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Exigen a diputados investigar el caso del alcalde de Mártir de Cuilapan

Comisarios demandan que se aclare en qué se usó el recurso de obras que no se han concluido, pero Viliulfo Morales reportó como terminadas

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Comisarios del municipio de Mártir de Cuilapan con cabecera en Apango, que la semana pasada denunciaron la falsificación de sellos por parte del presidente municipal Vilulfo Morales Iglesias, exigieron que los diputados del Congreso local investiguen esta situación y adelantaron que también procederán por la vía legal contra el alcalde.

En conferencia de prensa, el dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Victórico Ríos Mundo, quien coordina a 14 de los 16 comisarios de ese municipio, dijo que los sellos fueron utilizados por el alcalde para la supuesta comprobación de gastos, así como para avalar actas de entrega recepción de obras inconclusas y otras que no han empezado, pero que reporta como terminadas.

Explicó que había extrañeza de los comisarios porque en los últimos meses aparecieron documentos que no habían pasado por sus manos, los cuales estaban sellados.

Indicó que en algunos casos se trata de recibos para comprobar viáticos de los comisarios, y otros son actas de entrega recepción de obras que no están terminadas.

El dirigente del CG500ARI agregó que fue hasta en una reunión, el 9 de junio, cuando los comisarios se enteraron por medio de un funcionario municipal que el alcalde tenía 14 sellos de un igual número de comunidades, mismos que había falsificado, por lo que los comisarios exigieron la entrega de éstos.

Señaló que los 14 comisarios decidieron en esa reunión desconocer totalmente al alcalde, y que hasta ahora se niegan a efectuar gestoría ante el presidente municipal.

Como parte de sus acciones contra el alcalde Morales Iglesias, los comisarios se reunieron el martes con el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Juan José Castro Justo, y con la diputada Alicia Zamora Villalba, a quienes pretendieron entregar los sellos falsificados.

“Esto porque consideramos que se trata de una situación grave, pues son sellos oficiales que traen el escudo nacional, por eso queríamos entregarlos a los diputados para que decidan qué hacer con ellos”, dijo Ríos Mundo.

Pero –agregó– el diputado Juan José Castro Justo les pidió que regresen el lunes para que se reúnan con todos los diputados de la Comisión de Gobierno, y decidan entre todos el destino que se les dará a dichos sellos.

Indicó que pidieron también al legislador que investigue sobre el particular para determinar cuántos documentos fueron sellados de manera irregular, y a cuánto asciende la cantidad que el alcalde Morales Iglesias pretendió comprobar.

El dirigente del CG500ARI adelantó que los comisarios acordaron presentar la demanda penal por falsificación de documentos y sellos.

Indicó que de acuerdo con una información extraoficial que recibieron de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local, el alcalde de ese municipio no ha podido comprobar 8 millones 252 mil pesos que corresponden a la segunda y tercera cuenta cuatrimestral de 2003.

En tanto que no hay ninguna obra terminada del año del 2004, y no hay la programación para este año.

Exigen indígenas la salida del cura de San Miguel Tecuiciapan

 

 Bebe mucho, anda armado y en su camioneta trae pistola y una hacha, además de que ha agredido a varias personas, denuncian habitantes de esa población nahua de la zona Norte

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Indígenas nahuas de San Miguel Tecuicipan, municipio de Tepecoacuilco, emplazaron la noche del miércoles al sacerdote de ese lugar, José Hurtado Mónico, para que atienda su problema de alcoholismo que lo ha llevado a cometer agresiones, atropellos y amenazas en contra de los pobladores, o que se vaya de ese lugar.

Y es que, según el dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Guillermo Alvarez Nicanor, los habitantes de San Miguel Tecuiciapan no quieren vivir el caso del sacerdote de Cualac, Lorenzo Cuéllar Vázquez, quien asesinó a balazos al alcalde de Xalpatláhuac, Lorenzo Ruiz Villarreal.

