Zacarías Cervantes

Ayutla

Las viudas y madres de las víctimas de la masacre de El Charco exigieron ayer justicia y reparación del daño, a 25 años de la matanza cometida por militares la madrugada del 7 de junio de 1998.
Esa madrugada, 10 indígenas y el estudiante Ricardo Zavala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fueron masacrados por militares en el interior de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez de esa comunidad.
“La sangre de los indígenas masacrados clama ¡justicia!; El Charco, 25 años de impunidad”, se leyó en una lona con la que marcharon al frente las viudas y madres de las víctimas, de la Unidad Deportiva a la Plaza de la Paz, en la cabecera municipal de Ayutla donde realizaron un mitin.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que a 25 años las viudas y madres han recibido sólo engaños, burlas y difamaciones de las autoridades.
“Venimos a reclamarle que castigue al Ejército, que no le dé vuelta a la página de la impunidad, que realmente escuche a las víctimas y el clamor de justicia”, recalcó en su intervención en el mitin.
Antes, en entrevista, Eustolia Castro Ramírez, una de las viudas, denunció que 15 días después de la masacre, el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, organizó un evento de desagravio en la cabecera municipal al que las citó y frente a ellas le entregó un cheque de 55 millones de pesos al presidente municipal Odilón Romero, supuestamente para la reparación del daño, recurso que no recibieron porque un mes después les dijeron que no tenía fondos.
Dijo que nunca supieron quién se quedó con el dinero, si el entonces gobernador o el presidente municipal porque a las indígenas sólo les dieron, ese mismo día, una bandeja con despensa.
En el trayecto de la marcha, el abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario denunció que a 25 años de la masacre no existe ninguna averiguación previa en contra de los militares responsables, pero que sí hay cinco abiertas por diversos delitos en contra de los sobrevivientes.
Reprochó que siempre que los responsables son militares no se aplica la justicia o es muy lenta.
La marcha partió a las 11 de la mañana de la Unidad Deportiva en la entrada de la cabecera municipal, encabezada por las indígenas entre las que iban siete viudas y dos madres de las víctimas, y atrás dirigentes de organizaciones sociales.
Participaron integrantes del colectivo de víctimas de desaparecidos de Chilpancingo Lupita Rodríguez; el Consejo de Comu-nidades y Autoridades de Tecoana-pa, normalistas de Ayotzinapa, el Directorio del Poder Popular, una comisión de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos; la Casa de los Saberes de la Mujer Indígena, así como Martha Obeso, viuda del diputado perredista asesinado, Armando Chavarría Barrera y Sofía Lorena Mendoza, viuda del dirigente social asesinado Arturo Hernández Cardona.
Antes de la marcha, Ramírez Castro, viuda de José Rivera Mora-les, de la comunidad de La Palma, denunció que no ha habido justicia ni atención de los tres órdenes de gobierno, aclaró que las viudas lo único que exigen es que se investigue a fondo para que se conozca la verdad, justicia y castigo a los militares responsables.
“Sabemos que hay responsables que no están encarcelados, por eso queremos que se investigue, porque el gobierno no nos da esa certeza de que podamos sentarnos y saber qué fue lo que sucedió en ese entonces”.

 

