El auditor General del Estado, Alfonso Damián Peralta, informó que entregó completa la auditoría que el Congreso local le requirió del municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), pero aclaró que no fue una fiscalización especial sino ordinaria, con la que el Poder Legislativo puede trabajar en el juicio de revocación de mandato contra la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez.
El auditor visitó el municipio el pasado 14 de julio y dijo que la información de su visita fue incluida en el informe de resultados que la AGE entregó al Congreso el 29 de septiembre.
El auditor comentó que el órgano fiscalizador está en un proceso de señalar observaciones del ejercicio fiscal 2015 a los entes  por presuntas irregularidades cometidas durante sus gobiernos el año pasado.
Explicó que después de las notificaciones, la AGE espera la documentación de los ex funcionarios para comprobar las observaciones.
Se le preguntó también por lo dicho el sábado por el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, sobre el requerimiento de pago que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que durante 2013, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, las secretarías de Salud y Educación no pagaron.
Lo anterior lo confirmó ayer el contralor del gobierno estatal, Mario Ramos del Carmen, quien informó de 40 procedimientos por irregularidades encontradas en las pasadas administraciones, principalmente en Salud y Educación, y en ese sentido el auditor explicó que la AGE se rige por procedimientos anuales, por lo que ahora trabaja en la fiscalización de 2015.
Sin embargo dijo que sí hay observaciones a pasadas administraciones, pero habló principalmente del 2015, de las que dijo que están entregando las notificaciones a los ex servidores públicos para que presenten la documentación comprobatoria, o de lo contrario se emitirán pliegos de observaciones y procedimientos resarcitorios.
El auditor comentó también que del ejercicio fiscal que revisa la Auditoría General del Estado (AGE) no ha presentado denuncias penales porque la cuenta publica fue entregada puntualmente después de las sanciones ejecutadas contra los funcionarios que han faltado a los tiempos que señala la ley.
Afirmó que de los casos de procesos de fiscalización que han llegado a denuncias penales contra ex servidores públicos, todos han presentado la información que les ha sido requerida.