El comisario de la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, Saturnino Castro Leyva dijo que junto con otros pobladores, en su momento advirtieron al ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, que el terreno donde fueron construidas 161 casas para damnificados de 2013 y que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), era inhabitable.
El martes, en un boletín de prensa la Profepa informó que clausuró de manera total temporal el proyecto de vivienda en Tierra Colorada, en Leonardo Bravo, que está a cargo de la Sedatu y de la empresa Construcciones y Servicios Villahermosa SA de CV, por no contar con la documentación y autorización federal necesarias.
Según el informe, la Sedatu no presentó la documentación para ejecutar la obra en un terreno de 3.5 hectáreas que fueron afectadas por calles, bermas, taludes, arrastre de tierra hacia las barrancas y las propias viviendas hechas con cemento, block y varilla.
Además, incumplió el programa de reforestación de especies nativas de la región, en una superficie de 7 hectáreas y carece de un programa de mitigación y compensación de impactos generados por la remoción de vegetación forestal, que tuvo que haberse hecho en la superficie afectada y en sus colindancias.
Consultado vía telefónica, el comisario recordó que las viviendas fueron edificadas, “al puro fregadazo”, sin estudios de obra ni cambio de uso de suelo ante las autoridades competentes.
Detalló que el predio donde están las 161 casas se encuentra en la punta de un cerro, dividido en cuatro plataformas, “que en época de lluvias corre riesgo de deslavarse y de que las viviendas se derrumben”.
Castro Leyva reconoció la urgencia para reubicar a las familias damnificadas, y lamentó que cuando visitaron las oficinas del ex delegado de la Sedatu, Héctor Vicario Castrejón, éste no los escuchó.
“Nunca nos hizo caso; desde un principio le dijimos que las casas no estaban en un buen sitio porque las aguas podrían derrumbar las casas, no es un lugar fiable; pero no les importó las condiciones del terreno e hicieron a un lado al pueblo”, reprochó.
Manifestó que mientras los pobladores eran ignorados, los trabajadores asignados a la obra le dijeron a Vicario Castrejón que el terreno estaba en la normalidad, “y por eso el delegado nunca iba”.
Saturnino Castro confió en que el delegado federal, José Manuel Armenta Tello se haya percatado de todas las irregularidades denunciadas por los pobladores, en la visita que hizo recientemente a la comunidad.