Lourdes Chávez
Chilpancingo
Feministas consideraron la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio de la presidenta Claudia Sheinbaum, para homologar el tipo penal en el país, y que todos los Ministerio Público investiguen de inicio como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer, como un mensaje que habla del interés de atender el delito.
Sin embargo, la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia a las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar, pidió una consulta real de la iniciativa, no formal, y después de aprobada, un monitoreo de su aplicación en las fiscalías y los tribunales donde todavía hay resistencias a cumplir la ley.
Asimismo, la directora Ejecu-tiva del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad, Rosa María Gómez Saavedra, consideró que se debe convocar a especialistas de México y de organizamos internacionales para que den opiniones y certezas de la participación de la sociedad, y para que el instrumento legal contenga acciones claras para las fiscalías y los tribunales no liberen a feminicidas por investigaciones inexactas e incompletas.
Reyna Aguilar consideró que si a partir de esta reforma las fiscalías clasifican efectivamente todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio, se tendrá un dato más cercano a la realidad, que será más alto que los índices de violencia actual.
Eso es contrario a la expectativa que señaló la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, de que se va a reducir el delito con la nueva Ley General que impulsan el gobierno federal y la Fiscalía General de la República.
La feminista y peticionaria de Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida recordó que la investigación de todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios también es una recomendación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), y una exigencia de los movimientos de mujeres.
“Qué bueno que la presidenta tomó la iniciativa de homologar el tipo penal, porque lo hemos dicho, en los estados se están manipulando las cifras de feminicidios que reporta el SESNSP. Qué bueno, que sea un compromiso de la presidenta, (pero) ya se verá si las fiscalías actúan en función de las reformas que se esperan”.
Reyna Aguilar señaló que el marco legal legal y normativo es vasto, y Guerrero fue el primero estado en clasificar el delito de feminicidio. Luego se hicieron más reformas para mejorarlo, y a la fecha es la entidad que tiene más características del tipo penal en la legislación.
Aunque Guerrero tiene muchos avances, continúan las resistencias en las autoridades competentes para la aplicación de la ley. “La Fiscalía dice que hagan los jueces (la clasificación del feminicidio), porque tienen facultades, y tampoco lo hacen. No tenemos ejemplos para decir, ‘sí, aquí lo han hecho’. Nosotras tenemos casos de feminicidios clasificados como homicidio doloso de mujeres”.
Asimismo, dijo que conoce casos que corresponden a tentativa de feminicidio, por las características, y el MP lo clasifica como lesiones agravadas, bajo el argumento de que tiene una pena mayor, que es también un problema en la legislación.
Adelantó que las organizaciones van a dar seguimiento de la iniciativa en el Congreso de la Unión para ver qué estrategias se impulsarán para que todas las muertes violentas de mujeres sean clasificadas como presuntos delitos de feminicidio.
Recordó que ya existen sanciones para servidores públicos que obstruyan los procedimientos, “pero no hemos visto ninguna sanción para quienes se niegan a clasificar delitos de feminicidios”.
Asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, Gómez Saavedra
Consultada por separado, Gómez Saavedra consideró que la iniciativa es un mensaje del interés de las autoridades federales para atender la violencia feminicida, por el alto el número de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres que siguen ocurriendo en el país.
Aunque dio la bienvenida a la iniciativa, advirtió que con el cambio de gobierno federal también se redujo el presupuesto de Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y desapareció la estructura de la Comisión Nacional de Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) responsable del seguimiento de las 23 alertas de violencia de género
“Eso es muy grave, ya que por un lado se manda el mensaje de atención a los feminicidios, y por otro, la estructura que les da seguimiento está desaparecida”.
De la nueva ley, dijo que espera que establezca responsabilidades y atribuciones muy claras para las fiscalías y el Tribunal Superior de Justicia por los problemas que existen en el cómo se levantan las investigaciones y cuándo se judicializan, donde los jueces justifican la libertad de los feminicida por los expedientes incompletos e inexacto de los Ministerios Públicos.
Destacó que se planteó un protocolo de actuación nacional de feminicidio, que se debe acompañar con capacitación y evaluación, o será lo mismo que se tiene ahora.
Recordó que desde la promulgación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se hizo el esfuerzo de formular protocolos en el estado, con participación de la Procuraduría, ahora Fiscalía, y no hubo resultados. Después que una mujer es asesinada también las personas que le dan seguimiento a los casos mueren o son asesinadas, denunció.
Pidió que la reforma incluya la no prescripción del delito que sólo tienen algunos estados.
Propuso también una consulta, no general a toda la sociedad, sino la integración de un consejo ciudadano de expertas para dar opiniones que fortalezcan al instrumento legal.
Ratificó que los feminicidios son resultado de cómo las mujeres toman decisiones por ello, “en esta iniciativa hay que acertar, revisar y sobre todo fortalecerla con presupuestos, que nos dé la certeza de que va a coadyuvar”.
