La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo espera que la Fiscalía General de la República (FGR) informe sobre la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, director de Tránsito en Iguala vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En la conferencia matutina, la presidenta dijo que espera que la FGR además notifique a madres y padres de los 43 normalistas, y que cuando lo considere pertinente se presenten los avances en la investigación.
“Yo preferiría que lo informara la Fiscalía, este caso.También que se informara bien a los padres de Ayotzinapa, ha habido varias detenciones en el caso Ayotzinapa y en el momento que lo considere la Fiscalía, que pueda informar sobre avances en la investigación”, dijo Sheinbaum.
Sobre una nueva reunión con madres y padres de los 43 normalistas, la presidenta adelantó que prevé que se haga a fin de mes, por lo sería posterior al 26 de marzo próximo.
La semana pasada, madres y padres de los 43 reclamaron que no habían tenido y se encontraban a la espera de comunicación de la presidenta Sheinbaum para una nueva reunión, ya que la última fue a finales de noviembre del año pasado.
Este martes se informó que Mosso Benítez fue detenido en Iguala y se le vincula al grupo delictivo Guerreros Unidos, y a participar en la desaparición de los 43 normalistas. En su detención encontraron armas, droga, municiones y equipo de comunicación.
La detención de Mosso se dio luego de un cateo realizado en el fraccionamiento Villas del Rey.
A finales de 2025 se dio la detención de los dueños de las funerarias Rueda y El Ángel, Rodolfo Rueda Sebastián y Rodolfo Rueda Mazón, relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.
Mosso Benítez se desempeñaba como agente de la Policía Estatal en septiembre de 2014, cuando se dio la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

 

