El pleno del Congreso local aprobó una reforma al artículo 205 del Código Penal del estado para permitir la inscripción de deudores alimentarios morosos a partir de los 30 días en el Registro Estatal correspondiente.
Se trata de una reforma al primer párrafo del artículo 205 del Código Penal, que establece que si el adeudo excede de 30 días, el juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.
Además establece la adición de un cuarto párrafo al artículo 205 del citado Código, el cual indica que una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, el juez, a petición de parte, deberá ordenar al Registro Civil la cancelación de dicha inscripción.
De acuerdo con la diputada Luissana Ramos Pineda, provomente de la iniciativa, con dichas modificaciones se busca garantizar los derechos alimentarios de las infancias, “ya que el deudor alimentario deberá cumplir con sus obligaciones familiares y, de esta manera, evitar su inscripción en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, dado que al estar inscrito en él se limitan sus derechos civiles y políticos”.
La reforma fue aprobada por la unanimidad de los 40 diputados presentes en la sesión del día de ayer.
En la sesión, la diputada de Morena, Catalina Apolinar Santiago, propuso una reforma a la fracción VII del numeral 1 del Artículo 11 de la Constitución Política del estado para “reconocer, proteger y dignificar la partería tradicional” como una práctica ancestral y de salud comunitaria,
Dicha iniciativa busca garan-tizar su integración respetuosa e intercultural con el sistema estatal de salud y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
En la propuesta, a la que se adhirieron Morena y PRI, Apolinar Santiago expuso: “durante siglos la partería tradicional ha sido el primer y, muchas veces, el único sistema de salud de las comunidades más alejadas, por eso, esta iniciativa no es solo un ajuste de redacción; es un acto de justicia histórica, para que el poder público las vea, reconozca y respete”.
“Es expresar desde la Constitución que sus saberes no son supersticiones ni costumbres menores, sino conocimiento legítimo, patrimonio cultural inmaterial, medicina viva y ciencia encarnada en la experiencia de los pueblos ñuu savi, me’phaa, náhuatl, ñomndaa y de las comunidades afromexicanas”, agregó.
En tribuna explicó que refor-mar el artículo 11 de la Consti-tución no es un gesto simbólico, “sino que significa garantizar el respeto, la preservación, la protección y la transmisión de sus saberes en condiciones de dignidad y no discriminación, estableciendo una coordinación real, respetuosa e intercultural con el Sistema Estatal de Salud”.
El priista Jesús Parra García propuso una reforma a Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer y tipificar de manera expresa la violencia digital contra las mujeres.
La propuesta busca reconocer y tipificar de manera expresa la violencia digital contra las mujeres, incluyendo prácticas como el “sicariato digital” y el uso de tecnologías, como la Inteligencia Artificial para la generación de contenidos falsos.
En la sesión, la Mesa Directiva leyó un oficio suscrito por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, del PVEM, por el cual propuso una iniciativa para adicionar un numeral 10 al artículo 142 de la Constitución local para establecer que el fiscal general del estado comparezca ante el Congreso con el fin de rendir un informe semestral de su gestión.
En la presentación del 31 Informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, titu-lado El inmenso mar de la ini-quidad, el director Abel Barrera Hernández afirmó que los “patrones de criminalidad contra defensores y defensoras no han cambiado”.
Por videoconferencia, la direc-tora de la organización Oxfam Mé-xico, Alexandra Haas Paciuc, señaló ayer que Guerrero es “la prueba más contundente” de que sigue pendiente una política de combate a la pobreza extrema en el país.
El director de Tlachinollan urgió saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa desapa-recidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y que se cumpla la orden judicial para que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue los 853 folios de información, porque “no podemos seguir viviendo en la simulación, en la impunidad, en impedir que se investigue a determinadas autoridades, sobre todo el Ejército, para poder llegar a la verdad”.
Con base en los casos de Ubaldo Segura, detenido hasta ayer en una cárcel de Veracruz, y Antonio Vivar y Arnulfo Cerón, asesinados en 2015 y en 2019, Barrera Hernández señaló desde su oficina en Tlapa que este municipio de la Montaña ha sido escenario de la violencia contra defensores, cuyo referente en común ha sido la exigencia de la presentación de los normalistas.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Pre-sa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, también luchó por los 43, recordó y criticó que nadie ha sido detenido por su asesinato pese a los datos que han dado sus familiares y que fue liberado uno de los responsables; “hay contubernio” al igual que en la desaparición de su hermano Vicente, sostuvo.
