Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

El robo de vehículos, concretamente el de coche de cuatro ruedas tuvo un aumento en febrero pasado al contabilizar 109 víctimas, reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En febrero se retiraron 109 robos de vehículos de cuatro ruedas, 10 más de los reportados durante enero, cuando fueron 99 víctimas de dicho delito. En lo que va del bimestre han sido 208 víctimas de robo de coches de cuatro ruedas.
Del total de vehículos robados, 76.15% fueron con violencia, que corresponde a 83 unidades robadas, cuando en enero fueron 65, mientras que 26 vehículos fueron robados sin violencia, y en el mes anterior fueron 34.
Del robo de motocicletas fueron 62 víctimas en febrero, de las cuales seis se generaron con violencia y 56 sin violencia, mientras que en enero la cifra fue de 76, 10 con violencia y el resto sin violencia.
El Secretariado registró dos víctimas de robo de autopartes y dos de robo a transeúnte en vía pública, ademas de robo a 36 negocios de los cuales 10 ocurrieron con violencia y cuatro personas fueron víctimas de ganado.
Al menos en febrero no hubo registro de robo en embarcaciones pequeñas y grandes a transportistas, a transeúnte en espacio abierto al público, en transporte público individual, en transporte público colectivo, en transporte individual, a institución bancaria, de herramienta industrial o agrícola, de tractores, de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos.
En la clasificación de otros robos, el Secretariado registro 192 víctimas, ademas fueron 116 víctimas de fraude, 39 de abuso de confianza y 10 por extorsión, de las cuales todos fueron por otros medios distintos al presencial y tres personas fueron víctimas de tentativa de extorsión.
En el delito de daño a la propiedad, 260 personas fueron víctimas en el estado, mientras que 33 sufrieron despojo y cuatro sufrieron otros delitos contra el patrimonio.
En el periodo en cuestión, 29 personas fueron víctimas de abuso sexual y nueve de acoso sexual. En tanto que cuatro personas fueron víctimas de violación simple y 11 de violación equiparada.
En Guerrero se contabilizaron 13 personas víctimas de retención o sustracción de menores e incapaces, en lo que va del año no hay víctimas ni de secuestro ni de tráfico de menores, además que en febrero no hubo víctimas de rapto ni privación ilegal de la libertad.
Además 244 fueron víctimas de amenazas y 23 por allanamiento de morada, siete por falsedad y 14 por falsificación.
El Secretariado registró que 15 personas fueron víctimas de delitos cometidos por servidores públicos y una persona por delitos delitos electorales.
No hay víctimas en Guerrero por delitos contra la administración de justicia, suplantación y usurpación de identidad, tortura y evasión de presos.
En lo referente a delitos contra la familia, fueron 238 personas víctimas de violencia familiar, 26 de violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar y 67 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Respecto a los delitos contra la sociedad, dos personas fueron víctimas de trata de personas, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual.

 

