Karina Contreras

El ex dirigente del PAN estatal y aspirante a candidato a diputado federal por el distrito 07 con cabecera en Chilpancingo, Carlos Millán Sánchez, demandó al gobierno del estado dar garantías para el proceso electoral del próximo año.
Millán Sánchez ofreció una conferencia y luego dio declaraciones a El Sur, donde expresó su preocupación por la violencia que hay y la reducción del presupuesto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al que se le redujo un 40 por ciento de su presupuesto.
Ejemplificó que la violencia está latente y ahí está el asesinato del dirigente municipal del PAN en Zitlala, Jaime Damaso Solís el pasado 24 de noviembre y quien aspiraba a ser candidato a la presidencia municipal, y “ese es uno de los peligros ya que el gobierno del estado no está dando garantía ni a los actores políticos, a los que van a llevar el proceso y mucho menos a los periodistas”.
Millán Sánchez dijo que se debe dar garantías a los periodistas porque están inmersos en el proceso como informadores. Señaló que el otro peligro es que al gobierno del estado “no le interesa fortalecer las instituciones sino al contrario les interesa debilitarlos en virtud de que el presupuesto del IEPC, está en riesgo su operación fue disminuido en un 40 por ciento y hoy les deben dinero que esta poniendo en riesgo la quincena y aguinaldo de los trabajadores del Instituto”.
Señaló que es una estrategia del gobierno de Morena y la 4T porque “no sólo es Guerrero si no hay otros diez estado en esa misma situación y otros que podrían entrar en esa situación. Son en total 20 estados de Guerrero, Colima, Campeche, muchos de ellos gobernados por Morena y que en esa misma situación el gobierno del estado está tratando de apretar el cinturón para que poner en riesgo el proceso electoral”.
Millán Sánchez dijo que por eso hacía un llamado al gobierno del estado para que dé las garantías necesarias para que se puedan desarrollar las campañas, que den las garantías de seguridad para el proceso electoral.
Y que al IEPC el gobierno del estado y el Congreso local, que son los que aprueban y pueden hacer modificaciones, dé los recursos necesarios al instituto para que pueda llevar a cabo el proceso de manera transparente.