Aseguró que los “patrones de criminalidad contra defensores y defensoras no ha cambiado, persiste”, y lo ejemplificó con la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la decisión de transferir a Ubaldo Segura a algún penal fuera de Guerrero, en colusión con la Fiscalía General de la República (FGR).
Expuso los casos de Bonfilio Rubio, asesinado por militares en 2009 en Huamuxtitlán y de quien se habló en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de marzo pasado; la liberación el día 18 de dos militares por la violación de Inés Fernández en 2002; y la detención en los últimos meses de policías comunitarios de Olinalá, Ayutla y Xalpatláhuac, que forman parte de las 60 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.
En contraposición del discurso de que Guerrero es un “santuario para las mujeres”, Barrera dijo que “lamentablemente es un infierno en la Montaña” por los 18 feminicidios documentados; y denunció la extorsión a empresas de camiones que trasladan a los jornaleros.
Durante la videoconferencia de más de dos horas, Barrera estuvo acompañado de algunos padres de los normalistas de Ayotzinapa y de su vocero Melitón Ortega, quienes reconocieron el acompañamiento que les ha brindado durante los más de 11 años de lucha por la presentación de sus hijos.
Recordando que el 24 de marzo se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad, el coordinador de la Unidad de Seguridad y Justicia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, dijo que en su informe, Tlachinollan muestra los diferentes ejes de derechos humanos en los que trabaja, “pero no hay duda que una vez más, como ha venido ocurriendo en los últimos años, el tema de la violencia estructural, en sus diversas manifestaciones, despunta como uno de los principales agravios”.
“La que más lastima es la violencia de los grupos criminales que operan en la zona, en este nuevo informe se refleja también el veneno de las adicciones y la dependencia a algunas drogas y cómo eso ha venido a trastocar la armonía en las comunidades, en los pueblos de la Montaña y de la Costa Chica”.
En Guerrero, casi 8 de cada 10 personas que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguridad social, sin protección alguna
La directora de Oxfam México Haas Paciuc, recordó que Guerrero es el segundo estado con mayor pobreza multidimensional del país con 58.1 por ciento de su población en esa condición, y el 21.3 por ciento en pobreza extrema, mientras que los municipios de la Montaña superan el 80 por ciento, “hablamos de comunidades donde la pobreza extrema no es la excepción, es la norma heredada generación tras generación”.
“Pero los números más estremecedores no están en la pobreza de ingresos, sino en el acceso a los derechos, Guerrero tiene la segunda tasa de informalidad más alta del país, casi 8 de cada 10 personas que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguridad social, sin protección alguna”.
Además, el 43.3 por ciento del gasto de la población guerrerense es en alimentación, la segunda proporción más alta del país, porque cuando no hay Estado que garantice derechos, el gasto de bolsillo llena el vacío que debería ocupar la política pública”, sostuvo Haas Paciuc.
La Casa del Jornalero en Tlapa registró a 3 mil 879 niñas y niños de entre 13 y 15 años que salieron hacia los campos agrícolas del norte del país y sin escolaridad por muchos meses de septiembre de 2023 a agosto de 2024, “son las personas que ponen los alimentos en la mesa de todas las y los mexicanos y el Estado las trata como si no existieran”.
Indicó que es una práctica de “extractivismo laboral por diseño y ésta es la contradicción política que no podemos ignorar, un gobierno que se precie de atender prioritariamente a la gente que menos tiene, no puede eludir la exigencia de una política robusta y sostenida de combate a la pobreza extrema”.
La directora de Oxfam México, que colabora con Tlachinollan en la Alianza Campo Justo, puntualizó que se requiere de “mandato operativo con recursos, presencia territorial y rendición de cuentas, los datos de Guerrero son la prueba más contundente de que esa política todavía está pendiente, nombrar la desigualdad por diseño es el primer paso para desmantelarlo”.
Afirmó que el informe de Tlachinollan no describe una “neu-tralidad institucional, es un Estado que funciona al revés de lo que debe-ría, que fortalece a los fuertes y aban-dona a quienes viven violaciones a sus derechos, la excusa del crimen organizado ha profundizado la militarización que las comunidades no viven con mayor seguridad, sino como otra capa de control”.