La desaparición del joven de 21 años, Jorge Omar Nava Gallardo, ocurrida en Iguala en marzo del año pasado, fue reportada ayer y se difundió una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que en esta misma ciudad se informó la localización con vida de la adolescente Blanca Yasmín Cervantes Coria, de 16 años, quien llevaba nueve días desaparecida.
Mediante la ficha de búsqueda de la alerta ¿Has visto a…? difundida poco antes de las 3 de la tarde de ayer, la Fiscalía estatal informó que el mismo día se presentó la denuncia de la desaparición de Jorge Omar, ocurrida desde el 10 de marzo de 2025.
El muchacho fue visto por última vez en esta ciudad de Iguala, sin dar más detalles de los hechos; se indica que como seña particular tiene una cicatriz en la espalda. Es de tez morena clara, de ojos pequeños cafés, de cabello ondulado castaño y mide 1.70 metros de estatura.
En otro hecho, la secretaría de Seguridad Pública estatal, informó que la noche del martes fue localizada con vida la adolescente Blanca Yasmín Cervantes Coria, de 16 años, quien estaba reportada desaparecida en esta misma ciudad de Iguala desde el pasado 22 de febrero, y por la que se había activado la Alerta Violeta. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer la resolución de un juez federal en la que ordena al Ejército la entrega de 853 documentos de inteligencia generados en Iguala en 2014, relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“No tenía conocimiento de esta resolución, la vamos a revisar y damos la información”, respondió la presidenta a una pregunta en su conferencia matutina.
En la resolución se ordena la entrega de los documentos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que incluye 18 mensajes de Formatos Criptográficos Arcano (FCA), generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dijo que el fallo judicial en el que se ordena al Ejército la entrega de documentos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, es un reconocimiento al derecho de familias de obtener verdad y justicia.
En comunicado el Centro indicó que con la resolución judicial se muestra un interés tanto en los familiares de las víctimas, como de la sociedad en general para conocer lo sucedido en el caso Ayotzinapa.
“El fallo reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad y por ende, la obligación de la Secretaría de la Defensa Nacional de entregar toda la información relacionada. La resolución establece además que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general de conocer la verdad en el caso Ayotzinapa”, expuso el Centro.
Expone que a casi 12 años de los hechos de desaparición no se han entregado resultados en verdad y justicia, por lo que se mantienen acciones legales para avanzar en las investigaciones.
El Centro Prodh indicó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó al Ejército la entrega de la información del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).
“En su fallo, el Juzgado estima una brecha aproximada de 853 folios del CRFI que no han sido entregados, y respecto de los cuales debe facilitares el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad, la sentencia precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada”, señala.
La demanda inició en 2023, cuando se reclamó la omisión de la entrega por parte de las autoridades, además que los folios en cuestión se mostraban incompletos, para lo que se considera que su contenido es relevante para dar resolución del caso. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades y pueblos de comunidades del municipio de Ayutla y de la Montaña, así como el Consejo Indígena y Popular de Guerrero -Emiliano Zapata (Cipog-EZ), exigieron justicia y condenaron el asesinato de los dos funcionarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla la tarde noche del martes.
Tomás Augusto Lozano Analco y Francisco Bonilla, coordinador de la Comisión de Obras y contador público, respectivamente, fueron asesinados a las 7 de la noche del martes, en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, cerca del puente Omitlán, en el municipio de Juan R. Escudero.
“Exigimos justicia para las víctimas”, pidieron en un comunicado la mañana de ayer autoridades municipales, ejidales y comunales de 85 pueblos y comunidades del municipio de Ayutla, de la montaña y Costa Chica del estado, así como el Cipog-EZ, que condenaron el asesinato de los dos funcionarios municipales.
En su documento responsabilizan al grupo delictivo de Los Ardillos y señalan directamente a Daniel Rosas Martínez, “quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada”, refieren en su escrito.
Asimismo, responsabilizan a los tres órdenes de gobierno “por permitir la expansión de esta organización criminal” y señalan que el Estado mexicano “ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos de ese grupo delictivo, “mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados”.
Las autoridades comunitarias y el Cipog-EZ piden a las autoridades desarticular a las organizaciones criminales, “que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación y que se sancione a los responsables de estos crímenes”.
En su postura, convocan al pueblo en general “a una movilización urgente para defender la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria”.
En su escrito, denuncian “la complicidad directa de autoridades locales con Los Ardillos, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna”.
Dicen que la expansión territorial de Los Ardillos, así como su control de municipios y carreteras, “ocurre con el permiso y la complicidad del Estado frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad”.
Denuncian que en lugar de desarticular a Los Ardillos, funcionarios del gobierno federal y estatal “se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida”.
En su recuento, refieren que el grupo delictivo es responsable del asesinato de 70 integrantes del Cipog-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías ciudadanos de El Cortijo, “todos estos crímenes que siguen impunes”.
Agregan, además, que el mismo grupo delictivo ha asesinado, torturado y desaparecido a menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres.
“En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar”.
Indican que esta ola de violencia no es nueva, “forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años”.
“Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados”, denuncian.
Concluyen que el Estado mexicano sigue haciendo caso omiso, desprecia “y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria, mientras protege a los criminales que nos matan”.
Exigen justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales, “que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crímenes”.
Finalmente convocan al pueblo en general “a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria”.

 