Argenis Salmerón

Familiares y compañeros de trabajo de una maestra desaparecida se manifestaron en la avenida Costera para exigir su aparición con vida.
La maestra desaparecida se llama Maricela Minerva Pineda Mendoza, de 63 años, y fue vista por última vez el 15 de marzo saliendo de su casa en la calle Cañada de los Amates, en el fraccionamiento Farallón.
Después de las 9 de la mañana, unas 30 personas se colocaron en la vía turística cuando se ponía el semáforo en rojo en la glorieta de La Diana mostrando sus pancartas.
Además entregaron a los conductores la ficha de búsqueda de la mujer desaparecida.
Los manifestantes dijeron que ya buscaron a la maestra en hospitales, incluso en el Semefo pero que no la encuentran.
Indicaron que ya presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y se activó a la Alerta Alba para su localización.
Reclamaron que las cámaras de videovigilancia del C-5 no funcionan, de acuerdo con policías ministeriales, y que buscarán por medio de las cámaras C-4 si hay indicios de la mujer.
Contaron que a la maestra le diagnosticaron en un estudio ansiedad y que el ISSSTE no le otorgó una atención médica adecuada, menos una incapacidad, por lo que aseguraron que su desaparición podría estar relacionada con su problema de salud.
“Todos somos Maricela”, “Valientes y unidas por Maricela”, “Maestra tu escuela te espera”, fueron algunas de las pancartas mostradas.
En declaraciones a reporteros, el esposo de la desparecida, José Alberto Valdovinos Solís, pidió a las autoridades la aparición con vida de la maestra.
Contó que a su esposa le diagnosticaron ansiedad, y no fue tratada de manera profesional en el ISSSTE, menos le otorgaron una incapacidad para que se atendiera con un médico privado.
Añadió que la familia teme que por su ansiedad de haya salido de la casa sin darse cuenta en la calle Cañada de los Amates.
“Hace dos días fuimos a Tepito y nos dijeron que la han visto por allá. Nos han dado señas de una mujer chaparrita, delgada, de pelo corto, y tengo fe en que anda por aquí con su mente desorientada”, manifestó.
Añadió: “se salió sin ninguna pastilla y queremos pensar que está sin memoria, o quién sabe”.
Dijo que esperan mayor empatía por parte de la Fiscalía General del Estado, porque aseguró que desde que desapareció su esposa, dicho organismo les informó que no contaban con vehículos suficientes para salir a buscarla.
“También nos dijeron los policías que las cámaras del C-5 no funcionan y que van ver si el C-4 la puede ubicar”, dijo.
Los manifestantes se retiraron luego de que recibieron el ofrecimiento de ser atendidos en la Fiscalía Regional de Acapulco.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEB) difundieron una ficha de búsqueda por la desaparición de una niña de un año y seis meses, ocurrida el jueves de la semana pasada en Iguala.
Mientras que en una denuncia de este caso realizada mediante las redes sociales, se afirma que la niña desapareció junto con su mamá, la joven Arely Navarrete Peña, quienes fueron vistas por última vez después de salir de su casa, pero hasta el cierre de esta edición no se había difundido alerta de búsqueda por la joven.
La Fiscalía estatal activó la Alerta Amber por la desaparición de la niña Ailany Guadalupe Navarrete Peña, quien fue vista por última vez el 19 de marzo en esta ciudad de Iguala.
La menor es de tez morena clara, de complexión “robusta” de cabello lacio negro y ojos café oscuro, de acuerdo con los rasgos generales que indica la ficha de búsqueda. Se menciona que como seña particular al momento de su desaparición tenía un raspón en la mejilla derecha.
Por su parte, la mañana de ayer la CEBP difundió la alerta de búsqueda con folio 166/2026, en la que se indica que la denuncia por la desaparición de la niña fue presentada el 21 de marzo. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares del joven José Antonio Pérez Jaramillo, quien fue encontrado asesinado en noviembre del año pasado en la sierra de Coyuca de Catalán, reclamaron ayer a la Fiscalía General del Estado la entrega de su cuerpo.
Vía telefónica denunciaron que aun cuando ya identificaron el cadáver, a cuatro meses de que fue hallado en la sierra de Coyuca de Catalán no se los han entregado.
La madre del joven dijo que primero le pidieron en el Ministerio Público documentos para probar que es su hijo, y ahora que ya lo ha hecho le dicen que la funeraria de Iguala donde se encuentra tiene problemas legales, y que tiene que esperar hasta que se resuelva su situación.
Los familiares de Pérez Jaramillo, originario de Arcelia, informaron que este fue identificado mediante fotografias que salieron publicadas en diversos medios de comunicación, tras un enfrentamiento que ocurrió cerca del ejido de Guajes de Ayala.
La madre del joven de 27 años mencionó que en noviembre del año pasado pidió a las autoridades que fueran a realizar el levantamiento de su hijo, lo que ocurrió tres días después y se lo llevaron a una funeraria de Iguala.
Sin embargo, denunció que desde entonces no le han entregado los restos, puesto que primero le pidieron documentos para comprobar que es su hijo y entregárselo y después le argumentaron que la funeraria tiene problemas legales y que debe de esperar hasta que se resuelvan.
La madre del joven reprochó que haya tantos trámites burocráticos para la entrega de los restos de su hijo, y darle cristiana sepultura, “no puede ser que luego de que lo tuve desaparecido mucho tiempo, ahora que ya lo encontré no pueda yo tenerlo cerca para llorarle”, dijo.
La madre del joven informó que tuvo desaparecido a su hijo desde hace aproximadamente cinco años, y apenas en noviembre pasado lo identificó en fotografías, luego de un enfrentamiento que hubo entre miembros de un grupo delictivo y pobladores del ejido de Guajes de Ayala en el municipio de Coyuca de Catalán.
Sin embargo, dijo que ahora se ha enfrentado con muchos problemas para que se lo entreguen a pesar de que ya ha presentado pruebas de que es su hijo.