“Es en Tlapa, en la Montaña, donde tiene que plantearse con seriedad cómo reducir la pobreza extrema y las desigualdades, si somos capaces de construir una política pública y empresarial que responda a la vida concreta de una mujer mixteca de Cochoapa (el Grande) que trabaja en los campos del norte con su bebé en los brazos, habremos construido algo diferente, algo que se parezca a la justicia y no la podemos construir sin caminar con Tlachinollan”.
Con cualquier partido que gobierne, no se ha superado la violación sistemática de los derechos humanos: Sarmiento
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia, afirmó que el informe de Tlachinollan revela “una compleja trama de violencias de todo tipo que se reproducen de manera recurrente sin que los cambios en la configuración del poder público, que también se alude, hayan logrado romper ni los círculos de pobreza, impunidad, corrupción, discriminación en Guerrero, particularmente para quienes viven una vulnerabilidad extrema”.
Señaló que el mexicano “se construyó desde la segunda mitad del siglo pasado como un Estado contrainsurgente, con mecanismos que aún persisten y no hemos logrado desmantelar; son meca-nismos represivos, también de control caciquil y ahora también a los mecanismos de la delincuencia organizada”.
El académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y promotor de la creación de Tlachinollan, Sergio Sarmiento Silva, dijo que “inde-pendientemente del partido que esté en el poder en Guerrero, pareciera ser que no cambia nada en su con-cepción de los derechos humanos”.
“Ya sean priistas, perredistas, ahora morenistas, en realidad no tienen una noción, más bien tienen una noción corta de lo que son para ellos los derechos humanos porque todo pasa a través de su partido político, entonces los gobiernos de Guerrero en los últimos 30 años no han logrado superar el problema de la violación sistemática de los derechos humanos”.
Recordó la confianza que hubo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en relación a las desapariciones forzadas de Ayotzinapa y la guerra sucia, pero las comisiones de la verdad “al final de cuentas se toparon con un muro sumamente poderoso que es el Ejército mexicano, que contra todo lo que se ha dicho, sigue ocultando información que no ha querido mostrar”.
Presentación por videoconferencia del informe XXXI del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en la que estuvieron presentes el director Abel Barrera Hernández, y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Foto: Cortesía de Tlachinollan
La diputada local por Morena, Diana Bernabé Vega, en entrevista en la sala José Francisco Ruiz Massieu en el Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
La diputada local de Morena, Diana Bernabé Vega, consideró que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, no es de Morena ni comparte los principios de la Cuarta Transformación.
Las declaraciones de la diputada surgen luego de que Saldaña Almazán declaró el pasado lunes que es aliado de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la inauguración de un edificio de la Facultad de Ciencias Químicas en Chilpancingo, Saldañan Almazán aseguró ser “claudista” y del equipo del senador Félix Salgado Macedonio.
En declaraciones en el Congreso local, Bernabé Vega consideró que alguien como Saldaña Almazán, “que ejerce un cacicazgo… no puede asemejarse ni decir que comparte la misma visión de una mujer demócrata”.
“La presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer de principios, es una demócrata y alguien que está en contra de elecciones libres no puede asemejarse ni decir que comparte la misma visión de una mujer demócrata”.
La morenista aseguró que en 2018, Saldaña Almazán apoyó al ex candidato a la presidencia de la República por el PRI, José Antonio Meade.
“No tiene ni los principios ni la convicción ni la ideología de un morenista. El señor siempre ha sido un soldado del PRI”.
“En el 2018 recordemos que apoyó a Meade, no apoyó a Andrés Manuel López Obrador, entonces ahorita se asume como aliado, pero yo creo que conviniendo sus intereses, pero no representa ni los principios ni la ideología de Morena”.
Descartó que el rector de la UAG pueda ser considerado como una figura rumbo a las elecciones de 2027, al asegurar que no comparte los principios del movimiento y criticó que intente asumirse cercano al proyecto de la presidenta, al señalar que su forma de actuar no corresponde a una visión democrática.
Bernabé Vega es una de las diputadas que votó en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la UAG, en donde Saldaña Almazán pretendía permanecer en el cargo dos años más.
Aunque la reforma no pasó en los términos en la que fue aprobada por el Consejo Universitario, y pese a las irregularidades en el procedimiento fue aprobada por el Congreso del Estado.