A siete años del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) de Tepetixtla, Coyuca de Benítez, e integrantes del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, denunciaron que la “verdad y justicia” en su caso no llega.
Mediante un comunicado enviado ayer a los medios de comunicación, las agrupaciones exigieron, también, el cese de las “agresiones, calumnias, asesinatos y todo tipo de violencia” en contra del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), por parte del “grupo paramilitar los Ardillos y sus patrocinadores políticos y económicos”.
Samir Flores fue privado de su libertad y después encontrado asesinado el 20 de febrero del 2019, sin que, de acuerdo con las agrupaciones sociales, se haya hecho justicia.
“Exigimos justicia a siete años sin Samir Flores Soberanes pero la verdad y la justicia no llegan. Pesada ausencia en nuestros corazones. Siete años llenos de indiferencia, de mentiras, de tretas, de dilaciones, de encubrimientos desde el poder”, denunciaron las agrupaciones en su comunicado.
Recordaron que apenas el 16 de febrero pasado se inició el juicio contra Javier, el Temalaco, cinco años después de su detención.
“Es el único detenido como probable autor material del asesinato de Samir Flores y su juicio fue aplazado más de cuatro veces. No se ve que investiguen quién ordenó su muerte”.
Derivado de ello denuncian que no se sabe quiénes son él o los autores intelectuales, y que las autoridades “quieren reducir todo a la búsqueda de un autor material. Todo apunta a que nos tratan de engañar con otro teatro”.
Piden que se investiguen a Hugo Erick Flores, Humberto Sandoval, Cuauhtémoc Blanco, Uriel Carmona “y hasta el que en su campaña electoral prometió (y no cumplió) que no permitiría que en la tierra de Zapata se implantara el Megaproyecto Integral Morelos, Andrés Manuel López Obrador”.
Cuestionan, “dónde está la congruencia de los que muy seguido usan la palabra ‘justicia’ o slogans publicitarios como ‘por el bien de todos, primero los pobres”.
Reprochan que, por el contrario, con el Plan México, “nos muestran un panorama de más contaminación, más despojo en nuestros pueblos, más extracción de nuestros recursos, más riquezas para unos cuantos, más dependencia norteamericana, más violencia para ver quién o quiénes se quedan con las ganancias generadas a costa del sufrimiento de nuestros pueblos”.
Las agrupaciones advierten que no van a claudicar, “seguiremos exigiendo justicia con el ejemplo de vida y lucha que Samir dejó entre nosotros”.
Exigen que “cesen las agresiones, calumnias, asesinatos y todo tipo de violencia contra las poblaciones integradas en el Cipog-EZ, “por parte del grupo paramilitar los Ardillos y sus patrocinadores políticos y económicos”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Redacción

En medio de un fuerte resguardo de policías y agentes de la Guardia Nacional, el Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo entregó a familiares los cuerpos del comisionado de obras públicas, Tomás Augusto Lozano Analco, y del trabajador Francisco Bonilla Muñoz, del gobierno por usos y costumbres de Ayutla de los Libres, asesinados el martes en la noche.
En tanto, la Honorable Casa de los Pueblos del Municipio de Ayutla de los Libres, que encabeza Elizabeth Calixto Leyva, exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación minuciosa, transparente y sin omisiones para dar con el paradero de los responsables del asesinato de dos de sus integrantes y garantizar justicia.
En un comunicado aseguró que los integrantes del Consejo Municipal Comunitario no guardarán silencio ante el “acto atroz”, y que su voz será levantada con firmeza para exigir justicia y seguridad para el pueblo de Ayutla.
Ayer alrededor de la 1 de la tarde, los cuerpos del comisionado de obras públicas, Tomás Augusto Lozano, y del contador público Francisco Bonilla, del gobierno comunitario de Ayutla de los Libres, asesinados la noche del martes, fueron entregados a familiares.
La diligencia se realizó en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, que fue resguardado fuertemente por policías ministeriales y agentes de la Guardia Nacional.
Los familiares iniciaron el trámite desde la mañana de ayer miércoles. A la 1 de la tarde los cuerpos fueron entregados para ser llevados a una funeraria y posteriormente fueron llevados hacia los municipios de Ayutla de los Libres y Ometepec, de donde eran originarios los asesinados.
El doble homicidio ocurrió el martes alrededor de las 7 de la noche, de acuerdo con reportes de la policía.
El funcionario y un trabajador del gobierno municipal comunitario de Ayutla fueron emboscados y rafagueados con armas de alto calibre, en el tramo de la carretera Tierra Colorada-Ayutla, en la comunidad de Omitlán, municipio de Juan R. Escudero.

