La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de un hombre por posesión de cartuchos de arma y contra la salud, que fue detenida en Chilpancingo.
En un comunicado, la Fiscalía explicó que Gustavo N fue sentenciado por su participación en la comisión de posesión de cartuchos exclusivos del Ejército, así como posesión de clorhidrato de diacetilmorfina, heroína y cannabis, mariguana, con fines de comercio.
“En ausencia de procedimiento abreviado, el juez de Control impuso a Gustavo N una pena de seis años de prisión y multa de 134 Unidades de Medida y Actualización, suspendió sus derechos civiles y políticos, los amonestó y decretó el decomiso de los indicios asegurados”, reportó.
Gustavo N fue detenido en la colonia Texcalco en Chilpancingo por agentes de la Policía Estatal, quienes le aseguraron 38 cartuchos con 630 gramos dos miligramos de mariguana y 648 gramos tres miligramos de heroína.
Luego de su detención, el ahora sentenciado fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en Guerrero, que se encargó de integrar la carpeta de investigación correspondiente, y fue el Ministerio Público Federal quien llevó a Gustavo N ante la autoridad judicial.
El miércoles un hombre fue asesinado con un machete en San Luis Acatlán, en la Costa Chica de la entidad, confirmaron fuentes de esa región.
El crimen fue cometido alrededor de las 4 de la tarde en la pozolería Doña Ceci en el barrio de la Santa Cruz de la localidad, la víctima fue agredida con un machete por un hombre que posteriormente se dio a la fuga.
Testigos reportaron a las autoridades un hombre herido con un arma blanca.
Paramédicos y policías comunitarios llegaron al lugar y corroboraron que el hombre yacía en la mesa ya sin vida a causa de graves heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo, producidas por el arma.
La víctima fue identificada como Francisco Flores García de 45 años, de oficio campesino y originario de esa comunidad. (Redacción).
A un año de que la actual 64 legislatura inició los trabajos para la creación de una Ley en Materia de Desaparición de Personas, el Congreso local, dominado por Morena, aún no la ha presentado, a pesar de ser una exigencia de los colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos.
Desde el 2018, colectivos han exigido dictaminar una iniciativa en materia de desaparición de personas; incluso en las dos legislaturas pasadas se presentaron dos propuestas que no fueron aprobadas por el pleno.
Una de las principales exigencias es que tanto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) sean un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, y la creación de un centro de identificación humana.
El 12 de marzo del 2025, después de varias protestas de colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos, el Congreso accedió a instalar una mesa de trabajo para la redacción de una ley en la materia.
En las 19 mesas de trabajo participaron diputados locales, funcionarios del gobierno estatal, colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos, que concluyeron con un documento, el cual no se ha presentado al pleno para su análisis y votarlo en el pleno.
A pesar de que la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Araceli Ocampo Manzanares, de Morena, informó a finales de 2025 que para la creación Ley en Materia de Desaparición de Personas, y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas destinó un presupuesto de 43 millones de pesos para la creación de un Centro de Identificación Humana, la Ley no ha se ha emitido.
El problema presupuestal era uno de los motivos por los que la ley estaba detenida, pues una exigencia de los colectivos de búsqueda era la creación de un Centro de Identificación Humana, el cual necesitaba recursos para operar, y por el que los diputados se detenían a la hora de incluirlo en la iniciativa.
El tema en donde están detenidos y que aún revisa la Consejería Jurídica del gobierno del estado es la propuesta de los colectivos que piden la autonomía de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
Desde 2018 colectivos de búsqueda y madres buscadoras presentaron la primera iniciativa, y a la fecha han pasado por el Congreso local dos legislaturas, dominadas por Morena, y la vigente, que han ignorado las propuestas y las exigencias que impulsaron familiares de desaparecidos.
A partir del 1 de abril fueron denunciadas ante las autoridades, las desapariciones de tres mujeres adolescentes y de un niño en los municipios de Chilpancingo, Zihuatanejo y Marquelia.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y las autoridades estatales mantenían activas las fichas de búsqueda por la desaparición de Valeria Maldonado Maldonado, de 14 años, y Allison Amaia Trinidad Chávez, de 16 años, quienes fueron vistas por última vez en Chilpancingo.