El Instituto Nacional Electoral (INE), realizará ajustes en los límites territoriales de los municipios Ñuu Savi–Ayutla y San Nicolás–Cuajinicuilapa, mediante la reasignación de dos secciones electorales.
En el caso de Ñuu-Savi, la sección 705, ubicada en la localidad de Tepango municipio de Ñuu Savi, constituida por 58 ciudadanos inscritos en el padrón electoral pasa a la sección 706 del municipio de Ayutla.
En el caso de San Nicolás se trata de la sección 1014, de la colonia Miguel Alemán y la localidad El Pitayo, constituida por 56 ciudadanos inscritos en el padrón electoral y se reasignan a la sección 1013 del municipio de Cuajinicuilapa.
También la localidad de Buena Vista de la Pilas municipio de Chilapa de Álvarez ahora forma parte del municipio José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), es la sección 2785 que cuenta con un padrón de 127 ciudadanos.
Los ajustes en las delimitaciones territoriales de estos municipios, se hacen con base en los decretos publicados por el gobierno del estado de Guerrero sobre la modificación de los vértices en estos municipios publicados en el Periodico Oficial del Estado en septiembre de 2024.
Estos ajustes fueron informados en la sesión del pasado 11 de marzo en la Junta General Ejecutiva se trata de un acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia por el que se recomienda al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, apruebe la modificación de la cartografía electoral del estado de Guerrero, respecto de los municipios de Ñuu Savi-Ayutla de los Libres y San Nicolás-Cuajinicuilapa, así como la localidad Buenavista de las Pilas.
La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, manifestó confiar que el Plan B de la reforma electoral propuesta por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo se apruebe, y es que indicó se requiere reducir gastos.
Del análisis de ese Plan B por parte de los senadores, respondió: “sí, debe de pasar” e insistió que está de acuerdo en la propuesta, e incluso recordó que antes de que fuera gobierno “siempre he dicho que hay que reducir regidores”.
“Hay que reducir todo, gastos, porque efectivamente la población requiere de atención y los municipios requieren tener recursos y de otra forma no se puede” indicó la alcaldesa.
El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local consideró innecesario que en la reforma del Plan B electoral se considere la revocación de mandato para 2027.
Rechazan que de manera paralela haya otra elección donde la presidenta pueda realizar campaña abiertamente con presupuesto federal.
En conferencia de prensa, los diputados priistas acusaron que de haber revocación de mandato en 2027, sería una campaña más a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El coordinador del Grupo Parlamentario y presidente estatal del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, rechazó que la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum Pardo se realice en 2027 de forma concurrente con las elecciones intermedias y del Poder Judicial, al advertir que la medida representaría “un retroceso” para la vida democrática del país.
“Lo de la revocación de mandato la quieren cambiar, quieren que paralelo a una elección se pueda y la actual presidenta pueda andar haciendo campaña abiertamente con los recursos federales”.
El líder priista consideró que de aprobarse de esa forma habría un retroceso grave, ya que sería complicado hacer más de dos elecciones en una misma jornada electoral.
“En verdad que eso es un grave, grave retroceso, si con una elección es complicado tener resultados; ya tuvimos la amarga, amarguísima experiencia de la elección judicial y hoy empatar otra vez las elecciones creemos y estamos convencidos de que eso es un retroceso en la vida democrática de este país”.
Reiteró que de concretarse ese escenario, la presidenta estaría en campaña durante el proceso electoral y podría hacerlo con el uso de presupuesto público, lo que generaría condiciones de inequidad en la contienda.
En la conferencia de prensa, Bravo Abarca, acompañado de los diputados priistas Pilar Vadillo Ruiz, Víctor Hugo Vega Hernández y Beatriz Vélez Núñez, reiteró que iniciativa de los defensores de México que lanzó el PRI a nivel nacional se trata de no quedarse callado frente a un gobierno que le ha fallado a la gente, y está abierto para militantes del PRI y a la ciudadanía en general.
Explicó que es una iniciativa abierta para la sociedad, que tiene el fin de “defender desde la clase trabajadora ante los aumentos de precios, a las madres buscadoras que en diversos estados tienen quejas y han quedado fuera de los programas, de defender a los jóvenes para que realmente tengan oportunidades dignas, de alzar la voz por los que no tienen medicinas, por los que tienen miedo por la inseguridad, por proteger el medio ambiente de las mega obras ocurrentes que han destrozado la riqueza natural como el Tren Maya o como el derrame de la refinería de Dos Bocas”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió presentar una denuncia, si es que existió delito, de la reunión que en 2023 sostuvo la entonces presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el presunto líder del grupo criminal Los Ardillos.