Eran parte de una caravana que regresaba de una jornada de trabajo en la capital del estado.
“Nuestros compañeros habían acudido a la ciudad de Chilpancingo a una reunión de trabajo y se encontraban de regreso a nuestro municipio cuando ocurrió esta irreparable tragedia”, dijo la Casa de los Pueblos en un comunicado.
El asesinato se cometió un día después de que la directora de Salud del Ayuntamiento de Atlixtac, Jéssica Macedonio Saldaña y su asistente particular Fulgencio Salgado Sánchez, fueron interceptados y asesinados a balazos de armas de alto calibre en la carretera federal Tlapa-Chilapa, antes de llegar a la comunidad de Tepozonalco, municipio de Chilapa de Álvarez.
El doble asesinato de dos integrantes de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de los Libres, se perpetró en el contexto de las hostilidades y enfrentamientos armados entre las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en alianza con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, y la organización criminal Los Ardillos con presencia en los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y la zona rural de Acapulco.
Por la tarde, la Casa de los Pueblos de Ayutla emitió un comunicado oficial en el que exige justicia.
“La Honorable Casa de los Pueblos del Municipio de Ayutla de los Libres, así como todo el personal que la integra, expresa su más enérgica condena y profunda indignación por los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en las inmediaciones del puente Omitlán, donde fueron cobardemente privados de la vida nuestros compañeros el Ing. Tomás Augusto Lozano Analco, quien se desempeñaba como Director de Obras Públicas, y el C.P. Francisco Bonilla Muñoz, servidor público comprometido con una importante labor dentro de nuestra institución”.
Agrega que ambos se distinguieron por conducirse con ética, profesionalismo y un firme compromiso con el servicio al pueblo.
“Hoy, la tristeza, el coraje y la impotencia embargan a nuestra institución y a toda la comunidad. No solo hemos perdido a dos servidores públicos ejemplares, sino a dos seres humanos valiosos, cuya entrega y responsabilidad eran reflejo del compromiso que caracteriza a quienes trabajan por el bienestar de nuestro municipio”.
La institución exigió al gobierno federal de Claudia Sheinbaum y al gobierno estatal de Evelyn Salgado el esclarecimiento inmediato y puntual de los hechos.
“Demandamos una investigación minuciosa, transparente y sin omisiones, que permita dar con el paradero de los responsables y garantizar que se haga justicia”.
Demandaron a las autoridades implementar acciones concretas y efectivas para salvaguardar la integridad y la vida de todas las personas que transitan por las carreteras de la región para evitar que un acontecimiento tan doloroso y condenable vuelva a repetirse.

Alejandro Guererro

Iguala

En cumplimiento a órdenes de cateo en Taxco, fueron asegurados cuatro almacenes y establecimientos comerciales presuntamente relacionadas con actividades ilícitas, en los que siete personas fueron detenidas y aseguraron maquinaria para el empaque y embotellamiento de bebidas y alimento para mascotas, vehículos y dinero en efectivo, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).
En un hecho separado, ayer se informó del aseguramiento de una camioneta y una pistola cargada en el barrio de la Panorámica de la ciudad platera, sin que se hayan reportado personas detenidas.
Poco después del mediodía del martes fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en almacenes ubicados en los barrios de Pedro Martín y Capilintla, a orilla de la Avenida de Los Plateros, vinculados al ex alcalde prófugo Mario Figueroa Mundo y a operaciones ligadas al acaparamiento y control en la venta de diversos productos de miembros de la organización criminal la Familia Michoacana.
Un día después del operativo, la FGE detalló mediante un boletín de prensa que fueron siete las personas detenidas, quienes se encontraban en los cuatro inmuebles asegurados en cumplimiento a órdenes de cateo.
De acuerdo con el informe oficial, en los cuatro inmuebles aseguraron maquinaria y equipo industrial, aparentemente destinados al embotellado de bebidas; equipo presuntamente utilizado para tratamiento y almacenamiento de líquidos, y máquinas embolsadoras, así como material de empaque y etiquetado con impresiones de marcas de alimentos para mascotas, aparentemente falsificadas.
Asimismo, diversas cajas de cartón rotuladas de las marcas San Juan y San Elías con huevo en su interior, cajas de bebidas endulzadas, agua, electrolitos, cerveza y otras bebidas alcohólicas de marcas reconocidas. También una cuatrimoto, un automóvil Mazda rojo y una camioneta pickup RAM, equipo de cómputo e impresión y 11 mil 70 pesos en efectivo.
Se informa que las siete personas localizadas en estos inmuebles asegurados y que fueron detenidas, de los que no se informan nombres, fueron puesto a disposición junto a lo asegurado, ante el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y la Extorsión, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
En los operativos en los inmuebles “habilitados como establecimientos comerciales, presuntamente relacionados con actividades ilícitas”, participaron efectivos de la Fiscalía estatal, Ejército, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSP).