Indicó que el cura Hurtado Mónico, que atiende la iglesia de San Miguel Tecuiciapan, actúa igual que el sacerdote Cuéllar Vázquez: se emborracha continuamente, anda armado con una pistola y en su camioneta trae un machete y un hacha de carnicero, pero que también es agresivo con sus feligreses a quienes ha llegado, incluso, a amenazar con pistola.

Alvarez Nicanor denunció que desde los primeros días que llegó, el sacerdote agredió a golpes –en estado de ebriedad– al ciudadano Jaime Villamar, y que han sido constantes sus pleitos callejeros con los jóvenes de la localidad cuando anda en borracho.

Dijo que el mes pasado el clérigo atropelló y lesionó a la señora Gregoria Rodríguez Guevara, cuando manejaba con exceso de velocidad y borracho su camioneta.

También a finales de abril, Hurtado Mónico amenazó con una pistola al joven Jorge Irineo Ortiz, a quien fue a buscar hasta su casa para agredirlo.

El dirigente del CG500ARI detalló que frente al joven, el cura cargó con los cartuchos su pistola y después le apuntó al pecho con intenciones de dispararle, pero que la abuela de Irineo Ortiz le suplicó que no lo matara y que se fuera de su casa.

El último incidente sucedió la noche del miércoles pasado, en el curato de la parroquia, donde resultó lesionada la señora Anselma Jiménez.

Según Alvarez Nicanor, quien presenció los hechos, la mujer fue a reclamarle al padre  Hurtado Mónico por el hecho de que días antes, en estado de ebriedad, insultó a su marido, a quien le dijo que “era un burro y que se dejaba que lo manipulara su mujer; tu vas a despertar hasta que tu mujer ande montada sobre ti”, le abría dicho en aquella ocasión.

Sin embargo, dijo que una feligrés, incondicional del sacerdote, la comenzó a agredir hasta que Anselma Jiménez cayó al suelo y fue auxiliada por el propio Alvarez Nicanor, y la llevó a su domicilio.

Informó que tras estos hechos se integró una comisión de 10 personas y fueron a hablar con Hurtado Mónico, a quien le advirtieron que debe de atenderse de su problema de alcoholismo para evitar que siga agrediendo a los pobladores, o que de lo contrario se vaya del pueblo porque en esas condiciones ya no lo quieren.

Añadió que hace aproximadamente dos meses acudieron a hablar con el obispo de la diócesis Chilpancingo- Chilapa, Efrén Ramos Salazar, para pedirle que les cambie a ese cura, pero que los atendió en su representación el sacerdote Antonio Cervantes, “y o no nos creyó o esta situación es normal para ellos, porque no nos respondió nada y no se ha corregido la actitud del sacerdote”.

También señaló que en todos los casos en los que el clérigo ha agredido a los ciudadanos han acudido con el comisario, Celso Alvarez Esteban, pero que éste también se niega a intervenir con el argumento de que “no podemos hacer nada, es el padrecito, dejen que se arreglen ellos (los agredidos) con él”.

Alvarez Nicanor indicó que el sacerdote bebe ya sea en el curato de su parroquia o en las cantinas del pueblo, y que conduce su camioneta a alta velocidad, incluso por su estado alcohólico “ha dejado plantadas” a familias que van a bautizar, o a quienes van a casarse.

Dijo que en su camioneta el clérigo trae una pistola, un machete y un hacha, “de esas que usan los carniceros”.

También dijo que en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo pretende destruir parte de la iglesia que representa un patrimonio cultural, porque fue construida aproximadamente en el siglo XIV.

Dirigente de la CCI presentará demanda por calumnias contra el Consejo 500 Años

 No se quedó con la indemnización de comuneros, dice Avilés

 Zacarías Cervantes Chilpancingo El dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilés García, negó que se haya “robado” los 942 mil pesos que se pagaron como indemnización a los comuneros de San Miguel Tecuiciapan, como lo denunció el dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Guillermo Alvarez Nicanor.

Asimismo, Avilés García advirtió que presentará una demanda penal por calumnias contra el dirigente indígena.

Avilés García informó que fueron 940 mil pesos los que hace más de un año entregó el gobierno estatal al presidente de Bienes Comunales, Antonio Jacobo Nicanor, al tesorero Anatalio Abundes Bartolo y al secretario Cenobio Alvarez Catalán.

