rosario Piedra Ibarra, se habla de la nueva inves-tigación que se desarrolla en las fu-nerarias El Ángel y Rueda, así como la morgue de Iguala que iniciaron el 9 de octubre pasado, aunque señala de forma errónea que “en los últimos dos años se aseguraron las dos funerarias El Ángel de Iguala”.
Menciona las dos primeras detenciones que se realizaron al inicio de estas diligencias, de los propietarios de las funerarias Rueda y El Ángel, Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo Rodolfo Rueda Mazón, de dos policías municipales y del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, detenido en un cateo en su casa el 26 de noviembre, a quien define como “un supuesto extrabajador de las funerarias”, aunque sus familiares han negado esa relación laboral.
Revela, además, algo que no se había informado desde octubre que se iniciaron las nuevas investiga-ciones en la morgue y funerarias, que hubo “comunicaciones entre los Rueda y miembros de Guerreros Unidos, como El Gaby (presumiblemente PI-27) y El Chucky (presumiblemente PI-41)”.
La investigación está relacionada con las declaraciones de los testigos protegidos con las claves Neto y Juan o PI-1 en la recomendación de la CNDH, éste último identificado como Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, entonces uno de los jefes de plaza de Guerreros Unidos.
Según los testigos, un grupo de los normalistas, “habrían sido llevados a dos funerarias de Iguala donde hay hornos crematorios y cuyo personal trabajaba con el grupo (Guerreros Unidos), y los que no pudieron incinerarse fueron destazados”.
La CNDH enfatiza la hipótesis de las funerarias, pero resta valor a la declaración del mismo “Juan”, El Cabo Gil, que señaló que también habían llevado a un grupo de estudiantes al 27 Batallón de Infantería, “lo que, sin embargo, se contradice con su primera declaración ministerial, en la que niega ser miembro de Guerreros Unidos”.
También desestima el trabajo de la Covaj del periodo del subse-cretario Alejandro Encinas, argu-mentando que en su primer informe, “le daba preeminencia al testimonio de Juan (PI-1), aunque llamativa porque aparentemente agregaba nuevos elementos a la investigación, y al fin, las pruebas de la parti-cipación de integrantes del 27 Ba-tallón de Infantería, empezando por su comandante AR-5, resultó falsa”.
En el caso del testigo Neto señala que en febrero de 2021 ubicó las funerarias en una inspección ministerial en la que dio fe de los inmuebles, pero ese testigo además de la funeraria El Ángel también mencionó la Urióstegui, de la que no se sabe que tenga hornos crematorios ni que sea parte de la investigación en curso.
“La PGR jamás profundizó en la línea de investigación de las funera-rias. La CNDH ni siquiera la consi-deró. Y el GIEI la desestimó prác-ticamente desde un inicio. De hecho, desechó la posibilidad de que los estudiantes hubieran sido incine-rados o cremados de cualquier mo-do, no solamente en el Basurero de Cocula sino en un horno crematorio, asegurando que en este último caso los huesos se rompen al ser extraí-dos”, se lee en la recomendación que se vuelve a lanzar contra el grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI en realidad no deses-timó el uso de los hornos ni desechó la posibilidad, sino que en su primer informe argumentó que no había un antecedente de que fuera el modus operandi de Guerreros Unidos ese método atroz y sofisticado de con-vertir hasta las cenizas a sus víc-timas, y “llevar a cabo su desapa-rición hasta convertir sus cuerpos en restos que ni siquiera puedan ser identificados con pruebas de ADN”.
De forma contradictoria, la CNDH reconoce en su misma recomendación, que el GIEI incluyó en sus informes 1, 2, 3, 5 y 6 la versión de las funerarias y los crematorios, pero no hubo eco en las investigaciones.
Menciona que “se está desaho-gando al final la investigación sobre las funerarias como sitio “adonde se habría incinerado a parte de los estudiantes”, y destaca una parte del libro “¡Gracias!” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que incluye parte de la declaración del testigo protegido “Neto”.
“Se leen detalles del traslado de los cuerpos ‘destazados’ de los normalistas en bolsas de plástico negras, a la Funeraria Urióstegui, en la colonia Ruffo Figueroa, y luego, como esta no se diera abasto, al crematorio llamado de “Los Verdes”, ambos en Iguala”, éste último en aparente referencia al Ejército, pero tampoco se profundiza.