Contó que 15 días después de la masacre fue el gobernador Ángel Aguirre a dejar supuestamente un apoyo para la reparación del daño, “pero no nos lo entregó a nosotras, se lo entregó al entonces presidente municipal Odilón Romero”.
Relató que le entregó un cheque de 55 millones de pesos pero que cuando regresaron después a preguntar por el recurso, funcionarios de su administración les dijeron que el cheque no tenia fondos. Las viudas nunca supieron si fue verdad o el alcalde se quedó con el dinero.
Informó que las viudas lo único que recibieron ese mismo día fue una bandeja con despensa.
“Desde entonces ya no tuvimos ningún otro apoyo”, aseguró, pero dijo que eso ha sido motivo para que constantemente sean calumniadas por dirigentes de algunas organizaciones sociales, de que están recibiendo beneficios del gobierno.
Eustolia Castro informó que después de algunos años, ahora volvieron a salir a protestar para exigir justicia porque nuevamente se sienten cobijadas por organizaciones sociales “que nos dan la valentía de seguir, si no fuera así, estaríamos en el olvido”.
Informó que han tenido reuniones y que ahora saben que el caso está resolviéndose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que no hubo respuesta del gobierno mexicano.
“Ni con el presidente López Obrador hemos tenido una atención por parte del gobierno, lo que nosotros sentimos es un desamparo; no tenemos ningún acercamiento con nadie”.
La viuda declaró que a través del director de Tlachinollan han buscado una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o con el presidente López Obrador, “pero no se ha podido y por eso seguimos en lucha”.
Dijo que su demanda principal es que se castigue a los responsables que masacraron a sus esposos porque les destruyeron su vida familiar.
“Eso es algo que jamás podremos olvidar, son cosas que a nosotros nos marcaron para toda la vida, muchas veces nos critican y dicen que hemos sido beneficiadas por el gobierno, cuando no es así, nunca hemos recibido ningún apoyo de los gobiernos, de los de antes ni de los de ahora, de ninguna administración”.
Agregó que recientemente el único apoyo que han recibido es de Tlachinollan, “como los proyectos de las gallinas ponedoras, pero son los únicos que nos han estado apoyando”.
En el mitin, el director de Tlachinollan, Barrera Hernández, expresó que estas mujeres desde hace 25 años cargan sobre sus espaldas la injusticia por la violencia implementada por el Estado mexicano y aplicada por el Ejército.
“Las viudas que están aquí han bajado de la montaña para evidenciar una guerra contra la población indígena”.
Dijo que el aniversario de la masacre no puede pasar desapercibido, “para las autoridades probablemente esto no signifique nada, y para la gobernadora seguramente ni si quiera conoce ni sabe lo que significa la masacre de El Charco”.
Reprochó que a pesar de que el gobierno ahora está “bajo el sello de la 4T”, está muy lejos la justicia en este caso, sin embargo, “aquí todavía no encarnan las causas profundas que le han dado a Guerrero un nombre a nivel nacional por ser un pueblo combativo”, dijo.
“Venimos a reclamarle al Estado que castigue al Ejército, que no le dé vuelta a la página de la impunidad, que realmente escuche a las víctimas y el clamor de justicia”.
Les dijo a las viudas que se encontraban en la primera fila de los más de 50 manifestantes, que su lucha probablemente no va a dar frutos en la generación de sus hijos, pero sí en la segunda, tercera o cuarta generación, cuando lleguen allá las escuelas, las medicinas, los caminos transitables, la vivienda digna y ya no sea bajareque, sino un espacio digno”.
Por ahora, igual que Eustolia Castro, aseguró que el Estado no les ha dado un solo peso para que tengan algo por lo que lucharon sus esposos y tengan las condiciones mínimas de vivir dignamente.
Cuestionó que, por el contrario, el gobierno se haya burlado y engañado a las viudas al reiterar lo que contó Eustolia Ramírez de que dos semanas después de la matanza fue el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, y en una reunión, colocadas en la primera fila les mostró un cheque y dijo que era para pagar la reparación de los daños a las viudas de El Charco.
“Las compañeras escucharon, y aplaudieron como siempre lo hacen a los caciques y hasta dijeron: que bondadoso es el gobernador, al final del evento les entregaron una bandeja con despensa y después de tomarse la foto les dijeron que ya se podían regresar a su comunidad”.
Agregó que después de un mes que no fueron llamadas fueron a ver al presidente municipal Odilón Romero, a quien nunca pudieron ver y cuando fueron con el síndico y con otro funcionario éstos les aseguraron que el cheque no tenía fondos.
“¿Quién las engañó?, ¿el gobernador?, es probable, ¿el presidente municipal?, también es probable, a los dos no se les confía su palabra, alguno de los dos se chingó el dinero de las compañeras”, denunció.
Dijo que a 25 años de la masacre las autoridades no han velado por los intereses de las viudas y madres de las víctimas, “puro engaño, burlas y puro pisotear sus derechos han recibido”.

El informe de la CIDH responsabiliza a las autoridades mexicanas de graves violaciones a los derechos humanos

Abel Barrera advirtió que junto a las organizaciones sociales van a exigir justicia, recordó que el caso ya está en la CIDH, y que sólo están esperando el informe de fondo, “y ese informe, por lo que sabemos, responsabiliza a las autoridades mexicanas de graves violaciones a los derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales de los esposos de las compañeras”, adelantó.
Insistió. “No sabemos cuándo, pero si estamos seguros que van a repararles todos los daños que les han ocasionado”.
Lo principal, dijo, tiene que investigarse y castigarse a los militares, pero adelantó que esto solo será en la vía internacional porque en México no hay esperanzas, “porque aquí hay una protección a los militares que violan derechos humanos”.
El representante de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega, mencionó que mientras las viudas, como los padres de los 43 estudiantes desaparecidos luchan en busca de justicia y castigo a los responsables de las masacres los militares perpetradores de estos hechos siguen recorriendo el estado, asesinando y desapareciendo.
Reprochó que el actual gobierno echa la culpa de casos como El Charco y la desaparición de los 43 a los gobiernos anteriores, pero también en el actual gobierno “el Ejército no cesa de desaparecer, torturar y de asesinar a personas en nuestro país porque para ellos organizarse, asociarse y trabajar para sobresalir es un delito, y para el gobierno es malo ver que el pueblo se está organizando para el progreso”.