Decomisan un auto y una pistola

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó ayer el aseguramiento de una camioneta Volkswagen Tiguan blanca en la que fue localizada una pistola tipo escuadra abastecida.
En un reducido comunicado, se informó que el vehículo fue asegurado en el barrio de La Panorámica mediante un dispositivo conjunto con efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Municipal en atención a una denuncia realizada mediante el número de emergencias 911.
Sin mencionar detalles de este hecho, informan que fue asegurada la pistola con un cargador y la camioneta “por hecho delictivo”, sin que se reporte la detención de personas. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Redacción

Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el comandante de la Novena Región Militar, general de División de Estado Mayor, José Roberto Flores Montes de Oca, encabezaron ayer la ceremonia en la que se anunció la destrucción de 232 armas de fuego, algunas de ellas decomisadas y vinculadas con delitos, y otras recogidas mediante el programa de canje de armas.
La ceremonia se realizó en la plaza Primer Congreso de Anáhuac ante autoridades de los gobiernos estatal y federal.
El comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Moreno Barrera, informó que las armas fueron aseguradas por su uso en hechos delictivos o entregadas de manera voluntaria mediante el programa de canje de armas.
Explicó que las autoridades judiciales decretaron su decomiso a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional para proceder a su destrucción definitiva “y evitar que vuelvan a ser utilizadas en actos que vulneren la seguridad de la población”.
Agregó que las armas de fuego “representan una de las principales herramientas de la delincuencia para cometer ilícitos, por lo que su retiro impacta directamente en la seguridad del pueblo guerrerense”.
Por su parte la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, dijo que la eliminación de este armamento “no soóo retira un riesgo potencial de las calles, sino que fortalece el mensaje de que la paz no se construye con más violencia, sino atendiendo las causas que la generan”.
Dijo: “Cada arma destruida significa tragedias que jamás ocurrirán; disparos que no impactarán, amenazas que no tocarán la puerta de nadie y agresiones que no dañarán a las familias guerrerenses”.
Añadió que ello significa interrumpir cadenas de violencia antes de que se activen, propiciando un entorno más seguro en colonias y comunidades”.
Salgado Pineda se comprometió a trabajar “todos los días por una paz duradera que permita a cada región del estado vivir con bienestar, dignidad y esperanza, especialmente para las niñas, niños y jóvenes”.
Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gabinete de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas “por su compromiso permanente con Guerrero”.
Aun cuando se informó que la ceremonia sería para la destrucción de las 232 armas de fuego, entre las que había largas y cortas. Estas no se destruyeron, solamente se realizó la demostración de la destrucción de una mediante una cortadora de metal que fue operada por la gobernadora Salgado Pineda.
Después se dio por concluida la ceremonia y personal militar retiró todas las armas, sin que fueran inutilizadas.
Asistieron también al evento la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna; la delegada de la FGR en Guerrero, Neyra Salgado Miranda; así como representantes de la Guardia Nacional, mandos navales y de la FGE.