Con 52 víctimas de homicidio doloso, febrero pasado se convirtió en el periodo con menor número de víctimas registradas en Guerrero desde 2015, desde cuando se registran datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Se informó que las 52 víctimas de febrero hacen la cifra más baja que logró Guerrero en materia de homicidios desde 2015, además de que en el primer bimestre se contabilizaron 143 víctimas, el primer bimestre más bajo del cual se tiene registro.
De los 52 casos en el estado durante febrero, todos fueron realizados con un elemento no especificado, distinto a un arma de fuego o un arma blanca.
Es el sexto mes que de manera consecutiva el estado tiene menos de 100 víctimas de homicidio doloso, en enero fueron 91, mientras que diciembre fueron 72, noviembre tuvo 88, octubre llegó a 82 y septiembre 90.
El Secretariado registró que 12 personas señalaron ser víctimas de tentativa de homicidio doloso durante febrero en el estado. En enero la dependencia no registró a ninguna persona en dicha condición.
Apenas el pasado 10 de marzo la titular del Secretariado Ejecutivo, Marcela Figueroa Franco expuso que al menos en febrero Guerrero salió del listado de las ocho entidades que concentraron más de la mitad de las víctimas de homicidio doloso en el país.
Para febrero, Guerrero se colocó en la posición 13 nacional con mayor número de víctimas de homicidio doloso, al concentrar 3.8% del total de víctimas.
En lo correspondiente al primer bimestre de 2026, Guerrero redujo 33.8% el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en comparación con el primer bimestre de 2025.
De igual forma, Figueroa Franco destacó que en septiembre de 2024 la actual administración inició con 6.58 víctimas de homicidio en Guerrero, mientras que para febrero bajó a 1.86 víctimas al día, una reducción de 72%.
En lo referente al delito de lesiones dolosas, Guerrero tuvo 224 durante febrero, una reducción de 82 víctimas respecto a enero pasado, cuando fueron 306.
Del total en el segundo mes del año, 28 fueron provocadas por arma de fuego, 16 por arma blanca y 180 bajo el criterio de otro elemento. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Alejandro Guerrero

