El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Robespierre Robles Hurtado informó ayer a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que el material videográfico tomado por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) y que forman parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Al respecto, la entonces presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín había asegurado que desconocía si esos videos existían.
El magistrado presidente del TSJ también entregó a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa cuatro cajas de cartón que contienen las copias certificadas de las causas penales 212/2014-II, 214/2014-II, 216/2014-II y 217/2014-2 en el Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del distrito de Hidalgo, instruidas por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes, “y otras personas”.
Además entregó un informe “de todo lo actuado” en relación con esas mismas causas penales, y al respecto explicó que éstas se encuentran en “etapa de instrucción ordinaria”, es decir, se encuentran en la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas incorporadas por las partes.
La información relacionada con el material videográfico, las copias certificadas de las cuatro causas penales y el informe de las actuaciones que se han realizado con relación a esos expedientes, fueron solicitadas por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en una reunión anterior que tuvieron con el presidente del TSJ el pasado 19 de febrero.
Ayer los padres y el magistrado presidente se reunieron a las 12 del día en el auditorio del TSJ, en el edificio del centro de la ciudad, en el mismo lugar de la reunión anterior.
Cerca de 50 padres y familiares de los estudiantes desaparecidos, llegaron al edificio acompañados por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Isidro Vicario Aguilar y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
El contingente llegó al lugar bajo la intensa lluvia que caía en la capital, sin embargo, esto los motivó a corear consignas como: “Ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento” y “porque vivos se los llevaron vivos los queremos”. Los padres ya eran esperados en la entrada del inmueble por Robles Hurtado, quien saludó a todos de mano antes de que entraran.
De entrada, el presidente del TSJ dijo que es el primer obligado a dar cumplimiento al derecho a la información y a la transparencia del quehacer público, y que con base en la ley ponía a su disposición toda la información documental y videográfica de los “lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Sobre una mesa, tras de la cual Robespierre Robles se sentó junto con integrantes de una comisión de los padres de los 43 normalistas encabezada por Melitón Ortega, yacían las cuatro cajas de cartón que contenían las copias certificadas de las causas penales 212/2014-2, 214/2014-2, 216/2014-2, y 217/2014-2, y el informe de las actuaciones que ha realizado el Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Distrito de Hidalgo, por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, asesinados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Los documentos fueron entregados a Melitón Ortega, en representación de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Con respecto al material videográfico que registraron las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre, que ya habían solicitado los padres el 19 de febrero, Robles Hurtado informó que “actualmente el Poder Judicial del Estado no cuenta con material videográfico alguno, toda vez que el 24 de julio de 2015, en la investigación de los hechos relacionados con la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, Ernesto Oscar Francisco Ornelas Delgado, agente del Ministerio Público de la federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, acompañado de personal pericial acudió a las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, donde el licenciado en informática Javier Uribe Iturbe les entregó una memoria USB que contiene un respaldo extraído del DVR (Digital Video Recording) del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Robles dijo que esta información la proporcionaron el ingeniero en sistemas computacionales, Luís Europa Solís Jiménez, programador analista adscrito al distrito judicial de Hidalgo; el licenciado en informática Javier Uribe Iturbe, encargado de informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal; la delegada administrativa del Consejo de la Judicatura; el director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura y la ex magistrada presidenta, Lambertina Galeana Marín.
En el primer informe que dieron a conocer el 27 de agosto los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente GIEI, auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su “preocupación por la pérdida de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia, sobre la carretera federal México-Acapulco”.
El texto dice: “Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”.
El 27 de agosto de 2015 la ex presidenta Galeana Marín dijo que no existían los videos, y el 14 de septiembre que “probablemente” sí existían, pero ayer el nuevo presidente del TSJ confirmó su existencia y que un respaldo de éstos fue entregado a la PGR desde el 24 de julio de 2015.
Consultado al final de la reunión, el presidente del TSJ informó incluso que el original del video está instalado “completito” en el mismo lugar donde siempre ha estado, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público, en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, expresó.
Aseguró además que toda la información y todas las evidencias que pueda tener el material videográfico están incluidas en la averiguación previa respectiva de la PGR.
Mencionó que él no ha tenido acceso al contenido del video porque no ha desmontado el original, como tampoco ha tenido acceso al expediente que abrió la PGR con respecto al material videográfico, “lo que tengo es el informe y el comentario que nos dieron (el equipo técnico) y que va en el informe que entregamos”, dijo.
Aseveró que a pesar de que el aparato de videograbación es propiedad del TJS no ha sido desmontado para revisarlo para no incurrir en violaciones a la ley o que se piense que fue manipulado.

Si le queda grande el cargo, renuncie, le piden

Cuando terminó de dar la información a los padres y detalló lo que le entregaba a Melitón Ortega, la madre María Elena Guerrero, insatisfecha, sobre todo con respecto a lo relacionado con el material videográfico, le gritó desde las graderías donde se encontraba, “su puesto le quedó grande” y le dijo que debería exigir a la PGR que le entregara el material.
Sin embargo, Melitón Ortega explicó que se llevarían toda la documentación con la información que les entregó el magistrado presidente y que valorarían su contenido para emitir un pronunciamiento después.
También dijo que había el compromiso de parte de Robespierre Robles de mantener “la puerta abierta” para que en caso de que le requirieran más información se las proporcione, y comentó que para los padres lo más importante son los videos y que después de valorar la respuesta que les dio Robles Hurtado regresarían, “porque está claro que lo que queremos son evidencias que identifiquen a los que agredieron a nuestros hijos, y si no encontramos esas evidencias, regresaremos para que instruya que se haga lo que se tiene que hacer”, expresó Ortega Martínez.
En respuesta el presidente del TSJ indicó que de su parte hace lo que puede “y frente a ustedes les respondo con lo que tengo”.
Otra de las madres, María de Jesús añadió que les quedó claro que lo que se pretende es proteger a quienes se llevaron y mantienen secuestrados vivos a sus hijos. “¿Hasta cuando Enrique Peña Nieto nos va a entregar a nuestros hijos?”, preguntó y dijo que si fueran hijos de él ya hubiera dado con ellos, “pero como somos gente que no tiene dinero, no nos hace caso”, expresó.
Consultado al final, Melitón Ortega adelantó que valorarán si solicitarán al presidente del TSJ desmontar y revisar juntos el contenido del original del video, que según Robles Hurtado sigue montado en el aparato en el mismo lugar, afuera del Palacio de Justicia de Iguala.