Así como por Xiomara Arcos Reyes, de 16 años, de Zihuatanejo, y de Caleb Ruiz Morales, de 12 años, de Marquelia.
De acuerdo con sus fichas de búsqueda, Valeria Maldonado fue vista por última vez el sábado 21 de marzo en la ciudad capital del estado, no obstante, sus familiares reportaron el caso a las autoridades hasta este 1 de abril.
La menor es de tez morena clara y complexión mediana, tiene un tatuaje de la “santa muerte” en el brazo izquierdo de 15 centímetros y perforaciones en el labio inferior, nariz y ceja izquierda.
Allison Amaia desapareció el sábado 28 marzo también en Chilpancingo. Es de complexión delgada, tez morena clara, mide 1.5 metros de estatura y tiene un lunar en el puño de la mano derecha. Por este caso se activó la Alerta Violeta a partir del miércoles 1 de abril.
Xiomara Arcos fue vista por última vez el domingo 29 de marzo, en el puerto de Zihuatanejo. La denuncia por su desaparición también fue presentada al tercer día, este 1 de abril.
La adolescente es de tez morena clara, complexión delgada, nariz de base ancha y presenta una cicatriz de quemadura en el pie derecho.
Otro caso, que ha conmocionado a la población de Costa Chica es la desaparición de Caleb Ruiz Morales, de 12 años, hijo de Nestor Morales Díaz, el eléctrico vecino de Marquelia, cuyo cuerpo fue encontrado la tarde del miércoles 1 de abril a las afueras de la comunidad de Agua Zarca, municipio de Juchitán.
Caleb fue visto el 1 de abril en Marquelia. Es de tez morena y porta brackets en los dientes.
Soldados del Ejército y un policía estatal resguardan un costal con 12 kilos de mariguana y una moto con reporte de robo en Copalillo Foto:?Secretaría de Seguridad Pública del estado
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Tras los recientes asesinatos y desapariciones de personas en municipios colindantes de las regiones Montaña y Norte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se realizaron recorridos con la Policía Estatal, el Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, en Tlapa, Cualac, Huamuxtitlán y Tlalixtaquilla; así como en Atenango del Río y Copalillo.
Y el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros informó que se mantendrán las Bases de Operaciones Interinstitucionales en la Montaña, y que se reforzará la presencia de seguridad pública en Costa Chica, luego de la serie de crímenes ocurridos en fechas recientes en las dos regiones.
Asimismo, subrayó que el ataque al sitio de taxis que dejó dos muertos en Ometepec la medianoche del martes no tuvo que ver con la reunión que horas ante sostuvo la gobernadora Evelyn Salgado con unos 300 choferes del municipio, pues en la misma no se trató ningún tema relacionado con la inseguridad.
Corresponde a la Fiscalía informar sobre crímenes en Tlapa-Olinalá
En consulta telefónica sobre los siete hombres asesinados y desmembrados encontrados en la carretera de Tlapa-Olinalá, junto al crucero de Cualac, dijo que no negaba la incidencia de delitos en el estado, pero una vez que acontecen, corresponde a la Fiscalía General del Estado informar de las acciones y detenciones que realizan como parte de sus investigaciones.
No habló de líneas de investigación ni de los grupos delictivos que operan en la región ante nuevos hechos de violencia. Ayer fueron asesinados tres hombres en Olinalá, uno en el barrio de San Francisco y dos en el barrio de Tlacomulco; la noche anterior, en el poblado de Teticic del mismo municipio fue atacada una vivienda donde mataron a un hombre y otro resultó herido, y ya hay fuentes que señalan que tres hombres desaparecidos desde el 30 de marzo de esa población estarían entre las siete personas encontradas desmembradas en el crucero de Cualac el 31 de marzo.
Insistió en que entre sus funciones para preservar estabilidad política y social busca la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, no la investigación de delitos. Consideró que no era conveniente poner calificativos, cuando se le preguntó sobre la ola de violencia.
Sólo informó que las Bases de Operaciones Interinstitucionales formada por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, destacamentados en la Montaña, continuarán realizando recorridos permanentes en la zona.