Iguala

Los detenidos en los cateos a las funerarias y casas de Iguala por la Fiscalía General de la República (FGR) desde octubre pasado, entre ellos el nutriólogo Irving Arroyo y el director de Tránsito y Movilidad, Mauro Antonio Mosso Benítez, están por diversos delitos pero no han sido vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, y representante legal de los padres de los 43 normalistas, Isidoro Vicario Aguilar informó que las autoridades federales que investigan el caso no les notificaron de las detenciones que se han ejecutado en Iguala porque los detenidos no están siendo procesados por la desaparición de los estudiantes.
El viernes una comisión de madres y padres acompañados por sus representantes legales participaron en una diligencia en las instalaciones de la funeraria El Ángel que comparte espacio con el Servicio Médico Forense (Semefo), que estaba concesionado a la familia Rueda desde 2011.
En la diligencia les informaron del hallazgo de una bolsa con restos humanos etiquetada de 2014 que estaba entre otros restos de diferentes fechas que no han sido reclamados o entregados a sus familiares, además del hallazgo de un horno clandestino con manchas en el piso de presunta grasa humana, ropa y otros objetos como una prótesis y un colchón quemado.
Isidoro Vicario declaró que las autoridades federales que investigan el caso les informaron que no fueron notificados de las últimas detenciones realizadas en Iguala porque esas personas no están siendo procesadas por la desaparición de los 43 jóvenes.
A pregunta directa de las detenciones ejecutadas en octubre de los dueños de las funerarias Rueda y El Ángel, Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo Rodolfo Rueda Mazón, del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, y del director de Tránsito, Mauro Antonio Mosso Benítez, Vicario Aguilar dijo que de acuerdo con la información que les dieron las autoridades no están procesados por el delito de la desaparición de los 43 muchachos.
“De esas detenciones no nos notificaron, lo que dicen las autoridades es que están siendo procesados por delitos diversos y no por la desaparición de los 43”, indicó el abogado.
En declaraciones ofrecidas por teléfono el domingo, Vicario Aguilar explicó que lo que las autoridades les informaron es que a esas personas las detuvieron, “porque las encontraron en esos lugares y es por delitos diversos, no por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Las órdenes de cateo ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial que investiga el caso Ayotzinapa, derivan de información aportada por testigos protegidos y detenidos que han señalado las propiedades y las casas, y a esas personas las detuvieron por estar en el lugar al momento de la ejecución judicial.
Registros de El Sur indican que el 9 de marzo fueron detenidos los dueños de las funerarias, colocando en sus propiedades sellos por los delitos contra la salud porque presuntamente les hallaron droga y por desaparición forzada, este último en las instalaciones donde se investigan los hornos crematorios y el hallazgo de una bolsa con restos humanos.
Mientras que al nutriólogo Irving Arroyo, fue detenido el 26 de noviembre en un cateo en su casa en la colonia Nicolás Bravo, y de acuerdo con las autoridades federales, se le encontró un arma y presunta droga. Sus familiares también han informado que su vinculación a proceso fue por esos delitos y no por el caso Ayotzinapa.
En tanto que el director de Tránsito, Mauro Mosso, fue detenido el 3 de marzo en su casa del fraccionamiento Villas del Rey, a quien durante la operación le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador, dosis de droga y equipo de comunicación.
De acuerdo con los oficios pegados en la puerta de la casa del ex funcionario, que de acuerdo con vecinos antes había sido rentada a otras personas, se informó que “dicho inmueble se encuentra relacionado con las actividades delictivas de la organización delictiva Guerreros Unidos, pues en el mismo se llevan a cabo reuniones y tratos de trasiego de drogas”. Asimismo, “lo relaciona con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala”.

Campaña de apoyo al nutriólogo

Familiares del nutriólogo Irving Arroyo, detenido el 26 de noviembre y recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en el Estado de México, iniciaron este domingo una campaña para recolectar firmas en la plataforma Change.org con la intención de visibilizar el caso y exigir a las autoridades en México que haya respeto al debido proceso.
“Hoy más que nunca la voz de todos importa. Se ha creado una petición en Change. org para el caso de Irving, con el objetivo de seguir visibilizando la importancia de un proceso justo, basado en hechos y con respeto al debido proceso”, dice la petición que hasta las 9:30 de la noche había logrado 440 firmas.
“Irving es nutriólogo y ha trabajado desde el 2013 en el Centro de Salud Agustín Batalla (de Iguala), donde es ampliamente reconocido por su vocación de servicio, ética profesional y compromiso con la salud de la comunidad. A lo largo de los años, ha impactado positivamente la vida de muchas personas, brindando orientación, apoyo y atención con un profundo sentido humano”, se lee en parte de la petición difundida en la ONG.