Alejandro Guerrero

Iguala

Familiares del abogado y activista Anselmo Campuzano Martínez denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE), “hay línea” para proteger a los autores intelectuales de su homicidio, quienes están dentro de la misma institución.
Al cumplirse cinco meses de su atentado y posterior muerte, sus familiares denunciaron en conferencia de prensa que no hay ningún avance en las investigaciones por el crimen, y, por el contrario, les están poniendo obstáculos.
Anunciaron que ante la falta de resultados en las investigaciones y la falta de una línea de investigación del móvil del crimen, iniciarán una jornada de protestas para exigir justicia, así como la investigación a dos agentes de la FGE, señalados como presuntos autores intelectuales.
Los padres, las hermanas, la esposa y una sobrina con cáncer a la que apoyaba con los gastos para sus tratamientos, del abogado ofrecieron la mañana de ayer una conferencia de prensa afuera de su casa en la colonia Tamarindos de esta ciudad, donde su padre, Anselmo Campuzano Reyes reclamó, “a cinco meses del cobarde y ruin asesinato de mi hijo”.
Declaró que “no hay ningún avance en las investigaciones, nos están poniendo obstáculos, hemos estado haciendo el trabajo que ellos deberían de hacer y nosotros estamos empujando a que lo hagan, y aun así nos ponen trabas para hacerlo”, dijo de la FGE.
Mencionó que apenas hace un mes que le otorgaron la personalidad en el caso, el cual le estuvieron negando, hasta que se llegó al Juez de control que falló a su favor.
Advirtió que ya no le queda duda y ve los motivos claros de la obstaculización de las investigaciones porque, “están protegiendo a los asesinos intelectuales”.
Campuzano Reyes informó que junto a sus hijas han estado yendo para preguntar por los avances en las investigaciones, “pero no hay nada, nos reciben con apatía, lo cual me da a pensar que el Fiscal general (Zipacná Torres) les dio línea para proteger a estas personas”.
Señaló como presuntos autores intelectuales del homicidio de su hijo al ex titular del Ministerio Público en Iguala, Leonardo Meraz Sánchez, y al auxiliar de esta misma agencia, Christian Peñaloza.
Denunció que el primero incluso fue “premiado” por el fiscal general Zipacná Torres Ojeda, al cambiarlo del Ministerio Público de Atoyac al de Costa Azul, de Acapulco.
El papá del abogado asesinado responsabilizó directamente a la Fiscalía General del Estado y a los presuntos autores intelectuales del asesinato de su hijo de lo que les pueda suceder a él o a su familia. Asimismo, al ex alcalde priista de Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo Zavaleta, quien dijo que apoya “muy fuerte” a su yerno el auxiliar del Ministerio Público, Christian Peñaloza.
En la conferencia mostraron un oficio dirigido a la senadora morenista, Beatriz Mojica Morga, de quien su hijo era parte de su equipo político, quien ofreció que los apoyaría para el esclarecimiento del caso para exigir justicia, pero a cinco meses no ha sucedido.
Expuso que ven con indignación y desilusión que en sus filas está uno de los presuntos asesinos intelectuales, el auxiliar del MP Cristian Peñaloza, a quien han visto en sus actos, “lo cual creemos que no es correcto porque no nos apoyaron, no se indignó de lo que le pasa a su gente, pero protege a los asesinos”.
En el pronunciamiento dirigido a la senadora Mojica Morga, el cual dijeron que le entregarán en físico y que leyó una de las hermanas de Anselmo, le reclaman a la morenista la falta de apoyo a la familia y que ahora tiene entre sus filas a uno de los presuntos asesinos intelectuales de su colaborador.
“Queremos expresar nuestra desilusión y sentimiento de engaño que hemos experimentado desde su fallecimiento por parte de usted; a lo largo de este difícil proceso hemos esperado ansiosamente su apoyo y atención, pero lamentablemente nunca recibimos una visita personal ni un gesto que nos brindara consuelo. Su ausencia ha sido notoria y esto nos lleva a sentir que no ha cumplido con las responsabilidades que le correspondía a usted como líder y referente para su equipo”, cita parte del escrito.