En el caso de Costa Chica desde mediados de marzo y principios de abril se han registrado homicidios y un intento de feminicidio, en distintos hechos en Juchitán, Azoyú, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Sólo en Ometepec al menos son nueve asesinatos en lo que va del año, dos el martes pasado a medianoche en un sitio de taxis, horas después de la inauguración de la Expo ganadera 2026, donde participó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Rodríguez Cisneros expuso que el ataque al sitio de taxis donde fue asesinado un chofer y otro hombre no está relacionado con la visita de la gobernadora, que ese día también se reunió con 300 transportistas.
Incluso aseguró que entre los planteamientos de los transportistas, donde estuvo presente, no mencionaron problemas de inseguridad.
No obstante ratificó que las acciones de prevención del delito le corresponden a los ayuntamientos y al gobierno del estado, el reforzamiento de la estrategia de seguridad a través de las Mesas Regionales de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Recordó que ese mismo día, del inicio de la Expo Ganadera de Ometepec, él mismo dialogó con el alcalde Rigoberto Chacón Melo, con el director de Seguridad Pública municipal y con el coordinador de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente para hablar del reforzamiento de la coordinación interinstitucional en Semana Santa, y de la continuidad en las acciones en territorio.
Ayer confirmó que en la región Costa Chica habrá un reforzamiento de la seguridad.
De la operación de seguridad en el periodo vacacional de Semana Santa 2026 dijo que en las principales vías de comunicación se realizan labores de vigilancia y acompañamiento vial que permiten regular la circulación vehicular, y favorecer un desplazamiento seguro y ordenado, con el propósito de facilitar los traslados de la gente.
Confió en que se garantice la seguridad de visitantes y paseantes en los sitios turísticos y en sus trayectos.
Recorridos de seguridad en la Montaña y zona Norte
Tras los recientes asesinatos y desapariciones de personas, en municipios colindantes de las regiones Montaña y Norte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informó que se implementaron recorridos con la Policía Estatal, el Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, en Tlapa, Cualac, Huamuxtitlán y Tlalixtaquilla; así como en Atenango del Río y Copalillo, sin incidentes hasta es jueves.
Con un boletín de prensa, indicó que en el contexto del Programa Vacacional Semana Santa 2026, se intensificaron las acciones de seguridad y vigilancia en la Montaña y región Norte, con énfasis en la zona del alto Balsas.
No se mencionan lo siete cuerpos desmembrados que se encontraron en el crucero de Cualac el martes 31 de marzo; así como en los dos primeros días de abril hubo dos asesinatos en la cabecera municipal de Olinalá, otro en una comunidad del mismo municipio, y de tres hombres atacados en su vehículo en la carretera de Copalillo-Olinalá, en las inmediaciones de Palatal.
En el escrito, el gobierno estatal informó que en la región Montaña, la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército, también mantiene presencia operativa mediante la incorporación a la Base de Operaciones Interinstitucional en el municipio de Ahuacuotzingo.
Asimismo, indicó que realiza recorridos de prevención del delito y acciones de proximidad social en los municipios de Tlapa, Cualac, Huamuxtitlán y Tlalixtaquilla.
En el caso de la región Norte, señaló que en Atenango del Río y Copalillo, ubicados en la zona del alto Balsas, “se fortalecen las acciones de seguridad mediante patrullajes preventivos, recorridos de vigilancia y labores de proximidad social, incluyendo tramos carreteros estratégicos, como Copalillo–Papalutla”.
Afirmó que “las acciones se desarrollaron sin incidentes, como resultado del trabajo coordinado entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo la presencia operativa en zonas estratégicas del estado”, en el contexto del Programa Vacacional Semana Santa 2026.
El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello) celebró “la relevancia histórica” de la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de llevar la situación sobre las desapariciones en México ante su Asamblea General.
El miércoles el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU solicitó al secretario general António Guterres, que emita urgentemente la situación de las desapariciones forzada en México a la Asamblea General, para que considere medidas destinadas a apoyar al Estado, parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
“Dicha determinación confirma lo que por años han denunciado las familias, colectivos y organizaciones de derechos humanos; en México las desapariciones no son hechos aislados, sino que responden a patrones generalizados que, en muchos casos, implican la participación, tolerancia o aquiescencia de las autoridades”, manifestó el Centro Minerva Bello en un comunicado ayer.