Anuncia Sheinbaum una visión del caso Ayotzinapa “completamente distinta”

Juan Luis Altamirano
Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la nueva fiscalía especial del caso Ayotzinapa, a cargo de Mauricio Pazarán Álvarez, ha tenido una visión distinta sobre las investigaciones, y reiteró la imposibilidad del retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
“El fiscal que está encargado del caso dio una visión completamente distinta, recuperó la investigación científica sobre este tema y ha encontrado también algunas omisiones que se hicieron en las investigaciones previas”.
Añadió que se tiene diálogo con padres y madres, además de que no existen desacuerdos, sino que se mantienen las conversaciones, por lo que hasta que exista una evaluación se dará a conocer a mayor profundidad.
La Presidenta comentó que hay un “problema relevante” con el anterior fiscal, Omar Gómez Trejo y sobre la posibilidad del retorno de los expertos del GIEI, señaló que el grupo ya no existe, no podría acompañar como tal.
“El GIEI ya no existe, eso es algo que es importante que se sepa. No es lo mismo que sean contratados por el gobierno a que sean parte de la asesoría de una institución independiente”, agregó.
Sheinbaum comentó que llevó la propuesta del regreso de los expertos a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México de las Naciones Unidas, pero que la respuesta fue que se propondrían otros expertos.
“Hablé con el Alto Comisionado cuando estuvo en México, si nos podían ayudar a tener algunos expertos independientes que pudieran revisar la investigar la investigación que estamos haciendo”, dijo.
Indicó que ha habido “desencuentros” con organizaciones de derechos humanos con las opiniones e investigaciones del gobierno federal, sin ahondar si entre esos desencuentros está la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que exonera al Ejército de cualquier participación en la desaparición de los 43.
“No los podemos dar a conocer todavía por respeto a los padres y a las madres de Ayotzinapa, y además a la propia investigación que se está haciendo”, agregó.
Sheinbaum comentó que llevó la propuesta del regreso de los expertos a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México de las Naciones Unidas, pero que la respuesta fue que se propondrían otros expertos.
“Hablé con el Alto Comisionado cuando estuvo en México, si nos podían ayudar a tener algunos expertos independientes que pudieran revisar la investigar la investigación que estamos haciendo”, dijo.
De igual forma indicó que ha habido “desencuentros” con organizaciones de derechos humanos con las opiniones e investigaciones que ha realizado el gobierno federal, sin ahondar si entre esos desencuentros está la recomendación recién emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuestionada por organizaciones de defensa de derechos humanos.
“No los podemos dar a conocer todavía por respeto a los padres y a las madres de Ayotzinapa y además a la propia investigación que se está haciendo”, agregó.
Esperará notificación de la FEDE sobre quejas por actos anticipados de campaña, dice Esthela Damián

Carmen González Benicio
Tlapa
La aspirante a la coordinación estatal en Defensa de la Transformación, Esthela Damian Peralta, en su asamblea en Tlapa mencionó que esperará ser notificada o requerida por las autoridades electorales ante los señalamientos de campaña anticipada y uso de recursos públicos.
La ex consejera jurídica de la Presidencia respondió que no ha sido requerida o formalmente notificada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), por una denuncia que presentó quien se asume como simpatizante de Morena, Luis Alberto Mendoza Ramírez, por su participación en El Foro Guerrero del Futuro promovido por el Instituto Tecnológico y que estará atenta si lo hacen.
El señalamiento es por uso de instalaciones y recursos oficiales del Instituto Tecnológico.
Aunque agregó que fue un acto público en un hotel y no en las instalaciones del Tecnológico y que el director Salvador Herrera Soriano seguramente podría decir cómo se hizo o se gestionó ese local.
“Pues me parece que si es una denuncia que busca generar solamente ruido, pues está bien, pero yo les digo, hasta les agradezco que lo hagan porque miren de que traigo publicidad, traigo”, en referencia a que es una de las mujeres visibles para coordinar Morena en Guerrero de los 17 registrados.