En su conferencia de prensa de este martes, Sheinbaum aseguró que nadie se encuentra exento de la ley, luego de las revelaciones de la ex presidenta municipal en su libro La trampa perfecta, donde aborda el caso del video de la reunión con el líder criminal, Celso Ortega.
A la presidenta se le preguntó sobre dicha situación, en la que estuvieron presentes Celso Ortega, el líder de Los Ardillos, y el sacerdote Antonio Bravo Salgado. Sheinbaum dijo que tendría que analizarse si existe o no delito que perseguir, aunque se debe cumplir con la ley.
“Nadie está exento de la ley. Si se comete un delito, aunque seas sacerdote, aunque seas policía, aunque seas servidor público, aunque seas, tienes que cumplir con la ley. Si en este caso hubo una falta a la ley, que habría que ver si está tipificada o no, tendría que levantarse una denuncia”.
Sheinbaum dijo desconocer el contenido del libro y que no sabe si en el caso de Norma Otilia Hernández existe una denuncia, para lo que se tendría que analizar si existe o no un delito sea cualquier persona.
“No sé si en este caso que ella denuncia, porque no he leído el libro, pero nadie está exento de la ley, nadie. Ahora hay que ver si hubo un delito o no, porque no todo está tipificado como delito. No sé si hablar con una persona es un delito o no es un delito, ya tendrán que investigarlo las Fiscalías a las que les corresponda. Pero nadie está exento de la ley”.
El cuerpo de un hombre fue hallado la madrugada de ayer martes en la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande. Mientras que en la cabecera de Marquelia fue asesinado a golpes el profesor y comerciante Daniel Justo.
En el primer hecho de violencia, automovilistas reportaron el hallazgo del cadáver de un hombre alrededor de las 4 de la madrugada a las afueras de la comunidad El Papayo, en Coyuca de Benítez.
Corporaciones poliacas y militares, así como peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) acudieron al lugar de los hechos.
Se trató del cuerpo de un hombre de alrededor de 30 años con lesiones de arma de fuego en la cabeza.
La víctima estaba atada de pies y manos, vestía playera amarilla, pantalón y tenis negros.
En la región de la Costa Chica, la tarde de ayer en Marquelia fue asesinado presuntamente a golpes el profesor jubilado Daniel Justo Herrera.
El crimen fue reportado alrededor de las 4 de la tarde en una colonia de nueva creación conocida como Beto Justo.
El lugar colinda con la colonia Progreso en la periferia de la ciudad, informaron fuentes de seguridad pública.
De acuerdo con reportes periódisticos la víctima se encontra desde hace por lo menos cuatro años en un litigio entre sus propios familiares por terrenos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió las fichas de búsqueda de un joven de 25 años desaparecido hace un mes en Iguala, de un hombre de 32 del domingo en el poblado de Apanguito, municipio de Atenango del Río y la de José Enrique Villa Cortez, un joven de 18 años visto por última vez hace ocho días en la comunidad serrana de Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo.
De acuerdo con la ficha HVAGRO/052/2026 de la alerta ¿Has visto a…?, se indica que el joven Anthony Andrew de la Paz Sánchez, de 25 años, fue visto por última vez en Iguala el 27 de febrero, y fue hasta este lunes que sus familiares presentaron la denuncia por su desaparición.
El joven es de tez blanca, de ojos café oscuro, cabello negro lacio y mide 1.72 metros de estatura. Como señas particulares se describe que tiene distintos tatuajes en la cara, cuello y otras partes del cuerpo, un corazón partido a la mitad en el pómulo izquierdo y la frase “sigo perdiendo” por encima de la ceja derecha.
Al lado izquierdo del cuello la forma de un diablo y al centro un ojo, mientras que en el brazo derecho tiene la carta de la lotería de la imagen de la muerte y otros tatuajes en brazos y piernas. Hasta el cierre de esta edición se desconocía su paradero.
En Atenango
Por separado, también la Fiscalía estatal difundió la ficha de búsqueda con folio HVAGRO/050/2026 por la desaparición de César Domínguez Virgos, de 32 años, reportado desaparecido este domingo en el municipio de Atenango del Río.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, la denuncia por su desaparición fue presentada también este lunes, y se indica que como señas particulares tiene tatuada una mariposa de colores en el brazo izquierdo y otro tatuaje de gaviotas en la pantorrilla derecha.