El coordinador de comisarios de los municipios de Tecoanapa, Juan R. Escudero y una parte de la zona rural de Acapulco, Daniel Rosas Martínez fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad personal agravada en agravio de diversas víctimas, informó ayer la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
En un comunicado de prensa dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de Daniel “N” por su probable responsabilidad en la privación de la libertad personal agravada en perjuicio de diversas víctimas en el poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, en la región Centro de la entidad.
Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que fueron valorados por el Juez de Control, quien resolvió vincular a proceso al imputado.
Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, detalló la FGE.
El coordinador de comisarios fue detenido el 17 de marzo de 2026 durante un operativo coordinado entre la FGE, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
Rosas Martínez fue aprehendido la tarde de ese martes 17 cuando salía del Congreso de Guerrero, acompañado de la comisaria de Xaltianguis, municipio de Acapulco, América Gallegos Bailón.
En ese momento también salía del recinto la diputada morenista Araceli Ocampo Manzanares, quien denunció que fue encañonada por militares y agentes de la FGE, aunque se desdijo al día siguiente aplaudió la labor de los agentes.
Los hechos que le imputan al abogado ocurrieron el 22 de agosto de 2025 cuando pobladores de comunidades de Juan R. Escudero retuvieron 12 horas en la carretera México-Acapulco a 40 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, que habían participado en un operativo en la localidad de Tlayolapa.
Daniel Rosas ha participado y coordinado desde el año pasado protestas de autoridades comunitarias de esos municipios.
La última movilización masiva de comisarios, pobladores y transportistas que encabezó Daniel Rosas fue el 2 de febrero en la Autopista del Sol, en el entronque a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero. Ambas vías estuvieron cerradas más de ocho horas.
En esa ocasión demandaron el repliegue de los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que tres días antes ingresaron a pueblos de Tecoanapa y Juan R. Escudero, para reinstalar a familias desplazadas por la violencia criminal desde el 2023.
En esa ocasión la UPOEG reiteró el señalamiento de que los participantes del bloqueo eran parte del grupo criminal Los Ardillos.
De igual forma, el coordinador de los comisarios señaló a la UPOEG de presuntos nexos con el grupo delictivo Los Rusos. (Redacción).

Alejandro Guerrero

Iguala

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Isidoro Vicario Aguilar pidió que las autoridades del Estado mexicano lejos de poner obstáculos para llegar a la verdad, tendrían que dar cumplimiento a la resolución que ordena al Ejército entregar 853 documentos generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) con sede en Iguala.
El 4 de marzo se conoció que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, Alan Arriola Padilla ordenó al Ejército entregar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) un total de 853 documentos de inteligencia que generó en Iguala, durante 2014.
El Juez dictó esta orden judicial al conceder el amparo, presentado el 15 de agosto de 2023, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, contra la negativa de dar acceso y entregar toda la información generada por instancias militares de inteligencia (El Sur, 5 de marzo).
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, no descartó que el Ejército haya recurrido a la petición de un recurso de revisión contra la sentencia, para lo cual tenía un plazo de 10 días, y éste lo conocería en segunda instancia un Tribunal Colegiado o incluso la Suprema Corte, de lo cual dijo, hasta las 10 de la noche de este lunes no tenían información si es que el Ejército ya se inconformó, porque no habían sido notificados.
Declaró que los padres piden que “tanto la Sedena (Defensa) como las otras autoridades responsables, tendrían que dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez, porque no es un capricho, sino que tienen que acatar a cabalidad una resolución judicial, y se tiene que cumplir”.
Agregó que las autoridades responsables, en este caso el Ejército, como parte del Estado mexicano tiene que mostrar voluntad para que se esclarezca el caso Ayotzinapa, un caso emblemático de violaciones graves de derechos humanos, “entonces, todas las instituciones deberían de aportar para esclarecer el hecho”.
Pidió que, “lejos de que las autoridades pongan obstáculos, tendrían que dar cumplimiento a esa resolución, lejos de que las autoridades responsables, en este caso el Ejército, se inconforme, no, más bien tendría que mostrar esa voluntad como una institución parte del Estado mexicano en esclarecer este caso”.
Apeló a que las instituciones del Estado mexicano aporten la información para esclarecer el caso de los 43, y no poner más obstáculos en el sentido de recurrir a un recurso de revisión, como en estas resoluciones que se han dictado a favor de los padres.
Aclaró que no sólo es un interés particular de los padres y las madres de los 43 jóvenes desaparecidos, sino que es de interés del pueblo de México conocer la verdad de lo que ocurrió en Iguala hace más de 11 años.
De lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que la Defensa Nacional dice que se ha entregado toda la información en su posesión, el abogado de los padres lamentó la insistencia de “proteger a una institución de la que hay datos y elementos de que oculta o de que tiene información”.
Destacó que los padres no pretenden manchar la imagen del Ejército como institución, pero que, si hay responsables directos en el caso Ayotzinapa, la propia institución tiene que poner a disposición de las autoridades competentes a los implicados.
“Lo único que se quiere es acercarse a la verdad, saber lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, saber el paradero de los 43 estudiantes, y no manchar una institución, dejarla en mal y mucho menos pelear contra las instituciones del Estado mexicano”, enfatizó.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