Sobre el señalamiento de actos anticipados de campaña por las asambleas que realiza, dijo: “yo no me siento en la capacidad de contestar lo que debiera hacer otra autoridad. Yo te puedo dar un punto de vista, pero no me parece lo más correcto, lo mejor es que dejemos que corra la indagatoria, la carpeta de investigación, que se tengan todos los recursos para que ellos, mismos resuelvan si hay o no un delito que se cometió”.
Sobre el comentario del consejero del INE Arturo Castillo Loza de que hay actos anticipados de campaña del diputado Javier Taja al pedir el voto para ella en un video, dijo que también lo tendrá que resolver el INE en el pleno porque no es un solo consejero el que decide.
“El pleno del INE tiene que resolver lo que corresponde, entonces, aguantemos un poquito y si me notifican se hará público y se los haré saber”.
En asamblea, le piden apoyos como si fuera funcionaria
La asamblea se realizó en un predio de la calle Añorve, en el barrio de San Diego donde abrió la participación a los asistentes, quienes exigieron mejoras en las carreteras destrozadas que comunican con los municipios como Cochoapa el Grande y Metlatónoc, que visitó el miércoles.
Sobre ese eje carretero, en la entrevista, dijo que al recorrerla vio que estuvo asfaltada y al ser zona de lluvias se deteriora rápido, pero no se podía comprometer a repararla porque sería una mentira, pero la necesidad estaba clara y con gusto podría hacer la gestión, sin mentirles.
Mencionó que las mujeres de Cochopa le plantearon el el tema de los servicios de salud para atender embarazos, a lo que tambien les pidió que debían prevenirlos, sobre todo en adolescentes, porque corre riesgo su vida y la del bebé, aunque consideró que su petición a las na savi debe tener una atención profunda, “no vas a cambiar la estructura del pensamiento de un pueblo que está acostumbrado a hacerlo de esa manera”.
Sobre las leyes que se impulsan sobre pueblos indígenas y afro-mexicanos y feminicidio dijo que cualquier instrumento que ayude la gobernabilidad es importante.
En el acto Damían Peralta reconoció que su trayeectoria política ha sido en la Ciudad de de México donde fue legisladora, y fue presidenta del DIF con la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheimbaum y aceptó tomar el reto de venir a Guerrero porque no siempre va estar en un mismo cargo .
La acompañaron jóvenes. En nombre de los empresarios de la ciudad Marian Barrera Avilés le expresó que se necesita seguridad para seguir contribuyendo al desarrollo de la ciudad y bienestar de las familias.
La acompañaron los ex presidentes priistas de Tlapa, Rufino Vázquez; de Olinalá, Saúl Apreza; el ex perredista Lorenzo de Jesús de Xalpatláhuac; emecistas como Leonardo Manzano, Javier Avilés, y los ex regidores morenistas Jorge González y Celia Gómez.
El ex candidato del PRD en Tlacoapa, Martín Rosales Sierra y el abogado de la Suprema Corte y ex integrante de Tlachinollan Vidul-fo Rosales Sierra, quien llegó al final.
Lo que llamó la atención fue la porra que gritó un grupo mayoritario de personas: “Willy, presente”, en referencia al ex alcalde priista de Tlapa que busca competir en este proceso electoral.
Estuvo la síndica de Morena de Copanatoyac, Florencia Arce Campos, quien denunció violencia política en razón de género por el alcalde Constancio Sánchez Campos y el tesorero, Rescalvo Jerónimo, quienes le tienen retenidos sus pagos.
El líder cetegista Taurino Rojas González y la ex secretaria de Asuntos Indígenas y Afrome-xicanos, Reina Mejía y líderes de Acatepec, Malinaltepec, Huamux-titlán y Xalpatláhuac.
Pedirá el IEPC al Congreso local presupuesto de mil 14 millones para la elección del 2027
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Instituto Electoral y de Par-ticipación Ciudadana (IEPC), aprobó el calendario del proceso electoral 2026-2027, que inicia el 7 de septiembre, así como su antepro-yecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2027, por mil 14 millones de pesos.
La presidente Luz Fabiola Matildes Gama indicó que el monto estimado, representa un incremento de 50 por ciento respecto al presupuesto de 2026.