En una denuncia realizada en páginas de Facebook, familiares del joven denunciaron que la última vez que lo vieron fue en un jaripeo que se realizó el sábado en la comunidad de Apanguito del municipio de Atenango del Río y ya no volvió a su casa.
Mediante una publicación compartida por la activista y buscadora de fosas clandestinas Mayra Vergara Hernández, este martes por la mañana se informó que César Domínguez ya había sido localizado con vida y a salvo, por lo que ya se encontraba con su familia. Pero a pesar de este reporte, la alerta de búsqueda se mantenía activa por parte de la Fiscalía estatal hasta el cierre de esta edición.
En Zihuatanejo
La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda para localizar a José Enrique Villa Cortez, un joven de 18 años de edad, quien fue visto por última vez hace ocho días en la comunidad serrana de Vallecitos de Zaragoza, en este municipio.
De acuerdo con el reporte oficial bajo el número de ficha HVAGRO/0051/2026, el joven desapareció el pasado lunes 16 de marzo, sin embargo, la denuncia formal ante las autoridades ministeriales se presentó apenas este lunes 23 de marzo, lo que activó los protocolos de búsqueda en la región.
En el documento difundido por la institución, se describe a Villa Cortez como un hombre de tez clara, estatura de 1.65 metros, ojos pequeños de color café y cabello negro, largo y chino.
Como seña particular, la ficha técnica indica que no presenta marcas o rasgos específicos que faciliten su identificación a simple vista.
Vallecitos de Zaragoza es una de las localidades más alejadas de la cabecera municipal de Zihuatanejo, ubicada en la zona alta de la sierra, donde la comunicación suele ser limitada.
Se conoció que el joven es originario de la ranchería Los Arrozales y que en los últimos días antes de su desaparición presentaba problemas emocionales.
La Fiscalía puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 800 832 7692 para recibir cualquier información que ayude a dar con su paradero.
La señora Margarita Mora demandó ayer a la Fiscalía General del Estado (FGE) la búsqueda y localización de su hija Heidi Shanik López Mora de 17 años, quien desapareció el 27 de febrero pasado en Chilpancingo.
El 27 de febrero Heidi Shanik salió a las 10:25 de la mañana de una estética que tiene su mamá ubicada en la calle Moctezuma esquina con el antiguo libramiento a Tixtla, en la colonia Vicente Guerrero, rumbo a la escuela preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pero no llegó.
Margarita Mora denunció ayer que presentó la denuncia por la desaparición de su hija ante la FGE, pero hasta este martes no había visto avances de las investigaciones, por lo que se presentó nuevamente para pedir resultados.
Indicó que fue hasta este martes que ya la atendieron mejor en la agencia del Ministerio Público y también la recibió el director de Servicios Periciales de la FGE, Héctor Ramírez Chávez, quien, por igual, le dio una mejor atención, aunque, insistió, no tienen todavía indicios de dónde podría estar su hija.
“La verdad no estoy conforme con el trabajo que están realizando, quiero la presentación con vida de mi niña”, pidió la madre en declaraciones por teléfono.
Informó que este martes realizaron una búsqueda con personal de la FGE en la zona de Pie de la Cuesta, en Acapulco, debido a que recibieron una llamada del teléfono de Heidi Shanik y la geolocalización marcó ese lugar.
Sin embargo, informó que no encontraron ningún indicio, “ni señales de nada”.
Dijo que también ya fueron a preguntarle a sus compañeritas de la escuela pero no les dieron ninguna información, datos o comentarios que puedan dar con el paradero de la menor.
Margarita Mora contó que el día que salió su hija de su estética no le hizo ningún comentario que le haya parecido raro, “es una niña muy tranquila, estudiosa, lleva buenas calificaciones en su escuela”, aseguró.
Añadió que ese 27 de febrero “nomás no se presentó a la escuela” y hasta ayer no había encontrado ningún indicio de su ubicación.
Este jueves a las 10 de la mañana, familiares, amigos e integrantes del colectivo Lupita Rodríguez realizarán una marcha del parque Unidos por Guerrero a la FGE para exigir que se agilicen las investigaciones para su localización, según acordaron. (Zacarías Cervantes /?Chilpancingo).