El organismo que encabeza el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, quien se encuentra desplazado de Guerrero por la violencia desde diciembre pasado, consideró que el señalamiento de que estos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad “debe ser entendido con la seriedad que exige el derecho internacional”.
Para el Centro Minerva Bello no se trata de una descalificación al Estado mexicano, “sino de un llamado urgente a reconocer la magnitud de la crisis y a actuar en consecuencia”.
El Centro Minerva Bello, exigió que el Estado mexicano abandone la negación y asuma su responsabilidad internacional.
Asimismo, pidió investigaciones integrales que reconozcan patrones, cadenas de mando y estructuras criminales.
Pidió que se pongan a las familias de las victimas en el centro de las decisiones, “no como receptoras de información, sino como sujetas activas en la búsqueda de verdad y justicia”.
Finalmente, llamó al Estado mexicano a aceptar la cooperación internacional como una oportunidad para fortalecer capacidades y garantizar derechos, “no como una amenaza a la soberanía”.
La tarde de este jueves la Secretaría de Seguridad Pública reportó el decomiso de un costal con 12 kilos con probable mariguana y una moto con reporte de robo en Copalillo, lo cual fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Según el boletín, policías del estado en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de una bolsa grande de basura, que en su interior llevaba 12 kilos de hierba verde con características propias de la mariguana.
También fue localizada en esa misma zona una moto con reporte de robo color negra, Italika, que una vez que se realizó la verificación de los datos del motor resultó que tenía reporte de robo.
Todo fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar la indagación de los hechos.
No se reportaron personas detenidas en el aseguramiento. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Desde hace más de un año, habitantes de la colonia El Chico, ubicada en la periferia de Atoyac, se encuentran sin servicio de agua entubada.
Debido a los trabajos para el cambio de tubería por parte del ayuntamiento, los que estaban conectados incluso con las tomas comerciales, quedaron fuera del servicio con la promesa que serían reconectados.
Los vecinos cuestionaron que tiene contratos, que los pagan sin que les reconecte, “el agua no llega, pero los recibos sí”.
Señalaron que sufren graves consecuencias debido a la falta de agua, que han tenido que acarrearla de algunos pozos artesianos, los cuales en esta temporada de estiaje se encuentran reducidos de nivel.
Asimismo, mencionaron el desgaste de su economía familiar por la compra de pipas para poder realizar las labores básicas de los hogares.
La delegada municipal Margarita Fierro Rios dijo que desde hace un año se cambió la tubería y los dejaron fuera del servicio, aunque ya se encuentra instalada y sólo requieren la reconexión.
Cuestionaron que “les están llegando los recibos y no tienen agua, no tienen el servicio. Se le pide de la manera más humilde a nuestra presidenta, que los apoyen en la cuestión que les dé luz verde para que ellos se conecten. Ellos tenían el servicio del agua, cambiaron la tubería y les dijeron que sí iban a conectar y a un año no han cumplido”.
Por su parte, las amas de casa señalaron que esta situación es grave, pues tienen que buscar agua de incluso de algunos riachuelos, pero no es suficiente, ya que pasó más de un año y se requiere de manera urgente que se les atienda.
La usuaria Margarita Fierro Ríos dijo que están desesperados, porque ya pasó mucho tiempo de espera, “pasaron la tubería para acá, a la orilla de la carretera del ex Inmecafe. Ya no nos conectaron, es urgente, les pudimos por el amor del señor que nos den el agua”.
En contraste, vecinos que tienen tomas domésticas y los mismos empleados municipales las usan para dar agua a huerteros de la zona y la parte de arriba de la colonia sin agua”.
Los afectados dijeron que no tienen una respuesta y se verán obligados a tomar medidas radicales.
Momento en el que se abre una puerta de seguridad de un juego mecánico de Ometepec y queda expuesta una usuaria que cayó al suelo y se lesionó Foto:?Fotograma
Tras una falla en un juego mecánico de la feria de Ometepec, en Semana Santa, cuatro personas se cayeron del aparato en movimiento y dos mujeres recibieron atención médica, por fracturas en huesos y una lesión en la columna, de acuerdo con los reportes de Protección Civil.