Advirtió que el Congreso local siempre recorta su propuesta, salvo en el presupuesto de financiamiento público a partidos y a campañas, la partida más fuerte y que es obligatoria.
La propuesta contempla el 32 por ciento del presupuesto (329 millones 116 mil 823 pesos) para el financiamiento público y campañas de partidos políticos.
Así como 37 por ciento (378 millones 430 mil 729 pesos) para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2026-2027, y del 11 por ciento (112 millones 9 mil 527 pesos) para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.
El 19 por ciento, alrededor de 195 millones de pesos, es de presupuesto base, para proyectos estratégicos y transversales.
“(La) Cantidad (total) que constituye la previsión de ingresos necesaria para atender el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto durante el ejercicio fiscal 2027”, indicadas en su Programa Operativo Anual 2027, alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-2030 y las atribuciones constitucionales y legales conferidas al Instituto, señala el proyecto.
En la sesión también se aprobó el Plan Integral y Calendarios del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2026-2027, que inicia el próximo 7 de septiembre.
Aprobó que sólo el IEPC va a implementar y a operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el acompañamiento de un ente técnico especializado, como hicieron el año pasado.
Matildes Gama recordó que en la elección de 2024 el desarrollo del PREP fue exitoso.
De los informes de la sesión, resaltó los de los foros Participación Político Electoral de las Personas Jóvenes, realizado el 01 de julio, de la Población LGBTTTIQ+, el 2 de julio, y de las Personas con Discapacidad, realizado el 10 de julio, para atender a estos grupos en situación de discriminación.
Confirmó que en la reforma electoral el Congreso limitó al IEPC, a aprobar acciones afirmativas, con lo que está señalado expresamente en la ley.
“Lo que hicimos en los foros, a través de la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación, fue evaluar por dónde podemos avanzar con esta limitante”, reveló.
Aclaró que estos foros estaban programados para realizarse desde marzo con el Congreso, pero debido a los movimientos sociales, se fueron posponiendo.
En la sesión también informaron también de la realización de 51 asambleas municipales el 9, 20, 21, 26, 27 y 28 de junio, así como 5 y 12 de julio de 2026, para la designación de la Representación de los Pueblos y Comunidades Indígenas y del Pueblo Afromexicano ante el Consejo General y 12 Consejos Distritales del IEPC.
Presentan ahora queja contra Esthela en el IEPC por propaganda en espacios públicos
Una nueva denuncia contra la aspirante a coordinadora estatal en Defensa de la Transformación de Morena, Esthela Damián Peralta, fue presentada este jueves ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por propaganda colocada en espacios públicos.
De acuerdo con el escrito de la denuncia, a la que El Sur tuvo acceso, el ciudadano Eduardo Carranza Gudiño, solicitó al IEPC iniciar un Proceso Especial Sancionador en contra de Damián Peralta “por hechos propios y de sus simpatizantes”.
En la denuncia se argumenta que Damián Peralta y sus simpatizantes violaron la norma electoral “relativas a la prohibición de colocación y fijación de propaganda político electoral en el equipamiento urbano, y de las normas que prohíben el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios en actos proselitistas”.
Dichas prohibiciones están en los artículos 250 fracción IV, y 286 fracciones I y IV de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
La queja viene acompañada por una serie de fotografías en donde se observa la propaganda de Damián Peralta colocada en postes de luz, de teléfono, así como columnas y bardas de puentes vehiculares en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo.
“Solicito, se realice la inspección, por esta autoridad, a efecto de verificar y dar fe de la ubicación y existencia de la propaganda colocada, y el acta circunstanciada resultante, se mande agregar a los autos y surta sus efectos legales. Y una vez verificada y certificada la existencia, se emitan las medidas cautelares para que se ordene retirar a la brevedad posible la propaganda del equipamiento urbano”, agrega la denuncia.
Esta es la segunda denuncia en una semana que presentan contra la también ex consejera jurídica de la presidencia de la República. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).
Que la autoridad electoral valore actuación de Taja y de asambleas de Morena: Mojica

Daniel Velázquez
La aspirante a la coordinación estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga, afirmó que “las autoridades electorales tendrán que hacer sus valoraciones al respecto”, sobre el llamado del diputado federal Javier Taja Ramirez a votar por Esthela Damián Peralta.
