Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Comité Organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor, entregará este año un reconocimiento al luchador social y militante perredista Guillermo Sánchez Nava, quien desde el 2011 se encuentra postrado debido a una agresión física que recibió por una brigada de priistas cuando les reclamó la destrucción de propaganda de la coalición Guerrero nos Une que encabezaba como candidato el ahora ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La entrega del premio será el próximo domingo 11 de junio en la Ciudad de México.
En esta edición 2023, recibirán el premio los periodistas Mario Menéndez Rodríguez y Luis Hernández Navarro, así como la luchadora social Josefina Martínez y Rojas y al antropólogo Leonel Durán Solís.
Sánchez Nava lleva más de 12 años postrado, derivado de la golpiza que lo dejó en estado vegetativo cuando el 11 de enero del 2011 se desempeñaba como representante de la coalición.
El adversario de Aguirre Rivero era su primo Manuel Añorve Baños, quien era el candidato del PRI.
La noche de ese 11 de enero, el entonces representante ante Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) del PRD, Sánchez Nava fue salvajemente agredido por unos 30 brigadistas del PRI y trabajadores del Ayuntamiento, cuando les reclamó la destrucción de propaganda de la coalición Guerrero nos Une, a unos metros de las instalaciones del IEEG y del Congreso local, al sur de la ciudad.
Después de la agresión, Sánchez Nava fue diagnosticado con traumatismo en grado III, hemorragia parenquimatosa frontal izquierda y su valoración es que clínicamente se encuentra en estado vegetativo, “el paciente no tiene capacidad de valerse por sí mismo.
El pronóstico de ese entonces es que “puede durar meses o años en estado vegetativo”.
El 11 de junio del 2011 fueron consignados tres de los presuntos responsables materiales: Antonio López Velázquez, Eduardo Sánchez Abarca, y Celso Manzano Flores por el delito de tentativa de homicidio y el juez de la causa les dictó auto de formal prisión, sin posibilidad de que salieran libres bajo fianza.
Sin embargo, la defensa de los acusados interpuso varios amparos, primero ante el Juzgado Primero de Distrito federal con sede en Chilpancingo y luego ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal y Administrativa de Acapulco.
Finalmente, ésta instancia ordenó en el 2013 al Juzgado Tercero en Materia Penal la reclasificación del delito a lesiones calificadas.
Eso facilitó para que el principal acusado, Antonio López Velázquez solicitara su libertad bajo fianza y tras el pago de 300 mil pesos salió libre, y sólo quedaron presos por falta de recursos, Eduardo Sánchez Abarca y Celso Manzano Flores.
Sin embargo, en los primeros meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores (en el 2015), cada uno de ellos pago una fianza de 100 mil pesos y también salieron en libertad.
En el 2011 cuando ocurrieron los hechos Astudillo Flores se desempeñaba como presidente municipal de Chilpancingo y los medios de comunicación lo relacionaron en su momento con la brigada que agredió al perredista.
Incluso, tanto Añorve Baños como Astudillo Flores fueron citados en la averiguación previa por los perredistas Misael Medrano Baza y la actual diputada local Beatriz Mojica Morga, sin embargo, el Ministerio Público no dio seguimiento a los señalamientos al considerar que no se presentaron elementos de prueba como testimoniales o documentales.
Uno de los tres implicados, Antonio López Velásquez, cuando ocurrieron los hechos trabajaba en la administración de Astudillo Flores, y según los otros dos señalados fue él quien les ordenó la noche de los hechos que agredieran a Sánchez Nava y le quitaran el teléfono celular con el que filmaba la destrucción de la propaganda electoral.