Redacción

El representante legal de la anestesióloga de Iguala Marisa Brito Brito, Antonio Torres Navarro, afirmó que la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) no está sustentada y que hay preocupación en el sector médico por la criminalización de la compra de fentanilo a una empresa por internet para anestesiar a pacientes enfermos de Covid-19.
En conferencia de prensa en un salón del hotel Calinda, donde estuvo la médica anestesióloga acusada por la FGR por la compra de seis ampolletas de fentanilo en 8 mil pesos, a una empresa en marzo de 2020, su abogado dijo que la Fiscalía no tiene sustento para acusarla, porque no se puede formular la acusación al aun no comparecer la empresa que vendió.
Torres Navarro de entrada dijo que en la audiencia de ayer, el juez los apercibió por divulgar el tema en los medios debido a que los datos de la investigación no se pueden ventilar, pero sostuvo que el tema ha sobrepasado todo, como la pandemia.
Agregó que el gremio médico está consternado por la situación “aberrante” donde se acusa penalmente a una médica que lo único que hizo fue tratar de hacer todo lo que estaba en sus manos para salvar vidas de pacientes que en marzo de 2020 cuando el estado estaba en semáforo rojo, los casos de Covid-19 colapsaron los hospitales de Iguala. La médica imputada por la FGR?trabaja en el hospital general Jorge Soberón de Iguala y en el sector privado de la misma ciudad.
El abogado dijo que la doctora sí adquirió seis ampolletas a una empresa que vio en un catálogo de proveedores de una organización de médicos anestesiólogos. Recordó que si bien este producto no se puede obtener por parte de los ciudadanos, los médicos anestesiólogos sí, para aplicarlo como un analgésico más potente que la morfina.
Agregó que durante la mayor crisis de la pandemia en marzo de 2020 en ninguna parte se pudo encontrar el producto y escaseó, por eso la doctora lo adquirió por internet, sin embargo el producto fue decomisado en San Luis Potosí.
La doctora en su breve intervención denunció que la aseguradora que tenía contratada por cualquier tipo de incidente no la está apoyando porque no se trata de una situación con un paciente.
En la ronda de preguntas el abogado respondió que lo que está señalando la FGR es que la doctora “intentó comprar” con fines de venta, pero el producto nunca llegó, además de que fue con fines médicos.
Dijo que la Fiscalía hace “gala de ignorancia” porque en la acusación que hace de “que si era o no el medio” para comprar el producto, pero apenas andan investigando, y enviando oficios, pero ya la están acusando y se está violentando el principio de inocencia de la doctora y sus derechos humanos.
La doctora agregó que la escasez de medicamentos comenzó en febrero e incluso en los hospitales públicos donde también labora como médica, junto a sus compañeros tenían que dar la lista de medicamentos que la gente debía de comprar porque no los tenían, aunque actualmente se está restableciendo.
El abogado dijo que representantes de colegas y federaciones de médicos a nivel nacional los han buscado para solidarizarse y dar su respaldo a la médico, así como los representantes de colegios en el estado, y una política de Morena que no quiso identificar.
El abogado denunció que a la doctora nunca fue notificada de la denuncia, nunca se le llamó a declarar y lo primero que le hicieron fue una entrevista, donde agentes de la Fiscalía le pidió su número de cédula profesional y documentos profesionales, y ya después vino un citatorio para una vinculación, por eso se pidió diferir la audiencia para conocer de qué se le acusaba.
Torres Navarro hizo un llamado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y a la Fiscalía para que escuchen los argumentos de la doctora y el caso se trate con objetividad porque están criminalizando el acto médico.
Además de que este hecho puede dejar el antecedente de que si no hay un medicamento, en vez de actuar los médicos ahora tendrán que esperar hasta que sea suministrado por el gobierno, y para entonces los pacientes podrían morir.