La Dirección Municipal de Protección Civil de Ometepec informó que a las 8:30 de la noche ocurrió el accidente en el juego mecánico que estaba en funcionamiento, cuando se abrió la barra de seguridad y cayeron cuatro usuarios quedndo lesionados por golpes en el impacto, pero sólo dos mujeres requirieron traslado a hospitales para su atención.
El primer informe médico indica que Aline Román Moreno de 18 años, originaria de Ometepec, fue atendida en el hospital del ISSSTE y la diagnosticaron con fractura de fémur, de tibia y del peroné.
En tanto Lucia Tapia Sánchez de 17 años, también de Ometepec, fue trasladada al Hospital Regional IMSS Bienestar, donde señalaron que tiene una lesión de columna.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno estatal informó que el personal adscrito al Centro de Atención a Emergencias Región Costa Chica se trasladó al lugar de los hechos en apoyo a las autoridades municipales, principalmente en la atención de los cuatro jóvenes lesionados.
También dijo que realizaron una revisión de las condiciones mecánicas de los juegos de diversión instalados en una feria local, en coordinación con las autoridades municipales sobre las licencias correspondientes y sobre la cobertura de la póliza de un seguro.
Añadió que después, tras la inspección, el personal técnico va a determinar las causas del suceso, para garantizar que se cumplan las normas de seguridad necesarias para evitar futuros percances. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Agremiados en la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres, se reunieron con la secretaria general Yadira Orozco Zúñiga, para plantear su preocupación por la falta de pago del incremento salarial.
Este jueves, los agremiados del plantel 24 de Plan de los Amates, con sede en Acapulco, acudieron a la capital para reunirse con Yadira Orozco y los líderes sindicales.
Consultada al respecto, Yadira Orozco informó que los integrantes de la sección 31 del SUSPEG visitan a los representantes “cuando hay situaciones de complejidad en los planteles, afortunadamente, ellos saben que cuenta con el respaldo de todos nosotros”.
Indicó que los trabajadores administrativos expusieron su inconformidad, porque no se ha cumplido con el 100 por ciento de los pagos pendientes, en especial el incremento salarial de 4.7 por ciento que se acordó con las autoridades, con retroactivo para este año.
Señaló que en el plantel 24 hay 15 agremiados, quienes “nos hicieron patente el respaldo para la lucha sindical, que vamos a emprender una vez que iniciemos de manera oficial el regreso a las actividades laborales”.
“Vamos a emprender la lucha y en la primera semana, regresando de vacaciones, vamos a requerir el apoyo de todos”, abundó.
Recordó que luego de la reunión que se realizó el pasado 30 de marzo, se pagaron los salarios y la prima vacacional, pero está pendiente el incremento salarial retroactivo, porque el director general del Colegio de Bachilleres, Jesús Villanueva Vega, “dice que no cuenta con el recurso suficiente para poder pagarlo”.
Destacó que la sección 31 cuenta con el respaldo del secretario general del SUSPEG, Javier del Carmen Velázquez Pat, con quien también se reunió el miércoles pasado.
“Él (Velázquez Pat) comenta que para eso recibió el apoyo de todos nosotros, para que en la medida de que se vaya requiriendo, él también haga lo propio para exigir ante el gobierno estatal y ante el director general del Colegio de Bachilleres, que se cumpla con nuestros derechos, con nuestras prestaciones, con nuestros salarios y, como es el caso, con lo que está pendiente: el retroactivo del incremento salarial”, expresó.
Recordó que el incremento salarial debió pagarse la segunda quincena de marzo, por lo que Velázquez Pat y la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Guerrero y Municipios, Guillermina Rodríguez Parra, así como Yadira Orozco, “estamos en la ruta de la exigencia de que se cumpla”.
Subrayó que la dirección general del subsistema debió tomar previsiones para garantizar el pago correspondiente, por lo que los agremiados de la sección 31 del SUSPEG podrían radicalizar su exigencia.