En la inauguración de un edificio en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, afirmó ser “claudista” y que respaldará al senador Félix Salgado Macedonio en el próximo proceso electoral para la gubernatura porque “él va adelante en las encuestas”.
Consultado después del evento, sobre si le solicitará a Morena que se le incluya en las encuestas internas, debido a que Félix Salgado no puede competir de acuerdo con los estatutos de Morena en contra del nepotismo, respondió que “no, yo no voy a mover nada, yo voy en equipo con el inge Félix”.
La inauguración del edificio se realizó ayer a las 10:30 de la mañana en las instalaciones de la facultad en la Ciudad Universitaria Sur, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas. En su mensaje ante unos 500 académicos y estudiantes de distintas escuelas, el rector destacó que la infraestructura de la universidad era “obsoleta” y se renovó, pero “no habría sido posible” sin el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Puntualizó que los indicadores de la UAG también mejoraron, pero antes “había más disidencia que convergencia, había más pleitos por un espacio político que por un espacio académico”.
Le pidió al académico y ex secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores Académicos, David Molina Francisco, que le contara a los estudiantes cómo era antes la universidad. Él coincidió en que las críticas a la institución, “claro que no es la misma, pero si la quieren tocar, si a alguien se le ocurriera golpear a la UAG, no tengo duda que todos nos vamos a levantar a una sola voz”.
Tras la intervención de David Molina, el rector agradeció a la gobernadora la inversión que hizo el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa en una planta de luz para que la Facultad de Ciencias Químico Biológicas “siempre tenga luz”.
Luego, señaló que, en redes sociales “la última semana” se han dicho cosas que no son ciertas, “lo que se dice con palabras se sostiene en hechos, yo no soy de esos aliados que van a andar condicionando alguna situación o detrás de la mesa, o decir de frente ‘estoy contigo’ y por atrás dar la vuelta”.
“Si esta universidad se ha consolidado en unidad en estos últimos 14 años es, precisamente porque su servidor ha sido un hombre de palabra y de respeto, porque he respetado a todos y lo he dicho públicamente, que soy ‘claudista’ y segundo, que soy aliado de la gobernadora tope donde tope”.
“Yo sé que hay interesados de diferentes partidos, a veces hasta del propio partido, porque independientemente de mi figura como rector, yo simpatizo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo… Lo he dicho también, voy a acompañar al ingeniero Félix Salgado Macedonio en todo este trayecto”.
Afirmó que Félix Salgado “va adelante en las encuestas, en todas”, mientras que su deber es “cuidar la universidad”, aunque “hay algunos inquietos que andan candidateándose, lo respeto mucho porque es una universidad plural”.
Manifestó que se dijo que “el equipo de Saldaña” fue a un evento el sábado, en alusión a la Cuarta Convención Estatal de Movimiento Ciudadano Guerrero que encabezó el coordinador nacional, Jorge Álvarez Maynez, en la capital, pero “yo no vi a nadie del equipo de nosotros, nadie de nosotros fue a ese evento”.
“Somos más de 97 mil, así es que alguno, a lo mejor, fue o nada más para hacerla de, porque yo no conocí a esos chavos que hayan sido de acá, nada más para querer manchar dijeron que eran de la UAG, pero bueno, finalmente, si fueron es un tema de ellos, no de nosotros, así es que para que quede claro”.