Campuzano Reyes dijo que han solicitado por escrito la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, y le respondieron de la Secretaría de Gobernación que lo van a recibir. También han enviado escritos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al fiscal del estado, pero “no vemos resultados ni respuesta”.
El abogado y activista fue herido a balazos de gravedad el 3 de octubre tras una persecución de sicarios a bordo de una motocicleta que le dieron alcance cerca de su casa luego de salir de la sede regional de la FGE, donde daba seguimiento a casos de sus clientes, y al día siguiente murió en el hospital del ISSSTE de esta ciudad.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros declaró ayer que los asesinatos de los funcionarios municipales de Atlixtac y de Ayutla, en las últimas 24 horas, son hechos “lamentables” pero, según él, no tienen móviles políticos.
El funcionario estatal, declaró la mañana de ayer después de la ceremonia en la que se anunció la destrucción de armas de fuego, algunas de ellas vinculadas con delitos y otras recogidas en el programa de canje de armas, en la plaza Primer Congreso de Anáhuac en la capital.
La mañana del lunes pasado fueron encontrados los cuerpos de la directora de Salud municipal de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña y de su asistente, Fulgencio Salgado Sánchez en la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, cerca de la comunidad de Tepozonalco, municipio de Chilapa.
En tanto que aproximadamente a las 7 de la noche del martes, fueron asesinados Tomás Augusto Lozano Analco y Francisco Bonilla, coordinador de la Comisión de Obras y contador público, respectivamente, del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla en la carretera Tierra Colorada- Cruz Grande, cerca del puente Omitlán.
A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido ninguna postura al respecto, el subsecretario Rodríguez Cisneros adelantó ayer que los cuatro asesinatos no tienen móviles políticos.
“No, no es un asunto político, son hechos muy lamentables que tienen que ver con el fenómeno de la inseguridad que hay no nada más en Guerrero, sino en todas las entidades del país”, declaró de entrada el funcionario estatal.
Informó que en el caso de Ayutla habló de inmediato con las autoridades municipales “y les estamos dando el acompañamiento y seguimiento institucional”.
Una reportera le recordó que en dos días ya fueron asesinados cuatro funcionarios municipales, en referencia a los dos de Atlixtac y los otros dos de Ayutla, ¿no es un mensaje para el Gobierno del estado?, preguntó.
“No, no es ningún mensaje, son hechos desafortunados y muy lamentables que han ocurrido, insisto la violencia no es una situación que solamente ocurra en la entidad, estamos trabajando todos los días, cada quien dentro de su responsabilidad”, aseguró.
Con respecto a los ataques que denunciaron pobladores de comunidades de Tecoanapa y Tierra Colorada entre el sábado y el domingo, el funcionario, aseguró que “esa fue una situación que en su momento se desmintió”, y aseguró que hay presencia de las fuerzas federales y estatales para garantizar la seguridad en esa zona.
“Hay situaciones que están ocurriendo, pero no corresponden a ese momento”, aseguró el funcionario, igual que ha respondido en otras ocasiones cuando pobladores denuncian hechos de violencia y la omisión de las autoridades.
Con respecto al operativo realizado en Taxco en el que fueron detenidas siete personas en una vivienda, presuntamente relacionadas con el grupo criminal de la Familia Michoacana, la respuesta del funcionario fue escueta: “ustedes saben que Taxco es una ciudad prioritaria que se ha estado atendiendo y que afortunadamente la atención que integral que se ha estado dando ahí ha dado resultados”.
Agregó que el operativo “es algo similar a lo que ocurrió en Teloloapan”.