De la insistencia del PRI para que las asambleas que realizan los morenistas sean consideradas actos de campaña por las autoridades electorales, dijo que serán esas instancias las que definirán esa cuestión.
“Yo les pido a todos los partidos que acudan a la autoridad electoral y nosotros vamos a someternos a las definiciones que se den, porque siempre hemos sido muy respetuosos de la ley, nosotros estamos en un proceso interno que está enmarcado en la legalidad de una convocatoria”.
La senadora con licencia se manifestó a favor de que no haya simulación en las acciones afirmativas que son para dar voz a sectores de la población, y que esta condición debe prevalecer no sólo en la comunidad LGBT, sino en todos los grupos poblacionales como afrodescendientes, indígenas y personas con discapacidad.
Al mediodía de este jueves, Beatriz Mojica encabezó una conferencia de prensa en la que presentó a seis liderazgos ciudadanos que se suman a la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.
En la ronda de preguntas, la senadora con licencia fue consultada sobre la polémica en torno a Javier Taja, quien llamó a votar por Damián Peralta. Mojica Morga dijo que no realizaría descalificaciones a nadie, porque de esa manera contribuye a cuidar el movimiento.
Añadió que el proceso interno de Morena no debe convertirse en una guerra entre los aspirantes, pero respondió a su compañera morenista Esthela Damián que “Guerrero sí es el centro del universo y que las familias de Guerrero son lo mas importante”.
“Hay que respetar la ley, hay que respetar mucho a nuestro movimiento y sobre todo hay que respetar al pueblo de Guerrero. En ese sentido mi punto de vista es fundamental que este proceso no se convierte en una guerra entre compañeras y compañeros, sino que propiciemos la unidad el diálogo por delante y ya las autoridades electorales, pues tendrán que hacer sus valoraciones al respecto, lo que corresponda. A mí en lo particular, lo que me toca es caminar, escuchar al pueblo de Guerrero y cuidar la unidad por tanto, vamos a estar en esa ruta”.
Asambleas no deben ser mítines
A pregunta de un reportero de cuándo realizará un mitin masivo, Mojica Morga informó que en los diez días que lleva de trabajo como aspirante a la coordinación ha realizado 25 asambleas, y no se trata de hacer asambleas multitudinarias: “nosotros hacemos muchas asambleas a la vez que valen tanto como cualquier asamblea grandota”.
Recordó que la información que conoce es que después del Mundial, la dirigencia nacional realizará las encuestas. La primera será la de depuración para determinar quiénes serán los seis aspirantes que serán medidos y entre ellos están incluidos las propuestas del PT y el PVEM.
Informó que el CEN de Morena les aclaró que no les avisaría la fecha exacta en que se aplicaría la encuesta para definir al coordinador y que se hará una encuesta espejo. El sondeo se aplicará en agosto o mediados de agosto y es una facultad del CEN y ella será respetuosa de esas medidas.
Este jueves firmaron una carta de adhesión en defensa de la Soberanía nacional el notario Manlio Fabio Pano Mendoza, el empresario Óscar Athié Furlong, la ex candidata del PAN a la alcaldía de Acapulco Digna Marroquín Cisneros, el activista y promotor de los derechos de los afrodescendientes Sergio Peñaloza, la ingeniera bioquímica Arlett Pamela Silva Hernández, quien participó en un programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y el ex funcionario municipal Mauricio Galeana, promotor de los derechos de las personas con discapacidad.
En la carta de adhesión se lee: “Expresamos nuestra adhesión decidida a la defensa de la soberanía nacional a través de nuestra compañera, Beatriz Mojica Morga, mujer, honesta y cercana al pueblo, como aspirante a la coordinación de los comités de la defensa de la 4T en Guerrero, su trayectoria de servicio, cercanía con la gente y lealtad a los ideales de la Cuarta transformación la posicionan como la mejor opción para liderar esta etapa articulando esfuerzos locales con el proyecto nacional, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum”.
En sus participaciones los firmantes de la carta manifestaron las razones por las que se suman a la 4T en apoyo a Beatriz Mojica, y destacaron las cualidades de la morenista, desde amistad, liderazgo, confianza y preparación académica.