En declaraciones después del evento, el rector reiteró que es “aliado de la gobernadora y del ingeniero Félix” y que apoyará al senador; a pregunta de si la UAG respaldará al padre de la gobernadora, aclaró que “la universidad no, Javier Saldaña”.
De acuerdo con el coordinador de Construcción de la UAG, Ramón Ramírez Chávez, el edificio en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas contó con tres tipos de inversión del Fondo de Aportaciones Múltiples que suman 19 millones 857 mil pesos, los cuales beneficiaron a mil 561 estudiantes.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) se reunieron ayer con el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda y con el subsecretario de Desarrollos Político y Social del Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, para pedirles su intervención para la liberación del luchador social Ubaldo Segura Pantoja.
Sin embargo, no hubo ningún compromiso de parte de los funcionarios, por lo que los integrantes de la agrupación se van a movilizar a partir de este martes en la capital, informó uno de los dirigentes de la agrupación, Telésforo Aguilar Villanueva.
El próximo miércoles a las ocho de la mañana se vence el plazo para que el Juzgado Décimo de Distrito resuelva el caso del dirigente social detenido por el delito de secuestro.
Derivado de ello, los integrantes del FPM anunciaron acciones de protesta para exigir su liberación.
Las acciones iniciarán este martes en la capital, luego de que este lunes no hubo compromisos de las autoridades de la FGE y del Gobierno estatal para intervenir en la liberación del dirigente, dijo Aguilar Villanueva.
Indicó que aunque la detención de Segura Pantoja lo lleva un juzgado federal, el delito fue por una demanda del fuero común y que el Gobierno estatal puede desistirse, por lo que ayer se reunieron con el fiscal Torres Ojeda y el subsecretario Rodríguez Cisneros, para pedirles que pidan el desistimiento de la acción política.
El dirigente del FPM dijo que no hubo ningún compromiso de las autoridades del Gobierno estatal, por lo que a partir de este martes van a comenzar con su plan de acción como lo tenían planeado.
Aguilar Villanueva, insistió que Segura Pantoja es inocente y que no se acredita el delito de secuestro del que se le acusa, por lo que van a insistir en que sea liberado.
El dirigente social insistió en que Segura Pantoja ni siquiera estuvo en la protesta en la que supuestamente fueron secuestrados un grupo de periodistas en diciembre del 2014, como se establece en la demanda.
Adelantó que ello van a probarlo los integrantes del equipo de abogados que están participando en su defensa este miércoles.
El dirigente de la agrupación criticó que el actual gobierno de Morena haya ejecutado la detención del dirigente, cuando ni siquiera los gobiernos priistas se atrevieron a hacerlo.
“Eso nos indica que no es verdad que están con el pueblo y que su postura al respecto es pura demagogia y un slogan publicitario”, reprochó.
Agular Villanueva añadió que este martes van a realizar las acciones para insistir al Gobierno estatal en que se desista de la demanda penal en contra del dirigente Segura Pantoja.
Dijo que si se logra que el Gobierno estatal se desista no habría ya delito que perseguir en contra de su dirigente, y saldrá libre de manera inmediata.
De lo contrario, adelantó que si no hay de parte del Gobierno estatal esta postura, se estaría confirmando el carácter represivo de un Gobierno que se dice de izquierda.
Los integrantes del FPM acordaron ayer instalarse en plantón hasta que sea liberado su dirigente afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo Estatal.