Aseguró que en su calidad de dirigente de la CCI, únicamente participó en la gestoría para que el gobierno estatal pagara la indemnización a comuneros de 16 pueblos afectados con la construcción de la Autopista del Sol, y que entre ellos estaba San Miguel Tecuiciapan.

“Pero yo no recibí ningún cinco, el gobierno estatal entregó los recursos a las autoridades comunales o en su caso ejidales”, aseguró Avilés García.

Reconoció que la semana pasada acudieron a su oficina de la CCI dos grupos de comuneros de San Miguel Tecuicipan: unos del PRI y otros del PRD, “que parece ser que traen conflictos porque discutieron aquí y me preguntaron por ese dinero”.

Pero indicó que les dijo lo mismo: “que el dinero se lo llevaron las autoridades comunales de su pueblo y que yo no recibí ni un cinco”.

Explicó que de los tres representantes comunales que se llevaron el dinero, el presidente de Bienes comunales, Antonio Jacobo Nicanor, asegura que fue entregado a los comuneros, mientras que el tesorero Anatalio Abundes y el secretario Cenobio Alvarez señalan que no, “entonces deben exigir cuentas a ellos”.

Avilés García aseguró que Jacobo Nicanor se acreditó legalmente como representante de los comuneros, y rechazó que haya falsificado documentos, “pues de lo contrario no le habrían entregado el dinero”.

Agregó que por eso le “molesta” que “un tipo que no sabe nada del asunto ahora me venga a denunciar de que me robé el dinero”.

Consejo 500 Años: funcionarios federales engañan a indígenas con el Procede

* Obligan a la gente a firmar en blanco: Alvarez

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena exigieron ayer a la Procuraduría Agraria que frene “los abusos y atropellos” contra las comunidades indígenas, en su intento por aplicar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).

En conferencia de prensa, el dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Guillermo Alvarez Nicanor, explicó que el gobierno federal, en su intento por desarticular los conflictos agrarios en el país y particularmente en Guerrero, creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, “pero esto no es más que un atentado contra los pueblos indígenas”.

Señaló que la Procuraduría Agraria “con engaños” busca aplicar el Procede, y citó el caso reciente de San Agustín Oxtotipan, municipio de Martíres de Cuilapan, donde apenas el sábado pasado acudieron dos representantes de esa dependencia, Adriana Quevedo Sánchez y Samuel Muñoz Flores, “supuestamente para ayudarlos a actualizar el padrón de comuneros”.

Pero la actitud de los funcionarios se vio “sospechosa” –dijo Alvarez Nicanor– cuando “pidieron a los campesinos que firmaran unas hojas en blanco, y a quienes se negaban a firmar los amenazaron con sacarlos del Procampo”.

El fondo de esas hojas que fueron firmadas por 307 campesinos y que “rescatamos hoy de la Procuraduría”, según el dirigente indígena, son para “decir que los campesinos están de acuerdo con el Procede, pero no es así porque las tierras son nuestras”. Por lo que llamó al delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, para que “frene los abusos, atropellos” en contra de las comunidades.

Hay casos en el Alto Balsas –indicó– como en las comunidades de San Juan Telelcingo, San Agustín Huapan y San Francisco Oxtomatlan, donde ya “engañaron” a la gente con el Procede, y con ello la Procuraduría Agraria “pretende mostrar que no hay conflictos agrarios entre las comunidades, pero sí hay 14 focos rojos en la entidad”.

En su intervención, el también dirigente Marcelino Díaz de Jesús explicó que el Procede no puede aplicarse en las comunidades indígenas debido a que “las tierras son comunales, siempre hemos sido los dueños, sin embargo con el programa el gobierno federal aspira a la individualización para que así la tierra se pueda vender”.

Luego Díaz de Jesús calificó como “ruin y absurda” la manera en que la Procuraduría Agraria quiere emplear el Procede, por lo que advirtió que “si siguen engañando a las comunidades no nos hacemos responsables de lo que pueda sucederle a los empleados de esa dependencia”.